Caracas, 30 de abril de 2015

CARTA PÚBLICA                                                                                                                 AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 NICOLÁS MADURO

Señor Presidente, me dirijo a usted por esta vía motivado por la necesidad de hacer de su conocimiento nuestra disposición a compartir puntos de vista sobre las condiciones que en la actualidad afectan el abastecimiento de las categorías de alimentos y bebidas donde participamos en nuestro país, lo que a su vez impacta directamente en la calidad de vida de todos los venezolanos.

Empresas Polar es una corporación venezolana que tiene casi 75 años reinvirtiendo permanentemente en el país, debido a la confianza que sus accionistas han tenido a lo largo de cuatro generaciones.

Comenzamos en 1941, en Antímano con 50 trabajadores y desde entonces hemos invertido cada año, generando hoy 30.000 puestos de trabajo productivos y bienestar para todos los venezolanos.

Esto lo hemos logrado gracias a la inversión y el trabajo honesto y decidido de cada uno de los que formamos parte de esta organización, ofreciendo productos de excelente calidad que se han ganado la preferencia y la confianza de los venezolanos. Retribuimos esa confianza en cada localidad donde se encuentran nuestras instalaciones, mediante la generación de empleo digno con excelentes beneficios y el pago de impuestos.

Además, desde que nacimos, quedó establecido en nuestros estatutos que brindaríamos apoyo a las comunidades a través de múltiples iniciativas orientadas a promover su crecimiento integral en áreas tan vitales como Salud, Educación, Desarrollo Comunitario y Deporte, entre otras, lo que resultaba inédito en esa época y que hemos cumplido a cabalidad todos estos años, siendo reconocido por los venezolanos.

Uno de los aspectos clave de nuestro modelo de funcionamiento es, además de contar con plantas productoras que tengan el mejor equipo humano y la tecnología más avanzada, disponer de diferentes sistemas comerciales que distribuyen nuestros productos directamente a más de 189 mil clientes en toda Venezuela.

Este es un gran esfuerzo que realizamos desde nuestros inicios y que hoy lo hace posible nuestra gente en 140 agencias y sucursales.

Es un logro que nos enorgullece porque así atendemos desde grandes clientes hasta pequeñas bodegas y abastos, tanto en ciudades como en pequeños pueblos y caseríos.

Este es un trabajo hecho por venezolanos para venezolanos, soportado en tres pilares fundamentales de nuestra filosofía empresarial: inversión, trabajo y compromiso con Venezuela.

Todo esto demuestra que somos parte de la solución y nuestro compromiso es contribuir por todos los medios que nos sea posible a que cada venezolano disponga de los productos que requiere, de manera oportuna y asequible.

Esa es nuestra razón de ser como empresarios: invertir, generar empleo, producir, distribuir, establecer relaciones ganar-ganar y generar bienestar para todos los involucrados en la cadena de valor.

Creemos en la importancia de estimular la producción nacional, de darle valor a lo “Hecho en Venezuela” y por eso la gran mayoría de nuestros recursos se invierten en el país. Solo en 2014, las inversiones en Venezuela alcanzaron la cifra de 7.200 millones de bolívares.

Es así como en los últimos dos años hemos puesto en marcha varias plantas, como las de yogurt pasteurizado, hojuelas de maíz, mezcla para cachapas, té en polvo y gelatina, generando nuevos puestos de trabajo. Además, ampliamos la capacidad de producción de Harina P.A.N. en 43 millones de kilos mensuales, en nuestra planta de Chivacoa, y la de margarinas en 2,5 millones de kilos mensuales, en nuestra planta de Valencia.

Señor Presidente, la última vez que tuvimos la oportunidad de reunirnos para conversar fue hace dos años y luego, en 2014, recibí su invitación para participar en la Conferencia de Paz. Allí estuve presente para ofrecer mi contribución en lo que respecta a la necesidad de unir esfuerzos entre sector público y privado, así como plantear 12 propuestas en materia económica, que a nuestro juicio debían ser atendidas con prioridad. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y dispuestos a mantener una comunicación fluida, sincera y respetuosa.

Creemos firmemente que la mejor manera de ofrecerle soluciones a la población, en materia de abastecimiento, es mediante la integración de esfuerzos entre Estado y empresa privada. Todos somos venezolanos y a todos nos interesa lo mismo: que el país salga adelante y que su gente prospere.

Lo mejor que nos puede suceder a los venezolanos es que nos vaya bien a todos y la única forma de lograrlo es trabajando juntos por nuestro país.

Lorenzo Mendoza Giménez                                                                                       Presidente Ejecutivo de Empresas Polar

El bien supremo

Alberto Barrera Tyszka

Cuando en diciembre del año 2013 se realizó una reunión en Miraflores, donde por fin coincidieron gobernadores y alcaldes de la oposición con el gobierno central, Nicolás Maduro justificó ese encuentro asegurando que él creía “en la paz como bien supremo”.

Un año y medio después, la paz en Venezuela es una herida. Está hecha mierda. Da susto. Da tristeza. Da vergüenza.

¿Cuál imagen puede ser más puntual, más exacta? ¿Un hombre delgado y verde, en el pasillo de un hospital, esperando un turno para ser operado? ¿La esposa de un policía, que ya no es esposa sino viuda, llorando a las puertas de la morgue?

¿La cola inmensa de gente, en cualquier lugar del país, esperando un turno para poder comprar jabón o harina de maíz? ¿Los jóvenes o los tuiteros que están presos por protestar? ¿La cantidad de estudiantes cuya única idea de futuro es huir del país? ¿80% de los venezolanos que, según una investigación de tres importantes universidades, no puede comer completo?…

Un año y medio después, la paz de Nicolás Maduro lleva uniforme y tiene permiso para disparar contra las manifestaciones.

La idea de que la violencia es la única forma de garantizar la paz no es novedosa. Ha estado al servicio, durante buena parte de la historia, de la explotación y de la esclavitud, de las tiranías y de las guerras.

Desde sus inicios, el gobierno de Maduro ha apelado constantemente a este argumento. Maduro asumió la presidencia y se declaró, instantáneamente, víctima de una guerra. Su fragilidad electoral definió un proyecto de fuerza que sentenció que gran parte de los ciudadanos pasaban a ser sus enemigos.

Una de las prioridades fundamentales de estos dos primeros años del gobierno de Maduro ha sido la legitimación de la violencia. El oficialismo se ha empeñado arduamente en lograr que la represión y la censura formen parte de nuestra normalidad.

Esta semana, por ejemplo, la Asamblea Nacional se dedicó a debatir sobre una supuesta campaña mediática en contra de la honra de Diosdado Cabello. Se trata de una discusión insólita en un país donde no se consigue Eutirox y donde los policías marchan para que el Estado los defienda.

Pero es un procedimiento coherente para que la sociedad perciba que es natural que Cabello demande a varios medios de comunicación, todos ellos independientes y cuestionadores del gobierno.

Es un método delirante y perverso. Una farsa descarada. Hace poco, el mismo Diosdado Cabello acusó a Felipe González de haber “dirigido grupos paramilitares para asesinar personas”. No ha presentado una prueba. ¿No debería el ex presidente español plantear una demanda?

Hace dos meses, Diosdado Cabello acusó a Antonio Ledezma y a Julio Borges de tener un plan para “eliminar físicamente” a Leopoldo López. VTV reprodujo la noticia. ¿Le sale demanda?

También responsabilizó a Lorent Saleh de la muerte de Robert Serra. Y escribió en su cuenta de Twitter que Henrique Capriles era un mafioso y un asesino. Nunca ha presentado una sola evidencia.

¿La justicia no debería hacer algo con un caso así? ¿Se puede demandar a todos los que retuitearon al presidente de la AN? ¿Se pueden declarar non gratas las cuerdas vocales de Diosdado Cabello?

En nombre de la paz, acorralan a los medios y a los periodistas. En nombre de la paz, organizan maniobras militares. En nombre de la paz, encarcelan a alcaldes. En nombre de la paz, se quedan con los dólares. Y todavía hay un chavismo cándido que cree en el nacionalismo, que se emociona con las consignas, que sigue pensando que esto es una revolución.

Vivimos dentro de un espejismo absurdo. El gobierno desarrolla un modelo que –según las viejas y atinadas palabras del historiador Martin Malia– “no es un ataque contra abusos específicos del capitalismo, sino contra la realidad. Es una tentativa de abolir el mundo real, un intento condenado a largo plazo, pero que durante un determinado período consigue crear un mundo surrealista definido por esta paradoja: la ineficiencia, la penuria y la violencia se presentan como el bien supremo”.

Habla el general García Plaza

Sebastiana Barráez, Semanario Quinto Día

Mayor general Hebert García Plaza: de héroe pasó a villano.

Desde el lugar donde ha seguido todo lo sucedido con el caso que adelantan los tribunales, sobre los tres ferrys que se compraron en España, el mayor general Hebert García Plaza, ex ministro de Transporte Acuático y Aéreo y ex ministro de Alimentación, habla en exclusiva para Quinto Día, y por primera vez, luego de la decisión por la cual pesa sobre él una orden de aprehensión por parte de un tribunal venezolano.

“Yo salí de Venezuela desde enero de este año. Estuve en Panamá y llenando unas formas de trabajo”, dijo el que de héroe pasó a villano.

No duda que la verdadera razón de fondo es que tocó intereses cuando ejecutó acciones y denuncias contra algunas empresas. “El Presidente quería que se tomaran acciones contra Makro, contra la Polar. Hicimos denuncias contra empresas de maletín que recibieron dólares y no traían la mercancía. Empecé a denunciar a las empresas de maletín sobre todo a las que importaban carne. Hubo varias cosas ahí que al parecer no gustaron mucho, por tocar intereses de algunos personeros del Gobierno”.

– ¿Qué pasó con el Presidente?

– De alguna manera él fue tomando desconfianza y se fue maltratando la relación. Yo lo sentí y por eso presenté mi renuncia.

– ¿Piensa responder y presentarse ante el tribunal?

– Los abogados están evaluando las audiencias y todo lo que se sustenta para determinar en qué momento me presentó en tribunales.

– ¿Sinceramente, confía en la administración de justicia en Venezuela?

– (Tajante) No, no y no, menos cuando hay una orden superior. Si realmente se quisiera luchar contra la corrupción hay mucha tela qué cortar, pero creo que me quieren como el chino de Recadi en la lucha contra la corrupción.

– Y sobre la adquisición de los ferrys, ¿cree usted tener responsabilidad en presuntos hechos de corrupción en ese caso?

– Para nada. Llega un informe de una denuncia, de la presidencia de la República, que envía la ministra Carmen Meléndez, diciendo que esos busques, que se estaban negociando con Grecia, son hechos para otro tipo de mares, por lo cual se envía una comisión que la corrobora  y por ello la compra de los barcos se detiene. Se nombra una comisión, incluso se le pide al ministerio del Despacho, para que involucre unos inspectores de la presidencia, para que de manera amplia y transparente, verifique en Europa, buques disponibles. Y el primero que se adquirió el Virgen del Valle II. Luego fueron el Virgen de Coromoto y el San Francisco de Asís.

“Es posible que en la adquisición de los ferrys a España haya algunas irregularidades”

Esos barcos fueron inspeccionados allá y se vinieron navegando desde Europa hasta Venezuela y no hubo ningún tipo de novedad ni en la ruta La Guaira-Margarita, estuvieron funcionando muy bien por más de un año. Eso nos da fe de que no son chatarra. Ahora, si a esos barcos no se les hace mantenimiento pues se van a parar en algún momento.  En la adquisición de esos buques no hubo intermediarios.

– ¿Ha recibido solidaridad y apoyo de militares y funcionarios del Gobierno?

– Sí, claro que sí, porque la gente sabe quién soy yo. La gestión está ahí, se arreglaron los aeropuertos, nos ocupamos de los ferrys, lo que sucede es que se solicitaron unos respuestos por Cencoex, que nunca llegaron, por poco más de 10 millones de dólares, pusimos casi 100% operativo el buque de carga que va de Margarita a Coche.

El Presidente siempre reconoció mi gestión y por eso fue que me dio tantos cargos.

No sé qué pasó, no se si fue que le metieron chismes. Parece que soy la persona más débil para sacrificarme y ser la demostración de la lucha contra la corrupción.  Conferry fletó hace poco un buque que atraca en Guamache al no poder hacerlo en Punta de Piedras y paga por él 25 mil dólares diarios; con esos recursos ya se le hubiese dado mantenimiento a los tres adquiridos.

– ¿Usted aún cree en la revolución bolivariana?

Con Chávez, sí.

– ¿Tiene usted cómo justificar los bienes que tiene?

– Absolutamente, sí. Mis bienes están en Venezuela.

– ¿Tiene padrinos políticos?

– Ninguno. Yo nunca aspiré a ser ministro y le dije al señor Presidente que sería solo hasta el 2015 para dedicarme a mi familia.

– ¿General, cómo se siente usted ante lo que le está sucediendo?

“La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional debe dejar de ser una entelequia que no investiga ni controla”

– Mal, muy mal. Mal porque un prestigio ganado en 34 años de carrera militar se ve manchado por un hecho donde se trata de resaltar que los barcos dejaron de funcionar, pero qué casualidad que fue cuando yo salí del Ministerio. No es fácil sentirse bien cuando quieren mancharme una hoja de servicio. ¿Cómo cree que me pueda sentir? Pero bueno, la pelea es peleando.

Orden

El Tribunal solicitó orden de aprehensión contra: el MG Hebert García Plaza; Antonio González Martínez, Vicepresidente de Bolipuertos; Ing. Armando Larrazábal, Inspector Naval Wilfredo Urbáez, Capitán de Navío y jefe de la Comisión Luis Ojeda, Abg. Alberto Montilla, Insp. Nav. Luis Emiro Pagua y Luis Granados, por peculado y concierto con contratista.

El tribunal no ha acordado la prohibición de enajenar y gravar, sobre bienes de su propiedad ni la inmovilización de todas las cuentas bancarias y demás productos financieros, porque la solicitud fue genérica y no se identificó a los imputados como tampoco a los bienes y las cuentas.

Los delitos que se les imputan son los de peculado doloso y concierto con contratista, que sumarían 16 años de prisión.

Documentos

Contralmirante Elsa Gutiérrez Graffé.

El punto de cuenta que le presentaran el Vicepresidente de la República, para  la obtención de las divisas ante el BCV, por 50 millones de euros, para adquirir los barcos griegos, lo hacen la entonces presidenta del Transporte Acuático, la contralmirante Elsa Gutiérrez Graffé y el Ministro para Industrias, Ricardo Menéndez.

Ministro Ricardo Menéndez.

Observen que en el documento la orden de Maduro, quien para el momento era vicepresidente es: “Muy Urgente”. Y en el otro documento vean la firma de  Maduro, ya como Presidente, autorizando la compra de los buques a España.

Dos inspectores presidenciales supervisaron y avalaron la compra de los ferrys a España: Ronil Salazar y Luis Emilio Granados, que nadie ha llamado a declarar. La negociación de los ferrys los manejó consultoría jurídica, a cargo de María Elena Centeno, pero nunca pasó por la Comisión de Contrataciones.

¿Griegos?

Alguien tenía un negocio, cuando pretendieron comprar los tres ferrys griegos, ninguno nuevo (eran del 2008 y 2010), muy bonitos, pero artesanales y no aptos para navegar en aguas como las del Mar Caribe. Dos técnicos que son capitanes, de la comisión de Bolipuertos pararon esa compra porque los barcos no servían para aguas como las venezolanas. Después alguien quiso que Pdvsa los comprara, pero los técnicos que fueron por la estatal petrolera, llegaron a la misma conclusión. Para que los ferrys puedan navegar en el mundo es necesario que tenga unas normas y permisos llamados “clase” y “OMI”.

Ninguno de los tres griegos que pretendieron comprar, tenían “clase” ni cumplían con las normas “OMI”. Tenían menos capacidad para vehículos y pasajeros. El tiempo de recorrido entre Puerto La Cruz-Las Piedras era más del doble de los adquiridos a España.

Denuncia

Presidente de Bolipuertos, coronel Julián Marchán Lugo.

La denuncia contra García Plaza y todos los que participaron en la compra de los buques Virgen del Valle II, Virgen de Coromto y San Francisco de Asís, la hizo el presidente de Bolipuertos, coronel Julio Marchán, pero no ante el Ministerio Público, sino ante la Superintendencia del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, quien la envía a la Fiscalía Nonagésima Tercera.

El 23 de enero 2015 se inició la investigación penal. La denuncia se basa en que los buques al ser de segunda mano tienen una corta vida útil.

“Al no corregir con la premura necesaria las fallas, a medida que se iban presentando, por parte de la compañía Underwater Technlogy Services (UTS), trajo como consecuencia que éstas se fueran acumulando hasta llegar a que los buques pasarán a inoperatividad o muy baja confiabilidad en las navegaciones”, reconoce la denuncia que hiciera Marchán.

Del 25 al 27 de febrero 2015 hubo una inspección técnica por dos expertos del Tribunal 18 de Control del AMC y dos de la División Técnica Científica de la Fiscalía; ellos dicen que los ferrys Asís y Coromoto están inoperativos por fallas mecánicas persistentes en los motores y por falta de mantenimiento y cambio de repuestos.

Quien pasa el punto de cuenta para adquirir los barcos griegos es la contralmirante Elsa Gutiérrez Graffe, que hoy es la directora del Hospital Militar; y la contralmirante Roxana González, hoy viceministra de Espacios Acuáticos.

Ferrys

Ferry Virgen del Valle.

 

Son tres. El Virgen del Valle llegó a Venezuela en agosto del 2013. Y funcionó por 15 meses con 95% de operatividad entre Guanta-Pta de Piedra y La Guaira-Pta. de Piedra.

Ferry San Francisco de Asís.

 

El San Francisco de Asís y Virgen de Coromoto llegaron en diciembre 2013; el primero operó 60-70% por falta de repuestos y por problemas en las water jets. El otro con igual porcentaje de operatividad.

Ferry Virgen de Coromoto.

 

Lo que se puede deducir es que el buque que presentó problemas y que debió tener mejor supervisión antes de adquirirlo es el San Francisco de Asís.

Emergencia

La génesis de todo este escandaloso hecho está en que en una de esas transmisiones de los eventos del gobierno de calle, el presidente Nicolás Maduro ordenó darle celeridad a la adquisición de los ferrys.

La orden del comandante en jefe hizo que se saltaran, con el cuento de la emergencia, el protocolo necesario para la adquisición de un bien del Estado.

Es decir, no hubo licitación y se compraron los que parecían mejores. Y de haberse comprado los griegos, que tampoco eran nuevos, no hubiesen podido jamás navegar en aguas venezolanas.

Contralmirante

El 27 de julio 2013, la oficina de prensa de Conferry emite una declaración de la contralmirante Elsa Gutiérrez Graffe, lo curioso es que ella declara como presidenta de Bolipuertos, cuando ya no era su presidenta. La dama dijo que se había firmado la adquisición de los primeros tres ferrys que se incorporarían a La Nueva Conferry. Ella lo hizo en el marco de una reunión con la empresa griega armadora de los buques.

Contralmirante Elsa Gutiérrez Graffe.

“Hoy estamos entregando a La Nueva Conferry la compra de tres buques nuevos… que son de fabricación reciente, específicamente del año 2012… vienen de fábrica con 4 motores y con generadores de reconocidas marcas que figuran entre las más utilizadas en la navegación venezolana”.

No sólo que la contralmirante estaba declarando a nombre de un cargo que ya no ocupaba sino que aseguraba que los buques griegos eran nuevos, cuando no lo eran.

Celeridad

Quienes creemos y amamos este país apostamos porque en realidad se inicie una lucha contra la corrupción. Que se investigue y se sancione a los responsables de esquilmar los recursos de los venezolanos. En este caso de los ferrys está la duda de si en realidad lo que se pretende es pasarle factura a un alto oficial que en su momento tocó peligrosos intereses de las empresas de maletín de Cadivi, sobre las cuales no ha habido ningún tipo de respuesta por parte de los entes que deben controlar y fiscalizar.

La Contraloría General de la República tiene que empezar a hacer su papel. Las fiscalías anticorrupción a tener fiscales honestos que actúen. La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional debe dejar de ser una entelequia que no investiga ni controla. En definitiva rescatar las instituciones y actuar contra los verdaderos corruptos.

Es posible que en la adquisición de los ferrys a España haya algunas irregularidades, pero quienes estaban interesados en comprárselos a Grecia no lo hacían por altruismo ni por el bien del país. A alguien le tumbaron un negocio.

Nicolás Maduro negoció con Hizbolá la presencia de sus milicianos en Venezuela

Emili J. Blasco, corresponsal en Washington, ABC (España)

Nicolás Maduro negoció directamente con el jefe de Hizbolá, Hasán Nasralá, el despliegue de células de esa organización radical chií en y desde Venezuela.

Marcha de simpatizantes de Hizbolá, en Beirut.

En un encuentro entre ambos en Damasco en el 2007, concertado por Hugo Chávez, el entonces titular de Exteriores abordó un acuerdo marco que amparaba actividades de narcotráfico, blanqueo de dinero, suministro de armas y entrega de pasaportes con el líder de la milicia libanesa que Estados Unidos cataloga como terrorista.

Así se revela en «Bumerán Chávez. Los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela» (Amazon), libro que se acaba de publicar.

El testimonio del encuentro lo aporta Rafael Isea, entonces viceministro de Finanzas y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela. Isea estuvo en la reunión y ha contado su contenido a las autoridades de EE.UU. Muy cercano a Chávez, Isea escapó a Washington en el 2013 tras caer en desgracia al comienzo de la presidencia de Maduro.

La cita en Damasco fue probablemente resultado de las conversaciones mantenidas en enero del 2007 por Chávez y el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, que significaron un salto en la cooperación de Venezuela con los intereses del radicalismo islámico.

En marzo de ese año entró en servicio un vuelo semanal entre Caracas y Teherán, con escala en una base militar de Damasco, lo que puso el Caribe más rápidamente al alcance de Hizbolá.

En ese vuelo viajó Isea cuando fue a Damasco. En realidad tomó el avión con destino a Teherán, pues iba a sumarse a la comitiva de Chávez, a punto de comenzar una visita oficial a Irán. Pero en la escala técnica en la capital siria un oficial de seguridad subió al aparato y le pidió que le acompañara: «Tiene que bajarse aquí, tiene una reunión; le está esperando un funcionario de su país».

Conducido a un hotel, recibió una llamada en su habitación. Era Maduro, quien le pedía que fuera al lugar donde se hallaba. «¿Qué hace aquí Nicolás? ¡Qué raro!», se dijo. Cuando entró allí, Isea se encontró al canciller venezolano con Nasralá y un traductor. Al terminar, Maduro e Isea se trasladaron en vuelo privado a Teherán, donde se juntaron con Chávez.

Lista negra de terrorismo

En el marco de esa estrecha relación con Hizbolá, Maduro potenció el papel de Ghazi Nassereddine (también escrito Nasr al Dine), un libanés-venezolano relacionado a la organización que ocupaba el puesto de ministro consejero en la Embajada de Venezuela en Siria.

«Bumerán Chávez» transcribe algunos cables diplomáticos venezolanos que exponen la actividad encomendada a Nassereddine: facilitar visados y pasaportes a miembros de Hizbolá. En el 2008 el Tesoro de EE.UU. incluyó a Nassereddine en su lista negra por auxilio del terrorismo, y en febrero el FBI lo situó en su lista de personas buscadas.

Esa relación llevó a la presencia en Venezuela de al menos 300 operativos de Hizbolá, de acuerdo con un listado que Diosdado Cabello, número dos del régimen, llegó a ofrecer a Estados Unidos en un momento en que intentaba congraciarse con Washington para que no se le tuviera en cuenta su implicación personal en el narcotráfico. En esa lista, una docena de personas tenían la consideración de terroristas, según refiere alguien que tuvo acceso a ella.

Su principal actividad en Venezuela era la participación en el tráfico de droga y el lavado de dinero para la financiación de la organización.

También hubo intentos de colaboración con los cárteles de México para ganar acceso a la frontera con EE.UU. En concreto, las agencias gubernamentales estadounidenses detectaron un encuentro con ese objetivo celebrado a comienzos del 2013 en Cancún.

Así se vive en las “casas de Chávez”

Daniel Pardo, BBC Mundo

El grifo del lavaplatos de Deris Reyes está al revés: el tubo no sale del lado de la pared, sino del de donde uno se para.

El lavaplatos “al revés” de Deris Reyes.

“Era la única forma de instalarlo”, le explicó a BBC Mundo en la cocina de su apartamento de Misión Vivienda, el proyecto de vivienda social del gobierno bolivariano de Venezuela.

“El apartamento me lo entregaron sin terminar, y el lavaplatos que me conseguí no sirve con las tuberías de acá”, contó entre risas sobre un detalle que para ella ilustra que la casa prácticamente la ha construido ella misma, “con las uñas”.

Su casa tiene puertas, marcos de ventana y hasta inodoros distintos en marca, color y tamaño a los del apartamento de al lado.

Pero a pesar de los problemas, Reyes y sus vecinos son afortunados: a diferencia de muchos de estos complejos sociales, el suyo está en medio de un centro urbano, el sector de La Urbina, en el este de Caracas.

La imagen de Chávez, siempre presente en los edificios de Misión Vivienda.

Deris dijo estar “eternamente agradecida” por su vivienda, pero eso no impide que se refiera a cosas que para ella faltan, como espacios recreacionales.

“Las piedras es lo único que tienen con qué jugar”, señaló, mientras unos niños al frente del edificio corroboran su comentario.

En Misión Vivienda se unen problemas y beneficios: cientos de miles de personas han recibido la casa que nunca habrían podido comprar, pero hoy muchas de ellas se quejan de que es deficiente o insuficiente.

Misión Vivienda pretende ser una solución a la falta de viviendas formales que afecta a muchos venezolanos.

 Mientras tanto, el déficit habitacional en Venezuela –el número de personas que no tienen una vivienda formal– sigue siendo un problema que el mismo gobierno socialista admite.

Para este reportaje BBC Mundo intentó durante cuatro meses y a través de varios mecanismos hablar con el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, pero nunca se concretó la entrevista. Asimismo tratamos de hablar con especialistas de la alcaldía de Libertador en Caracas, también sin éxito.

Boom de construcción

Aunque los hay de varios colores, tamaños y materiales, los edificios de Misión Vivienda tienen algo en común: la firma del expresidente Hugo Chávez –la famosa “rabo e’ cochino”– estampada en al menos una pared de cada complejo.

La firma de Chávez, denominada por él mismo como la “rabo e’ cochino”.

Estas son, en el lenguaje de los residentes, “las casas de Chávez”.

Cuando llegó a la presidencia, en 1999, Hugo Chávez puso como una de sus prioridades luchar contra la vivienda informal. Según cifras oficiales, al menos 1.500.000 personas no tenían una habitación digna en ese momento.

Durante sus primeros años en el poder, el entonces mandatario instaló varios programas sociales para intentar atender el déficit.

En el 2011, la Misión Vivienda se convirtió en una prioridad para el gobierno de Chávez.

Las condiciones eran propicias: entre 2004 y 2008, Venezuela vivió uno de los períodos de mayor bonanza en su historia gracias a los altos precios del petróleo, la mayor fuente de ingreso del país.

“Gracias presidente”

Pero fue en el 2011, después de unas fuertes lluvias que dejaron a cientos de miles de personas sin hogar, que la construcción o sustitución de viviendas se convirtió en una de las políticas más ambiciosas de su gobierno.

Tras las lluvias, la construcción creció en más del 10% durante dos años. Eso generó una suerte de boom en el sector que permitió mantener el crecimiento de la economía, pese al golpe que significó la crisis financiera global.

En el 2012, además, Chávez estaba en la que terminó siendo su última campaña presidencial, un motivo para invertir más en lo social hasta puntos que incluso exfuncionarios del gobierno –entre ellos quien fuera el cerebro de la economía chavista, Jorge Giordani– han considerado irresponsables.

Los residentes de Misión Vivienda en La Urbina se quejan de que no tienen cuarto de ropas.

El logo de dicha campaña, una imagen de los ojos de Chávez, hoy se ve en cientos de estos edificios, como si el expresidente, quien murió de cáncer en el 2013, aún los estuviera mirando.

Una de las beneficiadas fue Ada Martínez

Madre de tres niños, Martínez vivía en el sector de La Montañita en el barrio popular de Petare, en Caracas, un sector empinado con casas informales aglomeradas en pequeñas zonas.

Durante las lluvias, le contó Martínez a BBC Mundo, “una piedra del tamaño de un escritorio cayó sobre la casa, mató a mi hija de 3 años y al resto nos dejó encerrados por horas“.

Martínez pasó un año en un refugio, hasta que le asignaron un apartamento de Misión Vivienda en El Morro –también cerca de Petare– que tiene decorado con un afiche de Chávez que dice “Gracias presidente por darme una vivienda digna. Unidad, unidad, unidad”.

Arreglos sin hacer

Hasta ahora el gobierno dice haber entregado 700 mil viviendas en total, pero en el 2014 no cumplió con el objetivo de dar 400 mil: llegó a 127 mil.

“No fue un buen año”, admitió al respecto el vicepresidente Jorge Arreaza, en su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional en febrero del 2015.

Muchos recibieron su apartamento en obra gris, sin baldosas, nevera o lavaplatos.

Durante los últimos dos años el sector de la construcción ha decrecido. Y hoy el problema es más grande: el déficit habitacional es de 3 millones, de acuerdo con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

Este 2015 el gobierno se volvió a comprometer con 400 mil viviendas, pero se enfrenta –incluso más que años anteriores– a una dura crisis económica, que se ilustra en una inflación del 68% en el 2014 según cifras oficiales, contracción del Producto Interno Bruto y escasez de varios productos, entre ellos materiales para la construcción.

Además, durante los últimos ocho meses los precios del petróleo han bajado a niveles más bajos de los estimados por el gobierno.

Marelbis Mena, residente de una Misión Vivienda de La Urbina.

El presidente, Nicolás Maduro, ha dicho que la caída del precio del crudo no afectará la inversión social.

Aunque Marelbis Mena, una de las organizadoras de la comunidad en la Misión Vivienda de La Urbina, asegura que ya ha sentido los efectos de la recesión.

Según le dijo a BBC Mundo, el complejo necesita recuperar unas entradas, pavimentar las áreas comunes, poner unas ventanas e instalar impermeables en las terrazas, entre otras cosas. “Y ninguno de esos arreglos nos los ha aprobado el ministerio (de Vivienda)”, apuntó.

Los niños de La Urbina que, según sus madres, solo tienen piedras con qué jugar.

Mena, quien se definió como chavista y está extremadamente agradecida por lo que tiene, pasa el día vendiendo cerveza fría a los taxistas y autobuseros que se estacionan y lavan sus automóviles al frente del complejo. Ponen música, hace sol casi todos los días, parece sábado cuando es lunes.

Pero cuando habla con BBC Mundo, reconoce que hay cosas que pueden mejorar: además de los arreglos puntuales, la construcción del complejo –que según los teóricos de la vivienda social debe ir acompañado de una infraestructura que permita hacer vida alrededor del edificio– se quedó incompleta: “No tenemos enfermería, escuela ni supermercado”, dijo.

“Por eso los chamos (niños) son tan dados a la delincuencia”, afirmó.

Silencio y delincuencia

Muchos venezolanos no se atreven a entrar a un complejo de Misión Vivienda por el estigma que tienen de violentos.

BBC Mundo siempre fue de día y con un conocido local a manera de guía. No tuvimos problemas.

La falta de zonas verdes es evidente en este complejo de Misión Vivienda de Caracas.

Pero los reportes en los medios locales de que Misión Vivienda –sobre todo en Caracas, la ciudad más violenta de Sudamérica– está “tomado por la anarquía” son frecuentes, sobre todo en la prensa opositora.

De acuerdo con esos reportes, el complejo de La Paz, cerca del centro de la capital, está tomado por cuatro bandas que tienen repartido el territorio. Los delincuentes lo usan como punto de partida de su operación: allí estacionan motocicletas robadas y venden narcóticos, afirma la prensa de sucesos.

La cancha de Misión Vivienda de Charallave.

Ocho personas vinculadas al caso del diputado Robert Serra, quien fue asesinado en octubre de 2014 en Caracas, fueron arrestadas en ese mismo complejo.

Pero no todos son así.

En La Urbina, Mena explicó que al principio “hasta asomarse por la ventana por las noches” era peligroso. Pero después de lo que llamó una “depuración de la policía”, hoy el ambiente es relativamente pacífico.

La violencia es menor aún en Altos del Dividive, en Charallave, dos horas al sur de Caracas, según dos vecinas de la zona que pidieron no revelar su nombre. Las llamaremos Marta y María.

El Misión Vivienda donde viven está entre las frondosas montañas del trópico venezolano. El viento que sopla es fresco, se escuchan guacamayas, la temperatura promedia los 25 grados.

“Acá se vive muy bueno”, dice una vecina de Altos del Dividive.

“Acá se vive muy bueno”, dijo Marta. “Porque no tenemos la bulla de Caracas ni la delincuencia“.

Acá puedes dormir con la puerta abierta”, aseguró, una apreciación que no cualquier venezolano puede hacer.

Pero Marta y María están insatisfechas: de hecho, pidieron no revelar su verdadero nombre para poder hablar sin tapujos.

“Efectos secundarios”

María Isabel Peña es, como directora del Instituto Urbanístico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela (UCV), una de las académicas que más ha seguido el tema de Misión Vivienda.

Tras varias conversaciones, Peña no quiso responder a la pregunta de si Misión Vivienda es un proyecto bueno o malo.

Los vecinos del Misión Vivienda de El Morro dicen que el alcalde opositor no recoge la basura. El mandatario lo niega.

Un viernes por la tarde finalmente me escribió: “La verdad es que sí considero que es un beneficio para muchos, pero que como no ha sido planificado de manera integral, trae efectos secundarios negativos sumados a sus aportes favorables“.

Para ella, el problema principal es la falta de planeación en la construcción de los complejos.

“Por la falta de visión no se previó las otras necesidades que tienen los nuevos habitantes: infraestructuras (como luz, agua, gas, recolección de basura), vialidades y otras formas de movilidad y equipamientos (como escuelas, hospitales y ambulatorios, bibliotecas, centros culturales)“, le dijo a BBC Mundo.

Marta y María están de acuerdo: la única forma de trabajar, estudiar o comprar en Altos del Dividive es desplazándose en un jeep que pasa esporádicamente por el complejo; después en un bus hasta la estación de tren y, una vez en la ciudad, tomar el metro o un bus hasta el destino final.

“Si no hay trabajo ni escuelas para los niños, ¿para qué hacer tanta vivienda?”, se preguntó Marta.

Muchos residentes se quejan de que Misión Vivienda, que suele estar ubicada fuera de los centros urbanos, está lejos de su trabajo.

A pesar de que el gobierno inició la construcción de dos sistemas de acueducto, ninguno se concretó. Y los vecinos siguen recogiendo el agua de un camión cisterna que pasa cada tanto.

“Las construcciones se frustraron porque entre los entes gubernamentales hay mucho choque y todos se quieren adjudicar la entrega de los proyectos”, explicó María.

No se conoce una versión oficial sobre por qué los acueductos no funcionaron. BBC Mundo le hizo llegar al ministro Molina una pregunta concreta sobre los problemas de planificación, pero no obtuvimos respuesta.

Asignación vs. Ocupación

Los apartamentos de Misión Vivienda se asignan a través de un proceso de inscripción que suelen llevar a cabo los consejos comunales, los grupos de articulación y organización política asociados al gobierno venezolano.

Pero algunos residentes se quejan de que este proceso está tomado por la corrupción y el proselitismo político.

En el caso de Altos del Dividive, en Charallave, los complejos fueron ocupados incluso antes de que terminara la obra. Un video de dos minutos en YouTube muestra a personas que corren hacia estos edificios, se suben por las paredes y se meten por las ventanas.

VEA AQUÍ EL VIDEO.

Marta y María confirmaron que “los ocupamos para garantizarnos los apartamentos porque nos dijeron que eso se lo iba a tomar la gente de la oposición”. Y añadió que antes de ocupar los apartamentos estaban esperando en la calle del frente, donde vivieron unos meses.

Marta y María no solo dicen ser chavistas de corazón, sino que aseguran que nunca votarían por alguien de la oposición.

“Nuestro presidente amado (Chávez) nos dio lo que pudo darnos, y ahora este (Maduro) está luchando, pero nos enfrentamos a que toca tener demasiada palanca (influencia) para que se den los proyectos, para meter al niño al colegio”, contó María.

En El Morro, en Petare, está “el barco”, un par de edificios que según la gente “se está hundiendo”.

La culpa de esa ineficiencia, aseguran, no es de los políticos del gobierno, sino de quienes trabajan para ellos. “Nosotros vivimos acá muy abandonados; los ministros no saben la situación de acá por culpa de los bajos mandos“, explicó.

“Eso sí, si se acercan las elecciones, tú los ves venir acá todos en bomba (en masa) a pedirnos sus votos y a que les ayudemos para que la gente vote”, agregó Marta.

“Una cosa es que estemos agradecidos, pero otra que los payasitos de los ministerios hagan marramuncias (trampas) en vez de solucionar los problemas”, opinó.

“El barco” hundido

Kelsy Quiroz es, además de habitante de la Misión Vivienda en El Morro, presidente de un consejo comunal.

Kelsy Quiroz, presidenta del Concejo Comunal de El Morro, activista, “hija de Chávez”.

De 49 años, Quiroz dice ser un ejemplo del empoderamiento que Chávez “le dio al pueblo”. Su consejo comunal ha logrado construir colegios, una unidad de bomberos y hasta una fábrica de paletas, le enumera a BBC Mundo.

Hemos comprado dos motores que estamos adaptando a los buses”, contó, orgullosa.

Quiroz insiste en que en El Morro se vive bien, pero por la ventana se ve un detalle que no puede ocultar: dos edificios de Misión Vivienda que parecen estar a punto de caerse.

Les dicen “el barco”, porque se están hundiendo.

En un terreno sumamente empinado, los dos edificios tienen enormes grietas en sus paredes: están despedazados, como si alguien hubiese entrado a destruirlos. Pero no fue así: se deterioraron con el tiempo y el uso de dos años.

El consejo comunal y el gobierno recomendaron desalojarlo, pero varias familias aún viven ahí, pese a no tener ventanas, baños o barandas en las escaleras.

“Muchos de los complejos de Misión Vivienda se construyeron sin considerar las condiciones climáticas y la selección de los materiales”, explicó Peña, la arquitecta de la UCV.

Expertos coinciden en que ha habido problemas de construcción y planeación en Misión Vivienda.

 Según Transparencia Venezuela, hay casos de complejos que terminaron costando el mismo dinero que un edificio de lujo porque no se tuvieron en cuenta las condiciones del terreno.

“Los proyectos pudieron haberse explorado con profesionales venezolanos, que conocen bien las respuestas de los materiales al clima local y que han experimentado buenos resultados replicables”, indicó un informe del 2014 de la ONG que lucha contra la corrupción. La mayoría de estos proyectos fueron construidos por ingenieros chinos, rusos y bielorrusos.

Peña compara esto con el boom de la construcción que hubo en Venezuela en los años 50, un proceso que dejó una amplia infraestructura que todavía es útil: “La convocatoria estuvo abierta a los mejores, comenzando por los venezolanos”, dijo.

Pero ahora, añade, “la construcción se ha visto nublada por el sesgo político de los que han estado a cargo de la selección de los profesionales”.

El ministerio encargado de la vivienda ha tenido 11 ministros distintos en 16 años de gobierno revolucionario y su nombre y funciones han cambiado cinco veces.

Empoderamiento

Kelsy coincidió con sus comadres de La Urbina en que la culpa de los problemas son los funcionarios de los ministerios, que, según ella, “están infiltrados por escuálidos (opositores)“, haciendo eco de una denuncia que realizó el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Uno de esos problemas es la basura que se ve quemándose en las calles que conectan los edificios: “Está ahí porque el irresponsable del alcalde (el opositor Carlos Ocariz) nos tiene desasistidos”, aseguró.

Ocariz rechaza esa acusación, porque para él los problemas en la recolección de basura se deben al “sabotaje” del oficialismo.

Kelsy tiene varios hijos y nietos que han recibido educación. Uno de ellos muestra el reloj última tecnología que le regaló la abuela. La activista viaja, educa, lidera.

Si no fuera por Chávez, dice, ella no habría podido salir de la pobreza: “Me dio vivienda, me permitió, caramba, sentirme mujer, persona, me convenció de que los barrios tienen ideas, de que pueden ser influyentes“.

Kelsy se limpia las lágrimas. “Chávez es mi padre, mi hermano; todos los días de Dios hablo con él“, dice sentada en una cancha de béisbol mientras se toma un dulce jugo de guayaba.

La mirada del expresidente es testigo de sus palabras.

Receta para perder las elecciones

Ángel Oropeza

La oposición venezolana tiene un terreno fértil por delante, en su objetivo de transformar en votos el enorme descontento popular que registran todos los estudios de opinión, y así sentar este mismo año las bases para un cambio político en el país. Sin embargo, el principal enemigo para lograr ese objetivo pudiera estar escondido –aún sin quererlo– en sus propias filas.

¿Es posible perder las cruciales próximas elecciones parlamentarias, aunque al gobierno le sea muy difícil ganarlas?

Pues sí. Para ello, lo que hay que hacer es seguir una simple receta para convertir un muy posible triunfo en una segura derrota.

1) Insista en que como esto es una dictadura, usted no vota hasta que la dictadura le garantice condiciones democráticas. Desanime a la gente diciéndole que todo está arreglado, que para qué vamos ir a votar, y que el CNE es tan todopoderoso que al final hace lo que le da la gana. Si alguien le pregunta por qué, si eso fuera verdad, el CNE no puso a ganar a Maduro las presidenciales por un margen más cómodo que ese dudoso 1%, diga que eso también estaba preparado. No oiga razones. Lo suyo es convencer a los demás de que cometan el error de no votar.

Total, la forma más segura de que gane quien tiene todas las de perder es que quien pudiera ganar no vote.

2) Caiga siempre en el juego de polarización política del gobierno. Por más que la realidad imponga que Venezuela está dividida entre una mayoría inmensa de víctimas de la crisis y un puñado de vivos victimarios, usted siga insistiendo en que la división es entre “oficialistas” y “opositores”, tal como lo repite el canal 8 todos los días.

3) Olvide el bloqueo informativo que aplica el gobierno a los canales  de comunicación del país, e insista que la oposición no hace nada, simplemente porque usted no ve nada en los medios.

4) Anime a algunos personajes que creen que el “mandado ya está hecho” y que es inevitable (no importa lo que pase, y así no se haga el trabajo), que el gobierno pierda la Asamblea Nacional, por lo que lo importante ya no es entonces trabajar por hacer posible la victoria, sino luchar a lo interno por asegurar la mayor tajada posible de ese “seguro” triunfo.

5) Aliente y respalde a los siempre presentes “salvadores de la patria” que amenazan con lanzar sus candidaturas y romper así la unidad opositora sin la cual, por más que se tenga mayoría, es imposible una victoria.

“Desanime a la gente diciéndole ¿para qué vamos a votar?”

No haga caso a quienes le explicarán con todos los fundamentos posibles que, dada la naturaleza bipolar y excluyente del actual sistema electoral para las parlamentarias, este constituye en la práctica un mecanismo “solo para dos”, y que por tanto, sin unidad opositora, ningún triunfo es factible.

6) Aproveche que la MUD no puede realizar primarias en todo el país para volver a la vida al fantasma –tan útil a Chávez en su oportunidad como al oficialismo en repetidas veces– del antipartidismo y la antipolítica.

Así, repita que las decisiones y consensos alcanzados por los casi 30 partidos de la MUD para el resto de las circunscripciones donde no habrá primarias son “componendas” y “arreglos cupulares” inaceptables, ya que al ser hechas por los partidos políticos, son entonces “inmorales” e indignas de confianza. Súmese al coro: los partidos son malos.

7) Y finalmente, el día de las elecciones, no vote (lo que en la práctica significa un voto para el PSUV, ya que el espacio que usted dejará en  blanco es potencialmente rellenable, y es el núcleo de las trampas del gobierno). Y después de que la amiga Lucena anuncie esa noche el triunfo del gobierno, vuelva a preguntar desesperanzado: “¿Y cuándo saldremos de esto?”.

La cruda respuesta será que puede durar hasta que sigamos cometiendo errores e imperdonables ingenuidades.

“Usted siga insistiendo en que la división es entre oficialistas y opositores”.

La mezcla de radicalismos infantiles con la insepulta antipolítica no alcanza para que sus defensores ganen nada, pero sí pueden impedir el triunfo de quienes apuestan por el cambio político por la vía electoral y constitucional. El único camino al que el gobierno verdaderamente teme.

Asesores del gobierno venezolano con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra

Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI), Correo del Caroní

Los miles de millones de dólares que encendieron el alerta internacional por presunta corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), no eran lo único que se lavaba en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Funcionarios vinculados a otros ministerios e instituciones del Estado venezolano desfilaron por las oficinas que instaló el banco andorrano en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) en el este de Caracas. Utilizaron esa entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas, según revelan documentos oficiales de la Policía de Andorra, entre 2010 y 2012.

La detención del comisario Norman Danilo Puerta Valera, exjefe de la División Contra Drogas de la policía científica de Venezuela (CICPC, entre 2004 y 2007) fue el escándalo que develó la estrecha relación entre Venezuela y la BPA. Lo aprehendieron el 7 de junio de 2010 por “la presunta comisión del delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico”, reza el expediente enviado por la Justicia de Andorra a la Fiscalía de Venezuela ese mismo año.

Puerta Valera tenía una cuenta en la BPA con de 1.446.992 dólares americanos, que abrió en 2006 en una oficina instalada en Caracas. Nunca declaró que era un funcionario policial de alta jerarquía, pues eso lo convertía inmediatamente en una Persona Expuesta Políticamente (gente cuyas cuentas y transacciones deben ser vigiladas con atención).

El único documento que consignó fue un carnet de membresía de la Asociación de Ganaderos del Distrito Mauroa del estado Falcón. En un video publicado el 17 de julio de 2012 en Youtube, el ex policía relata cómo fue captado por el español Xavier Mayol González, directivo de la BPA que abrió la oficina de Venezuela, y por una de las representantes de la entidad en el país, la venezolana Mariela Milagros Prieto González.

Norman Danilo Puerta Valera, el ex comisario antidrogas venezolano detenido en Andorra con una cuenta equivalente a $ 1,4 millones e investigado por lavado.

La documentación del Grupo Antiblanqueo del Principado de Andorra tiene más de 150 folios con declaraciones de los sospechosos y las actuaciones de fiscales y jueces desde 2007 hasta 2010. También se incluyen las actas de los interrogatorios a Puerta, en las que involucra a dos funcionarios de un despacho gubernamental: Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, quienes fungían o se presentaban como “asesores del ministro de Economía y Finanzas”, según consta en las copias de los pasaportes diplomáticos consignados ante BPA y a los que se tuvo acceso.

El contenido de la investigación —denominada por las autoridades de Andorra como Operaciò Cru (Operación Crudo)— confirma en buena parte lo expresado por la Unidad Contra el Crimen Financiero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Fincen en siglas en inglés): la red de lavado de dinero en la que participaban funcionarios venezolanos de alto rango contó con la complicidad de agentes y empleados de BPA para desviar grandes sumas de dinero y esconderlas en el paraíso fiscal. Así lo reseña el informe preliminar del Fincen publicado el 10 de marzo de 2015.

Salvoconducto de lujo

Los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez fueron emitidos el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana. Para esa fecha, la cartera de Economía y Finanzas estaba en manos de Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Hernández había sido condenado por la justicia venezolana por tráfico de heroína en el año 2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en el 2010 por intento de robo de una aeronave.

Un funcionario de la Cancillería venezolana, quien pidió no ser identificado, contó que durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) se hizo frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros.

“Estas solicitudes generalmente llegaban a la Cancillería desde Miraflores (sede del Ejecutivo), de la Secretaría de la Presidencia. Estos documentos se aprobaban porque era una orden del Presidente de la República, y así dice el Reglamento de Pasaportes”, indicó.

La Dirección de Inmunidades y Privilegios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela es la dependencia que autoriza la emisión de pasaportes diplomáticos. El decreto que regula la emisión de estos documentos en Venezuela está vigente desde 1974.

La figura de “asesor de ministro” no aparece entre los 12 cargos o funciones que tienen derecho a recibir un pasaporte diplomático. Sin embargo, el Reglamento de Pasaportes  faculta al despacho de Relaciones Exteriores a otorgar pasaportes diplomáticos a otras personas “cuando así lo ordene el Presidente de la República”.

Algunos ministerios también comenzaron a solicitar pasaportes directamente a la Cancillería, dijo el funcionario. “Pero en estos casos se consultaba con el ministro o viceministro (de Relaciones Exteriores). Si ellos los autorizaban, se emitían”. Alí Rodríguez Araque era el ministro de ese despacho para la fecha, mientras que el general Arévalo Enrique Méndez ocupaba el viceministerio.

Un allegado a Hernández y Gil confirmó que los pasaportes habían sido tramitados a través de la Secretaría de la Presidencia, que para ese entonces estaba a cargo del coronel del ejército Manuel Barroso.

“En esa época se otorgaron pasaportes diplomáticos a varios asesores de ministros. Por ejemplo, recuerdo el ministerio de Finanzas”, precisó el funcionario.

El narcotraficante colombiano Farid Feris Domínguez, alias “El Médico”, también tenía en su poder un pasaporte diplomático que lo acreditaba como asesor del ministro de Finanzas, cuando fue detenido en Venezuela el 22 de septiembre de 2006. En una entrevista realizada por el periodista Gerardo Reyes, en el Nuevo Herald (14/01/07), el capo aclaró que nunca conoció al ministro Merentes, pero sí dijo que era amigo del comisario Marcos Chávez, director de la policía científica de Venezuela.

Un “asesor” que traficaba heroína

Tulio Antonio Hernández Fernández nació en Barquisimeto, estado Lara, tiene 48 años y aparece registrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como votante en esa ciudad. La última vez que cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) fue en 1990, como trabajador de la antigua Embotelladora de Refrescos Marbel, ubicada en la vieja carretera Barquisimeto-Yaritagua, también en el estado Lara.

Tulio Antonio Hernández Fernández.

Su nombre aparece en la investigación de la Policía d’Andorra y el Grup de Delinqüenciència Organizada i Blanqueig como uno de los supuestos funcionarios del Gobierno venezolano que transfería grandes sumas de dinero a varias cuentas abiertas en la sucursal de Banca Privada D’Andorra (BPA) en el principado.

Al menos dos de estas cuentas en BPA estaban registradas a nombre del comisario Norman Danilo Puerta Valera, quien estuvo detenido en Andorra en dos ocasiones por esta investigación sobre presunto lavado.

Puerta declaró ante las autoridades que el saldo de 1,4 millones de dólares provenía de transacciones por la venta de ganado en Venezuela, sus prestaciones sociales (aunque para la fecha no había sido jubilado) y una deuda que contrajo.

Una fuente de la investigación en Andorra reveló que Hernández Fernández y Gil Yánez llevaban maletas —vía valija diplomática— llenas de dinero en efectivo que repartían en distintas cuentas en la BPA. Sin embargo, el expediente de las autoridades andorranas asegura que Hernández Fernández nunca viajó al principado.

“Se desplaza su mujer y gerente de la sociedad United Consulters de Venezuela. Este señor abre dos cuentas denominadas Crown Investors y Central Togo. Las sociedades son compradas a través de BPA Serveis, a un despacho en Panamá”, precisa uno de los documentos.

Hernández Fernández tiene antecedentes penales. En 1991 fue condenado por lesiones intencionales graves. Fue detenido en 1999 junto a otros cuatro venezolanos en el estado Zulia —al occidente del país— cuando la policía científica le incautó 1,4 kilos de heroína. La Fiscalía venezolana le imputó cargos por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En el juicio admitió los hechos. Recibió una sentencia de siete años y seis meses; pero estuvo preso solo 11 meses y 11 días. La jueza del caso, Luisa Rojas de Isea, le otorgó una “medida cautelar” que le permitía cumplir la pena en libertad bajo un régimen de presentación que se extendió hasta 2008.

Hernández estaba “cumpliendo” una condena en libertad por tráfico de drogas cuando recibió el pasaporte diplomático con el número 532/2004 que le permitía fungir en el exterior como “asesor del ministro de Finanzas”. Desde 2002 —año del paro petrolero contra Chávez— hasta finales de 2004, en la cartera de Finanzas estuvo el economista Tobías Nóbrega, quien fue luego imputado por corrupción durante su gestión por la sobrefacturación, de más de 5 millones de dólares, en la compra por parte del Estado de dos edificios en Caracas.

El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, destituyó en diciembre de 2004 a Nóbrega —casi seis meses después de que el escándalo estallara— y en su lugar designó al matemático Nelson Merentes. Nóbrega huyó a Portugal. En 2011 la Contraloría venezolana lo halló responsable de peculado doloso y le impuso una sanción que le impide ejercer cargos públicos durante 15 años.

Merentes, entonces presidente del Banco de Desarrollo Social (BANDES), asumió el despacho de Finanzas a partir del 7 de diciembre de 2004. Tres semanas después, la Cancillería venezolana autorizó y emitió los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez como “asesores del ministro de Finanzas”.

En el expediente judicial llevado en Andorra también se detalla que Hernández Fernández era cliente de BPA y representante, junto a su esposa Yajanira Dayana Ontiveros Linares, de las empresas panameñas Alhambra Gold Holding, registrada el 28 de marzo de 2006; y Central Togo, registrada el 14 de febrero de 2007, según consta en los archivos de la Notaría Primera de Panamá.

Yajanira Dayana Ontiveros Linares, la esposa de Hernández Fernández, viajó a Andorra.

Hernández Fernández se jactaba ante amigos y conocidos de que tenía una oficina en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano.

Tanto él como su esposa frecuentaban el Country Club de Barquisimeto. La familia de Hernández mantiene un perfil público en esa ciudad del occidente de Venezuela, donde su hermano, Jorge Hernández, es dueño del equipo de baloncesto profesional Guaros de Lara y tiene estrechos vínculos con altos funcionarios del chavismo.

En el acta de interrogatorio —del 9 de junio de 2010— quedan registradas las preguntas que le formuló la jueza instructora andorrana, María Àngels Moreno Aguirre, a Norman Danilo Puerta Valera:

¿Sabía usted que Tulio Hernández Fernández había sido condenado por tráfico de heroína en Venezuela?

—No lo sabía, pero el banco debía haber sabido. Los nombres, conexiones y antecedentes de las personas detenidas, no los demás.

¿Cómo es posible que siendo un comisario de policía no verificara los antecedentes de sus interlocutores, a los cuales daba la confianza de enviar tales cantidades de dinero en efectivo?

—No se me ocurrió ya que eran representantes de un banco y esto les daba confianza y respeto. El que llevaba la batuta en dicha empresa y hablaba era Gabriel Gil Yánez y Tulio Hernández Fernández, quien estaba presente pero en un segundo plano.

Un testigo vinculado al caso, que accedió a declarar para este trabajo bajo condición de anonimato, aseguró que otra empresa de Hernández Fernández, United Consulters de Venezuela, con sede en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas, CCCT, operaba como una casa de cambio ilegal:

“Diputados, gobernadores, ministros, testaferros, militares y hasta comisarios de la Policía científica desfilaban por esa oficina con grandes sumas de dinero en bolívares. Vendían y compraban dólares que en ocasiones enviaban a cuentas en el extranjero”.

La oficina de Hernández tenía un problema: tenía dólares, pero se quedaba sin existencia de bolívares. “Entonces recibía grandes sumas de dinero, a modo de préstamos, de sus clientes. Uno de ellos fue el empresario Raúl Gorrín, quien a su vez obtenía préstamos del Banco Canarias, gracias a su relación con el banquero Álvaro Gorrín, a quien defendió en el caso Microstar”.

La misma fuente, que prefirió resguardar su identidad, comentó que en una de sus transacciones comerciales con sus clientes, United Consulters de Venezuela emitió un cheque al abogado y empresario Raúl Gorrín por Bs. 890 millones, equivalentes a $ 1,9 millones a la tasa de cambio oficial en 2007. Gorrín es actualmente copropietario del canal de noticias venezolano Globovisión.

Con pasaporte diplomático y maleta de dólares

Gabriel Ignacio Gil Yánez también nació en Barquisimeto y tiene 45 años. Portaba el pasaporte diplomático número 530/2004 como asesor del entonces ministro de Finanzas, Nelson Merentes.

En el informe de la Unidad Antiblanqueo de Andorra, Gil Yánez aparece como accionista y director de la sociedad mercantil Pepperpot, creada en 1997 e inscrita en 2009 en el Registro Mercantil 5to de Caracas. Esta compañía, con sede en el exclusivo Centro Empresarial La Lagunita de la capital venezolana, enunciaba entre sus servicios y actividades la construcción y remodelación de inmuebles, aunque en la práctica actuaba como un “banco de segundo piso”, una entidad que facilitaba transacciones y permutas en moneda extranjera.

Gabriel Ignacio Gil Yánez.

Como trabajador de esa misma empresa, Gil cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por última vez en enero de 2015. Esta empresa también “tiene en marcha la construcción de 52 apartamentos en Venezuela, así como en el proyecto de asfalto en Maturín”, según consta en la documentación.

El 3 de marzo de 2006, Gabriel Ignacio Gil Yánez abrió una cuenta con la que adquirió una sociedad panameña en BPA, llamada North Hilton Investment. De acuerdo con la información obtenida por esta investigación, al principio Norman Puerta entregaba grandes cantidades en bolívares a Gil en Venezuela, quien se encargaba de ingresar el contravalor en euros en la cuenta en Andorra.

“Suponemos que Gil cobraba una tarifa por la gestión, pero BPA no participaba de esta operación”, reseña el informe.

Las autoridades de Andorra indican que ninguno de los implicados en la investigación —Norman Danilo Puerta Valera, Tulio Antonio Hernández Fernández, ni Gabriel Ignacio Gil Yánez— había proveído pruebas del origen lícito de los fondos depositados en BPA.

Según la fuente citada en la documentación, Gil manifestaba que siempre que realizaba ingresos en la cuenta, estos eran previamente declarados en la aduana española. Una de las transferencias que consta en ese informe es la que hizo el 25 de octubre de 2006 por un monto de € 221.400 en efectivo a la cuenta de Puerta Valera.

Además, Santiago Roselló Piera, director ejecutivo de BPA —hoy detenido por las autoridades— afirma en su declaración que Gil sí viajó a Andorra a firmar documentos referentes a la apertura de su cuenta.

En el documento de la Unidad Antiblanqueo de Andorra se explica que debido al elevado importe de los ingresos en efectivo —que llegó hasta 2,5 millones de dólares—, el BPA informó a Gil Yánez y a Hernández Fernández que no podrían continuar con estas operaciones, razón por lo que ambos acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias. “Aún así, la escasa información que se recibe de los clientes y la opacidad con la que trabajan, ocasiona la declaración de sospecha presentada por BPA ante las autoridades de Andorra”, cita el informe obtenido por esta investigación.
Sin embargo, una nota del mismo documento contra Norman Puerta Valera resalta que Gabriel Gil Yánez nunca ha formado parte de la organización de BPA “ni directa ni indirectamente como empleados o colaboradores y, por tanto, nunca han recibido directrices de negocio de Banca Privada de Andorra”.

Una fuente que accedió a hablar a esta investigación bajo condición de anonimato afirmó:

“Gabriel Gil viajaba con frecuencia a República Dominicana. Volaba hasta allá y regresaba con maletas llenas de dólares, algunas veces hasta con diez millones. Llegaba por el aeropuerto de Santo Domingo, en el estado Táchira [frontera entre Venezuela y Colombia], donde conocía a un militar amigo, y luego conducía hasta Caracas”.

Preso por una avioneta

Gabriel Gil tuvo que enfrentar la justicia unos años más tarde. El 4 de diciembre de 2010 fue acusado por el robo de una avioneta en el aeropuerto Óscar Machado Zuloaga de la localidad de Charallave, a 28 kilómetros de Caracas. Permaneció tres años detenido en la cárcel de Yare III por los delitos de apoderamiento ilegítimo de aeronave en grado de frustración, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir. Quedó en libertad en 2014, después de cumplir su condena.

Nunca recibió la medida cautelar que solicitó en reiteradas ocasiones.

Además, Gil Yánez fue vinculado con un militar dominicano, identificado como Jorge Pércival De Marchena, quien era investigado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y trata de personas, según un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas de República Dominicana.

Una nota publicada el 26 de octubre de 2011 en el diario dominicano Acento, sobre los nexos comerciales de De Marchena, indicaba que Gabriel Ignacio Gil Yánez, era “investigado en su país por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional drogas”.

Al venezolano se le vinculó también con el hijo del militar Pércival. Diario Digital, una publicación de Punta Cana, reseñó el 25 de octubre de 2011 que Jorge Humberto Pércival Peña, hijo del capitán, estuvo negociando con Gil Yánez la compra de un avión en España, “que utilizarían para hacer actividades ilícitas, pero esta operación no se llevó a cabo porque Gil fue arrestado en Venezuela por las autoridades antinarcóticos”.

Gil Yánez registró, el 12 de marzo de 2010 en República Dominicana, una empresa llamada Airflow Corp, según consta en los registros de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Actualmente Gil Yánez se encuentra en la ciudad venezolana de Barquisimeto.

La “reclutadora” de BPA en Caracas

Una de las asesoras de Banca Privada de Andorra (BPA) en Caracas era Mariela Milagros Prieto González, quien se encargó de captar y procesar la documentación para la apertura de cuentas a venezolanos en esa entidad. El español Antonio Salvador Lozano era también encargado de captar clientes y referirlos a Prieto González, quien se aseguraba de que toda la documentación estuviera “en orden y completa” (en ocasiones las fichas estaban vacías).

Prieto González trabajó en el Banco de Venezuela hasta 2005, cuando aún estaba en manos del español Grupo Santander. Su experiencia le permitió ser reclutada por BPA, pero la relación laboral terminó en 2008. Las comisiones y retribuciones que BPA pagaba a Prieto por sus servicios eran abonadas en una cuenta abierta en la misma entidad.

Prieto no solo recabó información para la apertura de todas las cuentas venezolanas, sino que también facilitó la simulación de operaciones sin justificativos para efectuar transacciones hasta Andorra con la complicidad de la directora de BPA en Panamá, Cristina Lozano Bonet.

Un caso frecuente eran las transferencias declaradas como “permuta” o “traspasos” sin que se presentara la documentación que sustentaran las transacciones. Las pesquisas descubrieron que la red incluso creaba empresas fantasmas para encubrir las transacciones.

Cristina Lozano Bonet, ejecutiva de BPA Serveis en Panamá.

La jueza andorrana María Àngels Moreno Aguirre ordenó en 2010 la detención de la venezolana Mariela Milagros Prieto González, junto a los españoles Antonio Salvador Lozano, y la directora de BPA Serveis en Panamá, Cristina Lozano Bonet.

En Venezuela, Prieto aparece también como gerente de una empresa denominada Red Net 24 C.A., especializada en servicios de telecomunicaciones y con dos sedes: la primera en la urbanización El Marqués, en Caracas; y la otra en la población de Ocumare del Tuy, a 44 kilómetros de la capital venezolana. Esta empresa ha obtenido contratos de la estatal Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), según consta en el expediente del Registro Nacional de Contratistas (RNC), donde también figura como presidente su hermano Gustavo Enrique Prieto González.

El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) intentó contactarla por medio de llamadas telefónicas a su hermano, presidente de Red Net 24, pero este declinó hacer algún comentario sobre la vinculación de Mariela Milagros Prieto González con la Banca Privada d’Andorra.

Entretanto, la cuenta del ex comisario Norman Danilo Puerta Valera en la BPA, con 1,4 millones de dólares, continúa bloqueada.