El blindaje de una investigación periodística

Ramsés Ulises Siverio
Correo del Caroní

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son las preguntas elementales en el periodismo. Como en todo el universo de la información, el problema en el caso de la red de corrupción y de extorsión en Ferrominera Orinoco no son las interrogantes, sino las respuestas; esas verdades que han intentado silenciar con querellas penales y civiles y que obvian el artículo 58 de la Constitución: el derecho a la información oportuna y veraz.

Diapositiva1Para muestra: el recuento de la investigación y reseñas periodísticas basadas en el expediente de 400 folios 47C-6.156-13 de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las voces de altos funcionarios nacionales, del Ministerio de la Defensa y sobre todo el testimonio de los propios implicados avalan la información publicada en este diario.

El rigor periodístico ha sido la máxima en la investigación del caso de CVG Ferrominera Orinoco (FMO). Toda la información publicada a lo largo de estas ediciones es el producto de la revisión y corroboración de documentos oficiales, trabajadores de la planta, acciones concretas por parte del Ministerio Público, y hasta de pronunciamientos de funcionarios nacionales.

Fue el 18 de noviembre de 2012 cuando la entonces División de Inteligencia Militar (DIM) allanó el Departamento de Prevención y Control Vial de Ferrominera, además de la sección de Prevención y Control de Pérdidas de la Gerencia de Seguridad Patrimonial. Correo del Caroní informó sobre este hecho con base en la información suministrada por los trabajadores de la empresa, que optaron por el resguardo de su identidad por la dimensión de la investigación.

El artículo 18 del Código de Ética del Periodista Venezolano ordena al profesional de este campo el resguardo de la identidad de todas aquellas fuentes que le hayan solicitado el anonimato.

Además el apartado número 28 de la Constitución Nacional, que legitima el secreto de las fuentes de información periodística.

La información se corroboró, a pesar de las declaraciones del entonces presidente de la compañía, Radwan Sabbagh, quien había negado la intervención de la DIM y el tráfico ilegal del mineral de hierro en la factoría.

El 2 de mayo de 2013, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, anunció el cambio de los presidentes de Venalum, Sidor y Ferrominera Orinoco. Seis días después, la otrora DIM, hoy Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), retomó la investigación en la procesadora de hierro.

Para ello citaron a declarar a gerentes y clientes representantes de Muszam Investment y Viherca: Manuel Mustafá y Carlos Vieira. Una vez más fueron los trabajadores de Ferrominera Orinoco los que informaron del procedimiento, que posteriormente sería confirmado por fuentes en el Ministerio de la Defensa. Así se publicó en este rotativo y en el diario El Mundo Economía & Negocios.

Radwan Sabbagh

Ese mismo día se rumoró sobre la detención de Sabbagh; sin embargo, Correo del Caroní, con su habitual apego al rigor periodístico, corroboró la información con efectivos de la DGCIM y con el propio expresidente de Ferrominera. “No estoy detenido ni nada que se le parezca, gracias a Dios”, confirmó.

Posteriormente, Sabbagh agradeció a este medio de comunicación de haber sido “el único” que dijo la verdad sobre el procedimiento.

Citaciones ante la DGCIM

Las averiguaciones siguieron su curso, y el 10 de mayo el periódico informó sobre la comparecencia de varios clientes de FMO ante la DGCIM. Entre ellos estaban Carlos Vieira y Manuel Mustafá, este último, en calidad de representante de unas tres empresas que operan en Ferrominera, y cuya razón social está vinculada a la comercialización de mineral de hierro.

Coronel (GN) Juan Álvarez Dionisi,  alias "El Tiburón"

Coronel (GN) Juan Álvarez Dionisi,
alias “El Tiburón”

24 horas después se confirmaría la detención del coronel de la DGCIM, Juan Carlos Álvarez Dionisi, por supuestos hechos de extorsión, y de Carlos Vieira uno de los representantes de Viherca.

Pero sería el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, el que anunciaría el arresto del expresidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, señalándolo de estar involucrado en “mafias por todos lados en las empresas básicas”.

“(Es) inaceptable que se le dé a un funcionario toda la confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas que le pertenecen al pueblo de Venezuela”, argumentó el mandatario.

Maduro también pidió apoyo a los ferromineros para enfrentar la corrupción en la industria, y exhortándolos a que ninguno de ellos se vuelva cómplice de los actos de ese “corrupto” detenido. La veracidad de los hechos era más que evidente.

Con voz propia

Otra de las fuentes que nutren la investigación de Correo del Caroní fueron las declaraciones del propio empresario Yamal Mustafá, que en una rueda de prensa, si bien desmintió haber vendido “un gramo de oro, ni de aluminio, ni de bauxita, ni de hierro”, también admitió haber sido “entrevistado” por la DGCIM.

– Usted dice que tiene un expediente limpio, pero hay voceros de la MUD que dicen que usted fue detenido por la DIM (sic), no llamado a comparecer, y que luego fue liberado.

– Yo fui a una entrevista en la DIM (sic), e inmediatamente salí de la entrevista. Nunca fui detenido, tanto así que no fui yo nada más. Fueron 20 gerentes y todos salieron y quedaron, o quedó presa la persona que tenía que quedar presa. El trato que nos dieron aquí algunos medios de comunicación, en vez de víctimas, nos convirtieron en victimarios, y la persona que era victimaria quedó presa y eso no salió.

– ¿Quién quedó detenido?

– El coronel Álvarez Dionisi.

Los señalamientos contra Mustafá por parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) surgen a partir de las denuncias del diputado de la Asamblea Nacional Andrés Velásquez, quien había señalado al empresario por sus supuestos nexos económicos con el gobernador Francisco Rangel Gómez.

Pero la mayor prueba que respalda la averiguación no fueron las declaraciones ni las réplicas, sino un documento oficial: el expediente número 47C-16.156-13 de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) presentado por Velásquez el pasado 9 de julio.

La verdad por escrito

El documento de más de 400 folios revela cómo el coronel de la DGCIM, Juan Carlos Álvarez Dionisi, extorsionaba a gerentes y clientes de Ferrominera so pena de incluirlos en un expediente con el nombre de mafia del hierro.

Según las declaraciones de Sabbagh, registradas en ese mismo documento, Álvarez Dionisi se valía de sus habilidades y su reconocimiento por la investigación de la llamada “mafia de las cabillas” para presionar a sus “víctimas”. Fue así como el expresidente de Ferrominera manifestó haber cancelado sobornos.

El expediente número 47C-16.156-13 confirmó no solo la comparecencia de Yamal Mustafá, sino su participación directa del caso.

De acuerdo con su propio testimonio, el empresario confesó haber prestado una cuenta en Curazao a nombre de Logistic Trading and Services LTD, para que los clientes hicieran sus depósitos. Estos fondos -prosiguió- los transferiría a otras cuentas que le indicaría el coronel.

En total se hicieron 12 transferencias en dólares desde su cuenta en Curazao, y 27 operaciones en bolívares, entre las que se cuentan pagos electrónicos y retiros en efectivo.

En total, el monto que movilizó el empresario a través de sus cuentas fue de 4.405.173 dólares y 2.554.564 bolívares. Así lo confesó. “A confesión de partes, relevo de pruebas”, reza la máxima del derecho.

ABC del periodismo

Nunca bastó con el rumor de que el empresario Yamal Mustafá había sido arrestado la tarde del 19 de julio. Tampoco con la afirmación de testigos y de otros medios que se abalanzaron sobre la noticia. No bastó con la confirmación de funcionarios policiales, de la DGCIM y otros allegados del Ministerio de la Defensa. No bastó tener a la mano el número 1890 que identificaba su orden de captura.

Era necesaria la prueba irrefutable de su detención. Correo del Caroní prefirió esperar.

Todo era cuestión de horas para que el Ministerio Público confirmara el secreto a voces: Yamal Mustafá había sido detenido, y con él, la exgerente general de Administración y Finanzas de Ferrominera Orinoco, María Rodríguez; la gerente de Finanzas, Carolina Acosta, y el consultor jurídico de la empresa, Noel Rodríguez.

El rigor periodístico y la veracidad de las fuentes triunfaron una vez más.

Investigación pública y notoria

El 18 de noviembre de 2012 la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) -antigua DIM- allanó la Gerencia de Seguridad Patrimonial de Ferrominera Orinoco (FMO). La actuación de este cuerpo fue minimizada por el entonces titular de la industria, Radwan Sabbagh, quien tildó de “chiste” el presunto tráfico ilegal de mineral de hierro.

En marzo de 2013, Sintraferrominera presentó un informe de auditoría AFI09-25/11 que dejaba abiertas varias dudas en torno al manejo de las finanzas de la estatal.

El 2 de mayo de 2013, el vicepresidente Jorge Arreaza anunció un nuevo presidente para Ferrominera, lo cual marcaba el fin del largo período de seis años de Sabbagh como responsable intocable de la extractora de mineral de hierro.

El 8 de mayo de 2013, la DGCIM retoma la investigación en la factoría y cita a gerentes y a clientes, entre otros, a declarar.

El 11 de mayo de 2013 se confirma la detención del coronel de la DGCIM, Álvarez Dionisi, el cabecilla de la red de extorsión en FMO, y Carlos Vieira, uno de los empresarios vinculados al caso.

El 12 de junio de 2013, Nicolás Maduro anuncia la aprehensión de Sabbagh. Una semana después, el empresario Yamal Mustafá admite haber acudido a la DGCIM en condición de “entrevistado” y “víctima” junto a otros 20 gerentes.

El 12 de julio de 2013, Correo del Caroní inicia una serie de trabajos periodísticos que confirman y revelan detalles de cómo operaba la red de extorsión en FMO, a juzgar por las actas de las entrevistas del expediente Nº 47C-16.156-13 de la DGCIM.

Según el expediente Nº 47C-16.156-13 de la DGCIM, entregado al diputado Andrés Velásquez, las primeras reuniones de la extorsión tuvieron lugar en casa de Yamal Mustafá y a través de sus cuentas se transfirieron al coronel Álvarez Dionisi 3.9 millones de dólares, como consta en el informe del Departamento de Análisis Financiero de la Guardia Nacional.

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