Empresas básicas han violado normas de control y licitación por años

María Ramírez Cabello

Las irregularidades en procedimientos de gestión, así como las debilidades en materia de control interno en las empresas básicas, se han acentuado de acuerdo con el conocimiento de entes de supervisión y resguardo del patrimonio público como la Contraloría General de la República (CGR).

Una revisión documental de los informes de actuaciones de la CGR permite obtener una radiografía de fallas internas entre las que resaltan la discrecionalidad en el otorgamiento de contratos, en detrimento del principio de competencia; la falta de control de los procesos e, incluso, el desembolso de recursos por obras no ejecutadas.

Las actuaciones del ente en las industrias de Guayana son abundantes, y Correo del Caroní ofrece un compendio de casos emblemáticos en el periodo 2007-2009 que dibujan las prácticas irregulares, catalogadas en algunos informes como corrupción administrativa en las estatales de Guayana.

Buena pro irregular

En el 2006, a un año de crearse el Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam), el ente realizó una verificación en materia de adquisición de materiales y contratación de servicios.

Seleccionó una muestra estadística y esto fue parte de lo que consiguió: En la licitación relativa a la adquisición de 4 automóviles, 4 camionetas y 4 motos, dos empresas presentaron ofertas y el despacho otorgó la buena pro -en diciembre de 2006- a la empresa que consignó la oferta por un monto superior, pese a que la otra “ofrecía mejores condiciones técnico económicas, además de constituirse como una empresa pública, lo que hubiese permitido al Mibam, adjudicar directamente la compra”.

José Salamat Khan Fernández

El hecho ocurrió durante la gestión de José Salamat Khan, actual director del Banco Central de Venezuela.

El Mibam pagó Bs. 845,76 millones en enero de 2007 de acuerdo con las órdenes de pago Nº 1.178 y 1.179, pero recibió las unidades entre marzo y mayo, contraviniendo normas públicas de control, publicadas en la Gaceta Oficial Nº 38.282, el pliego de licitaciones que establece un lapso de entrega y el Código Civil venezolano. Se constató, además, que los precios referenciales de los vehículos eran inferiores a los pagados por el Mibam en 2007.

Tres años después, la Contraloría constató que uno de los vehículos, cuyo precio unitario fue de Bs. 105 mil, no había sido entregado aún.

Concluyó la CGR que el proceso de adquisición de bienes y contratación de servicios “se realizó con evidentes fallas de control en su ejecución, toda vez que se realizaron adquisiciones que no cumplen con los requisitos de sinceridad y racionalidad que debe prevalecer en toda transacción realizada por el Estado”.

Desvío de recursos

Otro caso implicó a la transformadora de aluminio, CVG Alucasa, ubicada en el estado Carabobo. A través de la evaluación de cuentas por cobrar en el período 2002-2006, se constató que recursos por US$ 827.857,23 a favor de la estatal por ventas a crédito efectuadas a un cliente del exterior en el 2003 “fueron transferidos o cedidos a tres empresas; no obstante que no se observaron contratos, acuerdos y/o convenios previos entre las máximas autoridades de Alucasa y el cliente, relacionados con la cesión a las citadas empresas”.

Los soportes de pago no identifican quien los elaboró, revisó y aprobó, y en los mismos no se hace referencia al detalle de la transferencia, número de cuenta y fecha efectiva del depósito recibido.

El informe revela que personal de la estatal hizo “ajustes contables” que permitieron saldar “de manera ficticia” las cuentas por cobrar por ventas de mercancía.

La Contraloría plasmó que se encontraron debilidades de control en la gestión de cobranzas y en el registro contable de transacciones de cobro y las fallas que originaron la transferencia de recursos a empresas distintas a Alucasa generaron un daño en su patrimonio.

Por el reducido control interno, Alucasa entró nuevamente en el expediente de actuaciones 2009 en la Contraloría no sólo por discrepancias respecto a la normativa legal y sublegal que regula la materia de contrataciones públicas, sino por realizar de forma directa tres concursos en el ámbito internacional, sin contar con CVG Internacional como intermediaria.

Adjudicaciones directas

Las adjudicaciones directas son otra irregularidad plasmada en informes oficiales. CVG Minerven, al sur de Bolívar, tramitó 17 operaciones en el 2006 a través de adjudicaciones directas, “obviando los procedimientos para la selección de contratistas”, indica la Contraloría en su informe de actuaciones del 2008, en casos en los que aplicaba un proceso de licitación selectiva, similar a una licitación pública.

El ente indicó que en estos casos se impidió una mayor participación de empresas del ramo “a los fines de cumplir con los principios de economía, transparencia, igualdad y competencia”.

La entrega de contratos a empresas “consentidas” en el caso de Minerven ha sido denunciada en varias instancias del Poder Ejecutivo y Ciudadano, en donde se ha advertido de la contratación de empresas de maletín para suministro de rubros tan disímiles que van desde papelería hasta piezas metalmecánicas.

Ausencia de contratos

La falta de contratos entre contratante y proveedor es otra práctica habitual, que profundiza las debilidades de control y supervisión y que dejan al Estado en situación de indefensión, considerando que la ausencia de formalidad impide exigir el cumplimiento del pedido.

En el informe de actuaciones del 2008, la Contraloría hace referencia a una contratación de CVG Carbonorca para la reconstrucción de cubiertas refractarias en hornos de cocción, bajo el Pedido N° 4500077932 por Bs. 38.555,24.

El expediente no contenía el documento principal del contrato, violando la Ley de Licitaciones.

Adicional a la falta de contrato, la industria tuvo que pagar una compensación -no presupuestada- a la cooperativa por Bs. 1.314,21 por varios días en lo que no pudo acometer las labores de reconstrucción por no contar Carbonorca con grúas y equipos móviles para apoyar los trabajos.

La cooperativa reconstruyó seis cubiertas, de un total de 18 cubiertas contempladas en el pedido. La Contraloría explicó que “el documento denominado pedido utilizado como instrumento de contratación, no reunía las características de un contrato; se realizaron pagos sin estar establecidos en el pedido, ejecutaron 6 cubiertas en vez de las 18 relacionadas en el pedido”.

Situación similar ocurrió con CVG Bauxilum en la contratación de la construcción del sistema de riego y acondicionamiento de la cancha de fútbol del Polideportivo de CVG Bauxilum, C.A., correspondiente al 2006. Además de que el contrato fue suscrito por el Gerente de Logística, que no tenía delegación para ello; no hubo control ni supervisión de las obras y en una inspección in situ, se determinó una diferencia de Bs. 82 mil “por cantidades de obras relacionadas y no ejecutadas”, afectando los intereses patrimoniales de la estatal.

Resistencia al control

Las debilidades han sido identificadas a viva voz y recogidas en numerosos informes de la Contraloría General de la República.

En el 2009, un informe especial sobre el “Empoderamiento de los trabajadores de las empresas básicas” recoge como principales problemas en cuanto al uso de recursos extraordinarios el sobreprecio en las compras y contrataciones de insumos como la cal viva; adquisición de repuestos en el mercado internacional existiendo en el país; y falta de aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas en la adjudicación de obras y servicios.

En la mayoría de los problemas identificados saltan a la vista posibles causas que coinciden en la mayoría de los casos: mal manejo de los procesos licitatorios, falta de participación del trabajador en el proceso de compras, intereses entre cliente y proveedor y problemas en la planificación.

Las causas, descritas por los propios trabajadores, van más allá y atribuyen los problemas a faltas de índole moral y ético, y tráfico de influencias.

En muchos casos, los trabajadores que forman parte de los equipos de control interno encuentran resistencia de parte de la empresa en ofrecer información. La CGR resalta que los trabajadores sienten temor de participar en el ejercicio del control social, “por las represalias de las cuales pudieran ser objeto por parte de las máximas autoridades jerárquicas y demás personal directivo o gerencial de las empresas”.

En razón de eso, solicitan respaldo de instituciones y credenciales que avalen su actuación, lo cual a juicio de la Contraloría “desnaturaliza la esencia de la participación ciudadana”.

La corrupción destapada en CVG Ferrominera Orinoco parece ser sólo la punta de un iceberg, del cual desde hace años los entes de control del Estado venezolano, tiene conocimiento.

Problemas identificados desde el 2009

Esto fue lo que determinó el informe de la Contraloría, desde el 2009, en las empresas básicas:

Falta de ética y moral de los procesos de compras.

Falta de rendición de cuentas. Adquisición de repuestos en el mercado internacional existiendo en el país los mismos.

Intereses económicos  y personales, entre el proveedor y el comprador. No se aplica la Ley de Contrataciones Públicas en la Adjudicación de obras y servicios.

No existe comité de contrataciones que lleve el seguimiento, o no cumple con los pasos previstos en la ley.

En la recepción de los equipos adquiridos no cumplen con las especificaciones técnicas, para los cuales se necesitan.

Falta de seguimiento y control al momento de la recepción de los equipos. Compras de insumos inadecuadas e insuficientes.

Falta de transparencia en las licitaciones en la compra de insumos.

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