Las cabillas de la corrupción

Juan Martín Echeverría

La corrupción está consustanciada con la vida política, sin embargo puede reducirse si funciona la división de poderes y hay voluntad política para sancionarla, ya que es una enfermedad que acompaña a los dirigentes como la sombra al sol, y es inherente a la práctica política: lo que se trata es de reducir sus excesos, con mecanismos eficientes de contraloría interna y de lucha contra la impunidad, aunque los implicados sean revolucionarios.

La antítesis del radicalismo y del gobierno popular es lo que está ocurriendo con las cabillas fabricadas por la nacionalizada Sidor, donde se demuestra que la corrupción con sus fuerzas corrosivas aplasta la gobernabilidad.

Un régimen es corrupto cuando monopoliza el poder, convierte hechos inocultables en secretos y los abusos pasan a ser invisibles, eliminando la transparencia y el acceso de la información a los medios de comunicación social; la consecuencia es que la corrupción se hace cotidiana, grosera y forma parte del paisaje local y nacional.

El régimen nacionalizó Sidor y las cementeras para mejorar su productividad, fabricar masivamente viviendas e incrementar la construcción civil, todo con el propósito de generar fuentes de trabajo y resolver graves problemas sociales, sin embargo la realidad es que un porcentaje significativo se desvió hacia el exterior y el mercado negro nacional, beneficiando a funcionarios e intermediarios, además de perjudicar a los empresarios y al sector público. Increíble contradicción, que se traduce en insumos muy costosos y difíciles de conseguir.

Estamos en presencia de un entramado que existe desde hace años, con acusaciones e informes de auditoría desde el año 2008, y en el 2010 dirigentes sindicales denunciaron que parte de las cabillas se iban al mercado internacional, porque se obtenían mejores ganancias.

En tres años de estatización, Sidor ha dejado de producir 160 mil toneladas de cabillas y trabaja a pérdida porque están reguladas: las coloca a $ 405 y su valor internacional es de $ 890. Las investigaciones confirman que cabillas que deben venderse a BsF 20,00 se comercializan a BsF 75,00, afectando gravemente a los sectores populares.

En el estado Bolívar, después de un silencio de leones, impenetrable a pesar de que todos sabían de las irregularidades, sobreprecios, mercado negro y envíos al exterior montados desde el sector público, al régimen no le ha quedado más remedio que actuar,

poniendo a la orden del tribunal al gerente de comercialización de Sidor y otras personas, radicando el juicio en el Distrito Capital para reducir las presiones regionales y las evidentes complicidades, pero ya el daño estaba hecho, con decenas de empresas creadas para la comercialización, comisiones, ocultamientos y traslado de los fondos en Venezuela y en el exterior, cuyos tentáculos llegan a Estados Unidos y el Líbano.

En fin, la justicia imputó a los implicados de concierto de funcionarios públicos con contratistas, peculado doloso propio, tráfico ilícito de material estratégico, malversación específica y asociación para delinquir.

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