Costo mínimo de un trabajador aumentó 10% con nueva LOT

Alejandro Hinds

El costo mensual de un trabajador en el primer año de contrato, con los beneficios mínimos establecidos en la legislación, aumentó 10% con la nueva Ley Orgánica del Trabajo, publicada en Gaceta Oficial el 7 de mayo.

La contratación de un empleado que perciba el sueldo mínimo de 1.780,45 bolívares implica para una empresa un desembolso de por lo menos 2.336,84 bolívares mensuales en los primeros 12 meses de la relación laboral, según lo establecido en la nueva ley.

El monto que la compañía pagaría cada mes si estuviese vigente la legislación de 1997 sería de 2.125,42 bolívares. El aumento obedece a las modificaciones realizadas en beneficios como las prestaciones sociales, la participación en las utilidades de la empresa y el bono vacacional.

El aporte para prestaciones, aunque se mantuvo en 5 días de salario integral por mes, suma 60 días en el primer año porque se genera desde el inicio del contrato. Con la legislación de 1997 tenía 45 días porque empezaba a partir del tercer mes.

El pago mínimo por concepto de participación en las utilidades pasó de 15 días de sueldo en la ley anterior a 30 días en la vigente, mientras que el monto del bono vacacional que el trabajador recibirá el primer año aumentó de 7 a 15 días de salario.

El consultor Federico López aclaró que el incremento del costo de utilidades y vacaciones lo padecerán principalmente las empresas más pequeñas, que son las que suelen cancelar estos beneficios de acuerdo con el mínimo fijado en la ley. Las compañías grandes suelen estar por encima de eso.

El costo de los cambios del régimen de prestaciones sociales, sin embargo, lo sufrirán todos los empleadores, afirmó López, porque no sólo se trata del mayor aporte durante el primer año, sino de la provisión que deberán hacer para el pago retroactivo.

Más y más

La abogada Gaiskale Castillejo, del despacho Baker & McKenzie, dijo que la incidencia de la nueva ley en los costos de las empresas va mucho más allá de las modificaciones implementadas sobre prestaciones, utilidades y vacaciones.

La indemnización por los despidos injustificados representa otro de los cambios que implicará un costo significativo porque ahora deberán cancelar el doble de las prestaciones sociales, sin límites de tiempo o sueldo base para calcularlo, añadió.

La ley de 1997 establecía un pago de 30 días de salario integral por año, hasta un tope de 150 días o 5 años, más una indemnización sustitutiva del preaviso de acuerdo con la antigüedad de un máximo de 90 días y con un sueldo base de hasta 10 salarios mínimos.

Los especialistas coinciden en que el impacto de la ley en los costos de las empresas varía en función de diversos aspectos. Entre ellos está el número de empleados. El artículo 162, por ejemplo, obliga a las empresas con más de 200 trabajadores a otorgar becas de estudio al personal y sus hijos.

Otro elemento es el porcentaje de los empleados que trabajan más de 40 horas semanales, porque de eso dependerá la afectación que tenga la reducción de la jornada laboral y el establecimiento de 2 días continuos de descanso (sábado y domingo).

La proporción de mujeres también incidirá en el impacto que tendrá la ley en cada empresa, debido a la extensión de cuatro meses y medio a seis meses y medio del permiso por maternidad (lo que demandará contratar un suplente por más tiempo) y las disposiciones referidas a la lactancia.

Igualmente debe tomarse en cuenta la eliminación del salario de eficiencia atípica, que permitía excluir hasta 20% del sueldo de la base de cálculo para los beneficios, y el promedio de antigüedad por el regreso de la retroactividad de las prestaciones.

Intangibles

López advirtió que la nueva legislación también crea una serie de costos intangibles que son difíciles de calcular, pero que deben evaluar las empresas o instituciones para medir el impacto económico y financiero.

La lista va desde la necesidad de archivar los expedientes de los trabajadores hasta 10 años después de concluida la relación laboral, porque ese será el lapso para la prescripción de los reclamos, hasta las obligaciones en materia de apoyo a los programas del Gobierno.

“Las misiones creadas por el Ejecutivo destinadas a la formación técnica y escolar de los trabajadores, podrán requerir de los patronos la dotación de espacio y personal para el desarrollo de los planes de formación dirigidos a los trabajadores bajo su dependencia”, dice el artículo 311.

También incluye el incremento de las sanciones y el efecto que puede generar la facultad otorgada en el artículo 367 a los sindicatos para controlar y vigilar los costos y ganancias, con el fin de garantizar que “los precios de los bienes y servicios producidos sean justos para el pueblo”.

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