“Dolarización acabaría con la inflación, pero implicaría la caída del salario”

La consultora advierte que el proceso le impediría al gobierno financiar el gasto público con dinero inorgánico. También significaría grandes sacrificios

Blanca Vera Azaf, El Nacional

El más reciente informe de la firma ODH Análisis Venezuela, señala que la dolarización de la economía en el país acabaría con la inflación, pero implicaría una fuerte caída del salario que pasaría a ser el segundo más bajo de América Latina después de Cuba.

La consultora explicó que dolarizar le impediría al gobierno financiar el gasto público con dinero inorgánico.

“La circulación de dinero en el país estaría atada a nuestras exportaciones y a posibles financiamientos externos. Sería el fin de la inflación y la economía venezolana se integraría inmediatamente a los mercados internacionales”.

Sostuvo que con una inflación de 68,5% en el 2014 y una tasa superior a 100% para el 2015, la dolarización podría ser un paso atractivo. Sin embargo, advirtió que es un proceso irreversible que requiere grandes sacrificios.

En principio habría que fijar una tasa de cambio única, para lo que se requeriría una devaluación que la firma califica de “devastadora”. El proceso también exigiría un ajuste de precios “en una economía desequilibrada”, lo que afectaría en gran medida “el bienestar de una sociedad que pasó de la bonanza petrolera más larga y onerosa de su historia a una economía pobre”.

ODH señaló que la dolarización significaría un salario mínimo de 52,7 dólares mensuales al cambio implícito de 127,98 bolívares por dólar. Este tipo de cambio se calcula con el nivel actual de reservas internacionales y el nivel de productividad y exportaciones del país, entre otras variables.

La consultora no tomó en cuenta el tipo de cambio del Sistema Marginal de Divisas ni el del mercado paralelo, porque sería imposible implementar la dolarización con esas cotizaciones.

Con este cálculo “el salario sería el segundo más bajo de América Latina después de Cuba. Si bien las tasas del Sicad o del Cencoex permitirían al país tener el mejor salario mínimo de la región, las reservas internacionales actuales no permitirían llevar un proceso de dolarización a esos tipos de cambio”.

Cambiar el bolívar

Añadió que dolarizar la economía con el nivel actual de reservas internacionales -que está en 17,7 millardos de dólares- conduciría a Venezuela a pasar de ser la quinta economía de América Latina a convertirse en la vigésimosegunda.

La firma también sugirió que adoptar el dólar como moneda única conduciría al reemplazo de todos los bolívares por dólares. Indicó que en la economía venezolana están en circulación 2,2 billones de bolívares.

“La pregunta clave sería a qué tipo de cambio se cambiarían todos los bolívares dentro de la economía y cuáles serían las consecuencias. Aunque los tres tipos de cambio oficiales varían significativamente entre ellos, dolarizar a cualquiera de estas tasas demandaría grandes sacrificios”.

Según ODH, cambiar todos los bolívares en circulación al tipo de cambio oficial de 6,30 bolívares por dólar significaría disponer de 364,2 millardos de dólares líquidos, “que Venezuela no tiene ni tendrá a corto o mediano plazo”.

Si fuese al cambio del Sicad de 12 bolívares por dólar se necesitarían 191,2 millardos de dólares, “que tampoco tiene el país ni tendrá pronto”. Si el tipo de cambio fuese el del Simadi de 197,9 bolívares por dólar se requerirían 11,5 millardos de dólares “que Venezuela podría tener si liquidará 65% de sus reservas internacionales”.

LOS 10 ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE TRABAJO (RNET)

José Javier García P., PricewaterhouseCoopers

El 7 de mayo del 2015, fue publicado en Gaceta Oficial N° 40.655 la Resolución N° 9.108 referente al Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) establecido en el artículo 519 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadores, donde se regula lo siguiente:

1) Están obligadas a inscribirse en el RNET todas las entidades de trabajo públicas, privadas, de propiedad social y mixta dentro de los 120 días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución en Gaceta Oficial. Las entidades de trabajo que ya están inscritas en el Registro Nacional de Empresas y Establecimientos deberán ingresar al RNET y actualizar sus datos dentro de los 90 días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución en Gaceta Oficial.

2) Para obtener el Certificado Electrónico del Número de Identificación Laboral (NIL), la entidad de trabajo deberá inscribirse en el RNET llenando la planilla correspondiente en el portal web http://www.mppst.gob.ve.

3) Para poder inscribirse en el RNET la entidad de trabajo deberá estar inscrita previamente en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (“IVSS”), el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (“BANAVIH”) y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (“INCES”).

4) Las entidades de trabajo deberá suministrar los datos de las plantas, sucursales o agencias que posea, al momento de su registro en el RNET. Si el inicio de las operaciones de estos establecimientos es posterior al proceso de inscripción ante el RNET, la entidad de trabajo deberá cargar los datos correspondientes dentro de los 15 días hábiles siguientes al inicio de operaciones. Igualmente, están obligadas a actualizar cualquier modificación en la información suministrada originalmente en el RNET, llenando la Solicitud de “Actualización de Datos de la Entidad de Trabajo”.

5) Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la culminación de cada trimestre del año calendario, las entidades de trabajo privadas deberán suministrar información relativa al desarrollo del proceso social de trabajo, las condiciones de trabajo, de salud y seguridad laboral, así como los datos de seguridad social, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.

6) La constancia de solvencia laboral la otorgará el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo mediante certificación electrónica emanada por el RNET.

7) Los órganos, entes y empresas del Estado sólo podrán celebrar contratos, convenios o acuerdos y cualquier tipo de actuación de carácter legal, financiero o contractual con los Representantes Legales de las Entidades de Trabajo privadas inscritas y solventes en el RNET.

8) La solicitud de la solvencia laboral podrá ser realizada por la entidad de trabajo o por cualquier interesado, a través del RNET. La consulta de la condición de solvencia que posea la entidad de trabajo será de carácter público y de libre acceso por parte de los órganos, entes y empresas del Estado, así como por las instituciones que conforman el sistema financiero público.

9) Cuando el sistema del RNET haga constar la condición de insolvente, se generará como consecuencia automática la revocatoria del Certificado Electrónico de la Solvencia Laboral emitido con anterioridad. Se establece que la situación de insolvencia será generada cuando la entidad de trabajo:

a – Incumpla una Resolución del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo o cualquier otro acto o decisión dictada por éste en el ámbito de sus competencias;

b – Se niegue a cumplir efectivamente la providencia administrativa o cautelar de reenganche, restitución de la situación jurídica infringida y pago de salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir, así como cualquier otra orden o decisión que dicte la Inspectoría del Trabajo en el ámbito de sus competencias;

c – Desacate cualquier ordenamiento realizado por los funcionarios competentes en materia de supervisión, inspección y fiscalización del proceso social de trabajo y de la seguridad social;

d – Incumpla cualquier ordenamiento o requerimiento dictado por el IVSS, el Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laborales (INPSASEL), el INCES o el BANAVIH.

e – Incumpla una decisión de los tribunales con competencia en materia del trabajo o la seguridad social;

f – No efectúe oportunamente el pago de las cotizaciones y demás aportes al Sistema de Seguridad Social;

g – Menoscabe los derechos de libertad sindical, negociación colectiva voluntaria o de huelga;

h – Incurra en cualquier otra causal prevista en las leyes, reglamentos, decretos y demás actos administrativos de efectos generales.

10) La condición de solvencia laboral podrá ser consultada directamente en el portal web www.mppst.gob.ve. Cuando una persona que tenga información de que alguna entidad de trabajo esté bajo la condición de solvencia, haya incurrido en algún hecho o irregularidad que pudiera generar la condición de insolvencia, podrá notificarlo al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, a través de cualquiera de sus unidades o por medio electrónico mediante los correos que a tal fin se dispongan en el portal web.

Aquí el texto completo de la Resolución: http://wp.me/p2i0kq-ZF

RESOLUCIÓN Nº 9.108 QUE REGULA EL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE TRABAJO (RNET)

Gaceta Oficial Nº 40.655 del 7 de mayo de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 30 de marzo de 2015

204°, 156º y 16°

RESOLUCIÓN N° 9.108

El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo,

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS,

según Decretos Nros. 729 y 818 publicados en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela Nros. 40.330 y 40.401, respectivamente, de fechas 9 de enero de 2014 y 29 de abril de 2014, en su orden, en ejercicio de la competencias establecidas en los numerales 1, 3, 19 y 27 del Artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 500, numeral 1, y 520 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en concordancia con lo dispuesto en los Artículos 40 del Decreto N° 1.612 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional y 13, 30, 31, 38, 45 y 53, numeral 1, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos;

CONSIDERANDO

Que el pueblo venezolano, en revolución bolivariana, bajo la dirección de nuestro amado Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez Frías, mediante referéndum, reconoció con rango constitucional al trabajo como proceso social fundamental para alcanzar los fines esenciales del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia,

CONSIDERANDO

Que a partir de ese reconocimiento constitucional, el proceso social de trabajo deja de ser la estrategia para la acumulación de capital en manos de la burguesía y se constituye en la estrategia fundamental para consolidar la libertad, la independencia y la soberanía nacional como esencia de la Patria; alcanzar la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo,

CONSIDERANDO

Que es deber del pueblo constituido en Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, adoptar las medidas necesarias para la correcta aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, para proteger, estabilizar y desarrollar el proceso social de trabajo, en función de la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan las necesidades de la población, mediante la justa distribución de la riqueza,

CONSIDERANDO

Que el Artículo 519 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, prevé que el Ministerio del Poder Popular del Proceso Social de Trabajo tendrá un Registro Nacional de Entidades de Trabajo, para llevar los datos en materia de trabajo y de seguridad social de todas las entidades de trabajo del país, y en el cual se hará constar todo lo referente a las solvencias laborales,

CONSIDERANDO

Que la Solvencia Laboral constituye un requisito indispensable para que los órganos, entes y empresas del Estado puedan celebrar contratos, convenios o acuerdos y cualquier tipo de actuación de carácter legal, financiera o contractual con los Representantes Legales de las entidades de trabajo en función de la estabilidad y desarrollo del proceso social de trabajo,

CONSIDERANDO

Que la gestión pública está al servicio del pueblo y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, debe simplificar sus trámites administrativos desarrollando sistemas automatizados que optimicen los tiempos de respuestas, en función de garantizar la satisfacción de las necesidades sociales.

RESUELVE

REGULAR EL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE TRABAJO

TÍTULO I

DEL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE TRABAJO (RNET)

Registro Nacional de Entidades de Trabajo

Artículo 1. El Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), es de carácter obligatorio para todas las entidades de trabajo del país públicas, privadas, de propiedad social y mixta. En el registro se llevarán los datos en materia de proceso social de trabajo y de seguridad social, y se hará constar todo lo referente a las solvencias laborales.

El registro dependerá administrativamente de la Dirección de Registro Nacional de Entidades de Trabajo adscrita a la Dirección General del Despacho del Ministro o Ministra. El funcionamiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) se realizará en forma automatizada, tendrá carácter único, público y obligatorio, para la consolidación y concentración de los datos que en materia de proceso social de trabajo y de seguridad social aporten las entidades de trabajo del país, cuya información servirá de base para la constancia de solvencia o insolvencia laboral.

Ámbito de aplicación

Artículo 2. Todas las entidades de trabajo del país públicas, privadas, de propiedad social y mixta establecidas en el Artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, están obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET).

Registro

Artículo 3. A los fines de efectuar la inscripción en el Registro, la entidad de trabajo llenará la planilla electrónica correspondiente a través del sistema automatizado del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), la cual estará disponible en el portal web del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo http://www.mpppst.gob.ve a fin de obtener el Número de Identificación Laboral (NIL), que se emitirá a través de un Certificado Electrónico.

Requisitos

Artículo 4. Para efectuar la inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), la entidad de trabajo deberá estar previamente inscrita ante las instituciones del Sistema de Seguridad Social, a saber: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (BANAVIH). Igualmente, deberá suministrar todos los datos e información sobre el proceso social de trabajo y seguridad social que le sea requerida por el sistema automatizado. Adicionalmente, se requiere la previa inscripción de la entidad de trabajo ante el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).

Validación

Artículo 5. El Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), validará, de manera inmediata, a través del sistema de interoperabilidad con los órganos y entes del Estado, la información suministrada por la entidad de trabajo que solicite su inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET).

Número de Identificación Laboral (NIL)

Artículo 6. El sistema de Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) generará de manera automática el “Certificado Electrónico del Número de Identificación Laboral (NIL)”, luego de validada la información suministrada por las entidades de trabajo.

Agencias, plantas o sucursales

Artículo 7. En el caso de que la entidad de trabajo posea agencias, plantas o sucursales, deberá suministrar los datos e información de cada una de ellas al momento de su registro. Si el inicio de las operaciones de la agencia, planta o sucursal ocurre con posterioridad al proceso de inscripción ante el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), la entidad de trabajo deberá cargar los datos correspondientes dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al inicio de operaciones.

Actualización del registro

Artículo 8. Las entidades de trabajo están obligadas a actualizar cualquier modificación en la información suministrada originalmente en el sistema automatizado del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), llenando la Solicitud de “Actualización de Datos de la Entidad de Trabajo”.

Declaración trimestral

Artículo 9. Las entidades de trabajo privada, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la culminación de cada trimestre del año calendario, deberá suministrar la información relativa al desarrollo del proceso social de trabajo, a condiciones de trabajo, de salud y seguridad laboral, así como los datos de seguridad social, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.

 TÍTULO II

DE LA SOLVENCIA LABORAL

Solvencia Laboral

Artículo 10. La solvencia laboral es el cumplimiento por parte de las entidades de trabajo de todas sus obligaciones a favor de sus trabajadores y trabajadoras y con los organismos encargados de recaudar las cotizaciones asociadas a los regímenes prestacionales del Sistema de Seguridad Social, así como el acatamiento de las órdenes e instrucciones destinadas a la protección del proceso social de trabajo emanadas de los órganos o entes públicos que consta el Registro Nacional de Entidades de Trabajo. La constancia de solvencia laboral la otorgará el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo mediante certificación electrónica emanada del sistema del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET).

Obligatoriedad de la Solvencia Laboral

Artículo 11. Los órganos, entes y empresas del Estado sólo podrán celebrar contratos, convenios o acuerdos y cualquier tipo de actuación de carácter legal, financiero o contractual con los Representantes Legales de las Entidades de Trabajo privadas inscritas y solventes en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo.

Certificado Electrónico de la Solvencia Laboral

Artículo 12. La solicitud de constancia de solvencia laboral será realizada por la entidad de trabajo o cualquier interesado a través del sistema del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), el cual estará disponible en el portal web del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST): www.mpppst.oob.ve.

La consulta de la condición que posea la entidad de trabajo será de carácter público, y de libre acceso por parte de los órganos, entes y empresas del Estado, así como por las instituciones que conforman el sistema financiero público.

Estatus solvente

Artículo 13. El sistema del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), una vez verificado el estado de solvencia en materia de proceso social de trabajo y de seguridad social de la entidad de trabajo, lo hará constar mediante certificación electrónica.

Estatus insolvente

Artículo 14. El sistema del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), cuando verifique algún incumplimiento de las obligaciones derivadas del desarrollo del proceso social de trabajo, en materia de condiciones de participación en el proceso social de trabajo, de salud y de seguridad laboral, así como de seguridad social por parte de la entidad de trabajo privada, generará de manera automática el estatus de insolvente. El sistema Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), indicará en pantalla la situación por la cual está insolvente la entidad de trabajo privada.

Situación de Insolvencia

Artículo 15. La situación de insolvencia será generada cuando la entidad de trabajo:

a) Incumpla una Resolución del Ministro o Ministra del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo o cualquier otro acto o decisión dictada por éste o ésta en el ámbito de sus competencias;

b) Se niegue a cumplir efectivamente la providencia administrativa o cautelar de reenganche, restitución de la situación jurídica infringida y pago de salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir, así como cualquier otra orden o decisión que dicte la Inspectoría del Trabajo en el ámbito de sus competencias;

c) Desacate cualquier ordenamiento realizado por los funcionarios competentes en materia de supervisión, inspección y fiscalización del proceso social de trabajo y de la seguridad social;

d) Incumpla cualquier ordenamiento o requerimiento dictado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); el Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laborales (INPSASEL); el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES); y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIT), en el ámbito de sus competencias.

e) Incumpla una decisión de los tribunales con competencia en materia del trabajo o la seguridad social;

f) No efectúe oportunamente el pago de las cotizaciones y demás aportes al Sistema de Seguridad Social;

g) Menoscabe los derechos de libertad sindical, negociación colectiva voluntaria o de huelga.

h) Cuando la entidad de trabajo incurra en cualquier otra causal prevista en las leyes, reglamentos, decretos y demás actos administrativos de efecto generales.

Modificación del estatus de solvencia laboral

Artículo 16. El sistema del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), cuando haga constar la condición de insolvente, generará como consecuencia automática la revocatoria del Certificado Electrónico de la Solvencia Laboral emitido con anterioridad. El Ministro o Ministra del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo a solicitud de un órgano o ente del Ejecutivo Nacional, por razones de interés público nacional, garantía, estabilidad y desarrollo del proceso social de trabajo, podrá otorgar, de manera temporal y excepcional, una dispensa de la Solvencia Laboral a aquellas entidades de trabajo que se encuentren insolventes, en cuyo caso se establecerán compromisos para que en un plazo perentorio la entidad de trabajo regularice su situación de insolvencia. Tal situación se hará constar en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNLT).

Consulta de la solvencia laboral

Artículo 17. La condición de solvencia laboral podrá ser consultada directamente en el portal web www.mpppst.qob.ve. Cuando una persona tenga información de que alguna entidad de trabajo que esté bajo la condición de solvencia, haya incurrido en algún hecho o irregularidad que pudiera generar la condición de insolvencia podrá notificarlo al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, a través de cualquiera de sus unidades desconcentradas territorialmente o por medio electrónico mediante los correos que a tal fin se dispongan en el portal web.

Desacato en materia de supervisión e inspección del trabajo

Artículo 18. Cuando la entidad de trabajo desacate las órdenes impartidas por los funcionarios o funcionarias competentes en materia de supervisión, inspección y fiscalización, relativas al cumplimiento de obligaciones derivadas del proceso social de trabajo y de la seguridad social, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST), hará constar de inmediato la situación de insolvencia en el sistema de Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET).

Desacato a las decisiones

Artículo 19. Cuando la entidad de trabajo desacate cualquier decisión definitivamente firme emanada de los tribunales con competencia en materia del trabajo o seguridad social, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST), hará constar de inmediato la situación de insolvencia en el sistema de Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET).

Subsanación

Artículo 20. La entidad de trabajo deberá subsanar la situación de insolvencia, a los fines de hacer constar la situación de solvencia en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET). Contra la negativa de emisión del Certificado Electrónico de Solvencia Laboral, el afectado podrá interponer los recursos previstos en la legislación vigente.

TÍTULO III

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIA Y FINAL

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA

Las entidades de trabajo inscritas en el Registro Nacional de Empresas y Establecimientos (RNEE) de conformidad con la Resolución N° 8.100, del 29 de noviembre de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.064 del 4 de diciembre de 2012, deberán ingresar al Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) a objeto de actualizar sus datos dentro de un lapso de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la publicación de esta Resolución.

SEGUNDA

Las entidades de trabajo establecidas en el Artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, están obligadas a realizar su inscripción dentro de los ciento veinte (120) días hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución.

TERCERA

La presente Resolución no deroga la Resolución conjunta emanada de los Ministerios de Energía y Minas (hoy Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería) y del Trabajo Nros. 034 y 2.203, respectivamente, del 1° de marzo de 2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.411, de fecha 25 del mismo mes y año, mediante la cual se dispuso que el entonces Ministerio del Trabajo (hoy Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo) certificará mediante solvencia, el cumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas transportistas de hidrocarburos inflamables y combustibles, a los fines de que éstas puedan ejercer actividades o celebrar contratos con las empresas distribuidoras mayoristas.

CUARTA

Queda encargado de la ejecución de la presente Resolución el Director o Directora General del Despacho del Ministro o Ministra del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Se deroga la Resolución N° 4.524, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.402, del 21 de marzo 2006, con reforma parcial de acuerdo a la Resolución N° 8.100 del 29 de noviembre de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.064 del 4 de diciembre de 2012 y la Resolución N° 4.525 del 22 de marzo de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.403 del 22 de marzo de 2006.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS, MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Según decretos Nros. 729 y 818 de fechas 09/01/2014 y 29/04/2014, gacetas oficiales Nros. 40.330 y 40.401 de fechas 09/11I/2014 y 29/04/2014.

Señor presidente ¿Por qué sus ministros se niegan a respondernos estas 20 preguntas?

Efraín José Granadillo, Aporrea.org

La preocupación, la incertidumbre, el desencanto y el acercamiento a la desesperación están haciendo mella en la población hace rato. Queremos respuestas, acciones contundentes, no queremos más discursos y retórica, exigimos que se nos aclare el panorama que bastante gris lo tenemos. ¿O miento?

Perder lo que alcanzamos con el comandante Chávez sería la tragedia de Sísifo.

Si la ultraderecha gana las elecciones parlamentarias por mayoría mínima entonces todo se habrá consumado, toda esperanza será ilusión y el país involucionará en picada, seríamos atrapados por la ley de entropía y de allí nunca se sale.

Usted ha dicho que el poder popular no está preparado para el ejercicio del poder pero no puede un pueblo tomar las riendas básicas de un gobierno si éste no se acerca a él.

Cada día la desilusión del chavismo crece y la oposición sonríe como la bestia que espera tranquilo a la presa para devorarla. Esa es la cruda realidad de los hechos. Que alguien me desmienta.

Nadie puede cerrar los ojos a la crispada situación socio política que vivimos. No se trata de buscar culpables sino de aplicar soluciones y con urgencia inmediata. Usted, señor presidente no lo puede hacer todo, para eso están sus ministros y altos funcionarios que le ocultan muchas realidades y que nosotros las conocemos tan claro como la luz del mediodía. Ellos no aclaran, no explican, no responden, no dialogan con el soberano.

Exigimos respuestas a estas interrogantes que nos mantienen en angustia diaria, en temor a perder lo que tanto esfuerzo le costó al presidente Chávez y al pueblo que lo apoyaba.

(1) ¿Qué pasa con los megaladrones del SITME-CADIVI que no son imputados ni señalados por su gobierno y mucho menos por la Fiscalía? Fueron más de 20.000 millones de dólares que son patrimonio de todos nosotros, no estamos hablando de menudencias.

2) ¿Por qué la Sundde no explica cómo un aparato de aire acondicionado pasó en un año de 3.000 Bs a 40.000 Bs? Y con ello van todos los electrodomésticos.

(3) ¿Por qué los policías, educadores y médicos(as) ganan un salario de hambre que no les permite laborar con eficiencia y muchos de ellos se vieron obligados a raspar tarjetas en el exterior para medio sobrevivir y hasta se fueron a vivir a otros países?

(4) ¿Por qué los gremios en general tienen que amenazar con huelgas porque no son escuchados por sus ministros?

(5) ¿Por qué las empresas básicas no son eficientes? ¿Por qué nadie nos explica lo que allí pasa?

(6) ¿Por qué no hay suficientes baterías y tenemos que hacer humillantes colas (amaneciendo en el sitio y víctimas de atracos nocturnos)

(7) ¿Por qué no conseguimos cauchos? Un importado lo venden a partir de 17.000 Bs, como diría un maracucho, ¡Na’GUEBONÁ! ¿Cómo compramos dos cauchos para nuestro carro?

(8) ¿Por qué hay escasez de repuestos de automóviles antes de la caída de los precios del petróleo y ahora es peor?

(9) ¿Por qué no se consiguen repuestos para los autos chinos si se supone que tenemos excelentes relaciones comerciales con los asiáticos? ¿Por qué tampoco hay repuestos para los electrodomésticos Haier? ¿Por qué no aplica el aumento gradual de la gasolina si el gobierno gasta millones de bolívares en propaganda sobre esa necesidad? ¿Cuál es el miedo?

(10) ¿Por qué se anuncia, tras bastidores, que se venderán carros Ford en dólares y sus funcionarios no lo desmienten ni  afirman semejante aberración?

(11) ¿Por qué se emite un decreto para explotar carbón en el Zulia que traerá consecuencias terribles al ambiente, a los ecosistemas del lugar, siendo que eso es contrario a una revolución seria?

(12) ¿Por qué no se castigan a los militares que permiten el grosero contrabando de gasolina y ahora de alimentos a la enemiga Colombia?

(13) Por qué el gobernador del Zulia no aplica la ley habilitante que usted promovió para decomisar alimentos básicos y otros rubros a buhoneros en los mercados populares y calles de Maracaibo y avenidas de toda la goajira? ¿Qué le pasa a ese señor que le tiene miedo a aplicar la autoridad y así se vuelve cómplice del delito?

(14) ¿Por qué todos los restaurantes y ventas callejeras tienen pollos a la venta y nosotros tenemos que pagar fortunas para conseguir uno de esos plumíferos? ¿Dónde está la autoridad?

(15) ¿Dónde están el café, la leche en polvo, el arroz, desodorantes etc? ¿Cómo sobrevivimos si los precios suben por el ascensor y el poder adquisitivo baja también en ascensor? Su gobierno debe actuar contra las mafias que controlan esos rubros y hasta los venden con descaro por las redes sociales.

(16) ¿Por qué debo ser militar para poder acceder a comprar un carro chino?

(17) ¿Dónde están los cuerpos de inteligencia?

(18)¿Dónde está el amor patrio?

(19)¿Por qué hay tanto miedo para ejercer la autoridad? Sobre todo, si los bandidos son opositores.

(20)¿Qué pasa señor presidente,  la revolución se está perdiendo día a día y no vemos acciones contundentes por parte de su gobierno?

¿Dónde están el “sacudón”, el “revolcón” y las tres R?

¿Qué denunciemos?

¡Estamos hasta la coronilla de hacer denuncias y las respuestas son pírricas!

¿Qué hacemos, señor presidente?, díganos algo demoledor.

La revolución está en picada y todos los revolucionarios lo sabemos. “El tiempo perdido hasta los muertos lo lloran”.

El reality show de la “casa-cárcel” de Bolívar

En la sede de la contrainteligencia militar de Ciudad Bolívar conviven, a su pesar, buena parte de los acusados por los más sonados casos de corrupción en Guayana. Comparten los espacios de esta casa, a solo tres cuadras del penitenciario de Vista Hermosa, los imputados por el comercio furtivo del hierro de Ferrominera. ¿Cómo llegaron a estar juntos? Un melodrama de la justicia venezolana.

Clavel Rangel, Armando Investiga

No se trata de una casa cualquiera. Detrás del muro de dos metros de altura, amarillo y verde, sin ventanas ni identificación en la avenida Angostura de Ciudad Bolívar (antigua Angostura, capital del estado Bolívar, sobre la margen sur del río Orinoco, sureste de Venezuela), duerme todas las noches el ex presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh.

Allí también lo hace uno de los empresarios más prominentes de Guayana, Yamal Mustafá, conocido por el florecimiento de sus negocios bajo la égida del gobernador Francisco Rangel Gómez, amigo de ambos.

Junto a Mustafá permanece Numa Rojas, el ex alcalde de la ciudad de Maturín (capital del estado Monagas, oriente de Venezuela) y ex dirigente regional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que en diciembre de 2013 fue acusado por el Ministerio Público por supuestos actos de corrupción solo después de que decidiera distanciarse del partido progubernamental y lanzarse como candidato independiente a la gobernación de Monagas.

Sonriendo juntos en 2011, ni el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, ni el expresidente de Ferrominera, pensaron que las cosas cambiarían. Foto: William Urdaneta.

Bienvenidos al más vistoso, pero menos visto, reality show del estado Bolívar. Como si se tratara de un proyecto al estilo de Gran Hermano, en una misma vivienda quedaron agrupados –no es el caso de Numa Rojas– miembros de bandos distintos del elenco de un mismo drama: los señalamientos de corrupción en el manejo de Ferrominera Orinoco, extractora y comercializadora de mineral de hierro, uno de los bastiones del complejo siderúrgico de la industria pesada en la vecina Puerto Ordaz, a unos 100 kilómetros al este de Ciudad Bolívar.

No hay constancia pública de que cámaras de televisión graben día y noche lo que pasa en el interior de la casa. Lo que sí es seguro es que la casa, que está en la urbanización Vista Hermosa y a la que solo tres cuadras separan de la prisión homónima, guarda muchas comodidades imposibles en el cercano Centro Penitenciario de Ciudad Bolívar –su nombre oficial–.  Sirve de sede en la capital bolivarense a la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y, por vía de los hechos, tiene que hacer las veces –en estos tiempos de vendettas políticas– de la cárcel militar de Ramo Verde o el cuartel general del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en Caracas: aloja a presos célebres.

La conversión de la central de inteligencia local en reclusorio de famosos empezó en junio de 2013.  Un secreto a voces, el de la presunta comercialización furtiva del mineral de hierro producido por la estatal, por parte de una red de individuos, estalló ese mes en manos del propio presidente de la República, Nicolás Maduro, como una bengala propicia para guiar su recién anunciada cruzada contra la corrupción.

“Sea quien sea, tenga el cargo que tenga, ¡voy a fondo, con todo, contra los corruptos!”, decía eufórico el sucesor de Hugo Chávez, electo para la presidencia apenas dos meses antes, en cadena nacional desde el estado Trujillo.

“Las investigaciones bien conducidas nos llevaron primero a destituirlo (…) Está involucrado en mafias por todos lados en las empresas básicas”, dijo Maduro sobre Radwan Sabbagh, entonces presidente de Ferrominera.

“Es inaceptable que se le dé a esta gente, a un funcionario, que se le dé toda la confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas que le pertenecen al pueblo de Venezuela”, sentenció de antemano.

Fue así como Sabbagh y cuatro integrantes del equipo gerencial de la empresa –entre ellos, dos mujeres–, junto con el empresario Mustafá –presunto cómplice en el esquema de comercialización paralela– , cayeron en desgracia con el poder y tras las rejas.

Según testimonios, los primeros días de reclusión de los antiguos ejecutivos no fueron fáciles. Las comodidades fueron llegando solo según la estadía se extendía, y así fue cómo consiguieron las camas, los aparatos de aire acondicionado y, más pronto que tarde, los teléfonos celulares, la conexión a internet y hasta unas máquinas de hacer ejercicio.

Cazador cazado

No tuvo la misma suerte otro de los protagonistas de la historia, el coronel del ejército y oficial de Contrainteligencia, Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias El Tiburón, quien estuvo a cargo de las pesquisas que pusieron tras las rejas a los dos primeros y, aún antes, al llamado Rey de la Cabilla.

Nadie sabe exactamente qué pasó para que, dos años después de su llegada entre vítores a Guayana, aquel hombre cuarentón, alto, moreno, y de porte marcial, tras ser aclamado como héroe terminara como cazador cazado y en la misma celda junto a quienes comenzó a investigar.

Maduro denunció al presidente de Ferrominera en junio de 2013, en aquellos días que se estrenaba al frente del poder Ejecutivo con la bandera de la lucha anticorrupción. Video: Youtube/Luigino Bracci Roa. https://www.youtube.com/watch?v=iKe-EglXRyA

Los detalles de esta parábola se conocieron por el expediente Nº 47 16.156 – 13 que entonces reposaba en el Juzgado Cuadragésimo Séptimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y que, para junio de 2013, un informante entregó al diputado de la Asamblea Nacional, Andrés Velásquez.

Los relatos impresos en esos documentos revelan un daño patrimonial por más de 1.113 millones de dólares y en consecuencia, una red de extorsión que a cambio de silencio, movió montos superiores a los 23 millones de dólares a cuya cabeza estaba El Tiburón.

Álvarez llegó a Guayana en 2011 con una misión propia de un Elliot Ness. Tenía que investigar la hasta entonces inexpugnable “mafia de las cabillas” que mortificaba al Gobierno Nacional, pues minaba el rendimiento de una de las principales empresas básicas del Estado y mermaba la distribución de un insumo esencial para la construcción de los grandes proyectos de viviendas que el Ejecutivo patrocinaba.

Como resultado de las pesquisas de Álvarez, quedó detenido Luis Velásquez, director de comercialización de Sidor (Siderúrgica del Orinoco, principal transformadora de hierro en el país, de propiedad estatal) y presidente de las comisiones de transición de las empresas Orinoco Iron y Matesi, amigo cercano del Gobernador del estado Bolívar, el ex general del Ejército Francisco Rangel Gómez. A Velásquez se le acusó de comandar una red paralela de venta de las cabillas producidas por la empresa estatal.

La detención de Velásquez –quien desde entonces pasó a ser conocido por la opinión pública con el mote de El rey de la cabilla– abonó la fama del coronel Álvarez como investigador recio y eficaz.

“El que tenga pruebas, hermano, que las presente; que no hablen tanta paja. Sencillamente, que las presenten. Es un compatriota nuestro, es parte del partido (PSUV), es un amigo nuestro y seguirá siéndolo”, sorteó Rangel Gómez al ser consultado por la prensa sobre las acusaciones contra Velásquez que amenazaban con salpicarlo.

Velásquez, que pasó un tiempo prisionero en las celdas de la DGCIM en el sector Boleíta Norte de Caracas, a la postre quedaría libre. Sin embargo, en esa oportunidad, su reclusión lució como un emblema de una campaña anticorrupción que esta vez sí partía en serio y que tenía en el coronel Álvarez Dionisi su campeón.

Antes de enrolarse en esa cruzada, Álvarez Dionisi había figurado como secretario privado del Gobernador del estado Carabobo (centronorte de Venezuela) entre 2004 y 2008, el ex general de la Guardia Nacional Luis Felipe Acosta Carlez. El coronel llegó a sonar como posible candidato oficialista a la Alcaldía de Valencia (capital de Carabobo) en 2008.

Pero en algún momento la trayectoria del paladín se torció. Después de sus éxitos investigando Sidor, puso bajo su radar los negociados en el sector inmobiliario de Ciudad Guayana y en Ferrominera. El punto de quiebre pudo haber sido el mismo año 2011. Entonces, según el expediente, ya extorsionaba a los sospechosos de irregularidades, en lugar de presentarlos a la justicia.

Siempre según los documentos filtrados, uno de los primeros a los que Álvarez llamó para plantear el chantaje fue al abogado y empresario Yamal Mustafá, contratista de la gobernación del estado Bolívar.

Asuntos internos

El diputado de la oposición, Andrés Velásquez. denunció en 2013 una mafia que comenzaba en la Gobernación del estado Bolívar y llegaba hasta Ferrominera y otras empresas básicas. Video: Youtube/reporterodc. https://www.youtube.com/watch?v=zuuFeaVoCbQ

Me increpó diciéndome que por yo ser amigo del gobernador (Francisco) Rangel, estoy señalado en un organigrama, que me mostró, donde aparecía, además de otras personas, mi nombre”, sale Mustafá declarando a la DGCIM.

Mustafá, abogado de origen palestino, ha sido conocido en Ciudad Guayana por su empresa de alimentos Corporación de Alimentos Brindisi (Corpobrica) y, más recientemente, por su papel de editor de medios al frente del diario Primicia, creado en 2011.

El diputado Andrés Velásquez ha denunciado de forma activa el rol clave de Mustafá en el entramado que controlaba los contratos de servicios otorgados por la gobernación local.

Tanto que, en julio de 2013, puesta ya a la luz la olla de Ferrominera, el diputado opositor entregó a la Fiscalía documentos que mostraban cómo las empresas de la familia de Mustafá habían acaparado obras y servicios, que iban desde la entrega de canastillas hasta tickets de alimentación para los empleados regionales a través de la empresa Credilab.

A cambio de su silencio, testimonió Mustafá, El Tiburón le pidió un millón de dólares que, aunque no los pagó, “quedó la amenaza de que en cualquier momento me involucraba en este caso o en cualquier otro, ya que soy un empresario conocido en la región”.

El caso de las cabillas tenía especial importancia, pues, según Mustafá, “los medios de comunicación de la región, afectos a la oposición, pretendieron involucrar al ciudadano Gobernador del estado Bolívar y su familia, el cual evidentemente no estaba involucrado en el escándalo que produjo la investigación”.

Los pagos que el coronel exigió se extendieron hasta el sobrino de 27 años de Mustafá, Manuel, propietario de las empresas Consorcio Ferromineral LLC, Metals Alloys LLC, Muszam Investment INC, DMG Audio, C.A y Gremaca –registradas en Venezuela y en el estado de Florida, Estados Unidos–, todas clientes de Ferrominera Orinoco, recién creadas ese año y con razones sociales tan diversas como decoración de interiores hasta importación y exportación de material ferroso.

En determinado momento, los intercambios telefónicos entre el coronel Álvarez y el empresario se hicieron tan frecuentes que les pareció preferible encontrarse en persona. Las reuniones tuvieron lugar en Puerto La Cruz (estado Anzoátegui, noreste de Venezuela) y Puerto Ordaz, en la casa de Mustafá.

Al mismo tiempo, la persecución  de Álvarez Dionisi se hacía “agobiante” para el entonces presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh Achkar, quien desde 2006 permanecía en el cargo.

A Álvarez Dionisi lo llamaban El Tiburón y, aunque se movía como pez en el agua en los órganos de inteligencia del Estado, terminó como un cazador cazado.

Cuando otros gerentes entraban y salían de la dirección del atribulado grupo de fábricas del complejo ferrosiderúrgico, Sabbagh era referencia por su estabilidad y por ser el anfitrión favorito del fallecido líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en sus visitas a Guayana.

Algunos atribuían su estabilidad a su relación con el gobernador Rangel Gómez, con quien trabajó en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el 2002.

Sabbagh dijo haber conocido a El Tiburón por una llamada del abogado Gustavo Blanco, asesor de la empresa Comodities Minerals Enterprisde (CME), propiedad del empresario Tyrone Serrao, y entonces cliente de Ferrominera Orinoco.

Según el testimonio de Sabbagh, Blanco le llamó para decirle que estaba en Puerto la Cruz con Mustafá y que “se encontraron con una persona del DIM y que esa persona hablaba de una supuesta mafia del hierro”, dijo en su declaración a la DGCIM el 8 de mayo de 2013, a las 5:30 de la tarde.

En su teléfono le mostró fotografías del organigrama de la supuesta mafia del hierro. “Le pregunté (a Gustavo Blanco) de dónde conocía él a ese coronel y él me respondió que él junto a Yamal eran abogados de Luis Velásquez, que había sido detenido meses antes por el caso de las cabillas y me dijo que Álvarez fue quien había llevado a cabo esa investigación”.

Sabbagh dijo estar dispuesto a reunirse con el coronel pero, según su testimonio, Blanco le dijo que El Tiburón sólo se reuniría con él en la casa de Mustafá.

“A finales del mes de noviembre de 2011 recibí la llamada de que ese día, a las cinco de la tarde, me debía dirigir a la casa del abogado Mustafá a reunirme con El Tiburón (…) fui guiado por teléfono por el propio abogado Yamal Mustafá, entré a su residencia y en la parte de atrás me esperaba el coronel Álvarez Dionisi”.

Sabbagh y El Tiburón quedaron solos. Conversaron por largo rato hasta que el coronel se levantó, agarró una mochila, se puso la gorra e intentó salir.

“El abogado Yamal Mustafá, que se encontraba afuera de la sala, al ver que el coronel se marchaba preguntó si todo estaba bien pero el coronel respondió que pronto vendría una comisión a buscarme. Mustafá intercedió para hacerle entender al coronel Álvarez que eso no era conveniente, con lo cual el coronel volvió a sentarse en el mismo sillón”.

El Tiburón habló a Sabbagh sobre el organigrama de la mafia del hierro y el barco con droga que se encontraba en el puerto de Ferrominera Orinoco “y yo le dije que fue la propia Ferrominera quien realizó la denuncia sobre esa droga”, relató el ex presidente.

En ese encuentro el coronel les pide 20 millones de dólares para no generar “un escándalo” similar al de las cabillas. Pidió papel y lápiz y sobre un pedazo de cartón escribió el número 20 y luego lo quemó por seguridad.

“Yo le dije que todo eso era mentira, que era chisme (… ) me respondió con una mirada fría que nunca olvidaré y me dijo textualmente: ‘es más difícil demostrar la inocencia preso que en libertad'”.

Sabbagh accedió a pagar por temor a que tuviese alguna repercusión política, pues se le asociaba con Rangel Gómez y con el Gobierno. “Me fui a mi casa sin saber muy bien que es lo que iba a hacer y con ese gran sentimiento de impotencia de temor por lo que había pasado, pensé en cómo habían actuado en la zona cuando se llevaron a Luis Velásquez, el cual tenía dos meses preso sin juicio y en ese momento mi único hijo tenía diez meses de nacido. Pensé que el mundo se me venía encima”.

Así que consiguió el dinero a través de las empresas CME y Duferco que, a su vez, depositaban a las cuentas de Mustafá. “Le manifesté mi conformidad con el único propósito de solventar el problema con Manuel Mustafá”, declaró el empresario.

Radwan Sabbagh, ex presidente de Ferrominera, hoy permanece preso en la sede de la contrainteligencia militar del estado Bolívar. Foto: Antonio García Jr.

Fue así como suministró una cuenta en Barbados a nombre de Logistic Trading and Services LTD para que los clientes hicieran sus depósitos y posteriormente él hiciera las transferencias al destino indicado por el coronel; la misma cuenta en la que, según la denuncia del diputado Velásquez a la Fiscalía, se pagó la compra de unos autobuses de la Gobernación de Bolívar por una triangulación financiera.

De acuerdo al testimonio de Yamal Mustafá, de sus cuentas se hicieron 12 transferencias en dólares a Nueva York, Canadá y Florida, así como 27 operaciones en bolívares entre transferencias y dinero en efectivo; un total de poco más de 4,4 millones de dólares y 2,5 millones de bolívares.

Pero en 2012 y ya harto de la situación, Sabbagh denunció la extorsión al entonces presidente de la CVG,  Rafael Gil Barrios, al mayor general Cliver Alcalá y finalmente al general Hugo El Pollo Carvajal, quien se desempeñaba como director de la DGCIM.

Otros recién incorporados a la cartera de clientes fueron sobornados por el coronel, quien, con carpeta en mano y con el caso de las cabillas fresco, amenazaba a empresarios y gerentes.

Ante cualquier contratiempo, Álvarez Dionisi contactaba con Mustafá y con Carlos Vieira (de la empresa Viherca) y éste a su vez con el presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, quien hacía los contactos y resolvía con los clientes el pago.

Con este mismo procedimiento el representante de la empresa Corinsur, Douglas Flores, accedió a pagar un dólar por tonelada de mineral despachado por Ferrominera Orinoco, aunque la  aspiración de Álvarez –dijo Flores a las autoridades– era conseguir cinco dólares por tonelada.

Según Flores, el coronel insistía diciéndole, “te meto preso y después averiguo, es mejor defenderse afuera que defenderse preso”. Fue así como accedió a pagar 800.000 bolívares. El dinero viajó en una caja desde el aeropuerto Manuel Carlos Piar de Puerto Ordaz.

Los favores que recibía Álvarez iban desde entrega de equipos de computación, cajas llenas de dinero, transferencias y, según Néstor Moreno, quien trabajaba con el coronel desde el caso de las cabillas, en la última campaña electoral le depositaron “300 mil bolívares para hacer los bigotes para la campaña del actual presidente de la república”.

Otros funcionarios, como el ex gerente de comercialización y ventas de Ferrominera Orinoco, Juan Aníbal Vásquez, pagaron dos millones de dólares a través de “contactos internacionales” y su asistencia a la empresa Miami Trust.

Final del casting

A pesar de la abundancia y aparente solidez de los testimonios, el Ministerio Público solo imputó al coronel Álvarez Dionisi y tres presuntos cooperadores en la extorsión –Carlos Viera, Carlos Martínez y el primer teniente de la Guardia Nacional, Néstor Arturo Nieves.

De acuerdo con el expediente del caso, en Ferrominera hubo una serie de ilícitos que suman daños patrimoniales por al menos 1.113 millones de dólares. Foto: Anibal Barreto.

Mientras que por el desvío de una partida presupuestaria de 295 millones de bolívares, a Radwan Sabbagh y cuatro gerentes más, entre ellos dos mujeres.

Los primeros meses los imputados estuvieron detenidos en la sede del Sebin en Caracas. Allí estrenaron la célebre celda llamada La Tumba, según se denuncia en una solicitud de amparo presentado por los abogados de El Tiburón en 2013.

En esa celda se somete a los presos a aislamiento total, supervisión de 24 horas por circuito cerrado de televisión y bajas temperaturas.

Además de esos rigores, siempre según la denuncia, al coronel se le privó el acceso a los medicamentos que regularmente se le administraban para combatir un cáncer de piel que sufría en la cara. Carlos Viera, el joven ejecutivo de Viherca, en esas condiciones intentó quitarse la vida durante 2013.

Apenas el pasado 23 de abril se celebró la primera audiencia preliminar del juicio, y mientras Álvarez Dionisi sigue preso en la sede de Ramo Verde, el resto de los actores siguen en esa cárcel  especial de Ciudad Bolívar.

Casi en simultáneo, el proceso por las irregularidades en Ferrominera mostró un primer resultado: las exgerentes María Acosta y María Rodríguez  se declararon culpables del desvío de una partida presupuestaria, y el 30 de abril el Tribunal 9º de Control del Área Metropolitana de Caraca les condenó a cinco años de prisión, de los cuales ya han pagado dos. Se les acusó de los delitos de peculado doloso y malversación agravada.

El ex gerente técnico de Operaciones, Ángel Ramón Campero Franco, también admitió responsabilidad por la comisión de los delitos de peculado doloso propio, en grado de cooperador y en poco menos de 12 meses saldrá en libertad.

Sabbagh y el consultor jurídico, Noel Ramírez, eligieron otro camino y mientras esperan su juicio buscan que se les rebaje la pena para admitir los hechos, como al resto de los imputados.

Al expresidente de la estatal se le acusa de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación y concertación de funcionario público con contratista.

No es el caso del empresario Yamal Mustafá, a quien el tribunal de control le dio una medida de sobreseimiento luego de no encontrar elementos para mantenerlo preso la misma noche del 30 de abril, cuando todos fueron presentados en el Tribunal 9° de Control. La decisión, sin embargo, no se tradujo en su libertad pues los fiscales apelaron y minutos después exigieron una suspensión de la medida.

Esa es la razón que ha mantenido a Mustafá en las dos últimas semanas en Caracas, esperando la decisión de la Corte de Apelaciones. En el rotativo que dirige, el diario Primicia, han publicado un editorial titulado “La Doctrina de la Real Malicia y el Juicio Paralelo”, en la que defienden la sentencia y enfilan baterías contra el diario Correo del Caroní, el único medio impreso del estado Bolívar que ha reseñado los pormenores del caso desde 2012.

Ahora en espera obligada con Álvarez Dionisi, su alegado extorsionador, Mustafá, Sabbagh y el propio coronel siguen aguardando para saber quién de ellos quedará nominado para la eliminación y quién seguirá formando parte de la vecindad. Hagan juego, señores.

La verdadera dimensión de la escasez en Venezuela

Daniel Pardo, BBC Mundo

No es que no haya papel higiénico en Venezuela. Sino que es difícil de conseguir. Muy difícil.

“Así nos toca ahora: pararnos como mendigos a esperar que llegue el camión y nos diga qué trae“, dijo Lina Fernández ofuscada pero orgullosa porque aseguró que no le importa decir lo que piensa.

Cuando llega el camión tres horas después de inaugurada la fila, todos miran hacia el vehículo como si viniera una personalidad famosa. Especulan sobre sus características, a ver si adivinan qué trae. Se dice de todo: es aceite, es cloro, es jabón.

El conductor –sudado, risueño, emocionado– grita “¡azúcar!”, como quien imita a una famosa cantante de salsa.

La gente, aliviada, suspira: todo indica que no van a volver a casa con las manos vacías.

El día a día de muchos venezolanos: andar de un sitio en otro buscando productos básicos.

Hay que ver para entender

La escasez es de esos fenómenos macondianos de Venezuela que no se entienden hasta que no se ven.

A quien no ha vivido la escasez en este país le podría dar la impresión de que acá hay de todo, a juzgar por los anaqueles de los supermercados que en su mayoría están abarrotados de productos: verduras, pastas, licores, lo usual.

Pero esa impresión será impugnada cuando el desentendido busque comprar uno de los 42 productos cuyos precios están regulados por el Estado: productos -como aceite de cocina, leche o jabón- por los que los venezolanos están dispuestos a hacer muchas cosas, entre ellas horas y horas de fila.

El que mira desde fuera puede pensar que, por haber escasez de productos de primera necesidad, el venezolano está pasando hambre. Pero se sorprenderá cuando vea que en la mayoría de las casas, ricas o pobres, muchos de esos productos están en las neveras, alacenas y platos de comida.

Cuando narran un cuento, los venezolanos suelen usar esta expresión para reforzar su credibilidad: “Eso yo lo vi, no me lo contaron“.

El venezolano no parece sorprenderse cuando relata estas contradicciones de la escasez, porque las ve todos los días. Pero para quien no está familiarizado con ella, son fenómenos que no se terminan de entender, porque se los están contando.

Para este reportaje BBC Mundo intentó entrevistar al superintendente de precios justos, Andrés Eloy Méndez, y al ministro de Alimentación, Carlos Osorio, dos autoridades en el campo del consumo y la distribución de productos. Pero no obtuvimos respuesta.

El ir y venir de la compradora

Marta* no necesita hacer mercado, porque tiene todo lo que necesita en su casa. Pero cuando baja de su hogar en el empinado barrio popular de Petare en el este de Caracas revisa con una meticulosa mirada la situación en los diferentes supermercados y farmacias por las que pasa.

También estudia las bolsas de la gente que lleva productos: les pregunta qué consiguieron, dónde y cuánto quedaba. Son datos muy preciados por estos días en las calles venezolanas. Marta –madre de dos niñas– no compra por necesidad, sino por oportunidad. “Alguna vez compré aceite de oliva sin saber para qué servía porque la gente se lo estaba rapando porque dizque estaba barato”, recordó.

“A veces tienes que hacer una cola para el turno de comprar y otra para pagar, cuando lo más usual ahora es que encuentres solo un producto (regulado) por supermercado y tengas que ir a varios”, explicó, mientras bajaba las desiguales escaleras de Petare.

Productos regulados en Venezuela: aceite, granos, jugos de frutas, pasteurizados, azúcar, café, víveres varios, pollo, carne de res, compotas, carne de cerdo, leche, enjuagues para el cabello, quesos, pan, agua, mineral, pasta, cereales, jabón de baño, arroz, sorgo, suavizantes, enjagues para la ropa, maíz, harina de maíz precocido, crema dental, pescados, champú para el cabello, desodorante, pañales para bebé, papel higiénico, máquinas de afeitar, limpiadores, cloro, jabón para lavar para platos y ceras para pisos (Esta lista incluye productos genéricos. Hay productos que aparecen como regulados en unas presentaciones y en otras no).

Según Datanálisis, cada semana los venezolanos van en promedio a cuatro supermercados distintos y dedican cinco horas a las compras. Por eso Marta tiene una red de conocidos y familiares con los que se comunica varias veces al día a través de llamadas y mensajes de texto para intercambiar los datos del qué, el dónde y el cuándo.

También conoce varios trabajadores en supermercados que le proveen esa información a cambio de unos bolívares, pero ese recurso lo usa en casos extremos: cuando solo le queda papel higiénico para una semana y no encuentra dónde comprarlo, por ejemplo. “Son trucos para hacer menos cola“, concluyó.

Es difícil entrar a una casa en Venezuela donde no haya una caleta de productos. Acá la de Marta.

La “obsesión” de la escasez

Encontrar productos es para Marta una razón para levantarse de la cama por las mañanas, admitió: “Es que se ha vuelto como una obsesión“.

El desabastecimiento, en primer lugar, y la inflación, en segundo, desplazaron en recientes encuestas a la inseguridad –que hace de Venezuela el segundo país más violeto del mundo– como el problema que más preocupa a los venezolanos.

“En términos generales, en el preciso instante en que tú dejas de poder encontrar un producto lo vuelves más preciado de lo que lo considerabas antes”, contó a BBC Mundo el psicólogo estadounidense Eldar Shafir, autor de “Escasez: por qué tener tan poco significa tanto”.

“Piensa que es como una obra de arte que fue robada y cuando la encuentran su precio es tres veces mayor”, argumentó.

“Cuando no consigues algo, se convierte en un reto que cautiva tu atención, hasta el punto de obsesionarte con eso y hacerte sacrificar las cosas que se quedan en la periferia, como hacer ejercicio o jugar con tus hijos“, concluyó el psicólogo conductista.

Los supermercados no ponen los regulados en los anaqueles: saben que se acabarán rápido así que los ponen en los pasillos.

La emergencia del bachaqueo

Marta, sin embargo, es casi una excepción: según Datanálisis, el 65% de las personas que hacen fila en Venezuela son revendedores, los abastecedores del cada vez más arraigado mercado negro venezolano.

La consultora estima que en el 80% de los supermercados en el país hay escasez de los productos básicos, mientras que en los hogares el índice es de 23%. Y esto se da cuando empresas que venden los alimentos regulados –por ejemplo, Empresas Polar, productora de la harina precocida de maíz para las arepas, entre otras cosas– dicen haber hasta duplicado su producción.

“Es que si tú divides lo vendido por el total de la población, tienes abastecimiento pleno“, explicó Luis Vicente León, economista y presidente de Datanálisis.

“Pero lo que tenemos es una distorsión en la compra que se refleja en esta emergencia de mercados informales”, aseguró.

Hay lugares de Caracas, como la caótica y colorida redoma de Petare, donde se pueden encontrar con facilidad todos los productos regulados, por varias veces el precio.

El gobierno ha impulsado diversas políticas para controlar la venta -entre ellas turnos por el número de cédulas y captadores de huellas digitales en las tiendas- con las que tiene pautado acabar con la escasez a mediados de agosto, según anunció el presidente, Nicolás Maduro.

Sin embargo, para los economistas críticos del gobierno más control no va a detener la emergencia del llamado bachaqueo, la forma coloquial que usan los venezolanos para hablar de contrabando, en referencia al bachaco, una hormiga culona oriunda de Venezuela y Colombia que se lleva las cosas de un lado a otro.

A veces hay que hacer una cola para el turno, otras para tomar el producto y una más para pagar.

El creador de soluciones

Fernando* y Jimena* son dos de estos revendedores.

En una pequeña moto de fabricación china y dotados de tres celulares cada uno, recorren la ciudad de este a oeste para comprar y vender productos regulados. O, como dicen ellos, “para crear soluciones”.

Jimena es una estilista que viajaba de casa en casa arreglando, maquillando y vendiendo algunos productos de belleza que lograba importar. “Yo, para ese momento, tenía a mi hija de 2 años y cuando empezó la escasez, yo sabía lo que se venía, así que le compré una caleta (reserva) para muchos años”.

“Cuando me di cuenta de que mi caleta era la envidia de todas mis clientes, y de que muchas personas necesitaban los productos más que yo, decidí empezar a hacer trueque por las cosas hasta que terminé convirtiéndome en bachaquera”, explicó.

Aunque el desabastecimiento en Venezuela es sobre todo de alimentos y medicinas, hay objetos como los repuestos para los carros o las planchas de ropa, que escasean con frecuencia. También puede ocurrir que un día, de repente, no haya chocolate.

Pero Jimena, orgullosa, asegura que consigue “lo que sea”. “Porque tengo contactos con los supermercados, con los árabes, con la Guardia Nacional”, explicó.

Los bachaqueros pueden tener ganancias de hasta 1.000% de la inversión, pero, según Jimena, la cantidad de dinero que cada vez más tiene que pagar en sobornos ha hecho que sus dividendos se reduzcan.

Se estima que los venezolanos pasan en promedio entre cinco y 12 horas haciendo fila a la semana.

Por qué hay escasez

No todos los venezolanos ven el contrabando de la misma manera: unos lo consideran el origen de la escasez, otros una consecuencia más.

Eduardo Samán, un químico descendiente de sirios, es uno de los chavistas que más ha estudiado el fenómeno de la escasez: fue director del instituto que defiende a los consumidores (en ese entonces conocido como Indepabis) y ministro de Comercio durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez.

Para él, así como para muchos de los partidarios del oficialismo, la causa de la escasez es una guerra económica que se manifiesta en prácticas como el contrabando, el acaparamiento de productos y la especulación de precios.

“El origen de la escasez se da cuando empresas productoras empiezan a esconder los productos para, primero, presionar por un aumento de precios y así tener mayor rentabilidad, y segundo, para perjudicar al gobierno de Chávez”, dijo.

Venezuela en este momento tiene las toneladas necesarias para abastecer al pueblo, pero hay un problema en la distribución, que está en manos de empresas que actúan a manera de cartel y buscan afectar al gobierno“, sostuvo.

Recientemente, la fiscal general, Luisa Ortega informó que 1.711 personas han sido detenidas en lo que va de este año por “desestabilizar la economía” a través de delitos como contrabando o acaparamiento. Y medios oficialistas reportan casi a diario incautaciones de cientos de toneladas de productos regulados que esperaban ser contrabandeados o escondidos, según las informaciones.

Pero economistas y ciudadanos críticos del gobierno no creen que esta suerte de conspiración sea el origen de la escasez.

El economista Ángel Alayón, quien en la revista de ideas digital Prodavinci ha escrito diferentes ensayos sobre el tema, dice que una de las principales causas de la escasez es el control de precios.

“Cuando tú impones precios que están por debajo del valor establecido por la oferta y la demanda, vas a tener una sobre demanda y una caída en la oferta, acá o en cualquier país del mundo”, opinó.

“Yo no dudo de que hay compras nerviosas y bachaqueros, pero estos fenómenos son consecuencias de la escasez, no causas”, dijo.

Además de turnos, en Venezuela se usan captahuellas para controlar la compra de la gente.

El control de precios ha sido lo que en parte le ha permitido al gobierno socialista quebrar los índices de subalimentación que registraba el país hace 20 años, una política que ha sido celebrada por organizaciones internacionales como la ONU.

Pero –según Alayón­– con una de las inflaciones más altas del mundo, “los costos suben a un ritmo muy superior que los precios regulados, hasta el punto de que producir no es rentable o ni siquiera alcanza para cubrir los costos“.

Pero además de esto, añade, la escasez en Venezuela tiene que ver con la baja producción de empresas que fueron nacionalizadas por el Estado durante el gobierno de Chávez, que según reportes oficiales son financiadas por el fisco nacional.

“Mira el caso de Lácteos Los Andes, una empresa que antes de ser expropiada tenía una participación de mercado del 40% y hoy sufre una caída de su producción según declaraciones de sus propios trabajadores y distribuidores”, dijo.

Economía de distorsiones

La crisis económica venezolana significó una contracción del PIB en un 3% el año pasado, pero al enfermo de gripe le entró una neumonía cuando los precios del petróleo, la mayor fuente de ingresos del país, cayeron en un 50% hace seis meses.

Aun en crisis, no obstante, acá están abriendo tiendas y restaurantes nuevos y los centros comerciales están llenos. Qué crisis tan rara, dirá el desentendido.

A pesar de la crisis, los restaurantes venezolanos siguen llenos y la gente gastando.

Si bien el 80% de los venezolanos dice no tener ingresos suficientes para comprar alimentos, el 88,7% asegura que come tres veces al día, según un reciente estudio de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello.

Sea porque –como argumenta el oficialismo– la revolución le ha dado poder adquisitivo al pueblo, o porque –como sostiene la oposición– el gobierno imprime billetes de manera irresponsable, el flujo de dinero en Venezuela es enorme: ha crecido casi 200% en los últimos dos años, según cifras oficiales.

El amplio gasto del gobierno y la caída de la renta petrolera generan un déficit fiscal que implica una enorme inyección de dinero en la economía. Pero, al tiempo, las constantes devaluaciones del bolívar, las tasas de interés reales negativas y el altísimo índice de inflación –del 70% anual según cifras oficiales–, llevan a la gente a gastar en lugar de ahorrar.

“Y por eso, en medio de la crisis, la gente prefiere consumir“, explicó Alayón.

Aunque la Guardia Nacional supervisa cada paso de la distribución de productos, el gobierno se queja de una “guerra económica” que supuestamente altera dicho proceso.

Los “beneficios” del cajero

Jorge* es uno de los benefactores de las contradicciones monetarias que vive Venezuela: maneja una sucursal de un supermercado. El antes cajero y ahora gerente de la tienda, puede comprar productos regulados con facilidad, pero al tiempo recibe sobornos de sus clientes que pagan más del precio estipulado con tal de tener acceso al producto.

Según Datanálisis, las clases media y alta pagan a los revendedores entre 5 y 10 veces más el valor de un producto regulado para evitarse la fila.

Un supermercado venezolano puede estar tranquilo y vacío en un momento, pero cuando llega el camión con los productos regulados se llena en cuestión de segundos (literalmente). Una vez están hechas las filas y los productos están en las cajas para venderse, las llamadas, los mensajes de texto y los sobornos empiezan a moverse como pez en el agua entre los corrillos del supermercado.

La constante devaluación del bolívar hace que el poder adquisitivo de los venezolanos baje día a día

Jorge, quien también anda con tres celulares en la mano, contó que en sobornos se puede ganar en una semana lo que le pagan al mes de manera oficial. Él controla la fila, los productos e incluso la venta. Es, de alguna manera, el hombre más poderoso del momento. Al menos en su supermercado.

“La gente cree que somos privilegiados por estar en esta posición, pero lo cierto es que nos toca lidiar con el nerviosismo de la gente y la presión de la Guardia Nacional”, dijo a BBC Mundo sobre la cada vez mayor presencia militar en los supermercados.

“Acá nos toca parar peleas entre los clientes con frecuencia”, afirmó, mientras se acomodan dos filas distintas en su supermercado: una para la carne y otra para el azúcar.

Es frecuente leer en medios opositores reportes de robos y peleas en filas alrededor del país, así como de saqueos de camiones que transportan productos regulados.

Esta fila en un Bicentenario de Caracas ahora se hace en el sótano del supermercado. La foto es de febrero.

La otra escasez

Ahora bien: la escasez de alimentos y productos de limpieza no parece afectar tan gravemente a los venezolanos como la falta de medicamentos e insumos hospitalarios.

“Los muertos que se están produciendo por la escasez no los estamos viendo”, le dijo a BBC Mundo el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación de Médicos de Venezuela.

“Las personas que sufren enfermedades como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal o de enfermedades gastrointestinales o insuficiencias respiratorias van al médico, les recetan un medicamento y, cuando no lo encuentran, corren el riesgo de morirse en su casa sin que nadie más allá de su familia se entere”, señaló.

Añadió que “No hay cifras del número de personas que mueren así, por la escasez”.

Según Médicos por la Salud, una red de doctores residentes que trabajan en hospitales públicos en todo el país, el 44% de los quirófanos no están en funcionamiento y el 94% de los laboratorios no tienen suficientes insumos para hacer su trabajo.

Por su parte, la Federación Venezolana de Farmacéuticos indicó que de cada 10 medicamentos que las farmacias solicitan a los laboratorios en los anaqueles se encuentran cuatro.

Según varias organizaciones del sector, los tratamientos que eran populares en el pasado han tenido un repunte en Venezuela, como las mastectomías en lugar de la radiación para tratar el cáncer de seno o el uso de penicilina en vez de otros antibióticos modernos que pueden atacar más bacterias con menos riesgo.

¿Cómo se explica esta situación?

Mientras las federaciones de médicos y farmacéuticas señalan que la escasez se debe a una deuda de US$4.000 millones que el gobierno mantiene con los laboratorios, el oficialismo asegura que la guerra económica afecta la importación y distribución de medicamentos con precios regulados.

El gobierno –que ha desestimado las iniciativas de federaciones médicas de llamar a una emergencia sanitaria– lanzó recientemente un nuevo sistema de registro que espera, a través del control de la venta de medicinas, evitar el contrabando y el acaparamiento.

El gobierno reconoce problemas puntuales en este aspecto, pero dice que los medios de comunicación generan una “matriz de opinión” que exagera la realidad para afectar al socialismo, que entre otras cosas ha instalado en el país más de 10.000 módulos de medicina ambulatorio en un convenio con Cuba.

Mientras tanto, sectores críticos dicen que la misma falta de divisas y el mismo control de precios que afectan la importación de alimentos ha impedido la introducción de medicamentos e insumos a Venezuela.

Se estima que 13 mil médicos se han ido de Venezuela y muchos de los que siguen allí protestan con frecuencia.

La solución es el rebusque

Pero si la dimensión entre la escasez de alimentos y la de medicinas es distinta, la solución que les dan los venezolanos parece ser la misma: el rebusque.

Por las redes sociales, en estos días, comparten un inventario del número y las tallas de los pañales necesarios en la preparación de una reserva para todo el periodo en que un niño no va al baño. Y es usual que alguien cambie un paquete de harina de maíz por un detergente en el edificio, o que un viajero llegue del exterior con dos maletas literalmente llenas de compotas, jabón para platos y ceras para piso.

Algo parecido ocurre con las medicinas: quien viaja al exterior probablemente va con un encargo, incluso de medicamentos para mascotas.

También por redes sociales como WhatsApp, Twitter y Facebook los venezolanos piden y ofrecen medicinas en mensajes que con frecuencia son republicados por famosos con mayor influencia en internet.

Cuando hubo alarma el año pasado por la infección del chikungunya, muchos venezolanos usaron patas de pollo en caldo en lugar de acetaminofén (o paracetamol) para calmar los síntomas.

Existen casos de gente que ha vendido sus propiedades para poder acceder a medicamentos e insumos costosos que en los hospitales públicos no suele haber. Y algunos han logrado que entidades públicas o privadas apoyen financiera o logísticamente su búsqueda de medicamentos.

Los supermercados venezolanos están ahora custodiados por la Guardia Nacional.

 Porque cualquier rebusque funciona con tal de aliviar un dolor. O de salvar una vida. O de no hacer fila.

(*) Los nombres con asterisco son ficticios. Los verdaderos nombres de la fuente se reservaron para proteger su identidad.

Cubanos en Venezuela: los persigue la revolución

Más allá de la cifra de 46.000 cubanos que el gobierno exhibe orgulloso como servidores públicos, ¿qué hay de las historias humanas? ¿Cómo son sus condiciones de vida? ¿Cuáles han sido las dificultades que han enfrentado para adaptarse a la cultura local? Estos inmigrantes temporales lo que sí tienen claro es que su futuro es tan incierto como el de la revolución.

John Manuel Silva, Clímax

El 30 de octubre del 2000, el ex Presidente Hugo Chávez Frías firmaba el Acuerdo Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. Se estaba concretando así una vieja simpatía ideológica que el fallecido líder de la revolución bolivariana siempre tuvo hacia la dictadura comunista de Fidel Castro, desde sus tiempos golpistas y más atrás, desde que protagonizó en el Samán de Güere una folklórica reedición del juramento de liberación de la Patria de Simón Bolívar.

Los temores de cierto sector opositor, que acusaba al gobierno bolivariano de querer instaurar en Venezuela un régimen similar al que en la isla prosperaba desde 1959, parecían al fin tener base concreta, ya que hasta ese momento las relaciones entre la recién iniciada revolución venezolana y la jurásica antillana se mantenían dentro de cierta simpatía inofensiva, que no iba más allá de encendidas proclamas públicas y fanfarronadas retóricas, bañadas de esa cursilería estrambótica que indefectiblemente caracteriza al discurso izquierdista. Sería ese el primer paso tangible de una larga cooperación mutua que, con el tiempo, fue profundizándose hasta establecer una sólida alianza estratégica.

El puente fraterno ha llevado a que funcionarios de la isla controlen sectores medulares de la Nación como los puertos, aeropuertos, administración tributaria y hasta departamentos fundamentales de la policía política, y de los organismos de espionaje del Estado venezolano.

“En principios estábamos muy vigilados y se nos había advertido que no debíamos mezclarnos mucho con los médicos de acá, sino que nuestro trabajo estaba ligado a las comunidades y con ellas debíamos tratar”, dice Marta, quien pide antes de iniciar la conversación en un pasillo del Parque Residencial Los Helechos de San Antonio de los Altos, donde está ubicado el Centro de Diagnóstico Integral (CDI), para el que trabaja, que por favor le cambie el nombre.

Ella es una de los 46 mil cubanos que el gobierno exhibe orgulloso como servidores públicos en Venezuela, según cifras sugeridas por Venezolana de Televisión en un artículo publicado el 30 de octubre de 2014 a propósito de la conmemoración de los 14 años de la firma del Convenio Cuba-Venezuela. Continúa en voz baja y echando ocasionales miradas hacia la recepción, que en esas horas de la tarde sabatina está casi vacía de pacientes y personal.

“Pero claro, al final uno se compenetra. Son tres años de servicio los que uno pasa aquí y es imposible que solo sea trabajo. Me gustan los venezolanos. Se parecen un poco a los cubanos en lo dicharacheros, jodedores como dicen aquí”, dice y su rostro refleja una cierta cordialidad.

Ella es amable. Pero a los pocos minutos entra en temas más escabrosos y su amabilidad torna en alerta.

“A varios los han robado. A un colega aquí le quitaron un celular que se había comprado cuando estaba en Los Teques. Eso se oculta. Nos ordenan no decirlo. Cuando ese médico le contó a quien nos coordina aquí en Miranda, éste le dijo que lo olvidara y que no lo hiciera público, porque eso afea la imagen de la misión y le da armas a los enemigos”.

Rogelio Polanco, quien sustituyera al célebre Germán Sánchez Otero como embajador de Cuba en Venezuela, declaró en noviembre de 2012 que más de 100 médicos cubanos habían muerto en el país desde que se inició el convenio. La mayoría, aseguraba el diplomático, de causas naturales o en accidentes.

No quiso comentar los incómodos casos de Rosa María Christy Labañino, quien recibió un tiro en Cumaná el 30 de julio de 2006; o el de Raquel de los Ángeles Pérez, asesinada, también en 2006, en Petare, caso que provocó la indignación del entonces jefe de Estado, quien dijo en su maratónico Aló Presidente: “Tenía tres años aquí con nosotros curando enfermos, salvando vidas, dejando a su familia en La Habana. ¡Qué dolor que regrese a Cuba cadáver!”.

“Es un miedo. Este país es muy inseguro. La gente aquí dice que Venezuela es igual a Cuba, y tal vez lo sea en muchos aspectos, pero no en ese, en Cuba no te matan en la calle, no de esta manera. La violencia es algo que me impresiona mucho de este país. Aquí los niñitos de 12 años ya son delincuentes. Yo atendí a una señora que fue herida por un muchachito para robarle su cartera. He atendido varios casos así. Es muy feo eso”, se espanta Marta.

Julio González  también pide que se le cambie el nombre para este trabajo. Es opositor, pero lleva meses tratándose en el centro de rehabilitación que funciona detrás del CDI de Los Helechos. Una caída en el trabajo lo sacó de la vida activa durante meses. Le mandaron rehabilitarse, pero el alto costo de los centros privados lo obligó a tragarse su orgullo y hacer sus terapias con los antillanos.

“No te lo niego: son muy amables y a mí me han atendido muy bien. Te miento si te digo que no es así. Pero es que es jodido, porque la salud es un derecho y el Estado tiene que dártela, pero entonces tienes que venir aquí y lo primero que ves en la sala de espera es una cartelera con recortes de Fidel, de Chávez, de Maduro. Es una humillación, pero yo no tengo plata para la terapia, o me la hago aquí o no voy a poder volver al trabajo”, comenta.

Y aunque frustrado, no deja de agradecer que su terapia forme parte de las 564.000.000 de consultas médicas que ha conseguido la Misión Barrio Adentro, dato suscrito por el presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, Elías Eljuri, para la agencia de noticias AVN. Informó, asimismo, que 5 millones 527 personas se diagnostican en los consultorios de Barrio Adentro.

“A mí no me gustaba eso del convenio desde un principio. Me parece bien que se le dé salud a los pobres, que se hagan estas cosas, pero con médicos locales”, exhorta.

Cuando se le pregunta qué pasa si, como denunció el gobierno en su momento, los médicos locales no desean ir a zonas rurales a atender a los pacientes de allí porque prefieren la comodidad de las grandes ciudades y las consultas privadas, Julio responde:

“Eso está muy bien. No es xenofobia, si algún extranjero viene a trabajar, pues qué bueno. Mi miedo es que detrás de los médicos haya agentes, espías, infiltrados”, dice sin temor a sonar paranoico.

Marta no niega a especie, sino que la afirma por debajito. “¿Qué quieres que te diga? Eso es normal. A nosotros en principio no nos dejaban tener celular o hablar mucho con la gente. Hubo romances, algunos médicos aquí se enamoraron de venezolanas, y eso no le gustaba al coordinador. Si tienes pareja de aquí debes pedir permiso y…”, se detiene y lo piensa mucho antes de continuar: “bueno, yo me di cuenta de que apenas un doctor dice que tiene novia, le acortan el tiempo de servicio. Porque lo que nosotros tenemos es un acuerdo de servicio: venimos por un tiempo, nos dan algo aquí para nuestros gastos y una prima para nuestras familias allá. Cuando se nos vence el contrato, volvemos. Pero si ellos deciden que volvemos antes por cualquier razón, lo tenemos que hacer. Y ellos han hecho eso: les han dicho a los médicos que tienen novia que deben volver antes. Los ponen en una disyuntiva porque deben decidir si se quedan con la pareja o regresan. Si se quedan, están desertando, y allí se echan el mundo encima. En Cuba te penalizan por eso, muchas veces no puedes regresar a la isla por diez años. En Venezuela les niegan la cédula y los papeles, quedan mantenidos por sus novias porque no pueden trabajar ni nada. Algunos tienen un plan B y logran salir de Venezuela. Eso lo han hecho mucho, pero no se dice, está escondido”, finaliza Marta quien ya no quiere responder más preguntas y se despide pidiendo discreción respecto a su identidad.

Kelly Martínez llegó a Venezuela en 1993, con 13 años de edad recién cumplidos. Hija del reputado fotógrafo Ramón Grandal, es parte de los millones de cubanos que han emigrado desde la instauración de la revolución. A los 18 vio cómo llegaba al poder la revolución bolivariana, y un año después fue testigo del acuerdo que selló la alianza entre los comandantes Chávez y Castro.

En principio, defiende a sus compatriotas venidos con el convenio- “Es una forma de salir de Cuba. Eso muchos no lo entienden, bueno, no lo entendían hasta ahorita que Venezuela se ha ido haciendo más una cárcel y que creo que muchos venezolanos han vivido en carne propia lo que se siente no poder salir de tu país sin permiso y lo que es estar desesperado por hacerlo. Ese convenio ha sido la posibilidad de muchos cubanos de salir del país, de dirigirse a un lugar más libre, donde además pueden acceder a cosas que no hay en la isla: un microondas, un televisor, un celular, cualquier cosa que haga la vida un poco más fácil”, dice la también fotógrafa, a quien le dolía mucho el rechazo de algunos venezolanos contra los galenos y funcionarios que vinieron a ser parte de la Misión Cultura con los que tuvo más contacto.

“La gente tiene que entender que en Cuba hay mucha gente inofensiva que no tiene la culpa de que exista la revolución. Hay gente que no me interesa, gente muy dañina, como esos que fueron a la cumbre ahorita en Panamá a golpear a los disidentes. Esos sí son la gente mala. Pero ellos no son ‘los cubanos’, sino que son agentes del gobierno y son terribles. Pero hay que distinguir entre ellos y los médicos o trabajadores a los que no se les puede juzgar por querer algo que mejore un poco sus vidas, o por querer huir de un país que no tiene fronteras. Creo que muchos venezolanos que hoy están en la misma situación de tener que huir porque ya no hay salidas irán comprendiendo”.

Martínez le da un tono social a la aceptación de una parte de la población de las misiones y su componente extranjero. Recuerda una anécdota en Catia “Estaba en una de esas noches locas en las que uno termina por ahí en la casa de unos amigos bebiendo y comiendo un sancocho. A mí siempre me gustaba mucho escuchar a la gente del chavismo, ya no me gusta tanto, pero hubo un tiempo en el que me interesaba escucharlos para entender sus razones. Bien, allá vi a un viejito del barrio que me contaba maravillado que, además de que los médicos los atendían y le daban medicamentos gratis, la doctora de ese módulo que quedaba junto a su casa solía almorzar con ellos. Tal vez esto sonará un poco romántico o ingenuo, pero esa noche entendí que también ha habido en Venezuela cierta falta empatía por el otro; de alguna manera esta misión, la presencia de esta gente, les hacía sentir respeto a unas personas que nunca habían sentido que los trataban con respeto, que estaban incluidos. Yo desde que llegué a Venezuela sentía que había mucho de maltrato de un sector social hacia otro, y eso crea resentimiento. Nos guste o no, es así. Esa grieta social ya existía, Chávez lo que hizo fue abrir un abismo a partir de ella”.

Con el acento a medio camino entre el caraqueño y el habanero, Martínez, —quien se confiesa amante de la cultura norteamericana a cuya literatura dedicó buena parte de su trabajo académico—, cuenta cómo luego de años de luchar contra las condiciones de vida que se fueron depauperando en Venezuela, decidió irse del país junto a su esposo a mediados del año pasado.

“Es mi segunda migración. El sentimiento es totalmente distinto, porque una cosa es ser una adolescente con problemas tontos y dejando que mamá y papá se ocuparan de los problemas reales que hacerlo cuando se es mayor y además recién casada. Solo diré, eso sí, que yo me fui de Venezuela por la misma razón que me fui de Cuba y que ahorita no quiero flaquear y dejar que la nostalgia me quiebre”.