Sidor: Entre mafias y política

Francisco Olivares

El teniente coronel Miguel Angel Urrieta tuvo la mala fortuna de que su número telefónico estaba en el celular de Tatiana Orozco, quien fuera señalada como “La Reina de la Cabilla”. Ese hecho, más unos mensajes de texto intercambiados con Orozco fueron suficientes para que los fiscales lo consideraran como parte del entramado que reventó en escándalo desde las plantas de Sidor.

El oficial de la GNB, Urrieta Manrique fue detenido por el DIM en junio de 2011 acusado de formar parte de la llamada “mafia de la cabilla”. Desde entonces fue recluido en la cárcel de Ramo Verde en Los Teques y desde hace unos días espera su traslado a una prisión en Táchira en donde residen sus dos pequeñas hijas y familiares.

Es de recordar que la escasez de cabilla que se produjo en el país a partir de la estatización de Sidor y otras acerías privadas, generó una investigación por parte del DIM, en persecución del producto considerado entonces como “material estratégico”. Entre allanamientos e incautaciones resultaron detenidos varios comerciantes del acero, un alto ejecutivo de Sidor y tres militares. Otras dos personas que fueron altos gerentes de la estatizada empresa se encuentran fuera del país.

Detrás de las luchas intestinas entre sectores del PSUV y del PCV en Sidor, en Orinoco Iron y otras empresas de Guayana, se oculta el control del negocio que aún se mantiene con la venta de cabillas. “Comprar cabillas es como comprar dólares preferenciales” comentan quienes han conocido de cerca el tráfico que se origina desde Sidor. El precio de venta regulado es de 437 dólares la tonelada y su valor internacional es hasta de mil dólares la tonelada, además del diferencial cambiario. A este negocio se le agrega la venta de cupos para comprar cabillas que desde Sidor se vende a los privados.

A pesar de la intervención del DIM todo indica que las llamadas “mafias de la cabilla” siguen operando, y al parecer, quienes están tras las rejas, con juicios paralizados, sin imputación formal y aún sin haber llegado a la fase de la audiencia preliminar, han resultado ser los peces pequeños o chivos expiatorios, tal como lo afirma el diputado oficialista, Adel El Zabayar.

Confesiones de un detenido

El Diputado de la Asamblea Nacional por UNT, Andrés Avelino Álvarez, quien ha estado investigando el caso de la cabilla, asegura que hay varios grupos en distintos niveles que se han beneficiado con este negocio desde que fue estatizada Sidor y otras industrias de acero. A su juicio, la mafia ha llegado hasta altos niveles gerenciales de Sidor.

Nos refiere el testimonio de una de las víctimas de estafa con el cupo. Javier Palma Martínez. Palma explicó ante los tribunales cómo logró adquirir algunos cargamentos sobre los que pagó sobreprecio a funcionarios de Sidor.

El testigo, quien fuera detenido en los operativos del DIM, el 12 de agosto de 2011, aceptó acogerse al procedimiento de “delación” contemplado en el artículo 39 del COPP, según el cual puede obtener beneficios procesales a cambio de entregar información valiosa para las investigaciones del caso.

En sus declaraciones describe cómo fue estafado con un cupo de cabillas que le fuera ofrecido, por el que pagó un adelanto de 50 mil bolívares. El convenio lo realizó, según afirma, con Ricardo Antony, quien operaba en alianza con Néstor Astudillo y Rioximar Antony funcionarios de Sidor. Para la entrega de las dos gandolas de cabilla ofrecidas depositó en una cuenta de Sidor la cantidad de 110 mil bolívares. Sin embargo, a pesar de poseer dos cartas de entrega del material: uno firmado por Rioximar Antony y el otro por Entio Báez, gerente de comercialización, al intentar retirar el material con las cartas en la mano, le informaron que esas cartas eran faltas. Dada la situación, Palma procedió a realizar la denuncia ante el CICPC.

Mientras intentaba recuperar el dinero conoció a Entio Báez, otro alto gerente, quien le manifestó la posibilidad de que recuperara su dinero. Como Palma tenía la necesidad de las cabillas, Báez le ofreció que podía despacharle el material por otra empresa aliada de Sidor, Hierros San Feliz, también investigada.

Allí lo contactó con Carmen Gamarra y le aseguró que parte de las gandolas que se despachaban a Hierros San Félix eran de él. En esta ocasión logró que le despacharan dos gandolas por las que pagó 107 mil bolívares en fecha 21 de mayo de 2011.

Señala el declarante que Ricardo Antony, padre de Rioxiomar Antony actuaba como agente externo para contactar a los posibles clientes. A lo interno actuaban su yerno, Néstor Astudillo y su esposa Rioximar. Según explica, el negocio consistía en que si una empresa necesitaba 60 toneladas (dos gandolas) ellos solicitaban un cupo por un monto mayor, entregaban las dos gandolas, a la empresa que compraba y el resto lo manejaban ellos.

En relación a Hierros San Félix, explica el declarante, si le pedían 250 gandolas de cabilla, ellos despachaban 350. Las otras 100 gandolas al precio de venta al público lo cobraba Hierros San Félix y la comisión la cobraba Entio Báez por Caracas.

Cabe destacar que los señalamientos ofrecidos por Javier Palma están siendo investigados por los tribunales y deben ser corroborados para proceder a alguna imputación.

Entio Báez, quien se desempeñaba como gerente de comercialización de productos largos se encuentra fuera del país. Según información aparecida en algunos portales de noticias, Báez había sido detenido en Panamá en diciembre de 2011 y luego liberado tras una llamada de un alto funcionario del Gobierno.

Del grupo señalado por Palma, la única detención registrada fue la de Ricardo Antony en marzo de 2011. Astudillo, gerente de mantenimiento de Sidor acusa al alto gerente Luis Velásquez Rosas como autor de la acción en contra de su suegro. Sigue desempeñando sus funciones en Sidor y ha contado con el respaldo del PSUV ante los señalamientos que se han realizado en su contra.

El caso de Luis Velásquez

El 9 de junio de 2011 fue detenido Luis Velásquez Rosas, quien manejaba varias gerencias en Sidor y creador de la red de “ferreterías socialistas” FERRESIDOR y el plan de distribución de cabillas directo a las comunas. Su caso se basó en una acusación que hicieran contra él por el despacho de 12 gandolas destinadas a las comunas de Delta Amacuro dentro del programa denominado Hábitat de las Comunas. Velásquez se encuentra desde entonces recluido en la DIM y ha negado desde allí las acusaciones que se han hecho en su contra. En relación a las doce gandolas, Velásquez consignó ante los tribunales documentos que muestran las facturas y las constancias de entrega de cada uno de los despachos firmados por él en ese caso.

En su defensa, el imputado ha atribuido estas acusaciones a las disputas políticas que se han desatado dentro de Sidor.

Antes de entrar a la alta gerencia de Sidor en 2008, trabajó varios años con la anterior administración privada de Sidor manejada por la argentina, Ternium. Mientras realizaba una especialidad en España en el área siderúrgica, conoció a Hugo Chávez y aceptó regresar al país para trabajar en Sidor. Allí en Guayana ingresó a las filas del PSUV y se convirtió en un importante activista de la región. Desde entonces se considera un “apostol” del Presidente al que le ha tocado “ser ejecutado”.

Velásquez ha atribuido las acusaciones contra él a los enfrentamientos entre las distintas tendencias políticas que hay en Guayana. Velásquez apunta hacia el grupo conocido como “Control Obrero” liderado por activistas del PCV.

El caso Urrieta y Orozco

El teniente coronel Urrieta, quien para el momento de su detención, era el comandante del Destacamento de Comandos Rurales número 19 en el Estado Táchira, había recibido una citación para que se trasladara a Caracas a entrevistarse con el comandante general de la GNB. Una vez en Caracas recibió una boleta de citación para presentarse en Fuerte Tiuna, desde donde fue remitido a la DIM para rendir declaración en un investigación, pero desde ese mismo momento fue detenido sin orden judicial y recluido en un sótano de esa institución e incomunicado por cuatro días.

Su esposa, fallecida recientemente, en compañía de dos abogados acudieron a Caracas para enterarse de qué ocurría y de inmediato las autoridades procedieron a realizar una audiencia de presentación en donde se le impuso la privativa de libertad que cursa hasta el momento.

Destaca el abogado de la defensa, Eric Pérez Sarmiento, que la acusación de que fue objeto no contiene ninguna prueba legal que comprometa la responsabilidad del oficial. Para comenzar señalan que los Comandos Rurales no son puestos de control sino de apoyo y seguridad y además el número 19 al que pertenecía se encuentra a 6,5 kilómetros de la Troncal número 5 que es por donde pasan los vehículos de carga pesada. Además hay que considerar que entre Puerto Ordaz y la frontera por Táchira hay 54 puestos de control de la GNB por donde deben pasar las gandolas cargadas.

Considera el abogado que los mensajes de texto que se encontraron en el teléfono de Tatiana Orozco, detenida desde el 16 de junio de 2011, no guarda ninguna relación con el caso de venta o tráfico de cabillas. Sostiene la defensa que el oficial tenía amistad con Tatiana Orozco pero entre ellos no existía ninguna vinculación de tipo comercial.

Es de recordar que Orozco, tenía alquilado un galpón en la zona industrial de Matanzas que fue allanado por la DIM en donde decomisaron 400 toneladas de cabilla. De allí salió el escándalo de que había sido detenida “La Reina de la Cabilla”, pero al profundizar las investigaciones se dieron cuenta que las cabillas marcadas como provenientes de Sidor, eran propiedad de la empresa brasileña Odebrecth como insumo en la construcción del Tercer puente sobre el Orinoco y compartían el galpón con Orozco.

A Tatiana Orozco le ofrecieron entonces que delatara a los “peces gordos del negocio” pero la acusada alegó desconocer sobre la existencia de una mafia de la cabilla.

Entre mafias y política Sidor no muestra precisamente un modelo exitoso desde que se produjo la estatización.

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