El prontuario de Ferrominera Orinoco

Trabajadores han pedido que la investigación por el caso de corrupción, llegue hasta las últimas consecuencias.

10 personas afrontan procesos penales por hechos ocurridos en la extractora y procesadora de mineral de hierro. Los casos involucran desde una huelga, corrupción y hasta el asesinato de un trabajador.

El pilar de la industria ferrosiderúrgica afronta dificultades para pagar la nómina, tiene cuentas por cobrar millonarias y adeuda despachos de mineral de hierro comprometidos en irregulares condiciones.

23 millones de toneladas es la capacidad instalada de procesamiento de mineral de hierro de Ferrominera Orinoco, el 1% en el mercado mundial y el segundo lugar en el mercado latinoamericano. De primero está Brasil. (Informe 2007, IVES)

Clavel A. Rangel Jiménez, Correo del Caroní

El corazón de la industria ferrosiderúrgica del país vive un tormento. En tres años en Ferrominera Orinoco ha pasado de todo.

Al menos una decena de accidentes laborales con implicaciones graves, la detención del secretario general, huelgas de hambre, marchas, buques cargados con droga, el asesinato de un trabajador y ahora siete personas asociadas a un proceso penal por corrupción y legitimación de capitales.

La empresa pilar de la cadena ferrosiderúrgica ha estado en el centro de la mirada pública en este período por diferentes motivos.

Durante varios años, los espacios de Ferrominera eran los predilectos por el poder regional para recibir al fallecido presidente Hugo Chávez, quien desde los espacios de la estatal realizó cadenas de radio y televisión,

al tiempo que la compañía se consolidaba como la caja chica del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la región.

La más sólida hasta hace poco de las industrias básicas, llegando incluso a pagar parte de la nómina de otras estatales, hoy afronta una dura carga:

deudas por cobrar millonarias y parte de su producción hipotecada en contratos leoninos.

Al finalizar el 2012 la factoría produjo 17 millones de toneladas de mineral de hierro, según memoria y cuenta 2012 del Ministerio de Industrias, casi el 60 por ciento de la producción se envió al mercado internacional.

Entre 2008 y 2012 los costos de producción de una tonelada aumentaron en 185 por ciento.

Accidente impune

Hernán Quivera, Juan Carlos Forero y José Gómez, trabajadores de Ferrominera Orinoco, resultaron quemados luego de una descarga eléctrica en la sala R2 de Planta de Pellas.

Los ferromineros formaban parte del equipo que -según el entonces presidente Radwan Sabbagh- investigaban varios “saboteos” en la planta.

Quivera, de 36 años y jefe de área, presentó quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo y no sobrevivió. Sus acompañantes tuvieron heridas en 25 y 50% y fueron tratados en el Hospital Coromoto del estado Zulia.

José Salamat Khan.

El entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, dijo que se trataba de un “asesinato” y que habían dos personas recluidas en el Cicpc consideradas sospechosas; nunca dieron los nombres de los detenidos.

“Los trabajadores nos encontramos de luto para que este asesinato no quede impune (…) Lo importante es que a pesar de esta desesperación que tiene la oposición contra las empresas, ha venido actuando no sólo contra la estabilidad laboral sino contra la vida de los trabajadores, no va a tener resultado”.

Tres años después ni se establecieron sanciones, ni hubo detenidos, ni se demostró el sabotaje sugerido por el titular del Ministerio de Industrias Básicas.

Caso Renny Rojas

El 9 de junio de 2011, los trabajadores elegirían a la comisión electoral para las elecciones en Sintraferrominera. El ambiente en el portón de la fábrica era tenso pues habían transcurrido unos meses de la puesta en libertad del secretario general del sindicato, Rubén González, detenido durante 17 meses por una huelga.

En el período que González estuvo preso siempre responsabilizó de su situación a su contrincante, el ex secretario de organización, Alfredo Spooner, y al gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.

De modo que aquel evento en el portón de la fábrica, con la presencia de los movimientos sindicales, estaba cargado de mucha confrontación.

El 9 de junio de 2011, el trabajador Renny Rojas recibió un tiro en el cuello en medio de una pelea en el portón de Ferrominera Orinoco.

Ese jueves, antes de las 8:00 de la mañana, minutos antes de comenzar la elección de la comisión electoral, se generó una trifulca en el portón que terminó a disparos.

El dirigente oficialista de 28 años, Renny Rojas, recibió un tiro en el cuello y murió a los pocos minutos.

Luis Manuel Quilarque, dirigente del área de ferrocarril, resultó herido en la pierna, así como un desempleado.

Dos años después no hay una sentencia firme sobre este caso. El proceso judicial que inició en julio de 2011 ha sido retardado y obstaculizado.

Proceso penal en el congelador

Por la violencia suscitada el 9 de junio de 2011 afrontan un proceso penal el trabajador Rodney Álvarez, acusado de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles y el ex secretario de finanzas del sindicato, Héctor Maicán.

Maicán fue apresado el mismo día de la muerte del ferrominero Renny Rojas y acusado de lesiones personales leves y uso indebido por arma de fuego por haber disparado en el portón de la fábrica y herir al empleado Luis Quilarque. A los dos días sale en libertad con una medida sustitutiva de libertad.

El 17 de junio de 2011 el tribunal dicta orden de captura contra el trabajador de Ciudad Piar, Rodney Álvarez. De acuerdo a los alegatos del Ministerio Público, de la inspección del suceso se deduce que Álvarez “es la persona que se encontraba ubicado a escasa distancia del occiso y en posición de la línea de tiro con respecto a la víctima”.

Rubén González.

Los resultados del video de seguridad patrimonial de la fábrica nunca fueron mostrados a la prensa. El secretario general del sindicato, Rubén González, acusó y sostiene hasta hoy que el responsable del asesinato de Rojas es Héctor Maicán.

La causa fue radicada en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 19 de marzo de 2012, por decisión de la magistrada Ninoska Queipo. Un año después no se ha iniciado el juicio.

Despedidos aún en la calle

Seis trabajadores fueron despedidos un mes después del homicidio del ferrominero de 28 años, Renny Rojas.

La empresa los acusó de actos inmorales y falta gravísima por haber estado en el sitio de los acontecimientos el 9 de junio de 2011, cuando resultó muerto el joven y herido otros dos.

Pese a la acusación de la compañía, ninguno de los detenidos fue citado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a rendir declaraciones. Sintraferrominera catalogó la decisión como parte de una campaña intimidatoria y una retaliación política por cuanto los despedidos son afectos a Rubén González (secretario general).

Casi un año después los cesantes deciden iniciar una protesta en el portón de la fábrica y el 14 de mayo de 2012 los despedidos arman una carpa, la cual se convirtió tras 213 días en un campamento denominado “de la dignidad”.

La carpa fue desarmada el 13 de diciembre, siete meses después, sin respuestas concretas salvo la voluntad del entonces presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, de interceder en el caso y la intervención del gobernador Francisco Rangel Gómez.

A dos años de esos despidos, los afectados -la mayoría con más de 20 años de antigüedad en la estatal- no han sido reincorporados a sus puestos de trabajo.

“El Tiburón” que extorsionaba

Coronel (GN) Juan Carlos Álvarez Dionisi, “El Tiburón”.

El 5 de mayo de este año la Dirección Central de Contrainteligencia Militar cita al ex presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, a gerentes y clientes de la estatal a declarar por el caso de presunta extorsión que se le sigue al coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi.

De acuerdo con el documento, publicado en Correo del Caroní el 11 de julio de este año, el presidente y contratistas de la estatal acceden a pagar millones de dólares por el temor de ser involucrados en un expediente titulado “el cartel del hierro”.

Por ese caso el 25 de junio los fiscales 54º nacional y 2º nacional auxiliar acusaron al militar y al joven de 23 años, Carlos Viera, representante de la empresa Viherca, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir; Álvarez Dionisi también es señalado de extorsión e incremento patrimonial.

Algunos de los citados en calidad de víctimas, como Radwan Sabbagh y el empresario Yamal Mustafá, hoy están detenidos por un expediente adicional abierto por el Ministerio Público por el desvío de una partida presupuestaria.

El expediente fue radicado el jueves a Caracas para evitar que intereses regionales afecten el normal desarrollo del proceso.

Corrupción y desvío de partidas

El 21 de julio el Juez Quinto de Control admitió las imputaciones solicitadas por el Ministerio Público contra la ex gerente general de Administración y Finanzas, María Rodríguez; la gerente de Finanzas, Carolina Acosta y al consultor jurídico, Noel Ramírez.

A los dos trabajadoras se les acusa de la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, malversación agravada y asociación para delinquir; a Ramírez los mismos delitos que sus compañeras, salvo el de malversación.

En el mismo proceso fue imputado el empresario presidente del diario Primicia, Yamal Mustafá, por ser presuntamente cooperador inmediato en el delito de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir; además se solicitó la congelación de las cuentas bancarias y el traspaso de sus bienes.

A los arrestados se les acusa del presunto desvío de una partida presupuestaria destinada a la recuperación de la capacidad instalada de Ferrominera Orinoco.

Los cinco están recluidos en la Base de Contrainteligencia Militar Nº 51 en Ciudad Bolívar donde esperan por su traslado a Caracas para la audiencia preliminar.

Gobierno respalda radicación del caso

“Esto tiene que ver con garantizar que se haga justicia y que se llegue hasta las últimas consecuencias en el avance en la lucha contra la corrupción”, dijo el ministro del Poder Popular para Industrias, Ricardo Menéndez, al referirse a la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de trasladar a Caracas el proceso judicial sobre las presuntas irregularidades durante la gestión del ex presidente de CVG Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh.

Traslado en Puertas

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) aguarda instrucciones para trasladar a la capital a los imputados por el caso de FMO, entre los que se encuentra Yamal Mustafá, propietario de Corpobrica y presidente del diario Primicia, y el ex presidente de la estatal del hierro, Radwan Sabbagh.

Radwan Sabbagh (izq) y Yamal Mustafá (der) en el ojo del huracán.

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