Las casas uruguayas: otro fracaso, otra raya

Adriana Rivera y Joseph Poliszuk

En la zona industrial de San Carlos, donde el asfalto es un lujo y salir con los zapatos llenos del barro recién mojado por la lluvia es casi inevitable, se encuentra el galpón en el que se almacenan las piezas con las que se podrían ensamblar al menos 600 casas importadas de Uruguay.

A pocos metros de allí se ve lo que queda de la estructura modelo de las 12.193 viviendas prefabricadas (17% para emergencia o refugio y 87% urbanas) que debían construirse en el plazo de 1 año, en varios estados del país, según convenio que el gobierno firmó con la empresa uruguaya Unión Metalúrgica Industrial del Sur S. A., Umissa.

La Contraloría General detalló en su informe de gestión del 2009, que sólo hay 11 de esas estructuras en pie, en 3 puntos del país: “Sólo fueron instalados 11 kits de viviendas terminadas con material venezolano, dado que no se había recibido ningún kit completo“.

En el informe, la Contraloría se queja de la “poca documentación para verificar el cumplimiento de este convenio”, por lo que recomendó al Ministerio de Vivienda tomar una decisión:

rescindir el contrato, exigir su cumplimiento de acuerdo con las condiciones establecidas o efectuarle las modificaciones que consideraran necesarias.

La Contraloría General también afirmó que Petróleos de Venezuela, a través del fondo binacional Bolívar-Artigas, pagó a Umissa 45% (70.690.000 dólares) de los 155.470.000 dólares establecidos en el contrato, por unas casas que -al final- no se instalaron.

El informe añadió que el Seniat notificó al Ministerio de Vivienda que en la aduana principal de Puerto Cabello habían kits consignados a nombre de esa cartera “expuestos a daño, pérdida y deterioro”.

El contrato suscrito con Umissa estableció que el Ministerio de Vivienda debía encargarse de recibir el material en puerto venezolano y de nacionalizar los productos.

“Esta situación evidencia falta de coordinación entre ambos organismos oficiales para la nacionalización de la mercancía; así como fallas de supervisión en la ejecución del referido convenio”, afirmó el máximo órgano de contralor.

¿Y la Asamblea Nacional qué?

Allí tampoco asomaron detalles del acuerdo binacional. Fuentes parlamentarias aseguraron que no se expuso el impacto económico ni la planificación del proyecto. A pesar de tantas lagunas, la mayoría parlamentaria lo convirtió en una ley aprobatoria del convenio bilateral, publicada en la Gaceta Oficial 38.455 que, por cierto, no brinda los pormenores de ese acuerdo comercial.

Un diputado oficialista -quien pidió reservar su nombre- señaló que Unos dicen que no se instalaron las casas porque el material era contaminante. Otros porque no estaban completas. Eso es responsabilidad de quienes hicieron la evaluación. No puedes hacer un convenio y después decir que los materiales no son aptos”.

El parlamentario habló de las denuncias que circularon -apenas se firmó el contrato- sobre la posibilidad de que las casas contuvieran una sustancia nociva como el asbesto o que fueran de fácil combustión, hechos que Umissa negó en esa oportunidad.

¿Qué dice el que puso los reales?

Las demás viviendas uruguayas son un enigma que no quiso despejar el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, cuando lo interpelaron el 17 de febrero de 2011 en la Asamblea Nacional.

“Hay un solo problema, señor ministro, las casas no se construyeron (…) ¿Usted ha hecho algo para recuperar ese dinero o para que se construyan esas viviendas?”, le preguntó el diputado de Un Nuevo Tiempo, Julio Montoya, a lo que Ramírez quedó en investigar.

Alejandro Lagrenade, presidente de Umissa.

Dijo que exigiría a la compañía el cumplimiento del contrato pero sus palabras retumbaron en Montevideo, donde el presidente de la firma, Alejandro Lagrenade, respondió que el convenio seguía vigente y sin contratiempos.

“En ningún momento Venezuela ha pagado nada que no hayamos entregado”, declaró a los medios locales.

El gerente general de la Unión Metalúrgica Industria del Sur, Gastón Tealdi, desmintió las declaraciones del ministro Ramírez y los otros funcionarios que los habían contratado.

Gastón Tealdi, gerente general de Umissa

Dijo que habían enviado material para armar “más o menos 6.000” viviendas prefabricadas y justificó las demoras con una “congestión en el puerto” y “problemas burocráticos en Venezuela”.

Añadió que “No pagaron ninguna casa que no hayamos levantado. No hemos incumplido nada”.

Agregó que “De parte de Umissa hemos ido cumpliendo con el contrato que sigue vigente y además mantenemos un buen relacionamiento con Ricardo Molina, ministro de Vivienda y Hábitat de Venezuela”.

Cinco ministros, un gobierno y nadie quien responda

A mediados del 2007, Umissa cesó el envío de contenedores con los kits por dificultades con la logística portuaria venezolana. “Hubo un cuello de botella en la salida de los contenedores del puerto. Para entonces la planta producía diariamente los kits para 50 casas y se acumularon demasiados. En Venezuela no se construían al mismo ritmo que se recibían. Era más rápida la fabricación aquí que la instalación allá”, señaló vía telefónica Eduardo Burgos, dirigente de la Unión Uruguaya de Trabajadores Metalúrgicos y empleado de Umissa.

Precisó que los envíos han tenido varias interrupciones desde entonces y que se reiniciaron en febrero de 2010. “Estamos mandando 2 contenedores por día con los componentes. Llevan todo: pintura, clavos, tornillos, arandelas”. Pero las casas siguen sin construirse.

Desde Montevideo, Burgos señaló otro de los problemas que ha complicado el desarrollo del convenio: “Allá ha habido muchos cambios de ministros”. La alta rotación de funcionarios fue señalada por la Contraloría General como una de las dificultades que tuvieron en su investigación sobre el convenio con Uruguay.

Mientras que millones de venezolanos padecen la falta de una vivienda propia y digna, se pierden millones de dólares en materiales de casas que nunca se instalaron. Irónico pero cierto.

El acuerdo comercial con Umissa fue firmado durante la gestión de Luis Figueroa y desde entonces el ministerio, que ha sufrido fusiones y divisiones, ha tenido a la cabeza a Farruco Sesto, Jorge Pérez Prado, Ramón Carrizález, Diosdado Cabello y, actualmente, Ricardo Molina.

Una ciudad socialista

A un lado del viaducto Caracas-La Guaira se levantaba la ciudad socialista “Camino de los Indios”, un proyecto urbanístico a cargo de la constructora cubano-venezolana Alba Bolivariana. El informe de la Contraloría señaló que en ese lugar había 4 casas uruguayas en pie, aunque esos no son los terrenos previstos para edificarlas.

Luego de media hora de ascenso por la montaña en rústico, se llega a la única de esas viviendas prefabricadas que está armada pero sin techo.

Las paredes anaranjadas (de anime recubierto con láminas de madera) están desconchadas, expuestas a los sablazos de un sol playero. La madera de los acabados y algunas de las piezas de aluminio, están arrumadas cerca de la puerta.

Antonio, un vecino de la zona, reveló que el material de las otras viviendas prefabricadas ensambladas allí, fue desechado. Toma una lámina de madera del montón, mira hacia los lados y susurra: “Mi rancho de zinc, que está más arriba en la montaña, lo he arreglado con material de aquí que iban a botar. A mí una tablita de estas sí me hace falta”. Él es de los pocos venezolanos que ha visto piezas de las casas uruguayas.

La turbia conexión venezolana

Según el Correo de los Viernes (Uruguay), Gastón Tealdi era Gerente General de la empresa UMISSA (Unión Metalúrgica Industrial del Sur Sociedad Anónima) cuando el caso de la exportación de casas prefabricadas uruguayas a Venezuela, un asunto que aún no se ha aclarado.

En el marco de los acuerdos firmados por Tabaré Vázquez y Hugo Chávez según los que Uruguay pagaba el petróleo con productos propios, se creó esa empresa binacional con Venezuela, cuyo presidente es el catalán Alejandro Lagrenade, amigo de Tealdi.

La operación se firmó por $ 155 millones y por 12 mil viviendas cuyos kits se construían aquí pero se armarían en Venezuela. El hecho es que solo se instalaron 11 unidades, pese a que el gobierno de Venezuela adelantó el pago de $ 40 millones. Nunca quedó claro qué pasó realmente, aunque la oposición y algunos medios de prensa de Caracas hicieron duros cuestionamientos, denunciando una operación ilegal de desvío de fondos públicos en beneficio de empresarios privados.

Guido Antonini Wilson (Izq.) y Alejandro Lagrenade (Der)

En ese contexto, el presidente de UMISSA y amigo de Tealdi, se reunió en Caracas con Guido Antonini Wilson, el famoso hombre de la valija, quien intentó introducir ilegalmente $ 800.000 en Argentina y estuvo por lo menos una vez en Uruguay. Antonini Wilson oficiaba en ese momento como representante del gobierno venezolano y fue aparentemente quien preparó el negocio de las casitas.

En ese medio se movía hasta hace poco Gastón Tealdi, por lo que no es extraño que al acto de inauguración simbólica del parque industrial, Tealdi haya ido acompañado por el embajador de Venezuela en Uruguay, señor Julio Chirino, ni es extraño tampoco que el banco intermediario sea precisamente el Bandes.

Malas experiencias

Las viviendas prefabricadas no han sido el mejor ejemplo de los últimos planes habitacionales del gobierno nacional. A pesar de que son una solución para levantar casas en poco tiempo, en esta parte del mundo no han arrojado los milagros que se han visto en otros países.

En Catia se agrietó un edificio, que la Gran Misión Vivienda Venezuela había levantado con paneles de fibrocemento, acero galvanizado, poliuretano, fenol de alta resistencia y otros materiales importados desde España.

Se trató de la Torre “A” del complejo Nueva Caracas, ubicado en la calle El Cristo, cuya estructura se resquebrajó a mediados del año pasado.

Unas 48 familias damnificadas estrenaron el inmueble en junio del 2012 y bastó un mes para que las paredes comenzaran a ceder, los escalones de terracota se partieron y algunas puertas se descuadraron.

Por otras razones, las llamadas casas uruguayas que el gobierno bolivariano y socialista prometió 7 años atrás, tampoco dieron soluciones habitacionales. Esta vez ni siquiera fueron construidas.

A falta de cabillas, cemento, bloques y perfiles galvanizados, los “kits” de viviendas son una alternativa habitacional para levantar casas en serie, de manera rápida y sencilla. La experiencia uruguaya, sin embargo, no funcionó.

El convenio del alto gobierno venezolano con la uruguaya Umissa, no ha representado una solución para los venezolanos sin vivienda después de 7 años de suscrito.

Diseño gráfico: Sala de Información

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