El pozo séptico de la justicia roja

Marta Colomina

El juez de jueces, Eladio Aponte Aponte dijo lo que ya todos sabíamos: “No nos caigamos en dudas, en Venezuela no se da puntada si no la aprueba el presidente de la República“.

Así confirmamos que “la jueza Afiuni es una presa de Chávez” y que la misma mano facinerosa está metida hasta los tuétanos en hechos monstruosos que van desde el grotesco espectáculo de los “Paracachitos” hasta el horror inhumano contra el diputado “Mazuko” y los comisarios.

Nombrado Fiscal General Militar desde cuyo cargo no le tembló el pulso para echarle tierra al horrible crimen de los quemados de Fuerte Mara y a condenar a un militar brillante y probo como el general Francisco Usón, Aponte Aponte llegó a ser el juez preferido del régimen, después de la presidenta del TSJ.

En su roja historia judicial, la enorme lista de delitos imputados injustamente a sus víctimas no siempre eran de su propia iniciativa sino “puntadas” cosidas bajo órdenes directas del Presidente o transmitidas a través de ese otro personaje de pasado judicial oscuro, como es la presidenta del TSJ.

Tras la jubilación de Aponte Aponte como militar activo, Chávez dio otro paso decisivo para consagrar a la justicia “revolucionaria” como instrumento para aplicar la venganza política a través de un terrorismo que diera de baja a los disidentes molestos y facilitase la libertad de los delincuentes que el régimen considera útiles, sobre todo para el cumplimiento de los delirios presidenciales.

Aponte Aponte fue nombrado magistrado de la Sala Penal del TSJ y, en poco días, presidente de esa misma Sala. Por eso hoy puede afirmar con propiedad que en Venezuela “sí hay presos políticos y que la orden es no soltarlos, principalmente a los comisarios“. O que “Chávez lo llamó directamente para “manipular el caso de los Paracachitos”, como en efecto hizo.

O también las repetidas llamadas de la presidenta del TSJ y de la Fiscal para “avalar” sentencias parecidas “a la acusación contra Mazuko con un sujeto encapuchado y al que se le pagó dándole la libertad”. O las que recibía de la Fiscalía militar para que ante la presencia de las FARC en territorio nacional “a esos señores ni los viéramos”.

Las historias de Aponte Aponte van desde el ensañamiento contra la jueza Afiuni (cosa que hacía muy feliz a su carcelero mayor) hasta el despido de cualquier Juez que no obedeciese las órdenes más aberrantes emanadas de Miraflores, del TSJ o de la Fiscal.

En el entramado de las sentencias más truculentas aparecen imbricados todos los poderes públicos. Aponte Aponte afirma que “no hay independencia de poderes” y para probarlo testifica que todos los viernes se reúnen en la Vicepresidencia, además del Vicepresidente, las cabezas del TSJ, Fiscal, AN, Contralora, Procuradora y ¡hasta los jefes policiales! “para recibir líneas conductoras de la justicia”.

La notoriedad de Aponte se dispara cuando el supuesto narcotraficante Makled es detenido en Colombia.

De sus confesiones surge la lista de un sector del generalato chavista presuntamente incurso en delitos de narcotráfico y beneficiarios de una generosa nómina que Makled habría dispuesto para pagar favores, como el aparente hecho de que uno de sus aviones, cargado de cocaína, habría salido de la rampa presidencial.

Como los trapicheos son rutina en ese pozo séptico en que se ha convertido el Poder Judicial controlado por Chávez, todos suponen que ese no es el motivo de la ruptura entre el Gobierno y Aponte Aponte.

Hace casi un año éste se habría llevado los expedientes de los “narcosoles” y de las Luisas a Costa Rica, aprovechando la Audiencia de la CIDH de la OEA en el caso de Leopoldo López (en la cual Aponte Aponte llevaba la voz cantante del Estado venezolano).

Tal hecho indica que el disenso es de vieja data y que Aponte Aponte ya planeaba entrar en contacto con la DEA. Lo demás lo conocemos por boca del hoy perseguido.

Teme por su vida porque sería custodio de terribles secretos de Chávez y de su régimen, como el de recibir una llamada del Palacio para que se liberase al militar Magino (quien fuera edecán de la madre del Presidente) preso por traficar cocaína y guardarla en instalaciones militares: “yo le di la cautelar y la Fiscalía no siguió investigando“. El caso no solo fue sobreseído -narra Aponte Aponte – sino que el tal Magino fue ascendido y enviado como agregado militar a Brasil.

Acusó al general Clíver Alcalá Cordones (señalado también por el Departamento del Tesoro norteamericano) de ser “el zar de la droga junto con el general Néstor Reverol, jefe de la Oficina Nacional Antidroga”.

Podredumbre mayor imposible.

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