Maduro-Diosdado: un nido de escorpiones

Alexander Cambero

Los formalismos oficiales los hacen verse como amigos, sonríen y declaran una lealtad absoluta que solo existe en la teoría. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello luchan fratricidamente por la heredad de Hugo Chávez. Ambos entienden que su oportunidad de subsistir pasa por liquidar las acciones del otro.

El fracaso de Elías Jaua como aspirante a la Gobernación de Miranda amputó al ex encapuchado de cualquier oportunidad. Rafael Ramírez y su funesto desempeño en Pdvsa hacen que su oportunidad sea ínfima. Debido a ello el círculo sucesoral solo guarda entre sus predios a estos dos personajes tan disimiles.

Nicolás Maduro supo ganarse el afecto del líder hasta convertirse en su consentido, logró vencer la muralla de surgir del mundo civil, sin embargo ser uno de los pocos sobrevivientes de los asiduos visitantes de la cárcel en Yare lo hacen una pieza de confianza para el paciente oncológico.

Diosdado Cabello es la inversa del canciller. Muestra los dientes del control militar, los instiga hasta llenarlos del deseo de avanzar por encima de las instituciones democráticas, si aquí no llega Hugo Chávez en los lapsos previstos en la ley. Este hombre no es un admirador cautivo del régimen castrista, allí los recelos de La Habana para con él.

Diosdado es un hombre que sueña con un gobierno militarista de izquierda como el orientado por el peruano Juan Velasco Alvarado y que supuso el derrocamiento del sistema democrático en manos del presidente Fernando Belaúnde Terry, el 3 de octubre de 1968. Es decir, una administración revolucionaria pero sin depender de los caprichos cubanos, y menos amparar al país caribeño con un costo político y económico difícil de manejar.

Además manteniendo fuera de combate al castrismo evita ser teledirigido, espiado y sin ninguna barrera que impida negociar con Estados Unidos. Igualmente tendría elementos para dialogar con sectores de la oposición asfixiados por la intención de Hugo Chávez de pulverizarlos. Este hombre quiere seguir haciendo negocios y lucrándose como cualquier socio capitalista.

Nicolás Maduro es, como dijimos, la inversa del monaguense. Es un hombre de absoluta confianza de Hugo Chávez y predilecta pieza de ajedrez de los hermanos Castro. En Cuba saben que con él sus negocios están a buen resguardo. Es un activo político que manejan a su antojo, desde hace más de 4 años pensaban que este dirigente era el ideal para sus planes.

Hugo Chávez en sus delirios de grandeza había transformado su liderazgo en un permanente sueño de inmortalidad, siempre entrometiéndose en asuntos ajenos y volando a La Habana para ser corregido y obligado a seguir los dictámenes de sus mecenas políticos. Fidel Castro tenía que soportar por horas aquel delirante creyéndose el benefactor del mundo, se aburría de sus teorías y sus esprintadas a caballo en el imaginario de pueblos rendidos a sus pies.

El cáncer que cruzó el umbral de su vida hizo que se fijaran con más detalles en el oscuro canciller que vivía aprendiendo el oficio de manos del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba de la época Felipe Pérez Roque. Un hombre de escasa preparación pero con todos los atributos para servir de fantoche.

Los podemos ver en la foto, pero no se soportan. Esa larga procesión de intereses va por dentro. El pequeño hilo que los une es Hugo Chávez. Han comenzado a mover sus piezas sigilosamente hasta ir logrando apoyos que significan la estabilidad. La lealtad es una bandera que ondea hasta que la destrozan los intereses.

La revolución avanza en campo minado, ya veremos quién queda a salvo en esta refriega por la heredad.

¿Qué va a pasar el 10 de Enero?

José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV

Es el tema del cual todos hablan: qué pasará si el 10 de enero de 2013 el Presidente Hugo Chávez no puede juramentarse ante la Asamblea Nacional, para iniciar el nuevo período presidencial para el cual fue electo el 7 de Octubre de 2012. Los debates se dan en las panaderías, en los restaurantes, en el parque e incluso en el autolavado.

Medios de comunicación, políticos, profesores, candidatos y otros tantos más han expresado su parecer. En Twitter se expresan elocuentes disertaciones de Derecho Constitucional, comendando incluso una sentencia de la Sala Constitucional que, curiosamente, no ha sido todavía dictada. Tan amplio ha sido el debate que todas las hipótesis han sido planteada y defendidas, de modo que cada posible solución tiene sus defensores y detractores.

Puede entonces ser osado escribir un artículo sobre qué pasará el 10 de enero. Llover sobre mojado, se diría. Sin embargo, creo útil volver sobre este tema, repasando las distintas hipótesis expuestas para intentar arrojar luces a un debate que, me adelanto, toca un tema que no es tratado en detalle en la Constitución. Para ello, sin embargo, trataré de emplear un lenguaje sencillo, apelando a la que, creo, es una de las herramientas más útiles en el Derecho: el sentido común, en respeto al texto de la Constitución.

Leyendo el artículo 231 de la Constitución

Lo primero que debemos hacer, y no es poca cosa, es ponernos de acuerdo sobre la duda. Como dijimos, la pregunta que todos se hacen es qué pasará el 10 de enero si el Presidente de la República no toma posesión ante la Asamblea Nacional.

Repasemos los hechos. Hugo Chávez fue electo (o mejor dicho, reelecto) para el cargo de Presidente de la República el pasado 7 de octubre de 2012, para el período 2013-2019, o sea, el período presidencial de seis años, según señala el artículo 230 de la Constitución.

Es en este punto donde entra el artículo 231 de la Constitución, tantas veces citado en los últimos días. No está de más recordar su contenido: el candidato elegido –dispone la norma- tomará posesión del cargo de Presidente el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El artículo 231 dice muchas cosas, pero hay al menos un problema que no resuelve: qué pasa si el 10 de enero el candidato elegido no toma posesión ante la Asamblea Nacional. Este vacío constitucional (lo que los profesores llamamos “lagunas”), es lo que ha dado pie a la tertulia constitucional de la cual hoy me ocupo.

Releyendo el artículo 231 de la Constitución

Una de las objeciones que tengo a muchas de las explicaciones que he visto, es que parten de una interpretación literal del artículo 231 de la Constitución, lo cual no es necesariamente la mejor técnica de interpretación constitucional. Leer la Constitución es, en efecto, tarea difícil y delicada, pues las normas constitucionales suelen ser normas concentradas, que encierran un conjunto de principios y valores que deben ser tenidos en cuenta al momento de interpretar su sentido y alcance.

Me aclaro: no es que la interpretación literal de la Constitución debe ser descartada. Tampoco me inclino por la tesis que ve, en la Constitución, una norma flexible y elástica. La Constitución, toda ella, tiene carácter normativo, o sea, establece reglas de conductas que deben interpretarse en el conjunto de la Constitución, pero sin desvirtuar su sentido, en reinterpretaciones que terminan creando una suerte de Constitución paralela.

En resumen, el artículo 231 de la Constitución no puede ser leído en abstracto, sino atendiendo a la interpretación integral de la Constitución, teniendo en cuenta tres principios sobre los que luego me referiré: la preservación de la voluntad popular; la continuidad de los Poderes Públicos, y el carácter temporal del período presidencial.

El origen de las discordias

Decía antes que el origen de las dudas (¿o más bien discordias?) es que ´la pregunta que todos se hacen no encuentra respuesta en el artículo 231 de la Constitución.

Primero, pues esa norma nada dice sobre la consecuencia de la falta de juramentación.

Segundo –y esto es muy importante- pues el artículo 231 de la Constitución no fue escrito pensando un caso de reelección presidencial, como el presente.

En efecto, si volvemos atrás, podremos releer que el artículo 231 constitucional se refiere al “candidato elegido”, o sea, el candidato elegido en sufragio directo, universal y secreto. Algunas de las dudas formuladas se presentan pues Hugo Chávez no es sólo candidato elegido: es también Presidente en ejercicio. Ello ha dado pie, como veremos, a más de un equívoco.

Aclarando los conceptos: presidente electo, presidente en ejercicio, falta absoluta, falta temporal

Llegados a este punto, debemos hacer un necesario ejercicio de depuración conceptual, lo que nos llevará no sólo al artículo 231, sino a otras normas de la Constitución cuya interpretación es necesaria para tratar de entender qué va a pasar el 10 de enero.

El primer concepto es el de Presidente electo, que coincide con el concepto de “candidato elegido”, ya tratado. El Presidente electo es, como su nombre lo indica, el candidato que fue electo para tal cargo pero que todavía no ha tomado posesión del cargo. El artículo 233 de la Constitución alude a ese término cuando regula las faltas absolutas.

El Presidente en ejercicio es aquel que, habiendo sido electo, tomó posesión del cargo. Esto quiere decir que el Presidente electo pasa a ser Presidente en ejercicio cuando toma posesión del cargo de acuerdo con el artículo 231, tantas veces citado.

Ahora vayamos a las faltas. La Constitución regula dos tipos de falta: absolutas y temporales. Las faltas absolutas se numeran en el artículo 233: muerte, renuncia, destitución acordada por decisión del Tribunal Supremo, incapacidad física o mental permanente declarada por junta médica designada por el Tribunal y aprobada por Asamblea, abandono del cargo declarado por la Asamblea y revocatoria popular del mandato.

Como se ve, las causas de falta absoluta son precisas y taxativas. Esto quiere decir que las faltas absolutas son sólo las que enumera el artículo 233, y ninguna otra distinta. Esto es así pues la falta absoluta es una circunstancia excepcional que implica la terminación de un mandato popular.

Por ello la Constitución se encarga además de las consecuencias de esa falta, según el momento en el que se produce:

(i) si la falta absoluta afecta al Presidente electo (o sea, del candidato elegido que no ha tomado posesión), asumirá la Presidencia el Presidente de la Asamblea Nacional hasta que se realice una nueva elección en el plazo de treinta días dispuesto en la Constitución;

(ii) si la falta absoluta afecta al Presidente en ejercicio durante los cuatro primeros años de su período, asumirá la Presidencia el Vicepresidente, hasta la convocatoria a nueva elección;

(iii) si la falta absoluta afecta al Presidente en ejercicio a partir del quinto año del período, asumirá la Presidencia el Vicepresidente hasta culminar ese período (artículo 233).

Distinto es el caso de las faltas temporales

El artículo 234 de la Constitución no enumera cuáles son tales faltas, pues se limita a señalar que la falta temporal (i) será suplida por el Vicepresidente, (ii) hasta por noventa días prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por un lapso igual. Si la falta temporal se prolonga por más de ese lapso, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.

Al no haber un listado de faltas temporales, no puede decirse que los supuestos de faltas temporales son taxativos. En mi opinión, las faltas temporales aluden a cualquier condición de hecho que impida –temporalmente, valga la redundancia- el ejercicio de la Presidencia. Una enfermedad, un viaje, cualquier motivo puede llevar al Presidente a separarse temporalmente del cargo, con lo cual no se requiere cumplir ninguna formalidad. La única formalidad aplica, como vimos, cuando la falta se extiende por más de noventa días.

A la vista, parece ser un sistema completo y complejo. Pero si volvemos a leer estas normas, podremos ver que no se trata de un sistema tan completo, pues hay al menos un punto que la Constitución no resolvió: qué pasa si hay ausencia temporal del Presidente electo. Tal es el origen de las amplias discusiones que han ocupado a muchos venezolanos en estos días.

Si el Presidente electo no se juramenta el 10 de enero

Ya podemos abordar directamente el problema y dar así nuestra interpretación. Hay dos causas bajo las cuales el Presidente electo puede no juramentarse: o por mediar causal de ausencia absoluta o por mediar causal de ausencia temporal. Si el Presidente electo no se juramenta el 10 de enero, por una de las causales taxativas de ausencia absoluta, entonces, deberá procederse como dispone el artículo 233: asumirá el Presidente de la Asamblea hasta la convocatoria de elecciones.

Pero el Presidente electo puede ausentarse el 10 de enero por cualquier otra razón distinta a las causas de ausencia absoluta que el artículo 233 enumera taxativamente, lo que sería un supuesto de ausencia temporal: desde una enfermedad, hasta un simple  percance operativo que le impide arribar el 10. Ciertamente, pueden ser varias de las causas que, sin ser una causal de ausencia absoluta, impidan al Presidente electo tomar posesión.

Ante este problema (la pregunta que todos se hacen), debemos examinar todas las hipótesis posibles, para descartar aquellas que resultan contrarias a la Constitución, lo que nos permitirá arribar a la única solución que, guste o no, es la que resulta conforme con la Constitución. Trataré de seguir, aquí, todas las tesis que he podido leer en la tertulia constitucional de los últimos días.

Primera hipótesis: si el Presidente electo no se juramenta el 10 de enero hay una ausencia absoluta

Esta tesis ha sido asomada: la falta de juramentación produciría una ausencia absoluta del Presidente electo. No estoy de acuerdo con esta interpretación, pues viola uno de los principios a los que antes hice referencia: la soberanía popular.

El Presidente Hugo Chávez fue electo como Presidente el 7 de octubre y esa decisión debe ser respetada. La ausencia absoluta, al implicar el desconocimiento de la voluntad popular, debe responder a las causales taxativas de la Constitución. Y la Constitución no establece como causal de ausencia absoluta la falta de juramentación. Luego, esta hipótesis debe descartarse.

Segunda hipótesis: si el Presidente electo no se juramenta el 10 de enero se prorroga el mandato presidencial

Otra tesis es que si el Presidente no se juramenta el 10 de enero, el mandato presidencial se prorroga hasta el día en el cual pueda tomar juramento. Tampoco comparto esa tesis, pues atenta contra otro de los principios señalados: el carácter temporal e improrrogable del mandato presidencial.

La Constitución señala que el 10 de enero comienza el período presidencial que durará seis años: ni un día más, ni un día menos. Y como el 10 de enero inicia a las 12:00 de la noche, entonces, el período presidencial culmina a las 11:59 de la noche del 9 de enero de 2013. Se trata de un lapso inexorable e inaplazable, como sucede con el célebre cuento de hadas en el cual el hechizo culminaba, igualmente, a las doce de la noche.

Ese período no puede prorrogarse. Si el 10 de enero el Presidente electo no se juramenta, deberá articularse otra solución: pero ya el período presidencial venció ese día y, con él, también, el ejercicio de la Vicepresidencia, que queda sujeto al mandato presidencial. Luego, no es posible mantener el status quo actual, para extender el ejercicio del cargo del Presidente, Vicepresidente y los Ministros.

Frente a esta solución podrá formularse una réplica, muy aguda, por cierto: que actualmente el Presidente en ejercicio es también Presidente electo y que por ello resulta más práctico mantener el status quo, prorrogando el inicio del nuevo mandato hasta tanto el Presidente electo pueda retornar al país.

Esta solución pasa por alto que el período presidencial iniciado en 2006 finaliza, por mandato constitucional, el 9 de enero. Sea o no práctico, esa es la única solución que admite la Constitución, la cual –para bien o para mal- no estableció excepción alguna en caso de reelección presidencial.

Tercera hipótesis: si el Presidente electo no se juramenta el 10 de enero asume el Vicepresidente

Para muchos, si el 10 de enero no se juramenta el Presidente electo, asumirá la Presidencia el Vicepresidente actual. Esta solución difiere de la anterior, que se basa en mantener el status quo. Como se sabe, aun cuando el Presidente no está en el país, al seguir tratamiento médico en el exterior, el Vicepresidente no ha asumido la Presidencia de la República, lo que es una situación irregular, pues hay, de hecho, una ausencia temporal que debe ser suplida por el Vicepresidente.

En cualquier caso, la segunda hipótesis plantea mantener el esquema actual, prorrogando el mandado del Presidente en ejercicio quien se encuentra en el exterior, mientras que la tercera hipótesis que aquí explicamos designa que debe asumir la Presidencia el Vicepresidente al mediar una causal de ausencia temporal.

Esta tesis tiene un punto débil: el 10 de enero no habrá Vicepresidente. Me explico. Como el 9 de enero culmina el período presidencial, el día 10 el Vicepresidente del período anterior dejará de ser tal, con lo cual, mal puede asumir la Presidencia para un próximo período. Ello equivaldría a “prorrogar” al mandato presidencial, lo que no es admitido por la Constitución.

Cuarta hipótesis: si el Presidente electo no se juramenta el 10 de enero se juramentará después antes el Tribunal Supremo

De acuerdo con esta tesis, la fecha del 10 de enero rige sólo para la juramentación ante la Asamblea. Pero si la juramentación es ante el Tribunal, entonces, podrá juramentarse cualquier otro día. Esta solución es, también, contraria a la Constitución.

Comencemos por lo primero. El artículo 231 establece que el Presidente electo tomará posesión del cargo el 10 de enero del primero año de su período mediante solemne juramentación. La referencia a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo se refiere al dónde de la juramentación, no al cuándo.

El cuándo es un día fijo: 10 de enero. El dónde puede variar: ante la Asamblea o, de no ser posible, ante Tribunal. Nótese que la imposibilidad alude al órgano del Poder Público ante el cual el juramento debe ser rendido, no a imposibilidades propias del candidato elegido.

Además, admitir que el Presidente puede juramentarse ante el Tribunal luego del 10 de enero, implicaría prorrogar el mandato presidencial, lo que insistimos, no es posible.

Quinta hipótesis: la juramentación se efectúa en el exterior

Si el Presidente no va a la Asamblea, la Asamblea va al Presidente. O va el Tribunal. De acuerdo con esta hipótesis, la juramentación podría efectuarse en el extranjero, dada la convalecencia del Presidente de la República en ejercicio y electo.

Para ello se trasladaría la Asamblea Nacional (más bien una suerte de Comisión designada a tal fin) o incluso, los propios Magistrados del Tribunal. Esta tesis se apoya en una lectura literal del citado artículo 231, que no aclara que la juramentación debe efectuarse en Venezuela.

Si se acoge esa interpretación, lo mismo daría entonces que el Presidente se juramentase por teleconferencia, por Skype o cualquier otro método. Tal amplitud vacía de contenido a la Constitución, y convierte la juramentación en un acto totalmente maleable.

El artículo 231 no aclara que la juramentación debe hacerse en Venezuela, pues el señalar que el Presidente se juramenta ante la Asamblea o ante el Tribunal, implícitamente, está señalando que la juramentación debe efectuarse en Venezuela, pues la Asamblea y el Tribunal, como todos los Poderes Públicos, sólo pueden ejercer su competencia en el territorio nacional.

Frente a cualquier duda que pueda existir en este punto, es necesario además considerar que la juramentación del Presidente en el exterior sería un fraude a la Constitución, pues pretende obviar la existencia de condiciones de hecho que impiden el ejercicio de la Presidencia. En efecto, si el Presidente electo no puede venir a Venezuela para la juramentación, es por cuanto razones médicas impiden ese viaje.

Con ello en realidad se está demostrando que existen razones médicas que temporalmente impiden no sólo la juramentación, sino el ejercicio de la Presidencia.

La solución no puede ser, entonces, trasladar a los Poderes Públicos al exterior. La solución para por reconocer esa ausencia temporal y actuar en consecuencia.

Sexta hipótesis: si el Presidente electo no se juramenta el 10 de enero, hay una ausencia temporal que debe ser suplida por el Presidente de la Asamblea Nacional

Al resolver sus casos, Sherlock Holmes empleaba un método que recomiendo a mis alumnos: eliminen toda solución imposible, o en nuestro caso, toda solución contraria a Derecho. La solución que queda, conveniente o no, es la solución ajustada a Derecho.

Hasta ahora sabemos que si el Presidente electo no se juramenta el 10 de enero, no hay falta absoluta (o sea, no pierde su condición de Presidente electo); no se prorroga el período presidencial; no puede asumir el Vicepresidente ni puede prorrogarse el período hasta una próxima juramentación ante el Tribunal.

Tampoco pueden trasladarse al exterior la Asamblea o el Tribunal ¿Qué hacer entonces? ¿Queda la Presidencia vacante? ¿Entramos en el temido “vacío de poder”?

Aquí entra el tercer principio citado: la continuidad de las instituciones. El mandato presidencial es temporal. La Presidencia es permanente. No puede confundirse una figura con otra, para tratar de argumentar que el mandato es también continuo: la Presidencia como institución es permanente, mientras que el Presidente siempre es temporal, es decir, es un Presidente de turno, que tarde o temprano pasará.

Esto quiere decir que si el 10 de enero de 2013 el Presidente electo no se juramenta, alguien debe asumir temporalmente la Presidencia, pues esa institución es permanente. El único funcionario que podría asumir ese cargo sin violar la Constitución es el Presidente de la Asamblea Nacional.

De inmediato me replicarán: la Constitución no contempla que el Presidente de la Asamblea Nacional asuma la Presidencia en caso que, temporalmente, el Presidente electo no  pueda tomar posesión el 10 de enero. Eso es cierto: ya dijimos que en este punto existe una laguna constitucional.

Pero también es cierto que en caso de ausencia absoluta del Presidente electo, el Presidente de la Asamblea asumirá la Presidencia, solución que analógicamente debería aplicar al presente caso. Es, además, la única solución posible que no es contraria a la Constitución, según el análisis que he hecho.

Con ello, se respetan los tres principios ya mencionados. La voluntad popular se preserva, pues el Presidente electo no pierde esa condición. El carácter temporal del mandato presidencial se preserva, pues el 10 de enero tomará posesión un nuevo Presidente. Finalmente, la continuidad de la Presidencia (que no del mandato presidencial) se preserva, pues ciertamente el 10 de enero habrá un nuevo Presidente, si bien temporal.

Entonces, si el Presidente electo no se juramenta el 10 de enero asumirá el Presidente de la Asamblea Nacional

Si el 10 de enero de 2013 el Presidente Hugo Chávez, Presidente electo y hasta el día anterior, Presidente en ejercicio, no se juramenta ante la Asamblea Nacional por alguna causa distinta a las causales de ausencia absoluta, asumirá el Presidente de la Asamblea Nacional.

Esa condición debe ser temporal, por definición: quien fue electo como Presidente es Hugo Chávez, no quien ocupe la Presidencia de la Asamblea Nacional para el 10 de enero (conforme a la designación que deberá hacerse el 5 de enero de 2013, según los artículos 194 y 219 de la Constitución).

Por ello, estimamos aplicable analógicamente el régimen de ausencias temporales del Presidente electo: esa situación podrá mantenerse hasta por noventa días, prorrogables por un plazo igual por decisión de la Asamblea. Transcurrido ese plazo, la Asamblea decidirá si hay ausencia absoluta del Presidente electo, caso en el cual se convocará a nuevas elecciones.

Ese procedimiento no puede ser aplicado en fraude a la Constitución, para tratar de calificar como temporales faltas absolutas, o como absolutas faltas temporales. Por ello, al margen de la redacción literal de la Constitución, la falta temporal no puede mantenerse indefinidamente, pues en suma, ella es en sí misma una excepción a la soberanía popular, pues la Presidencia será ejercida por quien no fue electo para tal cargo.

El principio de la voluntad popular, que se ha defendido para argumentar que la falta de juramentación no puede dar lugar a una ausencia absoluta, debe también ser tenido en cuenta en este escenario. El pueblo eligió a Hugo Chávez para que ejerciera la Presidencia, no para que se mantenga alejado del ejercicio efectivo de esa Presidencia mientras alguien, que no fue electo, ocupa la Presidencia.

Esto lo señalo para recalcar que la ausencia temporal del Presidente en ejercicio y electo que existe actualmente, y que podría existir para el 10 de enero, no puede extenderse ilimitadamente en fraude a la Constitución.

Respondiendo posibles críticas

Tan crispada ha sido la tertulia constitucional sobre el 10 de enero, que seguramente la solución que aquí asomo no será del agrado de todos, y podrá levantar más de una crítica un tanto airada. Hago mía la expresión de Manuel Caballero: no escribo para complacer, sino para entender mejor la realidad que me rodea.

Sea o no la solución que aporto conveniente políticamente, es –a mi juicio, que como tal es siempre relativo e imperfecto- la solución apegada a la Constitución.

Los venezolanos debemos entender que la Constitución es una norma jurídica que forma parte de un sistema con principios y valores ciertos, no un texto que podemos manipular según la conveniencia de cada caso.

Muchos de nuestros problemas como sociedad tienen su origen, precisamente, en esa interpretación elástica de la Constitución. No hace mucho, en el siglo pasado, el entonces Congreso de la República, por estimarlo políticamente conveniente, declaró la ausencia absoluta del Presidente cuando en realidad sólo mediaba una ausencia temporal, declarada en un juicio que se guió no por el Derecho, sino por lo que resultaba políticamente conveniente entonces.

La conveniencia política ha signado muy hondamente, desde entonces, nuestros destinos, en el medio de la rebelión de los náufragos a la cual se ha referido M. Rivero.

Ya es tiempo de cambiar esa concepción elástica de la Constitución que, cual veleta, se adopta a los vientos siempre cambiantes de la política. La política no debe modelar a la Constitución: la Constitución es quien modela a la política.

Por lo anterior convendría estar pendiente el próximo 5 de enero, cuando la Asamblea designe al Presidente (o Presidenta) de la Asamblea Nacional. Podría estar designando también el próximo Presidente (o Presidenta) temporal de Venezuela.

Nunca es tarde para ser chavista

Elides Rojas

Tenemos que admitir que tardamos demasiado. Cuando escuchamos a Jorge Rodríguez decir que “debemos estar orgullosos de Chávez, él es nuestro padre, nuestro guía”; la razón regresó de un viaje a lo que consideramos un error reiterado y mal pensado.

Dejamos de estar en la acera de enfrente del régimen y nos volvimos chavistas. Tarde, pero al final siempre triunfa la sensatez, la cordura y un mínimo de pensamiento positivo.

No pueden estar equivocados más de ocho millones y medio de venezolanos que votaron hace poquito, con todo y los 14 años encima, por quien poco a poco se ha convertido en el dios que siempre ha debido ser. Navarro, Diosdado, Maduro, Jorge Rodríguez, unidos por un momento en que la emoción se lleva todo por delante han admitido que son hijos de Chávez, que tienen un pastor, una guía, un líder.

No es jaladera de mecate. Es sentimiento puro. Y eso, en estos tiempos en que cuesta encontrar aprecio y ternura en el mundo, es una demostración de que efectivamente el hombre nuevo está naciendo. Y está naciendo en Venezuela gracias a nuestra arandela espiritual, a nuestra tuerca del universo que intenta apretar en la tierra y construir un mundo mejor. Lo está logrando.

Por eso, aunque parezca tarde, ya estamos en la cola de quienes buscan su franela roja, su boina y el corazón de la patria.

No sabemos, y eso deben tomarlo en cuenta quienes todavía no entran a la secta chavista, qué ocurre. Hay un fenómeno extraño que impide a la gente evaluar con claridad qué es chavismo y hacia dónde lleva al país. Cuando uno escucha a un hombre decir, a quien no nombraremos por respeto a su espíritu, que “Chávez es el ajedrecista de la ternura”, sinceramente, se acabó lo que se daba.

Cómo no ser chavista si ahí está lo que un humano ordinario busca toda su vida: un ajedrecista de la ternura. Está ahí, al alcance de todos. Y en Venezuela. Gracias a Dios es poco.

Ahora lo vemos todo claro. El país va rumbo al desarrollo. Más todavía. Sí seremos una potencia mundial. Hay empleo para todos, grandes inversiones locales y extranjeras.

Las empresas crecen por todos lados. No hay sectarismo. El Banco Central de Venezuela, un organismo de probada credibilidad e independencia, lo declaró: Venezuela creció económicamente casi 6%.

Cómo no ser chavista. ¿Cómo es posible que hayamos tardado tanto tiempo en darnos cuenta y convertirnos sin revuelta y sin complejos? No al estilo Didalco Bolívar o William Ojeda.

No. Lo hacemos de buena fe, con entrega total y hasta de rodillas si fuese necesario.

Tener un carné del PSUV en la cartera es una sensación diferente, es vida, se respira mejor. Se siente el mar de la felicidad muy cerca. Y pensar que perdimos 14 años. Pudimos haber arrancado la colección con el MVR-200 y hoy seríamos más que chavistas.

Habríamos conocido las glorias del ajedrecista de la ternura, del corazón de la patria, mucho antes y sin la pena de haberlo contrariado en su proyecto y visión.

Pero nunca es tarde. Ya tenemos la colección completa de canciones y cadenas. Todos los Aló en CD y, muéranse de envidia, los afiches de la última campaña. Viva Fidel, cará… Viva El Zorro. Vivan Viruta y Capulina.

División a la vuelta de la esquina

Elides Rojas

Dos derrotas descomunales para la oposición. Dos triunfos electorales enormes para el chavismo. Esa es la base del poder político con que comienzan los siguientes seis años de mandato de Chávez.

Todos los poderes públicos en sus manos, mayoría trampeada en la Asamblea Nacional, mayoría en los consejos legislativos regionales, mayoría en los consejos comunales. Mayoría en todo.

Pero hay un problema, un detalle demasiado importante: Chávez, según todas las informaciones, tal vez no pueda asumir el próximo 10 de enero su nuevo período de seis años en la presidencia de lo que queda de país.

De allí todas las especulaciones. Si se da como un hecho que Chávez no podrá ejercer, se despeja el peso del nombre de Chávez en todas las instituciones y rincones de Venezuela y tanto gobierno como oposición tendrán que reconstruir todo. No de cero para el chavismo, que tendrá la marca del líder bajo su registro de derecho de autor. Para la oposición es otra cosa.

Veamos

La MUD nace por la necesidad de mantener unida a la opción democrática y poder enfrentar con alguna posibilidad de éxito a Chávez. Léase Chávez. No se dice derrotar al oficialismo o al gobierno. Se dice derrotar a Chávez. Se trata este tema en términos individuales, unipersonales. No se ha podido, pero se ha avanzado mucho en materia de votos y en materia de trabajo en equipo. Pero Chávez sigue ganando y cada vez más. Pero ocurre que así como el gobierno gira en torno a Chávez, la oposición también.

¿Se mantendrá unida la oposición sin Chávez al frente? ¿Estarán seguros de poder derrotar a la propuesta oficialista representada por Maduro o Diosdado sin estar unidos? Hay ese peligro.

Los partidos de oposición, y esto no es ningún secreto, se dividen en tres grandes grupos. Los tradicionales y más viejos como AD y Copei, los más nuevos compuestos por gente joven y del mundo estudiantil, como Primero Justicia y los partidos de izquierda o los que abandonaron al chavismo.

Se ha dicho que dos de esos sectores al menos tienen aspiraciones y las harían conocer en caso de que Chávez salga de la escena. Eso hace presumir que asumen que le pueden ganar divididos a quien el chavismo coloque en las tarjetas.

La verdad es que después de ver a la monumental maquinaria chavista en acción en las dos últimas elecciones el chavismo sin Chávez puede seguir ganando si cuenta con los reales que le pide la gente. Eso basta. No obstante es muy posible que el chavismo se deslave, pero esa es la otra parte de la torta.

Y es el punto. El chavismo también, según se dice, enfrenta la posibilidad de explotar sin tener al líder que los mantiene unidos más allá de sus propias diferencias y apetencias.

Chávez tuvo la diligencia de nombrar a Nicolás Maduro como su sucesor y pidió al chavismo que votaran por él. Pero, se comenta que eso no bastará. Diosdado Cabello se considera el legítimo segundón. Es militar, fue de los golpistas originales y ha estado muy cerca del jefe en muchos cargos públicos.

Además existe otra corriente que seguramente mostrará los dientes al oficializarse la desactivación de Chávez. Se trata del grupo llamado de los neo adecos, una especie de socialistas no pro cubanos, más bien nacionalistas, que quieren gobernar sin la cubanización ni el entreguismo al extranjero del chavismo castristas.

Complicado todo ¿no?

 

“No habrá una etapa post chavista. Tampoco transición”

Leopoldo Puchi

Los términos “transición” y “post chavismo” tienden a distorsionar la interpretación de los acontecimientos en curso. Por lo general, se utiliza esta figura tomando como ejemplo la llamada transición en España luego de la muerte de Francisco Franco, o lo ocurrido en Chile luego de la derrota, en referendo, de Augusto Pinochet en 1988.

En estos casos se puede hablar efectivamente de una transición, porque se pasó de un modelo político institucional a otro.

Se cuestionaba el sistema existente y se proponía uno distinto, en el que hubiera elecciones, se legalizaran los partidos políticos, hubiera libertad de expresión y se permitiera la competencia de candidatos pertenecientes a diferentes corrientes políticas e ideológicas. Para tales efectos se realizaron cambios constitucionales y legales de importancia en ambos países.

En el caso venezolano nadie está planteando un cambio del actual modelo de organización política. Todo el mundo está de acuerdo con el presente sistema, con el pluripartidismo, la libertad de expresión y con la posibilidad que existe de que compitan candidatos a la presidencia y al parlamento de procedencias políticas distintas.

Hay críticas a la forma en que se ejerce el poder, a la ineficiencia o a los abusos, pero no al modelo. Esto crea una situación radicalmente distinta a lo ocurrido en España y Chile, países en los que la demanda era por un cambio de modelo político.

Ciertamente, hay sectores que plantean una modificación del modelo vigente en lo económico y social. Proponen la disminución del peso del sector público, la privatización de empresas, la reducción del ámbito de regulaciones del Estado en la economía y cuestionan su participación en la redistribución de la riqueza. Pero los factores partidistas de la oposición no han hecho un pronunciamiento claro al respecto.

Allí no se escuchan voces a favor de la privatización de Pdvsa, Cantv, o de la Electricidad. No hay propuestas explicitas para la eliminación de la red de distribución de alimentos estatal. Tampoco está en la agenda, aparentemente, la eliminación de los mecanismos de atención social, como el sistema de pensiones o las misiones.

Al contrario, los dirigentes más importantes de la oposición se indignan cuando se les señala de querer un cambio, una transición de ese modelo económico social a otro distinto. Las propuestas son de eficiencia en el manejo del mismo modelo. No se puede hablar entonces de transición.

Así que, si Chávez se ve obligado a abandonar la presidencia por razones de salud y es sustituido a corto o mediano por un represente de la oposición o del Gobierno, no entraríamos en una etapa post chavista.

No habría “transición”, aunque seguramente, en el futuro, habrá alternancia al interior del sistema. A menos que se diga una cosa y se tengan otros planes.

Disparates: los avalúos inquilinarios

Herbert Hudde

Como ejercí la profesión de Avaluador de Inmuebles, y di clases de esa materia durante más de 15 años, creo poder hablar sobre ese tema con cierta propiedad.

El primer disparate, quizá el mayor, es no tomar en cuenta el valor del terreno, pues las viviendas no se construyen en el aire, sino sobre la tierra, por la cual hay que pagar igualito que por el cemento, las cabillas, etc.

Es más, concediendo que la tierra bruta debe ser gratis, pues “Dios se la dio a la humanidad sin costo alguno, y nadie tiene derecho a que sea suya“, alguien tiene que pagar por el urbanismo que es necesario realizar para que dicha tierra sea habitable en términos razonables dentro del mundo moderno, pues ello implica la construcción de calles, de las dotaciones de servicios de aguas blancas y negras, electricidad, etc., etc., cosas que, que yo sepa, en la mayoría de los casos las hicieron y hacen los privados, y a estos, evidentemente, hubo o hay que pagarles por ese trabajo.

Ignorar el terreno debe ser totalmente inconstitucional, pues implica que se le está arrebatando valor a una cosa por la que los propietarios, en casi todos los casos, pagaron con el sudor de sus frentes.

Además, considerar solo los costos de la construcción de las edificaciones implica que igual vale una casa en Altamira que en otras zonas, por no nombrar ninguna, en las cuales la gente simplemente construye sin pagar un céntimo por la tierra.

De igual forma, esto viola el conocido “principio” de que los 3 factores más importantes que determinan el valor de un inmueble son “ubicación, ubicación y ubicación”, pues ésta donde se refleja es en el valor del terreno.

Presumo que el hecho de ignorar el terreno se debe simplemente a una orden de Papadiós, más o menos como “no me tomen en cuenta el terreno, pues la tierra debe ser del pueblo, y no hay que pagar nada por ella”, por lo cual excuso a las personas que trabajaron en esto, pero como se demoraron un año en elaborar las tablas de “valor” que se acaban de publicar, yo pensaba que la ubicación, los costos de urbanismo, etc., se iban a tomar en cuenta a través de algún factor que se fijaría para cada zona, barrio o urbanización, pero nanay de eso: a igual costo de construcción de las edificaciones, igual valor. Vaya.

Sigamos. Una de las primeras cosas que se enseña en cualquier curso de avalúos, es que costo y valor son dos cosas totalmente diferentes. Si para construir un edificio se tiene que pagar por un costoso relleno y por un también costoso pilotaje, ese edificio cuesta mucho más que otro que se erige sobre un firme terreno en el que se basa directamente la estructura sobre el suelo y no hay que rellenar ni pilotear, pero la gente paga más por este último que por el primero, pues ofrece mayor grado de seguridad.

La tabla de valores publicada no es una tabla de valores, sino una tabla de costos.

Otra: según he oído y leído, entre los criterios que se toman en cuenta para dar la puntuación a la vivienda con la que se entra en las tablas de valor, no figura el número de puestos de estacionamiento. ¿Es que aquí la gente estaciona siempre los carros en la calle, y jamás se roban ninguno?

Otra perla: viendo las tablas de valor, observo que un apartamento ubicado en una mamotrética torre de 35 pisos, “vale” más que otro ubicado en un pequeño edificio de 6 pisos.

Desde que nací y hasta hoy en día, durante mi ya no tan corta existencia siempre tuve entendido que la cosa era al revés, pero por lo visto, como se está cambiando todo, pues resulta que ahora lo masivo vale más que lo exclusivo. Cosas de la revolución bonita.

Como avaluador entiendo que no es nada fácil, créanmelo, resolver este menudo problemita de establecer una metodología para avaluar algo así como medio o un millón de inmuebles desperdigados por todo el país, pero tampoco deben violarse los principios ancestrales de la valuación inmobiliaria.

Otros aspectos: resulta que la Superintendencia encargada de la materia, evidentemente no puede manejar más de 500.000 avalúos en un tiempo razonable, por lo que está pidiendo a la gente ofrecerse de voluntaria para realizar las inspecciones a los inmuebles, sin ninguna remuneración. ¿Cómo va un señor a estar haciendo una inspección tras otra sin cobrar? ¿De qué va a comer?

Haciendo unos cuantos ejercicios sobre viviendas alquiladas, cuyos cánones de arrendamiento conozco y considero razonables, estando algunos incluso baratos, observo que los valores que se están obteniendo con las tablas publicadas, están enormemente por debajo de esos cánones.

Ello va a traer una serie de conflictos muy agrios entre inquilinos y propietarios (de hecho ya se han presentado en cantidades industriales), pues si bien los primeros están gozando una y parte de la otra, muchos de los segundos, que vivían de esos alquileres derivados de ahorros que hicieron honestamente hace años, ahora quedan colgados de la brocha, así que siguiendo lo que escribí en un artículo hace algún tiempo sobre esta ley, la misma, y esta tabla de valores recién publicada, han condenado irremisiblemente al arrendamiento de viviendas a desaparecer totalmente, cosa de extrema gravedad para cualquier país.

20 interrogantes sobre la regulación de los arrendamientos

Mayela Armas

1. ¿Cómo es el proceso de cálculo del canon de arrendamiento?
La Ley de Arrendamientos señala que para estimar el alquiler se tienen que tomar en cuenta cinco aspectos: el precio del metro cuadrado, depreciación del inmueble, vulnerabilidad sísmica y región geográfica. Luego hay que calcularle el porcentaje de rentabilidad que es 3% para los grandes arrendadores y 5% para los pequeños arrendadores.

Previo a la determinación del metro cuadrado, se hace una inspección para evaluar las condiciones del inmueble y se fija un puntaje.

2. De acuerdo a esa fórmula, ¿cuánto se pagaría de renta?
Por ejemplo, a un apartamento de 70 metros cuadrados ubicado en un edificio con ascensor y 15 años de construcción, el precio del metro cuadrado que le corresponde es 4.130 bolívares. Al sumársele la región geográfica (Distrito Capital en este caso), vulnerabilidad sísmica, depreciación y rentabilidad de 5% se tiene que al canon a pagar sería 1.205 bolívares, según estimaciones de Apiur (Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos).

Si se hace ese mismo ejercicio con un apartamento de 70 metros cuadrados en un edificio que tiene 57 años de construcción, el valor del metro cuadrado es 1.452 bolívares. Cuando se incorporan los otros indicadores se tiene que la renta sería 254 bolívares.

3. ¿Ese precio del metro cuadrado que se usará para la estimación del alquiler está definido por zona?
No. Los tabuladores publicados por el Ministerio de la Vivienda el pasado 21 de noviembre son para edificios y casas, y sólo toman en consideración los años de construcción del inmueble. De acuerdo a esas tablas, en las viviendas multifamiliares (edificios) el precio del metro cuadrado más bajo es 3.380 bolívares y el más alto es 8.430 bolívares. Para las casas, los valores oscilan entre 1.860 y 7.050 bolívares.

4. En el cálculo se considera a la región geográfica, ¿eso no significa que se valora la zona?
No. La Ley prevé ponderaciones por región, y el Distrito Capital y los estados del Oriente del país se consideran las áreas más costosas. Pero el coeficiente fijado al Distrito Capital es uno solo, no se desagrega por zona o parroquia, es decir, es el mismo para Caricuao que para La Boyera.

5. De acuerdo a los parámetros fijados por la Ley de Alquileres y el Ministerio de la Vivienda, ¿un apartamento en La Candelaria puede tener un precio del metro cuadrado similar al de uno en El Cafetal?
Sí. Por ejemplo, si en La Candelaria un edificio tiene 20 años de construcción y en El Cafetal hay uno con las mismas características, se establecería el mismo precio del metro cuadrado.

El presidente de Apiur, Roberto Orta, señala que “ahora los precios son iguales sin importar la ubicación”. No obstante, las condiciones de la vivienda pueden influir durante el proceso de definición del canon de arrendamiento. Si la vivienda de El Cafetal tiene mejores servicios que el inmueble de La Candelaria el alquiler puede ser más alto.

6. ¿Por qué las condiciones de la vivienda pueden influir en la estimación de la renta?
Porque las viviendas que están arrendadas serán inspeccionadas por la Superintendencia de Arrendamientos (Sunavi), y el organismo revisará aspectos como paredes, techos, pisos, puertas, ventanas, instalaciones y servicios. Además tomará en consideración si el edificio tiene ascensores y sótanos.

7. Si en un mismo edificio, hay cinco apartamentos alquilados, ¿todos pueden tener el mismo canon de arrendamiento?
No necesariamente, el alquiler puede variar según la dimensión y condiciones del inmueble. Si hay dos apartamentos alquilados cuyo espacio es 50 metros cuadrados y uno está en mejores condiciones que el otro, ese tendrá un alquiler mayor.

9. ¿Los precios del metro cuadrado determinados por el Gobierno serán las referencias en las ventas de las viviendas?
Solamente para la oferta de las viviendas en alquiler. La Ley de Alquileres establece que si el propietario de una vivienda arrendada la va a vender, la primera oferta es al inquilino, si éste acepta comprar, la Sunavi intermedia en la negociación y determina el precio de venta según los tabuladores ya publicados.

10. Es decir, esos precios no serán referencia para la compra y venta en el mercado secundario
No. Un propietario que no tenga su vivienda alquilada la puede negociar al valor que haya pactado con el interesado.

11. ¿Esos tabuladores abren el camino para una regulación del mercado inmobiliario?
Los inmobiliarios señalan que no pueden precisar si ello implicará una regulación a futuro.

12. ¿Qué sucede con aquellos edificios de vieja data que están destinados al alquiler y donde los inquilinos pagan arrendamientos bajos?
Esos arrendamientos serán sujetos a la revisión del Sunavi. La congelación de los alquileres que aplicaba para esos casos no se extendió por la vigencia de la Ley de Arrendamientos, de manera que los propietarios de esos edificios deberán acudir al organismo para que se proceda al nuevo cálculo de las rentas.

13. ¿A los inquilinos de los edificios de vieja data le podría subir el canon de arrendamiento?
Sí. Una vez que la Sunavi haga la inspección y la evaluación es posible que la renta le suba. Si hoy paga 200 bolívares posiblemente luego de los cálculos tendría que cancelar más.

14. La Ley de Alquileres contempla un registro de contratos, ¿la inscripción es obligatoria?
Sí. El marco legal en su artículo 48 señala que “todas aquellas personas con necesidad de vivienda que estén en capacidad de cancelar un canon de arrendamiento, deben inscribirse en la Superintendencia”. Y reitera que todos los contratos tienen que ser revisados para la posterior determinación del canon.

15. ¿El registro es para propietarios e inquilinos?
Sí. Los dos deben estar inscritos.

16. ¿Qué sucede si una persona está alquilada y no está registrada?
Tiene que inscribirse en el registro de la Sunavi. Los inquilinos lo pueden hacer por su cuenta, pero el objetivo de la ley es que estén arrendatarios y propietarios.

17. ¿Existe alguna sanción por no estar registrado?
Sí, pero la sanción es para el dueño del inmueble. Si no ha hecho el registro del contrato será objeto de una multa de 400 unidades tributarias, lo que equivale a 36.000 bolívares.

18. ¿Serán inspeccionados aquellos inquilinos que no están inscritos en el registro?
Por ahora no. El proceso de inspección arrancaría con aquellos casos que están registrados, debido a que el organismo debe evaluarles el contrato y calcularles el alquiler.

19. Después que la Sunavi recibe el contrato ¿cuál es el lapso para informar el monto de la renta que pagará el inquilino?
Se notifica 20 días después.

20. ¿Cada cuánto tiempo serán revisados los contratos?
Cada año tienen que ser revisados.