La llaman Linda… Blair

Milagros Socorro

Hace dos años fue creado el Ministerio de Servicios Penitenciarios. Desde el primer momento, la titularidad del despacho fue confiada a la entonces diputada a la Asamblea Nacional por el PSUV, Iris Varela, quien hasta ese momento no había revelado experticia en materia penitenciaria, ni por haber desarrollado pericias científicas o en algún sentido profesionales con respecto a una problemática que por su gravedad exigía las más altas competencias.

En vez de eso, Varela había sido asociada y comparada con el personaje de Regan MacNeil, de la película El exorcista (Estados Unidos, William Friedkin, 1973), un film de terror que narra la posesión diabólica de una muchacha, interpretada por Linda Blair, cuyos trances se expresan con violentas invectivas y maldiciones proferidas con voz tan escalofriante que no puede sino tener origen demoníaco.

El rasgo más prominente de Iris Varela era una ira incontenida, que encontró cauce en el hemiciclo parlamentario, donde llegó a arrojarse sobre un diputado para rasguñarlo mientras le gritaba

Iris Varela ataca al periodista Gustavo Azócar

improperios; en el estudio de grabación, contra un periodista agredido físicamente por ella; en las

César Pérez Vivas, agredido por Iris Varela.

pantallas de TV y emisoras de radio, a través de las cuales las audiencias han tenido que tolerar sus verbo soez y destemplado, sus amenazas a la oposición democrática y su ilimitado atropello al habla de Venezuela.

Nada de esto era secreto ni poco difundido. Muy por el contrario.

La imagen de la diputada Varela jadeando después de un ataque era muy familiar. Y cada vez que iban a entrevistarla, con independencia del asunto o de la tensión que éste produjera, la diputada oficialista hacía exhibición de su agresividad mal disimulada.

Tan frecuente y acentuada era su exhibición que ya parecía estar imitando a esos enmascarados de la lucha libre, que dan una vuelta al ruedo sobreactuando su fiereza para atizar el fervor del público.

Hablo en pasado no porque eso haya cambiado, sino para dejar claro cuáles eran los atributos más prominentes de Varela en la circunstancia de creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios y de que Chávez la pusiera al frente.

“La ministra prometió a los ex reclusos que su despacho borraría los antecedentes penales de los presos que lo solicitaran”

No es de extrañar que en junio de 2012 la ministra prometiera a los ex reclusos que su despacho borraría los antecedentes penales de los presos que lo solicitaran, ni mucho menos que lo hiciera en los siguientes términos: “Una persona que tiene nueve años en libertad y está echándole bolas, haciendo su trabajo político, no puede quedar con ese estigma”.

O que hiciera una afirmación tan irresponsable como negar que las cárceles están controladas por presos y no por las autoridades:

“Pranes no hay, y el que los conozca que diga quiénes son”.

A pesar de que, como ha establecido Humberto Prado, coordinador de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP):

Humberto Prado, coordinador de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones

Desde hace años es conocido en el país el liderazgo que determinados reos, denominados en el argot carcelario “pranes”, ejercen sobre el resto de la población penitenciaria, sometiéndolos en la mayoría de las 36 cárceles del país“.

Bajo su ministerio, el problema creció hasta convertirse en una tragedia de ribetes crudelísimos, como los que han sido revelados a raíz de la más reciente matanza en una cárcel nacional, la de Sabaneta en Maracaibo, donde la lucha por el control del milmillonario negocio de las cárceles llegó a extremos como la mutilación de ojos, órganos y miembros en medio del espantoso enfrentamiento, donde hubo tanto plomo que alcanzó para herir e incluso matar a vecinos del penal.

Asimismo, han aumentado hasta convertirse en unos de los principales flagelos del país la extorsión, los secuestros y asesinatos por encargo, coordinados desde las cárceles.

“Pranes no hay; y el que los conozca, que diga quiénes son”.

Sin embargo, fue confirmada en el cargo en abril de 2013, mediante anuncio de Maduro en cadena audiovisual. Pocas semanas antes se había dirigido a la diputada María Corina Machado, por Twitter, diciendo: “MariCori cállate la jeta sifrina llorona”.

A un ciudadano que inquirió por un lenocinio en Táchira, le espetó: “Tu madre lo tiene acaparado”.

Y en la víspera de las elecciones del 7 de octubre, se dirigió a la mitad del país en estos términos: “Chillen escuálidos, compren vaselina porque el palo que le vamos a meter no será de agua”.

Esto violó la Constitución de manera pública y flagrante.

En contraste, la ministra se dirige a los pranes con gran consideración, les ofrece diálogo y los felicita cuando se destacan en un concurso de baile. Ellos, por su parte, la mangonean y le echan en cara su poder.

La ministra Iris Varela visita al pran del Internado Judicial de Santa Ana, Teófilo Rodíguez Cazorla, alías “El Conejo”

En estas manos están las prisiones de Venezuela, esa franquicia mafiosa de un Estado violento.

Diseño gráfico: Sala de Información.

El derrumbe del inquilinato

Daniela Romero Nava, Panorama

“No señora. Si tiene niños no podemos hacer contrato. Usted sabe… Como está la ley… nadie quiere alquilar. A menos que se busque a algún amigo con una empresa y se haga el contrato con la empresa como tal. Esa es una opción, de resto no es posible”.

Esa es la respuesta que, por cuarta vez en la misma cantidad de intentos, obtiene Moraima, trabajadora social y madre de dos niños, de seis y dos años, en busca de una vivienda en alquiler, en Maracaibo.

Sus ingresos, sumados a los de su esposo, alcanzan apenas para pagar la cantidad de 4.000 bolívares mensuales por un techo donde vivir, mientras ahorra —en la medida de lo posible— para comprar una vivienda propia o resultar beneficiada con algún programa social —en los que ha recaudado hasta el más mínimo requisito— que le facilite las maneras de tener una casa.

“Además de que los precios no bajan de 4.000 bolívares (dependiendo de la zona), las condiciones son insólitas. El principal impedimento sigue siendo el tener niños, muy por encima de lo que se aprobó en la reforma de Ley de Arrendamientos, en vigencia desde hace dos años. Sigue habiendo discriminación, aun cuando está prohibida. Eso sin contar la cantidad de meses de depósitos que exigen, no menor a tres o cuatro. Es decir, por una vivienda cuyo arrendamiento tenga un costo de 4.000 bolívares se exige la cifra de 12 mil bolívares o 16 mil bolívares de depósito. Una cantidad exorbitante”.

Aunque la condición no queda expuesta ante los anuncios clasificados que se aprecian en la prensa regional y en las páginas digitales dedicadas al mercado inmobiliario, especificaciones como “Solo para parejas”, “Solo para empresas”, “Para recién casados”, “Para soltero (a)” o “Solo estudiantes”, dejan claro en los avisos que queda excluida la posibilidad de que sea una familia con niños la que pueda ocupar el apartamento o la casa en oferta.

Los constantes “No” que recibe Moraima, no solo se presentan tras el hilo telefónico entre los ejecutivos de las inmobiliarias o los dueños que hacen negocio directamente con el cliente.

En busca de un techo para su familia, le ha tocado caminar las calles y avenidas marabinas que le resulten más cercanas o no al colegio de sus niños, en la avenida La Limpia, en busca de letreros colgados en balcones, conserjerías, o portones que digan “Se alquila”.

“Igual he recibido la misma respuesta: “Ay no, señora. Preferiblemente buscamos a personas sin niños”, replicó decepcionada Moraima al recordar las respuestas.

El peregrinaje —que comparte con su esposo, cada tarde, a partir de las 4:00 pm, cuando salen de sus trabajos y antes de buscar a sus niños en la guardería— obedece al apuro de buscar residencia, pues la que habitan, desde hace seis años, también es alquilada y le han solicitado desocupar.

“La dueña alega que va a hacer remodelaciones en la vivienda y aunque eso va en contra de la Ley contra los Desalojos Arbitrarios, aprobada también en el 2011, entiendo que esa es su propiedad y que debo entregarla. Pero ¿cómo hago? No consigo para dónde irme y tengo dos niños”, relató con angustia Moraima.

La posición de la arrendataria, está basada en el temor a la aplicación de esa ley y también en las malas experiencias infundadas por aquellos inquilinos (que también existen) que se niegan a desocupar el inmueble, aun cuando el propietario tiene la necesidad de ocuparlo.

Así se justifica Jackeline C. propietaria de un apartamento ubicado en el sector Indio Mara y quien también ha mandado a desalojar a sus inquilinos: una pareja con un niño de seis años.

“Yo necesito mi apartamento. Quiero venderlo. Ellos me pagan al día y el inmueble está bien cuidado. Pero tienen siete años viviendo ahí, además de un niño, y eso me da temor por aquello de que la ley protege al menor y hasta que los inquilinos no tengan a dónde irse no se puede aplicar el desalojo. Hay casos en los que los propietarios han tenido que ir a juicios para demostrar que necesitan su vivienda y, aún con sentencia en mano, los inquilinos permanecen dentro de los inmuebles. No quiero pasar por eso”.

A la necesidad de los que no tienen vivienda, la incertidumbre de los propietarios y la usura de algunos que sobrepasan los límites en los precios, se unen las regulaciones establecidas a través del marco legal, entre los que cuentan la congelación de los cánones de arrendamiento aplicados desde el año 2003 a aquellas edificaciones construidas antes de 1987, que en el 2011 fue ajustada y ampliada a través de un mayor control tomado por el Estado para la regulación de este mercado, con la aprobación de la Ley contra los Desalojos Arbitrarios y la reforma a la Ley de Arrendamientos, en la que se establecía que sería el Estado quien estaría a cargo de la fijación de los cánones de arrendamiento, la revisión de los contratos, la determinación del precio de venta de las casas alquiladas, además de la evaluación de los proyectos del sector privado.

En los instrumentos legales se detalla que para la estimación de los alquileres está a cargo la Superintendencia de Arrendamientos y el cálculo toma en cuenta cinco aspectos: el precio del metro cuadrado de la vivienda, las dimensiones del inmueble, la vulnerabilidad sísmica, la depreciación y la región geográfica.

Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

Sin embargo, a juicio del presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, “este parámetro para alquileres es solo una teoría, pues la Superintendencia de Arrendamientos no tiene la capacidad física para atender los casos de arrendamiento en todo el país. Apenas hay algunas oficinas en algunas capitales de estados y en el resto de las zonas los alquileres se llevan a cabo de manera ilegal, pues son notariados sin el documento de visto bueno dado por el nuevo ente creado por el gobierno para la vigilancia de estos contratos”.

En Zulia, los contratos se siguen realizando sin la aprobación de la Superintendencia de Arrendamientos, aun cuando su oficina fue inaugurada y está ubicada en la oficina regional del Ministerio de Vivienda y Hábitat, en el edificio Inavi, en el casco central de Maracaibo.

Víctor Querales, asesor inmobiliario, respalda la versión de Martini al confirmar que los contratos en el Zulia se están efectuando sin pasar por la Superintendencia, y que -peor aún- no se están notariando para no presentar este requisito.

“Los dueños están optando por hacer un contrato privado con el cliente directamente, sin pasarlo por notaría para evitar presentar el requisito representado por el documento de aprobación de la Superintendencia. Nadie quiere arriesgarse a que sea el Estado el que calcule el precio en el que va a arrendar su inmueble”.

La situación, que a juicio del experto en mercados inmobiliarios pone en riesgo a ambas partes, ha dejado como resultado una merma de casi 95% en alquileres en el Zulia, mientras que en todo el país, según Martini, la oferta es casi nula.

“No llega al 1% la oferta, cuando estamos en un país que tiene unos 30 millones de habitantes”

“No llega al 1% (la oferta), cuando estamos en un país que aún presenta un déficit de viviendas considerable y que tiene unos 30 millones de habitantes”, aseguró el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

“El mercado medio se fue abajo por completo”, detalló Querales. “Lo que se aprecia es el alquiler de habitaciones para estudiantes o casas y apartamentos para el alto poder adquisitivo, por el orden de los 25 mil bolívares, exclusivos para empresas”.

Aprovechando este escenario, los propietarios han preferido limitar la oferta a compañías privadas y hasta del Estado, cuyas necesidades alcanzan el uso de una vivienda para residenciar a profesionales de afuera especializados en algún área.

“Por eso la función de la inmobiliaria ha decaído también, pues como ya no es tanto el marco legal manejado, el contrato puede ser entre el dueño y el arrendatario a través de un documento privado. En el caso de las empresas del Estado, la empresa deposita el dinero al trabajador y es él quien hace el negocio directamente con el dueño del inmueble”, aseguró Querales, al agregar que muchas empresas dedicadas al sector inmobiliario han preferido alquilar solo locales comerciales.

Entre el debate de los altos precios, las condiciones para los contratos, la merma en la oferta, el alza en la demanda, las regulaciones de la ley, la incertidumbre de los propietarios y la ejecución de los acuerdos fuera de la Superintendencia de Arrendamientos, Moraima sigue recorriendo la ciudad y revisando a diario los avisos clasificados en busca de un techo en el que pueda resguardarse mientras reúne la cantidad requerida para negociar la opción a compra de una vivienda propia, si es que corre con la suerte de que el vendedor quiera aceptar la aplicación de la Ley de Política Habitacional.

“Hasta ahora todos me han pedido negociar a través del Crédito al Deudor Hipotecario. Esa es otra traba que debo manejar mientras que al mismo tiempo veo cómo resuelvo buscar otro techo para vivir hasta tener mi propia casa y así poder entregar el inmueble en el que resido actualmente a la angustiada propietaria”, concluyó con preocupación y gesto de desesperanza la trabajadora social.

Diseño gráfico: Sala de Información.

Venezuela, la quiebra moral de un país

Alfredo Meza, El País (España)

Edwin Ramón Soto Nava, alias “El mocho Edwin”

Una pelea en la cárcel nacional de Maracaibo, al oeste de Venezuela, dejó 16 muertos y un nuevo líder: Edwin Ramón Soto Nava alias El mocho Edwin quien, según la prensa local, con tomar el control del centro penitenciario.

La prisión, rodeada de casas llenas de huecos por las balas, no debería alojar a más de 700 presos.

El Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG, calcula que allí viven casi 3.700.

La noticia conmovió a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.

No destaca por sus gestos delicados, pero al confirmar el parte de fallecidos lucía afectada.

Ministra Iris Varela

“Me erizo al observar cómo se quitan la vida unos a otros.

No hay el más mínimo respeto. Conozco los motivos fútiles e innobles que provocaron este suceso”, dijo tras la masacre.

Horas antes de la matanza había denunciado que funcionarios del ministerio habían recibido amenazas de muerte desde teléfonos con identificación restringida o desde el extranjero.

Este nuevo acto de violencia en las cárceles venezolanas no sorprende a los venezolanos, quienes parecen acostumbrados a que, de vez en cuando, los presos se maten entre sí.

Ocurrió en 2011 y 2012 con los desalojos de los penales de Yare y La Planta y más recientemente en 2013 con la requisa del internado de Uribana (murieron 58 personas e hirieron a más de 100).

Tantas muertes reflejan que la violencia se ha naturalizado como modo de resolver las diferencias debido a la incapacidad del Estado de mediar a tiempo para solucionarlas.

Nueve de cada 10 asesinatos quedan sin castigo

El año pasado, según cifras oficiales, mataron a 16.030 personas. 44 por día. Un 14,4% más que el año anterior, 2011, cuando murieron 14.007. Todo indica que en 2013 la cifra se incrementará en un porcentaje similar.

Sociólogo Tulio Hernández

“Nunca fue tan pertinente el uso del término ‘anomia’ [ausencia de ley] para describir la situación de la actual Venezuela”, afirma el sociólogo Tulio Hernández en una conversación con este diario.

El país ha llegado a este estado de cosas en buena medida por el agotamiento de un sistema político-económico instaurado a la caída de la dictadura en 1958, que captaba y distribuía la renta proveniente de la venta de petróleo.

Ese modelo en esencia podría resumirse en esta sentencia: El Estado se ocupaba del bienestar de sus ciudadanos, pero éstos no tenían ninguna obligación con el Estado.

Socióloga Isabel Pereira

Ese modelo se hizo inviable en la medida que se fue consolidando”, afirma la socióloga Isabel Pereira. Con la falta de respuestas a las demandas de las audiencias surgió la anarquía. Eso ocurrió con las cárceles locales.

En la era chavista se ha renunciado al control interno del penal y los reos han fundado su gobierno de leyes medievales. Ahora el gobierno está haciendo esfuerzos por recuperar el control con pobres resultados.

En el penal de Sabaneta, al menos hasta 2008, había una piscina donde se bañaban los hijos de los prisioneros.

El líder del penal había contratado a un DJ que ponía música en un salón oscuro que se asemejaba a una discoteca. El sonido proveniente de grandes cornetas aturdía. Varios de los presos estaban armados con armas caseras, cuchillos y fumaban marihuana.

El Gobierno es consciente de esa situación pero no interviene porque apenas custodia el perímetro. El resultado ha sido un incremento anual de la cifra de asesinatos entre internos, la formación de bandas que luchan a muerte por el control del penal, que es un jugoso negocio, y la planificación de delitos.

Una explicación extendida entre la oposición indica que Hugo Chávez es el principal responsable de esta degradación del valor de la vida, pero esa es una verdad a medias.

Antes de que él llegara al Gobierno había evidentes muestras de ineficiencia y corrupción en el sistema carcelario, jefes que controlaban a la población penal y guardias corruptos que les proporcionaban armas y drogas. Chávez y su gobierno sí fueron responsables de la profundización de ese drama.

La lectura de Isabel Pereira sugiere que el Presidente heredó el excesivo poder que ya concentraba el Estado venezolano y no quiso utilizarlo para un fin distinto que el de imponer una revolución socialista.

La contribución de Chávez a la profundización de la violencia puede medirse en dos aspectos: limitar la represión policial para no perder votos entre su electorado y en la justificación ética del robo. Quien tiene hambre, dijo el mandatario en 1999, está habilitado para delinquir.

El apoyo a los invasores de tierras contribuyó a reforzar esa ética delincuencial, que está tan naturalizada que todos los venezolanos, en mayor o menor medida, ya consideran las normas como injustas y se sienten con el deber de romperlas”, opina Tulio Hernández. Isabel Pereira ha definido toda esta situación, en un libro de próxima aparición, como la quiebra moral de un país.

Las cárceles venezolanas son el sótano del país.

Abogado Humberto Prado

Allí hay un 44% mayor de morir según Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones.

Sin sumar a los caídos en Sabaneta, hasta julio habían fallecido 289 reos en reyertas.

Los penales locales sólo pueden recibir a 16.539 personas, pero hay 52.933 presos, en su mayoría hombres jóvenes y pobres, pagando condenas o esperando sentencia.

La ministra Iris Varela ha confesado que el Estado controla solo siete de las 30 cárceles del país.

Esta situación es una paradoja dentro de un Estado que hace gala de su poder, pero que en realidad está a merced de las mafias.

Diseño gráfico: Sala de Información.

Militares venezolanos enviaron más de 52 toneladas de cocaína a México

Casto Ocando, Univisión

El ex militar venezolano que fue agregado a la lista de los capos de la droga por el gobierno de Estados Unidos, afronta desde el 2011 cargos por haber facilitado el envío de 50 toneladas de cocaína a México, desde Venezuela,  junto con otro ex oficial de la Guardia Nacional y una bróker aduanera de ese país, según documentos de una corte de Nueva York.

Vassyly Villarroel Ramírez, excapitán de la Guardia Nacional Bolivariana, es financista y legitimador de capitales ilícitos del cartel mexicano de Sinaloa.

Los militares venezolanos Vassyly Villarroel Ramírez, alias “Mauro”, y Rafael Villasana Fernández, fueron señalados por autoridades federales por proteger los cargamentos de cocaína introducidos a Venezuela desde Colombia, con destino a México y Estados Unidos.

Daniel Barrera, alias “El Loco”

La droga era controlada por los capos colombianos Daniel Barrera, alias “El Loco”, y Javier Antonio Calle Serna, alias “Comba”, ambos asociados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a grupos paramilitares.

Una tercera persona, la agente aduanal venezolana Adriana Suppa Peñate, alias “La Gorda”, también fue acusada de participar en la red de envío de cocaína a México, según las autoridades federales.

Tanto Villarroel como Villasana y Suppa se encuentran actualmente fugitivos y tienen órdenes de arresto en su contra emitidas por un juez federal.

Villarroel y Villasana se encargaban de que los cargamentos, que eran transportados en vehículos oficiales a través de territorio venezolano, llegaran al Aeropuerto Internacional de Maiquetía y a las instalaciones portuarias de Puerto Cabello, para ser enviados a México.

José Gerardo Álvarez Vásquez, alias “El Indio”

En las operaciones también participó el mexicano José Gerardo Álvarez Vásquez, alias “El Indio”, un capo vinculado a los carteles de Sinaloa y Beltrán Leyva.

La red exportó poco más de 52 toneladas del alcaloide en un período cercano a seis años, según las indagaciones federales.

“El Loco” y “Comba”, se encuentran bajo custodia federal en Estados Unidos. Alias “El Indio” se encuentra detenido en México, esperando una potencial extradición a Estados Unidos, donde es requerido por la Justicia.

De acuerdo a las investigaciones federales, los oficiales venezolanos también prestaban protección al retorno del dinero producto de la venta de la cocaína desde México a Venezuela.

Como consecuencia de su participación en la red de narcotráfico, Vassyly Villarroel fue incluido en la lista de Capos de la Droga del Departamento del Tesoro, una medida que abarca también el congelamiento de cuentas bancarias y propiedades que pueda tener en territorio norteamericano.

El excapitán (GNB) Villarroel es el último caso de una creciente lista de militares venezolanos acusados por Estados Unidos como cooperadores o facilitadores del narcotráfico en Venezuela, y designados como Capos de la Droga por el Departamento del Tesoro.

General Hugo Carvajal

General Henry Rangel Silva

En la lista figuran también los generales Hugo Carvajal, Henry Rangel y Clíver Alcalá, actualmente funcionarios del gobierno venezolano.

General Clíver Alcalá.

Facilidades en puertos y aeropuertos

Las investigaciones federales se iniciaron en 2008, luego que la agencia antidrogas norteamericana DEA identificó a Villarroel y Villasana como parte de una red de militares que cooperaban con el narcotráfico en Venezuela desde 2004.

De acuerdo a fuentes consultadas por Univisión, las autoridades venezolanas detuvieron a Villarroel a mediados de octubre de 2008, después de recibir una alerta de una agencia de Inteligencia extranjera que conocía de los movimientos del militar.

Tras el operativo, llevado a cabo por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), fueron encontradas 30 panelas de cocaína y armamentos de distinto calibre en una de las propiedades de Villarroel en el oriente venezolano.

Además de la droga, las autoridades confiscaron un club campestre y una finca, propiedades en las localidades de El Tigre y Lecherías, estado Anzoátegui. También encontraron fusiles y cartuchos de alto calibre, y un total de 34 vehículos y 62 caballos.

La fiscalía venezolana acusó entonces a Villarroel y a su hermana Soviesky Villarroel Ramírez, de tráfico de drogas y legitimación de capitales.

El 30 de marzo de 2011, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York introdujo una acusación formal contra Villarroel, Villasana y Suppa, pero mantuvo la acusación en secreto.

Los fiscales responsabilizaron a los venezolanos de contribuir a la exportación de “miles” de kilos de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, pasando por Venezuela y México.

El ex capitán Villarroel hizo arreglos para que la droga pasara a través de territorio venezolano usando “vehículos del gobierno, incluyendo camiones y carros”, indicó la acusación.

Una parte importante de la droga salía de Puerto Cabello gracias a los arreglos de Suppa, que actuaba como agente aduanal para garantizar que los contenedores con la droga salieran adecuadamente de aguas venezolanas y arribaran en México.

Antecedentes penales

Tanto Suppa como Villasana tienen antecedentes penales en Venezuela, de acuerdo a documentos revisados por Univisión Investiga.

Suppa fue mencionada en el escrito del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en la que se oficializaba la petición de extradición del narcotraficante venezolano Walid Makled, al gobierno de Bogotá. En el documento, Suppa aparece mencionada como propietaria de un camión o rastra que había sido utilizada para transportar un contenedor usado para el transporte de cocaína.

Guardia Nacional Johan Ortiz.

Rafael Villasana, por su parte, aparece implicado en la muerte del joven recluta de la Guardia Nacional Johan Ortiz, que se encontraba en entrenamiento en un campamento militar en una zona rural en el estado fronterizo de Táchira, en un episodio ocurrido en febrero de 1998.

Nota del Departamento del Tesoro de EEUU

Según Adam Szubin, director de la oficina de control de bienes extranjeros del Tesoro, Villarroel Ramírez “es un ejemplo de traficante de narcóticos que explota su antigua posición y conexiones militares para facilitar el transporte de cocaína a México y se aprovecha de las ventas posteriores” tanto en Colombia como en Venezuela.

Cuando era capitán activo de la Guardia Nacional, el venezolano habría permitido el “transporte de cantidades de cocaína y dólares estadounidenses procedentes de la venta de la droga, usando varios aeropuertos, puertos marítimos y vehículos oficiales en Venezuela”.

Utilizando su cargo militar, Villarroel Ramírez

“proporcionó seguridad y protección a la cocaína procedente de México que llegaba al aeropuerto internacional de Maiquetía, en aviones comerciales y particulares”.

La identificación de Villarroel Ramírez como capo de la droga, significa automáticamente el congelamiento de cualquier activo que pueda poseer en territorio estadounidense y la prohibición de establecer relación comercial o de negocios con él.

“El excapitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Vassyly Villarroel Ramírez, es un ejemplo de traficante de narcóticos que explota su antigua posición y conexiones militares, para facilitar el transporte de cocaína”

En el 2011 Villarroel Ramírez fue inculpado por una corte de Nueva York, por otros 6 cargos de tráfico internacional de drogas entre 2004 y 2009, y lavado de divisas a partir del 2008.

Se diluyen las casas iraníes

Joseph Poliszuk, El Universal

Antes de crear ofertas engañosas, en una de las empresas subcontratadas reconocen que no han empezado las viviendas prefabricadas que les encargó el Gobierno para este año.

Y aunque las terminen, desde ya adelantan que es tarde para que en 4 meses puedan llegar a producir todos los “kits” que aseguran las paredes y los techos de 60.000 casas prometidas, entre los acuerdos firmados en Miraflores con la República Islámica de Irán.

En la empresa Novatech señalan que de ninguna manera podrán concretar la meta de este año. Lo dice sin dudas su representante legal en el país, Tony Tovar, tras lamentar que ningún organismo del Estado haya querido recibir las máquinas que ya les pagaron y que en este momento podrían estar produciendo las piezas de una serie de viviendas prefabricadas, que darían techo a unos 300.000 venezolanos.

El Ministerio para Industrias ha venido anunciando tres fábricas de viviendas en los estados Cojedes, Monagas y Zulia. Proyectaron el futuro con tres líneas de producción en las poblaciones de Tinaquillo, Temblador y Cabimas, para que desde esos puntos salieran camiones cargados con las bases y las estructuras metálicas de una serie de casas a las que no queda más que armar como lego.

“Nuestra capacidad instalada por cada planta es la de producir 20 mil kits, lo cual nos permitiría un total de 60 mil kits al año”.

Eso sostuvo el Ministerio para Industrias el pasado 8 de mayo en una nota de prensa que publicó a través de la página web de su Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela. Añadieron, incluso, que se trata de parte de las casas proyectadas para este diciembre:

“Esto nos ayudaría a cumplir el gran compromiso que tenemos este año 2013 con la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la cual se tiene una meta de 380.000 viviendas a construir”.

En Novatech se preguntan, sin embargo, cómo concretarán el anuncio si aun no han encontrado quien les reciba las máquinas que el Gobierno ya les canceló. Aunque el Estado venezolano terminó adquiriendo otros equipos, aseguran que con esos el proyecto de las viviendas prefabricadas se borrará del mapa.

Tony Tovar

El representante legal de la compañía, Tony Tovar, incluso advierte que los anuncios y las matemáticas del Gobierno no cuadran: la misma nota de prensa que hace tres meses aseguraba 60.000 viviendas por año añade que fabricarán 10 kits por turno, lo que suma poco más de la mitad de la meta.

“Dicen que ‘debido a la curva de aprendizaje se tiene calculado 10 kits por turno en cada fábrica’. Pero de la simple suma aritmética se desprende que si operaran en 3 turnos diarios -a una rata de producción de 30 kits- cada una de ellas llegaría a construir 10.950 kits en el caso de que trabajen los 365 días del año“.

Cara iraní, cerebro canadiense

De acuerdo con los números oficiales, las tres plantas de producción podrían concretar hasta 32.850 viviendas prefabricadas por año. Pero más allá de las cifras, Tovar cree que es hora de precisar una serie de informaciones que empiezan por advertir que las 60.000 viviendas prefabricadas anunciadas por el Gobierno nacional con tecnología iraní, en realidad, son parte de un proyecto de más de 14 millones de dólares que el Ministerio para Industrias adjudicó a una empresa iraní que luego subcontrató a la firma canadiense que representa.

Todo empezó en el exterior en un registro de Belice. Allí, la empresa iraní Tarasazeh Tabriz firmó el 10 de febrero del año pasado un contrato con la canadiense Novatech, para adquirir las máquinas que pondrían a funcionar las fábricas de Tinaquillo, Temblador y Cabimas.

El asunto no pasaría de una mera transacción sellada fuera de Venezuela si no se hubiera ventilado en el Tribunal Tercero de Control del Área Metropolitana de Caracas, por una demanda en la que -apoyados por el Gobierno- los iraníes piden echar para atrás el acuerdo.

Tony Tovar abre las puertas de Novatech para advertir que no están en capacidad de revender las mismas máquinas que sus clientes terminaron comprando a otros, porque se trata de tres plantas de producción que fueron diseñadas para Venezuela con parámetros especiales del propio Gobierno nacional.

Mucho menos puede hacer caso a los funcionarios públicos que -mediante un oficio- les solicitaron devolver a la empresa iraní los fondos públicos que habían sido depositados por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), a través de ocho transferencias que suman 2,8 de los 3,5 millones que presupuestaron por las máquinas.

“¿Cómo es que el Bandes reconoció una relación contractual en los formularios que tuvo que llenar antes de transferir el dinero a una cuenta del Commerzbank y la Corporación para Industrias Intermedias de Venezuela ahora desconoce nuestro contrato?”, pregunta Tovar.

Así se lo han hecho saber a los representantes del Ministerio para Industrias que los atendieron hace dos meses y así lo dejaron por escrito cuando reclamaron al Gobierno por haber permitido y apoyado la compra de otras máquinas a una tercera compañía.

“Pudiéramos estar frente a la materialización del delito de estafa, presunción a la que habría que agregar la ‘defraudación de fondos públicos'”, señalaron el pasado 19 de junio en una carta que dirigieron al recién nombrado presidente de Venezolana de Televisión, Yuri Pimentel, quien hasta esta semana se mantenía al frente del proyecto en calidad de viceministro de Planificación y Políticas Industriales, y, presidente de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa).

“La empresa Tarasazeh Tabriz ha podido haber incurrido en serias y graves irregularidades en contra del Estado venezolano, por cuanto las líneas de producción LSF finalmente entregadas por dicha empresa a Corpivensa, no reúnen las características tecnológicas y de capacidad de producción que les fueron contratadas y pagadas hasta por el 70% del valor total del contrato”, añadieron.

El Gobierno voltea la cara

Por los caminos verdes, en Novatech se enteraron que sus clientes terminaron desconociendo el contrato porque habían comprado otras máquinas más baratas. Recuerdan, de cualquier modo, que hay fondos públicos en medio del caso y por eso no se explican por qué los funcionarios de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela han estado impidiendo, en nombre del Gobierno, una serie de inspecciones judiciales que buscan dejar constancia de la calidad de las otras máquinas.

“A la secretaria del Tribunal de Tinaquillo, en Cojedes, la botaron por haber admitido la solicitud de inspección y en Temblador, estado Monagas, mandaron a la milicia a cerrar el paso hasta el día siguiente, cuando llegó de Caracas un gerente de Corpivensa que ordenó no dejar entrar ni al juez que iba a hacer la inspección“, cuenta Tovar.

“Una empresa de maletín terminó vendiéndoles chatarra“, concluye. Seguro de estar frente a un acto irregular, recuerda que la Ley Contra la Corrupción tipifica delitos tanto para los casos en que se cancelan dos veces por el mismo bien o servicio como cuando se adquieren otros que no reúnen las características para las que fueron presupuestados.

Como ciudadano venezolano, profesional del derecho y apoderado jurídico de la empresa afectada, Tony Tovar por eso pregunta qué pasó con los 14,1 millones de dólares que el poder Ejecutivo destinó al proyecto.

Aunque se intentó contactar a los responsables, no hubo forma de verles la cara o de dejarles un mensaje: en el Edificio Central de la avenida Urdaneta no hay quien permita la entrada o cualquier otro contacto con el departamento de prensa de la Corporación de Industrias Intermedias y el Ministerio para Industrias. La orden es no dejar pasar aun a los que advierten que la central telefónica tranca las llamadas de quienes no conocen la extensión a marcar.

Ni siquiera hubo forma de hacer el puente a través del Ministerio de Comunicación e Información, tampoco hubo respuestas a una solicitud enviada a través de la plataforma digital del Ministerio para Industrias.

De cualquier modo, Corpivensa anunció en su sitio web que acaban de levantar las primeras 8 viviendas del proyecto.

“La Fábrica de Estructuras Metálicas Los Cabimos, ubicada en la ciudad de Cabimas estado Zulia, entregó a 5 Consejos Comunales cercanos a la planta los 8 kits que permitieron la construcción simultánea de las primeras viviendas como parte de la innovación del sistema constructivo en Venezuela en conjunto con la República Popular de Irán”, informaron a través de una nota de prensa.

El proyecto sigue a pesar de los retrasos. Para el Gobierno no se trata de un espejismo, pero igual cada vez se ven más lejos las 60.000 casas prometidas por año.

En Novatech esperan que las fábricas de viviendas no se diluyan como la empresa Tarasazeh Tabriz, cuyo registro mercantil la muestra como una firma pequeña consentida solo en esta parte del mundo.

Según la información comercial de Irán, hasta el 21 de mayo de 2011 tenían un capital de 1.000 dólares y a partir de ese momento empezaron a manejar los más de 14 millones de dólares entregados por Venezuela, con un capital de apenas 20.000 dólares.

En esta historia hay cosas que no cuadran y por eso, en la empresa canadiense Novatech señala que el Ministerio Público debe convertir la demanda que los iraníes hicieron en su contra en una investigación en el marco de la Ley Contra la Corrupción.

El juez encargado del caso, Irving Molina Flores -sobrino de Cilia Flores- decidió el congelamiento de las cuentas y las propiedades del director de la empresa canadiense, así como una orden de prohibición de salida del país. Se trata de una situación que para Tovar se aleja de la lógica. “Epa, estos son fondos públicos”, advierte. “¡La víctima es el Estado!”.

El precedente uruguayo

Hace siete años que el Gobierno nacional destinó más de 155 millones de dólares a unas casas importadas desde Uruguay que al final no se concretaron.

Las viviendas iraníes no son las únicas que se borran del mapa: no es la primera vez que en Venezuela se anuncian “kits” de paredes y techos listos para armar y tampoco la primera vez que se advierte sobre contratos internacionales que no terminan de materializarse.

Ya en el año 2009 la Contraloría General de la República había señalado irregularidades con las célebres “casas uruguayas”. En su Informe de Gestión de ese año, señaló que solo habían dado con 11 de las más de 12.000 unidades habitacionales que el Gobierno había encargado a la empresa uruguaya Unión Metalúrgica Industria del Sur:

“Sólo fueron instalados 11 kits de viviendas terminadas con material venezolano, dado que no se había recibido ningún kit completo“.

Las demás viviendas uruguayas son un enigma que no quiso despejar el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, cuando lo interpelaron el 17 de febrero de 2011 en la Asamblea Nacional.

“Hay un solo problema, señor ministro, las casas no se construyeron (…) ¿Usted ha hecho algo para recuperar ese dinero o para que se construyan esas viviendas?”,

le preguntó el diputado de Un Nuevo Tiempo, Julio Montoya, a lo que Ramírez quedó en investigar.

Dijo que exigiría a la compañía el cumplimiento del contrato pero sus palabras retumbaron en Montevideo, donde el presidente de la firma, Alejandro Lagrenade, respondió que el convenio seguía vigente y sin contratiempos.

“En ningún momento Venezuela ha pagado nada que no hayamos entregado”, declaró a los medios locales.

El gerente general de la Unión Metalúrgica Industria del Sur, Gastón Tealdi, también devolvió la pelota a la cancha de Ramírez y los otros funcionarios que los habían contratado: dijo que habían enviado material para armar “más o menos 6.000” viviendas prefabricadas y justificó las demoras con una “congestión en el puerto” y “problemas burocráticos en Venezuela”.

En tiempos de escasez de cabillas, cemento y bloques, los “kits” de viviendas son una alternativa habitacional para levantar casas de manera rápida.

Sin embargo, la experiencia uruguaya no funcionó y, ahora, las fábricas de los iraníes tampoco pintan soluciones inmediatas.

Diseño gráfico: Sala de Información

Días de júbilo o de duelo, laborables y no laborables, ¿son feriados o no?

Abogada Juditas Delany Torrealba Dugarte

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) del 2012, actuando conjuntamente con la Ley de Fiestas Nacionales del año 1971,  ha estipulado que los días feriados no laborables en Venezuela son:

ENERO 1: Año nuevo.

FEBRERO: Lunes y martes de carnaval.

MARZO O ABRIL: Jueves y viernes de semana santa.

ABRIL 19: Movimiento precursor de la independencia.

MAYO 1: Día del Trabajador

JUNIO 24: Batalla de Carabobo.

JULIO: 5, Día de la Independencia. 24, Natalicio de El Libertador.

OCTUBRE 12: Día de la Resistencia Indígena.

DICIEMBRE: 24, navidad. 25, Natividad de Nuestro Señor. 31, fin de año.

A partir de la entrada en vigencia de la LOTTT (2012), se disfrutarán de 4 días feriados adicionales a los que disponía la normativa anterior: El lunes y martes de carnaval, así como el 24 y 31 de diciembre, serán considerados feriados; y, por tanto, se suspenderán las labores y permanecerán cerradas para el público las entidades de trabajo sin que se pueda efectuar en ellos labores de ninguna especie, salvo las excepciones previstas en esta Ley.

Se mantiene como días feriados los domingos, el 1 de enero, el jueves y viernes santo, el 1 de mayo, los señalados en la Ley de Fiestas Nacionales (el 19 de abril, el 24 de junio, el 5 de julio, el 24 de julio y el 12 de octubre de cada año) y los que se declaren festivos por el gobierno nacional, por los estados o por las municipalidades, hasta un límite total de 3 por año.

Recientemente ha sido una práctica reiterada por parte del gobierno nacional, la implementación de días de júbilo por diversos motivos sea de índole político, histórico y religioso. En el 2013 se han tenido reiteradas situaciones de este tipo: ante la muerte del primer mandatario por luto nacional, o la celebración del bicentenario de la Campaña Admirable o todas aquellas celebraciones que caracterizan a los patronos religiosos (santos y vírgenes de algún estado o municipio del país).

En fin el establecimiento repetido ha creado para el empleador una serie de dudas, mas aun cuando usualmente dichos decretos son emitidos normalmente el día anterior a la fecha de júbilo, creando una gran incertidumbre del deber de permitir laborar o no a sus trabajadores y aparte de eso sin saber catalogarlo como un día feriado o no.

El día de júbilo sea nacional, estadal o municipal, puede definirse como un día mediante el cual, se decreta alegría por un hecho o acontecimiento establecido.

Es decir las personas que tienen su residencia, domicilio o laboran en ese entorno determinado, se verán relacionadas ante el hecho que envuelve para ese lugar el acontecimiento que causa alegría o tristeza, cuando el día por el contrario es de duelo o luto: Inicialmente este tipo de días son laborables, ante la circunstancia de que solo denotarían la alegría de los individuos vinculados al hecho.

No obstante, la LOTTT (2012) ha estipulado algo distinto al señalar en su artículo 184, literal d), referente a las excepciones de los días hábiles en el trabajo, considerando feriados

“Los que se hayan declarado o se declaren festivos por el Gobierno Nacional, por los Estados o por las Municipalidades hasta un límite de 3 por año”.

Es decir que en primer lugar, una de las fallas de técnica legislativa de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo sea nacional, estadal o municipal, en opinión particular, es omitir la palabra “feriado” usando al contrario el término “jubilo” o “luto”, cuando de manera correcta debería definir qué “se otorgará día feriado por el jubilo, tristeza o luto” y de allí quedaría claramente establecida la tipología de estos días para la relación laboral, siendo por tanto un día no hábil; es así que inicialmente los días de júbilo o luto “son laborables” y cuando se habla de un día de este tipo “no laborable”, se está en presencia de un día feriado.

No obstante, debe recalcarse que ante la cantidad de acontecimientos ocurridos este 2013, prácticamente en todo el país ha sido agotado el límite de 3 eventos  festivos, existiendo por parte del Poder Ejecutivo -que es el que generalmente decreta este tipo de días- una vulneración de la normativa laboral, cercenando la actividad económica de los empleadores que ante el miedo de ser sancionados por las Unidades de Supervisión del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, deciden otorgar estos días a sus trabajadores al no tener definido si pueden considerarse como feriados o no.

Hay que tomar en cuenta que al momento de leer estos decretos hay que detallar el carácter taxativo o no del mismo, al observar si se establece el uso de la palabra “deberá” al ser de tipo obligatorio o “podrá” al ser potestativo del empleador.

Con el agotamiento de los días posibles de estipular como festivos, los demás días establecidos por el Poder Ejecutivo, no deberían considerarse de acatamiento obligatorio.

Como punto de reflexión ante los retardos que acarrean en los puestos de trabajo, el declarar laborables o no este tipo de días y su disfrute pleno, se hace mención al artículo 7 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley  Orgánica del Turismo (LOT) 2012 que establece la posibilidad de trasladar los días feriados al mencionar:

“Articulo 7 (LOT) La Presidenta o Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de incentivar el turismo interno, podrá mediante Decreto trasladar el carácter o no laborable de los días de fiesta nacional y feriados, cuando coincidan con los días martes, miércoles o jueves al día viernes o lunes próximo inmediato. Sin perjuicio que los días de fiesta nacional deban ser conmemorados y solemnizados tanto en el sector público como en el sector privado, en especial en las instituciones educativas, de manera digna disponiendo, con la debida anticipación los actos para celebrarlos, conforme lo que dispone la Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a la utilización de los símbolos patrios”.

Es decir, ante este criterio debe tomarse en cuenta la amplia gama de opciones que el mismo ordenamiento jurídico ofrece para el mayor disfrute efectivo de los días hábiles en el trabajo, al poder trasladar los días festivos a días como viernes o lunes teniendo un mayor aprovechamiento de las semanas para el desarrollo de la actividad económica del sector público y privado.

Las casas uruguayas: otro fracaso, otra raya

Adriana Rivera y Joseph Poliszuk

En la zona industrial de San Carlos, donde el asfalto es un lujo y salir con los zapatos llenos del barro recién mojado por la lluvia es casi inevitable, se encuentra el galpón en el que se almacenan las piezas con las que se podrían ensamblar al menos 600 casas importadas de Uruguay.

A pocos metros de allí se ve lo que queda de la estructura modelo de las 12.193 viviendas prefabricadas (17% para emergencia o refugio y 87% urbanas) que debían construirse en el plazo de 1 año, en varios estados del país, según convenio que el gobierno firmó con la empresa uruguaya Unión Metalúrgica Industrial del Sur S. A., Umissa.

La Contraloría General detalló en su informe de gestión del 2009, que sólo hay 11 de esas estructuras en pie, en 3 puntos del país: “Sólo fueron instalados 11 kits de viviendas terminadas con material venezolano, dado que no se había recibido ningún kit completo“.

En el informe, la Contraloría se queja de la “poca documentación para verificar el cumplimiento de este convenio”, por lo que recomendó al Ministerio de Vivienda tomar una decisión:

rescindir el contrato, exigir su cumplimiento de acuerdo con las condiciones establecidas o efectuarle las modificaciones que consideraran necesarias.

La Contraloría General también afirmó que Petróleos de Venezuela, a través del fondo binacional Bolívar-Artigas, pagó a Umissa 45% (70.690.000 dólares) de los 155.470.000 dólares establecidos en el contrato, por unas casas que -al final- no se instalaron.

El informe añadió que el Seniat notificó al Ministerio de Vivienda que en la aduana principal de Puerto Cabello habían kits consignados a nombre de esa cartera “expuestos a daño, pérdida y deterioro”.

El contrato suscrito con Umissa estableció que el Ministerio de Vivienda debía encargarse de recibir el material en puerto venezolano y de nacionalizar los productos.

“Esta situación evidencia falta de coordinación entre ambos organismos oficiales para la nacionalización de la mercancía; así como fallas de supervisión en la ejecución del referido convenio”, afirmó el máximo órgano de contralor.

¿Y la Asamblea Nacional qué?

Allí tampoco asomaron detalles del acuerdo binacional. Fuentes parlamentarias aseguraron que no se expuso el impacto económico ni la planificación del proyecto. A pesar de tantas lagunas, la mayoría parlamentaria lo convirtió en una ley aprobatoria del convenio bilateral, publicada en la Gaceta Oficial 38.455 que, por cierto, no brinda los pormenores de ese acuerdo comercial.

Un diputado oficialista -quien pidió reservar su nombre- señaló que Unos dicen que no se instalaron las casas porque el material era contaminante. Otros porque no estaban completas. Eso es responsabilidad de quienes hicieron la evaluación. No puedes hacer un convenio y después decir que los materiales no son aptos”.

El parlamentario habló de las denuncias que circularon -apenas se firmó el contrato- sobre la posibilidad de que las casas contuvieran una sustancia nociva como el asbesto o que fueran de fácil combustión, hechos que Umissa negó en esa oportunidad.

¿Qué dice el que puso los reales?

Las demás viviendas uruguayas son un enigma que no quiso despejar el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, cuando lo interpelaron el 17 de febrero de 2011 en la Asamblea Nacional.

“Hay un solo problema, señor ministro, las casas no se construyeron (…) ¿Usted ha hecho algo para recuperar ese dinero o para que se construyan esas viviendas?”, le preguntó el diputado de Un Nuevo Tiempo, Julio Montoya, a lo que Ramírez quedó en investigar.

Alejandro Lagrenade, presidente de Umissa.

Dijo que exigiría a la compañía el cumplimiento del contrato pero sus palabras retumbaron en Montevideo, donde el presidente de la firma, Alejandro Lagrenade, respondió que el convenio seguía vigente y sin contratiempos.

“En ningún momento Venezuela ha pagado nada que no hayamos entregado”, declaró a los medios locales.

El gerente general de la Unión Metalúrgica Industria del Sur, Gastón Tealdi, desmintió las declaraciones del ministro Ramírez y los otros funcionarios que los habían contratado.

Gastón Tealdi, gerente general de Umissa

Dijo que habían enviado material para armar “más o menos 6.000” viviendas prefabricadas y justificó las demoras con una “congestión en el puerto” y “problemas burocráticos en Venezuela”.

Añadió que “No pagaron ninguna casa que no hayamos levantado. No hemos incumplido nada”.

Agregó que “De parte de Umissa hemos ido cumpliendo con el contrato que sigue vigente y además mantenemos un buen relacionamiento con Ricardo Molina, ministro de Vivienda y Hábitat de Venezuela”.

Cinco ministros, un gobierno y nadie quien responda

A mediados del 2007, Umissa cesó el envío de contenedores con los kits por dificultades con la logística portuaria venezolana. “Hubo un cuello de botella en la salida de los contenedores del puerto. Para entonces la planta producía diariamente los kits para 50 casas y se acumularon demasiados. En Venezuela no se construían al mismo ritmo que se recibían. Era más rápida la fabricación aquí que la instalación allá”, señaló vía telefónica Eduardo Burgos, dirigente de la Unión Uruguaya de Trabajadores Metalúrgicos y empleado de Umissa.

Precisó que los envíos han tenido varias interrupciones desde entonces y que se reiniciaron en febrero de 2010. “Estamos mandando 2 contenedores por día con los componentes. Llevan todo: pintura, clavos, tornillos, arandelas”. Pero las casas siguen sin construirse.

Desde Montevideo, Burgos señaló otro de los problemas que ha complicado el desarrollo del convenio: “Allá ha habido muchos cambios de ministros”. La alta rotación de funcionarios fue señalada por la Contraloría General como una de las dificultades que tuvieron en su investigación sobre el convenio con Uruguay.

Mientras que millones de venezolanos padecen la falta de una vivienda propia y digna, se pierden millones de dólares en materiales de casas que nunca se instalaron. Irónico pero cierto.

El acuerdo comercial con Umissa fue firmado durante la gestión de Luis Figueroa y desde entonces el ministerio, que ha sufrido fusiones y divisiones, ha tenido a la cabeza a Farruco Sesto, Jorge Pérez Prado, Ramón Carrizález, Diosdado Cabello y, actualmente, Ricardo Molina.

Una ciudad socialista

A un lado del viaducto Caracas-La Guaira se levantaba la ciudad socialista “Camino de los Indios”, un proyecto urbanístico a cargo de la constructora cubano-venezolana Alba Bolivariana. El informe de la Contraloría señaló que en ese lugar había 4 casas uruguayas en pie, aunque esos no son los terrenos previstos para edificarlas.

Luego de media hora de ascenso por la montaña en rústico, se llega a la única de esas viviendas prefabricadas que está armada pero sin techo.

Las paredes anaranjadas (de anime recubierto con láminas de madera) están desconchadas, expuestas a los sablazos de un sol playero. La madera de los acabados y algunas de las piezas de aluminio, están arrumadas cerca de la puerta.

Antonio, un vecino de la zona, reveló que el material de las otras viviendas prefabricadas ensambladas allí, fue desechado. Toma una lámina de madera del montón, mira hacia los lados y susurra: “Mi rancho de zinc, que está más arriba en la montaña, lo he arreglado con material de aquí que iban a botar. A mí una tablita de estas sí me hace falta”. Él es de los pocos venezolanos que ha visto piezas de las casas uruguayas.

La turbia conexión venezolana

Según el Correo de los Viernes (Uruguay), Gastón Tealdi era Gerente General de la empresa UMISSA (Unión Metalúrgica Industrial del Sur Sociedad Anónima) cuando el caso de la exportación de casas prefabricadas uruguayas a Venezuela, un asunto que aún no se ha aclarado.

En el marco de los acuerdos firmados por Tabaré Vázquez y Hugo Chávez según los que Uruguay pagaba el petróleo con productos propios, se creó esa empresa binacional con Venezuela, cuyo presidente es el catalán Alejandro Lagrenade, amigo de Tealdi.

La operación se firmó por $ 155 millones y por 12 mil viviendas cuyos kits se construían aquí pero se armarían en Venezuela. El hecho es que solo se instalaron 11 unidades, pese a que el gobierno de Venezuela adelantó el pago de $ 40 millones. Nunca quedó claro qué pasó realmente, aunque la oposición y algunos medios de prensa de Caracas hicieron duros cuestionamientos, denunciando una operación ilegal de desvío de fondos públicos en beneficio de empresarios privados.

Guido Antonini Wilson (Izq.) y Alejandro Lagrenade (Der)

En ese contexto, el presidente de UMISSA y amigo de Tealdi, se reunió en Caracas con Guido Antonini Wilson, el famoso hombre de la valija, quien intentó introducir ilegalmente $ 800.000 en Argentina y estuvo por lo menos una vez en Uruguay. Antonini Wilson oficiaba en ese momento como representante del gobierno venezolano y fue aparentemente quien preparó el negocio de las casitas.

En ese medio se movía hasta hace poco Gastón Tealdi, por lo que no es extraño que al acto de inauguración simbólica del parque industrial, Tealdi haya ido acompañado por el embajador de Venezuela en Uruguay, señor Julio Chirino, ni es extraño tampoco que el banco intermediario sea precisamente el Bandes.

Malas experiencias

Las viviendas prefabricadas no han sido el mejor ejemplo de los últimos planes habitacionales del gobierno nacional. A pesar de que son una solución para levantar casas en poco tiempo, en esta parte del mundo no han arrojado los milagros que se han visto en otros países.

En Catia se agrietó un edificio, que la Gran Misión Vivienda Venezuela había levantado con paneles de fibrocemento, acero galvanizado, poliuretano, fenol de alta resistencia y otros materiales importados desde España.

Se trató de la Torre “A” del complejo Nueva Caracas, ubicado en la calle El Cristo, cuya estructura se resquebrajó a mediados del año pasado.

Unas 48 familias damnificadas estrenaron el inmueble en junio del 2012 y bastó un mes para que las paredes comenzaran a ceder, los escalones de terracota se partieron y algunas puertas se descuadraron.

Por otras razones, las llamadas casas uruguayas que el gobierno bolivariano y socialista prometió 7 años atrás, tampoco dieron soluciones habitacionales. Esta vez ni siquiera fueron construidas.

A falta de cabillas, cemento, bloques y perfiles galvanizados, los “kits” de viviendas son una alternativa habitacional para levantar casas en serie, de manera rápida y sencilla. La experiencia uruguaya, sin embargo, no funcionó.

El convenio del alto gobierno venezolano con la uruguaya Umissa, no ha representado una solución para los venezolanos sin vivienda después de 7 años de suscrito.

Diseño gráfico: Sala de Información