Un país de mentira y de mentiras

Elides Rojas, El Universal

La verdad no es la verdad. De hecho no existe la verdad. Lo que existe es un atisbo de verdad o algo cercando a la verdad.

Pero nunca la verdad ha sido buena. Tampoco mala. Está en el mundo de la relatividad. Puede ser o no puede ser. Tal vez.

Nunca se sabe cuando la verdad será buena o mala. A duras penas podría ser conveniente, aunque no tanto. Eso también depende. No obstante, recomendar decir la verdad, es lo usual y lo éticamente válido. Pero cumplirlo no necesariamente es lo más recomendable. Hay de todo.

Lo que sí es un hecho es que en materia de verdad debe existir una sola, no dos ni tres. Eso está comprobado.

Ya George Orwell con su Ministerio de la verdad, de la novela 1984, había adelantado esta idea del doble pensamiento y en el método de reescribir la historia como una manera de confundir, entrar en el plano de lo que nadie entiende (Como el comienzo de esta nota) y mantener a la gente en vilo todo el tiempo.

Es el truco eterno del comunismo cuando existía como modelo válido. Ahorita es una burla de sistema como en Cuba o Corea del Norte, demostraciones palpables del fracaso histórico de estos proyectos de país, aunque se mantengan con sus dictadores por años y por varias generaciones.

Pero, entre otras cosas, es con el uso de la manipulación descarada de la información y concretamente con la contrainformación como escudo es como se mantienen con la espada en la mano. Por esa es la otra: o le crees la versión al gobierno o te atravieso con la espada. Es el poder absoluto.

Así lo hacen en la isla propiedad de los Castro. Así lo han hecho en Corea del Norte. Y así pretenden hacerlo en Venezuela los Castro por intermedio de sus mandaderos ya suficientemente conocidos e identificados, con inclusión del comandante ya retirado.

Se arma un zafarrancho con Estados Unidos y Maduro expulsa, acusándolos de golpistas, a funcionarios del imperio. De allá para acá le responden con lo mismo: fuera Calixto Ortega y dos más.

Pues resulta y está probado que la representación diplomática venezolana se la pasaba reunida con los dirigentes más ñángaras de Estados Unidos sin ningún problema.

Maduro acusa a los trabajadores de la CVG de conspirar con el imperio y de sabotear a la industrias básicas y les suelta los perros a los manifestantes. Resulta que, en el empeño de engañar a todo el mundo todo el tiempo, acaba de ganarse la enemistad de todos los trabajadores chavistas de Bolívar.

En Venezuela, por ejemplo, no hay hampa ni crimen desatado. Lo que existe es sabotaje del imperio.

En Venezuela no hay escasez ni pobreza ni ruina ni falta de divisas por pésimas ejecutorias inspiradas en la Cuba de los Castro; lo que hay es una guerra económica ejecutada contra el país por la oposición, el imperio otra vez, los empresarios y todo aquel que pase por Chacao o vaya a un acto con Capriles.

En Venezuela no hay un sistema eléctrico podrido. Lo que hay es sabotaje de la derecha amarilla.

En Venezuela la oposición sale todos los días a las calles a romper las aceras y a abrirle huecos a las avenidas. Eso es lo que hay. Un país sin verdad.

Un país de mentira y de mentiras.

Diseño gráfico: Sala de Información.

Militarizar

César Miguel Rondón

Militarizar es un verbo peligroso. Militarizar es un verbo que le quita espacios importantes a la noción de democracia.

La democracia es fundamentalmente un asunto civil, es el gobierno de las mayorías y las mayorías siempre son civiles.

Cuando se militariza una ciudad es porque de alguna manera la situación se le fue de las manos a alguien, básicamente al gobierno. En este caso al Gobierno Nacional, porque lo que detona la militarización de Ciudad Guayana tiene que ver con las Empresas Básicas, y estas las maneja directamente el Gobierno Nacional.

“Militarizar es poner en evidencia a un gobierno que se siente acorralado, que se siente frágil, débil”

Desde hace semanas, meses -¿y por qué no decirlo?-, años, Guayana ha sido el centro de informaciones penosas, lamentables, negativas. Ese sueño de una Venezuela moderna que se tuvo en los años 60’, que la democracia construyó con las grandes Empresas de Guayana, con la fundación misma de la ciudad, esos sueños se han hecho añicos con el paso del tiempo y, especialmente, en estos últimos 15 años de Revolución Bolivariana.

Una revolución que se inició con el cruento intento de golpe militar en el año 1992, y que jamás se ha quitado ese apellido, el apellido militar. Todo lo contrario, cada vez lo acentúa más.

Pues bien, el Gobierno ha evidenciado su impericia, su ineficacia para manejar los asuntos de envergadura y sólo le ha quedado militarizar a Ciudad Guayana.

La pregunta fundamental es: ¿continuará adelante ese proceso de militarización? Porque ese verbo solo lo conjuga en primera persona el poder, el gobierno. Nosotros los civiles no tenemos cabida.

Ahora, militarizar también es poner en evidencia a un gobierno que se siente acorralado, que se siente frágil, débil. Hemos comentado en los últimos días la acusada paranoia que manifiesta ya públicamente el señor Nicolás Maduro.

Hoy, por ejemplo, El Correo del Orinoco cita a la Ministra de Comunicación, la señora Delcy Rodríguez, la polémica hermana del muy polémico Jorge Rodríguez. En el titular de marras dice: “Presidente Maduro presentó pruebas contundentes de conspiración de la funcionaria Kelly Keiderling”. ¿Cuáles son las pruebas? Según leo: Existen cables develados por WikLleaks –¡imagínese usted!- que demuestran la relación de la diplomática con el líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles Radonski.

“Cuando se militariza una ciudad es porque la situación se le fue de las manos al gobierno”

Es decir, es un delito ser amigo de Henrique Capriles o tan si quiera tratarlo. Ella, la señora Keiderling -continua la Ministra Rodríguez-, es una persona que fue experta en captar personas intelectuales y artistas en Cuba para la CIA. Existen cables filtrados, develados por WikiLeaks, que demuestran la relación de Kelly Keiderling con Henrique Capriles.

La CIA financia a Capriles y a todos los planes desestabilizadores que pueden ser causados en Venezuela y abiertamente el opositor los acepta sin ningún problema.

En El Universal, le citan: “Los diplomáticos -es decir los americanos- no se reunieron con factores políticos sino con factores desestabilizadores y de oposición que están inmersos e incursos en planes conspirativos contra sectores sensibles de la población, como la electricidad, la guerra económica”.

Esta cita ya delata a la Ministra Delcy. Evidencia su susto, su pavor. Es decir, todo aquello que sea opositor es enemigo, y, por lo tanto, hay que aplastarlo. Por ello se militariza Ciudad Guayana. Ojalá no sea la primera de una lista.

“La democracia es fundamentalmente un asunto civil”

Mientras, señora Delcy, señor Maduro y demás miembros del Gobierno revolucionario, es bueno que anoten lo siguiente: según sus propias cifras, es decir, según las cifras del Banco Central de Venezuela, tal como lo reza el gran titular de El Nacional: “Un billete de 100 bolívares ya solo alcanza para un cartón de huevos”. Lo que podía comprar en el 2007 ahora cuesta 423 bolívares. Si pensamos en el bolívar viejo, estamos hablando de 100 mil bolívares.

¿Usted sabe lo que significa que tenga un billete de 100 bolívares en el bolsillo y eso no sirva para prácticamente nada? ¿Militarizarán también el billetico de 100?

“Tres de cada cuatro venezolanos están pidiendo cambio de gobierno”

David Ludovic y Janet Yucra. Fotografía: Lisandro Casaña – Notitarde

“El gobierno está entrampado”. Con esta frase categórica Alfredo Keller, director de la empresa encuestadora Keller&Asociados, resume la perspectiva política del oficialismo para los próximos tres meses.

No suelta este augurio casi profético a la ligera. Como una persona que tiene más de treinta años tratando de entender por qué el venezolano se comporta políticamente de la manera en que lo hace, Keller complementa esta frase y todas las demás respuestas que da con cifras, porcentajes y proyecciones provenientes de su último estudio de opinión pública, que fue difundido la semana pasada y que demuestra, entre muchos otros hallazgos, que el chavismo se ha ido convirtiendo en minoría, especialmente desde la muerte de Hugo Chávez.

La razón de la “trampa” en la que, a juicio de Keller, se encuentra sumido el gobierno de Maduro, es su distanciamiento de las necesidades de la ciudadanía, por un lado, y la “herencia” de su predecesor, por otro.

“Este gobierno va a contrapelo de los intereses populares y lo que ofrece tiene un costo político muy grande: corregir los entuertos del llamado socialismo del siglo XXI. Lo que está ofreciendo tiene un costo político muy grande: corregir los entuertos del socialismo del siglo XXI, como lo muestran medidas como las devaluaciones. Vemos incluso que la gente reclama contra políticas que vienen de la época de Chávez, como las expropiaciones”.

– ¿Por qué no es sino hasta ahora que hay protestas con ese tipo de temas?

– Porque ahora es cuando están entendiendo algo que con mucha timidez y voz baja viene diciendo la oposición y el sector privado desde hace mucho tiempo: las expropiaciones llevan a poca productividad, lo que lleva a la escasez y a la inflación. La gente empieza a comprender que el problema no está en la incompetencia de quienes aplican el modelo de controles en sí mismo y empieza a haber un rechazo.

“El gobierno está entrampado”

– ¿Hay mediciones que muestran ese proceso?

– Sí las hay. Hay un estudio que realizamos acerca de la relación entre libertades y controles políticos y económicos. En 1998 ese estudio demuestra que muchos venezolanos demandaban controles de ambos tipos: solamente 27% quería libertad política y 35% libertad económica.

Luego de que Chávez llegó, empezó a aplicar justamente lo que la gente pedía: controles. A partir de allí se observa la huida de los controles y las demandas de libertades.

Ese mismo estudio, pero realizado este año, arroja 62% de los venezolanos pidiendo libertad política y 59% pidiendo libertad económica, pero el gobierno sigue empeñado en quedarse en la otra esquina. Eso muestra que los venezolanos cada vez están más distanciados de las ofertas centrales del gobierno.

Sin embargo, pese a que las personas están pidiendo libertades, si el gobierno empieza a liberar, el costo político es doble: por un lado, es una traición a las bases del chavismo radical, incluso a su antecesor, y por el otro, pierde credibilidad, porque levantar los controles es una muestra de su fracaso. Por eso insisto en que está entrampado.

– ¿Incluso los chavistas están en esos grupos de distanciados?

– Sí, especialmente los llamados chavistas “periféricos” o chavistas “light”, que van abandonando el chavismo y terminan en los independientes, pues no se van a pasar a la oposición de un solo plumazo.

Discurso versus realidad

Otro de los problemas que a juicio de Keller afronta Nicolás Maduro (y que le pasará factura en las elecciones municipales) es el deterioro de la calidad de vida del venezolano que, a su juicio, no puede “disfrazarse” pese a “lo que él intenta hacer ver y que el oficialismo vende a través del control mediático que tiene del país. Los ciudadanos ya no se están ‘comiendo el cuento’. Se nota la diferencia entre discurso y realidad y las encuestas lo demuestran”.

– ¿Cuáles son los resultados de los estudios en cuanto a esa percepción?

– 61% de los venezolanos ven hoy al país por mal camino y solo 39% son optimistas. Aquí vale la pena retomar que los ciudadanos hacen inevitablemente una comparación con Chávez, y Maduro no es Chávez.

Las condiciones de vida con Chávez eran percibidas infinitamente mejores que con Maduro. Hay una diferencia de 38 puntos entre cómo estaba la lectura del país a finales del año pasado (cuando Chávez se despidió) y ahora hacen la comparación con Chávez.

Maduro no es Chávez, pero las condiciones de vida con aquel eran infinitamente mejores que las que hay con Maduro. La diferencia es de 38 puntos entre cómo estaba la lectura del país a finales del año pasado, cuando Chávez se despide, y la situación que tenemos ahora.

Al buscar la explicación a ese descenso brusco encuentras que se han incrementado todos los problemas económicos: 65% de la población cree que la economía está empeorando.

– ¿Y cuánto de ese porcentaje es chavismo?

– Si quienes se definen como chavistas son 34% del país, eso quiere decir que 22% de los chavistas ven el país mal. Eso genera un problema interno en el chavismo, una grave insatisfacción con la gestión de Maduro.

“Este gobierno va a contrapelo de los intereses populares”

La relación entre realidad y propaganda no se circunscribe únicamente al ámbito económico. También los conflictos internos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) evidencian, para Keller, una fragmentación en lo político, que obedece, según asegura, a la desaparición de Chávez como elemento de cohesión en el oficialismo.

“Cuando Chávez desaparece de escena se descubrió que el chavismo es, en realidad, muchas cosas: lo hay civil y militar; moderado y radical; procubano y anticubano”. Cuando Chávez desaparece, cada uno de estos factores “comienza a jugar su propia agenda”, comenta Keller, quien considera que en el gobierno hay un “triunvirato” constituido por Maduro, como representante del poder civil; Diosdado, del militar, y Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa, representando al poder económico.

“No estando Chávez ¿quién los articula? Cada uno va por su lado y las bases chavistas, que responden a estas agendas distintas, comienzan a reclamar unas líneas que son contradictorias entre sí. Eso explica por qué el chavismo cae: dejan de sentirse afectos a una sola causa. Por eso están los ojos de Chávez y los eslóganes como “Chávez vive”: es lo único que los articula, un fantasma”.

La realidad: ayuda de campaña

Esta contradicción en la dirigencia chavista, y su impacto en las bases, genera lo que Keller llama el otro gran problema del oficialismo (después del deterioro de la calidad de vida y de haberse convertido en minoría): la votación en las elecciones del 8-D.

Keller nuevamente echa mano de su más reciente estudio, que arroja una ventaja de 10% a favor de la Unidad, que se reduce a siete puntos entre los votantes considerados seguros. Una cifra sobre la que duda, basado en su experiencia y en lo que ha denominado el “efecto Carabobo”.

“Generalmente las encuestas son muy buenas para pronosticar resultados electorales, pero donde hay graves dificultades es en la realidad del índice de participación y abstención electoral. Hace muchísimos años, quienes hacemos encuestas venimos analizando por qué podemos predecir resultados electorales y no la participación. Haciendo un análisis yo tomé como piloto el estado Carabobo. Estudié su historia electoral comparando las encuestas existentes con los resultados de participación y abstención y descubrí una constante: una diferencia de 30 puntos entre quienes declaran que van a votar y quienes realmente lo hacen. En las regionales de 2008 la seguridad de ir a votar era de 76% y la participación real 46%”.

– ¿Eso no depende del tipo de elección?

– Sí, sobre todo ocurre en elecciones municipales. Por eso digo que en diciembre la abstención puede ser mayor, ahora que no hay gobernadores en juego, aunque dadas las circunstancias del país y la decisión estratégica de la MUD de “plebiscitarlas”, es posible que se logre disminuir ese “factor Carabobo”.

– Frente a la intención de voto, ¿qué debe hacer la oposición, y qué es lo que realmente hace, sobre todo para tratar de captar a esos “chavistas periféricos” de los que hablábamos antes?

“Los venezolanos cada vez están más distanciados de las ofertas centrales del gobierno”

– La simple realidad está ayudando mucho a la oposición en este caso y ponerla en evidencia ayuda más. Por eso, frente a esa incapacidad de resolver satisfactoriamente los problemas del país, el peso pesado de la estrategia oficialista será en el terreno político, donde tienen varios objetivos. El primero es decapitar al liderazgo opositor: por eso persiguen a dirigentes y diputados, pero no solo al liderazgo político, sino también al empresarial.

– Esa estrategia la aplicó Chávez y le resultó, pero ¿le resultaría a Maduro?

– Hasta ahora no ha tenido mucho éxito; más bien se le ha revertido, como en el caso de Richard Mardo y su intento de comprar diputados.

– ¿Cuáles son los otros objetivos del chavismo?

–El segundo es desnaturalizar los motivos de la oposición. Ella insiste que su camino es democrático, pacífico y electoral, y el gobierno insiste en decir que es conspiradora y golpista. Buscan desnaturalizarla porque si el chavista light no ve alternativa opta por la abstención, que tiene el menor costo político, frente a la posibilidad de que vote por la oposición.

– ¿El chavismo sí compra ese discurso de la oposición violenta?

– Hoy en día solo lo asume el chavismo radical, que es dogmático, para el cual el único cambio posible es a través de un cambio de gobierno, que bajaría hasta 10% o 12% a los radicales chavistas.

El tercer objetivo del chavismo es tratar de desarticular a la oposición, poner a pelear a la Mesa de la Unidad, y el cuarto es estimular la abstención electoral, una estrategia que han hecho toda la vida desde 2004 en adelante.

La última estrategia es ahorcar toda capacidad comunicacional, impidiendo el acceso a los medios de comunicación, y también a los recursos económicos, amenazando empresas.

Buenos radicalismos

Keller también resalta la existencia de dos “tipos” o grupos de oposición en Venezuela: por un lado, lo que llama la “oposición oficial”, constituida por la MUD y que tiene cinco objetivos específicos: preservar la Unidad; demostrar que es una mayoría irrefutable a través de un triunfo contundente; poner la realidad a la vista para deteriorar al actual régimen; reforzar su imagen pacífica y apelar a la necesidad del diálogo.

Por otro lado, sin embargo, Keller recuerda la existencia de quienes creen que los objetivos de la MUD deben complementarse con otras acciones, como reiterar la ilegitimidad de origen de Nicolás Maduro “con todas las consecuencias que eso conlleva”.

– ¿Aunque eso signifique envolver al radicalismo opositor?

– Tendríamos que entrar en las definiciones de “radical”. Para mucha gente radical es que se acabe la inseguridad, la escasez y la inflación. El término radical puede tener dos significados: uno es una “mala palabra” (como puede ser “derecha”) y el otro que está asociado con un cambio para vivir mejor.

La trampa está en que se le ha dado a la palabra “radical” connotaciones violentas y eso es lo que la gente rechaza, pero si logras apartar lo violento, la tendencia radical de la gente es alta. 72% está pidiendo un cambio de gobierno.

Hay que ver lo que significa eso: tres de cada cuatro venezolanos están en contra del gobierno de Maduro, incluido un 20% de chavistas, es decir, uno de cada cinco no votaría por la oposición, pero no quiere a Maduro.

Ilegitimidad que aumenta

Otro de los resultados que Keller comenta de su encuesta es, precisamente, el referente a la percepción de la legitimidad de Nicolás Maduro.

“Pese a la estrategia que desarrolló para demostrarle al país que es legítimo los venezolanos siguen considerando que Maduro no ganó las elecciones”, asegura.

– ¿Cuáles son los porcentajes en este caso?

– Un mes después de las elecciones preguntamos y obtuvimos como resultado que 38% de los encuestados votó por Maduro y 45% por Capriles.

Pensamos que podía ser un error y volvimos a hacer la pregunta en agosto: 40% declaró que votó por Maduro y 46% por Capriles.

Es un fenómeno raro, porque teóricamente luego de los resultados electorales, en la opinión pública se produce un fortalecimiento. Este fenómeno evidencia que hay la percepción de que Maduro no ganó.

Esa percepción es de 45%, frente a 48% que cree que el ganador fue Capriles. Es decir, la legitimidad de Maduro sigue absolutamente cuestionada. Pero no solo hay la convicción de que Maduro no ganó; también opinan que llegó al poder con fraude (54%).

– Si esto es así ¿Por qué no retomar la bandera de la ilegitimidad y de la impugnación a los resultados electorales?

Así como el oficialismo está entrampado, la oposición también en cuanto al sistema electoral. Si tú dices que este sistema es ilegítimo y fraudulento ¿Cómo convocas luego a elecciones municipales, si buscas arrasar? Eso también sería una contradicción.

– Entonces es de esperar que no se vuelva a tocar el tema de la ilegitimidad?

Sí, aunque la oposición tiene argumentos colaterales del mismo tipo, cuando por ejemplo llama “enchufado” al gobierno actual, lo que tiene una equivalencia de significado a decir que es “ilegítimo”.

Por último, Keller reflexiona sobre lo poco certero de convertir a la corrupción en “punta de lanza” de la campaña oficialista para las municipales y asegura que la Habilitante es una excusa para facilitar el camino a la estructura comunal, que a su juicio permitirá una mayor cohesión de las bases del chavismo.

“Mientras mas cohesión interna, mayor preservación de poder tienes; así que necesitas preservar ese tercio chavista del país, al que los cohesiona ese modelo”.

Alfredo Keller es un apasionado del comportamiento

Al conversar con Alfredo Keller se nota, de inmediato, que su pasión por las encuestas y los estudios de opinión, va más allá. “Cuando estudiaba en la universidad lo que me apasionaba y me llamaba la atención es por ¿Por qué somos como somos? En la cátedra de sociología que veía, me resultaban apasionantes todos los modelos de culturización, de creación de cultura, porque somos producto de una cultura, de unos valores, creencias, sentimientos y todo eso, mezclado, hace que seamos como somos”, explicó el entrevistado.

Relató que esta fascinación le hizo descubrir una herramienta que le ayudó a investigar lo que tanto le llamaba la atención, y así encontró los estudios de opinión pública.

“Cuando salí de la universidad, aquí solamente había una empresa que hacía eso y se me fueron dando una serie de oportunidades, hasta que terminé creando una empresa de investigación de mercado de opinión pública”.

Alfredo Keller y Asociados trabaja desde 1998 y desde ese entonces este periodista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), hay un aspecto que caracteriza a esta empresa y es que sus estudios de opinión tienen un segmento dedicado a aspectos culturales. “Es decir, un estudio de lo que la gente cree, siente y valora”.

Para citar un ejemplo, Keller indicó que la empresa acaba de terminar un correlato sobre cultura y sociedad, en el cual tomaron una serie de preguntas que permitió comprender como se dividen los venezolanos.

“Si desde el punto de vista nos dividimos en chavistas, opositores e independientes, también nos podemos dividir en tres grupos, desde el punto de vista cultural, que pesan más o menos lo mismo. Hay unos venezolanos cuya motivación o lo que nos motiva en la vida, son valores mágico religiosos (35%)”.

A estos venezolanos los caracteriza aquella frase tan escuchada: “Dios proveerá”. El otro segmento es el de “los normativos,” que es el más grande, con 38%. Se trata de los venezolanos que hacen lo que “debe ser” y los que dicen: “hay que hacer el bien, sin mirar a quién. El buen gobierno es el que hace cumplir la ley”.

Luego vienen los materialistas que ocupan 27% del estudio. Estas personas funcionan bajo algunas de estas premisas: “no me den, pónganme donde hay. Los logros dependen de los contactos personales. El buen gobierno es el que siente como el pueblo”. De esta forma, responde aquellas preguntas que se hizo cuando era estudiante y le ha permitido saber “por qué la gente se comparta como se comporta”.

La llaman Linda… Blair

Milagros Socorro

Hace dos años fue creado el Ministerio de Servicios Penitenciarios. Desde el primer momento, la titularidad del despacho fue confiada a la entonces diputada a la Asamblea Nacional por el PSUV, Iris Varela, quien hasta ese momento no había revelado experticia en materia penitenciaria, ni por haber desarrollado pericias científicas o en algún sentido profesionales con respecto a una problemática que por su gravedad exigía las más altas competencias.

En vez de eso, Varela había sido asociada y comparada con el personaje de Regan MacNeil, de la película El exorcista (Estados Unidos, William Friedkin, 1973), un film de terror que narra la posesión diabólica de una muchacha, interpretada por Linda Blair, cuyos trances se expresan con violentas invectivas y maldiciones proferidas con voz tan escalofriante que no puede sino tener origen demoníaco.

El rasgo más prominente de Iris Varela era una ira incontenida, que encontró cauce en el hemiciclo parlamentario, donde llegó a arrojarse sobre un diputado para rasguñarlo mientras le gritaba

Iris Varela ataca al periodista Gustavo Azócar

improperios; en el estudio de grabación, contra un periodista agredido físicamente por ella; en las

César Pérez Vivas, agredido por Iris Varela.

pantallas de TV y emisoras de radio, a través de las cuales las audiencias han tenido que tolerar sus verbo soez y destemplado, sus amenazas a la oposición democrática y su ilimitado atropello al habla de Venezuela.

Nada de esto era secreto ni poco difundido. Muy por el contrario.

La imagen de la diputada Varela jadeando después de un ataque era muy familiar. Y cada vez que iban a entrevistarla, con independencia del asunto o de la tensión que éste produjera, la diputada oficialista hacía exhibición de su agresividad mal disimulada.

Tan frecuente y acentuada era su exhibición que ya parecía estar imitando a esos enmascarados de la lucha libre, que dan una vuelta al ruedo sobreactuando su fiereza para atizar el fervor del público.

Hablo en pasado no porque eso haya cambiado, sino para dejar claro cuáles eran los atributos más prominentes de Varela en la circunstancia de creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios y de que Chávez la pusiera al frente.

“La ministra prometió a los ex reclusos que su despacho borraría los antecedentes penales de los presos que lo solicitaran”

No es de extrañar que en junio de 2012 la ministra prometiera a los ex reclusos que su despacho borraría los antecedentes penales de los presos que lo solicitaran, ni mucho menos que lo hiciera en los siguientes términos: “Una persona que tiene nueve años en libertad y está echándole bolas, haciendo su trabajo político, no puede quedar con ese estigma”.

O que hiciera una afirmación tan irresponsable como negar que las cárceles están controladas por presos y no por las autoridades:

“Pranes no hay, y el que los conozca que diga quiénes son”.

A pesar de que, como ha establecido Humberto Prado, coordinador de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP):

Humberto Prado, coordinador de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones

Desde hace años es conocido en el país el liderazgo que determinados reos, denominados en el argot carcelario “pranes”, ejercen sobre el resto de la población penitenciaria, sometiéndolos en la mayoría de las 36 cárceles del país“.

Bajo su ministerio, el problema creció hasta convertirse en una tragedia de ribetes crudelísimos, como los que han sido revelados a raíz de la más reciente matanza en una cárcel nacional, la de Sabaneta en Maracaibo, donde la lucha por el control del milmillonario negocio de las cárceles llegó a extremos como la mutilación de ojos, órganos y miembros en medio del espantoso enfrentamiento, donde hubo tanto plomo que alcanzó para herir e incluso matar a vecinos del penal.

Asimismo, han aumentado hasta convertirse en unos de los principales flagelos del país la extorsión, los secuestros y asesinatos por encargo, coordinados desde las cárceles.

“Pranes no hay; y el que los conozca, que diga quiénes son”.

Sin embargo, fue confirmada en el cargo en abril de 2013, mediante anuncio de Maduro en cadena audiovisual. Pocas semanas antes se había dirigido a la diputada María Corina Machado, por Twitter, diciendo: “MariCori cállate la jeta sifrina llorona”.

A un ciudadano que inquirió por un lenocinio en Táchira, le espetó: “Tu madre lo tiene acaparado”.

Y en la víspera de las elecciones del 7 de octubre, se dirigió a la mitad del país en estos términos: “Chillen escuálidos, compren vaselina porque el palo que le vamos a meter no será de agua”.

Esto violó la Constitución de manera pública y flagrante.

En contraste, la ministra se dirige a los pranes con gran consideración, les ofrece diálogo y los felicita cuando se destacan en un concurso de baile. Ellos, por su parte, la mangonean y le echan en cara su poder.

La ministra Iris Varela visita al pran del Internado Judicial de Santa Ana, Teófilo Rodíguez Cazorla, alías “El Conejo”

En estas manos están las prisiones de Venezuela, esa franquicia mafiosa de un Estado violento.

Diseño gráfico: Sala de Información.

El derrumbe del inquilinato

Daniela Romero Nava, Panorama

“No señora. Si tiene niños no podemos hacer contrato. Usted sabe… Como está la ley… nadie quiere alquilar. A menos que se busque a algún amigo con una empresa y se haga el contrato con la empresa como tal. Esa es una opción, de resto no es posible”.

Esa es la respuesta que, por cuarta vez en la misma cantidad de intentos, obtiene Moraima, trabajadora social y madre de dos niños, de seis y dos años, en busca de una vivienda en alquiler, en Maracaibo.

Sus ingresos, sumados a los de su esposo, alcanzan apenas para pagar la cantidad de 4.000 bolívares mensuales por un techo donde vivir, mientras ahorra —en la medida de lo posible— para comprar una vivienda propia o resultar beneficiada con algún programa social —en los que ha recaudado hasta el más mínimo requisito— que le facilite las maneras de tener una casa.

“Además de que los precios no bajan de 4.000 bolívares (dependiendo de la zona), las condiciones son insólitas. El principal impedimento sigue siendo el tener niños, muy por encima de lo que se aprobó en la reforma de Ley de Arrendamientos, en vigencia desde hace dos años. Sigue habiendo discriminación, aun cuando está prohibida. Eso sin contar la cantidad de meses de depósitos que exigen, no menor a tres o cuatro. Es decir, por una vivienda cuyo arrendamiento tenga un costo de 4.000 bolívares se exige la cifra de 12 mil bolívares o 16 mil bolívares de depósito. Una cantidad exorbitante”.

Aunque la condición no queda expuesta ante los anuncios clasificados que se aprecian en la prensa regional y en las páginas digitales dedicadas al mercado inmobiliario, especificaciones como “Solo para parejas”, “Solo para empresas”, “Para recién casados”, “Para soltero (a)” o “Solo estudiantes”, dejan claro en los avisos que queda excluida la posibilidad de que sea una familia con niños la que pueda ocupar el apartamento o la casa en oferta.

Los constantes “No” que recibe Moraima, no solo se presentan tras el hilo telefónico entre los ejecutivos de las inmobiliarias o los dueños que hacen negocio directamente con el cliente.

En busca de un techo para su familia, le ha tocado caminar las calles y avenidas marabinas que le resulten más cercanas o no al colegio de sus niños, en la avenida La Limpia, en busca de letreros colgados en balcones, conserjerías, o portones que digan “Se alquila”.

“Igual he recibido la misma respuesta: “Ay no, señora. Preferiblemente buscamos a personas sin niños”, replicó decepcionada Moraima al recordar las respuestas.

El peregrinaje —que comparte con su esposo, cada tarde, a partir de las 4:00 pm, cuando salen de sus trabajos y antes de buscar a sus niños en la guardería— obedece al apuro de buscar residencia, pues la que habitan, desde hace seis años, también es alquilada y le han solicitado desocupar.

“La dueña alega que va a hacer remodelaciones en la vivienda y aunque eso va en contra de la Ley contra los Desalojos Arbitrarios, aprobada también en el 2011, entiendo que esa es su propiedad y que debo entregarla. Pero ¿cómo hago? No consigo para dónde irme y tengo dos niños”, relató con angustia Moraima.

La posición de la arrendataria, está basada en el temor a la aplicación de esa ley y también en las malas experiencias infundadas por aquellos inquilinos (que también existen) que se niegan a desocupar el inmueble, aun cuando el propietario tiene la necesidad de ocuparlo.

Así se justifica Jackeline C. propietaria de un apartamento ubicado en el sector Indio Mara y quien también ha mandado a desalojar a sus inquilinos: una pareja con un niño de seis años.

“Yo necesito mi apartamento. Quiero venderlo. Ellos me pagan al día y el inmueble está bien cuidado. Pero tienen siete años viviendo ahí, además de un niño, y eso me da temor por aquello de que la ley protege al menor y hasta que los inquilinos no tengan a dónde irse no se puede aplicar el desalojo. Hay casos en los que los propietarios han tenido que ir a juicios para demostrar que necesitan su vivienda y, aún con sentencia en mano, los inquilinos permanecen dentro de los inmuebles. No quiero pasar por eso”.

A la necesidad de los que no tienen vivienda, la incertidumbre de los propietarios y la usura de algunos que sobrepasan los límites en los precios, se unen las regulaciones establecidas a través del marco legal, entre los que cuentan la congelación de los cánones de arrendamiento aplicados desde el año 2003 a aquellas edificaciones construidas antes de 1987, que en el 2011 fue ajustada y ampliada a través de un mayor control tomado por el Estado para la regulación de este mercado, con la aprobación de la Ley contra los Desalojos Arbitrarios y la reforma a la Ley de Arrendamientos, en la que se establecía que sería el Estado quien estaría a cargo de la fijación de los cánones de arrendamiento, la revisión de los contratos, la determinación del precio de venta de las casas alquiladas, además de la evaluación de los proyectos del sector privado.

En los instrumentos legales se detalla que para la estimación de los alquileres está a cargo la Superintendencia de Arrendamientos y el cálculo toma en cuenta cinco aspectos: el precio del metro cuadrado de la vivienda, las dimensiones del inmueble, la vulnerabilidad sísmica, la depreciación y la región geográfica.

Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

Sin embargo, a juicio del presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, “este parámetro para alquileres es solo una teoría, pues la Superintendencia de Arrendamientos no tiene la capacidad física para atender los casos de arrendamiento en todo el país. Apenas hay algunas oficinas en algunas capitales de estados y en el resto de las zonas los alquileres se llevan a cabo de manera ilegal, pues son notariados sin el documento de visto bueno dado por el nuevo ente creado por el gobierno para la vigilancia de estos contratos”.

En Zulia, los contratos se siguen realizando sin la aprobación de la Superintendencia de Arrendamientos, aun cuando su oficina fue inaugurada y está ubicada en la oficina regional del Ministerio de Vivienda y Hábitat, en el edificio Inavi, en el casco central de Maracaibo.

Víctor Querales, asesor inmobiliario, respalda la versión de Martini al confirmar que los contratos en el Zulia se están efectuando sin pasar por la Superintendencia, y que -peor aún- no se están notariando para no presentar este requisito.

“Los dueños están optando por hacer un contrato privado con el cliente directamente, sin pasarlo por notaría para evitar presentar el requisito representado por el documento de aprobación de la Superintendencia. Nadie quiere arriesgarse a que sea el Estado el que calcule el precio en el que va a arrendar su inmueble”.

La situación, que a juicio del experto en mercados inmobiliarios pone en riesgo a ambas partes, ha dejado como resultado una merma de casi 95% en alquileres en el Zulia, mientras que en todo el país, según Martini, la oferta es casi nula.

“No llega al 1% la oferta, cuando estamos en un país que tiene unos 30 millones de habitantes”

“No llega al 1% (la oferta), cuando estamos en un país que aún presenta un déficit de viviendas considerable y que tiene unos 30 millones de habitantes”, aseguró el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

“El mercado medio se fue abajo por completo”, detalló Querales. “Lo que se aprecia es el alquiler de habitaciones para estudiantes o casas y apartamentos para el alto poder adquisitivo, por el orden de los 25 mil bolívares, exclusivos para empresas”.

Aprovechando este escenario, los propietarios han preferido limitar la oferta a compañías privadas y hasta del Estado, cuyas necesidades alcanzan el uso de una vivienda para residenciar a profesionales de afuera especializados en algún área.

“Por eso la función de la inmobiliaria ha decaído también, pues como ya no es tanto el marco legal manejado, el contrato puede ser entre el dueño y el arrendatario a través de un documento privado. En el caso de las empresas del Estado, la empresa deposita el dinero al trabajador y es él quien hace el negocio directamente con el dueño del inmueble”, aseguró Querales, al agregar que muchas empresas dedicadas al sector inmobiliario han preferido alquilar solo locales comerciales.

Entre el debate de los altos precios, las condiciones para los contratos, la merma en la oferta, el alza en la demanda, las regulaciones de la ley, la incertidumbre de los propietarios y la ejecución de los acuerdos fuera de la Superintendencia de Arrendamientos, Moraima sigue recorriendo la ciudad y revisando a diario los avisos clasificados en busca de un techo en el que pueda resguardarse mientras reúne la cantidad requerida para negociar la opción a compra de una vivienda propia, si es que corre con la suerte de que el vendedor quiera aceptar la aplicación de la Ley de Política Habitacional.

“Hasta ahora todos me han pedido negociar a través del Crédito al Deudor Hipotecario. Esa es otra traba que debo manejar mientras que al mismo tiempo veo cómo resuelvo buscar otro techo para vivir hasta tener mi propia casa y así poder entregar el inmueble en el que resido actualmente a la angustiada propietaria”, concluyó con preocupación y gesto de desesperanza la trabajadora social.

Diseño gráfico: Sala de Información.

Venezuela, la quiebra moral de un país

Alfredo Meza, El País (España)

Edwin Ramón Soto Nava, alias “El mocho Edwin”

Una pelea en la cárcel nacional de Maracaibo, al oeste de Venezuela, dejó 16 muertos y un nuevo líder: Edwin Ramón Soto Nava alias El mocho Edwin quien, según la prensa local, con tomar el control del centro penitenciario.

La prisión, rodeada de casas llenas de huecos por las balas, no debería alojar a más de 700 presos.

El Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG, calcula que allí viven casi 3.700.

La noticia conmovió a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.

No destaca por sus gestos delicados, pero al confirmar el parte de fallecidos lucía afectada.

Ministra Iris Varela

“Me erizo al observar cómo se quitan la vida unos a otros.

No hay el más mínimo respeto. Conozco los motivos fútiles e innobles que provocaron este suceso”, dijo tras la masacre.

Horas antes de la matanza había denunciado que funcionarios del ministerio habían recibido amenazas de muerte desde teléfonos con identificación restringida o desde el extranjero.

Este nuevo acto de violencia en las cárceles venezolanas no sorprende a los venezolanos, quienes parecen acostumbrados a que, de vez en cuando, los presos se maten entre sí.

Ocurrió en 2011 y 2012 con los desalojos de los penales de Yare y La Planta y más recientemente en 2013 con la requisa del internado de Uribana (murieron 58 personas e hirieron a más de 100).

Tantas muertes reflejan que la violencia se ha naturalizado como modo de resolver las diferencias debido a la incapacidad del Estado de mediar a tiempo para solucionarlas.

Nueve de cada 10 asesinatos quedan sin castigo

El año pasado, según cifras oficiales, mataron a 16.030 personas. 44 por día. Un 14,4% más que el año anterior, 2011, cuando murieron 14.007. Todo indica que en 2013 la cifra se incrementará en un porcentaje similar.

Sociólogo Tulio Hernández

“Nunca fue tan pertinente el uso del término ‘anomia’ [ausencia de ley] para describir la situación de la actual Venezuela”, afirma el sociólogo Tulio Hernández en una conversación con este diario.

El país ha llegado a este estado de cosas en buena medida por el agotamiento de un sistema político-económico instaurado a la caída de la dictadura en 1958, que captaba y distribuía la renta proveniente de la venta de petróleo.

Ese modelo en esencia podría resumirse en esta sentencia: El Estado se ocupaba del bienestar de sus ciudadanos, pero éstos no tenían ninguna obligación con el Estado.

Socióloga Isabel Pereira

Ese modelo se hizo inviable en la medida que se fue consolidando”, afirma la socióloga Isabel Pereira. Con la falta de respuestas a las demandas de las audiencias surgió la anarquía. Eso ocurrió con las cárceles locales.

En la era chavista se ha renunciado al control interno del penal y los reos han fundado su gobierno de leyes medievales. Ahora el gobierno está haciendo esfuerzos por recuperar el control con pobres resultados.

En el penal de Sabaneta, al menos hasta 2008, había una piscina donde se bañaban los hijos de los prisioneros.

El líder del penal había contratado a un DJ que ponía música en un salón oscuro que se asemejaba a una discoteca. El sonido proveniente de grandes cornetas aturdía. Varios de los presos estaban armados con armas caseras, cuchillos y fumaban marihuana.

El Gobierno es consciente de esa situación pero no interviene porque apenas custodia el perímetro. El resultado ha sido un incremento anual de la cifra de asesinatos entre internos, la formación de bandas que luchan a muerte por el control del penal, que es un jugoso negocio, y la planificación de delitos.

Una explicación extendida entre la oposición indica que Hugo Chávez es el principal responsable de esta degradación del valor de la vida, pero esa es una verdad a medias.

Antes de que él llegara al Gobierno había evidentes muestras de ineficiencia y corrupción en el sistema carcelario, jefes que controlaban a la población penal y guardias corruptos que les proporcionaban armas y drogas. Chávez y su gobierno sí fueron responsables de la profundización de ese drama.

La lectura de Isabel Pereira sugiere que el Presidente heredó el excesivo poder que ya concentraba el Estado venezolano y no quiso utilizarlo para un fin distinto que el de imponer una revolución socialista.

La contribución de Chávez a la profundización de la violencia puede medirse en dos aspectos: limitar la represión policial para no perder votos entre su electorado y en la justificación ética del robo. Quien tiene hambre, dijo el mandatario en 1999, está habilitado para delinquir.

El apoyo a los invasores de tierras contribuyó a reforzar esa ética delincuencial, que está tan naturalizada que todos los venezolanos, en mayor o menor medida, ya consideran las normas como injustas y se sienten con el deber de romperlas”, opina Tulio Hernández. Isabel Pereira ha definido toda esta situación, en un libro de próxima aparición, como la quiebra moral de un país.

Las cárceles venezolanas son el sótano del país.

Abogado Humberto Prado

Allí hay un 44% mayor de morir según Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones.

Sin sumar a los caídos en Sabaneta, hasta julio habían fallecido 289 reos en reyertas.

Los penales locales sólo pueden recibir a 16.539 personas, pero hay 52.933 presos, en su mayoría hombres jóvenes y pobres, pagando condenas o esperando sentencia.

La ministra Iris Varela ha confesado que el Estado controla solo siete de las 30 cárceles del país.

Esta situación es una paradoja dentro de un Estado que hace gala de su poder, pero que en realidad está a merced de las mafias.

Diseño gráfico: Sala de Información.

Militares venezolanos enviaron más de 52 toneladas de cocaína a México

Casto Ocando, Univisión

El ex militar venezolano que fue agregado a la lista de los capos de la droga por el gobierno de Estados Unidos, afronta desde el 2011 cargos por haber facilitado el envío de 50 toneladas de cocaína a México, desde Venezuela,  junto con otro ex oficial de la Guardia Nacional y una bróker aduanera de ese país, según documentos de una corte de Nueva York.

Vassyly Villarroel Ramírez, ex capitán de la Guardia Nacional Bolivariana.

Los militares venezolanos Vassyly Villarroel Ramírez, alias “Mauro”, y Rafael Villasana Fernández, fueron señalados por autoridades federales por proteger los cargamentos de cocaína introducidos a Venezuela desde Colombia, con destino a México y Estados Unidos.

Daniel Barrera, alias “El Loco”

La droga era controlada por los capos colombianos Daniel Barrera, alias “El Loco”, y Javier Antonio Calle Serna, alias “Comba”, ambos asociados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a grupos paramilitares.

Javier Antonio Calle Serna, alias “Comba”

Una tercera persona, la agente aduanal venezolana Adriana Suppa Peñate, alias “La Gorda”, también fue acusada de participar en la red de envío de cocaína a México, según las autoridades federales.

Tanto Villarroel como Villasana y Suppa se encuentran actualmente fugitivos y tienen órdenes de arresto en su contra emitidas por un juez federal.

Villarroel y Villasana se encargaban de que los cargamentos, que eran transportados en vehículos oficiales a través de territorio venezolano, llegaran al Aeropuerto Internacional de Maiquetía y a las instalaciones portuarias de Puerto Cabello, para ser enviados a México.

José Gerardo Álvarez Vásquez, alias “El Indio”

En las operaciones también participó el mexicano José Gerardo Álvarez Vásquez, alias “El Indio”, un capo vinculado a los carteles de Sinaloa y Beltrán Leyva.

La red exportó poco más de 52 toneladas del alcaloide en un período cercano a seis años, según las indagaciones federales.

“El Loco” y “Comba”, se encuentran bajo custodia federal en Estados Unidos. Alias “El Indio” se encuentra detenido en México, esperando una potencial extradición a Estados Unidos, donde es requerido por la Justicia.

De acuerdo a las investigaciones federales, los oficiales venezolanos también prestaban protección al retorno del dinero producto de la venta de la cocaína desde México a Venezuela.

Como consecuencia de su participación en la red de narcotráfico, Vassyly Villarroel fue incluido este miércoles en la lista de Capos de la Droga del Departamento del Tesoro, una medida que abarca también el congelamiento de cuentas bancarias y propiedades que pueda tener en territorio norteamericano.

Villarroel es el último caso de una creciente lista de militares venezolanos acusados por Estados Unidos como cooperadores o facilitadores del narcotráfico en Venezuela, y designados como Capos de la Droga por el Departamento del Tesoro.

General Hugo Carvajal

General Henry Rangel Silva

General Cliver Alcalá Cordones

En la lista figuran también los generales Hugo Carvajal, Henry Rangel Silva y Clíver Alcalá, actualmente funcionarios del gobierno venezolano.

Facilidades en puertos y aeropuertos

Las investigaciones federales se iniciaron en 2008, luego que la agencia antidrogas norteamericana DEA identificó a Villarroel y Villasana como parte de una red de militares que cooperaban con el narcotráfico en Venezuela desde 2004.

De acuerdo a fuentes consultadas por Univisión, las autoridades venezolanas detuvieron a Villarroel a mediados de octubre de 2008, después de recibir una alerta de una agencia de Inteligencia extranjera que conocía de los movimientos del militar.

Tras el operativo, llevado a cabo por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), fueron encontradas 30 panelas de cocaína y armamentos de distinto calibre en una de las propiedades de Villarroel en el oriente venezolano.

Además de la droga, las autoridades confiscaron un club campestre y una finca, propiedades en las localidades de El Tigre y Lecherías, estado Anzoátegui. También encontraron fusiles y cartuchos de alto calibre, y un total de 34 vehículos y 62 caballos.

La fiscalía venezolana acusó entonces a Villarroel y a su hermana Soviesky Villarroel Ramírez, de tráfico de drogas y legitimación de capitales.

El 30 de marzo de 2011, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York introdujo una acusación formal contra Villarroel, Villasana y Suppa, pero mantuvo la acusación en secreto.

Los fiscales responsabilizaron a los venezolanos de contribuir a la exportación de “miles” de kilos de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, pasando por Venezuela y México.

El ex capitán Villarroel hizo arreglos para que la droga pasara a través de territorio venezolano usando “vehículos del gobierno, incluyendo camiones y carros”, indicó la acusación.

Una parte importante de la droga salía de Puerto Cabello gracias a los arreglos de Suppa, que actuaba como agente aduanal para garantizar que los contenedores con la droga salieran adecuadamente de aguas venezolanas y arribaran en México.

Antecedentes penales

Tanto Suppa como Villasana tienen antecedentes penales en Venezuela, de acuerdo a documentos revisados por Univisión Investiga.

Suppa fue mencionada en el escrito del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en la que se oficializaba la petición de extradición del narcotraficante venezolano Walid Makled, al gobierno de Bogotá. En el documento, Suppa aparece mencionada como propietaria de un camión o rastra que había sido utilizada para transportar un contenedor usado para el transporte de cocaína.

Rafael Villasana, por su parte, aparece implicado en la muerte del joven recluta de la Guardia Nacional Johan Ortiz, que se encontraba en entrenamiento en un campamento militar en una zona rural en el estado fronterizo de Táchira, en un episodio ocurrido en febrero de 1998.

Nota del Departamento del Tesoro de EEUU

Según Adam Szubin, director de la oficina de control de bienes extranjeros del Tesoro, Villarroel Ramírez “es un ejemplo de traficante de narcóticos que explota su antigua posición y conexiones militares para facilitar el transporte de cocaína a México y se aprovecha de las ventas posteriores” tanto en Colombia como en Venezuela.

Cuando era capitán activo de la Guardia Nacional, el venezolano habría permitido el “transporte de cantidades de cocaína y dólares estadounidenses procedentes de la venta de la droga, usando varios aeropuertos, puertos marítimos y vehículos oficiales en Venezuela”.

Utilizando su cargo militar, Villarroel Ramírez

“proporcionó seguridad y protección a la cocaína procedente de México que llegaba al aeropuerto internacional de Maiquetía, en aviones comerciales y particulares”.

La identificación de Villarroel Ramírez como capo de la droga, significa automáticamente el congelamiento de cualquier activo que pueda poseer en territorio estadounidense y la prohibición de establecer relación comercial o de negocios con él.

En el 2011 Villarroel Ramírez fue inculpado por una corte de Nueva York, por otros 6 cargos de tráfico internacional de drogas entre 2004 y 2009, y lavado de divisas a partir del 2008.