La Narcoconspiración Venezolana

Roger F. Noriega (*)

Un juez impugnado de la Corte Suprema de Justicia venezolana recientemente huyo de su país y ha denunciado públicamente al presidente Hugo Chávez de interferir en los asuntos penales para proteger a narcotraficantes en los niveles más altos de su gobierno.

En entrevistas televisivas grabadas antes de que comenzara a cooperar con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el juez Eladio Aponte Aponte describe a un sistema judicial que ha sufrido de una corrupción sistemática a manos de los compinches y los líderes militares chavistas; quienes han hecho miles de millones de dólares a través del tráfico de cocaína y el blanqueo de las ganancias de un sindicato criminal internacional.

Chávez ha desestimado estas severas alegaciones, llamándolas “caliches”. Es evidente que el hombre ha estado corrompiendo a las instituciones, permitiéndole a sus militares el tráfico de la cocaína y el lavado de activos al punto que se le ha olvidado que, incluso en Venezuela existen leyes en contra de estas cosas.

Las reacciones histéricas de los antiguos colegas de Aponte en las posiciones más altas del régimen, por el contrario, ponen de manifiesto las conciencias culpables de un grupo de gánsteres.

Puede que vean a Chávez como el único hombre capaz de mantenerse en el poder y de evitar que se maten entre sí; pero sus días están contados.

El juez Aponte ha tenido una relación estrecha con Chávez, quien le otorgó varios cargos de confianza, entre ellos el de fiscal militar, y finalmente el de juez principal a cargo de los asuntos penales en el Tribunal Supremo de Justicia.

El año pasado, el conocido capo de la droga Walid Makled huyó a Colombia donde concedió una serie de entrevistas en las que acusaba a Aponte y a decenas de altos oficiales militares de complicidad con su empresa de contrabando de cocaína, manejada desde la ciudad de Puerto Cabello.

Hace un año, las autoridad colombianas devolvieron a Makled a Venezuela para que enfrentara cargos de asesinato, y su juicio comenzó en Caracas este semana.

A pesar de las denuncias de Makled, Aponte se mantuvo en su cargo judicial hasta su remoción el mes pasado.

Según mis fuentes venezolanas, el juez abandonó el país tras haber sido alertado por sus amigos de que Chávez pretendía convertirlo en el chivo expiatorio durante el juicio de Makled con el propósito de proteger a otros conspiradores que por casualidad dirigen el gobierno, el ejército y el partido político gobernante – cuando no están ocupados con el contrabando de drogas.

De hecho, en entrevistas grabadas que fueron difundidas la semana pasada, Aponte afirmó poseer información específica que implicaba a Chávez y a otros, incluyendo al Ministro de Defensa, el general Henry Rangel Silva, al comandante del Ejército, el general Cliver Alcalá, y al ex jefe de inteligencia, el general Hugo Carvajal Cordones.

El régimen reaccionó con furia ante estas alegaciones y a la noticias de que Aponte se encuentra en Washington D.C. cooperando con la DEA. Después de haber pasado meses capturado por el régimen, el capo Makled fue trasladado de urgencia ante la televisión estatal el miércoles para declarar que le pagaba $70,000 por mes a Aponte y que el juez era su socio en la ahora desaparecida aerolínea Aeropostal.

El confidente y Ministro de Relaciones Exteriores de Chávez, Nicolás Maduro, tildó a Aponte de delator, diciendo: “Es fácil entender que un prófugo de la justicia, acusado de tener vínculos mafiosos con el tráfico de drogas, impugnado de su cargo, habría vendido su alma a la DEA”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el Ministro del Interior Tarek El Aissami y otros miembros del partido gobernante han realizado comentarios similares. Sin una pizca de ironía, el diputado chavista y ex Ministro de Justicia Pedro Carreño (quien ha calificado a la DEA como una cartel de la droga) encabezó el ataque contra Aponte en la Asamblea Nacional.

Los seguidores más fervientes de Hugo Chávez se han convencido a si mismos durante los últimos trece años de la farsa de que Chávez es un defensor de sus derechos. Podrían ser los últimos en enterarse que la justicia en su país es una farsa.

Las denuncias sobre la corrupción del sistema judicial a manos de uno de los protegidos de Chávez pueden ser el primer golpe a su fe ciega. Por esa razón, los defensores del régimen, deben destruir la credibilidad de Aponte al identificarlo como un agente de los Estados Unidos.

Los chavistas tienen la esperanza de ganar la batalla de las relaciones públicas, pero  cuando los gánsteres, nerviosos sobre la cooperación de Aponte con la DEA, comiencen a traicionarse unos a otros, se desencadenará una batalla de otra naturaleza.

Y a medida que los fiscales de los Estados Unidos basen sus argumentos en el hecho de que Caracas ha formado un Narcoestado, los sucesores de Chávez perderán cualquier sentido de legitimidad junto a cualquier esperanza de mantenerse en el poder por mucho tiempo.

(*) Ex embajador de EEUU ante la Organización de Estados Americanos

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