En Ferrominera compraban carros y los pagaban con mineral

A pesar de hermetismo casi cómplice que parece seguir reinando en los presuntos hechos de corrupción en Ferrominera Orinoco, la verdad parece que brilla incluso en la noche más oscura, pues se ha ido conociendo poco a poco cómo operaban los negocios “chimbos” con algunos de los empresarios detenidos; aunque ahora la culpa se la arriman algunos jueces a Medios de Comunicación.

Equipo de Investigación Diario El Venezolano                                                 Ensamblaje: Sala de Información                                                                                Imágenes: vía web

Mientras las fuerzas vivas de la región se oponen abiertamente a las medidas de terrorismo judicial que se han iniciado contra algunos medios de comunicación de Guayana, que han tenido el compromiso de denunciar la enorme cantidad de irregularidades que se siguen dando en torno a la grave situación de corrupción en Ferrominera del Orinoco, solicitando diputados de la Asamblea Nacional la imputación criminal por legitimación de capitales contra el empresario Yamal Mustafá, parte del “Cartel del Hierro”, la verdades ocultas comienzan poco a poco a asomarse.

Diputados Américo De Grazia y Andrés Velásquez

En rueda de prensa los diputados De Grazia y Velásquez, se pronunciaron acerca de la medida en contra de un medio regional que puede ser el primero en ser atacado por informar la verdad de la corrupción en Ferrominera, como también lo ha hecho el diario “El Venezolano”, alegando que les parecía insólito que desde la cárcel Yamal Mustafá maneje a los tribunales de Guayana para lograr acciones punitivas que amenazan con cerrar un periódico, lo que consideran más grave, pues Mustafá es el editor de otro medio impreso.

Además destacaron que se procede contra ese medio por los documentos e informes de la Dirección General de Inteligencia Militar, sobre los interrogatorios a los implicados y sobre hechos del conocimiento público general, como la detención y las presuntas dependencias de Mustafá de otras instancias de poder regional.

Por ello en la rueda de prensa, considerando las influencias de este empresario y del gobernador Rangel Gómez sobre algunos jueces, solicitaron que el caso se maneje desde otras instancias y todas sus incidencias se hagan públicas, pues comentaron que desafortunadamente la otra fuente de corrupción denunciada en la zona, la “mafia de las cabillas”, se zanjó dejando en libertad al único detenido, Luis Velásquez, a quien por cierto -destacan- lo defendió el mismo bufete que ahora defiende y ataca por cuenta de Mustafá, a quien califican como presunto responsable de uno de los más descarados y dañinos saqueos a las empresas de la zona, con la connivencia del gobierno regional del que Mustafá es uno de los principales contratistas, por cierto.

Yamal Mustafá, Luis Velásquez y Francisco Rangel Gómez

La compra “acelerada” de carros en Ferrominera

El modus operandi de la corrupción en la empresa del hierro tenía muchas caras y mecanismos, pues tanto el manejo de los barcos como el transporte de mineral al parecer se usaron para esos fines, así como los procesos normales de compras de la empresa que pasaron a cancelarse de forma inusual con pagos de mineral de hierro, que por cierto se tasaba a un precio preferencial por debajo del valor de mercado, lo que implica ya  otro delito contra el patrimonio público al producirle pérdidas a la empresa.

Como se evidencia en la portada y hoja final de un pedido de compras de Ferrominera que de forma anónima hicieron llegar al diario “El Venezolano”, donde se destapa una petición que se adjudicó de manera directa, sin realizar la licitación de rigor que determina la Ley y los sanos procedimientos administrativos, pasando por encima de los controles establecidos, por decisión de la junta directiva de la empresa que encabezaba para la fecha el detenido Radwan Sabbagh.

El pedido en cuestión se identifica con el número 4510013197, elaborado el 28 de noviembre del 2012, y fijando como fecha de entrega el 21 de diciembre del mismo año, se refiere a un lote de 20 vehículos sedán, 8 primero, 2 luego, 4 más, 1 separado, 1 más independiente y finalmente 4 autos adicionales tipo sedán más, por un monto total de 5.850.271,12.

Manuel Alejandro Mustafá Maury

Todo solicitado a la empresa Muszam Investment, creada en el año 2010 y según el Registro Nacional de Contratistas propiedad única de Manuel Mustafá Maury, sobrino de Yamal Mustafá, a quien públicamente ha presentado en diversos círculos sociales como su socio y protegido.

Al principio se destacó uno de los puntos más delicados de este pedido especial, servido y cancelado inusualmente rápido, como al parecer se hizo siempre con todas las cuentas que dependían de las empresas del grupo Mustafá, lo que es anormal para decenas de proveedores de Ferrominera que tienen facturas con meses y hasta años de espera para que se les cancele.

Lo destacado es que la  forma de pago determina “compensación trueque”, lo que significa que los 20 carros del joven sobrino de Yamal Mustafá se pagaron con mineral de hierro, según han denunciado los trabajadores y ha salido a la luz en las investigaciones preliminares, valuado además por debajo de su precio real de mercado, lo que implica una descomunal ganancia para los dueños de Muszam Investment.

La empresa según el registro no es precisamente un concesionario de vehículos, sino que se dedica a proyectos de construcción civil, realizando varios para el gobierno regional, a mantenimiento de corredores de servicios de líneas de transmisión eléctrica y –casualmente- importación y exportación de minerales metálicos y no metálicos.

Diapositiva1Lo que parece indicar que se creó ex profeso para montar grandes negocios con la industria del hierro; lo que se conoce como una empresa ad hoc o a la medida de lo que hacía falta para cuadrar los negocios, no siendo por cierto su rol principal la venta de vehículos, lo que de por sí genera ya un vicio en el proceso, hecho además por decisión de la directiva, lo que en Guayana se conoce como “adjudicación a dedo”.

Aunque el empresario Yamal Mustafá ha destacado que nunca ha sido contratista de Ferrominera, y además de demandar a un diputado y un periódico, ha solicitado a los tribunales de la zona que prohíban a los medios regionales informar sobre la investigación, pedidos de compra -como el mencionado- implican a su familia y desnudan procesos irregulares a la hora de adquirir insumos o equipos en la empresa.

2 pensamientos en “En Ferrominera compraban carros y los pagaban con mineral

  1. Andrés Velásquez puede ser juzgado
    Velásquez acudió al TSJ cuando fue gobernador de bolívar PARA SOLICITAR NO SE HABLARA DE LA DOBLE FACTURACION EN LA OBRA DE LA ALCALDIA DE GUASIPATI EDO BOLIVAR, pero, el máximo tribunal del país ratificó el dictamen de la contraloría; en el caso de la doble facturación de la Prefectura y Alcaldía de Guasipati en bolívar, primero en Sala Político Administrativa y luego en Sala Constitucional, bajo los números 00159, expediente 15944, de fecha 19 de septiembre de 29002 y el segundo de número 2997, expediente 040759, de fecha 14 de diciembre de 2004.
    Andrés Velásquez puede ser juzgado
    Administrativa y penalmente por “masacre de Cacahual”
    En 2006 Velásquez fue imputado por peculado y malversación por la Fiscalía Anticorrupción del estado Bolívar,
    La Fiscalía General de la República y la Contraloría General iniciaron una serie de investigaciones que determinaron la responsabilidad administrativa del ex gobernador en al menos dos casos emblemáticos de corrupción: la doble facturación para la construcción de la sede de la Prefectura y Alcaldía Guasipati con dos contratos idénticos por 10.999. 999. 63 en 1994; y la compra sin licitación de 31 un vehículos rústicos en 1995.
    Destacando la compra de diez mil bolsas de comida por diez millones de bolívares a una lavandería automática que no existía, entre otras irregularidades.
    Por eso se esconde tras la inmunidad parlamentaria, y en descalificación y denuncias infundadas a otras personas y políticos, tanto del gobierno, como de la oposición.-
    Andrés Velásquez, debe ser investigado por estos hechos de CORRUPCION EN EL ESTADO BOLIVAR

    No hay que olvidar que en diciembre de 2010 una sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar determinó que Andrés Velásquez puede ser juzgado administrativa y penalmente por “masacre de Cacahual” PARTE de la historia del CORRUPTO DE ANDRES VELASQUEZ.-
    Mostrando una amplia documentación, que incluye sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que confirma la responsabilidad administrativa de Andrés Velásquez en múltiples hechos de corrupción,
    Exposición sobre la corrupción de ANDRES VELASQUEZ
    Las denuncias realizadas en los 90 por Luis Beltrán Franco, lea la prensa de esa fecha y observe, ahora, hoy día, son pájaros de igual plumaje y vuelan en igual bandada.
    Luis Beltrán Franco, denuncio por corrupto a Andrés Velásquez,

    Luis Beltrán Franco, hoy aliado incondicional del EX gobernador corrupto- destacando
    La compra de diez mil bolsas de comida por diez millones de bolívares a una lavandería automática que no existía;
    La colocación de más de 2000 mil millones de bolívares en bancos comerciales a diez por ciento de interés cuando la taza vigente taza 34 %;
    La compra de camiones a una empresa de velas; la doble facturación de obras
    La colocación de recursos de la gobernación del estado Bolívar en el City Bank de Nueva York por 1 millón 13 mil 545 dólares, “que le generaron una ganancia en intereses de al menos 50 millones 739. 431 bolívares con 67 céntimos a él y sus socios que se enriquecieron quebrando a Transporte Fátima. Este corrupto, es el propio Andrés Velásquez”.
    Ante este cúmulo de graves acusaciones de corrupción la Fiscalía General de la República y la Contraloría General iniciaron una serie de investigaciones que determinaron la responsabilidad administrativa del ex gobernador ANDRES VELASQUEZ en al menos dos casos emblemáticos de corrupción:
    la doble facturación para la construcción de la sede de la Prefectura y Alcaldía Guasipati con dos contratos idénticos por 10.999. 999. 63 en 1994;
    y la compra sin licitación de 31 un vehículos rústicos en 1995.
    HA Tratado de evadir la justicia CON LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA
    Velásquez acudió al TSJ, pero el máximo tribunal del país
    Ratificó el dictamen de la contraloría; en el caso de la doble facturación de la Prefectura y Alcaldía de Guasipati
    primero en Sala Político Administrativa y luego en Sala Constitucional, bajo los números 00159, expediente 15944, de fecha 19 de septiembre de 29002 y el segundo de número 2997, expediente 040759, de fecha 14 de diciembre de 2004.
    En el caso de la compra de los rústicos el número es 01490, expediente 14931, de fecha 27 de junio del 2000.
    Además en 2006 Velásquez fue IMPUTADO por peculado y malversación por la Fiscalía Anticorrupción del estado Bolívar, por lo que salió huyendo para Anzoátegui y consiguió inmunidad parlamentaria, colándose en las listas opositoras a la Asamblea Nacional
    ADEMAS DE QUE LE SEMBRARON LOS BOLSILLOS DE BILLETES PARA QUE SE DECLARARA PERDEDOR, COMO DIJO EN SU GOLAZOOOOOO, NUMERO MIL EL MINISTRO RODRIGUEZ TORRES

  2. Andrés Velásquez imputado por CORRUPTO y huye tras inmunidad parlamentaria, ESTE CORRUPTO, NO TIENE MORAL PARA ACUSAR A NADIE Y MENOS SIN PRUEBAS, EL UNICO IMPUTADO ES EL PROPIO, ANDRES VELASQUEZ.
    ES ACASO ESTA SENTENCIA MENTIRA,
    SI ERES CAPAZ——– NIEGALA

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
    TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
    SALA CONSTITUCIONAL
    Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

    ANDRES VELASQUEZ
    NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE

    MEDIANTE Escrito presentado ante esta Sala, el 20 de abril de 2004, los abogados Miguel Gómez M, Agustín Iglesias V, José Rafael Parra Saluzzo y Oscar Borges Prim, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 10.579, 49.056, 54.179 y 91.625, respectivamente, actuando en con el carácter de representantes del Ciudadano ANDRÉS VELÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad No. 3.852.529 solicitaron la revisión de la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2002, por

    la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el solicitante contra el acto contenido en la Resolución dictada el 11 de noviembre de 1999, por el Contralor General de la República, que confirmó la Resolución dictada el 9 de junio de 1998, …por la Dirección de Averiguaciones Administrativas de la Contraloría General de la República, mediante la cual se declaró su responsabilidad administrativa en el desempeño del cargo como Gobernador del Estado Bolívar.
    En esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
    I
    ANTECEDENTES
    El 9 de junio de 1998, la Dirección de Averiguaciones Administrativas de la Dirección General de Control de Entidades Autónomas de la Contraloría General de la República declaró la responsabilidad administrativa del ciudadano ANDRES VELÁSQUEZ, en su carácter de Gobernador del Estado Bolívar, durante el año 1994, por haber prescindido del proceso de licitación selectiva al contratar la obra denominada:

    SEDE de la Alcaldía y Prefectura Guasipati, Municipio Autónomo Roscio, Estado Bolívar”, en forma fraccionada mediante dos (2) contratos sin existir causa justificada para ello, actuación ésta que dio lugar a la declaratoria de responsabilidad administrativa, por parte del mencionado órgano, en virtud de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

    El 11 de noviembre de 1999, en virtud del recurso jerárquico ejercido por el referido ciudadano, el Contralor General de la República confirmó la decisión dictada por la Dirección de Averiguaciones Administrativas de la Dirección General de Control de Entidades Autónomas de la Contraloría General de la República.
    El ciudadano Andrés Velásquez, interpuso ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto contenido en la Resolución dictada el 11 de noviembre de 1999, por el Contralor General de la República.

    El 19 de septiembre de 2002, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, DECLARO SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el solicitante.
    SALA CONSTITUCIONAL
    Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta
    Mediante la cual se declaró su responsabilidad administrativa en el desempeño del cargo como Gobernador del Estado Bolívar,

    Refirió, que en el caso bajo su examen, se trataba de dos contrataciones para la realización de obras de igual naturaleza y en una misma edificación, (Sede Alcaldía y Prefectura Guasipati, Municipio Roscio del Estado Bolívar), las cuales fueron ejecutadas por la misma contratista, Constructora Ferro C.A. que superaron la cantidad de diez millones de bolívares, por lo que se exigía el cumplimiento del procedimiento de licitación selectiva, el cual –determinó- no haberse efectuado.+

    ANDRES VELASQUEZ
    A ESTE CORRUPTO DE ANDRES VELASQUEZ, SE LE OLVIDO- QUE ES EL.- EL QUE ESTA BIEN DETERMINADO, E IMPUTADO ES EL, POR CORRUPTO Y SE ESCUDA TRAS LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA POR COBARDE.

    En 2006 Velásquez fue imputado por peculado y malversación por la Fiscalía Anticorrupción del Estado Bolívar,

    . TE RECUERDO- una sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar
    Determinó que Andrés Velásquez puede ser juzgado administrativa y penalmente.

    Ante este cúmulo de graves acusaciones de corrupción la Fiscalía General de la República y la Contraloría General iniciaron una serie de investigaciones que determinaron la responsabilidad administrativa del ex gobernador ANDRES VELASQUEZ
    en al menos dos casos emblemáticos de CORRUPCION: la doble facturación para la construcción de la sede de la Prefectura y Alcaldía Guasipati con dos contratos idénticos por 10.999. 999. 63 en 1994; y la compra sin licitación de 31 un vehículos rústicos en 1995.

    Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 14 días del mes de diciembre de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
    El Presidente – Ponente
    Iván Rincón Urdaneta
    El Vicepresidente,
    Jesús Eduardo Cabrera Romero

    Antonio José García García
    Magistrado
    Pedro Rafael Rondón Haaz
    Magistrado

    Carmen Zuleta de Merchán
    Magistrada

    El Secretario,

    José Leonardo Requena Cabello
    Exp. 04-0957
    IRU

    PARECE QUE SE TE OLVIDO, POR QUE TE ESCUDAS DESDE ENTONCES, EN UNA INMUNIDAD PARLAMENTARIA QUE HA HECHO QUE HUYAS DE LA LEY.

    Andrés Velásquez puede ser juzgado

    Velásquez acudió al TSJ cuando fue gobernador de bolívar, pero, el máximo tribunal del país ratificó el dictamen de la contraloría; en el caso de la doble facturación de la Prefectura y Alcaldía de Guasipati en bolívar, primero en Sala Político Administrativa y luego en Sala Constitucional, bajo los números 00159, expediente 15944, de fecha 19 de septiembre de 29002 y el segundo de número 2997, expediente 040759, de fecha 14 de diciembre de 2004.

    Andrés Velásquez puede ser juzgado

    Administrativa y penalmente por “masacre de Cacahual”
    En 2006 Velásquez fue imputado por peculado y malversación por la Fiscalía Anticorrupción del estado Bolívar,

    La Fiscalía General de la República y la Contraloría General iniciaron una serie de investigaciones que determinaron la responsabilidad administrativa del ex gobernador

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