Periodismo en la mira: cobertura bajo la línea de fuego

Lisseth Boon / Daniela Dávila, Unidad de Investigación Runrun.es

Desde que comenzaron las protestas, en febrero de 2014, las víctimas no solo han sido manifestantes, transeúntes y funcionarios. Una buena carga de abusos cayó sobre periodistas, fotógrafos y trabajadores de los medios de comunicación.

Palizas, robo de equipos, allanamientos, amenazas y acoso -físico y en redes sociales- se unieron a la cobertura diaria para llevar información a las audiencias. No se salvaron los corresponsales extranjeros.

Las Organizaciones No Gubernamentales y gremios iniciaron un registro de casos que quedará para la historia.

El trabajo del Instituto Prensa y Sociedad, Espacio Público y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa permite una aproximación cercana al panorama de agresiones.

Un análisis necesario en este nuevo Día del Periodista.

Infografía basada en datos de: Ipys y SNTP

La privatización de la Hacienda Municipal del Alcalde de Caroní, José Ramón López

Juan Martorano (*)

En ejercicio de la necesaria crítica y autocrítica revolucionaria, no sólo ha sido por parte de las autoridades regionales del Estado Bolívar los que han contribuido a tratar de sembrar de desesperanza y arrecheras al pueblo de Guayana.

También, y lamentablemente debemos expresarlo, de parte del ciudadado Alcalde del Municipio Caroní, José Ramón López Rondón, ha contribuido enormemente por errores, malas asesorías, o ambas dentro de su gestión municipal.

No niego que todo lo del ciudadano alcalde José Ramón López sea negativo o malo. Sus aciertos se los reconocemos y se los reconoceremos sin ningún tipo de complejos, pero el strike que se metió con lo del contrato de SISVENCORP, sencillamente no tiene nombre y podría conllevar a la nulidad de la referida ordenanza, de determinarse ilícitos de carácter penal. Los responsables deben pagar con cárcel.

Alcalde José Ramón López Rondón.

El 18 de diciembre del 2009, el ciudadano Alcalde del Municipio Caroní del estado Bolívar, José Ramón López Rondón, presentó la solicitud de un aumento de las alícuotas de los impuestos municipales. En aquella oportunidad los empresarios y los gremios alegaron que la situación del país no estaba para aplicar la medida y sólo se aprobaron las retenciones.

El 14 de diciembre del 2011, los empresarios fueron llamados a una consulta pública en la que participaron los agremiados y funcionarios de la Alcaldía, quienes presentaron esa propuesta de aumento de la alícuota, en algunos casos, hubo aumentos del 460% sobre todo en el área industrial.

Octavio Maza Duerto, expresidente de la Cámara de Comercio de Caroní.

Octavio Maza, Presidente de la Cámara de Comercio de Caroní de entonces, fue quien contactó al alcalde y le ofrecieron una rebaja en las alícuotas; es decir, que igual se iban a cambiar las alícuotas pero en menor escala y esa misma noche la gente de hacienda se reunió para cambiar los porcentajes de nuevo, pero no hubo un análisis de lo que fue el impacto, no hubo razonamiento estadístico, fue totalmente improvisado.

El sábado 17 de diciembre la Alcaldía llamó a los gremios empresariales para discutir de nuevo y enseñar las rebajas en las alícuotas.

El 19 de diciembre del 2011 fue publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria N° 1022-2011, la reforma a la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicio o de Índole Similar y su Clasificador de Actividades, con la finalidad -según su exposición de motivos- de “incrementar los ingresos propios, concretamente los de mayor productividad como lo son los tributarios y sus accesorios a los fines de que la municipalidad” sea más productiva en los servicios públicos que le presta a la comunidad.

Para ejecutar esta nueva normativa tributaria, que entró en vigencia el 1 de enero del año en curso, la Alcaldía de Caroní contrató a la empresa Sisvencorp C.A., que se encargará de la “prestación de servicio y asesoramiento del software y prestación de servicio y asesoramiento de hardware (…) Para optimizar el funcionamiento de los servicios municipales” relacionados con la recaudación de impuestos.

Pero resulta que el contrato entre la compañía y la municipalidad, que tiene una duración de cinco años, se firmó y fue notariado el 7 de noviembre del 2011, más de un mes antes de la aprobación de la reforma de la ordenanza.

¿Será que nadie le señaló al ciudadano Alcalde José Ramón López lo establecido en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal?

Si nadie lo ha hecho, nosotros nos permitimos hacerlo. El referido artículo establece lo siguiente: “Es competencia de los municipios la fiscalización, gestión y recaudación de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de otras entidades locales, de los estados o de la República. Estas facultades no podrán ser delegadas a particulares”.

Es decir, desde mi modesto y humilde punto de vista, esta ordenanza, si cualquiera de los interesados o interesadas decidiera intentar un recurso de nulidad, fácilmente lo ganaría, puesto que a vuelo de pájaro, con la sola lectura de este artículo antes transcrito, observamos la violación de nuestro ordenamiento jurídico, y esta situación jurídica que se infringe debe ser restablecida.

Pero suponiendo que no se hubiese hecho esto, que la Alcaldía Socialista Bolivariana de Caroní hubiese mantenido el manejo de los tributos municipales, y hubiese contratado a SISVENCORP para una asistencia de sus hardware y software para optimizar sus sistema de recaudación, lo cual perfectamente se puede hacer, pero resulta que debe pasar por un proceso de licitación, de conformidad con nuestra legislación y ordenamiento jurídico vigente, resulta que, de conformidad con toda la investigación que hemos realizado, esto no fue realizado, sino que se realizó por adjudicación directa, lo cual es sumamente grave, y nos hace presumir que algunos aquí han incurrido en ilícitos de carácter penal que deben ser sancionados.

Exalcalde de Caroní, Antonio Briceño.

Recuerden lo ocurrido con el ex-alcalde Antonio Briceño en un caso similar.

Continuemos con los señalamientos de este contrato. En su objeto indica que la prestación del servicio comprende las actividades de instalación, supervisión y mantenimiento de un sistema computarizado de avanzada tecnología para desarrollar una cuenta única de contribuyentes, la emisión de licencias a todas las actividades económicas, automatización de los registros de todos los ingresos y la eliminación de solvencias.

Asimismo, tiene la tarea de colocar dos centros de atención: uno en San Félix y el otro en Alta Vista, para atender a los 15 mil contribuyentes que tiene la ciudad.

Pero resulta que de veintidós oficinas de recaudación de impuestos con los que se contaba en el Municipio Caroní antes de la entrada en vigencia de esta Ordenanza, se redujeron a dos lo que -según comentarios de los contribuyentes- ha originado una gran molestia.

Además de la privatización de los tributos municipales en Caroní, entregándoselo a una empresa privada, a una empresa particular, desmejora ostensiblemente la calidad y la eficiencia del servicio, precisamente en un año electoral.

Es importante señalar que en las cláusulas del referido contrato no se establece la eliminación, ni la compresión de los puntos de recaudación que habían sido colocados en años anteriores por la municipalidad, que para los usuarios facilitaban el proceso de pago, pero que fueron cerrados para abrir las nuevas oficinas.

(*) Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela

AN investiga al alcalde de Caroní

El 12 de julio del 2013, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional acordó iniciar una investigación sobre los presuntos hechos de corrupción en los que habría incurrido el alcalde del municipio Caroní, José Ramón López, con el otorgamiento de un contrato a la empresa Sisvencorp para la recaudación de los tributos municipales.

Luego de que la Comisión Permanente de Contraloría recibiera a mediados del mes de junio una denuncia contra el alcalde López -por presuntos hechos de corrupción- la misma siguió el procedimiento habitual y fue remitida para su análisis a un comité técnico multidisciplinario, conformado por abogados, economistas, contadores y auditores entre otros técnicos.

Analizados los recaudos, el equipo multidisciplinario determinó que existen suficientes indicios para iniciar una investigación por presuntos hechos de corrupción, en los que habría incurrido José Ramón López, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional remitió el expediente a la subcomisión número 3, que se encarga de procesar todas las denuncias referidas al ámbito municipal.

La subcomisión 3 llevará adelante la investigación, interpelará a los involucrados y está previsto que se traslade a Ciudad Guayana para recopilar más elementos probatorios.

Los 9 parlamentarios revolucionarios de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional exhortaron a sus 6 colegas opositores a llevar adelante una investigación seria hasta las últimas consecuencias en este caso.

“El presidente Nicolás Maduro lo dejó muy claro: la lucha contra la corrupción será frontal y sin cuartel y lo está demostrando en casos como los de Ferrominera, el Fondo Chino y el Seniat. Ojalá ellos nos acompañen hasta las últimas consecuencias”.

El contrato con una duración de 5 años, firmado entre el alcalde de Caroní, José Ramón López y Sisvencorp, establece que las arcas municipales dejan de percibir 18% de los tributos municipales, lo que le habría causado un daño patrimonial calculado en 145 millones de dólares.

Hasta el momento, hay méritos para investigar el caso y con la comparecencia de los directores se despejarán las dudas que se tienen sobre el caso:

“La irregularidad está en la contratación de la referida empresa, para la recaudación de los impuestos municipales”.

Diputado del Consejo Legislativo del estado Bolívar, Luis Dimas Siu.

Por su parte el diputado Luis Dimas Siu, presidente de la comisión especial del Consejo Legislativo del estado Bolívar para investigar una presunta corrupción en la Alcaldía de Caroní, acusó a Sisvencorp de ser una “empresa de maletín” y dijo que el alcalde López la benefició al darle un contrato a “dedo”, para instalar y poner a funcionar programas de software y hardware, en el área administrativa de la Alcaldía de Caroní vinculada al fisco, así como efectuar el cobro de impuestos municipales.

De acuerdo con el contrato, según Dimas, la citada empresa se queda con el 18% de la recaudación impositiva, afectándose a las arcas municipales, que el año pasado dejaron de percibir 145 millones de dólares. “Con la devaluación del bolívar, la cifra alcanza un monto mayor”.

A juicio del diputado, el alcalde Caroní utiliza a Sisvencorp como “mano derecha” y está -con dicho caso- incurso –presuntamente- en la comisión de los delitos de peculado, corrupción, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos.

No hay irregularidades en la alcaldía de Caroní

Liliana Di Scipio, coordinadora de Administración Tributaria Municipal de Caroní.

Liliana Di Scipio, coordinadora de Administración Tributaria Municipal, negó cualquier tipo de irregularidades en la recaudación y uso de los impuestos municipales.

Destacó que en el  2008 el monto total de recolección fue de 189 millones de bolívares, mientras que en el 2009 esta cifra aumentó a 225 millones, en el 2010 se llevó esta cantidad a 280 millones de bolívares, en el 2011 a 383 millones y en el 2012, cuando se aprobó la Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Actividades Económicas y la creación de la Ordenanza de Retenciones, cumplieron con una recaudación de 511 millones de bolívares.

Di Scipio, explicó que en el 2012 -con la contratación de la empresa de servicios Sisvencorp- comenzaron con el proceso de transformación tecnológica, adquisición de paquetes, programas y equipos de computación para el procesamiento electrónico de los sistemas administrativos y operativos computarizados de Caroní en materia de ingresos tributarios.

“Esta empresa implantó desde ese año un software especializado para la automatización de todos los procesos relacionados con la recaudación de impuestos y tasas municipales. Desde la implementación de este sistema, han surgido varios desacuerdos por parte de sectores que van en contra de las políticas eficientes que ha implementado la municipalidad”.

Di Scipio, negó todas las denuncias y críticas hechas por algunos “personeros” de la oposición y otras organizaciones, quienes han insistido en crear la “falsa matriz” de la privatización del sistema de recaudación municipal.

Por su parte la sindico procuradora, Eglys Rodríguez, quiso aclarar a la ciudadanía que en abril del 2012, la Contraloría General del estado Bolívar, recibió una notificación por parte de la Contraloría General de la República, en la que le ordenaba la verificación de legalidad y sinceridad del contrato con la empresa Sisvencorp, CA.

Afirmó que esta auditoría operativa fue practicada a la Alcaldía de Caroní en relación al contrato de servicios y arrojó como resultado que el procedimiento de contratación se hizo en el marco jurídico, es decir, según lo dicho por Rodríguez, cumplió con todo lo establecido en el artículo 5, numeral 1 de la Ley de Contrataciones Públicas.

“Con respecto a los procesos administrativos y financieros relacionados con el gasto efectuado para la ejecución del contrato, se comprobó que los expedientes de pago poseen la información referente a la adquisición de servicios, disponibilidad presupuestaria, órdenes de pago y otros aspectos. De igual forma, se verificó que efectivamente se hicieran las correspondientes retenciones de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, así como también las retenciones de fiel cumplimiento y compromiso de responsabilidad social”.

Rodríguez, aclaró que la Contraloría del estado Bolívar verificó toda la situación y no encontró irregularidad alguna, sólo emitió algunas recomendaciones, entre ellas; establecer mecanismos de seguimiento y control pertinentes a fin de garantizar la total automatización, modernización y optimización gerencial de los procesos de coordinación de administración tributaria y de la dirección de rentas municipales, de manera oportuna y con base a lo establecido en los respectivos contratos.

“Instamos a quienes han venido realizando tales denuncias, a verificar el estatus del caso antes de emitir declaraciones sin fundamento, que sólo buscan desprestigiar la gestión que hasta ahora ha ejecutado el equipo encargado de la recaudación de impuestos municipales”.

Dueño de Sisvencorp no se presentó ante la AN

Pese a la citación de la Comisión de Contraloría de la AN, quien aparece como propietario de Sisvencorp, Andric Jesús Martínez Guevara, no compareció ni explicó las razones de su ausencia.

Asamblea Nacional citará al alcalde de Caroní

El parlamento le hará un segundo llamado esperando realizar su interpelación.

Diputada del Psuv por el estado Bolívar, Nancy Ascencio.

La presidenta de la Subcomisión de Control del Gasto e Inversión de Entes Municipales de la Comisión de Contraloría Social de la AN, diputada del Psuv por el estado Bolívar Nancy Ascencio, dijo que siguen las investigaciones sobre la “misteriosa contratación” de Sisvencorp que realizó la Alcaldía de Caroní para la recaudación de impuestos municipales.

Ratificó que el alcalde del municipio Caroní, José Ramón López, debe presentarse.

Hemerson Tamaronis, miembro del Comité de Licitación; Eglis Rodríguez, sindico-procuradora; Keyla Vheliz, contralora municipal; Crisálida Jiménez, presidenta de la Comisión de Contraloría Municipal del Concejo de Caroní; Rosani Rondón, administradora de la Alcaldía y Liliana Di Scipio, directora de Hacienda Municipal, habrían rendido cuentas al parlamento por el caso de la compañía privada.

Sin parcelas políticas

Exalcalde del municipio Heres, Víctor Fuenmayor.

Ascencio dijo que investigan a los rojos, azules y blancos, vinculados a hechos de corrupción. Además del alcalde de Caroní, también hay denuncias por supuestos malos manejos administrativos que involucran a otros mandatarios locales bolivarenses.

En Heres se investigará a Víctor Fuenmayor por la presunta venta ilícita de más de 100 vehículos de la Alcaldía. La denuncia sobre este caso está registrada en el expediente 1.566.

Exalcalde del municipio Padre Pedro Chien, Franklin González.

En el expediente 1.573 están las acusaciones contra el exalcalde de Padre Pedro Chien, Franklin González.

Exalcalde del municipio Gran Sabana, Ricardo Delgado.

Exalcalde del municipio Cedeño, Milton Tovar.

El exmandatario del municipio Gran Sabana, Ricardo Delgado, también será investigado por la AN por “malos manejos durante su gestión”; al igual que el exalcalde de Cedeño, Milton Tovar.

Equipo multidisciplinario

Ascencio asevera que hay un equipo multidisciplinario encargado de hacer las averiguaciones pertinentes sobre el caso Sisvencorp. Exactamente hay 12 técnicos “cruzando datos y descargando las pruebas”.

Alcalde de Caroní no está siendo investigado

Los diputados a la Asamblea Nacional por el Psuv, Liris Sol Velásquez y Richard Rosas, desmintieron a su camarada presidenta de la Subcomisión de Control del Gasto e Inversión de Entes Municipales de la Comisión de Contraloría Social de la AN, diputada del Psuv Nancy Ascencio, al afirmar que no hay investigaciones contra el alcalde de Caroní, José Ramón López, por parte del ente que representan.

Diputados del Psuv a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Liris Sol Velásquez y Richard Rosas.

“No utilicen a la institución (AN) como si fuéramos todos. En plenaria no se ha dado esta afirmación de investigación contra José Ramón López”, aclaró Velásquez.

La parlamentaria explicó que esta situación le compete a la Comisión de Contraloría de la AN, que hasta ahora no ha admitido ninguna denuncia contra el burgomaestre.

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Fotos cortesía de los diarios Correo del Caroní, Nueva Prensa de Guayana, Primicia, El Expreso, y vía web.

Trabajadores de Friosa exigen investigar desvío de alimentos, pérdidas y contratos irregulares

María Ramírez Cabello, Correo del Caroní

La recurrente petición de agilizar el proceso de expropiación de la distribuidora de alimentos Frigoríficos Ordaz S.A. (Friosa), iniciado en octubre de 2010, quedó en segundo plano.

Una auditoría profunda por presuntos casos de corrupción en la empresa por desvío de alimentos a privados, desmantelamiento de activos, pérdida de productos cárnicos, entre otros, es ahora la principal solicitud de los trabajadores de la industria alimenticia.

“La corrupción es lo que nos está matando, nos arropó, es lo que nos está colapsando”, aseguró Lenis Martínez, trabajadora administrativa de la empresa, otrora bandera en Guayana por sus surtidos supermercados Koma y La Fuente, ahora en total deterioro y desnudez de productos.

La caída de Friosa en los últimos cuatro años fue tan estrepitosa que, en la actualidad, se asemeja a los pasillos vacíos de la red estatal Mercal.

En una asamblea realizada este lunes en la empresa, los trabajadores instaron al Ministerio de Alimentación a realizar una auditoría minuciosa y a intervenir la empresa.

“Solicitamos que el Gobierno de Calle venga a Friosa porque no hay alimentos para el pueblo porque los desvían”, dijo Martínez, al señalar que las denuncias son del conocimiento de la Fiscalía Cuarta contra la Corrupción, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Ministerio de Alimentación. “Hemos ido a todas las instancias”, agregó.

Las denuncias contrastan con el fin que motivó la expropiación de la empresa, propiedad del Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa) en octubre de 2010.

El Decreto Presidencial Nº 7.703, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.524, indica que la adquisición forzosa persigue el “Desarrollo de la Red de Distribución Socialista de Productos de Primera Necesidad” destinada “a la correcta distribución de alimentos al pueblo venezolano, así como la promoción del desarrollo endógeno y generación de fuentes de empleo”.

Para los trabajadores el propósito se quedó en papel. Martínez admite que aunque el Gobierno ha estado enviando mercancía, es desviada a comercios privados, “el negocio es la comisión que depositan luego y de la que se benefician los gerentes”.

“La empresa fue expropiada para garantizar el alimento al pueblo y resulta que a las comunidades no se les vende ahora”, añadió. “Llegan 20 toneladas de alimentos y se pierden 5 toneladas, hacen un cuadre y no investigan”, denunció.

Los reclamos han pasado factura a algunos de los trabajadores que denuncian acoso laboral y psicológico. Noraida Pinto, trabajadora de la división de comedores, señaló que han sido acosados por denunciar la situación de la empresa.

“Los alimentos que llegan los están mandando a centros privados, dejando a los artesanos y al pueblo sin alimentos.

Los productos no están llegando al pueblo, no llegan a los supermercados La Fuente”, dijo, con factura en mano de despachos de 21 sacos de harina de trigo a Bs. 715 a panaderías privadas.

“Pedimos al presidente Maduro que nos envíe a alguien de confianza para entregarle todas las pruebas de robos y estafas en la empresa”, añadió Cristian González.

Sin registro de salida de productos

Las irregularidades en la distribuidora han sido registradas en varios informes oficiales. Un documento del Cuerpo de Inspectores Socialista de la Presidencia de la República de julio del 2013 da cuenta de las inspecciones a entes adscritos al Ministerio de Alimentación y menciona el caso particular de Friosa en cuanto a “irregularidades en el manejo de los activos e inconsistencias en el inventario de bienes en la empresa Friosa”.

El informe señala que “para la fecha de la intervención la empresa contaba con una capacidad operativa de almacenamiento del 80%, actualmente las cavas de refrigeración se encuentran vacías y no existe registro de la salida de los productos. Además, la flota de vehículos operativos no se corresponde con la actual y a su vez se manejan denuncias por parte del control obrero sobre presuntos equipos de computación pertenecientes a la empresa de los cuales se desconoce su actual paradero”.

Fallas de control interno

Las inspecciones del Cuerpo de Inspectores Socialista lograron la activación de la Contraloría General de la República, que realizó una verificación in situ. En su informe de actuaciones correspondiente al 2013, el órgano constata fallas de control interno de los bienes muebles, falta de mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático en los inmuebles, particularmente en los almacenes de mercancía seca y refrigerada.

“De una muestra selectiva de 71 máquinas y equipos de computación por un monto total de Bs. 986.320,34, se determinó que 41 activos, equivalentes a 57,74%, por la cantidad de Bs. 153.457,30, no fueron ubicados físicamente”.

La situación se repitió con otros equipos no registrados en el inventario de bienes y unidades móviles en comodato, préstamo o en posesión de trabajadores por convenio, pero sin soportes documentales de tales asignaciones.

Pese a que ha transcurrido casi un año de las inspecciones, la confirmación de irregularidades no ha arrojado correcciones ni sanciones penales y administrativas a los responsables.

Denuncias a granel

Un informe elaborado por los trabajadores de Friosa recoge varias irregularidades en la empresa.

Flota en el piso

Cuando se inició la expropiación la flota de la empresa estaba integrada por 164 unidades operativas a la que se sumaron dos taras y dos chutos con sus trailers y desde Caracas ocho montacargas.

“En la actualidad se encuentran operativos solo el 20% de la flota móvil y la mayoría de las unidades se encuentran estacionadas en el patio”, señala el informe.

Varias de las unidades están en estado irrecuperable. Siete personas han asumido la dirección del taller desde la expropiación y los gastos se han triplicado entre 2010 y 2013, pese a que la flota va en merma.

Contratos irregulares

Los trabajadores denuncian que desde 2013 hasta junio de 2014 se ha privilegiado la compra de repuestos a una empresa, radicada en Ciudad Bolívar que no se encuentra en el Registro Nacional de Contratistas. La empresa ha recibido Bs. 12,9 millones en plazos menores a los 30 días estipulados para el pago de facturas.

Pérdida de productos cárnicos

El informe de los trabajadores da cuenta de pérdidas de carne y pollo “de forma recurrente” y en “cantidades significativas”.

“Una vez detectado el faltante por la coordinación de inventarios es ajustado el monto de pérdidas por el gerente general de la empresa”.

Destacan que el gerente general carece de potestad en materia financiera, de acuerdo con el decreto de expropiación.

Descomposición de alimentos

El 7 de junio la coordinación del área de frío notificó “de forma oral y sin soportes” que procedió a botar unilateralmente 860 kilogramos de papa presuntamente en mal estado.

1.560 kilos de carne de segunda y 98 unidades de leche descremada se dañaron “debido a las condiciones climáticas y fallas en la refrigeración”, relatan en el informe, luego de que fueran dejadas en el Batallón Cabrera en Los Pijiguaos en donde esperaban hacer un operativo. Por instrucciones de la junta administradora, el lote fue quemado.

Desmantelamiento de activos

En una inspección en octubre de 2013 para la desincorporación de dos cavas en Koma Bolívar, “pudimos apreciar el desmantelamiento total de las instalaciones y activos como las cavas de refrigeración marca Arneg totalmente destruidas sin los manómetros y las tuberías de cobre, controladores y las cristalerías de las cavas de exhibición esparcidas por el piso”. La situación, añaden, se repitió en Koma Puerto Ordaz.

Además del desmantelamiento, tienen casos registrados de venta de equipos como material ferroso con autorización de personal directivo de la empresa.

Fotos: Sala de Información vía web.

“Una sargentería inepta ha saqueado las empresas básicas”

Roberto Giusti, El Universal

Si alguien conoce la complejidad de la vorágine que discurre en la vastedad del territorio guayanés, ese es Américo De Grazia.

Hijo de inmigrantes italianos asentados en Upata, donde nació, Américo se desplaza con igual desenvoltura en los socavones de los pequeños mineros de El Callao, que en los portones de las empresas básicas de Puerto Ordaz.

Exconcejal y exalcalde del Municipio Piar, secretario General de la Causa R y diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, habla sin tapujos sobre lo que considera el juego trancado del conflicto sindical en la zona.

-Nicolás Maduro advirtió que los dirigentes sindicales de Sidor serán responsables de que el Gobierno no entregue 300 mil viviendas, por falta de cabillas, ante el paro que vienen sosteniendo.

-La reestatización de Sidor, adelantada por el gobierno de Chávez, tuvo su causa en dos premisas: primero, que la empresa Ternium (transnacional argentina), era incapaz de firmar un contrato colectivo satisfactorio para los trabajadores y el Gobierno revolucionario debía salvaguardar sus intereses.

Cinco años después no habido manera de que se suscriba un contrato colectivo.

Segundo, se acusaba a Ternium por no abastecer el mercado interno de cabillas, entre otras demandas, para suplir a la Misión Vivienda. Hoy la tragedia es que le compramos cabillas a la misma Ternium, pero a las filiales de México, Argentina, Brasil y Colombia.

El remedio resultó peor que la enfermedad.

-Si se compra cabillas en el exterior es porque no se producen en Venezuela.

-Eso es correcto.

-Si no se produce no hay ganancias y sin éstas, ¿cómo pueden exigir los trabajadores mejoras salariales?

-Ahí hay una responsabilidad directa del régimen porque, ¿quién ordenó cerrar la producción en aras de ahorro energético? Guayana redujo su producción eléctrica a lo que consumía en 1983. No porque los guayaneses estemos consumiendo menos (hogares, comercios) sino porque la reducción ocurrió en las industrias básicas y eso produjo una debacle.

Obviamente hay una responsabilidad compartida, pero la carga fundamental corresponde al régimen y a los gerentes que designó. Sólo que colocaron a toda una sargentería inepta, carentes del más mínimo conocimiento de lo que es gerenciar una planta de aluminio, de hierro o de acero.

-¿Son sólo militares?

Meyber Ugas

-No. Designaron a una muchachita, una modelito, una artista de televisión que se llevó el General (Carlos) Osorio (Presidente de la CVG) a gerenciar las contrataciones colectivas. Una niña, Meyber Ugas, que no tiene ninguna experticia en el tema.

-¿No es egresada en Relaciones Industriales?

-Es Técnico Superior, pero, por Dios. ¿Tú sabes la complejidad que entraña la discusión de los contratos colectivos de todo el holding de las empresas de la CVG?

Meyber Ugas

Eso lo ponen en manos de una niña carente de toda experiencia en materia de contratación colectiva y que Osorio tenía en Caracas manejando los Mercal.

El resultado de todo esto es el desastre actual de la CVG.

-¿La suerte de miles de trabajadores en las manos de una modelo?

-Solamente Sidor cuenta con unos 16 mil trabajadores, contando tercerizados y en nómina. Venalum debe tener 7 mil, Alcasa 4 mil y así sucesivamente.

-Todas esas empresas en conflicto.

Meyber Ugas

-Todas. Minerven pasó 62 días en paro y nadie dio la cara. El gobierno habla con los pranes, pero no con los sindicatos.

-Sin embargo, se llegó a un acuerdo y se levantó el paro, aunque luego se reanudó.

-Por eso los trabajadores le perdieron el respeto al General Osorio porque con Sucre Figarella (Presidente de la CVG durante la República Civil), se llegaba a acuerdos y eso se respetaba. Este gobierno tiene entre cuatro y ocho años que no firma un contrato colectivo, en violación flagrante del convenio 87, suscrito en la OIT, sobre la libertad sindical.

-El General Osorio dijo una verdad: “No alcanza el dinero para satisfacer la totalidad de las demandas”.

-Pero, ¿por qué ocurre eso si tenemos un barril de petróleo en los 100 dólares? ¿Por qué si antes esas empresas eran rentables como es el caso de Venalum y de la Ferrominera?

-Entonces fue un error la estatización.

“Sí creo que será con el pueblo en la calle que salgamos de esta coyuntura”

-Lamentablemente. Parecieran una réplica, pero al revés, del rey Midas. Todo lo destruyen. En Guayana abundan los ejemplos: Friosa, (el más grande distribuidor de alimentos en el suroriente del país), la Vergareña (empresa productora de lecha, carne y otros rubros).

Minerven se daba el lujo de pagar la nómina de Alcasa cuando la onza de oro estaba a 640 dólares. Hoy está en casi dos mil y no paga la suya.

-Los chinos se van a encargar ahora de explotar buena parte del oro venezolano.

-Van a administrar Las Cristinas, la reserva de oro más grande de Venezuela, la segunda de América del Sur y la sexta del mundo. Y eso sin pasivos laborales, con el ambiente despejado y sin mineros que lucharon por su derecho a participar en la mina ante su entrega a las transnacionales.

-Volviendo a Maduro: si se está importando cabilla, acero y cemento de China, ¿cómo se entiende su advertencia de que no habrá cabillas para construir 300 casas?

-Es falsa. No le pueden echar la culpa a los sidoristas de algo que es responsabilidad del gobierno por su ineficacia, corrupción y el saqueo que perpetrado en Guayana, específicamente en las empresas básicas.

-¿Pudieras dar un ejemplo para fundamentar lo dicho?

-Sí. Hay un ejemplo documentado e introducido en la Fiscalía General de la República. Es lo ocurrido en la Ferrominera Orinoco, que arroja hasta ahora la detención de cinco personas. Sólo por traslado de material ferroso, en buques, en el año 2001, la empresa “distrajo” 120 millones de dólares, que al cambio oficial representan unos 456 mil millones de bolívares. Más de lo que le entregaron a las universidades en créditos adicionales.

-¿Quiénes son los responsables?

– Detrás de ese tinglado y del saqueo está el gobernador Francisco Rangel Gómez, quien no ha dejado de tener las manos dentro de las empresas básicas desde que fue presidente de la CVG.

Incluso, la transnacional canadiense Cristalex le entregó 15 millones de dólares, como parte de un convenio para la explotación de las minas de oro, que se destinarían a la construcción de acueductos en el estado Bolívar.

Pero de todo ese dinero no se invirtió un solo dólar en el propósito concertado. Entonces, luego de ese saqueo no pueden responsabilizar tan alegremente a los trabajadores del desastre administrativo que han perpetrado.

-¿Qué pasa con las empresas del aluminio?

-Esas empresas también están viviendo una verdadera tragedia. Tanto Venalum, como Alcasa, Bauxilum, Interalumina, tienen trabajadores en Ciudad Bolívar, Ciudad Piar, Upata, El Pao, Soledad. Pero la decisión del gobierno fue que esos trabajadores se queden en sus casas. Así, reciben su salario, permanecen en nómina y la empresa sale ganando porque no paga transporte, ni horas extras, ni cesta ticket, ni bono nocturno. Eso como producto de la crisis eléctrica.

-¿Cómo salir de esta crisis que, por lo que dices, va más allá del conflicto sindical?

-En manos de estos personajes no veo un salida a la crisis. Creo que fueron rebasados por la realidad, desbordados por su incapacidad y lo que está planteado, a mi juicio, es un cambio de gobierno. Pero no sólo se trata de un cambio de hombres, sino de cambios de modelo.

Las instituciones están secuestradas, el serrucho se trancó, el liderazgo de Chávez no tiene sustituto, el PSUV es una compañía anónima donde no hay un socio mayoritario y nadie toma decisiones. Por eso no hay viabilidad para una salida inteligente. Maduro no califica para darle salida a la crisis.

-Dices que sólo un cambio de Gobierno le pone final a la crisis, pero eso no está planteado a corto plazo.

-El Gobierno está entrampado y entrampó al país. Tiene una papa caliente en las manos y es prisioneros de su discurso porque su metodología carece de los instrumentos necesarios para resolver los problemas de las empresas básicas. Eso nos conduce a suponer que las empresas, más temprano que tarde, irán al cierre, a menos que haya una rectificación del modelo y un reconocimiento de la realidad productiva y laboral de Guayana.

La calle como salida

“La Ley Habilitante será el detonante mayor de la deslegitimación del Gobierno y de sus instituciones. Y lo digo porque no es verdad que se requiera una ley habilitante para combatir la corrupción.

Ellos pretenden profundizar la dedocracia para no darle participación genuina y constitucional a la Asamblea Nacional en la escogencia de los miembros y titulares, según el caso, del TSJ, el CNE, el Contralor y demás integrantes de las instituciones del Estado”.

“Eso va a acelerar la inquietud de los venezolanos acerca de un tema que cada vez cobra más vigencia: ¿cómo se materializa, cómo se ejerce el artículo 350 de la Constitución?

La respuesta, a mi juicio, es la calle”.

“La calle debe ser la única manera de poner el funcionamiento de ese artículo porque este régimen se puso al margen de la Constitución en los artículos primero y 130.

De manera que el ciudadano debe ejercer el rol que le corresponde para proteger los intereses de la nación y la soberanía en temas como el del Esequibo, la entrega de las minas a las transnacionales o la complicada situación que estamos viviendo en Guayana”.

-¿Estamos hablando de un cambio de Gobierno?

-Eso, que algunos pudieran observar como un hecho a largo plazo, no resulta necesariamente de esa manera. Creo que la salida de Maduro no está prevista en los tiempos regulares electorales, sino en el plazo en que la calle lo determine. Estamos viviendo un momento histórico en el cual el pueblo y los trabajadores serán protagonistas.

Así ocurrió en 1958 y así empezó con la generación del 28. Ahora los venezolanos estamos ante una situación bien particular y creo que el Gobierno está llamado a rectificar en serio. De lo contrario vamos a vivir momentos muy complejos y difíciles cuyo desarrollo es imposible de prever. Pero sí creo que será con el pueblo en la calle que salgamos de esta coyuntura.

La impunidad y los cabos sueltos de aquel 12 F

Tamoa Calzadilla, Runrunes

Esas expresiones en sus rostros quedaron para la historia. Un bala salida de estas filas acababa de tumbar en su huida a Bassil Da Costa (24), ese 12 de febrero de 2014. Se le incrustó en el cráneo y puso fin a su vida y a su protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Bassil Alejandro Dacosta era fanático del Deportivo Táchira (Créditos: Facebook Bassil Da Costa)

El intenso tiroteo que protagonizaron estos funcionarios en la calle que va de Tracabordo a Monroy, en pleno centro de Caracas, llegaba así a su fin. Un último balazo y ya. Así respondieron al desafío de los chamos por tumbarles una moto.

No corrieron a auxiliarlo. Se fueron. Habían llegado como parrilleros o conductores, se acomodaron, se cruzaron en puestos de combate, abrieron fuego. Hasta que ocurrió. Lo mataron.

El domingo siguiente, el video que los mostraba en plena acción se viralizó y ya no quedó duda de lo que pasó y cómo. Seis minutos que hablaron claro:

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/investigacion/video—uniformados-y-civiles-dispararon-en-candel.aspx

I. ¿Y el comandante de esa operación?

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/identificado-el-hombre-de-la-camisa-caqui-del-12f.aspx

Se trata del comisario Miguel Domínguez, quien trabajó como jefe de seguridad de Freddy Bernal (Foto cortesía)

José Miguel Domínguez es el de la “camisa caqui”, el que se ve claramente cómo comanda la acción.

La Unidad de Investigación que entonces trabajaba para Últimas Noticias (hoy casi completamente desmantelada) lo verificó luego de que el hermano de Juancho Montoya –Jonny Montoya- le reclamara por la red social Twitter qué hacía en el lugar donde minutos antes asesinaron a quien fuera líder de colectivos del 23 de Enero.

Era amigo de la familia Montoya, escolta de Freddy Bernal y conspicuo tuitero a favor de la “revolución”. Él le contestó que no sabe qué pasó con Montoya, porque “Cuando llegamos al lugar, como puedes ver en el video, ya había ocurrido lo de Juancho. Llegaremos a la verdad”. Quedaron en hablar en persona.

Desde entonces, Jonny Montoya no deja de quejarse en su cuenta en Twitter, de mencionar a Bernal, a Rodríguez Torres, a Maduro, Fiscalía, periodistas. Busca justicia. Sin embargo, la más reciente acción del Ministerio Público dejó claro que ninguno de los imputados se investiga por ese caso.

El martes 17 de junio otorgaron medidas cautelares sustitutivas a la prisión a 7 de los 8 funcionarios imputados y solo quedó tras las rejas Perdomo. Los demás deben presentarse cada semana en el tribunal. De Miguel Domínguez no se habla.

Entretanto, 116 personas permanecen tras las rejas de cárceles comunes o el Sebin por las protestas ocurridas en Venezuela desde el 4 de febrero.

El comisario Simonovis fue sentenciado a la máxima pena y le niegan medida humanitaria, después de 9 años y un deteriorado estado de salud,  y lo hicieron responsable de comandar acciones el 11 de abril contra ciudadanos.

“Según un documento de la policía científica, las personas implicadas fueron identificadas como José Miguel Domínguez Ramírez (34), alias “Miguelito”; José Giovanni Valladares López (29); Edgar José Lara Gómez (42); Andry Joswua Jaspe López (25), y Jonathan José Rodríguez Duarte, de 40 años. A estas personas también se les señala de causar las heridas a Neixer Gabriel Arellano Sierra (18), primo de Da Costa; y a Nicolás Fidel Yánez Parasole, de 20 años”, escribió la periodista de El Universal Thábata Molina, el 23 de febrero de 2014.

Posteriormente se conoció que ocho hombres estaban detenidos por el caso, seis funcionarios del Sebin, un agente de la Policía Nacional Bolivariana y un sargento del ejército.

Entre ellos, dos escoltas de figuras importantes: Domínguez, de Freddy Bernal, y Rodríguez, de Miguel Rodríguez Torres.

Pero el apellido Domínguez comenzó a desaparecer de las listas. El martes 17 de junio el juez 48 de control, Nelson Moncada, decidió privativa de libertad solo para José Perdomo Camacho (presunto autor material) y una cautelar que deja en libertad condicional, con presentación cada semana para el resto del “equipo”.

Foto web.

Diario Las Américas: “Jonathan Rodríguez, el escolta del Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres (Foto YouTube)”.

II. Montoya tiene un solo doliente

Juancho Montoya entró esa tarde del 12F, aproximadamente media hora antes de que asesinaran a Bassil Da Costa a la calle que va de Monroy a Tracabordo. “Juancho siempre iba a la vanguardia”, contó después uno de los suyos.

Como parrillero en un grupo de motorizados. Las cámaras de seguridad y de curiosos registran el momento. Pasan 50 segundos exactamente desde que aparece en la calle y comienza una balacera. Un grupo armado –aún indeterminado por las autoridades- los recibe a tiros.

Montoya cae con un disparo justo en el orificio izquierdo de su nariz, frente al edificio Doralay y deja una huella en la acera que algunos confundían en las redes con la de Bassil Da Costa.

Aquí cayó Juancho. Foto UN.

En las tomas de seguridad se puede ver cómo una camioneta pick up entra de retroceso a la calle y compañeros recogen el cuerpo herido de Montoya, lo montan en la parte de atrás y se van cubriendo de los disparos como en el lejano oeste. Una vecina coincidía con otra “eso fue una plomazón interminable”. La historia de lo que se vio, oyó y quedó registrado en video está aquí:

http://cuerpov.wordpress.com/2014/02/28/juan-montoya-muerte/

Una semana después de los acontecimientos, se sabía tres cosas importantes sobre la investigación: que hubo registros en fotografías de la recolección de balas y modificación de pruebas por parte de funcionarios, incluso de madrugada; que el Cicpc averiguaba una hipótesis que apresuró a comentar al presidente Nicolás Maduro y aseguraba que una misma arma había asesinado a Da Costa y a Montoya, y que fiscales del caso trabajaban en paralelo y con poca coordinación con policías, lo que hizo tomar otras vías por los lados del Ministerio Público: sicariato en el caso de Montoya.

Un líder de grupos rebeldes que opera en los mismos predios le comentó a un periodista: “yo era culebra de Montoya, pero qué va, no lo maté”.

Por su parte, el timeline  de Twitter de su hermano @jonnymontoya es prolífico en señalamientos y preguntas sobre la bala que cegó la vida del personaje cercano al gobierno y su proceso de desarme.

Ese asesinato sigue impune.

III. Maduro y Diosdado frente a los hechos

“Fueron asesinados con la misma pistola, quien asesino primero a Juancho, después disparó contra Bassil Da Costa”, explicó el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional, al día siguiente de los hechos que dejaron 3 muertos, 66 heridos y 69 detenidos. Así lo registró la agencia oficial AVN.

Pocos días después esa tesis estaba descartada y se ratificó el martes 17 de junio de 2014, cuando quedó claro que el único preso es por el asesinato de Bassil y nada tiene que ver con Montoya.

La misma tarde del 12 de febrero, durante la conmemoración oficial de la Batalla de La Victoria, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lanzó la noticia de la muerte de Montoya, acompañada de acusaciones apresuradas sobre los posibles victimarios:

“Lo estaban cazando, no tenemos dudas”, dijo, y se refirió siempre a la “derecha fascista”.

Nada de esto ha sido demostrado.

Cuatro días después, el domingo 16 de febrero, justo el día que Últimas Noticias publicaba el trabajo con el video explicativo de los hechos en su página web, el Presidente volvió a referirse a lo ocurrido. Adelantó que los funcionarios desacataron la orden de acuartelamiento. Movió de su cargo al entonces director del Sebin, Manuel Bernal; pero a los pocos días dejó claro que no fue un castigo sino un reconocimiento a su labor.

“Hoy empezaron a criticarlo, que yo lo había destituido del Sebin, nada de destitución. Lo he designado jefe de la 31ª. Brigada Blindada de Caracas, como líder militar para que vaya a desarrollar allí sus dotes de líder moral, de hijo de Hugo Chávez. ¡Felicitaciones, general!”.

IV. Fotos virales

El propio 12 de febrero, las redes sociales dieron una lección de activismo, que logró compenetrarse con periodismo. Las imágenes de quien llamaban “Robocop” vinieron de todos los ángulos y se registraron las acciones de funcionarios como éste, identificado luego como el comisario del Sebin, Melvin Collazos.

Sus movimientos quedaron grabados en fotos y videos: detuvo a un par de jóvenes, disparó desde distintas posiciones, pero no está procesado por el caso de Bassil Da Costa.

Collazos, el Robocop

Foto Noticiero Digital.

“Este hombre” es Douglas Morillo

De las primeras imágenes de una protesta donde empezaban a caldearse los ánimos llegó la del joven con morral que subió por los escudos policiales. Aunque fue apresado, lo liberaron frente a las cámaras, que además lo captaron junto a una mujer que lo tomó por el brazo en un gesto maternal.

Se especuló si era o no estudiante, si era opositor o iba con otras intenciones.

Se trata del activo estudiante del octavo semestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Douglas Morillo, quien en entrevista con la entonces Unidad de Investigación de Últimas Noticias reveló “salté la barricada de la PNB porque pensé que era el momento de perder el miedo y seguir adelante. Cerré mis ojos y decidí romper la apatía…sin miedo a morir por Venezuela”.

Actualmente está privado de libertad en la sede del Sebin, desde donde envió una carta el pasado miércoles 18 de junio:

“Hermano, dile a los muchachos que no se olviden de mi y que no me dejen aquí… estoy pensando en declararme culpable porque aquí hay gente que tiene 6 años detenidos esperando juicio y la gente se olvidó de ellos…”.

V. Dos destinos

El estudiante de 18 años de edad, Marco Aurelio Coello, lleva más de 120 días preso. Aquel 12 de febrero pasó junto a Bassil en su carrera para escapar del ataque, cuando se enfrentaron palos, piedras, gritos y consignas contra las balas. Lo tropezó en el hombro durante la emboscada, le confesó a sus familiares. Lo vio caer.

Horas después, a Coello lo apresaron y hasta hoy está en la Comisaría de la Policía de Chacao, porque una juez decidió castigarlo por la misma causa que a Leopoldo López y a Christian Holdack.

No puede salir y sus padres pueden visitarlo solo dos días a la semana. Apenas se recupera de las heridas provocadas durante su aprehensión. Sus abogados tratan de demostrar que no hizo lo que le imputan: quemar unas patrullas.

Entretanto, quienes dispararon contra ellos se fueron a casa y solo visitarán el tribunal una vez por semana.

Bassil descansa. No sabemos si en paz.

Nota de Sala de Información: Este es el video con la secuencia gráfica que demuestra que los funcionarios policiales sí utilizaron armas de fuego y sí dispararon contra los manifestantes: http://is.gd/IZKOGV

Las abuelas prostitutas de Corea del Sur

Lucy Williamson, BBC Seúl

Hace algunos años, los surcoreanos pensaron que sus hijos cuidarían de ellos cuando se retiraran del trabajo. Pero ahora, esos hombres y mujeres que trabajaron duro para transformar la economía del país encontraron que sus hijos tienen otros tipos de prioridades en sus gastos.

Y por ese motivo, algunas mujeres en el umbral de la tercera edad se han visto obligadas a dedicarse a la prostitución para sobrevivir.

Kim Eun-ja está sentada cerca de la estación Jongno del metro de la capital, Seúl, observando la escena que ocurre frente a ella. Tiene 71 años y su abrigo rojo contrasta con su piel blanca como un papel.

Mientras camina se puede escuchar el tintineo de las botellas que carga en una maleta.

Kim Eun-ja es una de las mujeres surcoreanas llamadas las “Chicas Bacchu”: mujeres adultas que viven de vender pequeñas botellas de una popular bebida energética conocida como Bacchu.

Dos mujeres conocidas como “Chicas Bacchu” caminan por un parque en la capital de Corea del Sur. Las llaman así porque venden una popular bebida conocida como Bacchu.

Pero la mayoría no sólo están vendiendo botellitas que suenan en una maleta. En una edad en que las abuelas surcoreanas deberían ser veneradas como matriarcas, algunas de ellas están vendiendo sexo.

“¿Ve a esas ‘Chicas Bacchu’ paradas allí?“, me dice la mujer del abrigo rojo. “Esas mujeres venden más que Bacchu. Algunas veces ellas se van con algunos ancianos y se ganan algo de dinero. Pero yo no vivo de esa manera“.

Y añade “los hombres me proponen cosas cuando camino por la calle con mi bolso. Pero siempre respondo que no”.

Kim Eun-ja me dice que gana 5.000 wons (unos US$5) al día vendiendo botellitas. “Beba rápido“, me advierte “La policía siempre está detrás de mí. No hace diferencias“.

Parque central

El centro de este mercado sexual es el parque Jongmyo, ubicado en el corazón de Seúl. Es un lugar de encuentro de jubilados, donde algunos juegan ajedrez, otros comentan sobre los vecinos.

Mujeres de 50, 60 o inclusive 70 años se están dedicando a la prostitución en Corea del Sur.

El parque está ubicado, además, alrededor del templo dedicado a Confucio, quien predicaba la veneración a las personas mayores y que ha sido la orientación en la cultura surcoreana sobre el tema.

Pero también allí está la realidad de la sociedad coreana del siglo XXI: las torpes y secretas relaciones entre hombres y mujeres adultas.

Mujeres en sus 50, 60, inclusive en sus 70, se ubican en los límites del parque, ofreciendo las botellitas a los hombres. Comprar una sola puede significar el primer paso de un viaje solitario que terminará en un hotel barato al cruzar la esquina.

Pero las mujeres callan. Los hombres son los únicos que parecen querer conversar sobre el tema.

Reunidos alrededor de un juego de ajedrez, un grupo de abuelos observa el lento avance de la partida. Y la mitad de los que están allí, dicen, han utilizado los servicios de las Chicas Bacchu.

“Somos hombres y sentimos curiosidad de estar con una mujer“, dice un hombre que se apellida Kim. Tiene 60 años.

La generación responsable del milagro económico coreano ahora ve cómo no tiene suficientes ahorros ni una pensión digna para sobrevivir.

“Tomamos un trago, después deslizamos un poco de dinero en sus manos y las cosas pasan”, continúa Kim, “a los hombres nos gusta tener mujeres a nuestro lado, sean viejas o no, sexualmente activas o no. Es simple sicología masculina”.

Otro hombre, que confiesa estar en sus 81, muestra animado una botellita de Bacchu.

“Esto es para tomar con mis amigos”, explica. “También podemos encontrar alguna compañía de aquellas mujeres que están paradas allí. Ellas nos piden que las dejemos jugar, pero también nos dicen ‘pero, yo no tengo nada de dinero’. El sexo con ellas cuestan US$18, pero en algunas ocasiones te pueden hacer algunas rebajas si te conocen”.

Víctimas de su éxito

Estas frases reflejan una realidad del país asiático: los abuelos surocoreanos son víctimas de su propio éxito económico.

Mientras ellos trabajaban en crear el milagro coreano, invirtieron sus ahorros en la siguiente generación. En una sociedad alentada por el espíritu de Confucio, los hijos exitosos son la mejor forma de pensionarse.

Pero los tiempos cambiaron. Y lo hicieron rápidamente. Ahora, la mayoría de los jóvenes afirman que no pueden sostener sus vidas y a sus padres en medio de una sociedad tan competitiva.

Por su parte, el gobierno, que no tuvo en cuenta el cambio, intenta crear un sistema de bienestar adecuado a las necesidades actuales.

Mientras tanto, los hombres y mujeres que deambulan por el parque Jogmyo no tienen ahorros, una pensión acorde a sus necesidades, ni familiares que se hagan cargo de ellos.

Se han convertido en extranjeros, invisibles, en su propio país.

“Aquellos que esperan ayuda de sus hijos, son un poco estúpidos”, explica Kim, “nuestra generación era más sumisa respecto a sus padres. Las generaciones actuales son más educadas y experimentadas, por lo que no nos escuchan“.

Y, añade, “tengo 60 años y no tengo dinero. No puedo confiar que mis hijos me ayuden. Ellos tienen que prepararse para enfrentar su propia vejez. Y todos aquí tenemos la misma situación“.

Prostitutas primerizas

La mayoría de las “Chicas Bacchu” empezaron a vender sus cuerpos cuando ya eran más adultas, como resultado de una nueva clase de pobreza de la tercera edad.

Así lo define la doctora Lee Ho-Sun, quien es tal vez la única persona que ha estudiado el tema en detalle.

Una de las personas que entrevistó para su investigación fue una mujer que comenzó a prostituirse a los 68 años. Son cerca de 400 las mujeres que trabajan en el parque, a las que desde pequeñas les enseñaron que el respeto y el honor son lo más importante del mundo.

Una “Chica Bacchu” me dijo ‘tengo hambre, no necesito el respeto ni el honor. Sólo quiero comer tres veces al día“, señaló Lee.

La mayoría de los hombres afirma que no se siente mal por tener una pareja ocasional de su misma edad.

La policía, que patrulla con regularidad la zona, no realiza muchos arrestos. Privadamente dice que el problema nunca se solucionará con represiones, mientras los ciudadanos de la tercera edad necesiten un lugar para desahogar sus necesidades sexuales. Para que eso deje de ocurrir, debe darse un cambio en la política del país.

Salubridad

Pero ese no es el único problema.

En los maletines que cargan estas mujeres, además de las botellitas, también llevan una inyección que supuestamente ayuda a mejorar el desempeño de los hombres –la mayoría con más de 60 años- en la cama.

El tema es que las agujas para aplicar las inyecciones son utilizadas 10 o 20 veces. Un foco de infecciones.

En una encuesta local encontró que al menos el 40% de los hombres tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, con el agravante que las enfermedades más comunes no estaban dentro de la encuesta.

Por esa razón, algunos gobiernos locales han empezado a ofrecer educación sexual a los adultos mayores.

El lugar donde termina este viaje solitario está ubicado al lado de una autopista. Allí, por un corredor, se llega a un cuarto gris, que se abre cuando llega la pareja.

Adentro, una cama enorme ocupa la mayoría del espacio. Un colchón delgado y una almohada pequeña invitan a que la estadía sea breve.

En la cabecera de la cama hay un cartelito que dice: “Para servicio al cuarto, presione cero. Para pornografía, presione tres. Para una manta eléctrica, solo conecte el cable“.

Aquí hay comida, sexo y un poco de calidez con sólo tocar un botón. Si sólo fuera así de simple afuera de este cuarto de motel, en la sociedad rica y tecnológica de Corea del Sur.

Pero para los abuelos que construyeron esta economía, la comida es cara, el sexo barato y el calor humano raramente se puede conseguir, sin importar el precio.

Los 4 mitos del abstencionista

Angel Oropeza

A pesar de sus diferencias entre sí, es posible elaborar un perfil de los argumentos y creencias típicas del abstencionista venezolano, esas personas que, la mayoría víctimas del cansancio, otras guiadas por su buena fe y unas pocas con evidentes intenciones políticas, manifiestan no querer votar.

A partir de esas creencias y alegatos, se puede construir una lista de los 4 principales mitos que alimentan la abstención tan anhelada por el gobierno, así como las respuestas y aclaratorias a tales ficciones electorales.

1. “En el CNE no se puede confiar, y por tanto lo mejor es no votar”. La primera parte de la oración es cierta, y quizás es la única de las razones esgrimidas por los abstencionistas que no es un mito. Lamentablemente es verdad, y las encuestas así lo recogen.

El CNE es cualquier cosa menos imparcial, y siempre va a jugar contra el pueblo. Pero su juego principal es precisamente que el pueblo no vote. Por tanto, caer en ese juego, es caer en la trampa.

2. “Votar no ha conducido hasta ahora nada”. Falso. La única estrategia que ha significado crecimiento de la oposición, disminución del apoyo popular hacia el gobierno y acercarse cada vez más a la posibilidad real de un cambio político en Venezuela, es la estrategia de organización ciudadana, acumulación gradual de poder e insistencia en la vía electoral.

Ahora que se está cada vez más cerca del objetivo, renunciar a esta estrategia es hacerle el juego al gobierno, y es precisamente lo que él espera.

Toda la inmensa fuerza popular que se ha construido –y el gobierno de Maduro no puede decir lo mismo – ha sido hecha sobre organización y votos.

La oposición es hoy mayoría en el país, y tiene la oportunidad de demostrarlo de manera inequívoca y contundente. Además, ni el CNE ni las trampas soportan un diluvio de votos.

De hecho, los abusos y las trampas se descubren porque votamos. Y eso es justamente lo que el gobierno quisiera evitar.

3. “No es seguro que el voto sea secreto, y por tanto no es bueno arriesgarse”. Falso. El 14A volvió a demostrar que el voto es secreto. Las persecuciones contra algunos funcionarios y trabajadores del Estado fue por “sospecha de haber votado” contra Maduro, lo que es una evidencia de la imposibilidad de “saber” por quién vota la gente.

La conducta persecutoria del gobierno es la mejor demostración que el voto es secreto, aunque quieran que la gente piense lo contrario para que se atemorice y se abstenga.

4. “No quiero que me roben mi voto”. Este es uno de los mitos que más contribuyen con la abstención. Sin embargo, está más que demostrado que a nadie en Venezuela le roban su voto. Lo que el gobierno hace es “inflar” sus propios votos mediante mecanismos fraudulentos. Así, por ejemplo, el 14A se demostró que a nadie que votó por Henrique Capriles le robaron o le cambiaron su voto. Los votos de Capriles que anunció el CNE son verdad.

Lo que no es verdad es la votación de Maduro, y mucho de eso fue por usurpación de votantes, utilización del nombre de votantes fallecidos, votos asistidos, etc. ¿O por qué cree usted que el oficialismo se negó a que se pudieran ver y revisar los cuadernos de votación?

Por eso, frente al ventajismo electoral, hay que sacar la suficiente ventaja para contrarrestar el “inflado”. El abultamiento de votos a favor de Maduro funcionó -aunque no pudieron hacerlo más allá del 1% de diferencia- porque la ventaja opositora fue por muy poco margen.

Pero esa es la mejor demostración de la capacidad limitada de las trampas electorales del gobierno: a pesar de todo su poder, no pudieron ir más allá.

Una votación amplia, que signifique una brecha contundente de la oposición, es sencillamente imposible de cambiar. De nuevo –y en eso hay que insistir hasta el cansancio- la única forma demostrada de combatir la trampa es votando.

El único voto que se pueden “robar” es el que tú no emites, porque todo espacio en blanco que se deje en los cuadernos de votación es potencialmente expropiable  por el  gobierno para sí.

La oligarquía madurista sueña con que la gente se abstenga. Esa es su mayor esperanza. Por eso juega a estimular la abstención, reforzando los mitos electorales que la alimentan.

Si bien es cierto que las elecciones en Venezuela se dan en condiciones de grosero ventajismo, desigualdad y obscena corrupción por parte del gobierno, también es cierto que las trampas electorales se pueden enfrentar y minimizar con 2 herramientas principales:

1) Una participación masiva, que permita una victoria tan contundente y con tanto margen, que haga infructuoso el “inflado artificial de votos” como el que se practicó el 14 A para darle un triunfo ilegítimo al candidato Maduro.

2) Una organización popular que se traduzca en una efectiva vigilancia y contraloría ciudadana de todo el proceso electoral, pero especialmente de los núcleos tramposos cada vez mejor identificados.