La gran deuda de Alcasa

Félix José Saturno

Luego de que la Corporación Venezolana de Guayana nombrara una comisión, para hacer seguimiento a la discusión de los contratos colectivos en todas las industrias del grupo, el secretario general de Sintralcasa y director laboral de Alcasa, Henry Arias, sostiene que discutir un contrato colectivo, no significa llegar a un acuerdo, sino mejorar los derechos presentes en las contrataciones colectivas, tal y como lo establece la Constitución, en el artículo 89, el cual estipula que los derechos laborales son irrenunciables, intangibles y son progresivos.

Henry Arias

Según Henry Arias, Alcasa posee pasivos laborales cercanos a los 2.500 millones de bolívares, por esta razón asegura que las empresas no aguantan la discusión de los contratos colectivos pues la empresa no tiene fondos para cancelar dicha deuda.

En este sentido, el dirigente sindical recomendó al Gobierno que era necesario rescatar a la empresa a través de los proyectos que aún no se han desarrollado, los cuales pueden ayudar a generar ingresos a la CVG y a todos los sectores de la sociedad.

El secretario general de Sitralcasa explicó que cuando el expresidente Chávez ordenó la discusión de los contratos colectivos.

“Nosotros le propusimos hacer un acuerdo social en Guayana, porque no van a poder cumplir con dichas contrataciones. Ejemplo de ello es que si empezamos a discutir las cláusulas de las evaluaciones periódicas, primero tienen que pagar las diez que nos deben, o ¿cómo hablamos de un tabulador que no lo aplican desde el 2007?”.

Además propuso al Gobierno que lo primordial era cancelar los pasivos laborales y relanzar la CVG para generar empleo e incrementar la producción de aluminio.

“Era el camino más claro en ese momento. Actualmente, lo único que se puede hacer es incrementar el salario porque los trabajadores no aguantan el tema de la inflación“.

Las contrataciones colectivas en la CVG se discuten desde hace 10 meses y no participan la Procuraduría General de la República, ni los ministerios del Trabajo y Finanzas, los cuales alegan que no están autorizados para integrar dichas mesas de trabajo.

El director laboral exige que en dicha contratación colectiva se establezca la cancelación HCM para tenerlo al día, aplicar el tabulador a los trabajadores, que las cláusulas netamente económicas sean aprobadas y un buen aumento de salario,

“porque tenemos cinco años sin recibir incremento de sueldo; es decir, tenemos diez evaluaciones periódicas las cuales tienen que darse cada seis meses”.

Deudas y más deudas

Arias sostiene que Alcasa, cuya nómina es de 4.200 trabajadores y 1.200 jubilados, adeuda por concepto de prestaciones sociales 280 millones de bolívares las cuales deben desde el año 2009.

Asimismo, la empresa no le paga al Seniat desde hace 4 años, al Seguro Social, la Ley de Política Habitacional, entre otros pasivos.

También posee deudas con empresas de la misma CVG como Bauxilum cuya deuda se remonta a 700 millones de dólares, la cual tiene 2.500 trabajadores que están reclamando la cancelación de sus pasivos. De igual forma, le adeuda a Carbonorca casi 200 millones de dólares la cual proporciona el carbón a las empresas del grupo.

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