Trabajadores de Friosa exigen investigar desvío de alimentos, pérdidas y contratos irregulares

María Ramírez Cabello, Correo del Caroní

La recurrente petición de agilizar el proceso de expropiación de la distribuidora de alimentos Frigoríficos Ordaz S.A. (Friosa), iniciado en octubre de 2010, quedó en segundo plano.

Una auditoría profunda por presuntos casos de corrupción en la empresa por desvío de alimentos a privados, desmantelamiento de activos, pérdida de productos cárnicos, entre otros, es ahora la principal solicitud de los trabajadores de la industria alimenticia.

“La corrupción es lo que nos está matando, nos arropó, es lo que nos está colapsando”, aseguró Lenis Martínez, trabajadora administrativa de la empresa, otrora bandera en Guayana por sus surtidos supermercados Koma y La Fuente, ahora en total deterioro y desnudez de productos.

La caída de Friosa en los últimos cuatro años fue tan estrepitosa que, en la actualidad, se asemeja a los pasillos vacíos de la red estatal Mercal.

En una asamblea realizada este lunes en la empresa, los trabajadores instaron al Ministerio de Alimentación a realizar una auditoría minuciosa y a intervenir la empresa.

“Solicitamos que el Gobierno de Calle venga a Friosa porque no hay alimentos para el pueblo porque los desvían”, dijo Martínez, al señalar que las denuncias son del conocimiento de la Fiscalía Cuarta contra la Corrupción, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Ministerio de Alimentación. “Hemos ido a todas las instancias”, agregó.

Las denuncias contrastan con el fin que motivó la expropiación de la empresa, propiedad del Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa) en octubre de 2010.

El Decreto Presidencial Nº 7.703, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.524, indica que la adquisición forzosa persigue el “Desarrollo de la Red de Distribución Socialista de Productos de Primera Necesidad” destinada “a la correcta distribución de alimentos al pueblo venezolano, así como la promoción del desarrollo endógeno y generación de fuentes de empleo”.

Para los trabajadores el propósito se quedó en papel. Martínez admite que aunque el Gobierno ha estado enviando mercancía, es desviada a comercios privados, “el negocio es la comisión que depositan luego y de la que se benefician los gerentes”.

“La empresa fue expropiada para garantizar el alimento al pueblo y resulta que a las comunidades no se les vende ahora”, añadió. “Llegan 20 toneladas de alimentos y se pierden 5 toneladas, hacen un cuadre y no investigan”, denunció.

Los reclamos han pasado factura a algunos de los trabajadores que denuncian acoso laboral y psicológico. Noraida Pinto, trabajadora de la división de comedores, señaló que han sido acosados por denunciar la situación de la empresa.

“Los alimentos que llegan los están mandando a centros privados, dejando a los artesanos y al pueblo sin alimentos.

Los productos no están llegando al pueblo, no llegan a los supermercados La Fuente”, dijo, con factura en mano de despachos de 21 sacos de harina de trigo a Bs. 715 a panaderías privadas.

“Pedimos al presidente Maduro que nos envíe a alguien de confianza para entregarle todas las pruebas de robos y estafas en la empresa”, añadió Cristian González.

Sin registro de salida de productos

Las irregularidades en la distribuidora han sido registradas en varios informes oficiales. Un documento del Cuerpo de Inspectores Socialista de la Presidencia de la República de julio del 2013 da cuenta de las inspecciones a entes adscritos al Ministerio de Alimentación y menciona el caso particular de Friosa en cuanto a “irregularidades en el manejo de los activos e inconsistencias en el inventario de bienes en la empresa Friosa”.

El informe señala que “para la fecha de la intervención la empresa contaba con una capacidad operativa de almacenamiento del 80%, actualmente las cavas de refrigeración se encuentran vacías y no existe registro de la salida de los productos. Además, la flota de vehículos operativos no se corresponde con la actual y a su vez se manejan denuncias por parte del control obrero sobre presuntos equipos de computación pertenecientes a la empresa de los cuales se desconoce su actual paradero”.

Fallas de control interno

Las inspecciones del Cuerpo de Inspectores Socialista lograron la activación de la Contraloría General de la República, que realizó una verificación in situ. En su informe de actuaciones correspondiente al 2013, el órgano constata fallas de control interno de los bienes muebles, falta de mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático en los inmuebles, particularmente en los almacenes de mercancía seca y refrigerada.

“De una muestra selectiva de 71 máquinas y equipos de computación por un monto total de Bs. 986.320,34, se determinó que 41 activos, equivalentes a 57,74%, por la cantidad de Bs. 153.457,30, no fueron ubicados físicamente”.

La situación se repitió con otros equipos no registrados en el inventario de bienes y unidades móviles en comodato, préstamo o en posesión de trabajadores por convenio, pero sin soportes documentales de tales asignaciones.

Pese a que ha transcurrido casi un año de las inspecciones, la confirmación de irregularidades no ha arrojado correcciones ni sanciones penales y administrativas a los responsables.

Denuncias a granel

Un informe elaborado por los trabajadores de Friosa recoge varias irregularidades en la empresa.

Flota en el piso

Cuando se inició la expropiación la flota de la empresa estaba integrada por 164 unidades operativas a la que se sumaron dos taras y dos chutos con sus trailers y desde Caracas ocho montacargas.

“En la actualidad se encuentran operativos solo el 20% de la flota móvil y la mayoría de las unidades se encuentran estacionadas en el patio”, señala el informe.

Varias de las unidades están en estado irrecuperable. Siete personas han asumido la dirección del taller desde la expropiación y los gastos se han triplicado entre 2010 y 2013, pese a que la flota va en merma.

Contratos irregulares

Los trabajadores denuncian que desde 2013 hasta junio de 2014 se ha privilegiado la compra de repuestos a una empresa, radicada en Ciudad Bolívar que no se encuentra en el Registro Nacional de Contratistas. La empresa ha recibido Bs. 12,9 millones en plazos menores a los 30 días estipulados para el pago de facturas.

Pérdida de productos cárnicos

El informe de los trabajadores da cuenta de pérdidas de carne y pollo “de forma recurrente” y en “cantidades significativas”.

“Una vez detectado el faltante por la coordinación de inventarios es ajustado el monto de pérdidas por el gerente general de la empresa”.

Destacan que el gerente general carece de potestad en materia financiera, de acuerdo con el decreto de expropiación.

Descomposición de alimentos

El 7 de junio la coordinación del área de frío notificó “de forma oral y sin soportes” que procedió a botar unilateralmente 860 kilogramos de papa presuntamente en mal estado.

1.560 kilos de carne de segunda y 98 unidades de leche descremada se dañaron “debido a las condiciones climáticas y fallas en la refrigeración”, relatan en el informe, luego de que fueran dejadas en el Batallón Cabrera en Los Pijiguaos en donde esperaban hacer un operativo. Por instrucciones de la junta administradora, el lote fue quemado.

Desmantelamiento de activos

En una inspección en octubre de 2013 para la desincorporación de dos cavas en Koma Bolívar, “pudimos apreciar el desmantelamiento total de las instalaciones y activos como las cavas de refrigeración marca Arneg totalmente destruidas sin los manómetros y las tuberías de cobre, controladores y las cristalerías de las cavas de exhibición esparcidas por el piso”. La situación, añaden, se repitió en Koma Puerto Ordaz.

Además del desmantelamiento, tienen casos registrados de venta de equipos como material ferroso con autorización de personal directivo de la empresa.

Fotos: Sala de Información vía web.

“Una sargentería inepta ha saqueado las empresas básicas”

Roberto Giusti, El Universal

Si alguien conoce la complejidad de la vorágine que discurre en la vastedad del territorio guayanés, ese es Américo De Grazia.

Hijo de inmigrantes italianos asentados en Upata, donde nació, Américo se desplaza con igual desenvoltura en los socavones de los pequeños mineros de El Callao, que en los portones de las empresas básicas de Puerto Ordaz.

Exconcejal y exalcalde del Municipio Piar, secretario General de la Causa R y diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, habla sin tapujos sobre lo que considera el juego trancado del conflicto sindical en la zona.

-Nicolás Maduro advirtió que los dirigentes sindicales de Sidor serán responsables de que el Gobierno no entregue 300 mil viviendas, por falta de cabillas, ante el paro que vienen sosteniendo.

-La reestatización de Sidor, adelantada por el gobierno de Chávez, tuvo su causa en dos premisas: primero, que la empresa Ternium (transnacional argentina), era incapaz de firmar un contrato colectivo satisfactorio para los trabajadores y el Gobierno revolucionario debía salvaguardar sus intereses.

Cinco años después no habido manera de que se suscriba un contrato colectivo.

Segundo, se acusaba a Ternium por no abastecer el mercado interno de cabillas, entre otras demandas, para suplir a la Misión Vivienda. Hoy la tragedia es que le compramos cabillas a la misma Ternium, pero a las filiales de México, Argentina, Brasil y Colombia.

El remedio resultó peor que la enfermedad.

-Si se compra cabillas en el exterior es porque no se producen en Venezuela.

-Eso es correcto.

-Si no se produce no hay ganancias y sin éstas, ¿cómo pueden exigir los trabajadores mejoras salariales?

“Acaban de designar a una muchachita, una modelito, una artista de televisión, para gerenciar las contrataciones colectivas”

-Ahí hay una responsabilidad directa del régimen porque, ¿quién ordenó cerrar la producción en aras de ahorro energético? Guayana redujo su producción eléctrica a lo que consumía en 1983. No porque los guayaneses estemos consumiendo menos (hogares, comercios) sino porque la reducción ocurrió en las industrias básicas y eso produjo una debacle.

Obviamente hay una responsabilidad compartida, pero la carga fundamental corresponde al régimen y a los gerentes que designó. Sólo que colocaron a toda una sargentería inepta, carentes del más mínimo conocimiento de lo que es gerenciar una planta de aluminio, de hierro o de acero.

-¿Son sólo militares?

Meyber Ugas

-No. Designaron a una muchachita, una modelito, una artista de televisión que se llevó el General (Carlos) Osorio (Presidente de la CVG) a gerenciar las contrataciones colectivas. Una niña, Meyber Ugas, que no tiene ninguna experticia en el tema.

-¿No es egresada en Relaciones Industriales?

-Es Técnico Superior, pero, por Dios. ¿Tú sabes la complejidad que entraña la discusión de los contratos colectivos de todo el holding de las empresas de la CVG?

Meyber Ugas

Eso lo ponen en manos de una niña carente de toda experiencia en materia de contratación colectiva y que Osorio tenía en Caracas manejando los Mercal.

El resultado de todo esto es el desastre actual de la CVG.

-¿La suerte de miles de trabajadores en las manos de una modelo?

-Solamente Sidor cuenta con unos 16 mil trabajadores, contando tercerizados y en nómina. Venalum debe tener 7 mil, Alcasa 4 mil y así sucesivamente.

-Todas esas empresas en conflicto.

-Todas. Minerven pasó 62 días en paro y nadie dio la cara. El gobierno habla con los pranes, pero no con los sindicatos.

-Sin embargo, se llegó a un acuerdo y se levantó el paro, aunque luego se reanudó.

-Por eso los trabajadores le perdieron el respeto al General Osorio porque con Sucre Figarella (Presidente de la CVG durante la República Civil), se llegaba a acuerdos y eso se respetaba. Este gobierno tiene entre cuatro y ocho años que no firma un contrato colectivo, en violación flagrante del convenio 87, suscrito en la OIT, sobre la libertad sindical.

-El General Osorio dijo una verdad: “No alcanza el dinero para satisfacer la totalidad de las demandas”.

-Pero, ¿por qué ocurre eso si tenemos un barril de petróleo en los 100 dólares? ¿Por qué si antes esas empresas eran rentables como es el caso de Venalum y de la Ferrominera?

-Entonces fue un error la estatización.

“Sí creo que será con el pueblo en la calle que salgamos de esta coyuntura”

-Lamentablemente. Parecieran una réplica, pero al revés, del rey Midas. Todo lo destruyen. En Guayana abundan los ejemplos: Friosa, (el más grande distribuidor de alimentos en el suroriente del país), la Vergareña (empresa productora de lecha, carne y otros rubros).

Minerven se daba el lujo de pagar la nómina de Alcasa cuando la onza de oro estaba a 640 dólares. Hoy está en casi dos mil y no paga la suya.

-Los chinos se van a encargar ahora de explotar buena parte del oro venezolano.

-Van a administrar Las Cristinas, la reserva de oro más grande de Venezuela, la segunda de América del Sur y la sexta del mundo. Y eso sin pasivos laborales, con el ambiente despejado y sin mineros que lucharon por su derecho a participar en la mina ante su entrega a las transnacionales.

-Volviendo a Maduro: si se está importando cabilla, acero y cemento de China, ¿cómo se entiende su advertencia de que no habrá cabillas para construir 300 casas?

-Es falsa. No le pueden echar la culpa a los sidoristas de algo que es responsabilidad del gobierno por su ineficacia, corrupción y el saqueo que perpetrado en Guayana, específicamente en las empresas básicas.

-¿Pudieras dar un ejemplo para fundamentar lo dicho?

-Sí. Hay un ejemplo documentado e introducido en la Fiscalía General de la República. Es lo ocurrido en la Ferrominera Orinoco, que arroja hasta ahora la detención de cinco personas. Sólo por traslado de material ferroso, en buques, en el año 2001, la empresa “distrajo” 120 millones de dólares, que al cambio oficial representan unos 456 mil millones de bolívares. Más de lo que le entregaron a las universidades en créditos adicionales.

-¿Quiénes son los responsables?

- Detrás de ese tinglado y del saqueo está el gobernador Francisco Rangel Gómez, quien no ha dejado de tener las manos dentro de las empresas básicas desde que fue presidente de la CVG.

Incluso, la transnacional canadiense Cristalex le entregó 15 millones de dólares, como parte de un convenio para la explotación de las minas de oro, que se destinarían a la construcción de acueductos en el estado Bolívar.

Pero de todo ese dinero no se invirtió un solo dólar en el propósito concertado. Entonces, luego de ese saqueo no pueden responsabilizar tan alegremente a los trabajadores del desastre administrativo que han perpetrado.

-¿Qué pasa con las empresas del aluminio?

-Esas empresas también están viviendo una verdadera tragedia. Tanto Venalum, como Alcasa, Bauxilum, Interalumina, tienen trabajadores en Ciudad Bolívar, Ciudad Piar, Upata, El Pao, Soledad. Pero la decisión del gobierno fue que esos trabajadores se queden en sus casas. Así, reciben su salario, permanecen en nómina y la empresa sale ganando porque no paga transporte, ni horas extras, ni cesta ticket, ni bono nocturno. Eso como producto de la crisis eléctrica.

-¿Cómo salir de esta crisis que, por lo que dices, va más allá del conflicto sindical?

-En manos de estos personajes no veo un salida a la crisis. Creo que fueron rebasados por la realidad, desbordados por su incapacidad y lo que está planteado, a mi juicio, es un cambio de gobierno. Pero no sólo se trata de un cambio de hombres, sino de cambios de modelo.

Las instituciones están secuestradas, el serrucho se trancó, el liderazgo de Chávez no tiene sustituto, el PSUV es una compañía anónima donde no hay un socio mayoritario y nadie toma decisiones. Por eso no hay viabilidad para una salida inteligente. Maduro no califica para darle salida a la crisis.

-Dices que sólo un cambio de Gobierno le pone final a la crisis, pero eso no está planteado a corto plazo.

-El Gobierno está entrampado y entrampó al país. Tiene una papa caliente en las manos y es prisioneros de su discurso porque su metodología carece de los instrumentos necesarios para resolver los problemas de las empresas básicas. Eso nos conduce a suponer que las empresas, más temprano que tarde, irán al cierre, a menos que haya una rectificación del modelo y un reconocimiento de la realidad productiva y laboral de Guayana.

La calle como salida

“La Ley Habilitante será el detonante mayor de la deslegitimación del Gobierno y de sus instituciones. Y lo digo porque no es verdad que se requiera una ley habilitante para combatir la corrupción.

Ellos pretenden profundizar la dedocracia para no darle participación genuina y constitucional a la Asamblea Nacional en la escogencia de los miembros y titulares, según el caso, del TSJ, el CNE, el Contralor y demás integrantes de las instituciones del Estado”.

“Eso va a acelerar la inquietud de los venezolanos acerca de un tema que cada vez cobra más vigencia: ¿cómo se materializa, cómo se ejerce el artículo 350 de la Constitución?

La respuesta, a mi juicio, es la calle”.

“La calle debe ser la única manera de poner el funcionamiento de ese artículo porque este régimen se puso al margen de la Constitución en los artículos primero y 130.

De manera que el ciudadano debe ejercer el rol que le corresponde para proteger los intereses de la nación y la soberanía en temas como el del Esequibo, la entrega de las minas a las transnacionales o la complicada situación que estamos viviendo en Guayana”.

-¿Estamos hablando de un cambio de Gobierno?

-Eso, que algunos pudieran observar como un hecho a largo plazo, no resulta necesariamente de esa manera. Creo que la salida de Maduro no está prevista en los tiempos regulares electorales, sino en el plazo en que la calle lo determine. Estamos viviendo un momento histórico en el cual el pueblo y los trabajadores serán protagonistas.

Así ocurrió en 1958 y así empezó con la generación del 28. Ahora los venezolanos estamos ante una situación bien particular y creo que el Gobierno está llamado a rectificar en serio. De lo contrario vamos a vivir momentos muy complejos y difíciles cuyo desarrollo es imposible de prever. Pero sí creo que será con el pueblo en la calle que salgamos de esta coyuntura.

Minerven financió al PSUV

Joseph Poliszuk, El Universal

El diputado Andrés Velásquez anunció que volverá a la Fiscalía General de la República para sumar casos a la retahíla de ilícitos, que desde el año pasado ha venido denunciando en el estado Bolívar.

Esta vez no solo para señalar empresas consentidas o mafias con comisiones reservadas para amigos del Gobierno: más que eso, para advertir sobre campañas electorales financiadas con fondos de las empresas básicas de Guayana.

Pruebas en mano, Velásquez pidió precisar por qué la transferencia de 5 millones de bolívares fuertes, que reposa en el Banco Caroní bajo el código 370857 – como un pago que salió de la Compañía General de Minería de Venezuela, Minerven, a una empresa particular- quedó asentada en los archivos contables de la misma Minerven con una descripción que dice: “Traslado fondos campaña”.

La transferencia fue hecha una semana antes de las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012. Fue el 28 de septiembre de ese año que Minerven, la empresa del Estado encargada de explorar, explotar y procesar el oro del país, transfirió 5 millones de bolívares fuertes a la firma de catering Corpobrica, cuyos accionistas ya habían sido denunciados ante el Ministerio Público por el mismo Velásquez, por estar en las juntas directivas de al menos otras 10 contratistas no de la Corporación Venezolana de Guayana, pero sí de la gobernación del Estado Bolívar.

En fin, la misma empresa consentida por la administración del gobernador Francisco Rangel Gómez fue contratada en Minerven, para la campaña electoral en la que el presidente Hugo Chávez consiguió su última reelección.

El cuerpo del delito

No es la primera vez que se habla de campañas electorales financiadas con fondos públicos. Hace tiempo que señalan al Partido Socialista Unido de Venezuela como un apéndice del Estado pero, en este caso, el diputado Andrés Velásquez dijo que no hay lugar dudas.

Las notas de débito del Banco Caroní, los registros contables de la División de Finanzas de Minerven y otros documentos -que consignará en la Fiscalía General de la República junto con sus colegas parlamentarios de la Causa R, Américo De Grazia y Luis Edgardo Mata- confirman corrupción electoral y malversación de fondos públicos.

Aquí está la prueba”

“Aquí está la prueba“, afirmó. “Es la prueba de que los recursos del Estado son empleados en campañas electorales del Gobierno“.

Para Velásquez, no es posible que hayan gastado en política las cuentas de una empresa como Minerven, que en este momento no tiene ni para completar los pasivos laborales acumulados con sus trabajadores.

“¿Cuántos otros casos como este habrá en las empresas públicas?”, pregunta. Por eso anuncia que volverá a las mismas oficinas del Ministerio Público, en las que desde mayo del año pasado ha ido consignando copias de transacciones, actas judiciales y registros mercantiles, que involucran a una serie de grupos y mafias asentadas en el sur del país dentro de la Gobernación del Estado Bolívar y la Corporación Venezolana de Guayana.

Esta vez preguntará a los fiscales si para el gobierno las campañas electorales son una “Misión de Estado”. Porque eso fue lo que justificó la gerencia de Minerven en una carta que -bajo el código GA-CTC-425-2012- reposa en los archivos que guardan en el estado Bolívar, en su sede del municipio El Callao.

De acuerdo con ese documento, el mismo depósito que en el Departamento de Contabilidad de Minerven aparece registrado como un traslado de fondos para la campaña, fue ordenado por Jorge Pérez y Henry Valecillos -entonces a cargo de las gerencias General y de Administración, respectivamente- como un depósito “por concepto de traslado de fondos Pagos varios (MISION DE ESTADO)”.

“Minerven y el resto de las empresas básicas de Guayana se han convertido en la caja chica del Gobierno y del PSUV”, lamentó el diputado Andrés Velásquez. Y no se trata de un caso aislado: lamentó que en menos de 10 años las filiales de la Corporación Venezolana de Guayana hayan ido disminuyendo dos y tres veces la producción de alúmina, bauxita, hierro, acero y otras materias primas.

Verbigracia el caso de Alcasa, que cerró 2013 con una producción de 42 toneladas métricas de aluminio, lo que equivale a un cuatro de las 180 toneladas que en 2007 salieron de sus plantas.

Cinco veces menos

Algo anda mal en todas las empresas básicas de Guayana y el caso de Minerven es el más elocuente: el año pasado reportó una producción de 1.130 kilos de oro, lo que representa su mínimo histórico según las cifras que acaba de actualizar el Banco Central de Venezuela.

En 2010 las bóvedas del país llegaron a recibir 5.700 kilos de oro, que salieron de las minas auríferas del sur del estado Bolívar al Banco Central. El año pasado, por el contrario, esa cifra fue cinco veces menos, tras una serie de conflictos económicos y laborales que incluso paralizaron la actividad durante dos meses.

Los más de 4.300 trabajadores, que hacen vida en las únicas minas del territorio nacional donde está permitida la extracción de oro, exigieron entonces aumentos de sueldo y el pago de una serie de pasivos laborales que se habían ido acumulando desde el año 2008.

También llamaron la atención sobre el abandono de minas como la Perú, Sosa Méndez y Revemin, inundadas por daños en las bombas de drenaje o contaminadas con restos de cianuro. Demandaron, de igual forma, alternativas frente al decreto de la llamada nacionalización del oro, que obligó a los pequeños mineros a abandonar su actividad o emplearse en cualquiera de las instalaciones que andan abandonadas por su único dueño: El Estado.

“Lo que estamos pidiendo es que el presidente Nicolás Maduro voltee la mirada al sur del estado Bolívar”, declaró en agosto el secretario general del Sindicato Unión de Trabajadores Revolucionarios de la Industria del Oro, Diamante, Caolín, Cuarzo, Conexos y Similares, Exaviel Alexander.

Anuncios dorados

La huelga terminó y los trabajadores volvieron a sus faenas, pero igual continuaron las denuncias que piden poner orden en los yacimientos auríferos de los cinco municipios que conforman el eje minero del estado Bolívar.

Aunque aun no hay un contrato colectivo para los trabajadores del sector, Minerven comenzó este año invitándolos a “continuar la lucha, el trabajo y esfuerzo por la empresa“. A través de un comunicado, la empresa señaló que existe la voluntad de seguir avanzando en el proceso de recuperación y reorganización, “lo cual solo se logrará con la disposición al trabajo, voluntad de mejorar continuamente los procesos y el esfuerzo de todos”.

A pesar de la baja producción que todavía persiste, el comunicado recuerda que han pagado 400 millones de bolívares en pasivos laborales que debían desde el año 2008. Agregó, además, que los trabajadores han recibido sus pagos de manera puntual, así como aportes por caja de ahorros, bonos de alimentación y adelantos de prestaciones entre otros beneficios.

En Minerven tienen el propósito de salir a flote. Eso dijeron el pasado 10 de enero en su primer comunicado de 2014 y, dos semanas después, apareció el ministro de Petróleo y Minería y vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, para informar que Petróleos de Venezuela pagará los 42 mil millones de dólares que debe al Banco Central de Venezuela con el oro que vayan extrayendo dentro del país.

El oro que no hay

Ya no habrá que imprimir más billetes para financiar la principal empresa del país. Ramírez descartó que este año Pdvsa vuelva a pedir los préstamos que desde finales de 2010 ha estado solicitando ante el Banco Central. “No será necesario“, dijo. “Ya ese tema allí no va a estar presente”, dijo el pasado 22 de enero.

Según el ministro, la deuda se cancelará mediante la nueva corporación para la explotación del oro, que el gobierno creó a finales del año pasado en una sociedad que da 60% de las acciones a Pdvsa y el otro 40% al BCV. “Es un acuerdo que hicimos con el Banco Central y está muy bien porque le interesa aumentar sus posiciones en oro y para nosotros también porque vamos a producir oro para vendérselo“, señaló.

Los anuncios del vicepresidente del Área Económica, sin embargo, no se corresponden con las reservas probadas en Venezuela. En rueda de prensa, el pasado 16 de diciembre dijo que “Pdvsa tiene derechos de explotación por más de 92 mil millones de onzas de oro“, lo que equivale a 2,6 millones de toneladas de oro, una cantidad de la que no hay vestigios no solo en Venezuela sino de todo el planeta.

El Consejo Mundial del Oro informó en 2011 que los bancos centrales de los países suman, todos juntos, casi 30.500 toneladas de oro. Pero más allá de las bóvedas de cada país, en las minas de todos los continentes juntos no hay reservas probadas de millones de toneladas. En el Perú, por ejemplo, que es una referencia minera dentro de la región, su Ministerio de Energía y Minas calcula unas reservas de oro que llegan casi a las 590 toneladas.

En Venezuela, mientras tanto, la Compañía General de Minería de Venezuela, Minerven, está mostrando su peor cara. Si bien hay unas 710 toneladas de oro, que fueron certificadas hace más de 50 años, y otras 2.200 toneladas potenciales que en la industria minera creen que podrían formalizar, la realidad es que el sector minero está parado.

La República Bolivariana de Venezuela puede llegar a tener unas reservas de 3.000 toneladas de oro, pero nunca las 2,6 millones que mencionó Ramírez como garantía ante el Banco Central. Lejos de esos números, la producción del año pasado llegó a 1,13 toneladas. “¿De dónde irán a sacar el oro si Minerven está quebrada?”, preguntó el diputado Andrés Velásquez.

Monopolio en Bolívar

Ahora que el Gobierno anda buscando corruptos, el diputado Andrés Velásquez le toma la palabra y pide empezar por el estado Bolívar, donde en el último mes ha venido consignando copias de registros mercantiles de empresas, documentos de memoria y cuenta de organismos públicos y correos electrónicos, que advierten sobre una serie de contratistas que han estado consentidas por el gobierno de Francisco Rangel Gómez.

Velásquez aseguró que un “garganta profunda” le ha ido dejando pruebas en su oficina y por eso ahora él las presenta en la calle. “¿Qué es lo que yo quiero demostrar?“, preguntó. “Si estas copias no constituyen prueba, que la Fiscalía General de la República y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional se molesten por lo menos en averiguar si las empresas aludidas existen“.

La corrupción, para Velásquez, está acabando con Venezuela y por eso dice que toma estas denuncias como una suerte de cruzada. “Nosotros asumimos esto como un trabajo de profilaxia en la administración pública“, dijo.

“Este es uno de los factores que incide de manera directa en la pobreza: cada bolívar que se roban deja de llegar a la reparación de una carretera, una escuela, un hospital o una vivienda”.

Ocho casos, una misma denuncia

CONTRATOS EXCLUSIVOS. El diputado por el estado Bolívar, Andrés Velásquez, denunció ante el Ministerio Público un monopolio de contratos adjudicados a un empresario conocido en la región, de nombre Yamal Mustafá, que a través de varias compañías ha surtido al gobierno de Francisco Rangel Gómez de obras y servicios, que van desde la entrega de canastillas hasta tickets de alimentación para los empleados regionales.

Mustafá (izq), Nidia de Rangel y Rangel Gómez (der)

La denuncia, que reposa en Fiscalía, menciona las empresas Corpobrica y Credilab.

Rangel Gómez

Sin embargo, el nombre de Mustafá y el resto de los accionistas que aparecen en esas firmas coinciden -según el Registro Nacional de Contratistas- con los de otras 10 empresas que desde 2005 han sido favorecidas por la administración de Rangel Gómez, para remodelar escuelas, instalar vallas publicitarias y vender chemises, coches ortopédicos y otros productos.

Desde Puerto Ordaz, Mustafá responde del otro lado de la moneda, que ha prestado obras y servicios a la Gobernación de Bolívar incluso cuando Andrés Velásquez estaba al frente de ella y que siempre ha ganado contratos a través de licitaciones públicas, por lo que anuncia una demanda por difamación contra el parlamentario de la Causa R:

Yamal Mustafá

“Estoy completamente a disposición de todos los órganos jurisdiccionales para que me investiguen a mí, a mi familia; lo que no estoy dispuesto a permitir es que se nos exponga al escarnio público como lo ha venido haciendo este denunciante de oficio“.

EMPRESAS DE FAMILIARES. Carlos González Piazza, yerno del gobernador Francisco Rangel Gómez, figura en varios documentos al frente de una de las empresas que ha venido enviando productos desde México en calidad de proveedor del gobierno del estado Bolívar.

El diputado Andrés Velásquez solicitó al Ministerio Público que comisione al Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, para que investigue los documentos que relacionan a la contratista con el esposo de la hija del gobernador y determine, de esa forma, si al contratar a esa firma, el mandatario regional incurrió en delitos como “tráfico de influencias” y “concertación de contratistas”.

Junto con sus homólogos Luis Edgardo Mata y Américo de Grazzia, Velásquez consignó en Fiscalía copias de cartas y correos electrónicos que muestran al yerno del gobernador al frente de Tasodi Comercializadora S.A., una empresa registrada en México que ha facturado 20.000 balones de fútbol y 20.000 tanques de agua a la Gobernación.

Rangel Gómez, entretanto, ha restado importancia a la denuncia. “Estas cosas hay que asumirlas con responsabilidad“, respondió el pasado 30 de mayo. “Cuando tu acusas a alguien tienes que tener pruebas y moral, ya basta de difamarnos y de divulgar infamias contra las personas, esa ha sido la práctica de estos nefastos personajes, que han ido aplicando durante toda su triste historia política y definitivamente no merecen ninguna respuesta“.

TRIANGULACIÓN DE IMPORTACIONES. El gobierno regional del estado Bolívar importó 37 autobuses desde Brasil, a través de un intermediario registrado en Barbados en el que otra vez figura el nombre de Carlos González Piazza, yerno del gobernador Francisco Rangel Gómez.

Unas facturas dan cuenta de que la administración de Rangel Gómez pagó casi 2,5 millones de dólares en octubre de 2007 a la empresa Logistic Trading Services LTD que, según los documentos consignados en Fiscalía, guarda relación con el yerno del gobernador.

Velásquez aseguró que esas facturas llegaron de forma anónima a la Asamblea Nacional, en las oficinas de la Fracción Parlamentaria del Estado Bolívar, y así las consignó a través de una denuncia en la que -más allá de las relaciones familiares que señala- encuentra presuntos ilícitos cambiarios.

De acuerdo con los documentos que consignó en Fiscalía, Velásquez planteó una serie de dudas y particularidades que, cuando menos, llaman la atención:

“1) La negociación se hace en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;

2) No se evidencia ningún proceso de contratación pública, llámese concurso abierto, cerrado o licitación internacional;

3) ¿Posee el Fondo de Desarrollo Económico del Estado Bolívar (Fondo Bolívar) recursos en divisas o estas se tramitan por Cadivi?;

4) ¿Acaso no existe este tipo de vehículos en fábricas venezolanas como Fanabus y Encava por ejemplo?”.

NEGOCIOS EXPRÉS. De acuerdo con las denuncias que Andrés Velásquez consignó ante el Ministerio Público, la misma empresa de Barbados que relaciona con Carlos González Piazza, yerno del gobernador Francisco Rangel Gómez, ganó otros contratos en simultáneo con la Corporación Venezolana de Guayana.

Además de vender autobuses al gobierno regional, facturó 30.000 bicicletas por más de 1,6 millones de dólares en las empresas básicas de Guayana.

Las copias de las facturas que Velásquez consignó en Fiscalía señalan que la empresa Logistic Trading Services LTD cerró la negociación de las bicicletas el 28 de septiembre de 2007 con la Corporación Venezolana de Guayana y un mes después hizo lo mismo con los 37 autobuses que le solicitó la gobernación de Bolívar.

Esa empresa, sin embargo, no existía seis meses antes: los registros en línea de la Oficina de Asuntos Corporativos y Propiedad Intelectual del gobierno de Barbados señalan que fue inscrita en marzo de 2007.

Es decir que en cuestión de seis meses, la firma extranjera consiguió contratos por más de 3,6 millones de dólares al sur de Venezuela. Rangel Gómez, no se ha referido directamente al caso de su yerno, pero sí a las denuncias.

Hay organismos competentes a los cuales deben entregárseles pruebas en todo caso y que esos organismos dictaminen lo que tengan que dictaminar, pero hay que entregar pruebas con seriedad”.

NEGOCIACIÓN ILEGAL. Varias empresas extranjeras que compran metales en Guayana tienen vínculos con el gobernador Francisco Rangel Gómez. Andrés Velásquez aseguró que de la misma forma que el yerno del mandatario regional ha vendido productos y servicios a los organismos públicos del Estado, también ha usado otras firmas registradas en el exterior para adquirir aluminio en Venalum.

Con copias en mano, muestra documentos que vinculan a Carlos Rodrigo González Piazza, esposo de la hija del gobernador, con la empresa Quimera Metals, que compra aluminio en Venezuela para llevarlo a México.

“Esta negociación además de ser absolutamente derivada de la influencia del yerno del gobernador Francisco Rangel Gómez en las empresas básicas del aluminio, es absolutamente injustificada y le causa un perjuicio al Estado venezolano, pues se establece una especie de cadena de comercialización ilegal, ya que entendemos que la negociación del aluminio debe hacerse en las empresas básicas del aluminio directamente con los compradores“, señaló la denuncia que Velásquez y otros diputados de Causa R consignaron en Fiscalía.

“Estos hechos merecen ser investigados, ya que sin ningún lugar a dudas cuando menos se apartan de la correcta y sana administración y los principios de transparencia y honestidad contemplados en la Ley contra la Corrupción”.

CUPOS RESERVADOS. Para llegar hasta el fondo de las mafias de las empresas básicas, el diputado de la oposición, Andrés Velásquez, señala que es necesario investigar a las mismas compañías consentidos por la Gobernación del Estado Bolívar.

Fue el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, el primero que habló de mafias en las empresas básicas de Guayana.

El pasado 12 de junio anunció que había ordenado procesar al presidente de Ferrominera, Raddwan Sabbagh, por formar parte de un clan que cobraba comisiones, contratos preferenciales y cupos de hierro y otros minerales a empresas de amigos, entre las que ahora Andrés Velásquez menciona al Consorcio Ferrominero, cuyo registro mercantil está a nombre de un sobrino del contratista de la Gobernación, Yamal Mustafá.

Mustafá garantiza, sin embargo, que se trata de un chantaje. “Ser empresario no es delito”, responde. “Pregunten en las empresas básicas, hablen con gerentes, con sindicalistas, con quien quieran para saber si yo he presionado a alguien o comercio con bauxita, aluminio, hierro y hasta oro“.

Se trata, agregó, de una serie de denuncias que buscan afectar su nombre: “Se ha montado una campaña sucia incluso contra mi familia sin ningún tipo de pruebas a través de este personaje, quien sí fue acusado por el Tribunal Supremo de Justicia por responsabilidad administrativa en su gestión como gobernador“.

MAFIAS INTERNAS En el sur del país no ha parado el tráfico de metales y entre las denuncias de los últimos días, el diputado Andrés Velásquez recuerda que Luis Salvador Velásquez -a quien el propio Gobierno nacional presentó ante el país como “El Rey de las cabillas”- administró las finanzas de la campaña electoral que el Partido Socialista Unido de Venezuela realizó en las regionales del año 2008:

“El mismo gobernador Francisco Rangel Gómez lo inscribió como jefe de finanzas ante el Consejo Nacional Electoral”, advirtió. El llamado “Rey de las cabillas”, quien acaba de salir en libertad, fue detenido por el gobierno mientras presidía Orinoco Iron y estaba al frente de la Dirección de Comercialización de Sidor.

Entonces lo acusaron de ser la cara de una red de contrabando que había montado un mercado paralelo con las cabillas que oficialmente deben ser vendidas a precios regulados dentro del país.

Luis Salvador Velásquez, “El Rey de las Cabillas”

A Luis Salvador Velásquez lo detuvieron el 9 de junio de 2011 y a partir de allí empezó una retahíla de denuncias que llegaron a señalar a familiares y personas del entorno del gobernador dentro del mercado negro de cabillas. “El que tenga pruebas, hermano, que las presente; que no hablen tanta paja sencillamente que las presenten“, respondió Rangel Gómez entonces.

“Luis Velásquez es un compatriota nuestro, es parte del partido, es un amigo nuestro y seguirá siéndolo”.

REMATE DE CARROS. Entre diciembre y enero, la gobernación del Estado Bolívar remató una flota de 133 vehículos, que inmediatamente fueron revendidos por montos que superaban el precio inicial hasta por 18 veces más. La denuncia otra vez fue formalizada por el diputado de la Causa R, Andrés Velásquez, con copia de los documentos de compra-venta notariados.

Como con otros de los casos que ha venido formalizando, Velásquez asegura que un anónimo le dejó fotos de los vehículos y copias de los documentos en la Asamblea Nacional, en las oficinas de la Fracción Parlamentaria de Bolívar, y a partir de allí pidió una investigación ante el Ministerio Público y la Comisión de Contraloría del Parlamento. Entre todos los casos menciona el de un vehículo por el que la gobernación recibió 15.000 bolívares a pesar de que más tarde fue revendido en 280.000.

Hasta una ambulancia vendieron supuestamente inservible”, adviertió. “Hubo también un carro que valoraron en 6.000 bolívares, que es lo que vale un caucho o un parachoque, y unas semanas después fue revendido en 60.000″.

Todos los carros fueron vendidos a una misma empresa pero más que buscar a los beneficiarios, el diputado lamentó las pérdidas patrimoniales:

“A mí no me interesa a quién se lo vendieron ni posteriormente quién lo compro, lo que importa es que el Gobernador vendió bienes del Estado con el apoyo de la Asamblea Legislativa”.

Los cuatro grandes crímenes económicos de Hugo Chávez

Gustavo Coronel

Entre los múltiples crímenes cometidos por Hugo Chávez durante sus 14 años de desmanes hay 4 que merecen atención especial: la destrucción de PDVSA, el aniquilamiento de la CVG, el colapso del Puerto de Puerto Cabello y el saqueo del erario público por la vía de los fondos paralelos.

Creo que estos cuatro grandes crímenes han causado un buen 80 por ciento de la ruina financiera venezolana porque PDVSA, CVG y el Puerto son los organismos que mueven más dinero en el país, mientras que a los fondos paralelos, manejados sin transparencia y sin rendición de cuentas,  ha ido a parar mucho del ya exiguo tesoro nacional.

Se necesitaría un libro y el concurso de expertos para analizar estos cuatro crímenes en detalle, pero vale la pena mencionarlos una vez más, porque creo que el país no está consciente de la magnitud de estos desastres y de la total responsabilidad del difunto en estos desafueros.

PDVSA

Una comparación de las cifras más importantes de PDVSA para 1998 y 2012, muestran una pérdida de producción de unos 500.000 barriles diarios bajo el régimen chavista.

Aunque el precio del petróleo ha subido de unos $11 por barril en 1998 a unos $100 hoy, la PDVSA roja se ha endeudado en unos 150.000 millones de dólares, si se incluyen todos los compromisos y contingencias que afectan a la empresa.

De hecho, PDVSA está técnicamente quebrada y depende del endeudamiento para financiar sus operaciones.

La actividad exploratoria prácticamente ha desaparecido, las refinerías en el exterior están en liquidación y no se ha construido ninguna de las refinerías planificadas. Las refinerías domésticas están operando a una fracción de su capacidad instalada, un 70 por ciento, lo cual ha obligado a la importación de gasolina y de diesel desde los Estados Unidos, país al cual antes le exportábamos gasolina. Esta importación a precios internacionales es regalada en el mercado interno.

El número de empleados casi se ha cuadruplicado al pasar de 35.000 a 120.000. Existe un cuantioso  déficit de gas natural que ha obligado a importar gas desde Colombia mientras los planes para producir gas costa afuera progresan a paso de tortuga.

La producción que se vende a precios comerciales en el exterior es apenas un 60% del total exportado, ya que el otro 40% se entrega a precios subsidiados o prácticamente regalados a Cuba y otros países “amigos”.

Las empresas internacionales asociadas con PDVSA en la faja no son las mejores técnicamente y hasta algunas, como Petronas y miembros de un consorcio Ruso se han retirado o están en vías de hacerlo.

CVG

Con pocas excepciones durante su historia, la CVG ha dado consistentes pérdidas financieras para la nación.  Ello ha tenido dos razones fundamentales, como lo apunto en mi libro: “Una Perspectiva Gerencial de la Corporación Venezolana de Guayana”, Caracas 1995.

Una razón es que las ventas de las empresas se hacen fundamentalmente entre filiales o a otras empresas y agencias del Estado que rara vez se han preocupado por pagarle.

Se establece una cadena perversa: Cadafe le debe a Edelca, el ministerio de la Defensa le debe a Cadafe, cadena basada en múltiples irresponsabilidades. La otra razón es que las empresas se endeudan en dólares y cobran, cuando cobran, en bolívares. Por ejemplo, Edelca vende a Cadafe o como se llame ahora, en bolívares pero sus deudas para pagar las inversiones en las represas son en dólares.

¿Puede ganar dinero Edelca? Imposible. Puede mostrar ganancias a nivel operacional pero nunca a nivel consolidado.

Lo que era una situación de pérdidas crónicas se convirtió, bajo el régimen chavista, en un colapso total.  Damián Prat en su “Guayana: El Milagro al revés”, Caracas, 2012, esboza este colapso.

En esencia, todas las empresas están quebradas.

Es imposible transcribir los detalles de la gran tragedia pero aquí van algunos ejemplos:

* La planta de tubos de SIDOR fue paralizada por orden del régimen hace más de 4 años. Ahora se importa la tubería de perforación de China. Se le vende el mineral de hierro a los chinos a precios bajos y se le compra la tubería a precios altos.

* Un 34% de la producción de aluminio está comprometida con una empresa, Glencore, a cambio de un préstamo de $500 millones que “las empresas nunca vieron”.

* Se ha importado bauxita a pesar de tener inmensas reservas de este mineral.

* Alcasa está importando aluminio desde el Canadá y USA porque solo produce menos del 30% de lo que producía anteriormente. Esta importación fue autorizada por Hugo Chávez en punto de cuenta del 4 de Junio de 2010.Sidor produjo en 2011 y 2012 la mitad de las cabillas que producía en 2007,  por lo que se han tenido que importar cabillas desde México, por cierto compradas a la misma empresa -Ternium- que Chávez expropió.

* Debido a la falta de gas natural, producto de la ineficiencia de PDVSA,  las empresas de Guayana sufrieron un recorte en su suministro eléctrico en 2010, lo cual obligó a Alcasa y Venalum a recortar su producción a la tercera parte, con pérdida desastrosa de equipos.

Cuando los técnicos aconsejaron una paralización progresiva y no brusca para evitar daño irreversibles a las plantas, Chávez dijo: “Nada de progresiva, es ya que van a cerrar!”.

* Alcasa producía normalmente 200.000 toneladas anuales de aluminio. En el 2011 produjo 70.000 toneladas y en 2012 unas 50.000 toneladas.

* El Plan Guayana Socialista, 2009-2012 incluía locuras tales como el Control Obrero de la gerencia, centralizar la planificación, crear superministerios del hierro y el acero, un bla bla bla populista que ha sembrado total confusión en la empresa.

* En 2006 se quedaron sin vender unas 50.000 toneladas de aluminio que hubiesen podido obtener altos precios, porque Chávez ordenó no venderle aluminio al imperialismo. En esto se perdieron unos $100 millones.

* Los 500 millones de dólares prestados por Glencore a Alcasa y Venalum  fueron a parar a un banco del Líbano. Nadie sabe exactamente qué se hicieron.

* Sidor en manos del capital privado dio dividendos. Chávez la estatizó y pasó de producir 4.3 millones de toneladas anuales en el 2007, cuando estaba en manos privadas, a producir 2.4 millones de toneladas en el 2011. Hoy ni siquiera tiene dinero para pagar nómina y los empleados se han levantado en huelga.

* Las plantas eléctricas de emergencia que fueron compradas por el régimen en 2010, debido al colapso de Corpoelec,  fueron adquiridas  a una “empresa gringa de gran experiencia”,  dijo Hugo Chávez por la televisión.

La empresa resultó ser venezolana, controlada por gente sin experiencia, Derwick y asociados, hoy objeto de una demanda legal en USA, acusada de sobornar a altos funcionarios del régimen venezolano.

El Puerto de Puerto Cabello

Hugo Chávez necesitaba controlar el Puerto de Puerto Cabello, para meterse en el bolsillo los dineros que generaba, porque en materia de ingresos operativos este puerto es probablemente la tercera empresa del estado más importante, después de PDVSA y la CVG. Cuando fui presidente del Puerto de Puerto Cabello, en 2000, operábamos con menos de 200 empleados directos y la utilidad neta era de unos $25-30 millones al año.

Sin embargo, Chávez comenzó a hostigar la gerencia del puerto que estaba en manos del Estado Carabobo.

La marina estableció un puerto paralelo en Puerto Cabello, llamado OCAMAR, que operaba de manera poco profesional y a tasas artificialmente bajas, presionando a las empresas navieras para que les dieran trabajo.

Por otro lado DIANCA, una empresa ineficiente y corrupta, amenazaba con extenderse dentro de los terrenos del puerto. Presidir el puerto exigía una dura y peligrosa lucha contra el chavismo codicioso.

La Guardia Nacional y la Aduana, totalmente fuera de nuestro control, eran organizaciones muy corruptas, que trabajaban horas de oficina, en lugar de trabajar 24 x 7. Pero lo que si era verdad es que el puerto generaba dinero.

Finalmente, en  2007 Chávez creó una empresa mixta Vene-Cubana para “administrar y modernizar” puertos. (Véase la Gaceta Oficial N° 38.703, del 12 de Junio de 2007).

Esta empresa se llamó “Bolivariana de Puertos, S.A.” y era esencialmente propiedad de Chávez y de los hermanos Castro. La empresa de Cuba que tiene el 49 por ciento de las acciones se llama Grupo Empresarial de la Industria Portuaria, ASPORT y pertenece al régimen cubano. Desde que esa empresa “administra” Puerto Cabello:

* Las mercancías tardan entre 18 y 21 días para salir de los puertos por falta de equipos y coordinación entre las autoridades que deben revisarlas, lo cual eleva significativamente los costos de importación.

* Se manejan apenas unos 5 contenedores por hora. Hace doce años, cuando fui presidente del puerto se manejaban en el puerto de Puerto Cabello unos 12-15 contenedores por hora, cifra que ya era baja, por no tener sin grúas tipo Gantry.

* En 2010 unos 3 mil trabajadores, entre directos e indirectos congelaron sus actividades, afectando las labores de descarga de buques, mantenimiento, seguridad y mano de obra especializada del puerto ubicado en el estado Carabobo. Ello se debió a que el Puerto no les pagaba.

* En el 2012  Hugo Chávez dijo:  “El puerto de Puerto Cabello está abandonado”, reconociendo su fracaso.

* En Agosto 2012,  14 buques cargados con 188.000 toneladas  de cereales estuvieron varados por tres semanas en Puerto Cabello, sin poder bajar su carga.

* Hace once años el nuevo terminal había sido planificado a un costo de poco más de cien millones de dólares, pero su construcción fue obstaculizada por organizaciones parásitas del estado venezolano como DIANCA, OCAMAR y la Base Naval Agustín Armario, todas en manos de fanáticos chavistas. Hoy, ni siquiera ha comenzado esa modernización y un proyecto elaborado por una empresa China costaría seis veces más que el que dejamos listo en 2001.

* El desastre de Pudreval está íntimamente relacionado con la ineficiencia y  el colapso del Puerto.

Henrique Salas Feo denunció en Abril 2009  la presencia de 30 contenedores con leche líquida en descomposición en Puerto Cabello.

En febrero 2010  se reportaron 3.600 toneladas de alimentos en 120 contenedores en abandono legal en las instalaciones del puerto de Puerto Cabello, y que pertenecían a PDVAL.

Dos semanas después se encontraron otras 45.4 toneladas de alimentos de PDVAL bajo abandono legal en el mismo puerto.

Los Fondos paralelos

Estos fondos fueron creados por decreto por Hugo Chávez para poder administrar los ingresos nacionales a su libre arbitrio, sin controles, sin transparencia o rendición de cuentas. Así lo celebraba Rafael Ramírez en un memorándum a Chávez dado a conocer por el diputado Miguel Ángel Rodríguez.

El Llamado Fondo de Desarrollo Nacional, FONDEN, ha recibido unos $80.000 millones sustraídos por el Ejecutivo, léase Hugo Chávez, a PDVSA y al Banco Central de Venezuela, con la cobarde complicidad de las directivas de estos organismos.

Los documentos obtenidos en el 2011 por Miguel Octavio (ver http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2011/08/fonden-y-giordani-un-atraco-de-70000.html), contienen una lista de proyectos financiados por FONDEN sin transparencia alguna. El monto de lo gastado hasta ese año ascendía a la inmensa suma de $70.000 millones.

Uno de los hallazgos más importantes de Octavio fue establecer un aparente faltante de $29.000 millones en esas cuentas. Ello se deduce de la diferencia entre los totales de los proyectos listados y el desembolso total que declara FONDEN. Por ejemplo:

* 72 fábricas “socialistas” construidas por el gobierno a un costo de $355 millones. Dónde están?

* Gastos en el Central Azucarero “Ezequiel Zamora” por la inmensa cantidad de $70 millones.

* $20 millones para instalar una fábrica de pólvora.

* 40 cadetes a ser “entrenados” en Bielorrusia, a un costo para la nación de $10millones, así como suena.

* $551 millones para una planta de pulpa y papel.

* $1000 millones para proyectos petroleros en Cuba. Increíble despilfarro y corrupción.

* $1500 millones para vías agrícolas en Maracaibo y en el Estado Guárico. Vaya usted a buscarlas.

* $2.000 millones en casas contratadas con Bielorrusia, Irán, Uruguay, Vietnam, con Raimundo y todo el mundo. ¿Dónde están?

El llamado Fondo Chino

Este es un fondo hecho con préstamos de China por más de $30.000 millones, a ser pagado a China por PDVSA, con producción petrolera a futuro, por los próximos diez años, o algo así. Es un fondo turbio e ilegal porque compromete petróleo a futuro y porque ha sido contratado en el mayor secreto, con precios del petróleo que incorporan descuentos.

La utilización del dinero es un secreto pero se sabe que los proyectos que pudieran estar siendo financiados con ese dinero son hechos por empresas chinas, con materiales y equipos chinos y hasta obreros chinos (como las casas de Fuerte Tiuna), lo cual es imperialismo económico en mayúsculas, aunque Hugo Chávez siempre se jactó de ser el nuevo libertador y se llenaba la boca con retórica anti-imperialista.

El costo para Venezuela de estos cuatro grandes crímenes es incalculable. Estamos hablando de unos $400-500.000 millones en pérdidas derivadas de baja producción, ventas subsidiadas, colapso y destrucción de plantas y equipos, y robo y caos en el manejo de los fondos paralelos. Final del formulario.

La indignante historia del maltrato del gobierno a los 15 mil accionistas clase B de Sidor

Damián Prat C., Público & Confidencial

El gobierno de Maduro y la CVG, obligaron a los co-propietarios legítimos del 20% de Sidor a someterse a un proceso parecido al que a todo el pueblo le toca ahora para poder comprar leche, harina de maíz, papel toilette, azúcar, pernil y muchos alimentos: hacer una torturante cola (estilo de la Cuba fidelista) en un ineficiente, burocrático, innecesario y mal organizado “proceso” de volver a firmar y llenar unas planillas que hace años existen.

Son 15 mil ex trabajadores y trabajadores activos, casi dos tercios de ellos ya retirados y de la tercera edad.

En este siglo XXI de la informática, internet y los registros digitales, a la “revolución” no se le podía ocurrir hacer algo más ágil y humano sino exigirles -sin convocatoria formal y pública, además- que se presentarán “a firmar” en la Plaza de las Banderas frente al edificio sede de CVG.

De no hacerlo, no procedería el proceso de devolverles -con 5 años de atraso- su dinero.

¿Y los miles que ya no viven en Ciudad Guayana?, ¿Y aquellos cuyas dolencias físicas o enfermedades los limitan?, ¿Cómo podían, de haberse presentado todos, recoger en dos días las firmas de 15 mil personas?, ¿Y los 10 mil que ya enviaron una carta firmada a CVG desde hace tres años exigiendo el reembolso del valor de sus acciones?

Nada de eso fue tomado en cuenta por la “revolución humanista”. La realidad, digámoslo de una vez, es que Maduro, sus ministros y el gobierno, ni siquiera han solicitado a la Asamblea Nacional el crédito adicional para poder pagar lo acordado; es decir, una primera cuota del dinero que el gobierno les ha tenido confiscado por 5 años.

Así que parece que tal “proceso de firmas” es -una vez más- una excusa para “darle largas al asunto” ya que el acuerdo era pagar esa primera cuota el 15 de noviembre.

También dijeron estas autoridades “socialistas” que “hay algunos trámites legales y administrativos que cumplir”. Que si la Procuraduría. Que si la Contraloría. Muy “escrupuloso” el mismo gobierno que en cadena nacional y sin ninguna clase de procedimientos ni “el debido proceso”, ordena “que no quede nada en los anaqueles” de los comercios, desatando la anarquía. “Justicia” expedita cuando les conviene para sus fines politiqueros. Formalidades burocráticas cuando de los derechos del pueblo se trata.

Esta historia ya tiene 5 largos años. Para ser más exactos, 67 meses.

El gobierno estatizó Sidor en mayo del 2008. En menos de 1 año negoció y llegó a un acuerdo con la transnacional Techint para pagarles 1.970 millones de dólares más intereses (al final fueron más de 2.300 millones de dólares) por su 59%, los cuales pagaron puntualmente.

¿Por qué no le pagaron simultáneamente a los 15 mil sidoristas y ex sidoristas, trabajadores venezolanos, propietarios del 20%?

Inexplicable esa indignante discriminación. A la transnacional le pagaron hasta el último centavo. A los venezolanos -quizás por ser venezolanos y no ser una poderosa transnacional- los menospreciaron, ni siquiera los escuchaban. Ni siquiera negociaban. No han querido pagarles. Así ha sido la historia que acaba de tener otro capítulo desagradable.

Igual fue el proceso para hacer cumplir la Ley de 1997 que le daba derecho a esos sidoristas para comprar sus acciones, cuando se privatizó la empresa. Es un relato muy largo para este espacio, pero el gobierno les puso mil trabas durante al menos 6 años y mientras tanto eran los rojos rojitos del gobierno los que “administraban” ese 20% de los trabajadores. Y sus dos puestos en la Junta Directiva de Ternium, directores chavistas que jamás reclamaron nada ni propusieron nada.

Protestas, reclamos, manifestaciones. De todo. Igual que ahora para que les devuelvan su dinero. Hace falta un cambio para el progreso, para salir de un gobierno tan reaccionario, retrógrado y antitrabajador.

¿Por qué el presidente Nicolás Maduro está molesto con sindicalistas de Sutiss?

Carmen Carrillo, El Fortín de Guayana

En El Fortín de Guayana conscientes de que Guayana es Sidor y Sidor es Guayana, hemos decidido publicar íntegro el informe que parte del comité ejecutivo de Sutiss llevó a la presidencia de la república la semana pasada para que nuestros lectores conozcan exactamente qué fue lo que le dijeron a Nicolás Maduro y por qué el Jefe del Estado se encuentra tan molesto con los sindicalistas y por eso envío al mayor general, Justo Noguera Pietri, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana a Guayana a buscar una salida a la crisis.

El amplio documento no tiene desperdicio, por eso decidimos no intervenirlo y simplemente publicarlo a fin de que cada uno haga sus propias conclusiones de este conflicto que ya cumple quince días y que mantiene en vilo a más de 20 mil familias de forma directa, a más de 100 mil personas y prácticamente a un estado, el más grande del país  por cierto.

Puerto Ordaz 2013

Para: Despacho de Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela,

Presidencia de la Asamblea Nacional,

Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia,

Ministerio del Poder Popular de Industria.

Muy respetuosamente nos dirigimos a usted (es), para plantearle la preocupación por la situación que vive SIDOR, la cual debe ser motivo de investigación, ya  que de lo contrario, dicha empresa va en vías de un colapso.

Hoy continúan los problemas de índole laboral, con amenazas de paros por motivos de las reivindicaciones (primas diurnas, retroactivo de tabulador, hoja de cálculo, contrato colectivo), esto aunado al aumento de la nómina fija, producto de continuos ingresos de personal, hacen que los costos de la nómina de la empresa, sea insostenible para una capacidad de producción actual.

Esto trae como consecuencia, pocos recursos disponibles del presupuesto, destinados para la adquisición de materias primas,  insumos y repuestos, lo cual atenta contra la continuidad operativa de SIDOR.

Urge que se tomen cartas en el asunto, ya que  SIDOR requiere inversiones a fin de evitar de ella, solo queden pedazos y ruinas difíciles de recuperar.

Los Trabajadores y Trabajadoras, están dispuestos a cooperar en la recuperación de la empresa mediante el planteamiento de los problemas que confrontan cada una de las plantas, y proponiendo una serie de acciones para la recuperación de la misma.

Gestión austera

Durante la gestión de Carlos De Olivera, trabajador con 30 años de servicio en la empresa, que tuvo la responsabilidad de estar al frente de la dirección de la empresa desde  el  15 de mayo del 2010 hasta 31 de julio del 2012.

Se realizó conjuntamente con un equipo de trabajo, una gestión austera para la recuperación, con honestidad, esfuerzo y dedicación, manejando limitaciones presupuestarias, baja liquidez en el flujo de caja y sin recibir recursos adicionales para inversión e incorporando con recursos propios a una población de tercerizados de unas 4500 personas a la nomina fija quedando un número importante por definir su situación.

Se cambió la organización por la empresa, remplazando las direcciones por comisiones  con la participación de los trabajadores para la contraloría social.  Además se comenzó a organizar los procesos de contrataciones de la empresa según lo establecía la normativa de ley para las contrataciones públicas y se creó la comisión de contrataciones.

Se establecieron acuerdos comerciales y compromisos de pagos de deudas a proveedores.

También se diseñó el plan de compras programadas para materias primas, insumos y repuestos, logrando disminuir las compras por emergencia (sin orden de compra programada).

Se compra equipos como: 12 Payloaders , 3 Pot-carrier , una serie de equipos móviles para planta y repuestos que aun hoy, se están retirando de la aduana. De la misma forma se logró aumentar modestamente la producción durante el 2011 a 2.4 millones de toneladas de acero líquido, a pesar del déficit de recursos  y los paros promovidos por el sindicalista José Meléndez y su grupo de Alianza Sindical.

Gestión de Gil Barrios muy negativa

Del mismo modo durante el 2012 también se venía aumentando la producción; pero con la gestión del equipo de  Gil Barrios (apoyado por Rangel Gómez y José Meléndez)  a partir del mes de agosto del 2012 hasta febrero de 2013, ocasionó que la producción de SIDOR para el 2012, estuviera aún por debajo de la del año 2010, con el plan de “Ahorro Energético”.

La gestión de Gil Barrios y cambió todas las directrices que se habían implantado a nivel organizativo y con el apoyo de Alianza Sindical (quienes buscaron sus propios beneficios).

Además de  un grupo de gerentes foráneos que desconocían el manejo de la empresa sumieron a SIDOR en una crisis mayor; aumentando la deuda a casi el doble, en unos seis meses.

Alianza Sindical tiene 300 personas cobrando sin trabajar

Cabe señalar que Alianza Sindical, durante ese periodo no realizó ningún tipo de paralizaciones y  se dedicó a colocar a sus partidarios en comisiones de servicio, hoy posee, más de 300 personas en comisión de servicios (personas que no laboran, pues están destacados para labores sindicales).

Algunos de ellos, personal  que pertenecía al movimiento del sindicato de la construcción que ingresaron a nomina fija, como “tercerizados” para trabajar en la empresa, pero en cambio les fue otorgada una comisión de servicio, para servir a los fines de Alianza Sindical como elementos de choque.

Excelente trabajo el de Noguera Pietri

Luego vino el General Justo Noguera, quien en su dos meses de permanencia en el cargo, hizo una excelente gestión, reconocida por los Sidoristas, a tal punto de ser  “bautizado” como el “General de Acero”, ya que comenzó a poner orden en la planta en materia laboral y a reunirse con los trabajadores para conocer de primera mano la problemática de la empresa; aplicando mano dura a la corrupción, siguiendo los lineamientos para lograr la tan ansiada recuperación de la Empresa.

Con él, se logró mejoras  en la producción y poner orden en las mafias sindicales que fungen como testaferros de la llamada mafia de las cabillas.

Posteriormente el General Sarmiento asume la gestión, pero nuevamente, en un clima de conflictividad laboral y baja productividad.

En estos momentos hay un ataque contra el General Sarmiento, promovido por parte de Alianza Sindical, buscando los buenos oficios del general Osorio (CVG), con quien, se han estado reuniendo.

Osorio ha caído en el juego

Lamentablemente el General Osorio ha caído en este juego, conjuntamente con la Gobernación del Estado, lo cual ha motivado el total rechazo de José Meléndez y del General Osorio, por parte de los trabajadores de SIDOR.

La gestión de los militares, que quedaron encargados de darle continuidad al orden instaurado, no ha dado los resultados positivos, por el contrario se presume acuerdos y acercamiento con las mafias sindicalistas y personal administrativo corrupto que operan en la planta, para evitar los conflictos; provocando un descontento generalizado entre los trabajadores de la empresa.

Sigue cayendo la producción

La producción de SIDOR hoy día, sigue baja, con el estimado de que se alcance para final del ejercicio, niveles comparativos con los del año 2010, o en el 2012; esto a pesar de que ahora se cuenta con  una serie de equipos y repuestos que fueron adquiridos por la gestión de Carlos De  Oliveira y que recientemente fueron sacados de la aduanas, por el General Noguera, después de estar casi 8 meses almacenados.

(No fueron retirados durante la gestión de Gil Barrios y originaron un costo para SIDOR con el SENIAT).

Los Sidoristas han continuado efectuando las labores de contraloría social, realizando una gran cantidad de denuncias por prensa de la región, del gran daño que le ha ocasionado a nuestra Empresa la gestión de Gil Barrios (José Trompiz, María Rodríguez, Aurora Angarita, y otros de SIDOR entre los cuales se pueden mencionar Orlando Velásquez, Yoni Rivero, Juan Carlos Gutiérrez, Merlín Maita).

Como por ejemplo  la denuncia de los enormes impuestos generados  de una gran cantidad de equipos móviles y repuestos, retenidos en las aduanas de la Guaira y Guanta de Pto la Cruz, por más de 8 meses y su presunta intención de negocios particulares mediante el remate de los mismos.

Denuncias contra Rangel Gómez

Negocios de la  “comida para los Sidoristas”, así como la presunta negociación del material “tundish” excedente (lingotes de acero del residual que queda después de finalizada la colada continua), escondiéndolo en el fondo de los camiones de escoria que salían de la empresa, para acondicionarlo en un galpón ubicado en una zona industrial 321, asociado con el ciudadano Yamal Mustafa y relacionado con el Gobernador Rangel Gómez.

También denuncias de cargamentos de cabillas que habían salido ilegalmente de SIDOR, e ilícitos en el manejo de las ventas de cabillas por parte Promoacero y grupos sindicales.

Prácticamente hoy no se están  efectuando colocación de órdenes de compras programadas y se ha incrementado en forma  alarmante las compras por emergencia, con el consabido riesgo de altos precios y situaciones irregulares. Esto en muchos casos, sin el conocimiento de los niveles de Dirección.

Falta de materia prima

Los problemas con las disponibilidad de materias prima,  insumos y repuestos sigue en estado crítico, lo cual ha motivado muchas paradas de planta, e indisponibilidad de equipos; pero una mención especial merece la planta de Pellas, pues el estado de esta planta es realmente crítico,  donde se avizora una parada de planta y hasta un riesgo de siniestro. A continuación se presenta un resumen de la situación de la planta:

Situación crítica de Planta de Pellas de SIDOR

Se requiere repotenciar los sistemas de combustión de los hornos de piro-consolidación de las líneas A y B.

Estos sistemas, están conformados por  válvulas de venteo, válvulas de regulación y control, válvulas de corte y seguridad “shutoff”, tablero de control, pilotos de encendido, quemadores, tuberías y otros elementos.

Muchos de estos equipos no están operativos, presentan daños, carecen de repuestos y otros están descontinuados; las tuberías  de gas presentan desgaste y fugas por la corrosión.

Hay que hacer una inversión para reponer o sustituir estos sistemas ya que la continuidad operativa de la planta, la productividad, calidad de las pellas y la seguridad a personas y a equipos dependen de ello.

Se debe reparar y/o reconstruir la estructura refractaria de los hornos de piro-consolidación.

Los revestimientos refractarios de los hornos, así  como también los ductos, presentan serios daños debidos a los problemas de temperatura,  ocasionados por las fallas del sistema de combustión y las frecuentes variaciones en los cambios de carga de la rata de producción (condiciones mínimas y condiciones operativas).

Aun cuando se le realizan reparaciones menores para mantener las líneas operando, se requiere de una intervención mayor para efectuar la reparación integral del horno y proteger con refractarios zonas como las juntas de los ductos, “la catedral” continua, las zona de enfriamiento y otras. De otra forma  los daños en el refractario ocasionarían las paradas de las líneas.

Reparar  y/o reconstruir las estructuras de los carros porta  barrotes  para carga de pellas hacia los hornos de piro-consolidación.

Muchas de las estructuras de estos carros   presentan serios daños debidos a los problemas de formaciones y  desprendimientos de  barrotes.

Esto trae como consecuencia que los carros no se desplacen normalmente, desgaste o daños a los rieles, vigas  de los cuerpos y otros.

Generalmente se mandan a reparar estos carros en talleres de la zona, lo que adicionalmente representa un excesivo gasto de dinero; a tal efecto se debe adquirir los repuestos necesarios para estos carros y crear un grupo técnico que seleccione los carros que pueden  ser reparados dentro de SIDOR,  mientras que los que requieran mayor mantenimiento se le manden a los talleres foráneos, así mismo se deben adquirir una serie de carro nuevos (según las especificaciones requeridas por SIDOR) como repuestos, a fin  de sustituir los carros que han cumplido su vida útil y no puedan ser reparadas; con ello se lograría una reducción en los costos por mantenimiento de estos equipos.

Adquirir y/o Reparar  los ventiladores del proceso de enfriamiento

Las condiciones de algunos de estos ventiladores como por ejemplo el 5002, 5010, 5015, 5016, 5017 entre otros, presentan problemas de repuestos (rotores, ventolas, etc.).

La situación se torna más crítica por la operación de estos equipos en condiciones de  desbalance y vibración; Razón por la cual se debe realizar un diagnóstico para adquirir los repuestos necesarios para garantizar un mínimo mantenimiento y  además hacer las provisiones para la adquisición de unidades nuevas ya que son equipos costosos y que para su fabricación se requiere de  3  a 6 meses,  lo cual implicaría una parada de línea o de Planta, en caso de falla.

Situación  actual de los equipos

AG-5006 Ventilador de secado, tiene la ventola con fisuras en el plato central y no hay repuesto.

AH- 1017 Ventilador de secado que extrae los gases a la atmósfera, presenta fisuras en placas de la ventola; no se cuenta con  repuestos, ni están colocadas órdenes de compra.

AG-5002 Ventilador de enfriamiento de las pellas; presenta daños en la caja de cojinetes y en caja de rotor; no hay  repuesto ni orden de compra.

AG-5015 Ventilador de quemado que distribuye los gases calientes en las pellas y realiza el quemado;  no cuenta con repuesto, hay una ventola en la compañía Montiven (taller de la zona) para su reparación, pero ya tiene 3 meses  paralizada por falta de  pago.

Quemadores fuera de servicio y con fugas de gas en los ramales hacia la tubería principal de gas natural.

Tubería de gas natural de 20 pulgadas, tiene un tramo de unos 20 metros corroído, con pérdida de espesor y fugas de gas.

Tubería de gas  natural de 16 pulgadas, con  pequeñas fugas de gas debido a que dichas tuberías están corroídas y han perdido espesor.

Central hidráulica 2039 del conjunto recriprocante de línea A, no tiene repuestos y ha ocasionado, a modo de ejemplo, en estos últimos días, las siguientes paradas:

El 01/09/2013, más de 3 horas de parada con pérdida de producción de 1.178 toneladas  de pellas.

El 02/09/2013, 20 horas de parada con  6.912 toneladas de pérdidas de pellas

El  04/09/2013,  lleva hasta estos momentos 2 horas de parada con una pérdida de 516 toneladas

Se están incrementando la presencia de “puntos rojos” en los hornos, producto del desgate de los refractarios, la falla de quemadores y otros aspectos.

Estas condiciones aunadas al estado de las cintas y los equipos para el manejo de materiales, pueden ocasionar la parada de  las líneas en cualquier momento, incluso la parada total de Pellas; con la consecuencia de que la zona se quede sin pellas, para SIDOR y las Briqueteras.

Existe además el riesgo de explosiones por las fugas de gas en las tuberías que presentan corrosión y desgaste, lo cual puede ocasionar lesiones a personas y daños a los equipos, sin que ello sea provocado por acciones intencionales o de sabotaje.

Por tanto, es importante realizar un diagnóstico de la situación de la planta de pellas y buscar los recursos necesarios, para establecer el orden de prioridad de las acciones a seguir para recuperar la planta.

Solicitamos de usted(es) una investigación inmediata, para que se compruebe la veracidad de lo planteado y se apliquen las correcciones pertinentes.

Los trabajadores Sidoristas son nobles al igual que su empresa, razón por la cual nos resistimos a que se instaure dentro de SIDOR, la corrupción y las mafias que están acabando con las empresas básicas.

Propuestas

A continuación se mencionan algunas de las acciones  a realizar como parte de los mecanismos para la recuperación de la empresa:

Conformar un equipo para la Presidencia de la Empresa integrado por representantes, con la misma jerarquía, de la Presidencia de la Republica (Planificación, Finanzas y Militar), Personal Técnico y Trabajador de SIDOR.

Sustituir la actual Junta Directiva de la empresa; aumentando la participación del número de trabajadores y personal técnico Sidorista  en la junta.

Se requiere realizar un diagnóstico para determinar la inversión  requerida por SIDOR para cada una de sus plantas, para garantizar las condiciones funcionales y recuperar la capacidad operativa de la empresa.

Estas inversiones deben ser priorizadas en orden de criticidad de los sistemas, tal como el caso de planta de Pellas. Estas inversiones pueden ser financiadas mediante créditos retornables de la banca pública, o mediantes negociaciones con inversión de fondos nacionales o extranjeros y acuerdos comerciales.

Establecer acuerdos y convenios comerciales con los principales insumos y elementos esenciales para garantizar la producción; tal como materia prima, insumos y repuestos críticos. A continuación algunos ejemplos:

Establecer convenios con Ferrominera Orinoco, para garantizar un suministro mensual de por lo menos 150.000 T de mineral de hierro para garantizar la producción.

En este convenio se establecería un precio de transferencia del mineral según los costos de producción, para no perjudicar a ferrominera y un convencimiento de pago para la deuda contraída, en función con la situación financiera de la empresa y su recuperación.

Establecer convenio con Corpoelec, para garantizar el suministro  eléctrico y el pago de la deuda contraída.

Establecer acuerdos con PDVSA, para garantizar el suministro de materiales siderúrgicos e intercambio de productos, insumos.

Mantener acuerdos y elaborar nuevos convenios con empresas que suministran elementos como: refractarios, electrodos, ferroaleantes y otros insumos nacionales o importados, para garantizar la continuidad operativa.

Conformar un equipo multidisciplinario, con  representantes del Gobierno personal técnico y trabajadores de SIDOR, para que realice una evaluación de la capacidad operativa de cada área productiva, factibilidad de nuevos mercados, el desarrollo de nuevos productos, la diversificación de productos terminados  con mayor valor agregado; tomando como base los lineamientos del Plan de desarrollo de la Patria (por qué y para qué producir).

Establecer acuerdos y convenios para elaborar una nueva estrategia de financiamiento apalancado en créditos del gobierno o en inversiones de  la banca pública,  donde  SIDOR, por ejemplo, entregue productos como pago, triangulaciones, o pagos de instrumentos financieros en efectivo, a cambio de las inversiones a realizar en sus plantas.

Aumento en los Precios de productos Siderúrgicos que han estado congelados prácticamente desde el 2006.

Se requiere un análisis y  sincerar  los costos de producción de  esos  productos con respecto a los precios de venta. Ya que se está subsidiando en muchos casos a externos y no al estado. Dentro de ese análisis se debe contemplar la fabricación y la diversificación de nuevos productos y procesos que contribuyan con mayor valor agregado.

Se requiere reimpulsar el “control de los trabajadores” para que participen en la gestión y la contraloría de la empresa,  pero libre de una dependencia sindical que pueda afectar su desempeño.

Establecer una política de estado para tratar lo referente a la contratación colectiva y el manejo de los pasivos laborales para evitar que esto pueda afectar el reflotar a la empresa, más allá de lo que permita la situación financiera de la misma.

De lo contrario el Ejecutivo Nacional siempre tendrá que desembolsar dinero para sostener a la empresa.

Como no se han realizado las paradas programadas de mantenimiento por la falta de repuestos y equipos.

Se recomienda poner en marcha algunas de las estrategias aplicadas durante la restricción energética del 2010.

Una de ellas es realizar un análisis económico de precios y mercados para la factibilidad de adquisición e importación de palanquillas (unas 100.000T) planchones (unos 200.000T), y otros productos como Bobinas en Caliente conjuntamente con Laminados de Hojalata (unas 90.000T).

Con ello se podrían detener las operaciones algunas plantas, para permitir su mantenimiento y continuar operando con las plantas de laminación, para mantener el compromiso de producción.

El soborno del coronel

Joseph Poliszuk, El Universal

 En Ferrominera faltan unos dólares que hubieran dado para casi 1.400 maletas como la de Antonini. Es el mundo al revés, dice Andrés Velásquez: “Investigan la extorsión pero no la corrupción”.

En las empresas básicas de Guayana llegaron a vender hierro a precios de costo. Ahora que Ferrominera es un escándalo empiezan a aparecer informes, denuncias y contratos, por montos hasta cuatro veces por debajo de los del mercado.

El llamado hierro esponja o de reducción directa -que sale de las acerías de Guayana- fue despachado en el 2011 a 15 dólares por tonelada.

Una ganga que consiguió la empresa SW-Chartering INC, a diferencia de otras a las que Ferrominera exigía 59 dólares para facturar, embarcar y transportar, cada tonelada del mismo producto.

Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Álvarez Dionisi, “El Tiburón”

Esa y otras denuncias fueron engrosando un expediente de inteligencia militar a cargo del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Carlos Álvarez Dionisi quien, paradojas de la vida, hoy espera juicio en una celda de la misma Dirección General de Contrainteligencia Militar, en la que dirigía una investigación especial contra los funcionarios públicos y empresarios, que terminaron adelantándose para denunciarlo por extorsión.

Entre colegas a Álvarez Dionisi lo llamaban El Tiburón y, aunque se movía como pez en el agua en los órganos de inteligencia del Estado, terminó como un cazador cazado: hace tiempo que venía investigando lo que el mismo definió como “La mafia del hierro”; pero al final, resultó fichado por extorsión en el mismo informe en el que había estado enumerando una lista de empresas, que se llevaron el hierro de Guayana a precios y condiciones excepcionales.

El expediente Nº 47C-16.156-13 del coronel Álvarez Dionisi

El expediente Nº 47C-16.156-13 del coronel Álvarez Dionisi

De acuerdo con el expediente 47C-16156-13 que reposa en el Juzgado 47 en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, el coronel (GNB) Álvarez Dionisi investigó una serie de ilícitos que suman daños patrimoniales en las empresas básicas de Guayana por al menos 1.113 millones de dólares.

Lo de Ferrominera fue un saqueo en el que, según sus denuncias, hubo funcionarios que llegaron a facturar el mejor hierro como si se tratara de residuos y productos de segunda.

Diputado Andrés Velásquez

“Bajo esta empresa (SW-Chartering INC) retiran sedimentos de la Laguna de Cogollal, cuyo precio lo establecieron a $15/TM y ahora lo han mezclado en la noche con mineral fino, cuyo precio de venta está por el orden de los $77/TM“, apuntó Álvarez Dionisi en un informe de junio del 2012, que se conoce ahora que el diputado Andrés Velásquez ha venido presentando varios de los 400 folios de un expediente judicial que señala redes de extorsión dentro de las industrias básicas.

El precio del silencio

A pesar de que se trataba de productos contaminantes, los gerentes de Ferrominera autorizaron a la contratista beneficiada a saltarse los protocolos y embarcar el producto en el muelle de la empresa estatal, lo que -aparte de los otros daños- paralizó las entradas y salidas de otros buques durante una semana.

“En 2011 estos mismos ciudadanos generaron (pérdidas por) más de 120 millones de dólares por demoras por fallas en programaciones y beneficiando a sus socios”, agregó el coronel en la retahíla de irregularidades que había estado documentando.

Lo que no dijo es que ninguna de esas denuncias habían sido formalizadas en fiscalía y los organismos del Estado, mucho menos que su silencio tenía precio.

Juan Carlos Álvarez Dionisi, ex jefe de la División de Asuntos Especiales de la DIM o lo que hoy se conoce como la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, le pidió 20 millones de dólares en noviembre del 2011 al presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, para que todo siguiera como si nada.

Fue un encuentro de extraños sin palabras de cortesía.

“Pidió un papel y un lápiz y escribió en un pedazo de cartón el número 20″, contó Sabbagh en el testimonio que rindió el 8 de mayo en Caracas ante las autoridades militares que investigaron el caso. Por si a las dudas, el coronel aclaró que hablaba de millones de dólares y acto seguido desapareció cualquier evidencia. “Tomó el pedazo de cartón y lo quemó“, agregó Sabbagh en el interrogatorio.

“Yo le dije que todo eso era mentira, que era chisme (…) me respondió con una mirada fría que nunca olvidaré y me dijo textualmente: “es más difícil demostrar la inocencia preso que en libertad”.

Mucho gusto, un placer

La reunión fue en la casa del empresario Yamal Mustafá, a quien Andrés Velásquez también ha venido señalando como uno de los contratistas consentidos por la administración del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.

Radwan Sabbagh, expresidente de Ferrominera Orinoco (izq) y Yamal Mustafá, multiempresario.

Allí, Álvarez Dionisi se presentó como el oficial que había investigado a Luis Velásquez y otros de los personajes que figuraron en la “Mafia de la cabilla”; solicitó apartar los celulares; mostró un expediente sobre otra mafia, esta vez la del hierro, y cuando le preguntaron si había forma de llegar a un acuerdo, finalmente pidió el cartón donde escribió el número 20.

Sabbagh había sobrevivido por más de 6 años a los cambios y destituciones que han signado los últimos tiempos de las industrias básicas de Guayana, pero esa vez fue diferente.

“Me fui a mi casa sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer y con gran sentimiento de impotencia”, recuerda.

El corolario de esta historia se encuentra en fiscalía, a través de una serie de testimonios archivados en el expediente 47C-16156-13, donde los testigos y protagonistas cuentan que la plana mayor de Ferrominera resolvió pedir auxilio a dos de sus mejores clientes: las trasnacionales Duferco y Commodities Minerals Enterprise, cuyos representantes al final aceptaron pagar 10 millones de dólares cada uno en varias cuotas.

Duferco -una trasnacional del mercado de metales que opera desde Suiza- autorizó a su representante, Juan Silva, a pagar la vacuna. “Nos informó que la directiva de esa empresa se mostró dispuesta a colaborar en el entendido de que, siempre se le da ayuda a los órganos de seguridad del Estado en todos los países del mundo“, relató el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, cuando compareció ante los oficiales que investigan los sobornos.

La otra firma, Commodities Minerals Enterprise, al final también aceptó el chantaje. Aun en contra de esos métodos, su consultor jurídico en Venezuela, Gustavo Blanco, confesó el pasado 10 de mayo -cuando asistió a la sede de la Dirección de Inteligencia en calidad de testigo- que terminaron pagando.

“Me enteré que ellos previamente habían tenido una reunión con el coronel Álvarez, quien manifestó que esa investigación podía paralizarse si le entregaba una importante suma de dinero de alrededor de 20 millones de dólares, a lo cual nosotros le manifestamos en esa reunión tajantemente a todos los presentes que no estábamos en capacidad ni dispuestos a pagar ninguna cantidad de dinero, que nuestra situación financiera con Ferrominera estaba desequilibrada en relación con los aportes que veníamos efectuando y del mineral entregado en compensación”, dijo.

“Sugerí que era recomendable someter a la revisión y aprobación de la Procuraduría General de la República esos contratos de alianza, para impedir este tipo de situaciones“, añadió. “Eso de aceptar pagar para evitar una investigación era como apagar un incendio con gasolina y que de no ponérsele un parado a eso no sabríamos para quién estábamos trabajando, pues la utilidad generada en los contratos se iba a ir por estos desaguaderos“.

Peor que el Fondo Chino

Ferrominera atraviesa dificultades hasta para pagar la nómina mientras su ex presidente, Radwan Sabbagh, permanece recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, lo acusó de corrupto en cadena de radio y televisión: “Es inaceptable que se le haya dado confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas“, dijo, y luego remató el nuevo presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, el general Carlos Osorio: “Algunos pensaron que estas empresas eran de propiedad personal, (…) llegaban y paraban el material un mes, dos meses y, cuando desmontaban el material, más bien nosotros les debíamos a ellos”.

En esta historia, el ex presidente de Ferrominera está imputado por su presunta responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares.

¿Qué hay detrás de un soborno de 20 millones de dólares?.

Eso preguntó el diputado Andrés Velásquez cuando acudió a la Fiscalía General de la República, para consignar copias de una serie de testimonios y documentos que conducen a lo que presenta como la “Mafia del hierro”. “Aquí investigan la extorsión pero no la corrupción“, reclamó.

Como otros de los casos que ha venido denunciando desde el pasado 30 de mayo, Velásquez asegura que un anónimo le dejó el expediente judicial de Ferrominera en la Asamblea Nacional, en las oficinas de la Fracción Parlamentaria del Estado Bolívar, para que se hiciera eco de un escándalo que habla de transferencias y comisiones al margen de la ley e, incluso, participaciones de empresas privadas en minas como la de Cerro bonito y Cerro redondo, que son exclusivas del Estado.

Si las denuncias de Álvarez Dionisi eran ciertas y las investigaciones que reposan en fiscalía se ciñen a la realidad, este es uno de los casos de corrupción más grandes que se haya visto en los últimos tiempos; se trata de un daño patrimonial 13 veces mayor que los 80 millones de dólares que desaparecieron del Fondo Chino.

Ahora que el Gobierno promete cazar a los corruptos, Velásquez señala que en los testimonios hay pistas para poner orden en un caso que suma pérdidas de cuando menos 1.113 millones de dólares, una cifra tan grande que hubiera podido llenar 1.391 maletas como la de Guido Antonini Wilson.

Diseño gráfico: Sala de Información.

Seguid el ejemplo que en Sidor se dio

Marino Alvarado

Los trabajadores de Sidor vienen dando un gran ejemplo al resto del sector laboral del país.

La huelga que les permitió obtener la firma de un compromiso por parte de la gerencia, de rectificación en la manera como se deben pagar un conjunto de beneficios, tiene varios aspectos que resultan interesantes analizar.

La respuesta del gobierno a la protesta, fue mantener una política de intimidación. Amenazas de despido y militarización.

Fracasaron en su propósito. Los trabajadores mantuvieron su voluntad de persistir en la defensa de sus derechos. Fracasó como ocurrió en Ferrominera.

Por más que militarizaron dicha empresa, no pudieron arrodillar a la masa laboral.

“No dejarse intimidar y rebasar a la dirigencia sindical, son un ejemplo para el resto del sector laboral en el país”

El gobierno ha venido progresivamente militarizando la respuesta a la protesta social, principalmente en las empresas básicas.

Se pretende con la bota militar generar miedo, autocensurar y forzar a aceptar unas condiciones de trabajo que desmejoran lo ya conquistado.

Pero ha encontrado el muro de la disposición a defender lo que por justicia y con esfuerzo, han conquistado a través de muchos años de lucha.

“En Sidor, la mayoría de los trabajadores rebasó a la dirigencia sindical”

Otro aspecto interesante de lo que pasó y continúa pasando en Sidor, es que la mayoría de los trabajadores rebasó a la dirigencia sindical.

Una dirigencia pro gobierno que ha venido actuando como anestesia, frente a los ánimos de organizar acciones de exigibilidad de los derechos.

Una dirigencia que ha privilegiado sus intereses políticos partidistas, por encima de los intereses de quienes los eligieron para que defendieran sus derechos.

A diferencia de Ferrominera donde la directiva sindical liderizada por Rubén González ha contado con un amplio respaldo, en Sidor esa dirigencia fue rechazada y finalmente forzada a que algunos de sus integrantes se plegaran a la huelga.

Los dos aspectos: no dejarse intimidar y rebasar a la dirigencia sindical, son un ejemplo para el resto del sector laboral en el país.

Muy posiblemente se avecinen tiempos más difíciles tanto por la situación económica, como por las tendencias progresivas autoritarias que muestra el gobierno de Nicolás Maduro, recurriendo más a la fuerza militar y policial ante los reclamos populares.

“La respuesta del gobierno a la protesta, fue mantener una política de intimidación”

Desde hace cinco años vivimos una creciente protesta social y el sector laboral encabeza esa protesta.

Sus protestas son dispersas porque entre otros aspectos no existe una dirigencia sindical en el país capaz de entrelazarlas y darle un contenido más global.

Una dirigencia sindical que por años viene priorizando defender o atacar al gobierno pero que descuidó la agenda social. Iniciativas como el Frente en Defensa del Salario y el Sindicato que abrieron en un momento expectativas como factor emergente hoy se encuentra desafortunadamente debilitado.

Mientras ello ocurre, la base sindical arrecia sus protestas a lo largo y ancho del país.

En las empresas básicas de Guayana se está marcando una senda. Con firmeza de acero los trabajadores muestran que con unidad y disposición de lucha, se pueden imponer ante la arbitrariedad.

Diseño gráfico: Sala de Información.

Glencore, el zar del aluminio venezolano

Clavel A. Rangel Jiménez, Correo del Caroní

En la práctica, las empresas estatales del aluminio en Venezuela se han convertido en una suerte de maquila de Glencore, la mayor comercializadora de materias primas en el mundo.

La trasnacional de origen suizo resultó ser el principal proveedor, cliente y en ocasiones hasta prestamista, al comprar su producción a futuro a cambio de efectivo inmediato.

Como deudores de Glencore, la industria estatal del aluminio ha llegado, en las ocasiones más extravagantes, a pagar a Glencore con insumos que le ha comprado, nada más y nada menos, que a la misma Glencore.

Son escenarios de un mismo circuito en el que la trasnacional traslada bauxita y otras materias primas hasta Guayana y luego se las vuelve a llevar como aluminio y otros productos terminados.

En el comercio de la bauxita y el aluminio venezolano Glencore parece estar en todas partes. Le favorecen condiciones inéditas, pero que fueron aceptadas por los representantes de las empresas básicas y funcionarios de un gobierno que se proclama socialista y antiimperialista.

Bajo esa administración, por ejemplo, CVG Bauxilum por primera vez ha tenido que acudir a una empresa trasnacional para importar bauxita, el mineral primario para la fabricación de aluminio.

La trajo desde Brasil, Guyana y hasta desde Indonesia por intermedio del trader suizo. Luego lo suministró en forma de alúmina -el compuesto precursor del aluminio- a la industria transformadora estatal, que con eso fabricó aluminio del que 30 por ciento estaba previamente reservado como pago de deudas contraídas… con Glencore.

Es un negocio redondo para Glencore, una de las transnacionales más poderosas del mundo en el mercado de materias primas.

La firma suiza compra y vende en todo el planeta desde maíz hasta petróleo y no en vano tiene su propia sucursal en Ciudad Guayana, donde florece a pesar de las proclamas anticapitalistas del Socialismo del siglo XXI.

Futuro empeñado

Sólo entre 2009 y 2010 Glencore reservó cerca de un millón de toneladas de aluminio en contratos a futuro. Y aun antes de volverse proveedor, ya esos convenios generaban pérdidas millonarias al Estado venezolano.

En esa relación comercial, Bauxilum ha firmado tres contratos desde 2005 y negociado tres extensiones que la comprometen hasta 2018. Eso sin contar otro suscrito el 30 de agosto de 2011, en el que garantizó el suministro de 1,4 millones de toneladas de bauxita a cambio de un préstamo por 120 millones de dólares.

Ese último acuerdo fue autorizado por el entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, quien llegó al cargo -precisamente- por el escándalo que provocó su antecesor, Rodolfo Sanz, por esos contratos.

Rodolfo Sanz

Mientras Sanz decía que esos acuerdos eran un “vicio perverso porque terminan apoderándose de las empresas y terminan ellos haciendo lo que les da la gana” (18 de julio de 2009), en el cuarto piso del edificio de Bauxilum les colocaba su firma.

En esas compras a futuro, Glencore se aseguró todas las de ganar: en lugar de pagar los cargamentos al precio del mes inmediatamente anterior registrado en la bolsa de valores del London Metal Exchange, como se estila en todo el mundo, la República Bolivariana de Venezuela aceptó que Glencore y Noble Resources, otra trasnacional, escogieran el mejor precio -el menor- de los últimos tres meses de cada despacho.

De haberse cumplido los convenios al pie de la letra, hasta septiembre de 2013 el Estado habría dejado de percibir algo más de 10 millones de dólares -US$ 10.126.297 con exactitud- sólo por la venta de 183.600 toneladas de aluminio primario y 32.400 de cilindros que Alcasa, otra de las empresas del complejo del aluminio de la Corporación Venezolana de Guayana, se comprometió a enviar en condiciones preferenciales en un contrato firmado el 1 de diciembre de 2009.

Pero ya se ve que con Glencore se negoció mucho más que eso. Los compromisos financieros de CVG Alcasa y CVG Venalum con el gigante suizo -en esas condiciones- reservaron alrededor de 964 mil toneladas de aluminio, el equivalente a casi toda la producción de los últimos tres años.

Amén de quebradas, las empresas básicas del aluminio están hipotecadas con Glencore.

La emergencia eléctrica de 2010 obligó a desconectar buena parte de la cadena de producción, por lo que salir de las deudas se ha hecho cada vez más complicado. La transformación de bauxita en alúmina, por ejemplo, pasó en seis años de casi 2 millones de toneladas a unas 807 mil anuales. En este marco, Bauxilum aún le debe a Glencore más de 3 millones de toneladas de alúmina, una cifra que supone entregar la totalidad de la producción actual de casi cuatro años.

Aunque ahora los contratos están suspendidos por “razones de fuerza mayor”, las empresas aún deben parte de los 540 millones de dólares de anticipo que recibieron al momento de su firma.

El monto fue depositado en una cuenta offshore de las estatales en una oficina comercial del banco ruso Gazprombank en el Líbano y, según los convenios, ese “adelanto” se pagaría con descuentos de 700 dólares a cada una de las toneladas despachadas entre 2010 y 2012.

Los contratos a futuro existen en todo el mundo con cláusulas como la 11.3, que establece que si un evento impide el despacho por más de 90 días, entonces las condiciones serán extendidas por un período igual a la fecha de cesantía.

Lo que no es usual, explica un comprador nacional de aluminio, es que se tengan que pagar con más 162,9 dólares por cada tonelada, un plus que puede interpretarse como una compensación por los intereses generados; sólo que ese excedente equivale a 30% del anticipo. Es decir, hay un elevado 20,23% anual de interés sobre saldos. “Pareciera una grosería achanchullada”, señala.

Bauxilum se va a pique

Muy pocos en la industria hablan de esos contratos. Los compromisos con Glencore se hicieron tabú luego de que el presidente Hugo Chávez ideara el Plan Guayana Socialista 2009-2019, cuyo propósito era la transformación de la materia prima en Venezuela.

La transición al socialismo soñaba con lograr el llamado desarrollo de aguas abajo que buscan en Guayana desde hace 60 años, para que el aluminio termine siendo procesado en estas fronteras en lugar de salir al exterior. En la realidad, sin embargo, hoy hay más dependencia de las transnacionales.

El caso de Bauxilum es emblemático por lo contradictorio con el discurso oficial: datos del sistema SAP de información de la empresa, un informe de auditoría de 2013 (AL-DCPM-XX/12) y los documentos de Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias desde 2010 a la fecha, confirman que Bauxilum se va empeñando al tiempo que Glencore se beneficia.

La crisis alimenta un círculo vicioso: ahogada en deudas y caídas de la producción, Bauxilum accede a hacer más deducciones de dólares por tonelada a cambio de dinero fresco de Glencore.

La táctica le permite ganar tiempo para aplacar conflictos laborales, pero no de gratis. Bauxilum queda comprometida para el futuro. Deberá enviar más alúmina a Glencore, pero a cambio de menos divisas en los próximos años.

Los informes de Memoria y Cuenta que el Ministerio de Industrias ha presentado desde 2010 resultan elocuentes: las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana han disminuido su producción en la misma medida que ha crecido su relación con Glencore. Bauxilum, de hecho, registra una caída de 70 y hasta 80 por ciento de su capacidad instalada en cuestión de seis años.

Trasnacionales prosperan

La firma de los contratos a futuro coincidió con el inicio de una crisis en toda la cadena de producción del aluminio, que arrancó en la mina de bauxita de Los Pijiguaos, ubicada al oeste del estado Bolívar, donde en 2012 por ejemplo llegaron a extraer el mínimo histórico de 2 millones de toneladas de bauxita, apenas un cuarto de los 6 millones de toneladas que como promedio solía producir.

La sustitución de importaciones que la industria había logrado durante décadas se revirtió en tan sólo cinco años. Con la tercera reserva de bauxita más grande del mundo, Bauxilum importó 1,3 millones de toneladas de bauxita a través de Glencore, provenientes de Brasil, Guyana e Indonesia, que según el sistema SAP de la estatal, le costarán 106 millones de dólares.

De acuerdo con el informe de auditoría AL-DCPM-XX-12, el producto no sólo se compró con sobreprecio, sino fuera de especificaciones técnicas.

Para justificar el requerimiento, la gerencia adujo la desinversión en la industria, bajos niveles del caudal del río Orinoco para el traslado de la bauxita en gabarras y el consecuente aumento de las demoras en los tiempos de descarga por el daño de un equipo indispensable.

Roberto Wellisch, accionista de ACBL, CEO de Palmat Internacional y representante de Glencore en Venezuela.

Pese a la emergencia, Bauxilum eventualmente decidiría -en 2012- disponer de bauxita para amortizar sus deudas con la empresa de transportación ACBL de Venezuela, en donde figura como accionista el representante de Glencore en Venezuela, Roberto Wellisch.

En esa transacción, Bauxilum otorgó a ACBL un cargamento de bauxita cotizado a precios más de dos veces por debajo del monto por el que la empresa estatal lo había adquirido, lo que quiere decir que compró caro y revendió barato al mismo grupo de empresarios.

“Durante 2011 y 2012 CVG Bauxilum adquirió 900.000 t de bauxita a un precio de 85 US$/t en el mercado externo a la empresa Glencore AG, requerimiento basado en una serie de factores que han incidido negativamente en la disponibilidad de ese material”, reza la auditoría.

“CVG Bauxilum celebró el contrato denominado ‘Venta de 900.000 t de bauxita de fecha 27-04-2012’ con la empresa ACBL Venezuela LTD, contratación aprobada por la junta directiva en su reunión JDB-2012-07-E del 30/04/2012, el cual fue vendido a un precio de 32 US$/t, para ser despachado en ese año (300.000 t) y en el 2013 (hasta 600.000 t), situación que no es cónsona con la necesidad planteada de insuficiencia de bauxita que motivó la adquisición de 900.000 t a Glencore AG durante los años 2011 y 2012”.

Sólo en esa triangulación se evaporaron 47,7 millones de dólares. El documento dice que Bauxilum demandó 28,8 millones de dólares por un cargamento similar al que meses antes había adquirido por 76,5 millones.

En las últimas semanas el representante de Glencore, Roberto Wellisch, ha visitado Guayana. Se supo que pidió a Venalum retomar sus intercambios, suspendidos en marzo de 2013, pero esta vez a cambio de facilitarle el coque de petróleo calcinado, un insumo requerido para la fabricación de ánodos de carbón que falta en sus plantas.

Gerente de Logística de Venalum, teniente coronel (Ej) Larry Aragort.

Según una carta filtrada desde la propia CVG, Palmat -la representante de Glencore en el país- propuso al gerente de logística de Venalum, teniente coronel Larry Aragort, entregar 200 mil toneladas de coque de petróleo calcinado en el puerto de la estatal -a un precio de 450 dólares por tonelada- a cambio de mil toneladas de aluminio de mejor calidad entre agosto y marzo de 2014, con las mismas condiciones del contrato de 2009. Venalum aceptó la oferta el 2 de agosto, según consta en la comunicación GL-155/2013.

El convenio es conservador, sin embargo, en comparación con las 604 mil toneladas de aluminio que Venalum comprometió a finales de 2009, a días de que el presidente Chávez decidiera desincorporar el equivalente a dos líneas de producción bajo el pretexto de la emergencia eléctrica.

La decisión del Gobierno logró que Venalum, hasta entonces una tacita de aluminio con récords de producción y uno de los mejores contratos colectivos de la región, empezara a hacer aguas. A partir de entonces no ha logrado recuperarse.

De 422 mil toneladas producidas en 2009, ha caído a 266 mil al cierre de 2012. Un efecto de la debacle fue que las empresas básicas debieron salir a comprar 60 mil toneladas de aluminio primario en mercados internacionales para pasar a ser simples revendedores.

De acuerdo con los datos de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística, Venezuela sólo ha importado de Estados Unidos y Brasil 6.941 toneladas del metal de las 115 mil toneladas de aluminio autorizadas por Chávez en el punto de cuenta Nº 065/10 el 4 de junio de 2010. De no haber un error, las empresas básicas pagaron más de lo que llegó al país.

¿A dónde fue a parar el aluminio que el gobierno importó?

Producción de alúmina en picada

Según cifras del propio gobierno asentadas en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias 2012, así va la producción en Bauxilum:

2006: 1.891.596 toneladas métricas.

2007: 1.750.956 toneladas métricas.

2008: 1.591.318 toneladas métricas.

2009: 1.376.045 toneladas métricas.

2010: 1.243.910 toneladas métricas.

2011: 1.222.000 toneladas métricas.

2012: 807.324 toneladas métricas.

(*) Este reportaje es parte de un proyecto del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), que se investigó y publica en forma simultánea con el diario El Universal, de Caracas, Correo del Caroní y Armando.info.

Diseño gráfico: Sala de Información.

El prontuario de Ferrominera Orinoco

Empleados han pedido que la investigación por el caso de corrupción llegue hasta las últimas consecuencias.
FOTO CARLOS LEÓN

10 personas afrontan procesos penales por hechos ocurridos en la extractora y procesadora de mineral de hierro. Los casos involucran desde una huelga, corrupción y hasta el asesinato de un trabajador.

El pilar de la industria ferrosiderúrgica afronta dificultades para pagar la nómina, tiene cuentas por cobrar millonarias y adeuda despachos de mineral de hierro comprometidos en irregulares condiciones.

23 millones de toneladas es la capacidad instalada de procesamiento de mineral de hierro de Ferrominera Orinoco, el 1% en el mercado mundial y el segundo lugar en el mercado latinoamericano. De primero está Brasil. (Informe 2007, IVES)

Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com

El corazón de la industria ferrosiderúrgica del país vive un tormento. En tres años en Ferrominera Orinoco ha pasado de todo.

Al menos una decena de accidentes laborales con implicaciones graves, la detención del secretario general, huelgas de hambre, marchas, buques cargados con droga, el asesinato de un trabajador y ahora siete personas asociadas a un proceso penal por corrupción y legitimación de capitales.

La empresa pilar de la cadena ferrosiderúrgica ha estado en el centro de la mirada pública en este período por diferentes motivos.

Durante varios años, los espacios de Ferrominera eran los predilectos por el poder regional para recibir al fallecido presidente Hugo Chávez, quien desde los espacios de la estatal realizó cadenas de radio y televisión,

al tiempo que la compañía se consolidaba como la caja chica del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la región.

La más sólida hasta hace poco de las industrias básicas, llegando incluso a pagar parte de la nómina de otras estatales, hoy afronta una dura carga:

deudas por cobrar millonarias y parte de su producción hipotecada en contratos leoninos.

Al finalizar el 2012 la factoría produjo 17 millones de toneladas de mineral de hierro, según memoria y cuenta 2012 del Ministerio de Industrias, casi el 60 por ciento de la producción se envió al mercado internacional.

Entre 2008 y 2012 los costos de producción de una tonelada aumentaron en 185 por ciento.

Accidente impune

Hernán Quivera, Juan Carlos Forero y José Gómez, trabajadores de Ferrominera Orinoco, resultaron quemados luego de una descarga eléctrica en la sala R2 de Planta de Pellas.

Los ferromineros formaban parte del equipo que -según el entonces presidente Radwan Sabbagh- investigaban varios “saboteos” en la planta.

20 de septiembre de 2010. Trasladan a los tres trabajadores quemados a la Unidad de Quemados en el estado Zulia.
FOTO CORREO DEL CARONÍ / ARCHIVO

Quivera, de 36 años y jefe de área, presentó quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo y no sobrevivió. Sus acompañantes tuvieron heridas en 25 y 50% y fueron tratados en el Hospital Coromoto del estado Zulia.

El entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, dijo que se trataba de un “asesinato” y que habían dos personas recluidas en el Cicpc consideradas sospechosas; nunca dieron los nombres de los detenidos.

“Los trabajadores nos encontramos de luto para que este asesinato no quede impune (…) Lo importante es que a pesar de esta desesperación que tiene la oposición contra las empresas, ha venido actuando no sólo contra la estabilidad laboral sino contra la vida de los trabajadores, no va a tener resultado”.

Tres años después ni se establecieron sanciones, ni hubo detenidos, ni se demostró el sabotaje sugerido por el titular del Ministerio de Industrias Básicas.

Caso Renny Rojas

El 9 de junio de 2011, los trabajadores elegirían a la comisión electoral para las elecciones en Sintraferrominera. El ambiente en el portón de la fábrica era tenso pues habían transcurrido unos meses de la puesta en libertad del secretario general del sindicato, Rubén González, detenido durante 17 meses por una huelga.

En el período que González estuvo preso siempre responsabilizó de su situación a su contrincante, el ex secretario de organización, Alfredo Spooner, y al gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.

De modo que aquel evento en el portón de la fábrica, con la presencia de los movimientos sindicales, estaba cargado de mucha confrontación.

El 9 de junio de 2011, el trabajador Renny Rojas recibió un tiro en el cuello en medio de una pelea en el portón de Ferrominera Orinoco.
FOTO WILLIAM URDANETA/ARCHIVO

Ese jueves, antes de las 8:00 de la mañana, minutos antes de comenzar la elección de la comisión electoral, se generó una trifulca en el portón que terminó a disparos.

El dirigente oficialista de 28 años, Renny Rojas, recibió un tiro en el cuello y murió a los pocos minutos.

Luis Manuel Quilarque, dirigente del área de ferrocarril, resultó herido en la pierna, así como un desempleado.

Dos años después no hay una sentencia firme sobre este caso. El proceso judicial que inició en julio de 2011 ha sido retardado y obstaculizado.

Proceso penal en el congelador

Por la violencia suscitada el 9 de junio de 2011 afrontan un proceso penal el trabajador Rodney Álvarez, acusado de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles y el ex secretario de finanzas del sindicato, Héctor Maicán.

Maicán fue apresado el mismo día de la muerte del ferrominero Renny Rojas y acusado de lesiones personales leves y uso indebido por arma de fuego por haber disparado en el portón de la fábrica y herir al empleado Luis Quilarque. A los dos días sale en libertad con una medida sustitutiva de libertad.

El 17 de junio de 2011 el tribunal dicta orden de captura contra el trabajador de Ciudad Piar, Rodney Álvarez. De acuerdo a los alegatos del Ministerio Público, de la inspección del suceso se deduce que Álvarez “es la persona que se encontraba ubicado a escasa distancia del occiso y en posición de la línea de tiro con respecto a la víctima”.

Efectivos militares estaban en el portón el 9 de junio de 2011. Las cámaras de seguridad de Ferrominera Orinoco grabaron los hechos.

Los resultados del video de seguridad patrimonial de la fábrica nunca fueron mostrados a la prensa. El secretario general del sindicato, Rubén González, acusó y sostiene hasta hoy que el responsable del asesinato de Rojas es Héctor Maicán.

La causa fue radicada en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 19 de marzo de 2012, por decisión de la magistrada Ninoska Queipo. Un año después no se ha iniciado el juicio.

Despedidos aún en la calle

Seis trabajadores fueron despedidos un mes después del homicidio del ferrominero de 28 años, Renny Rojas.

La empresa los acusó de actos inmorales y falta gravísima por haber estado en el sitio de los acontecimientos el 9 de junio de 2011, cuando resultó muerto el joven y herido otros dos.

Pese a la acusación de la compañía, ninguno de los detenidos fue citado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a rendir declaraciones. Sintraferrominera catalogó la decisión como parte de una campaña intimidatoria y una retaliación política por cuanto los despedidos son afectos a Rubén González (secretario general).

Casi un año después los cesantes deciden iniciar una protesta en el portón de la fábrica y el 14 de mayo de 2012 los despedidos arman una carpa, la cual se convirtió tras 213 días en un campamento denominado “de la dignidad”.

La carpa fue desarmada el 13 de diciembre, siete meses después, sin respuestas concretas salvo la voluntad del entonces presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, de interceder en el caso y la intervención del gobernador Francisco Rangel Gómez.

“Carpa de la dignidad” instalada el 14 de mayo de 2012 exigiendo el reenganche de seis trabajadores despedidos.
FOTO WILLIAM URDANETA/ARCHIVO

A dos años de esos despidos, los afectados -la mayoría con más de 20 años de antigüedad en la estatal- no han sido reincorporados a sus puestos de trabajo.

“El Tiburón” que extorsionaba

Coronel (GN) Juan Carlos Álvarez Dionisi, “El Tiburón”.
Foto: diario El Carabobeño

El 5 de mayo de este año la Dirección Central de Contrainteligencia Militar cita al ex presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, a gerentes y clientes de la estatal a declarar por el caso de presunta extorsión que se le sigue al coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi.

De acuerdo con el documento, publicado en Correo del Caroní el 11 de julio de este año, el presidente y contratistas de la estatal acceden a pagar millones de dólares por el temor de ser involucrados en un expediente titulado “el cartel del hierro”.

Por ese caso el 25 de junio los fiscales 54º nacional y 2º nacional auxiliar acusaron al militar y al joven de 23 años, Carlos Viera, representante de la empresa Viherca, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir; Álvarez Dionisi también es señalado de extorsión e incremento patrimonial.

Sabbagh (izq) y Mustafá (der) en el ojo del huracán.
Composición gráfica: Sala de Información

Algunos de los citados en calidad de víctimas, como Radwan Sabbagh y el empresario Yamal Mustafá, hoy están detenidos por un expediente adicional abierto por el Ministerio Público por el desvío de una partida presupuestaria.

Copia del expediente del coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, acusado de legitimación de capitales y extorsión.
FOTO CORREO DEL CARONÍ

El expediente fue radicado el jueves a Caracas para evitar que intereses regionales afecten el normal desarrollo del proceso.

Corrupción y desvío de partidas

El 21 de julio el Juez Quinto de Control admitió las imputaciones solicitadas por el Ministerio Público contra la ex gerente general de Administración y Finanzas, María Rodríguez; la gerente de Finanzas, Carolina Acosta y al consultor jurídico, Noel Ramírez.

A los dos trabajadoras se les acusa de la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, malversación agravada y asociación para delinquir; a Ramírez los mismos delitos que sus compañeras, salvo el de malversación.

En el mismo proceso fue imputado el empresario presidente del diario Primicia, Yamal Mustafá, por ser presuntamente cooperador inmediato en el delito de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir; además se solicitó la congelación de las cuentas bancarias y el traspaso de sus bienes.

A los arrestados se les acusa del presunto desvío de una partida presupuestaria destinada a la recuperación de la capacidad instalada de Ferrominera Orinoco.

Los cinco están recluidos en la Base de Contrainteligencia Militar Nº 51 en Ciudad Bolívar donde esperan por su traslado a Caracas para la audiencia preliminar.

Composición gráfica: Sala de Información.

Gobierno respalda radicación del caso

“Esto tiene que ver con garantizar que se haga justicia y que se llegue hasta las últimas consecuencias en el avance en la lucha contra la corrupción”, dijo el ministro del Poder Popular para Industrias, Ricardo Menéndez, al referirse a la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de trasladar a Caracas el proceso judicial sobre las presuntas irregularidades durante la gestión del ex presidente de CVG Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh.

Traslado en Puertas

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) aguarda instrucciones para trasladar a la capital a los imputados por el caso de FMO, entre los que se encuentra Yamal Mustafá, propietario de Corpobrica y presidente del diario Primicia, y el ex presidente de la estatal del hierro, Radwan Sabbagh.