Ciudad Guayana: milagro de planificación a ejemplo de destrucción

María de Los Ángeles Ramírez, Climax. Fotografías: William Urdaneta

Ciudad Guayana ya no es la cité de oro que fue: patrón de planificación urbanística lo mismo que modelo productivo junto a las empresas básicas del sur. Su panorama actual es más que desolador: pobreza, herrumbre, improvisación y una ideología —chavista— que minó todo espacio de desarrollo.

Héctor Goitia recorre la ciudad entera a diario. Volanteando su taxi se maravilla de la grandeza del río Caroní, cuando atraviesa el puente homónimo desde su residencia en una invasión de la estropeada San Félix. Disfruta su portento en las caídas de agua del parque Cachamay —que se observan desde la avenida Guayana. Bordea la emblemática sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en donde al menos una vez a la semana se cruza con protestas y continúa su largo camino de huecos, deterioro y mengua, hasta llegar a las empresas básicas que detrás de sus estructuras de acero guardan la desventura de un anhelo frustrado.

Él -como muchos en Guayana- no entiende qué pasó ni por qué el milagro que representó esta ciudad, en la margen sur del río Orinoco, ha sido derruido sin recato. Su resumida vida dibuja solo un añico del quebranto de la única ciudad de Venezuela planificada, cuya piedra fundacional fue colocada el 02 de julio de 1961, tras la fusión política-administrativa de Puerto Ordaz y San Félix, las más pobladas del estado Bolívar.

El crecimiento desordenado, obras en promesas y el estancamiento productivo de su motor industrial son en la actualidad algunos de los puntos frágiles de la urbe, cuyo levantamiento fue pilotado por el Plan Maestro de Desarrollo Urbano para Santo Tomé de Guayana, elaborado por profesionales del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) en 1962.

Así como Brasilia en Brasil, Ciudad Guayana fue dibujada en lienzos en blanco. Sus grandes avenidas, su conexión con San Félix, sus perfectas cuadras y la ubicación distante de las industrias del hierro, el acero y el aluminio con líneas férreas en sus márgenes fueron planificadas y llevadas a la realidad al calco.

Al cobijo de la CVG, creada en 1960, el proyecto de un polo de desarrollo en una zona bendita por su proximidad con los reservorios de minerales y metales y el río Orinoco se desarrolló de forma exitosa, tanto que sus tres objetivos primigenios se cumplieron, algunos con reservas: el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní, en donde se produce 70% de la energía eléctrica que mueve al país; el desarrollo del emporio industrial con la creación inicial de Alcasa en 1960 y Sidor en 1964; y la creación del centro poblacional que se cristalizó con la fundación de Ciudad Guayana en lo que para entonces era un espacio despoblado.

Hoy la ciudad atraviesa una de sus peores crisis, en medio de una discusión sobre el agotamiento del planeamiento urbano y el mando asumido —entretanto— por la improvisación. Colapso del sistema de transporte; resguardos de terrenos a granel por el congelamiento de los grandes desarrollos habitacionales que por años dinamizaron la ciudad o invasiones, en su defecto; pérdida de la estética urbana y falta de visión bosquejan hoy el plano.

Pobreza general en el polo

En 1960, la función de Ciudad Guayana como polo de desarrollo apuntaba a la creación de empleo, al surgimiento de una alternativa económica no petrolera y al desarrollo urbano, en el marco de una visión global de país.

“Se cumplió con aquello de ser útil al país y cruzamos fronteras a Colombia y a Brasil al suministrarles energía limpia. Solo en las industrias de Guayana, se generaba 40% del Producto Interno Bruto no petrolero”, resaltó Waldo Negrón, ingeniero químico llegado de Maracaibo a Guayana en 1969 cuando la ciudad, recuerda, era pujante y atraía a nacionales y extranjeros de todo el mundo, que siguieron llegando cautivados por una ciudad que en su interior atesoraba cascadas de agua en los parques La Llovizna y Cachamay, obras portentosas como la central hidroeléctrica Antonio José de Sucre en Macagua, una mirada única al oscuro río Caroní y las deslumbrantes estructuras de las empresas básicas.

Al cierre del 2014, la radiografía socioeconómica es totalmente aciaga. 72,7% de la población de Puerto Ordaz vive en pobreza general, de modo que no es capaz de cubrir el costo de la cesta básica, integrada por alimentos y servicios, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones para la Productividad, la Educación y la Vida (Ciepv) de la Universidad Católica Andrés Bello, campus Guayana (UCAB).

La pérdida del timón gerencial y la preeminencia del factor ideológico chavista en las empresas básicas de Guayana con la inyección de experimentos sociales, como la cogestión y el control obrero, extinguió los resquicios de productividad y la capacidad de aporte al país —que se descuidó además por la confianza en la renta petrolera como fuente inagotable de recursos. En el 2014, de acuerdo con las Memorias y Cuentas del Ministerio de Industrias las pérdidas alcanzaron a más de 20 mil millones de bolívares entre el sector hierro-acero y aluminio.

“Leopoldo Sucre Figarella era gobernador y Rómulo Betancourt, presidente. Crean el municipio Caroní, se crea la ciudad y la CVG, una de las cinco corporaciones más exitosas de América Latina y de las 30 más importantes del mundo, capaz de planificar, dirigir, construir. Pero la visión cambió y de ser un ente omnipresente, si hoy quitas a la CVG, la gente no se daría cuenta, perdió los roles que tenía”, dijo.

Al entrar a las empresas básicas, no existen fronteras entre el partido político y el espíritu empresarial de una industria. La política penetró y los colores y las imágenes en la empresa son las mismas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). No hay división. Las industrias se convirtieron en máquinas de empleo, a costa de su rendimiento. Pero no siempre fue así.

El investigador José María Fernández explicó que entre 2004 y 2007 las industrias de Guayana, en manos estatales, alcanzaron resultados positivos porque “gozaban de autonomía, respetaron la gerencia de expertos en las áreas cuya meta era la producción, aumentaron los precios internacionales de los commodities, tenían ganancias y podían invertir en mantenimiento y actualización tecnológica”.

Ordenación territorial

El descalabro de las industrias es un espejo de lo que ocurre en el resto de Ciudad Guayana y sus servicios. A las cinco de la tarde, las colas para tomar un bus destartalado o, con suerte, alguna de las unidades rojas administradas por la Alcaldía de Caroní o la Gobernación de Bolívar son kilométricas. Otros con menos suerte deben abordar camionetas, conocidas como “perreras”.

Más de 50 buses de tránsito rápido —BRT, por sus siglas en inglés— con capacidad para transportar 180 personas permanecen estacionados en el Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar, mientras el gobierno regional pisa el acelerador para construir 21 estaciones, que apenas empezó a edificar después de la llegada de las unidades, en febrero de 2015.

Polos comerciales como Alta Vista muestran hoy su peor cara por el descuido urbanístico de la ciudad y la falta de planificación de su ordenamiento, planeado con detalle en el Programa de Desarrollo Urbano Local (PDUL), engavetado hace un par de años.

La proliferación de resguardos de tierras, invasiones y construcciones residenciales no permisadas también ha sido una constante en los últimos años, a lo que se suma la falta de urbanismos y servicios. Fernando Roa lo vive desde que se levanta. Llegó a Ciudad Guayana, desde su natal San Cristóbal, hace más de 30 años.

Para ingresar a su vivienda en Villa La Paragua —al oeste de la ciudad— hay que atravesar un pasaje de huecos, enlodados por las lluvias de los últimos días. Es beneficiario de la Gran Misión Vivienda, su casa del programa gubernamental carece de sistemas de aguas blancas y negras y un servicio eléctrico de calidad, pese a estar a pocos kilómetros del poderoso en generación hidroeléctrica, río Caroní.

“La ciudad está sujeta a improvisaciones. No sabemos para dónde va y la respuesta es obvia, tenemos un caos”, expresó la docente investigadora de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), Ana Jorge, quien lideró el proyecto “Modelo de gestión local para avanzar hacia el desarrollo sustentable” del municipio Caroní, realizado durante dos años por un grupo de académicos a través del método de la prospectiva estratégica.

El estudio —que culminó recientemente— muestra las secuelas de la improvisación. “No planificamos el desarrollo, nuestras autoridades ejecutan un presupuesto, de allí los resultados. Éramos una ciudad urbano-industrial y ese cometido se estaba cumpliendo. Desde el 2007 los informes del Ministerio de Industria reflejan que nuestras empresas están disminuyendo la producción, así que lo que éramos ya no lo somos, ya no sabemos qué somos, tenemos que repensar nuestra ciudad”.

El estudio arrojó en la dimensión sobre estructura y funcionamiento del estado; Derechos Humanos, transparencia pública y participación ciudadana, asociatividad y diálogo social que en Ciudad Guayana hay violación de los Derechos Humanos en todas las áreas; hay opacidad en la gestión pública y contradicción de las estadísticas con fines propagandísticos y los espacios para la participación son limitados y solo favorecen la participación de los grupos adeptos al gobierno, lo que ha ocasionado que el diálogo social sea inexistente.

En cuanto a la economía local, persiste el cierre de las empresas privadas ante el “acoso y hostigamiento” y sigue siendo baja la inversión pública, que no responde a la planificación para el desarrollo, pues se limita a gastos corrientes. “La inversión privada es la menor en el histórico y se limita a construcción comercial y residencial”.

Aunque la baja generación de empleos y el deterioro del poder adquisitivo ha abierto la puerta a innumerables emprendimientos en Ciudad Guayana, el estudio destaca que “las actividades emergentes no logran consolidarse por las precarias condiciones socioeconómicas y la inseguridad jurídica”.

En materia de ambiente, ordenación del territorio y calidad de vida, la investigación confirma “el deterioro progresivo en manejo de desechos urbanos, tratamiento de aguas servidas, potabilización y protección de áreas de alto valor ambiental”. “La gestión no valora la planificación, se tiene desactualizado el marco de ordenación territorial generando condiciones para rezonificación y ocupación de zonas de riesgo ambiental”.

Despertar ciudadano

La urbanista María Nuria de Cesaris explicó que el PDUL contiene las previsiones de requerimientos y servicios de la ciudad hasta 2026, que considera se dejaron de lado en perjuicio de los intereses colectivos de los guayaneses. “Ha habido mucha ineficiencia y eso ha dado paso a la improvisación”.

El déficit de servicios sociales, espacios de recreación y crecimiento anárquico de la población, “metiendo casas por cualquier lado cuando existen terrenos determinados para construir”, a la par del trabajo no colaborativo entre las instituciones públicas devienen deterioro de la planificación, expresó la experta.

Bajo ese crepúsculo, sin embargo, grupos como el Plan Urbe, del que Cesaris es miembro, que apuesta al proyecto “Más P: más plazas, más parques y paseos”, empiezan a despertar tratando de incidir en la calidad de vida de su propia comunidad.

La reserva de emprendimientos sociales que aspiran a una mejor ciudad es vasta y cada vez más entusiasta con iniciativas como el Festival de Espiritualidad en el Cine Venezolano (Fescive), que arranca este lunes, los Arborizadores Voluntarios Urbanos de Guayana (AVUG), Ecocívico, Muraleja, FundArte, los Cachamay y Llovizna runners, entre muchos otros apasionados culturales, deportivos y ambientales.

Su apuesta es por una ciudad próspera, que respete el valor de su gente, que atraiga inversiones y cambios positivos y que, finalmente, sepulte la improvisación.

Zonas de paz: Corredores para el libre comercio de la droga

* Un funcionario del gobierno, un policía y el líder de una de las bandas de la Cota 905 revelan como las zonas de paz soportan el nuevo esquema de crimen organizado que se extiende por todo el país. Armadas con AR-15, Kalashnikov y granadas, las organizaciones delictivas de Caracas han hecho un pacto de no agresión, que les permite administrar sin conflicto el tráfico de droga, la extorsión y el secuestro.

* Se han unido en “ejércitos” de más de 200 hombres por sector y le declararon la guerra a los policías, porque “ponen en riesgo” la estabilidad de un “negocio” que genera hasta 400 mil bolívares mensuales a cada uno de los integrantes de estos grupos. Estudios del Gobierno indican que la actividad criminal aporta casi 21% del PIB

Ronna Rísquez | @ronnarisquez Runrun.es

Visualizaciones y mapas: @AdrianitaN

Amas de casa con bolsas de mercado, liceístas y escolares, obreros y mujeres embarazadas hacen cola en la parada de El Peaje, en la entrada de El Cementerio. Esperan el jeep que sube al sector Las Quintas, en la parte más alta de la Cota 905, donde hace 10 días se registró un tiroteo de 8 horas entre policías y delincuentes, que paralizó Caracas.

El colector ordena a los pasajeros, cobra el pasaje al subir y solo permite tres estudiantes por viaje. Rápidamente me acomodo junto a una ventana, con la expectativa de que en cualquier momento se cumplirá lo prometido por un vecino de la Cota 905:

“Te montas en un jeep de esos que pasan por aquí (por Los Laureles, en El Paraíso) y cuando empieces a subir comienzas a ver todo el armamento y las granadas. Están todos por ahí. Ellos a ti no te van a hacer nada. Ellos no se meten con uno”.

Después de pasar la subida de Los Laureles y el sector La Pared, donde delincuentes quemaron nueve motos de la Policía de Caracas e hirieron a siete funcionarios con una granada —el pasado viernes 5 de junio—. La vía se convierte en una estrecha calle por la que solo puede circular un vehículo a la vez.

Allí reposan los restos de un camión cava blanco de Empresas Polar, que fue robado por las bandas el martes 9 de junio.

“Estaba cargado con Harina Pan. Esa se la repartieron al pueblo. Pero el camión lo dejaron ahí como anzuelo para que la policía suba a rescatarlo y entonces atacarlos”, cuenta Pablo Arteaga, vecino del lugar, preocupado, porque cuando eso ocurre esto es Vietnam”.

“Ellos están mejor armados que la policía. Tienen más armamento que el Sebin”, comentan residentes de Los Laureles, quienes aseguran haber visto a la GNB sacar cajas con la inscripción del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de algunas casas allanadas el día del último enfrentamiento.

“Se ha disminuido la capacidad policial y se ha hecho que hoy las bandas estén mejor equipadas que las fuerzas del orden público”, afirmó un funcionario del gobierno que está evaluando la situación de la actividad delictiva en el país, y que pidió no revelar su identidad.

Casas de un lado y del otro, tramos de montaña de piedras que bloquean la visibilidad lateral y de cuando en cuando algún terraplén de cemento. En uno de ésos destaca un grupo de 6 hombres jóvenes. No exhiben rifles Kalashnikov, granadas, ni pistolas, pero todos tienen en sus manos un radio portátil.

“Usan radios portátiles Motorola de 5 canales y frecuencia libre. Así se comunican entre ellos y también con las bandas de El Valle y El Cementerio. Eso les permite organizar el ataque”, había advertido días antes una fuente de la policía científica, que ha investigado y tiene identificadas a las 4 bandas que operan en la zona.

“Son las bandas de ‘El Coqui’ o ‘El Chavo’, ‘Los barloventeños’, ‘Los Zanjoneros’ y ‘Los Guayabos’. Ellos se reparten todos los sectores de la Cota 905, desde Las Cumbres hasta Las Quintas; y parte de El Cementerio, como El Zanjón. También operan en combinación con otros grupos pequeños como el de ‘Casper’, en Las Luces; Juan Carlos ‘Mandril’, en El León; y El 70, en El Valle. Desde la Cota 905, los grupos se conectan con La Vega; y con El Cementario por La Peste y El Peaje; y con El Valle”, explicó el funcionario, mientras dibujaba un mapa con el organigrama delictivo que se está gestando desde las zona de paz de Caracas.

El recorrido en jeep de casi 30 minutos hasta el sector Las Quintas —con paradas intermitentes para dejar y recoger pasajeros- termina en el tanque de agua de la comunidad, una estructura gigantesca de color azul. Allí se acaba el camino de asfalto y cemento, y comienza una breve carretera de tierra rodeada de ranchos. El jeep da la vuelta en “U” para iniciar el descenso por la misma vía estrecha.

“Esto es Barrio Nuevo”, dice una joven, que espera en la improvisada parada. Desde allí se ve toda Caracas, como si estuvieras en el Ávila. Unos 100 metros más abajo —en dirección al retorno— tres hombres, de no más de 30 años, conversan parados frente a una casa cercana a una bodega. También tienen radios Motorola y bolsos similares a los 5.11 que usan los escoltas (negros y colgados desde el hombro hasta la cintura).

Observan la presencia de extraños que avanzan hacia ellos, pero no asumen una actitud defensiva. Esperan a ser abordados y escuchan la presentación: “Somos periodistas y vinimos aquí porque queremos saber qué es está pasando con las bandas y qué pasó el otro viernes con Policaracas”.

“¿Y de qué periódico?”, preguntó el hombre moreno, de contextura regular, casi 1,70 mts de estatura, cabello rebajado y engominado.

Carlos —nombre ficticio— escucha la explicación de que para los periodistas que quieren contar lo que pasa en Venezuela, en este momento es casi imposible trabajar en un periódico, y para eso ahora existen páginas web. Acepta los argumentos, y parece comprenderlos, pide ver el carnet antes de comenzar la conversación con Runrun.es, sin cámaras ni grabadoras de por medio.

¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el enfrentamiento con la policía?

—¿Qué pasa? Que la policía abusa. Cada vez que suben se meten a las casas, roban a la gente. Tumban las puertas. Se llevan DVD, blu rays, teléfonos, todo… No respetan. Así, porque les da la gana. Ni siquiera traen orden de allanamiento y tendrían que tener una para cada casa. Se llevan preso a puro sano. Chamos tranquilos, padres de familia, trabajadores. Ahí está, después de lo del viernes, se llevaron a unos hermanos que son sanos.

En ese punto de la conversación, uno de los dos acompañantes de Carlos ya se había apartado del grupo, mientras que el otro comenzaba a prepararse un porro de marihuana. Hasta ese momento el hombre moreno, con zarcillos brillantes, jean, franela gris, tatuaje en su antebrazo y zapatos tipo vans, se mostraba como un miembro más de la comunidad, víctima de los excesos de los funcionarios policiales.

“Puedo llevarte para que hables con la gente y te cuenten. La gente está cansada. Por eso nos prefieren a nosotros que a la policía. Nosotros aquí no nos metemos a las casas de los vecinos, no robamos a nadie. Aquí se sienten seguros con nosotros. Tú te metes por todos esos callejones y no te va a pasar nada (dice señalando las decenas de caminos que conducen a la parte baja de la Cota 905, El Cementerio y La Vega). Claro, aquí el que hace algo malo sabe que tiene que pagar las consecuencias de sus actos”, dice Carlos, asumiendo finalmente su condición de líder de uno de los grupo que imponen su ley en el sector Las Quintas de la Cota 905.

¿Qué policía es esa que abusa y roba a la gente?

—Para acá suben los PNB (Policía Nacional Bolivariana), los Policaracas y los Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas). También a veces viene el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).

¿Y la Guardia Nacional?

—No, la guardia no sube. Y eso que los tenemos aquí cerquita —dice señalando el destacamento de Villa Zoila y la Comandancia General de la GNB que está en El Paraíso.

¿El problema es solo con la policía y no entre bandas?

—La guerra es contra el gobierno. Entre nosotros no. Nosotros estamos en la paz.

Aclara que para ellos, “el gobierno” es la policía. “Ah no, no es contra Maduro”, precisa entre risas.

¿Cómo es eso de la paz. Son las zonas de paz?

—Es la paz entre las bandas. Hace unos meses vino para acá un viceministro de no sé qué…

¿José Vicente Rangel Ávalos?

—Sí, ese mismo. Él se reunió con nosotros. Nos habló de eso de las zonas de paz. Nos ofreció electrodomésticos a cambio de que entregáramos nuestras armas. Noooo…

Pero cómo yo le voy a dar una 9 milímetros que cuesta 250.000 bolívares por una cocina. Lo que sí nos gustó fue eso de que hiciéramos la paz entre las bandas. Nos pusimos a pensar que tiene razón. Para qué nos vamos matar nosotros mismos, si nos matan los policías. Ellos son los enemigos. Fue por eso que nos unimos con los de El Valle, El Cementerio y todos… También los de La Vega.

José Vicente Rangel Ávalos promueve la creación de zonas de paz desde septiembre de 2013, a través del Movimiento por la Paz y la Vida. Fue viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores hasta el lunes 8 de junio de 2015. Ese día fue designado viceministro de Asuntos para la Paz del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, según el decreto N° 1.806 de la Gaceta Oficial 40677.

José Vicente Rangel Ávalos, viceministro de Asuntos para la Paz.

¿Se unieron todas las bandas de Caracas para luchar contra la policía?

—Sí. En todos los barrios está pasando igual. Aquí nos comunicamos con los de La Vega, El Valle y El Cementerio porque nos movemos por la misma montaña. Cuándo sube la policía los que están por aquí nos apoyan. Nos dispersamos por todo el cerro y volvemos locos a esos policías.

¿Cuántos son ustedes?

(No responde)

¿Cuántos son? ¿Más de 100?

(Sigue en silencio)

¿Más de 200?

—Son más…

¿Desde cuándo se unieron?

—Eso viene desde al año pasado. Pero más, después que hablamos con el viceministro.

La gestión para lograr la unión de las bandas se le atribuye a Jesús Alberto Ramos Caldera, conocido con el apodo de “El Chavo”, quien murió en un enfrentamiento con el Cicpc en enero de 2015. Carlos, de 25 años de edad, es el lugarteniente (segundo al mando) del nuevo líder de esa banda, identificado por la policía científica como “El Coqui”.

¿Pero hicieron un acuerdo? ¿Esto es una zona de paz?

—Nosotros aceptamos la paz. Pero eso de dejar las armas por una nevera, no. Es que yo no gano nada así. Nosotros queremos que nos quiten los antecedentes y las solicitudes. Por ejemplo, yo no puedo bajar a la playa con mi cédula, porque yo estoy solicitado y si me paran me dejan preso. ¿Entonces voy a entregar mi arma y después me meten preso? Aquí hay muchos que están fugados de cárceles y otros que están solicitados. Eso no nos sirve.

¿Tienes hijos?

—Sí, una niña.

¿No te da miedo que te maten si sigues en esto. No piensas en ella?

(No responde)

¿Te saldrías de esto?

—Estoy en esto desde los 13 años. Estuve preso y ahora estoy solicitado… Después que sales de la cárcel no hay oportunidades.

¿Cómo logran estar tan bien organizados?

—También copiamos lo de las cárceles. Vimos que las cosas allá funcionaron y entonces lo estamos haciendo igual aquí.

¿Te refieres a los pranes?

—No se llaman pranes. No sé quién inventó eso. Son principales. El principal tiene tres que los siguen en el mando, y luego los luceros.

Relata que estuvo cuatro años preso, primero en El Rodeo y luego en la Penitenciaría General de Venezuela. También pasó 6 meses en Uribana y quedó en libertad hace dos años. Mientras cuenta su historia pasa gente de la comunidad que está en sus actividades cotidianas. Todos lo saludan y algunos se acercan a la bodega de “Vicente” a comprar enseres o cigarros.

¿Trasladaron a los barrios la estructura de mando de las cárceles?

—Sí.

¿Qué armas tienen ustedes?

—Yo tengo dos AR-15 (fusiles), un 7,62 (viejos FAL de la GN), pistolas 9 milímetros y granadas. Algunos por aquí tienen Kalashnikov, como dos. De esos no hay muchos.

¿Cuánto cuestan esas armas?

—Esta —agarra una granada fragmentaria que tiene en la ventana en la que está recostado y la muestra— cuesta 60 mil bolívares. Los AR-15 valen un millón 200 mil bolívares…

¿Cómo consiguen las armas? ¿Quién se las vende?

—Con contactos, con amigos —explica mientras agita el radio, que no soltó durante toda la conversación—. Eso funciona así: por ejemplo, tú tienes una pistola y si no la quieres se la vendes a alguien. Y compras algo mejor. Igual pasa con todo.

¿Pero no hay alguien a quién se las compren. A militares o policías?

—No, no. Es así como dije. Yo se la compro a alguien y otro me la compra a mí. Y mercado negro. Eso de que las armas nos las venden los militares, es como lo de los paramilitares. Después del tiroteo del viernes con la policía, nosotros hicimos una apuesta: Seguro mañana salen diciendo que esos fueron los paramilitares, jajajaja…

Aquí no hay paramilitares —dijo burlándose, con sus amigos, de la versión que maneja el Gobierno de que en los barrios de Caracas hay paramilitares.

¿En los barrios hay paramilitares?

—No, vale. Ojalá aquí tuviéramos paramilitares —comenta entre carcajadas— ahí sí es verdad que no podrían con nosotros.

Continuó haciendo bromas sobre los supuestos paramilitares que están en los barrios. En ese momento, ya había un grupo de 10 hombres jóvenes parados en la casa del frente, a unos tres metros de distancia. Algunos en moto, todos con radios y bolsitos terciados, miraban mientras compartían el porro de marihuana que había preparado el compañero de Carlos. No hay menores de edad.

¿Hay algún problema si te ven hablando?

—No, no  —responde confiado y con tranquilidad.

¿Y hay colombianos, como asegura el Gobierno?

—No, tampoco. Ah sí, los colombianos que son de aquí, que siempre han vivido aquí.

¿Por qué matan a los policías, por las armas?

—Nooo… Si fuera por las armas, mataríamos a los guardias nacionales que tienen fusiles.

¿Entonces, por qué matan a los policías, por prestigio?

—Los matamos porque son policías —responde como si se tratara de un hecho obvio y natural—. El prestigio ya lo tenemos.

¿Ustedes a qué se dedican? Están parados aquí todo el día, dicen que no se meten con la gente, pero ¿qué hacen?

—Bueno, al negocio. Tú sabes…

¿Al negocio? ¿Cuál negocio, la droga?

—Sí, ese —hace una mueca cercana a la risa y detalla que vende marihuana normal y cripy, perico (cocaína), piedra (crack) y heroína.

¿Cómo consiguen la droga?

—Por ahí.

¿Pero no tienes un proveedor o algo así. Alguien fijo que te la traiga?

—No. no. Por ahí, con los contactos. Gente que también estuvo presa. Aquí y allá. A veces en Catia, a veces en Petare.

Además de vender droga, ¿en qué otros delitos están, secuestros?

— No, secuestro no. Eso muy complicado. A veces robamos carros.

¿Cuánto ganan ustedes en promedio al mes?

—Como 400 mil —responde después de pensarlo un minuto—.

¿400 mil bolívares? ¿Pero cómo, entre todos?

—No. Hasta 400 mil bolívares cada uno del grupo.

La conversación termina y se acerca uno de sus compañeros. “¿Qué pasó, dónde está la cosa?”, pregunta Carlos, refiriéndose al cigarro de marihuana. Su amigo le responde que ya se acabó. Los dos sonríen y siguen en los suyo.

85% del arsenal de las bandas sale de Cavim

En un jeep azul comienza el recorrido de regreso a la parada en El Peaje. Atrás quedan La Cota 905 y la parte alta de El Cementerio, dos de las seis zonas de paz de Caracas, donde la policía no puede llegar porque tiene prohibido el acceso desde hace dos meses.

Desde una oficina gubernamental en el centro de Caracas un funcionario del Ejecutivo y dirigente del Psuv dedicado a estudiar la situación de violencia y criminalidad ofrece su análisis:

“¿Las zonas de paz? Eso es un adefesio. Una aberración. El Estado no puede conceder espacios de impunidad”.

El experto, que ha participado en investigaciones recientes sobre la actividad de las bandas que operan en el país afirma:

“Hay dos grandes verdades: la primera es el suministro y tráfico de armas de Cavim. Se ha determinado que 85% de las municiones implicadas en delitos son fabricadas en Cavim. La segunda es la existencia de un mercado negro de armas, que ha facilitado la presencia de fusiles AR-15 (arma de fabricación estadounidense) que no son armas orgánicas de ninguna policía ni de la FANB, y que tampoco son importadas por el Estado”, explicó.

Las investigaciones realizadas por funcionarios del Cicpc que han hecho seguimiento a las bandas de las zonas de paz coinciden. “Las conchas que más se recolectan después de enfrentamientos son de proyectiles 9 mm de Cavim. El 85% son de Cavim y el resto son Luger, FCC y de origen ruso. No hay Winchester”, detalló un detective, quien agrega que las armas más utilizadas por estos grupos son AK-47, AR-15, subametralladoras Ingram, pistolas automáticas y granadas fragmentarias.

“Las zonas de paz se concibieron como una medida altruista para que fueran espacios para que las bandas se desmovilizaran y hubiera un desarme voluntario. Pero se convirtieron en un espacio de impunidad absoluta y paraestatal, utilizado para delinquir a sus anchas. Las zonas de paz funcionan como guetos en los cuales las autoridades policiales terminan siendo empleados y subalternos de los líderes de esas bandas”, afirma el funcionario gubernamental, que aceptó hablar del tema a cambio de no revelar su identidad.

Describe que los delitos más comunes en las zonas de paz son los secuestros, homicidios y tráfico de drogas. “Siendo este último el gran motor económico y financiero del crimen organizado hoy, que tiene sus ramificaciones dentro de algunos cuerpos de seguridad e incluso dentro de la propia FANB, tribunales y Fiscalía. Además con la presencia de paramilitares”.

Esta afirmación pudiera responder algunas interrogantes planteadas por los funcionarios del Cicpc. “Es inexplicable lo que está pasando. Debería ser una política que el Estado debe agotar hasta sus últimos recursos para acabar con esas bandas. Pero eso no ocurre así. En las últimas 10 refriegas el subdirector (del Cicpc, comisario Douglas Rico) ha dado la orden de replegarse”, comentaron con frustración los investigadores de la policía judicial.

“No se entiende cómo a esas zonas ingresan vehículos costosos como si nada. Suben y bajan camionetas Machito blancas y 4Runner sin placas. Cómo puede haber droga en la Cota 905 si permanentemente hay alcabalas de la Guardia Nacional en las entradas de Los Laureles, El Cementerio y la avenida Guzmán Blanco”, se pregunta un detective, quien no duda al asegurar que: “las zonas de paz son corredores para el libre comercio de droga”.

Aseguran que entre los hombres del Cicpc existe la voluntad para combatir estas bandas. Que las han estudiado y lograron establecer su ubicación e identificar a sus líderes. “Pero no tenemos la logística. Mientras ellos tienen fusiles y granadas, los policías tenemos pistolas 9 mm”, lamentó.

El funcionario del gobierno y dirigente del Psuv tampoco oculta su angustia. “Es muy complejo. Se han georeferenciado 192 grandes bandas en todo el país. Todas vinculadas al secuestro, tráfico de drogas, sicariato y robo de vehículos. La industria del crimen es la más lucrativa del país, después del petróleo. Se calcula que el valor en dinero de todo lo que mueve la industria del crimen es casi 21% del PIB. Toda la sociedad termina beneficiándose de la industria del crimen. Es una terrible contradicción pero es así. Es muy, muy alta la rentabilidad”, explicó.

“En el gobierno todos estamos preocupados por el proceso acelerado de cartelización del crimen. Incluído el Presidente. Pero nuestro Estado es muy débil para confrontar eso”, dijo el experto que ejerce funciones de gobierno.

El sábado 13 de junio, el mandatario Nicolás Maduro prometió que acabará “hasta con la última banda que hay en el país” y anunció la aplicación de leyes. Sin embargo, un día antes se conoció de la creación del despacho del Viceministro de Asuntos para la Paz integrado a la estructura organizativa del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

José Vicente Rangel Ávalos es el viceministro de este despacho que se encargará de la “articulación, integración, formulación e impulso de políticas y acciones de prevención, abordaje, rescate y reinserción de los ciudadanos en la sociedad para instaurar una cultura de paz en todo el territorio nacional”. El propósito es el reimpulso del Movimiento por la Paz y la Vida y la consolidación de las zonas de Paz.

Actualmente hay zonas de paz en seis entidades del país: Miranda (Valles del Tuy y Barlovento), Aragua (San Vicente), Guárico (centro y sur del estado), Zulia, Táchira y Caracas (Cota 905, El Cementerio, El Guarataro, Petare, Antímano y La Pastora). Están en procesos las zonas de paz de San Agustín del Sur y El Valle.

Roberto Briceño León: “En las zonas de paz gobierna la dictadura de los criminales”

El sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, tiene claro el pronóstico: “Las zonas de paz son la entrega del país al crimen organizado. Y la renuncia del Estado a sus responsabilidades”, asegura.

El experto no descarta que “es posible construir una paz criminal. Es posible que entregándole territorios y zonas al crimen organizado exista menos violencia pública. Pero estamos hablando de un territorio controlado por el crimen. Es un territorio donde no hay democracia, libertad y no hay derechos. Donde no hay la vida civilizada sobre la cual hemos construido las sociedades”, explica el investigador.

La criminalidad puede producir violencia o no —apunta Briceño León—  pero no por eso deja de ser criminalidad.

Sociólogo Roberto Briceño León.

“Venezuela está entrando en un contexto de dictadura de los criminales. A veces las dictaduras pueden ser similares a las organizaciones criminales. Pero claramente uno entiende que son dictaduras. La civilización justamente ha avanzado para hacer que los grupos criminales no sean los que dirijan la vida social”.

Lo que ha hecho el Gobierno es permitir que los grupos criminales lo sustituyan en sus funciones. Lo ha hecho en las zonas de paz y en las cárceles. “Eso siempre termina siendo arbitrario y frágil. Por ejemplo: si me gusta tu casa, te la quito. Si no me agradas, te mato. Esta es la esencia del asunto, en la cual se pierde la democracia, se pierde la libertad y la sociedad se hace más agresiva, más precaria y al final más violenta”, dice el director del OVV.

Explica además el fenómeno económico bajo el cual operan estas estructuras. “Funcionan bajo un proceso de captación de rentas. Primero la droga, pero luego la venta de cerveza, el cobro de peaje (afectando el libre tránsito). Luego sustituyen a los grupos de seguridad. Controlan el comercio. Se trata de un proceso notable de la captación de la rentas y en el fondo de capitalismo salvaje”.

Ya no existe la competencia legítima o la posibilidad de los consumidores de manifestar sus preferencias. “Se hace lo que estos individuos digan. Tienen el control territorial y un dominio que les permite hacer negocios, en términos técnicos esto es captación de rentas. Hacen negocios de manera ilegal y usando la fuerza”.

El venezolano es un individuo muy enfermo y cargado de odio

Víctor Amaya, Revista Dinero

El sociólogo Tulio Hernández lleva años retratando a la sociedad venezolana. Sus análisis le han dado nombre y apellido a fenómenos y comportamientos colectivos en un país donde las taras culturales, la viveza criolla y la degradación social, se sienten cada vez más enraizadas. Lo ha hecho como columnista, como opinador, como entrevistado y como académico.

Hernández sostiene que Venezuela cayó en un estado de “anomia”, definido por la escuela sociológica del siglo 19 como “situaciones en las cuales un grupo humano, un colectivo, una nación o una comunidad ha perdido cualquier sentido de conexión con las instituciones, con las normas. La anomia se produce cuando no se está en capacidad de sentirse parte del pacto social que implica aceptar las normas que hacen posible la convivencia colectiva“.

A su juicio, el asunto ha agravado el típico problema cultural latinoamericano de incumplimiento de la norma, esa tropicalidad anárquica contra la que luchaba Renny Ottolina con sus campañas de concientización sobre los semáforos.

“La gente cumple las normas por tres razones. Primero, por miedo a la sanción excepto cuando no hay buenas policías ni buenos sistemas judiciales. Segundo, por amor por la ley, pero la cultura te dice que la ley es para burlarla. Y tercero, por la autorregulación social, que es miedo o temor a la sanción de los demás, a raíz de la cultura ciudadana, cosa que aquí se ha perdido”.

¿La anomia social es consecuencia de carencia de leyes o de inobservancia de las normas?

No importa que existan leyes. Venezuela tiene sobresaturación de leyes. Ya la tenía en la era democrática y en la era postdemocrática aún más. Es un tema de educación ciudadana. Es la incapacidad del ciudadano para aceptar la autoridad, el desprecio profundo por la autoridad; pero en el caso extremo, como el venezolano, la incapacidad para distinguir entre lo legal y lo ilegal, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto.

Sin cumplimiento de normas no hay convivencia pacífica posible.

¿Por qué se ha profundizado esa anomia?

Nunca hubo un sistema de sanciones severo. Los programas de educación vial, por ejemplo, se olvidaron. El deterioro comenzó en los años 90, pero la llegada del chavismo introdujo tres elementos novedosos: El populismo que no castigaba a nadie para que el pueblo no se sintiera maltratado por el Estado; el odio de clases con la idea de que el orden es burgués, aristocrático, oligárquico; y el ejemplo dañino de tener grupos armados para castigar a los opositores. A partir de allí todo es posible.

¿Si se trata de un problema cultural acentuado por el Gobierno, cómo revertirlo?

Ese cambio sólo se puede producir con un cambio político. En un modelo que promueve el odio de clases, el desprecio al otro, la negación del diálogo, no puede haber cumplimiento de la norma porque eso es básicamente convivencia pacífica social. Luego, esto es un problema de orden público y es necesario el castigo.

Además, hay que crear programas de educación ciudadana y de creación de conciencia, bajo un acuerdo nacional para transformar el deterioro moral.

¿El gobierno cumple con soluciones o se ha convertido en un generador de problemas?

Hay dos maneras en que el gobierno ha alimentado esto. Lo primero es la omisión. Hugo Chávez nunca quiso enfrentar el tema de la violencia porque necesitaba represión y él condenaba las formas represivas; pero tampoco fue capaz de inventarse nuevas maneras de ejercer el papel del Estado, el monopolio de la violencia. Luego, el gobierno estimuló el discurso justiciero, instigando la violencia. Tercero, estimuló el odio de clases.

Pero hay cuatro fenómenos decisivos: la proliferación de armas, un sistema penitenciario que no castiga sino que multiplica el crimen; un sentimiento de fracaso colectivo y opacidad de futuro en la sociedad; y la impunidad.

¿En Venezuela las formas ilícitas se han convertido en acción común?.

No hay ningún pueblo que no tenga tentación a la corrupción, por ejemplo. Lo que diferencia a un japonés de un venezolano y de un inglés no es que uno sea más honesto que el otro, sino que en Inglaterra o en Japón hay más sistemas de control, vigilancia y castigo que en Venezuela.

¿Al Gobierno le interesa un estado de anomia social?

Es paradójico. Por un lado, promueve la anomia pero por otro promueve el control social. Quiere un Estado donde el ciudadano sea anómico en relación a la convivencia y cumplimiento de las normas, pero donde sea totalmente “nómico” en relación a ser fiel al partido, a la memoria de Hugo Chávez y a los mandatos. Por eso no es un Estado totalitario, sino un híbrido porque incluso para ser totalitario hay que ser disciplinado.

Aquí hay un capitalista de Estado oportunista para sus élites, populista en la distribución del ingreso, pero eminentemente vividor, en el sentido de la con viveza criolla.

Rescatando el término de ‘postdemocracia’, ¿Cómo lo define?

A este país la democracia le costó muchísimo, y ahora ha entrado en una fase en la que ya no hay democracia pero tampoco es una dictadura totalitaria. El modelo conserva elementos típicos de la democracia, como las elecciones, la existencia de partidos y de medios privados, pero todo tutelado y controlado por el Estado ventajista. Es la era postdemocrática, con los demonios del militarismo sueltos.

¿Hay cohesión social en Venezuela?

Esto es un país roto, fragmentado, que le cuesta incluso pensarse como un solo proyecto con una historia común. Incluso dentro de cada uno de los dos grandes bandos, cuesta encontrar pensamientos comunes. La cohesión social ya estaba rota antes del chavismo, cuando la población venezolana abandonó a AD y Copei en 1993 porque se sentía estafada.

Chávez en vez de llegar a ser un sanador como Mandela, lo que hizo fue hacer la herida más purulenta.

¿En una sociedad rota cómo está el individuo?

El venezolano es un individuo muy enfermo, cargado de odio si es militante de posiciones radicales, indispuesto al diálogo. Si es joven y tiene posibilidades, con ganas desesperadas de emigrar. Por otro lado, asolado por el miedo, por la angustia a la inseguridad. Y solamente hay una minoría con una visión esperanzada a través de la acción política.

En promedio, esta es una sociedad deprimida, desencantada, enferma de desasosiego porque se siente privada de futuro.

¿Qué papel juegan las denuncias de magnicidio, golpe de Estado, ataque a instituciones?

Es la necesidad del enemigo, del culpable, para cohesionar a la población a una amenaza externa. La denuncia del magnicidio es un recurso manido cada vez que entra en crisis el poder. Eso contribuye a la desolación en un país que tiene que vivir con la idea de que la normalidad no es posible, de que la vida es un constante sobresalto.

A ello se suma un entorno económico de escasez y alta inflación.

Estamos viviendo uno de los momentos más desgraciados económicamente hablando en la historia venezolana. Los venezolanos debemos prepararnos para lo peor porque estamos en un juego cerrado: La ideología impide los ajustes económicos y, si se hacen, el discurso ideológico se derrumba.

Pero el gobierno avanza con medidas como el aumento de la gasolina.

Al gobierno le falta plata. Creo que la campaña por el aumento ha sido bien llevada, muy persuasiva. La gente sabe que el precio es muy bajo, pero el enemigo real es el diferencial cambiario que no permite acabar con el contrabando.

¿Con una campaña así pudo hacerse el aumento hace años?

Sí, pero hubiese sido atentatorio contra el discurso populista. Chávez le dijo a la gente que las cosas eran gratis y no podía subir la gasolina. Ahora la borrachera de lo gratuito ya pasó, y estamos en el ratón de la reposición.

¿Qué elementos acercan o separan a Maduro, Chávez y el período anterior?

Aquí hay tres momentos. El primero, fue el intento de ruptura con el populismo hecho con el Gran Viraje que significó la ruptura de las identidades políticas básicas de los venezolanos. Allí se acabó la fidelidad a AD y Copei. Luego, Chávez llegó y emocionó a los excluidos multiplicando el populismo anterior e introduciendo el odio de clases y la venganza, con la suerte de contar con la más alta renta petrolera de la historia. A Maduro le tocó recoger los platos rotos del bipartidismo y del chavismo, tratando de mantener el discurso populista cuando el Estado no tiene cómo, pero introduciendo la represión política.

¿Es posible otro Caracazo?

No. Es muy difícil que se repita porque las sociedades aprenden. Ahora hay más conciencia política, y están los colectivos y un aparato represivo. Además, todos los días hay un “minicaracazo”. En los últimos tres años ha habido más manifestaciones de protesta social que en todo el período de cinco años de Caldera.

¿Cómo evalúa la terminología oficial de la ‘guerra económica’, del ‘Dios proveerá’?

Son típicas estrategias de propaganda fascista. Es la lógica de la paranoia.

¿A dónde va el país?

Ni siquiera un brujo podría decir nada serio sobre el futuro del país, porque no estamos frente a un actor político racional. Se podría pronosticar desde un autogolpe como el que denuncia Pepe Mujica, hasta una implosión como la de Fujimori con el caso Montesinos o la que pasó en Argentina.

Si no es fácil predecir, ¿qué decirle a los venezolanos?

Para los que no se van a ir, aquí está demostrado que cada vez que unos militares intervienen dando un golpe de Estado, se quedan. Debemos insistir hasta el final con la salida constitucional, cívica y civil, pero aprender a jugar de una manera no tonta e inocente.

¿Qué opina de la muerte de jóvenes en manifestaciones políticas?

Es espantoso, sobretodo porque el gobierno las ha banalizado. Son peligrosas porque podrían crear una carga de impotencia entre los jóvenes que podría estallar tarde o temprano.

¿Y del encarcelamiento de dirigentes y activistas opositores?

Es la expresión de un sistema represivo copiado de Irán, que naturaliza el encarcelamiento.

¿Cómo evalúa a Nicolás Maduro?

Solo en un país extraviado, paralizado ética y económicamente, una persona con la formación, el manejo de oficiar el idioma y la crueldad de Nicolás Maduro, podría ser Jefe de Estado.

Esta es la vida llena de lujos de los directivos de la FIFA

Luis Prats, El País (Uruguay)

Chuck Blazer.

En sus días de vino y rosas, el exdirigente de la Concacaf y hoy topo del FBI, Chuck Blazer, alquilaba tres apartamentos en la Trump Tower de Nueva York. Uno para su oficina, otro como vivienda y un tercero para alojar a sus gatos.

Solo este último costaba 6.000 dólares mensuales de alquiler, aunque para él no significaba problema alguno, pues todo lo pagaba la confederación del fútbol centro y norteamericano.

Los fifos, como llaman en España a los dirigentes de la FIFA, además de la red de corrupción que investigan el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, habían construido desde hace años un mundo de ensueños para ellos mismos, donde solo existían hoteles de 5 (o más) estrellas, manjares principescos, vuelos en primera clase o jets privados y otros lujos que la inmensa mayoría de los aficionados al fútbol nunca conocerán.

Eugenio Figueredo.

No pasó inadvertido que la redada de hace 10 días contra los ejecutivos de la FIFA, incluido el uruguayo Eugenio Figueredo, se realizó en el hotel Baur au Lac de Zúrich, el más caro de una ciudad de por sí carísima, donde una habitación cuesta como mínimo mil euros la noche.

En realidad, la FIFA había acostumbrado a sus dirigentes a esa vida de opulencia.

Hace dos años, el Congreso del organismo rector del fútbol tuvo lugar en la isla Mauricio, un exclusivo destino turístico en el océano Índico.

Los 1.200 participantes se alojaron en seis hoteles diferentes. La cúpula directriz fue al Sugar Beach, un 6 estrellas que fue reservado exclusivamente para ellos.

Sugar Beach Hotel.

Las habitaciones comunes cuestan allí mil dólares la noche, en tanto la suite real, un recinto con piscina propia, sauna y valet personal, trepa a 5.000 dólares cada 24 horas.

Se supone que los empleados de hoteles de este nivel están acostumbrados a buenas propinas. Tampoco eso afligía a los fifos: hasta ahora recibían 500 dólares diarios de viático, más 250 para sus esposas o novias.

El mundo de ensueños se prolongaba en los viajes, realizados en primera clase o incluso en jets privados. Los dirigentes, además, solían moverse como diplomáticos, ahorrándose los controles aduaneros. Y por las calles se movían en limosinas escoltadas por policías en motocicletas.

Seguridad

Además del lujo, la FIFA buscaba la seguridad de un castillo. Durante el Mundial de Brasil 2014, su cuartel general fue el hotel Copacabana Palace de Rio de Janeiro.

Hotel Copacabana Palace de Rio de Janeiro.

Vale la pena la descripción del enviado de El País, José Mastandrea:

“En las afueras, amplias barreras de aluminio y lona blanca separan al Copacabana de la gente que transita por la amplia vereda de la Avenida Atlántica. Detrás del cerco de seguridad, una veintena de guardias privados, vestidos todos de negro, hablan permanentemente por walkie-talkie. Nadie puede ingresar, salvo que tenga una identificación especial que autorice su presencia en el hotel “FIFA”.

Cuatro patrulleros están apostados a los costados y mantienen sus luces rojas encendidas en forma permanente.

Cruzando el primer tramo de la Atlántica, en el cantero central, hay dos camiones de la Policía Militar apuntando sus trompas hacia la playa. También hay un carro de bomberos. Los 11.000 metros cuadrados del Copacabana Palace están cubiertos desde los cuatro costados”.

Sueldos

Además, los fifos tienen elevadas remuneraciones. El periódico británico The Sunday Times informó que a principios del 2014, la FIFA decidió “en secreto” duplicar el salario de los 25 miembros de su Comité Ejecutivo, que llegó a 200.000 dólares por cabeza.

¿Cuánto gana Joseph Blatter? Es un enigma…

El sueldo del ahora renunciante presidente Joseph Blatter también es un enigma, pero fuentes creíbles lo sitúan en dos millones de dólares anuales.

También los empleados rasos de la FIFA son privilegiados.

El promedio de pagos fue de 242.000 dólares por empleado el 2014, informó la agencia Reuters.

Pese a que se trata, nominalmente, de una organización sin fines de lucro, la FIFA paga mucho más que casi cualquier otra institución pública o privada en Suiza. Quizás por eso los funcionarios recibieron con aplausos a Blatter el jueves, cuando volvió a su despacho como si nada hubiera pasado.

La corrupción, además, parece venir de lejos.

El exjugador inglés Graham Taylor relató a The New York Times que a principios de 1990 actuó brevemente en un comité asesor de la FIFA de 18 miembros. Cuando terminó el trabajo, los participantes formaron una cola ante un funcionario para percibir sus honorarios.

Graham Taylor.

Taylor se sorprendió cuando otro participante le aconsejó que pidiera el reembolso por el pasaje desde Londres, pese a que ya había sido pagado por la asociación inglesa.

“Reclamá todo y luego abrí una cuenta bancaria en Suiza. Con los años el dinero se acumulará”, fue la sugerencia.

Blatter es como Nixon

Greg Dyke.

El presidente de la Federación Inglesa (FA), Greg Dyke, afirmó ayer que Joseph Blatter “odia a los ingleses, a la FA y a los medios británicos”, pero que ello ya no tiene importancia porque el suizo está “muerto” políticamente y cree que será detenido.

“Tiene carisma, eso es innegable, pero nunca le he creído. Me recuerda a Nixon, o bien estás en su bando o estás en el del enemigo”, dijo Dyke al diario The Guardian.

Un exfiscal de EE.UU. defenderá a la FIFA

La FIFA contrató a un exfiscal de Nueva York para representarla en el caso en que altos funcionarios enfrentan acusaciones de sobornos y corrupción en un tribunal estadounidense.

William Burck.

William Burck, socio del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, fue contratado el mes pasado, confirmó la FIFA, que todavía no ha sido acusada en el caso de corrupción por el cual hay nueve directivos actuales y pasados de la FIFA y cinco empresarios acusados. Algunos están presos y otros prófugos.

Burck fue asistente del fiscal al inicio de su carrera en Manhattan. Ayudó a procesar a Martha Stewart, una personalidad de la televisión que maneja un emporio de decoración de interiores. También trabajó como viceconsejero de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush.

¿Qué se esconde detrás de la reventa de productos?

Foto: Américo Torres.

 

Marielys Zambrano Lozada, Panorama

En Venezuela, revender productos escasos al triple o más de su precio regulado se ha vuelto un eslabón más de la cadena de comercialización.

Quienes lo hacen son llamados “bachaqueros”. Ellos prefieren no hablar del oficio para no poner al descubierto los entramados de su negocio ilícito, en el que participan desde algunos trabajadores de los establecimientos comerciales hasta autoridades.

Sonia Romero —nombre modificado a petición de la informante— es una paciente dializada que sobrevive cada semana esperando la donación de un riñón. Es madre de dos hijos, bachaquera desde el año pasado, y una de las tantas que compra con tres cédulas: la de ella, la de su papá muerto, y la de su mamá, con Alzheimer.

“Por mi condición  no conseguía trabajo. Tengo amigas  bachaqueras y pensé: ‘¿Por qué no lo hago? Mi carnet de discapacitada me ayuda’. Probé con dos productos. Jabón en polvo y suavizante. Me daba pena antes. Ya no. Entendí que había comenzado una nueva manera de subsistir”.

¿Cómo compra Sonia -y el resto- con varias cédulas, burlando un sistema de captahuellas?

“Primero que todo, hay que aclarar que  no todos  los establecimientos tienen ese sistema. Segundo, las captahuellas no funcionan igual en todos los negocios. Hay uno que es muy efectivo donde se lee en la pantalla ‘Gobernación del Zulia’. El negocio que lo tiene te bloquea por una semana la compra de regulados. Pero, hay otro sistema paralelo que se presta a corrupción.

En componenda con cajeros o supervisores de caja, introduces cualquier número de cédula que se te antoje. Y aparece el nombre de un beneficiario, y compras. En ese sistema metes todas las cédulas que inventes. Sacas toda la mercancía que quieras, sin necesidad de marcar las  huellas correctas. De hecho, las tres cédulas que yo uso pasan sin problemas con mis dedos.

El orden para comprar es así: Primero vas a los ‘locales vagabundos’, luego rematas en el negocio que tiene el captahuellas que sirve”.

Quizá, por esa razón, Margarita Bermúdez, quien se aguantó una cola desde las 3:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía para comprar pañales y leche, quedó sorprendida cuando, al llegar a la caja, le dijeron: “Usted está bloqueada. Aquí aparece que ya compró”.

“Me molesté muchísimo. Yo no había comprado. Mi hija se quedó sin sus pañales y  leche. No hay dónde reclamar”, denunció.

La respuesta a su bloqueo la ofrece Randy Guerrero, otro bachaquero: “Alguien compró con el número de cédula de esa señora. Yo lo he hecho con otros. Te duele usurpar a una persona que ha estado tiempo en cola, pero, piensas en frío y jodes a otros, porque, yo también estoy jodido, sin trabajo”.

En el país hay bachaqueros  de dos tipos: de “bajo rango” y “peces gordos”. El común en los testimonios de los “rasos” es que se nutren de  mensajes de texto   enviados por quienes trabajan dentro de los establecimientos; sus conocidos. Pero, para rasguñar regulados tienen que aguantar colas de cinco o seis horas, sin ir al baño. Soportar groserías, empujones.

El sacrificio les dará un “sueldo” entre Bs. 14 a 20 mil al mes. Pero quienes tendrán las mejores ganancias son los “peces gordos”.

“Como está mi general (…). ¡Claro que sí! (…). Ya tenemos el cargamento de carne listo para hacer el negocio (…). Ya estamos cuadrando a quién venderlo”, dice un subalterno, de bajo rango  de la Guardia Nacional, por teléfono, distraído y ajeno a la presencia de esta periodista que le escucha la conversación.

“El personal militar y policial arrasa con la mercancía. Están, supuestamente, custodiando el orden. Y yo vi cuando montaron en una camioneta oficial más de 20 baterías de vehículos para llevárselas en presencia de la gente.

También vi cuando llegaron a un supermercado a llevarse las cajas de compotas. Decían: ‘¡Esto es para el comando!’. Me pregunto: ¿Acaso los militares comen compotas?”, contó Aixa Morillo, ama de casa.

Irina Morales -nombre también modificado-, igualmente bachaquera, esboza que sus amigos  trabajadores de un supermercado zuliano le han dicho que cuando se bajan las santamarías  comienza otra feria.

“Me confesaron  que ciertos uniformados sacan mercancía con el gerente de tienda”.

Lo que más deja ganancias a los bachaqueros ahora  es la reventa de pañales -para  niños y adultos-, leche en polvo, jabón de lavar, suavizante, toallas sanitarias, papel sanitario, pollo y café.

Los bachaqueros están atentos a las alocuciones presidenciales que anuncian regulaciones en los precios de  productos. Así, ponen en sus miras el próximo rubro a buscar y que inevitablemente brillará por su ausencia en los anaqueles.

“Si sacas tonterías, no tienes muchas ganancias. Si aguantas una cola para sacar productos, procura que sean los que vendes más caro. Ejemplo: un paquete de pañales lo compras en 150, promedio, y lo revendes en 800, en mil o mil 200. Entonces, te matas por los pañales. Lo mismo con el papel sanitario, pues un paquete de 12 rollos  lo revendes en 600. Un pote de leche en 500, jabón de lavar de 2,7 kilos, en 350”, explicó Ana Laguna, bachaquera  zuliana.

La actividad que vacía los anaqueles y genera un vicioso círculo de desabastecimiento ha sumado seguidores que se organizan más. Los grupos de revendedores en las redes sociales proliferan.

“Me duele pagar por 5 paquetes de toallas sanitarias, para mí y para mi hija, 600 bolívares. No se consiguen. Y cuando conseguí, no le vendieron a mi hija porque era menor. ¿Acaso las niñas no se desarrollan a esa etapa de la vida?”, expuso Mayra López, administradora de empresa.

¿Se acabará el “bachaquerismo”?

Imagen:www.3.bp.blogspot.com

Todo apunta a que en un futuro cercano, no, pese a las medidas. “En próximos días la red pública instalará captahuellas en cajas registradoras para cambiar la distribución de rubros”, dijo Billy Gasca, secretario de la Gobernación zuliana.

Mientras tanto, los bachaqueros ya traman cómo pasar cualquier otro control que se implemente. Solo cuando la oferta sea mayor a la demanda se acabará el bachaquerismo. Por lo menos eso afirma el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León en su escrito ¿Por qué en Venezuela hay colas y en otros países no?:

“No hay colas donde los precios de los productos son racionales y cubren los costos de producción. No hay colas donde la empresa privada es estimulada para que invierta, crezca y produzca”.

Pero también dejará de haber bachaqueros cuando el sentido común impere en cada uno de quienes de una u otra forma, están involucrados en este entramado llamado bachaqueo.

 

El chavismo: el fracaso de una religión laica

Alonso Moleiro, El Estímulo

El chavismo es, incluso para sus variantes intelectuales, un culto, con su liturgia, sus tabúes, sus mandatos, sus verdades reveladas y sus obligaciones. Como todo culto, demanda lealtad y exclusividad. Es una apuesta alimentada por la nostalgia, los prejuicios, el ánimo de revancha, las inquinas personales, el estatus político adolescente.

Todo el país, toda la sociedad venezolana, incluyendo probablemente, a la Presidencia de la República, los mandos militares y la jerarquía del partido del gobierno, tiene que estar debatiendo en privado, aquello que no todo el mundo se atreve a reconocer en público: el estrepitoso fracaso del proyecto comunal bolivariano; la ausencia total de liderazgo que existe en el país, la endiablada marcha de la descomposición social y la ausencia de conducción económica. La falta de horizontes y futuro que se cierne sobre los venezolanos de esta hora.

El fracaso de Venezuela se respira en todos los rincones. La dimensión de la quiebra es tan profunda, que el socorrido argumento de la “guerra económica” hace aguas en medio de la tormenta, diminuto y solitario, sobrepasado por nuevos capítulos de la disfunción administrativa que ha ido creando el PSUV.

Hablando de guerra económica nadie puede explicarse la multiplicación de las bandas criminales, los cortes de luz, la ausencia de hojillas de afeitar o la descomposición de los tribunales.

Parte del estamento dirigente se niega a debatir los contenidos y causas del naufragio actual, porque en la historia fallida del chavismo están comprometidas sus hojas de servicios, y la terrible responsabilidad política, administrativa que algún día les tocará encarar frente al país.

Persisten otros sectores sociales y culturales del chavismo, ubicados en el extrarradio del actual diagrama del poder, que, aún cuando no pueden desconocer en privado la magnitud del costo que este catastrófico experimento, guardan silencio, esconden la cabeza o le rehúyen a cualquier debate en el cual pueda emerger el peligroso escenario de tener que extraer conclusiones contrarrevolucionarias.

De eso se trata: no tienen convicciones políticas sino posturas religiosas.

Profesores universitarios, cuadros medios, escritores, periodistas, promotores comunitarios: aquel que, de buena fe, acompañó la consigna de Chávez en torno a la conquista de la tierra prometida, tiene que saber, en el fondo de su alma, que el autodenominado Plan de la Patria no va a ninguna parte.

Peor aún: que no habrá manera de salir de este hoyo si son sus principios rectores los que animen las ejecutorias oficiales, y que Nicolás Maduro no es, ni de lejos, la persona indicada para hacerle frente esta situación de anarquía y caos cotidiano.

El chavismo es, incluso para sus variantes intelectuales, un culto, con su liturgia, sus tabúes, sus mandatos, sus verdades reveladas y sus obligaciones. Como todo culto, demanda lealtad y exclusividad.

Es una apuesta alimentada por la nostalgia, los prejuicios, el ánimo de revancha, las inquinas personales, el estatus político adolescente.

Nuestro orondo militante “de izquierda” sabe que Venezuela no marcha a ninguna parte, pero prefiere callarse, no vaya a ser que, en medio de este cataclismo, en el cual no se consiguen fármacos ni cauchos de repuesto, termine sucediendo que, para colmo de males, tengan además que perder el poder.

Perder el país es una opción sobre la cual se puede discutir: perder el poder es un escenario que no existe.

El fracaso revolucionario de esta hora guarda, en lo económico y lo ético, muchas similitudes con el que se gestó en las postrimerías del gobierno de Jaime Lusinchi –naufragio cambiario, estallido inflacionario, negocios personales a la sombra del poder y auge delictivo. De hecho, la cosa más parecida a Cadivi que existe se llamó Recadi. Fue aquel el pecado original que acabó con el Régimen de Punto Fijo.

Por entonces la opinión pública de 1989 crepitaba de forma indignada en torno a la ubicación de los responsables, los causantes de la crisis, los daños patrimoniales y el castigo merecido. Muchas veces se habló de la “sociedad de cómplices”; de la “agenda secreta de Recadi”, de la impunidad reinante y de la degradación de la cosa pública.

Era un reclamo de la Venezuela decente, en el que también Luis Britto García, Earle Herrera, Luis Alberto Crespo, entre otros estimables funcionarios públicos, alguna vez intelectuales.

Antes se indignaban, denunciaban, se burlaban, escribían. Hoy prefieren hacer silencio en medio de esta orgía de chanchullos con boina roja, porque quieren seguir sintiendo que son “de izquierda”.

“El milagro de Chávez en la Tierra”: Más de 250 mil asesinatos en 16 años de revolución

Ana Rodríguez Brazón, El Cooperante

Según la Real Academia Española un legado es “algo que se transmite a los sucesores, sea una cosa material e inmaterial”. Pero el diccionario no especifica si esta herencia es buena o mala.

Con su muerte, Hugo Chávez, “el supremo”, dejó un legado del que hoy no pueden escapar los venezolanos: 252.073 venezolanos muertos a manos del hampa, en 16 años de revolución.

Esta alarmante cifra no solo engrosa el registro de cadáveres en las morgues del país, sino que crece la cantidad de ciudadanos y familias que se enlutan por la pérdida de un ser querido. Los asesinatos parecen que son lo único que no escasea, a pesar de que se han implementado 22 planes de seguridad lanzados desde 1999.

Desde 1999 hasta el 29 de mayo del 2015, según publicaciones de diferentes medios, se han registrado 252.073 muertes violentas, incrementando de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, a 82, según el Observatorio Venezolano de Violencia, (OVV) ubicando a la nación como el segundo país más violento del mundo.

En el primer año de Chávez, en 1999, hubo 5.968 muertes, pero en el 2012 antes de morir, dejó en el registro 21.692 víctimas, 73 muertos por cada 100 mil habitantes según cifras del OVV, aunque el gobierno solo admitió en ese momento 16.030.

Desde 1994 hasta 1997 hubo en Venezuela 18.400 muertes violentas.

En 1994 se registraron 4.733; 22 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 1995 cuatro mil 481; 21 por cada 100 mil habitantes.

En 1996 cuatro mil 961 con una cifra de 22 por cada 100 mil y en 1997 cuatro mil 225 siendo la cifra más baja con 19 homicidios por cada 100 mil.

Cifras por cada plan de seguridad

En 1999 con Luis Miquilena como primer ministro de Interior y Justicia del gobierno de Chávez, se lanzaron dos planes. El primero se llamó Plan Desarrollo Pacífico de las Cárceles y el segundo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; sin embargo, ese año terminó con 4.550 homicidios, aunque otras cifras arrojan 5.968 víctimas.

Ignacio Luis Arcaya. Imagen: http://www.eluniversal.com

En el año 2000 durante la gestión del ministro Ignacio Luis Arcaya, aparece el Plan Bratton. Este fue presentado por Alfredo Peña quien en ese momento era alcalde Metropolitano. Ese año cerró con 8.022 víctimas, aumentando la tasa a 33 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Un año más tarde dos nuevas estrategias para combatir el hampa fueron presentadas al país. El Plan Estratégico de Prevención de la Violencia y el Plan Confianza. Luego de 12 meses la cifra se ubicó en 7.960, para 33 muertos por cada 100 mil habitantes. Con el segundo plan fue modificado el Código Orgánico Procesal Penal.

Capitán Diosdado Cabello. Imagen: http://www.si.wsj.net

En el 2002 durante la administración de Diosdado Cabello una nueva estrategia fue anunciada a los venezolanos: el Plan Nacional de Control de Armas. 9.617 venezolanos cayeron a manos del hampa, 38 homicidios por cada 100 mil personas.

El 3 de marzo del 2003 llega el Plan Piloto de Seguridad y el Plan de Seguridad Misión Caracas, en este se incorporaron 1.800 funcionarios de distintos cuerpos, pero fueron asesinadas 11.342 personas, 44 muertes por cada 100.

Teniente Jesse Chacón. Imagen: http://www.panorama.com.ve

Pasaron tres años sin un nuevo plan. En el 2004 hubo 9.719 y en el 2005 nueve mil 964, por lo que en el 2006 el gobierno anunció un nuevo plan propuesto por Jesse Chacón, llamado Plan Estratégico Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana , el cual costó 70 millones de dólares. Doce mil 257 cayeron asesinados.

Luego de que en el 2007 murieran 13.156, aparecieron en el 2008 dos nuevos planes: Plan Caracas Segura y Plan Ruta Segura. En vez de disminuir los números arrojaron 14.599 muertos.

En el 2009 seis planes de seguridad sorprendieron a la población. Plan Noche Segura, Plan Autopista Segura, Dispositivo Bicentenario de Seguridad, Plan Guardia del Pueblo, Operación Cangrejo y Madrugonazo al Hampa , a pesar de la cantidad, hubo 16.047 muertos.

Ni en el 2010 ni el 2011 se anunciaron planes, pero la cantidad de víctimas siguió en ascenso. En el primer año hubo 17.600 muertos y en el segundo 19.336, aunque el gobierno aseguró que solo murieron 14.092 personas.

General Miguel Rodríguez. Imagen: http://www.difundelaverdad.org.ve

Para el 2012 fue presentada la Misión a Toda Vida Venezuela con Miguel Rodríguez Torres a la cabeza. Murieron 21.692. El gobierno admitió 16.030.

Operativo Madriguera y el Plan Patria Segura llegaron en el 2013. Este último contó con 3 mil miembros de la Fuerza Armada, a pesar del despliegue hubo 24.763 muertes.

El 2014 fue uno de los más violentos para la historia venezolana con 24.980 homicidios y una tasa de 82 muertos por cada 100 mil habitantes. Ese año apareció el Plan Desarme Nacional enmarcado en el Plan Patria Segura.

En lo que va del 2015, desde el 1 de enero hasta el 29 de mayo, solo en Caracas se registraron 2.101 asesinatos, para un total de 252.073 víctimas en 16 años de revolución.