La metástasis de la corrupción

Víctor Salmerón

Un Estado con pocos mecanismos de control, que diseña una estructura para repartir dinero en grandes cantidades a alta velocidad, termina por propagar la corrupción.

La Contraloría General de la República reconoce en su informe correspondiente al 2011, que los manejos turbios han llegado a los consejos comunales.

Concretamente afirma que “se determinaron debilidades de control interno en lo que respecta a la documentación que respalda las operaciones financieras, en virtud de que se realizaron pagos por la totalidad de 1,78 millones de bolívares, los cuales carecen de los soportes demostrativos de los conceptos que generaron el pago”.

Sobre el dinero entregado por el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fondemi) a los bancos comunales tampoco hay buenas noticias.

Se evidenció en Fondemi, un inadecuado seguimiento y control de los recursos otorgados a los bancos comunales, toda vez que estos no fueron transferidos en su totalidad a las comunidades organizadas; asimismo los expedientes examinados no contienen los informes técnicos mediante los cuales los bancos comunales hayan presentado la rendición de cuenta. Por otra parte, sobre la amortización de los préstamos, no se constataron, los resultados de las diligencias orientadas a recuperar los recursos, así como la aplicación de las respectivas sanciones“, dice la Contraloría.

Este año los bancos y consejos comunales administrarán más dinero. En el 2011 el Gobierno aprobó una reforma legal que obliga a la banca a destinar 5% de las ganancias que obtienen al cierre de cada semestre “a proyectos comunales u otras formas de organización social”.

La banca propuso que fuesen las entidades financieras las encargadas de distribuir los recursos y evaluar los proyectos de las comunidades, pero esta posibilidad fue rechazada.

La Superintendencia de Bancos precisó que el aporte debe depositarse en la cuenta que el Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonacc) tiene en el Banco Bicentenario durante los 30 días siguientes al cierre de cada semestre.

¿El Gobierno hará algo para evitar que crezca la corrupción tras el alerta que ha dado la Contraloría?

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