Conozca quiénes tienen en sus manos la campaña de Chávez

Andrés Eduardo Herrera

El candidato a la reelección presidencial, Hugo Chávez, designó a Jorge Rodríguez como jefe de su comando de campaña, denominado Comando Carabobo. De esta forma, marcó el inicio de la precampaña y posterior campaña para mantener su investidura como Jefe de Estado y líder del proyecto político llamado Revolución Bolivariana.

Chávez designó las comisiones que se encargan de llevar adelante labores específicas dentro del órgano, identificadas de la siguiente forma con sus integrantes:

Comisión de Organización y Estrategia Electoral

Francisco Ameliach: Mayor retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Participó en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, fue miembro del Movimiento V República y diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo. Su hermano Saúl Ameliach es el actual Presidente de Pequiven.

Aristóbulo Istúriz: Maestro de Educación Primaria. Fue diputado al Congreso Nacional por el extinto Distrito Federal, concejal de esa jurisdicción y Alcalde del Municipio Libertador de Caracas durante el período 1992-1996. En la gestión de Chávez ha sido Ministro de Educación y actualmente se desempeña como Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Comisión de Planificación, Medición y Evaluación

Wilmar Castro Soteldo: participó con el grado de Teniente Coronel en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Con la llegada de Hugo Chávez al poder, fue electo constituyente y luego nombrado Ministro de Producción y Comercio. Posteriormente ejerció el cargo de Ministro de Turismo y actualmente es Gobernador del estado Portuguesa.

Francisco Arias Cárdenas: Licenciado en Ciencias y Artes Militares con maestría en Ciencias Políticas. Participó junto a Chávez en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Fue presidente del Programa de Alimentación Materno Infantil (Pami), designado por el entonces presidente Rafael Caldera. Ejerció durante dos períodos el cargo de gobernador del estado Zulia y actualmente es el candidato por el Psuv para el mismo cargo, así como Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia.

Comisión de Protección del Voto y Planes de Contingencia

Diosdado Cabello: Teniente retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Participó en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Durante el mandato de Chávez ha dirigido diversos ministerios. Fue Presidente Encargado de la República tras el restablecimiento del hilo Constitucional en 2002, luego de un golpe de Estado que separó a Chávez brevemente del poder. Ejerció como Gobernador de Miranda durante el período 2004-2008. Actualmente es diputado Presidente de la Asamblea Nacional.

Jorge Luis García Carneiro: Durante la gestión de Chávez ha sido jefe del Ejército venezolano, Ministro de la Defensa y Ministro de Desarrollo Social y Participación Popular. Participó en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Actualmente es gobernador del estado Vargas, desde 2008.

Comisión de Mensajes, Propaganda y Contrapropaganda

María del Pilar (Maripili) Hernández: Es farmacéutica egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde también cursó una maestría en Administración Privada. Ejerció importantes cargos relacionados a su profesión, tanto en la industria privada como en el ejercicio público. Fue directora de Venezolana de Televisión (VTV) y posteriormente de Canal i. Actualmente es la Ministro para la Juventud.

Andrés Izarra: es hijo de Willian Izarra, coronel retirado del Ejército venezolano. Antes de ejercer cargos en el Gobierno nacional, trabajó en cadenas noticiosas internacionales, incluida la estadounidense CNN. Fue gerente de producción de Radio Caracas Televisión (Rctv) desde 1999 hasta 2002, cuando renunció por tener diferencias con la línea editorial de la planta televisiva. También fue director de Telesur y actualmente se desempeña como Ministro para la Comunicación y la Información.

Comisión de Despliegue y Movilización

Darío Vivas: formó parte del Movimiento V República (MVR) como Director de Giras y Eventos, hasta el año 2006 cuando desaparece la organización para darle paso al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Actualmente es diputado a la AN por el Distrito Capital.

Jacqueline Faría: es ingeniera hidráulica egresada de la UCV. Ha pasado por varias designaciones a lo largo de la gestión gubernamental del presidente Chávez. Actualmente se desempeña como Jefa de Gobierno del Distrito Capital.

Comisión de Programa y Gestión de Gobierno

Elías Jaua: sociólogo egresado de la UCV y ex profesor universitario. Participó en la creación del MVR. Fue uno de los corredactores de la Constitución de la República Bolivariana Venezuela de 1999 al ser electo como constituyente. Se desempeñó como Ministro de la Secretaría de la Presidencia y actualmente es el Vicepresidente de la República y Ministro para la Agricultura y Tierras.

Jorge Giordani: Ingeniero Eléctrico, durante la gestión de Chávez se ha desempeñado como Ministro de Planificación y Finanzas. Recientemente fue designado presidente del Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera.

Comisión para el Gran Polo Patriótico y Partidos Aliados

Blanca Eekhout: es Licenciada en Artes mención Cine egresada de la UCV. Durante el Gobierno de Chávez ha sido ministra de Comunicación, presidenta de VTV y Vive. Actualmente es la segunda vicepresidenta de la AN.

Yul Jabour: es abogado y responsable nacional del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el Comando Carabobo. Ejerce como diputado por Cojedes a la AN y es miembro de la Comisión de Política Exterior de esa instancia legislativa. También es parte del comité ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz.

Jefes del Comando Carabobo en 24 jurisdicciones

Apure: Ramón Carrizal
Barinas: Adán Chávez
Portuguesa: ‪Wilmer Castro Soteldo
Guárico: Luis Gallardo
Cojedes: Teodoro Bolívar
Bolívar: Francisco Rangel Gómez
Amazonas: Eguildo Palau
Delta Amacuro: Liseta Hernández
Monagas: Orangel López
Sucre: Enrique Maestre
Anzoátegui: Tareck William Saab
Nueva Esparta: Carlos Mata Figueroa
Vargas: Jorge García Carneiro
Miranda: Aristóbulo Istúriz
Distrito Capital: Jacqueline Farías
Falcón: Stella Lugo
Zulia: Arias Cárdenas
Lara: Luis Reyes Reyes
Yaracuy: Julio León Heredia
Aragua: Rafael Isea
Carabobo: Rafael Lacava
Táchira: Tareck El Aissami
Mérida: Marcos Díaz Orellana
Trujillo: Hugo Cabezas

Abogados oficialistas allanan Colegio de Abogados de Caroní, desalojaron a la directiva en ejercicio y se constituyeron en directiva de facto

15 abogados afectos al oficialismo encabezados por el secretario del Colegio de Abogados de Ciudad Bolívar, Armando Villarroel, allanaron la sede del Colegio de Abogados de Caroní, desalojaron a la junta directiva legalmente electa y en ejercicio, y se constituyeron en directiva de facto.

La Presidente del Colegio de Abogados en Caroní, Luz María Álvarez, afirmó que “Con una acción violenta en la que rompieron cilindros de puertas y candados, tomaron las instalaciones que, aseguran los invasores, no abandonarán”.

Agregó que “La policía del estado se niega a actuar a pesar de que el delito es flagrante, mientras que la Fiscalía dice que la policía debe actuar”.

Entre los invasores se encuentran los abogados Wener Legiza, Rolando Sánchez, Yorkys Carvajal, Homero Carmona, Roberto Hernández, Carlos Bermúdez, Yamil Rivero, Thibisay Pérez y Ligia Moreno.

Al 80% de las familias caraqueñas no le alcanzan sus ingresos para una vivienda

César Contreras Altuve

Caracas es la ciudad de América Latina donde al 80% (la cifra más elevada) de las familias no les alcanzan sus ingresos para tener una vivienda digna propia.

Así lo señala el estudio “Un espacio para el desarrollo: los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe (ALC)”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), trabajo que analizó “en profundidad los mercados de vivienda en más de 18 países” de América Latina y el Caribe.

“La brecha de asequibilidad” a la vivienda en 41 ciudades de ALC, se basó en “el porcentaje de hogares en cada ciudad que destinarían más de 30% de sus ingresos al pago de un hipoteca a 20 años, con un pago inicial de 10%, para comprar una vivienda”.

“El estudio mide la capacidad de los hogares en 41 ciudades de la región para comprar directamente o cumplir los requisitos para postular a un crédito hipotecario para una vivienda construida según los códigos de construcción en terrenos legalmente parcelados y urbanizados”.

El BID advierte que ALC “encara un considerable y creciente déficit habitacional que sólo se podrá atender si sus gobiernos promueven una mayor inversión por parte del sector privado para aumentar la oferta de viviendas adecuadas y asequibles”.

Causas

En la mayoría de los casos, lo que le impide a las familias acceder al mercado de la vivienda formal es: insuficiencia de ingresos, imposibilidad de documentar ingresos, escasa oferta de viviendas de buena calidad a precios bajos, elevados precios, insuficiente oferta de terrenos adecuados, ausencia de crédito o altas tasas de interés, señala el estudio.

Existen familias que pese a tener ingresos suficientes para adquirir una vivienda mejor, “no logran conseguir una hipoteca”. También “es posible que algunas familias no quieran comprar una buena vivienda construida por el sector privado -aunque tuvieran la capacidad para pagarla- si creen que pueden conseguirla más barata obteniendo tierra de un urbanizador ilegal u ocupándola (invadiéndola) y construyendo la vivienda por sus propios medios”.

En ciudades como Caracas, Buenos Aires y Sao Paulo, seis de cada 10 familias enfrentan al menos una limitación (causa) de las mencionadas, además “la escasa oferta privada de viviendas asequibles es la principal causa”.

Las tres ciudades donde las viviendas privadas tienen los precios mínimos más altos, son: Caracas (54.054 dólares), Buenos Aires ($44.228) y Santiago ($42.420). En Caracas, un grupo familiar necesitaría en promedio ahorrar todos sus ingresos durante 31 meses continuos para comprar una casa de ese precio, que es el más barato del sector privado.

Además, las principales causas “de los malos resultados de la región en materia de vivienda: sus altos precios en relación con el ingreso familiar, falta de acceso al crédito hipotecario y los altos precios de la tierra y de la construcción, que son, a su vez, los factores críticos que más influyen en los costos de la vivienda”.

Brecha y crecimiento

“Los cálculos recientes señalan que los problemas de vivienda afectan a más de una tercera parte de las familias de ALC que viven en las ciudades”, apunta el informe del BID. Considera que “es probable que el crecimiento económico ayude a disminuir las brechas de viviendas en la región, pero no lo suficiente”.

Estima que hacia 2015, el crecimiento de la economía “habrá ayudado a sólo 36% de las familias que actualmente viven en viviendas subestándar”. Proyecta que los programas públicos de construcción de viviendas ayudarán a otro 5% de familias.

Sin embargo, en 2015 cerca de 36% de las familias (alrededor de 59 millones de personas) que viven en zonas urbanas y rurales “seguirán habitando viviendas inadecuadas, comparado con el 37% de los hogares en 2009”.

Mafia de las cabillas: “Sacaron a un grupo para meter a otro”

Alejandro Hinds

A un año de la detención de Luis Velásquez, director comercial de Sidor acusado de dirigir la mafia dedicada a vender con sobreprecio las cabillas que produce la empresa, la distribución del producto ­indispensable para construir viviendas­ no ha mejorado, de acuerdo con empresarios y sindicalistas.

La investigación policial no sirvió para nada. La distribución de las cabillas sigue en manos de mafias. Sacaron a un grupo para meter a otro”, denunció Víctor García, presidente de la seccional en Guayana de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Mineros.

Afirmó que lo único que ha cambiado en los últimos 12 meses es el precio al que las mafias venden las cabillas, que se encareció y ahora está 3, 4 y hasta 5 veces por encima del monto máximo de 1,8 bolívares por kilo fijado por el Gobierno.

La caída de 2,8% que tuvo la producción de cabillas en el primer trimestre de 2012, según el punto de cuenta que el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Planificación y Finanzas entregaron al presidente Hugo Chávez, agrava el problema.

“Venden las cabillas hasta en 10 bolívares por kilo”, dijo un constructor que prefirió no ser citado por su nombre. Agregó que el problema no son los distribuidores tradicionales, porque lo poco que reciben ­10% de lo que les asignaban antes­ tiene un destino predefinido.

“Los envíos llegan con una orden de quienes serán los compradores. Esas personas a las cuales está destinada la mercancía son las que llaman después a los constructores para revenderla. Los distribuidores no tienen la culpa porque la orden viene de las fábricas, que son estatales“, aseguró.

José Jiménez, ex director laboral de Sidor, señaló que la falta de un proceso de distribución transparente ayuda a que se mantenga el mercado negro. “No hay una oferta regular de cabillas a los establecimientos comerciales (mayoristas y minoristas) sino que funcionarios del Estado se encargan de asignarla”.

Aunque las obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela y las construcciones gubernamentales en general tienen prioridad en la entrega del producto, no siempre se respeta ese criterio. “Los funcionarios asignan las cabillas de acuerdo con sus intereses“, afirmó Jiménez.

Sin irregularidades

José Rodríguez, de la comisión contralora de Sidor, ratificó que la empresa no está despachando a los distribuidores privados. “60% de la producción se envía a los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y 40% se distribuye a través de la red Ferresidor“, dijo.

Rodríguez, sin embargo, desligó a la siderúrgica de cualquier irregularidad relacionada con la venta con sobreprecio de cabillas. “Como trabajador e integrante de la junta directiva puedo garantizar que es casi imposible que haya un desvío del producto“.

Contó que la gerencia colectiva impulsada por el Gobierno ha permitido que la toma de decisiones sobre distribución, antes centralizada en Velásquez como director comercial, ahora esté a cargo de un grupo de seis a ocho personas. Agregó que el Ministerio de Industria audita el proceso constantemente.

No descartó que consejos comunales y empresas privadas que compran cabillas en los puntos de venta de Ferresidor (que están ubicados en Barcelona, Barinas, Coro, Maturín, Ocumare del Tuy, San Carlos y San Félix) revendan el producto a terceros. Consideró, no obstante, que esta posibilidad es reducida.

“Hay un límite de despacho mensual para cada comprador, que debe presentar el proyecto que construye para adquirir las cabillas. Además, los consejos comunales hacen una inspección cada mes para ver el avance de la obra“, expresó.

Sobre la caída de la producción, Rodríguez dijo que obedece a los problemas con los hornos de acero líquido, cuya reparación o sustitución es difícil porque son máquinas que tienen más de 20 años (hasta 40 en algunos casos) y no se consiguen en cualquier parte.

“Hay que ir a un proceso de licitación, seleccionar una empresa y luego esperar que fabrique la máquina“, sugirió. Anunció que a finales de julio llegarán dos hornos que se encargaron el año pasado y que permitirán incrementar la producción.

El cuero seco de la revolución

Miguel Ángel Santos

Elías Eljuri ha dicho esta semana que “en dos años habrá más oferta que demanda de trabajo“. Es una afirmación curiosísima, que no viene acompañada de ninguna argumentación lógica, ni tan siquiera una mínima construcción intelectual.

El presidente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ya ni siquiera siente la necesidad de sustentarla, le basta con repetir consignas, una detrás de otra, como si fuesen un mantra. La revolución sigue empeñada en convencernos (catorce años después) de que todo lo bueno está a punto de pasar.

¿Y eso será porque caerá la demanda o porque subirá la oferta? La demanda de trabajo, por ejemplo, está estrechamente ligada a la demografía. Cada año se incorporan al mercado laboral unos 400.000 venezolanos. ¿Cómo se va a reducir esta cifra?

De repente nos tratan de convencer, como hace algunos años, de que el ingreso ha crecido tanto que millones de mujeres saldrán de la fuerza laboral para estudiar o quedarse en casa (pasar de desempleadas a inactivas). Y es que el Excel aguanta todo.

¿Y de dónde vendrá la oferta de empleo? El Gobierno podría seguir nacionalizando industrias, cosa que no crearía nuevos puestos de trabajo, sólo los transferiría de una cuenta a otra.

El déficit fiscal de caja estimado al cierre del 2012 ronda 14% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que deja muy poco espacio para un programa masivo de empleo público. ¿Y el sector privado? Menos aún.

Esta es una puerta que el Gobierno cerró hace rato. Venezuela es uno de los países de mayor inestabilidad económica. Los empresarios, además de los numerosos riesgos de inseguridad jurídica y expropiación, no tienen ninguna posibilidad de ajustarse cuando ocurren esos vaivenes. Por un lado, nuestra legislación de bancarrota es de las más costosas del planeta.

Es decir, siempre es mejor seguir funcionando con los hierros viejos que tratar de declararse en quiebra y vender activos. Por otro lado, la legislación laboral también es una de las más restrictivas, prohibiendo despedir trabajadores por debajo de ciertos niveles de salario, haciendo muy costoso el despido cuando es posible, y extendiendo el salario mínimo a un número cada vez mayor de trabajadores.

Siendo así, el sector privado no contrata en épocas de bonanza, porque sabe que en el mejor de los casos le será muy caro despedir en tiempos de escasez. ¿Y qué se ajusta entonces?

El salario real

Venezuela es uno de los países de América Latina en donde el salario real se encuentra más estrechamente correlacionado con la (volátil) producción. Esta no es una buena noticia. Junto con las numerosas restricciones de liquidez (la baja bancarización en los sectores D y E), la volatilidad del salario genera una volatilidad en el consumo privado que también está entre las mayores de la región. En concreto, Venezuela es el único país en donde la volatilidad del consumo es mayor a la del PIB (pobre Friedman).

¿Cuáles son los fundamentos del “aumento en la oferta de trabajo” que pregona Eljuri? ¿Aumentará la seguridad jurídica? ¿Respetará la propiedad privada? ¿Flexibilizará la legislación laboral? ¿Reformará la legislación de bancarrota? ¿Armará un diálogo para restablecer la confianza en el sector privado? ¿Cuál es la estrategia?

La mafia de los barrotes

CEFAS

Lo que en adelante relatamos es el producto de la recopilación informativa previa a un proyecto editorial que quisimos llamar “La Mafia de los Barrotes” y que en parte coincide con el excelente trabajo que el equipo periodístico del diario El Universal ha publicado.

La Planta de “El gocho José”

En el desalojado retén de La Planta – en El Paraíso, Caracas- la figura de “El Gocho José” era sinónima de poder sin escrúpulos. Este andino, nacido en San Cristóbal, era el PRAN (preso rematado asesino nato) que controlaba todas las actividades que se generaban dentro y hacia las afueras del penal. José es un hombre de 47 años, aproximadamente, que fue sentenciado por el delito de homicidio.

Desde su llegada a La Planta “hizo una carrera exitosa” que lo lleva a encumbrarse como PRAN hasta su reciente traslado a Yare en donde “se le garantizó” su espacio para continuar sus actividades que le permiten ganar cientos de millones de bolívares semanales.

“El Gocho José” es el jefe de un grupo que desde esa penitenciaría (y estimamos que desde Yare será igual) manejaban actividades como el tráfico- de afuera hacia adentro y viceversa- de drogas, el sicariato, la prostitución, el tráfico de armas y municiones.

Fuentes ligadas a “El Gocho José” aseguran que este “jefe” maneja un negocio de drogas que le deja 200 mil bolívares fuertes semanales. Su principal zona para el negocio de los estupefacientes es Antimano-Carapita lugares en los cuales el microtráfico está bajo su control.

En la Planta, el citado PRAN tenía una especie de oficina en la cual se planificaban todas las acciones delictivas dentro y fuera del penal. Por ejemplo, se nos asegura que “El Gocho José” estableció lo que en la jerga carcelaria se llama “la causa” para tasar ciertos aspectos relativos al funcionamiento de la cárcel, el ingreso de nuevos reos y su supervivencia dentro del reclusorio.

Para ser más gráficos podemos decirles que si el “equipo” del PRAN determinaba que un nuevo reo contaba con recursos monetarios suficientes se le ofrecía una cámara con televisión por 25 millones de bolívares (25 mil BsF) de entrada. Luego de esto, en adelante pagará mensual entre 1 y 2 mil BsF. Si no paga su vida será muy corta. Pero estos son casos particulares ya que el preso común para garantizar su resguardo en el penal paga desde 100 bolívares fuertes semanales hasta montos cercanos a los mil bolívares.

En La Planta también el esparcimiento y las diversiones estaban incluidas. El PRAN disponía que semanalmente un grupo de las que eufemísticamente se les ha dado por llamar “chicas prepago” ingresaran al penal para compartir con los reos que pagaran. La causa nunca era inferior a los mil bolívares fuertes.

Lógicamente en dicha actividad se incluye el licor y las drogas que suman valor a la diversión. Estas trabajadoras no ingresaban a La Planta a escondidas sino por la puerta principal y bajo la mirada inalterable de las autoridades.

Hasta hace aproximadamente 1 año la cárcel fue dirigida por una dama. Su destitución se produjo porque las autoridades, supuestamente, se enteraron de que tendría vínculos con las actividades ilícitas que se generaban dentro y fuera del penal. La ex funcionaria ya venía de trabajar en el INOF y otras instituciones judiciales.

De acuerdo con nuestras fuentes, su relación con las actividades ilegales era tal que se asegura que habría participado- de manera directa- en “eventos” que rayaban en la sodomía y la ninfomanía.

No obstante su salida no cambió en nada la rutina de uno de los centro de acción de la Mafia de los Barrotes.

¿Cuánto vale un muerto?

María Isabel Párraga B.

El grito de esa madre cuando a media noche le avisaron del asesinato de su hijo, partió en dos la madrugada y ya más nunca volvió a ser la misma.

Esa hora menguada cambió la historia de esa mujer, ya en el ocaso de su existencia y apagó la alegría de toda una familia quienes a partir de ese momento comenzaron a sentir el miedo en primera persona.

La estadística del luto también tocó la puerta de esa gente y de la otra, la de más allá, la de Caracas, la del resto del país, la de los barrios y las urbanizaciones. Los gritos de las madres, de las esposas, de las hijas, de las hermanas siguen rompiendo la tranquilidad de las noches y vistiendo de negro a las familias.

Sin embargo, el líder de una revolución que NUNCA se ha ocupado de esas cosas al parecer tan poco trascendentes para ellos como la vida o la seguridad, ante la evidencia del descontento no han tenido otra “genial” idea que anunciar un nuevo plan o misión en el cual la promesa básica es la “indemnización” o lo que es lo mismo “pagar por el muerto”.

Como al parecer no pueden o ¿no quieren?, controlar a los asesinos, la intención es entonces intentar “tapar la boca” de los familiares a punta de billetes.

Poco más de lo mismo. Los “realazos” para solventar la ineficiencia. Resulta que ahora los muertos tendrán tarifa.

La Misión Seguridad a Toda Vida Venezuela, además de un nombre muy cursi, suena a más de lo mismo pero con un chorro de dinero para secar las lágrimas.

Es irónico, un gobierno que se dice socialista y humanista pretende ponerle un PVP a los muertos de su desidia de más de una década. Capitalismo más que salvaje, inhumano.

Te pago tu muerto y te quedas tranquilo y si lo lloras en público, te quejas y reclamas, a lo mejor no te doy absolutamente nada.

Lo increíble es que no sean capaces de hacer un “mea culpa” y luego de negar que aquí haya inseguridad y achacarle, como siempre, los índices de inseguridad a una suerte de “clima” generado por los medios de comunicación, salgan ahora como si se no hubieran tenido nada que ver con el asunto, como si los casi cincuenta muertos sólo en Caracas, el desastre de las cárceles, los secuestros como industrias y los hurtos y robos como el pan de cada día fueran responsabilidad de una gestión anterior, cuando ellos ya son más de dos gobiernos pasados.

Esas madres, hijos, padres, esposas y esposos, hermanos y amigos que rompen la tranquilidad de las tantas y tantas noches con gritos de dolor ante la muerte de sus seres queridos ¿cómo se sentirán cuando les digan que sus muertos valen tanto y que tienen que registrarse en un censo para cobrar su misión?

Suena a un nuevo insulto, ¿no?