Confiscar las prestaciones

Gerardo Fernández

El país se escandaliza nuevamente con el anuncio del Presidente de constituir un fondo manejado por el Gobierno para centralizar los recursos provenientes de las prestaciones sociales de los trabajadores del sector público y privado.

Según señaló, los beneficios laborales los invertiría en proyectos para la construcción de viviendas y se concretaría en el marco de la reforma de la Ley del Trabajo que pretende promulgar con base en la Ley Habilitante.

La Ley Habilitante es por naturaleza inconstitucional y antidemocrática. Usurpa funciones de la AN y fue dictada con desviación y extralimitación de funciones por la anterior AN. Pero más aún, no nos queda la menor duda que el Presidente no está autorizado por dicha Ley Habilitante para modificar la Ley del Trabajo y, en consecuencia, constituir el fondo comentado.

La Ley Habilitante dictada para proteger a los damnificados de las lluvias del 2010, habilita al Presidente solo para dictar normas que desarrollen los artículos contenidos en el Título VI de la Constitución. En dicho título no se regula el régimen laboral ni el de las prestaciones sociales, que está contenido en el Título III del texto fundamental.

Pero además, de acuerdo a la Constitución, las prestaciones y el salario son créditos laborales de exigibilidad inmediata, lo cual implica que se paguen en efectivo y no puede una ley establecer formas de pagos diferentes, ni dichos recursos pueden destinarse a otros fines.

Con la Ley del Trabajo y su reforma, el Gobierno se equivoca jurídica y políticamente. No tiene facultad para hacer lo que está haciendo. Viola el Estado de Derecho y desmejora los derechos de los trabajadores.

El Gobierno quiere ponerle la mano a las prestaciones de los trabajadores y manejar dichos fondos a su antojo. Utiliza la vía antidemocrática e inconstitucional de la Habilitante para evitar la consulta, la discusión y el control ciudadano de dicha importante reforma legislativa.

Como ya se dice por allí, es una forma de confiscar los beneficios laborales de los trabajadores del país.

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