Un gallo tapa´o de Chávez: la Ley Orgánica de Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones

Elvia Gómez

Jorge Sánchez Meleán

Es persona de hablar sosegado, pero las cosas que explica Jorge Sánchez Meleán pueden sobresaltar mucho el ánimo. Sin ambages, este economista, profesor emérito de La Universidad del Zulia y miembro del equipo fundador del desaparecido Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), alerta que lo que se ha visto en materia de administración pública en la última década en Venezuela, puede quedarse en pañales con lo que vendrá, si no se frena esa amenaza implícita en Estado Comunal.

Uno de los objetivos de su declaración es que todos los gobernadores y alcaldes del país, tengan la simpatía política que sea, tomen conciencia y se activen para lograr darle una vacatio legis a la primera disposición transitoria de la Ley Orgánica de Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones, que obliga a ceder aún más competencias y recursos al poder central a partir del 15 de septiembre 2012.

– ¿Qué puede sucederle a las regiones?

– Lo que plantea el programa de Gobierno de Hugo Chávez y que se vienen dando desde 2006, es la sustitución del Estado Federal por un tipo de Estado que no está en la Constitución, que es el Estado Comunal y es un proceso de vaciamiento de competencias a los estados y municipios.

La primera etapa se concretó en 2008 con la reforma a la Ley de Descentralización que revirtió las competencias exclusivas que los estados tenían en administración de vías, puertos, aeropuertos. La segunda etapa inició el 15 de septiembre, para quitarles otras competencias y para eso aprobaron la Ley Orgánica de Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones, de la que nadie se imagina lo que está detrás.

Con ella pretenden transferir competencias y servicios que manejan actualmente los estados y los municipios hacia las unidades socioterritoriales del estado comunal que conforman eso que se llama el Poder Popular, las comunas y consejos comunales.

– ¿Quién exigiría la transferencia de competencias?

– El vaciamiento del Estado Federal se da en dos vías: hacia el poder nacional y hacia las los consejos comunales y comunas. Pero la nueva etapa es doblemente grave, porque le van a dar competencia a entidades socioterritoriales que no tienen base constitucional, se va a anarquizar el ejercicio del poder.

El Gobierno tiene previsto crear 3.000 comunas y vamos hacia los 40 mil consejos comunales y esos son los que van a manejar competencias tan importantes como servicios públicos esenciales y el mantenimiento de centros de educación y de salud, “entre otras”, dice la ley.

Según el reglamento que está en proceso de elaboración, los consejos comunales van a poder solicitar a los estados y municipios cualquier servicio, por ejemplo, los culturales, deportivos o construcción de viviendas. Prácticamente se va a dejar a los estados y municipios como cascarones vacíos.

– ¿Pueden los gobernadores y alcaldes negarse a eso?

– Creo que el hecho de que estemos en campaña electoral ha traído como consecuencia que ni los propios estados y municipios gobernados por afectos al régimen se hayan dado cuenta de lo que esto significa. La Ley sí trae disposiciones que facultan a los consejos comunales y comunas a solicitar expresamente aquellas competencias que consideren que ellos pueden manejar en caso de que no haya disposición de parte de los gobernantes.

– ¿Cómo financiarían los consejos comunales esas competencias si el Gobierno da dinero a capricho?

– Si algo se pone de manifiesto es que con los consejos comunales y comunas no hay un sistema claro, objetivo, de financiamiento, tiene mucho que ver con la identificación política que tengan con el régimen; mientras que sí están claras todas las formas de financiamiento dentro del Estado Federal, cada estado sabe cuánto le toca por Situado.

La gran falacia que está detrás es que con el Estado Comunal va a haber poder hacia el pueblo cuando esos fondos que le han ido extrayendo a los estados y los municipios en buena medida se han quedo represados en fondos que maneja el poder nacional. Con este modelo no hay la menor garantía de que haya justicia ni eficiencia en la distribución de los recursos, estamos a las puertas de la mayor anarquía y corrupción que se puedan imaginar en la inversión de los recursos públicos.

– Ya los gobernadores de la Unidad denunciaron que el Gobierno nacional les quita 50% de lo que constitucionalmente les toca por el Situado ¿cuánto más les podrían quitar?

– Es difícil en este momento saber si va a ser 10, 15 ó 20%. Los estados y municipios quedarán prácticamente para pagar nómina… y ni siquiera, porque cada vez que aumentan los sueldos y salarios a los estados no se les hacen los aportes correspondientes.

– Un estudio comparativo que hizo la Mesa de la Unidad indicó que los gobernadores de este sector dedican 70% de su presupuesto al gasto social, ¿es ese el que es ahora susceptible de ser sustraído?

– Sí, claro. En el programa de Gobierno de Hugo Chávez no hay ninguna mención específica acerca de programas que lleven adelante estados y municipios. Para tengamos una idea: el gasto total o territorial, el que emana de los estados y municipios, en el año 1989 llegó a ser de 17% del total del gasto público. Al terminar el proceso de descentralización ese gasto había llegado a 28%, con el aumento del Situado, creación de nuevas transferencias como Fides y LAES.

Ese mismo gasto para el año 2011 fue de 9%. Después de que el Situado por una década se mantuvo alrededor de 20% del ingreso ordinario del país, hoy llega a menos de 13%. Además, la Constitución de 1999 cambió un mínimo por un máximo: la de 1961 establecía un mínimo y esta puso un máximo de 20%.

De todos esos recursos sustraídos a las regiones, el Poder Nacional le da mendrugos a los consejos comunales afectos al régimen para hacer creer que eso es descentralización del poder, pero eso es el proceso más grande de centralización fiscal que se ha dado en Venezuela en los últimos 20 años.

– Dice que los gobernadores del PSUV no se han dado cuenta de la amenaza que se cierne sobre ellos ¿y los de la Unidad sí?

– Yo pienso que deben estar más conscientes. Yo les diría que se dieran cuenta de que, además de luchar porque les den los recursos que el Poder Nacional les debe por Situado y por el Fondo de Compensación Interterritorial, se preocuparan profundamente por lo que les pueden empezar a quitar desde el 15 de septiembre.

– Lo que se percibe es que, con sus excepciones, el desempeño de los consejos comunales causa desencanto. La materialización de esta etapa parece depender mucho del debate público.

– Evidentemente, muchos estudios ponen de manifiesto que la población no tiene una opinión favorable sobre los consejos comunales y las comunas, que son mecanismos para instaurar el socialismo. Estamos a las puertas de sustituir a las instancias que Venezuela ha tenido como República, que ha venido modernizando, por una estructura completamente traída por los cabellos, sin ninguna tradición histórica y que fracasó en el siglo XX.

Venezuela está en este momento como la mujer de Lot, mirando hacia atrás, cuando tenemos en el horizonte un siglo como el XXI, que va hacia el poscapitalismo y la democracia de participación muy amplia. No solamente tuvimos un candidato a la reelección del pasado sino también una propuesta ideológica del pasado.

-¿Han logrado hacer un consolidado de cuánto dinero le han quitado a las regiones?

– No se ha hecho un estudio consolidado. Como ya dije, en este momento el gasto territorial es del 9% del gasto total, lo bajaron del 28%, eso implica un retroceso muy grande en materia fiscal.

El régimen ha impedido cualquier otro mecanismo de descentralización fiscal, como fue la ley de Hacienda Pública Estadal, que a pesar de que fue aprobada en 2004 por la Asamblea Nacional, el Presidente la vetó con argumentos muy superficiales y desde entonces nadie se ha atrevido a sacarla de la gaveta en la que la metieron.

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