Minerven financió al PSUV

Joseph Poliszuk, El Universal

El diputado Andrés Velásquez anunció que volverá a la Fiscalía General de la República para sumar casos a la retahíla de ilícitos, que desde el año pasado ha venido denunciando en el estado Bolívar.

Esta vez no solo para señalar empresas consentidas o mafias con comisiones reservadas para amigos del Gobierno: más que eso, para advertir sobre campañas electorales financiadas con fondos de las empresas básicas de Guayana.

Pruebas en mano, Velásquez pidió precisar por qué la transferencia de 5 millones de bolívares fuertes, que reposa en el Banco Caroní bajo el código 370857 – como un pago que salió de la Compañía General de Minería de Venezuela, Minerven, a una empresa particular- quedó asentada en los archivos contables de la misma Minerven con una descripción que dice: “Traslado fondos campaña”.

La transferencia fue hecha una semana antes de las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012. Fue el 28 de septiembre de ese año que Minerven, la empresa del Estado encargada de explorar, explotar y procesar el oro del país, transfirió 5 millones de bolívares fuertes a la firma de catering Corpobrica, cuyos accionistas ya habían sido denunciados ante el Ministerio Público por el mismo Velásquez, por estar en las juntas directivas de al menos otras 10 contratistas no de la Corporación Venezolana de Guayana, pero sí de la gobernación del Estado Bolívar.

En fin, la misma empresa consentida por la administración del gobernador Francisco Rangel Gómez fue contratada en Minerven, para la campaña electoral en la que el presidente Hugo Chávez consiguió su última reelección.

El cuerpo del delito

No es la primera vez que se habla de campañas electorales financiadas con fondos públicos. Hace tiempo que señalan al Partido Socialista Unido de Venezuela como un apéndice del Estado pero, en este caso, el diputado Andrés Velásquez dijo que no hay lugar dudas.

Las notas de débito del Banco Caroní, los registros contables de la División de Finanzas de Minerven y otros documentos -que consignará en la Fiscalía General de la República junto con sus colegas parlamentarios de la Causa R, Américo De Grazia y Luis Edgardo Mata- confirman corrupción electoral y malversación de fondos públicos.

Aquí está la prueba”

“Aquí está la prueba“, afirmó. “Es la prueba de que los recursos del Estado son empleados en campañas electorales del Gobierno“.

Para Velásquez, no es posible que hayan gastado en política las cuentas de una empresa como Minerven, que en este momento no tiene ni para completar los pasivos laborales acumulados con sus trabajadores.

“¿Cuántos otros casos como este habrá en las empresas públicas?”, pregunta. Por eso anuncia que volverá a las mismas oficinas del Ministerio Público, en las que desde mayo del año pasado ha ido consignando copias de transacciones, actas judiciales y registros mercantiles, que involucran a una serie de grupos y mafias asentadas en el sur del país dentro de la Gobernación del Estado Bolívar y la Corporación Venezolana de Guayana.

Esta vez preguntará a los fiscales si para el gobierno las campañas electorales son una “Misión de Estado”. Porque eso fue lo que justificó la gerencia de Minerven en una carta que -bajo el código GA-CTC-425-2012- reposa en los archivos que guardan en el estado Bolívar, en su sede del municipio El Callao.

De acuerdo con ese documento, el mismo depósito que en el Departamento de Contabilidad de Minerven aparece registrado como un traslado de fondos para la campaña, fue ordenado por Jorge Pérez y Henry Valecillos -entonces a cargo de las gerencias General y de Administración, respectivamente- como un depósito “por concepto de traslado de fondos Pagos varios (MISION DE ESTADO)”.

“Minerven y el resto de las empresas básicas de Guayana se han convertido en la caja chica del Gobierno y del PSUV”, lamentó el diputado Andrés Velásquez. Y no se trata de un caso aislado: lamentó que en menos de 10 años las filiales de la Corporación Venezolana de Guayana hayan ido disminuyendo dos y tres veces la producción de alúmina, bauxita, hierro, acero y otras materias primas.

Verbigracia el caso de Alcasa, que cerró 2013 con una producción de 42 toneladas métricas de aluminio, lo que equivale a un cuatro de las 180 toneladas que en 2007 salieron de sus plantas.

Cinco veces menos

Algo anda mal en todas las empresas básicas de Guayana y el caso de Minerven es el más elocuente: el año pasado reportó una producción de 1.130 kilos de oro, lo que representa su mínimo histórico según las cifras que acaba de actualizar el Banco Central de Venezuela.

En 2010 las bóvedas del país llegaron a recibir 5.700 kilos de oro, que salieron de las minas auríferas del sur del estado Bolívar al Banco Central. El año pasado, por el contrario, esa cifra fue cinco veces menos, tras una serie de conflictos económicos y laborales que incluso paralizaron la actividad durante dos meses.

Los más de 4.300 trabajadores, que hacen vida en las únicas minas del territorio nacional donde está permitida la extracción de oro, exigieron entonces aumentos de sueldo y el pago de una serie de pasivos laborales que se habían ido acumulando desde el año 2008.

También llamaron la atención sobre el abandono de minas como la Perú, Sosa Méndez y Revemin, inundadas por daños en las bombas de drenaje o contaminadas con restos de cianuro. Demandaron, de igual forma, alternativas frente al decreto de la llamada nacionalización del oro, que obligó a los pequeños mineros a abandonar su actividad o emplearse en cualquiera de las instalaciones que andan abandonadas por su único dueño: El Estado.

“Lo que estamos pidiendo es que el presidente Nicolás Maduro voltee la mirada al sur del estado Bolívar”, declaró en agosto el secretario general del Sindicato Unión de Trabajadores Revolucionarios de la Industria del Oro, Diamante, Caolín, Cuarzo, Conexos y Similares, Exaviel Alexander.

Anuncios dorados

La huelga terminó y los trabajadores volvieron a sus faenas, pero igual continuaron las denuncias que piden poner orden en los yacimientos auríferos de los cinco municipios que conforman el eje minero del estado Bolívar.

Aunque aun no hay un contrato colectivo para los trabajadores del sector, Minerven comenzó este año invitándolos a “continuar la lucha, el trabajo y esfuerzo por la empresa“. A través de un comunicado, la empresa señaló que existe la voluntad de seguir avanzando en el proceso de recuperación y reorganización, “lo cual solo se logrará con la disposición al trabajo, voluntad de mejorar continuamente los procesos y el esfuerzo de todos”.

A pesar de la baja producción que todavía persiste, el comunicado recuerda que han pagado 400 millones de bolívares en pasivos laborales que debían desde el año 2008. Agregó, además, que los trabajadores han recibido sus pagos de manera puntual, así como aportes por caja de ahorros, bonos de alimentación y adelantos de prestaciones entre otros beneficios.

En Minerven tienen el propósito de salir a flote. Eso dijeron el pasado 10 de enero en su primer comunicado de 2014 y, dos semanas después, apareció el ministro de Petróleo y Minería y vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, para informar que Petróleos de Venezuela pagará los 42 mil millones de dólares que debe al Banco Central de Venezuela con el oro que vayan extrayendo dentro del país.

El oro que no hay

Ya no habrá que imprimir más billetes para financiar la principal empresa del país. Ramírez descartó que este año Pdvsa vuelva a pedir los préstamos que desde finales de 2010 ha estado solicitando ante el Banco Central. “No será necesario“, dijo. “Ya ese tema allí no va a estar presente”, dijo el pasado 22 de enero.

Según el ministro, la deuda se cancelará mediante la nueva corporación para la explotación del oro, que el gobierno creó a finales del año pasado en una sociedad que da 60% de las acciones a Pdvsa y el otro 40% al BCV. “Es un acuerdo que hicimos con el Banco Central y está muy bien porque le interesa aumentar sus posiciones en oro y para nosotros también porque vamos a producir oro para vendérselo“, señaló.

Los anuncios del vicepresidente del Área Económica, sin embargo, no se corresponden con las reservas probadas en Venezuela. En rueda de prensa, el pasado 16 de diciembre dijo que “Pdvsa tiene derechos de explotación por más de 92 mil millones de onzas de oro“, lo que equivale a 2,6 millones de toneladas de oro, una cantidad de la que no hay vestigios no solo en Venezuela sino de todo el planeta.

El Consejo Mundial del Oro informó en 2011 que los bancos centrales de los países suman, todos juntos, casi 30.500 toneladas de oro. Pero más allá de las bóvedas de cada país, en las minas de todos los continentes juntos no hay reservas probadas de millones de toneladas. En el Perú, por ejemplo, que es una referencia minera dentro de la región, su Ministerio de Energía y Minas calcula unas reservas de oro que llegan casi a las 590 toneladas.

En Venezuela, mientras tanto, la Compañía General de Minería de Venezuela, Minerven, está mostrando su peor cara. Si bien hay unas 710 toneladas de oro, que fueron certificadas hace más de 50 años, y otras 2.200 toneladas potenciales que en la industria minera creen que podrían formalizar, la realidad es que el sector minero está parado.

La República Bolivariana de Venezuela puede llegar a tener unas reservas de 3.000 toneladas de oro, pero nunca las 2,6 millones que mencionó Ramírez como garantía ante el Banco Central. Lejos de esos números, la producción del año pasado llegó a 1,13 toneladas. “¿De dónde irán a sacar el oro si Minerven está quebrada?”, preguntó el diputado Andrés Velásquez.

Monopolio en Bolívar

Ahora que el Gobierno anda buscando corruptos, el diputado Andrés Velásquez le toma la palabra y pide empezar por el estado Bolívar, donde en el último mes ha venido consignando copias de registros mercantiles de empresas, documentos de memoria y cuenta de organismos públicos y correos electrónicos, que advierten sobre una serie de contratistas que han estado consentidas por el gobierno de Francisco Rangel Gómez.

Velásquez aseguró que un “garganta profunda” le ha ido dejando pruebas en su oficina y por eso ahora él las presenta en la calle. “¿Qué es lo que yo quiero demostrar?“, preguntó. “Si estas copias no constituyen prueba, que la Fiscalía General de la República y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional se molesten por lo menos en averiguar si las empresas aludidas existen“.

La corrupción, para Velásquez, está acabando con Venezuela y por eso dice que toma estas denuncias como una suerte de cruzada. “Nosotros asumimos esto como un trabajo de profilaxia en la administración pública“, dijo.

“Este es uno de los factores que incide de manera directa en la pobreza: cada bolívar que se roban deja de llegar a la reparación de una carretera, una escuela, un hospital o una vivienda”.

Ocho casos, una misma denuncia

CONTRATOS EXCLUSIVOS. El diputado por el estado Bolívar, Andrés Velásquez, denunció ante el Ministerio Público un monopolio de contratos adjudicados a un empresario conocido en la región, de nombre Yamal Mustafá, que a través de varias compañías ha surtido al gobierno de Francisco Rangel Gómez de obras y servicios, que van desde la entrega de canastillas hasta tickets de alimentación para los empleados regionales.

Mustafá (izq), Nidia de Rangel y Rangel Gómez (der)

La denuncia, que reposa en Fiscalía, menciona las empresas Corpobrica y Credilab.

Rangel Gómez

Sin embargo, el nombre de Mustafá y el resto de los accionistas que aparecen en esas firmas coinciden -según el Registro Nacional de Contratistas- con los de otras 10 empresas que desde 2005 han sido favorecidas por la administración de Rangel Gómez, para remodelar escuelas, instalar vallas publicitarias y vender chemises, coches ortopédicos y otros productos.

Desde Puerto Ordaz, Mustafá responde del otro lado de la moneda, que ha prestado obras y servicios a la Gobernación de Bolívar incluso cuando Andrés Velásquez estaba al frente de ella y que siempre ha ganado contratos a través de licitaciones públicas, por lo que anuncia una demanda por difamación contra el parlamentario de la Causa R:

Yamal Mustafá

“Estoy completamente a disposición de todos los órganos jurisdiccionales para que me investiguen a mí, a mi familia; lo que no estoy dispuesto a permitir es que se nos exponga al escarnio público como lo ha venido haciendo este denunciante de oficio“.

EMPRESAS DE FAMILIARES. Carlos González Piazza, yerno del gobernador Francisco Rangel Gómez, figura en varios documentos al frente de una de las empresas que ha venido enviando productos desde México en calidad de proveedor del gobierno del estado Bolívar.

El diputado Andrés Velásquez solicitó al Ministerio Público que comisione al Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, para que investigue los documentos que relacionan a la contratista con el esposo de la hija del gobernador y determine, de esa forma, si al contratar a esa firma, el mandatario regional incurrió en delitos como “tráfico de influencias” y “concertación de contratistas”.

Junto con sus homólogos Luis Edgardo Mata y Américo de Grazzia, Velásquez consignó en Fiscalía copias de cartas y correos electrónicos que muestran al yerno del gobernador al frente de Tasodi Comercializadora S.A., una empresa registrada en México que ha facturado 20.000 balones de fútbol y 20.000 tanques de agua a la Gobernación.

Rangel Gómez, entretanto, ha restado importancia a la denuncia. “Estas cosas hay que asumirlas con responsabilidad“, respondió el pasado 30 de mayo. “Cuando tu acusas a alguien tienes que tener pruebas y moral, ya basta de difamarnos y de divulgar infamias contra las personas, esa ha sido la práctica de estos nefastos personajes, que han ido aplicando durante toda su triste historia política y definitivamente no merecen ninguna respuesta“.

TRIANGULACIÓN DE IMPORTACIONES. El gobierno regional del estado Bolívar importó 37 autobuses desde Brasil, a través de un intermediario registrado en Barbados en el que otra vez figura el nombre de Carlos González Piazza, yerno del gobernador Francisco Rangel Gómez.

Unas facturas dan cuenta de que la administración de Rangel Gómez pagó casi 2,5 millones de dólares en octubre de 2007 a la empresa Logistic Trading Services LTD que, según los documentos consignados en Fiscalía, guarda relación con el yerno del gobernador.

Velásquez aseguró que esas facturas llegaron de forma anónima a la Asamblea Nacional, en las oficinas de la Fracción Parlamentaria del Estado Bolívar, y así las consignó a través de una denuncia en la que -más allá de las relaciones familiares que señala- encuentra presuntos ilícitos cambiarios.

De acuerdo con los documentos que consignó en Fiscalía, Velásquez planteó una serie de dudas y particularidades que, cuando menos, llaman la atención:

“1) La negociación se hace en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;

2) No se evidencia ningún proceso de contratación pública, llámese concurso abierto, cerrado o licitación internacional;

3) ¿Posee el Fondo de Desarrollo Económico del Estado Bolívar (Fondo Bolívar) recursos en divisas o estas se tramitan por Cadivi?;

4) ¿Acaso no existe este tipo de vehículos en fábricas venezolanas como Fanabus y Encava por ejemplo?”.

NEGOCIOS EXPRÉS. De acuerdo con las denuncias que Andrés Velásquez consignó ante el Ministerio Público, la misma empresa de Barbados que relaciona con Carlos González Piazza, yerno del gobernador Francisco Rangel Gómez, ganó otros contratos en simultáneo con la Corporación Venezolana de Guayana.

Además de vender autobuses al gobierno regional, facturó 30.000 bicicletas por más de 1,6 millones de dólares en las empresas básicas de Guayana.

Las copias de las facturas que Velásquez consignó en Fiscalía señalan que la empresa Logistic Trading Services LTD cerró la negociación de las bicicletas el 28 de septiembre de 2007 con la Corporación Venezolana de Guayana y un mes después hizo lo mismo con los 37 autobuses que le solicitó la gobernación de Bolívar.

Esa empresa, sin embargo, no existía seis meses antes: los registros en línea de la Oficina de Asuntos Corporativos y Propiedad Intelectual del gobierno de Barbados señalan que fue inscrita en marzo de 2007.

Es decir que en cuestión de seis meses, la firma extranjera consiguió contratos por más de 3,6 millones de dólares al sur de Venezuela. Rangel Gómez, no se ha referido directamente al caso de su yerno, pero sí a las denuncias.

Hay organismos competentes a los cuales deben entregárseles pruebas en todo caso y que esos organismos dictaminen lo que tengan que dictaminar, pero hay que entregar pruebas con seriedad”.

NEGOCIACIÓN ILEGAL. Varias empresas extranjeras que compran metales en Guayana tienen vínculos con el gobernador Francisco Rangel Gómez. Andrés Velásquez aseguró que de la misma forma que el yerno del mandatario regional ha vendido productos y servicios a los organismos públicos del Estado, también ha usado otras firmas registradas en el exterior para adquirir aluminio en Venalum.

Con copias en mano, muestra documentos que vinculan a Carlos Rodrigo González Piazza, esposo de la hija del gobernador, con la empresa Quimera Metals, que compra aluminio en Venezuela para llevarlo a México.

“Esta negociación además de ser absolutamente derivada de la influencia del yerno del gobernador Francisco Rangel Gómez en las empresas básicas del aluminio, es absolutamente injustificada y le causa un perjuicio al Estado venezolano, pues se establece una especie de cadena de comercialización ilegal, ya que entendemos que la negociación del aluminio debe hacerse en las empresas básicas del aluminio directamente con los compradores“, señaló la denuncia que Velásquez y otros diputados de Causa R consignaron en Fiscalía.

“Estos hechos merecen ser investigados, ya que sin ningún lugar a dudas cuando menos se apartan de la correcta y sana administración y los principios de transparencia y honestidad contemplados en la Ley contra la Corrupción”.

CUPOS RESERVADOS. Para llegar hasta el fondo de las mafias de las empresas básicas, el diputado de la oposición, Andrés Velásquez, señala que es necesario investigar a las mismas compañías consentidos por la Gobernación del Estado Bolívar.

Fue el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, el primero que habló de mafias en las empresas básicas de Guayana.

El pasado 12 de junio anunció que había ordenado procesar al presidente de Ferrominera, Raddwan Sabbagh, por formar parte de un clan que cobraba comisiones, contratos preferenciales y cupos de hierro y otros minerales a empresas de amigos, entre las que ahora Andrés Velásquez menciona al Consorcio Ferrominero, cuyo registro mercantil está a nombre de un sobrino del contratista de la Gobernación, Yamal Mustafá.

Mustafá garantiza, sin embargo, que se trata de un chantaje. “Ser empresario no es delito”, responde. “Pregunten en las empresas básicas, hablen con gerentes, con sindicalistas, con quien quieran para saber si yo he presionado a alguien o comercio con bauxita, aluminio, hierro y hasta oro“.

Se trata, agregó, de una serie de denuncias que buscan afectar su nombre: “Se ha montado una campaña sucia incluso contra mi familia sin ningún tipo de pruebas a través de este personaje, quien sí fue acusado por el Tribunal Supremo de Justicia por responsabilidad administrativa en su gestión como gobernador“.

MAFIAS INTERNAS En el sur del país no ha parado el tráfico de metales y entre las denuncias de los últimos días, el diputado Andrés Velásquez recuerda que Luis Salvador Velásquez -a quien el propio Gobierno nacional presentó ante el país como “El Rey de las cabillas”- administró las finanzas de la campaña electoral que el Partido Socialista Unido de Venezuela realizó en las regionales del año 2008:

“El mismo gobernador Francisco Rangel Gómez lo inscribió como jefe de finanzas ante el Consejo Nacional Electoral”, advirtió. El llamado “Rey de las cabillas”, quien acaba de salir en libertad, fue detenido por el gobierno mientras presidía Orinoco Iron y estaba al frente de la Dirección de Comercialización de Sidor.

Entonces lo acusaron de ser la cara de una red de contrabando que había montado un mercado paralelo con las cabillas que oficialmente deben ser vendidas a precios regulados dentro del país.

Luis Salvador Velásquez, “El Rey de las Cabillas”

A Luis Salvador Velásquez lo detuvieron el 9 de junio de 2011 y a partir de allí empezó una retahíla de denuncias que llegaron a señalar a familiares y personas del entorno del gobernador dentro del mercado negro de cabillas. “El que tenga pruebas, hermano, que las presente; que no hablen tanta paja sencillamente que las presenten“, respondió Rangel Gómez entonces.

“Luis Velásquez es un compatriota nuestro, es parte del partido, es un amigo nuestro y seguirá siéndolo”.

REMATE DE CARROS. Entre diciembre y enero, la gobernación del Estado Bolívar remató una flota de 133 vehículos, que inmediatamente fueron revendidos por montos que superaban el precio inicial hasta por 18 veces más. La denuncia otra vez fue formalizada por el diputado de la Causa R, Andrés Velásquez, con copia de los documentos de compra-venta notariados.

Como con otros de los casos que ha venido formalizando, Velásquez asegura que un anónimo le dejó fotos de los vehículos y copias de los documentos en la Asamblea Nacional, en las oficinas de la Fracción Parlamentaria de Bolívar, y a partir de allí pidió una investigación ante el Ministerio Público y la Comisión de Contraloría del Parlamento. Entre todos los casos menciona el de un vehículo por el que la gobernación recibió 15.000 bolívares a pesar de que más tarde fue revendido en 280.000.

Hasta una ambulancia vendieron supuestamente inservible”, adviertió. “Hubo también un carro que valoraron en 6.000 bolívares, que es lo que vale un caucho o un parachoque, y unas semanas después fue revendido en 60.000”.

Todos los carros fueron vendidos a una misma empresa pero más que buscar a los beneficiarios, el diputado lamentó las pérdidas patrimoniales:

“A mí no me interesa a quién se lo vendieron ni posteriormente quién lo compro, lo que importa es que el Gobernador vendió bienes del Estado con el apoyo de la Asamblea Legislativa”.

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