Análisis del decreto de estado de excepción en varios municipios del estado Táchira

Abog. Juditas Delany Torrealba Dugarte

Con la entrada en vigencia, del Decreto 1950 sobre el estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia, Libertad y Rafael Urdaneta publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.194 de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 21 de agosto de 2015, finalmente en términos coloquiales “se hundió el botón de emergencia” que el gobierno oficial, desde la época de la Asamblea Nacional Constituyente, había considerado como un mecanismo extremo que debería contar con todas las garantías constitucionales y fundamentales que, como se señalaba, no habían sido respetadas en gobiernos anteriores siendo los estados de emergencia declarados con la Constitución de 1961 instrumentos potencialmente atentatorios y letales, ejemplificando siempre con el más representativo de todos acaecido los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como “EL CARACAZO”, que representaba la auténtica muestra de la declaratoria de un estado de excepción arbitrario cargado de medidas de altas policía, que había violado el derecho humano fundamental de la vida.

“Se está en presencia de un decreto que se fundamenta en “la mala fama” de una institución jurídica que, ejecutada en un plano de igualdad, transparencia y previsión, podría remediar situaciones anormales y de conflicto”.

Fue este factor que ante la discusión de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en el seno de la constituyente, se quiso redimensionar la figura que tan satanizada había sido en la Constitución Nacional de 1961, al eliminar “la suspensión sino solo hablar de restricción, argumentando que esta última era una limitación parcial mas no total como en el caso de suspender que era absoluto” y, por ende, se quiso tomar nuevos mecanismos que constituciones como la Española y de experiencia más cercana por la situación geopolítica ofrecía Colombia a través de su Constitución de 1991 y su famosa ley 137 de 1994 que, en muchos aspectos, la Constitución de 1999 y su posterior Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE) del año 2001 adoptaron como fuente de inspiración.

Dado que en opinión particular al ser Colombia un país con una historia de múltiples excepcionalidades aporta a nivel Iberoamericano una de las mejores normas sobre el tema, siendo una tendencia poco usual la existencia de leyes especializadas a nivel del Derecho Comparado, en vista que el Poder Ejecutivo en su contexto tradicional siempre ha considerado a los estados de excepción como situaciones impredecibles que la existencia de una ley especial que rija sus límites sería un piedra de tranca a las medidas que de excepción podrían ser tomadas, de allí que esta tendencia acogida por Venezuela convirtió a los estados de excepción en una figura prácticamente inaplicable por la responsabilidad y compromiso que ameritaba en aras de garantizar la seguridad, dignidad e integridad de los ciudadanos y demás pobladores.

“El decreto de estado de excepción no contiene medidas que se fundamenten en la seguridad de los ciudadanos”

Por ello, el intento de abrogar la Ley Orgánica de Estados de Excepción (LOEE) y cambiar el contenido consagrado en la Constitución de 1999 en la propuesta de reforma constitucional, buscaba hacer del estado de excepción un instrumento más accesible para el establecimiento de medidas. Sin embargo, la no aprobación de la reforma constitucional dejó inalterable la figura y la convirtió en una institución intocable.

Ante la existencia de figuras como estado de emergencia y alarma consagradas en Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres del 2001, en sus artículos 4 numerales 3 y 4, era flexible ante situaciones de desastres naturales o de índole similar, se recurriera a esta figura (disfrazando un estado de excepción) y no activar a los estados de excepción y sus tipos (alarma, emergencia económica, conmoción interior y exterior) por los lineamientos y medidas que la misma representaban; sin embargo, la situaciones de utilizar la figura del estado de excepción “disfrazado” desapareció y llevó finalmente a adoptar de manera directa a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

“El decreto no ofrece claridad sobre las normas extraordinarias que suspenden a las leyes ordinarias, en el marco de la restricción de las garantías constitucionales que deben ser aseguradoras de justicia y de equidad”.

Habría que preguntarse ¿El decreto de estados de excepción vigente desde el 21 de agosto del 2015, se desarrolla entre los límites constitucionales y legales permitidos en Venezuela?

Análisis crítico

Es un hecho notoriamente GRAVE que se omitió la mención de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE) en los artículos que señalan qué GARANTÍAS JAMÁS pueden ser restringidas, todo fundamentando en los artículos 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como:

1. La vida.
2. El reconocimiento a la personalidad jurídica.
3. La protección de la familia.
4. La igualdad ante la ley.
5. La nacionalidad.
6. La libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas.
7. La integridad personal física, psíquica y moral.
8. No ser sometido a esclavitud o servidumbre.
9. La libertad de pensamiento, conciencia y religión.
10. La legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales.
11. El debido proceso.
12. El amparo constitucional.
13. La participación, el sufragio y el acceso a la función pública.
14. La información.

“Hay un estado de incertidumbre y sobre todo de inseguridad jurídica, que a lo largo del decreto es palpable”.

Dado que aunque las garantías restringidas no enumeran a ninguna de las anteriores, no podía tampoco permitirse que en el ejercicio de restricción de otras garantías, estas se vulneraran haciendo énfasis en algunas de gran preponderancia en la situación en el eje fronterizo como protección a la familia, igualdad ante la ley, nacionalidad, integridad física, psíquica y moral; debido proceso e información.

Respecto a la nacionalidad, es un factor de suma importancia dado que todo aquello que se hiciera en detrimento de una nacionalidad, sin las debidas previsiones, podría considerarse una práctica xenofóbica.

“La vergonzosa redacción, motivación y aplicabilidad de este decreto, contiene lagunas y criterios genéricos”.

Es notorio destacar que el decreto fue anunciado el día viernes 21 de agosto del 2015 por alocución televisiva, pero su contenido finalmente fue conocido prácticamente 24 horas después entrando en vigencia sin haber conocido los pobladores, organismos públicos o ciudadanos residenciados y domiciliados en los respectivos municipios. Esta situación vulneró el DERECHO CONSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN, estipulado en el numeral 14 del artículo 7, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, “omitido” por el Poder Ejecutivo Nacional.

Sobre los considerandos

El Decreto 1.950 sobre estado de excepción, se conforma de 5 considerandos que llevan a exponer los motivos que acarrean la declaratoria de la figura mencionada.

En el primero, se habla que de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo, se presenta una amenaza compleja bajo la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas al paramilitarismo, narcotráfico y el contrabando de extracción que afectan la paz, la convivencia, y el acceso de bienes y servicios del pueblo venezolano.

“El responsable de la ejecución del decreto junto con el ministerio en materia de Interior, Justicia y Paz, así como con la delegación otorgada por el Presidente de la República, es el gobernador del estado Táchira”.

En el segundo considerando, se manifiesta que ante las prácticas delictivas se habían presentado en los puestos fronterizos hechos de violencia en contra de funcionarios y ciudadanos venezolanos, llegando al límite por medio de un ataque el día 19 de agosto de 2015 al sufrir funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ataque en el cumplimiento de sus funciones.

“El decreto contiene el deber de cooperación, que obliga a los habitantes de esos municipios a colaborar hasta en acciones extraordinarias”.

El tercer considerando habla de otros hechos delictivos como es el caso del tráfico de moneda venezolana, y contra los bienes adquiridos en contra de las divisas, así como el tráfico ilícito de mercancías producidas e importadas por Venezuela que ante su práctica afecta gravemente la economía de la nación.

“¿Cuáles parámetros del decreto garantizan un trato digno en los desalojos?”

En el cuarto considerando se hace mención al deber que tiene el Estado venezolano en defender y asegurar la vida digna de sus ciudadanos a través del enaltecimiento de fundamentos constitucionales para el goce de un ambiente pleno de estabilidad y tranquilidad.

“¿En el decreto se cumplen los extremos legales en materia de migración y extranjería, ante la presencia de extranjeros ilegales?”

Y, finalmente, en el último considerando se hace alusión a que ante la existencia de amenazas objetivas se disponen de los medios jurídicos para garantizar la máxima estabilidad de la República, mediante la restricción temporal de medidas para la tutela de los derechos y garantías del pueblo venezolano, estos son los motivos que constituyen a la vigencia de dicho estado de excepción.

Sobre los artículos del decreto de estado de excepción

Comentario artículo 1

Se hace mención sobre el tipo de estado de excepción, no menciona de manera literal su tipo, pero al citar el articulo 10, numeral 1, se refiere al ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA y hace alusión a medidas oportunas para atender la situación propiciada por el contrabando de extracción, la violencia delictiva acompañada y los delitos conexos; no obstante, ya se presentan en este artículo contradicciones dado que en el considerando se mencionaban otros hechos delictivos como el paramilitarismo y el narcotráfico. Y aunque hace mención al término “delitos conexos”, habría que preguntarse ¿acaso un decreto de emergencia económica es el mecanismo idóneo para atender factores vinculados a otro tipo de conductas?

“Son varias interrogantes que el decreto deja en el vacío jurídico y que cercenan la seguridad jurídica”.

Realmente en opinión particular la complejidad de la zona fronteriza con la presencia de pobladores extranjeros, algunos calificados de “desplazados”, “solicitantes de refugio”, “refugiados”, ciudadanos extranjeros en condición de transeúntes, o residentes, genera y hasta los famosos venezolanos “objetados” ante su dudosa condición de venezolanos, hacen que no hubiera sido un solo decreto de estado de excepción suficiente para el manejo de las circunstancias presentes ahí.

“¿Bajo cuáles criterios se puede justificar el desalojo?”.

Al contrario, debieron dictarse 3 decretos en los que estuviera presente la conmoción exterior ante la afectación que las medidas podían traer con Colombia; uno de conmoción interior ante las medidas que estaban generando los focos de violencia y delincuencia organizada; y, finalmente, el de emergencia económica.

Comentario artículo 2

Como consecuencia del decreto, en este artículo se señalan cuáles garantías son las que quedan restringidas; en este caso, se mencionan 6 consagradas en los artículos 4748505368 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Inviolabilidad del hogar doméstico, la inviolabilidad de las comunicaciones, libertad de tránsito, derecho de reunión, derecho de manifestar y la libertad a la actividad económica.

“El decreto es muy genérico, no define ni determina las condiciones que deban medirse en los temas de nacionalidad. Esto es un fuerte agravio porque podría enmarcarse en una práctica xenofóbica”.

De este modo se establecen en 6 numerales, en los que aparentemente estarían consagrados los lineamientos que deberían acogerse con ocasión, el estado de excepción.

“El decreto no describe cómo manejar el procedimiento de expulsión o deportación, en el estado de excepción”.

En el numeral 1, se menciona lo concerniente a la inspección y revisión por los organismos públicos del lugar, de habitación, estadía o reunión de personas naturales y, en el caso de las personas jurídicas (sociedades mercantiles, asociaciones u otro tipo figura), la misma tiene como finalidad llevar registros para ejecutar o investigar la perpetración de delitos o ilícitos administrativos, y enumera una serie actuaciones contra la vida, integridad libertad o patrimonio; así como ilicitudes relacionadas con afección de la paz, el orden público, la fe pública, el orden socioeconómico, la identidad, y orden migratorio y delitos conexos.

Habría que preguntar ¿un decreto de estados de excepción orientado a la emergencia económica, era la figura idónea para estipular la investigación de todo este tipo de delitos?

En opinión particular el decreto debió establecer cuáles delitos -con su tipo- iban a ser observados en estas investigaciones, dado que en el ejercicio ordinario del Debido Proceso, no podía en esta clase de estado de excepción limitarse en su totalidad la garantía que sobre otros tipos delictivos se tienen ante situaciones ordinarias.

“El decreto de estado de excepción, no establece la relación directa entre el problema económico y la aplicación de procedimientos atinentes a migración”.

Sobre la orden judicial existen aseveraciones importantes al respecto, dado que aun limitando dicha garantía, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción estipula que no se puede limitar en un estado de excepción (artículo 7) el debido proceso. Y debe recordarse que una de las fases del proceso penal es la fase de investigación. Aparentemente la restricción de una orden judicial, es atinente a la figura del debido proceso y, aunque se menciona en el último aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, hay que denotar si se hace énfasis en una norma procesal.

“Se ha debido permitir el ejercicio conjunto de la Defensoría del Pueblo y las demás organizaciones en materia de protección de derechos humanos (nacional e internacional), especialmente cuando detentan formación técnica ante situaciones de riesgo, pandemias y de extrema confusión”.

¿Se está haciendo alusión al debido proceso? Debe mencionarse que el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que deberá levantarse un acta correspondiente. Sin embargo, establece las excepciones para la aplicabilidad de la redacción de esta acta como es en el caso de impedir la perpetración o continuidad de un delito, o cuando se trate de personas que se persiguen para su aprehensión.

Pero habría que preguntarse ¿todas las condiciones de los municipios fronterizos estaban dadas para realizar dichas inspecciones, sin el cumplimiento de una orden judicial?

En el numeral 2, en lo que se refiere a la restricción del tránsito de bienes y mercancías, y ante la limitación del tránsito que aparentemente no fue una simple “restricción”, si no se orientó propiamente a la “suspensión” con el cierre de la frontera totalmente en los referidos municipios, la misma no es constitucional ni legal dado que menoscaba la finalidad de los estados de excepción consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y, por ende, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en el tema de requisición de equipajes y vehículos.

“Habría que evaluar si la Defensoría del Pueblo se encuentra capacitada para proteger los derechos de los deportados”.

Es notorio señalar que el decreto omitió mencionar los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que se refieren a las requisiciones, dado que el mismo es claro al señalar que debe haber una orden previa del Presidente de la República o de la autoridad, competente designada -dada por escrito- determinando la clase, cantidad de la prestación y expedirse una constancia inmediata a las personas, enfatizando que ante la terminación del estado de excepción los mismos serán devueltos sin perjuicio de las indemnizaciones pertinentes; y en caso de no poder restituir los bienes, los mismos serán pagados a su valor total con base al precio que tenían al momento de la requisición.

“Niños, adolescentes, ancianos, refugiados, personas con discapacidad y mujeres, -ante la ejecución del decreto- pueden verse en riesgo”.

Si esta situación no se cumple conforme a lo señalado, se está en presencia de actos confiscatorios que atentan de manera flagrante a la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En el numeral 3, se le otorga a los ministerios con materia de Defensa y de Justicia la posibilidad -mediante resolución conjunta- de establecer la restricción de transito de bienes y de personas en los municipios, así como el cumplimiento de determinados requisitos y la obligación de informar el cambio de domicilio o residencia, la salida de la República o el ingreso a ella, el traslado de bienes y pertenencias, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

“El decreto no indica quiénes son los defensores delegados, ni las materias a ser protegidas, en situaciones de vulnerabilidad”.

¿Pero habría que preguntarse cuáles requisitos son los exigidos? ¿Acaso no sea crea inseguridad jurídica no saber de manera certera el contenido de la resolución conjunta? Todos estos requisitos debieron ser estipulados en el decreto respectivo.

En el numeral 4, no se permiten las reuniones públicas sin la autorización del funcionario a quien se delega el presente decreto.

¿Cómo quedan garantías como la libertad de conciencia, pensamiento y religión, consagradas en el artículo 7, numeral 9 de la LOEE, si los habitantes de dichos municipios quisieran recurrir a los templos conforme a su creencia?

“El decreto excluye la labor de las organizaciones no gubernamentales, en la protección y defensa de los derechos humanos, ya que atribuye estrictamente esa protección y defensa a la Defensoría del Pueblo”.

¿Cómo quedan los Consejos Comunales o comunas que quieran reunirse de manera urgente, si al tener esta limitante no se les estaría vulnerando el Derecho a la participación que el artículo 7, numeral 13, que la LOEE estipula?

Aunado a esto, la titularidad del funcionario ejecutor del decreto recae en una multiplicidad de funcionarios quienes –ciertamente- crean una contradicción de funciones no determinadas con claridad, por el mismo decreto.

“En el decreto se debió establecer cómo iba a llevarse a cabo la coordinación entre las autoridades y cuáles medidas iban a ser adoptadas”.

En el numeral 5, el derecho a manifestar pacíficamente -y sin armas- solo podrá ejercerse previa autorización del funcionario, emitida a solicitud de los manifestantes con 15 días de anticipación a la fecha fijada; sin embargo, la libertad de pensamiento estipulada en la LOEE al tener que esperar tanto tiempo para su desenvolvimiento, se vería cercenada.

En el numeral 6, los ministerios con competencia en materia de comercio, junto con los ministerios con competencia en materia de alimentación, agricultura, tierras y salud, podrán establecer normas especiales para la disposición, traslado, almacenamiento, comercialización, distribución y producción de bienes esenciales o de primera necesidad, o regulaciones para su racionamiento, así como restringir el ejercicio de determinadas actividades económicas.

“El decreto debió incluir los montos así como el tipo de operaciones y transacciones a ser limitadas, tomando en cuenta que se sigue creando una gran incertidumbre al no tener realmente claras las limitaciones económicas de papel moneda en esos municipios”.

Al leer este numeral nuevamente, se observa que se cercena el derecho a la información porque ¿cuáles normas serán aplicadas? Ha debido enumerarse las acciones que se iban a limitar en su ejercicio, como actividad económica, tomando en cuenta que al generalizar a solo expresar “actividades económicas” denotaría estar en presencia propiamente en una “suspensión del ejercicio de la actividad económica”.

Comentario artículo 3

Destaca que el Presidente podrá dictar “otras medidas” de orden social, económico y político que estime conveniente ante las circunstancias de conformidad con los artículos 337338 y 339, para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Este artículo se torna ampliamente peligroso, tomando en cuenta que abre la posibilidad de declarar, teniendo como base el decreto, “otro tipo” de decretos que pueden ir creando medidas y estados de excepción continuados, siendo una forma de no cumplir con una de las características de los estados de excepción, como es propiamente la temporalidad, dado que se dice que el decreto de estados de excepción podría ser prácticamente derogado o dejado sin efectos, si se dictaran estos decretos que buscan establecer la normalidad.

Comentario artículo 4

El ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, podrá establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda de curso legal o efectivo.

También se podrán establecer restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, o restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país. Eso quiere decir que se limitan los montos de dinero a los que van a acceder los habitantes de estos municipios.

El decreto debió incluir los montos así como el tipo de operaciones y transacciones a ser limitadas, tomando en cuenta que se sigue creando una gran incertidumbre al no tener realmente claras las limitaciones económicas de papel moneda en esos municipios.

Comentario artículo 5

Llama poderosamente la atención el término “suspender”, dado que se entiende que no se permitirá el porte de armas. El término “prohibición” hubiera sido de mejor aplicabilidad, dado que si la suspensión de garantías “aparentemente” no es constitucional, el uso del término “suspensión” genera dudas. En el caso de armas orgánicas, son las que legamente portan los órganos de seguridad y de defensa.

Comentario artículo 6

Señala el deber de coordinación y ejecución de las autoridades competentes, para el mantenimiento de la paz social y el orden público, ante el despliegue de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) en vigencia desde julio del 2015, que busca atacar “El paramilitarismo y sus prácticas” a través de Zonas de Alto Impacto. Sin embargo, se debió establecer cómo iba a llevarse a cabo la referida coordinación y cuáles medidas iban a ser adoptadas.

Comentario artículo 7

El decreto excluye la labor de las organizaciones no gubernamentales, en la protección y defensa de los derechos humanos, ya que atribuye estrictamente la protección y defensa de los derechos humanos a la Defensoría del Pueblo y demás defensores delegados, pero no se indica quiénes son los defensores delegados, ni las materias a ser protegidas, puesto que en los referidos contextos hay individuos en situaciones de vulnerabilidad como niños y adolescentes, ancianos, refugiados, personas con discapacidad y mujeres, quienes ante la ejecución del decreto pueden verse en riesgo.

Se ha debido permitir el ejercicio conjunto de la Defensoría del Pueblo y las demás organizaciones en materia de protección de derechos humanos (nacional e internacional), especialmente cuando detentan formación técnica ante situaciones de riesgo, pandemias y de extrema confusión, circunstancia que habría que evaluar si la Defensoría del Pueblo se encuentra capacitada -de modo individual- para cumplir ese rol.

Comentario artículo 8

Acerca de los controles migratorios, es una muestra notoria que en el decreto hay visos claros de que el Servicio Administrativo de Migración y Extranjería (SAIME) establecerá mecanismos junto con otros organismos competentes, para que hubiera eficiencia es estos controles; no obstante, la poca explicación sobre las medidas y mecanismos usados se convierte en un mecanismo atentatorio conforme a la LEY DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN publicada en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 37944 de fecha 24 de marzo de 2004, que establece la necesidad de cumplir un procedimiento administrativo para la deportación o expulsión del Estado venezolano.

“El decreto abre la posibilidad de declarar “otro tipo” de medidas y estados de excepción continuados”.

El decreto de estado de excepción, no establece la relación directa entre el problema económico y la aplicación de procedimientos atinentes a migración. En el mismo sentido hay que tomar en cuenta que en materia de refugiados, asilados y solicitantes, también habría que medir el status legal de estas personas y que, por ende, en la revisión de esos controles migratorios debe tomarse en cuenta la garantía de los mismos.

“Ha debido enumerarse las acciones que se iban a limitar como actividad económica, tomando en cuenta que al generalizar a solo expresar “actividades económicas” denotaría estar en presencia propiamente en una “suspensión del ejercicio de la actividad económica”.

Este aspecto del decreto es muy genérico, no define ni determina las condiciones que deban medirse en los temas de nacionalidad, como garantía susceptible de limitación o restricción. Esto es un fuerte agravio porque podría enmarcarse en una práctica xenofóbica, sobre todo al no describirse cómo manejar el procedimiento de expulsión o deportación -en el estado de estado de excepción- dado que, aun existiendo acuerdos o no con Colombia en este ámbito, debió establecerse cuáles medidas iban a ser adoptadas en este tema.

Comentario artículo 9

Estipula que los órganos de seguridad ciudadana y policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, podrán desalojar las ocupaciones ilegales cuando se verifique que se encuentran en bienes públicos o bienes afectos a un servicio público en los municipios fronterizos.

La LOEE 2001 -o en el caso de la materia migratoria- al establecerse el referido desalojo debe tomarse en cuenta que la ley en materia de migración y extranjería del 2004, aparte que estipula un (1) da el derecho de trasladar los bienes adquiridos.

El decreto estipula que los procedimientos se cumplirán conforme al debido proceso, pero se vuelve a mencionar el artículo 7, numeral 11 de la LOEE, que menciona las garantías que no son susceptibles de restricción.

Con relación a la legalidad de la ocupación de viviendas por los extranjeros, ¿qué se define como ocupación ilegal en el caso de un ciudadano venezolano? ¿Bajo cuáles criterios se puede justificar el desalojo? ¿Los terrenos donde se encuentran las ocupaciones realmente son bienes públicos o afectos a un servicio público

Aunque se estipula la presencia del Ministerio Publico y la Defensoría del Pueblo ¿qué parámetros garantizan un trato digno en un desalojo? ¿Se cumplen los extremos legales en materia de migración y extranjería ante la presencia de extranjeros ilegales?

“La titularidad del funcionario ejecutor del decreto, recae en una multiplicidad de funcionarios quienes –ciertamente- crean una contradicción de funciones no determinadas con claridad”.

Son varias interrogantes que el decreto deja en el vacío jurídico y que cercenan la seguridad jurídica.

Comentario artículo 10

Señala el deber de coordinación y colaboración entre los poderes públicos, los órganos de seguridad, defensa y la policía administrativa, que trabajarán para el logro de las medidas en este decreto.

Sin embargo, se le atribuye al Ministerio Publico y a los tribunales penales la función de velar porque no se presenten actos de impunidad e injusticia en el ejercicio que les corresponda, conforme a sus atribuciones de ejecución del presente decreto, garantizando la ejecución estricta de la ley.

“Al suspender la garantía del derecho de reunión, ¿cómo quedan la libertad de conciencia, pensamiento y religión, si los habitantes de dichos municipios quisieran recurrir a los templos conforme a su creencia?”.

No obstante, es en este sentido que debería -en su referida condición- observar cabalmente los actos que los órganos de seguridad, defensa y fuerza armada ejecuten, porque la anuencia de los actos que pudieran generar responsabilidad también acarrearía responsabilidad conjunta.

Comentario artículo 11

Con la designación del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Táchira, como responsable de las acciones de índole estratégico militar que con ocasión a este decreto se ejecuten en coordinación del funcionario que se le delega la ejecución directa de este decreto, en este caso es el gobernador del estado Táchira, se ejercerán de forma unificada y coordinada las acciones de orden público y de seguridad ciudadana; es decir, todos los planes y lineamientos de seguridad y defensa emanan directamente del Comandante de la ZODI en el estado Táchira.

Comentario artículo 12

Indica el deber de cooperar conforme al artículo 17 de la LOEE. Al respecto, hay que decir que el artículo 18 de la LOEE señala que el incumplimiento al deber de colaboración de personas naturales y jurídicas, pueden acarrear sanciones de tipo penal o administrativo. Si el incumplimiento fuera por parte de los funcionarios públicos, podrán ser suspendidos de sus cargos. El deber de cooperación obliga a los habitantes y ciudadanos de esos municipios a colaborar hasta en acciones extraordinarias, sin perjuicio de la indemnización a que hubiere lugar. Es decir, los ciudadanos son obligados a este deber pleno.

Comentarios artículos 13 y 17

Se concatenan ambos artículos dado que en una suerte de error de técnica legislativa, se repite prácticamente que el responsable de la ejecución del decreto junto con el ministerio en materia de Interior, Justicia y Paz, así como con la delegación otorgada por el Presidente de la República, recae sobre el gobernador del estado Táchira.

Comentarios artículos 14 y 15

Se refieren a los controles; al ejercido por la Asamblea Nacional -denominado control político- y el que realiza la propia Sala Constitucional de oficio -denominado control jurisdiccional- teniendo en ambos casos 8 días para su pronunciamiento.

“Se está en presencia de actos confiscatorios que atentan de manera flagrante contra la Constitución”.

Debe tomarse en cuenta que en los artículos 26 y 31, respectivamente, se fundamentan los respectivos controles; no obstante, aunque fue omitido por el decreto existe de conformidad al artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción la posibilidad que los particulares durante los 5 primeros días del lapso establecido en el artículo 33 de la LOEE, consignar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los alegatos y elementos de convicción que sirvan para demostrar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del decreto que declare el estado de excepción, y que el máximo tribunal acuerde su prórroga o aumente el número de garantías restringidas.

Así mismo, no debe dejarse de lado los controles que internacionalmente puedan intentarse ante la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dado que con la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los únicos mecanismos que pueden activarse serían ante este tipo de organizaciones.

Comentarios artículos 16 y 18

Sobre la vigencia del decreto, al ser un estado de emergencia económica inicialmente tiene una duración de 60 días continuos, aspecto que si se calcula desde el 21 de agosto del 2015 tomando como fecha la Gaceta Oficial Extraordinaria, el decreto tendría una duración inicial hasta el 21 de octubre del 2015; y finalmente, hasta el 21 de diciembre del 2015 si el mismo fuera prorrogable.

Por último, el artículo 18 estableció que el mismo entrará en vigencia desde la fecha de publicación en Gaceta Oficial, y si la misma tiene como fecha 21 de agosto del 2015, esa es la fecha de su vigencia.

Consideraciones finales

Puedo afirmar que vergonzosamente la redacción, motivación y aplicabilidad de este decreto, no deja de tener las mismas lagunas y criterios genéricos que caracterizaban a los decretos anteriores a la vigencia de normativa constitucional vigente.

“A la terminación del estado de excepción, ¿los bienes retenidos serán devueltos a sus propietarios?”.

La omisión del artículo 7 de la LOEE, el criterio de dejar abierto y con discrecionalidad a los diversos órganos y entes de la Administración Pública y demás poderes públicos en las facultades otorgadas, la adopción de algunas medidas que no son descritas, la indirecta restricción de garantías no restringibles como el Debido Proceso, la nacionalidad, la participación y la comunicación, manifiestan expresamente que los esfuerzos realizados por el constituyente y el legislador de la LOEE en 1999 y 2001, respectivamente, se omiten creando un estado de incertidumbre y sobre todo de inseguridad jurídica, que a lo largo del decreto es palpable.

“¿Un decreto de estados de excepción orientado a la emergencia económica, era la figura idónea para investigar los delitos que señala el gobierno que ocurren en la frontera?”.

Aunque el artículo 21 de la LOEE manifiesta que “El decreto que declare el estado de excepción suspende temporalmente, en las leyes vigentes, los artículos incompatibles con las medidas dictadas en dicho decreto”, al no tener claro qué tipo de decreto es -porque tipificándose como de emergencia económica sus medidas se inclinan a otras clases constituyendo una situación compleja- no existe una total claridad sobre las nuevas normas extraordinarias que suspenden a las leyes ordinarias contrarias en el marco de la restricción de las garantías constitucionales, pero que deben ser aseguradoras de justicia y equidad.

“Debieron dictarse 3 decretos en los que estuviera presente la conmoción exterior ante la afectación que las medidas podían traer con Colombia; otro de conmoción interior ante las medidas que estaban generando los focos de violencia y delincuencia organizada; y, finalmente, el de emergencia económica”.

Por tanto, la LOEE en su rol de norma generadora de límites para la redacción del decreto, solo fue tomada en cuenta en lo que fue conveniente generando desconocimiento parcial de la misma, menguando la opción de crear un decreto de estado de excepción junto con medidas que se fundamentaran en la seguridad de los ciudadanos.

Se está en presencia de un decreto que se fundamenta en “la mala fama” de una institución jurídica que, ejecutada en un plano de igualdad, transparencia y previsión, podría remediar situaciones anormales y de conflicto.

“La mente del criminal está vacía del valor de la vida del otro”

María Laura Chang, Efecto Cocuyo

“Comunidades vecinales ya están infiltradas y dominadas por los criminales. Estos a su vez conectados con instancias oficiales y a través de ellas con pranes”.

El sacerdote Alejandro Moreno, referencia obligada en el estudio de la violencia delincuencial en el país, desde hace más de 33 años realiza investigaciones de tipo cualitativo en torno a la delincuencia en los barrios de Petare.

Explicó que su trabajo nace de una pregunta sencilla:

“¿Qué ha pasado con esos jóvenes que he visto crecer, para que se conviertan en asesinos?”

El psicólogo, profesor y padre salesiano, enumeró una serie de tendencias que caracterizan al fenómeno violento en la actualidad venezolana:

1) “La mente del criminal de hoy está vacía del valor de la vida del otro”. Con esta expresión el sacerdote hizo referencia a la adquisición de valores dañinos y destructivos de los nuevos delincuentes que, a diferencia de los viejos, no justifican la comisión de un asesinato.

“Para ellos el homicidio es una medalla, sinónimo de triunfo. En cambio, los criminales de antes tenían razones para matar, justificaban, desarrollaban el sentimiento de culpa”; explicó y consideró que el matar sin justificación verdadera, se irá afirmando porque en su opinión esta juventud no tiene buena orientación.

2) Grupos numerosos de delincuentes que asaltan y llegan a asesinar a grandes grupos de gente. Los ejemplos más comunes son los asaltos a unidades de transporte público y a los sitios de esparcimiento como playas.

“Estos grupos empiezan a formar redes que se conectan con sitios más alejados y van entendiendo su acción de una manera más colectiva” expresó. Es la creación de unas bandas realmente organizadas, difíciles de perpetrar.

3) La errada aplicación de las denominadas “zonas de paz” que excluyen a las policías y se centra en negociaciones con las bandas de delincuentes. “Se les da financiación para supuestas actividades positivas que ellos revierten para comprar armas y otras cosas” aseguró Moreno.  Esto tiene conexión con aquello que denomina como “pranificación”, convertir al país en una organización sometida a pranes.

4) Disminución de la edad tanto de la víctima como del victimario. El delincuente ahora tiene entre 14 y 18 años. A medida que disminuye la edad del victimario, se reduce la capacidad tanto mental como afectiva y ética del mismo. Menos puede controlar o procesar el estímulo que le indica cómo actuar ante situaciones complejas. Sobre ello alertó:

“Por eso son mucho más peligroso, más inmediatos y menos fáciles de convencer ante una situación de crisis y evitar que ataquen”.

Los asesinados también son más jóvenes, solo en los primeros meses de 2015 ya se hablaba de 96 menores muertos por violencia solo en Caracas.

5) La impunidad que no se detiene. En 1998 había más detenidos que crímenes cometidos (en un crimen puede haber más de una persona involucrada). Al año siguiente ya había un 19% de impunidad y ahora estamos por 91%. “Simplemente desaparece el castigo, no hay control” indicó.

6) Funcionarios policiales que ejecutan a delincuentes. “Fuera de todo juicio, fuera de todo derecho humano, buscan asesinar al criminal”; explicó y dio como ejemplo, el caso de un grupo policial que subió al barrio con una furgoneta para llevar cadáveres.

7) Policías también son víctimas. Los principales motivos por los cuales delincuentes asesinan funcionarios son: para quitarles el arma y para obtener reconocimiento o respeto.

“Hace 10 años una pistola Glock se compraba con Bs. 3.500. Hoy debería estar entre 75 mil y 150 mil, no son nada accesibles”, recalcó.

Además, matar a un policía quiere decir conseguir importancia, aceptación y preponderancia. A la larga se convierte en ejercicio de poder.

8) Enfrentamiento entre policías y delincuentes. Los últimos casos fueron en Caracas, El Cementerio, y Maracay, San Vicente.

En algunos lugares han hecho retroceder a la policía, porque tienen armas más sofisticadas (…) en estos momentos eso aumenta” dijo el profesor.

Se habla de cerca de 1.700 granadas en manos de los delincuentes.

9) La complicidad entre la política de las comunidades con la delincuencia. “Comunidades vecinales ya están infiltradas y dominadas por los criminales. Estos a su vez conectados con instancias oficiales y a través de ellas con pranes”, concluyó.

10) Desde los entes gubernamentales se miente con respecto a inseguridad. No hay transparencia en cifras, ni si quiera las hacen públicas. Eso refleja su fracaso.

Maduro, el comandante que ha perdido todas las guerras

David Morán Bohórquez, La Patilla

Comprendo la cobardía. Es propia de pusilánimes, de los que no tienen capacidad ni valor de enfrentar las situaciones adversas. Que se animan a achacarles a otros sus propias ausencias, sus desánimos.

Cuando los cubanos fidelistas que mandan, y mucho, en el gobierno nacional, percibieron desde el año 2012 que era imposible seguir ocultando las consecuencias de “el legado” ordenaron al sistema de propaganda roja utilizar su última “bala retórica”: La Guerra Económica, el remake de El Bloqueo cubano, pero más amplio, de alcance nacional-internacional y con múltiples actores, la derecha, apátridas, terroristas, oligarcas, imperios, poder mediático mundial, egoístas, empresarios, en fin, un saco genérico y brumoso, donde caen todos los que no son puros y altruistas revolucionarios.

Discutir si hay guerra económica o no, guerra mediática o de cualquier tipo es inútil. Es intentar que el cobarde deje de serlo. Que asuma, que se anime, que se cargue de valor. No lo hará, está en su naturaleza.

El “comandante” que pierde todas las guerras

Entendamos la guerra como una oposición de una cosa con otra, como una lucha o combate aunque sea simbólica. Los jefes cubanos fidelistas, cobardes como ya comprenden, la plantearon como la de un “comandante” (Maduro, “hijo” de otro comandante, Hugo Chávez, a su vez heredero de otro comandante, Fidel Castro) al frente de una poderosísima unión cívico-militar dotada de una descomunal petrochequera, de miles de empresas estatales, centenares de medios de comunicación, de la mayoría de las gobernaciones y alcaldías del país, de consejos comunales y con control absoluto del resto de los poderes públicos: Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano, versus cualquiera, desde bachaqueros hasta imperios.

Es difícil pensar que perdieran alguna guerra. Aún más difícil que las perdieran todas, como ha sucedido.

La guerra contra la corrupción, a pesar de haber contado con una ley habilitante que lo dotaba de las más amplias facultades, pero no de voluntad para ganarla. Hoy Venezuela es, con base a realidades, uno de los países más corruptos del planeta, desde ladrones de cuellos rojos hasta roba gallinas.

La guerra contra la inflación, es vergonzosa. Con una inflación de 808% anualizada a julio de 2015, según los cálculos del profesor Steve Hanke, el país es el único país con hiperinflación en el Siglo XXI, un fenómeno monetario que se creía desaparecido a finales del Siglo XX, porque se pensaba que ningún gobierno falsificaría su propia moneda emitiéndola sin respaldo alguno.

Maduro y el BCV han demolido el poder de compra del bolívar fuerte.

La delincuencia arrebata la vida a 24 mil venezolanos anualmente. Más que todos los años de la guerra de Estados Unidos en Irak. Las megabandas han crecido antes los ojos de la unión cívico-militar-policial y dominan a su antojo vastos territorios del país. El tráfico de drogas está instalado en todas las ciudades del país, desde pequeñas hasta la capital.

Atracos ocurren ante los ojos de todos, a pleno día, en todas partes. La guerra contra la delincuencia la perdió. Por eso no publican las cifras oficiales de sucesos.

La guerra eléctrica la perdieron, el comandante y su unión cívico militar. Los cortes, interrupciones hasta apagones generales se han hecho comunes, a pesar de una caída en la demanda por la crisis socio económica. Esta guerra la ganó una iguana. Como consecuencia de su derrota, ya no publican los datos de energía generada y transmitida.

La guerra contra la escasez la perdieron hace años. Por eso impiden que el BCV publique el índice de escasez oficial. El país padece ausencias de todo: medicamentos, artículos de higiene, repuestos, químicos para la producción, alimentos básicos como leche, arroz o pastas. Las colas humillan diariamente al pueblo venezolano.

En la guerra del acero y el aluminio fueron arrasados. Sidor, la acería emblemática nacional, que cuando era privada entregaba 200 millones de dólares anuales de dividendos a sus accionistas Clase B, hoy en manos de la unión cívico-militar-sindical arroja pérdidas anuales de 1.200 millones de dólares, que le arrebatan al pueblo pobre de Venezuela.

Sidor, las otras acerías estatales y las empresas estatales del aluminio, no publican sus estados de resultados.

La guerra del petróleo ha sido inaceptable y bochornosa. Simplemente molidos. Pdvsa ha liquidado (vendido) más de tres millones de barriles diarios de capacidad de refinación que tenía en el mundo. Tiene casi un millón de barriles diarios de petróleo hipotecados a los chinos.

Ha multiplicado por 6 su nómina mientras produce 1 millón de barriles de petróleo menos que en 1999. Su deuda asciende a 47 mil millones de dólares, tres veces el total de reservas internacionales del país. Los precios mundiales del petróleo se han derrumbado a su mínimo en 6 años. Pdvsa publica sus estados de resultados con años de retraso.

Las guerras de la harina de maíz, del café, de las caraotas, del aceite, de la soya, del cloro, del ensamblaje de carros y tractores, del agua, del arroz, del cemento, de las cabillas,  también las ha perdido, pesar de contar con centenas de empresas propias y miles de empleados para ellos.

La guerra del salario mínimo es lamentable. El trabajador venezolano tiene hoy un salario mínimo mensual de 44 dólares, (a una tasa de Bs. 170 por dólar) que es 8 veces menor al salario mínimo de Bolivia, 8 veces inferior al de Colombia, 12 veces inferior al de Ecuador y 14 veces inferior al de Argentina.

La guerra del Psuv la perdió y feo. El que fuese un poderoso y nutrido partido político, fue secuestrado por el comandante y su unión cívico-militar. Hoy es una corporación mercantil de rent-seekers (capturadores de renta) sin ideas ni propuestas. Que le alquila el prestigio a artistas y atletas para lanzarlos como candidatos o para ubicarlos en cargos públicos. Donde se compran oportunistas políticos.

Luego de contar con el 40% de apoyo popular en el año 2008, hoy el  PSUV tiene apenas el 19%, perdiendo un tercio de su militancia en los últimos tres años.

La guerra por la credibilidad electoral, aquella permite la “legitimidad” de origen, ya la pierde por adelantado.

Se necesitan dos condiciones para negar la observación internacional de una elección: Ser una tiranía o ser una minoría.

Las guerras también son una decisión moral.

Maduro, renuncie. Permita que el país pueda superar sus derrotas.

Cómo se vive en las zonas de paz de Venezuela bajo control de los “malandros”

“Muchos de ellos deben meterse en esto por presión social, porque si no matan, los matan”, sostiene el pastor Frank Huiz.

Daniel Pardo, BBC Mundo

¿Esa es la versión ocumareña de la zona de paz?, les pregunté a los delincuentes.

Asienten, aunque no entienden bien qué es eso de las zonas de paz: “Acá firmamos una paz entre las bandas que ha funcionado, pero el gobierno yo no sé qué tuvo que ver”, dice uno. Y otro de los presentes lo corrigió: “¿Tú eres bobo? La iniciativa fue del gobierno, o si no por qué crees que la policía acá no se mete”.

Barlovento, tierra ardiente…

“Carlos es el segundo hijo que debo enterrar por la delincuencia”, me dijo Jorge.

Sentados en el porche de su casa, en una zona de Venezuela donde las puertas principales tienen marcas de disparos y la mitad de las viviendas están abandonadas, nos acompañó un grupo de familiares y vecinos que vinieron a dar el pésame.

A Carlos, quien tenía 19 años, lo mataron hace menos de 48 horas. Entre los presentes estaba Juliana, una niña de 13 años que -mientras tanto- amamanta al bebé que tuvo hace dos semanas con el difunto.

“Lo mataron por matarlo”, continuó Jorge. “Son cuestiones de la delincuencia; el diablo se les mete en la cabeza a estos jóvenes y ya después de eso no le paran bolas a uno”.

Estuvimos en Barlovento, “tierra ardiente” de Venezuela a 100 kilómetros al este de Caracas, que bien podría ser una potencia en turismo y producción de cacao.

Aquí, la lógica de violencia parece haberse aliado con la pobreza extrema.

Aunque en las costas hay lujosos yates navegando en playas de postal, en el interior los niños juegan a llenar botellas de gaseosa con la arena del piso.

Hace una semana, justo un día después de mi visita, 1.300 oficiales de las fuerzas de seguridad el Estado entraron a Barlovento como parte de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una reciente campaña del gobierno de Nicolás Maduro para tomar zonas controladas por bandas armadas.

La consolidación de estas pandillas dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el secuestro en ciertas localidades, es la nueva faceta del crimen que mantiene a Venezuela como el segundo país con más homicidios del mundo detrás de Honduras.

Poco menos de 25.000 personas murieron por el crimen en Venezuela en 2014, según el Observatorio Venezolano de Violencia, un centro de estudios.

Las últimas cifras oficiales, del 2013, estimaron más de 11.000 homicidios en el año.

Zonas de paz

En 2013, el gobierno se sentó a dialogar con cientos de bandas para impulsar un proceso de desarme y reinserción social de los delincuentes.

Viceministro del Interior José Vicente Rangel Ávalos, se reunió con 280 bandas de delincuentes. Imagen: http://fotos2013.cloud.noticias24.com

A cargo del entonces viceministro del Interior José Vicente Rangel Ávalos, las conversaciones les exigían a las pandillas dejar la delincuencia y desmovilizarse.

A cambio, el gobierno les proveería empleo e insumos para la producción.

 Rangel –hijo del exvicepresidente José Vicente Rangel– dijo que se reunió con 280 bandas y declaró en la televisión pública algunas de estas zonas como “territorios de paz”.

BBC Mundo solicitó entrevista con Rangel Ávalos, hoy secretario de la Comisión Presidencial para la Paz y la Vida, pero al momento de la publicación no habíamos obtenido respuesta.

Comisario general Elisio Guzmán Cedeño.

La versión sobre la tregua que da la policía de Miranda, el estado donde se encuentran la mayoría de estas bandas, es otra: “Las negociaciones les dieron a las bandas control de las zonas y les permitió ganar más poder del que ya tenían”, dijo a BBC Mundo el comisario Elisio Guzmán, director de la PoliMiranda, estado gobernado por el excandidato presidencial Henrique Capriles.

Se les denominaron “zonas de paz”, a pesar de que no hay decreto o campaña que así las denomine.

“Las zonas de paz no existen. Es una expresión que ha comentado la oposición para sabotear el trabajo de pacificación”, le dijo Rangel Ávalos al portal Contrapunto.

Pero en algunas localidades donde hubo negociaciones los vecinos comentan haber visto vallas que declaraban el territorio como “zona de paz”. Pero las quitaron.

Según PoliMiranda, el número de homicidios en el estado aumentó en 2014 respecto a 2013, una tendencia que Guzmán atribuye a las negociaciones.

PoliMiranda calcula más de 60 zonas de paz en un estado que rodea a Caracas por todos los lados y uno de los más grandes del país en población.

“La palabra”

Pastor Frank Huiz

Antes de los allanamientos, el pastor Frank Huiz, de 43 años, era la única persona que, sin vivir ahí o ser delincuente, podía entrar y salir a las zonas de paz de Barlovento sin que lo miraran con sospecha.

En una vieja camioneta pickup, Frank entra a la zona cual celebridad: sonando la bocina del carro, saludando a medio mundo, “dándole la cola” (llevando) a cualquiera que camine por estas desoladas y agujereadas carreteras.

Algunos de los que saluda, jóvenes que se montan en su carro, llevan un arma en los pantalones –me explicó el pastor, entre risas, cuando le pregunté qué cargan ahí dentro.

“Estos delincuentes viven acá llenos de ira, encerrados porque si salen se deben enfrentar con otra banda o con la policía”, dijo mientras conducía.

“Muchos de ellos deben meterse en esto por presión social, porque si no matan, los matan”.

Por el paisaje se ven plantaciones de cacao y hombres de edad secando las semillas sobre el pavimento.

No hay muchos comercios. Las canchas de fútbol están estropeadas. Los lugares públicos por excelencia son los porches como el de Jorge, en pequeñas pero coloridas casas.

“Si no fuera por la delincuencia, dijo Huiz, esta zona ya habría salido de la pobreza”.

“La guerra entre bandas y la delincuencia es un cuento viejo en esta región. Pero de dos años para acá –continuó– están más armados y son más crueles”.

En estos días, por ejemplo, una de las bandas locales mató a un enemigo, le cortó la cabeza con una motosierra y la puso en una plaza para marcar territorio.

Huiz tiene contacto frecuente con los “malandros” y a muchos, dijo, ha logrado sacarlos de la delincuencia “a través de la palabra”.

Es decir, de la cátedra evangélica.

“¿Qué le puedes pedir a un adolescente que no tiene padre, que su madre es alcohólica y debe cuidar a otros seis niños, que no lo pueden llevar al colegio del barrio más cercano porque está la banda enemiga, que desde los 12 años tiene acceso a un arma?”, se preguntó el pastor.

O para explicar la violencia de otra manera, añade: “Acá los niños juegan a ser malandros. ‘¡Toma, deliciero!’, se gritan entre ellos”.

Los niños lo dicen en referencia a Las Delicias, uno de los barrios controlados por bandas.

Y el pastor se vuelve a reír, tapándose la cara.

“Paramilitares colombianos”

Así como en Barlovento, donde según cifras oficiales desmantelaron 8 bandas y detuvieron a 83 personas, la OLP ha cubierto varias zonas del país.

En Caracas, en un barrio conocido como la Cota 905, el operativo dejó 15 muertos y 134 detenidos, según el reporte oficial, de los cuales 19 fueron formalmente acusados en la Fiscalía.

En Maracay, hace un par de meses, los allanamientos dejaron 10 muertos y casi 900 detenidos, de quienes 16 siguen en la cárcel.

En Montalbán, Caracas, recuperaron 260 apartamentos y arrestaron a 212 personas.

Ministro Gustavo González.

Las informaciones las suele dar por televisión el ministro del Interior, Gustavo González López, vestido con un chaleco antibalas.

Los operativos han sido reprobados por ONGs de derechos humanos, que denuncian allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y tratos crueles.

Sectores de oposición dicen que la política de seguridad del gobierno ha sido “pasiva y permisiva” y califican la OLP como una estrategia mediática de campaña en vísperas de las parlamentarias en diciembre.

Pero el gobierno dice que las críticas a la OLP responden a “intereses politiqueros y financieros”, según denunció el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

BBC Mundo pidió una entrevista con el ministro del Interior, Gustavo González López, pero no obtuvo respuesta.

El presidente Maduro informó que decretará, a través de los poderes especiales que le otorgó la Asamblea, un conjunto de leyes para fortalecer la OLP.

Y ha dicho: “Voy a liberar a Venezuela del paramilitarismo”.

De acuerdo al oficialismo, las bandas criminales que operan en Venezuela están integradas por paramilitares colombianos financiados por políticos de derecha como el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien rechaza las acusaciones.

“No recuerdo cuánta gente he matado”

En una zona de paz en los Valles del Tuy, otra verde región de Miranda pero al sureste de Caracas, le pregunté a uno de los jefes de una banda si es paramilitar.

“Esas son puras ganas de politizar”, dijo. “Acá los únicos colombianos son tan venezolanos como yo”, señaló, en referencia a los inmigrantes colombianos que llegaron hace décadas a Venezuela.

El delincuente, a quien llamaremos Eduardo, me recibió en un barrio de Ocumare del Tuy, un pueblo mirandino, donde se refugia su banda de entre 30 y 40 personas.

Flaco, con ropa vieja y modesta, marcado por todo tipo de cicatrices en el cuerpo, Eduardo dijo que empezó a robar a los 13 años, hace 17.

“A los 20 comencé a matar y hoy solo me dedico a golpes grandes”, dijo.

Y añadió que esta semana extorsionó a una persona rica de Caracas por 500.000 bolívares, unos US$2.500 a la tasa oficial más alta.

“Investigamos al tipo, hablamos con gente que lo conoce, y le pegamos un susto”, relató.

¿Y cómo es el susto?, le pregunté.

Se rió. Sacó una pistola nueve milímetros -pintada con líneas amarillas- y me la puso cerca de la cara, sin apuntarme directamente.

“¿Te sientes asustado, así, cuando te la muestro? Bueno, eso es un susto”.

Los presentes se rieron.

Eduardo dijo no recordar el número de personas que ha matado.

“A veces me pasa que me acuerdo de uno que tenía borrado y digo ahhhh verdad”.

Contó que no tuvo padre. Que tiene varios hijos por los que debe trabajar. Que la plata no alcanza y por eso delinque.

Pero ahí se detuvo, y me miró de reojo: Eduardo prefirió omitir más detalles personales.

Sin madre, sin instituciones

Profesora Mirla Pérez.

“En una sociedad donde la figura de la madre es central, cuando falta el afecto materno se generan ideales como la individualidad o heroicidad que promueven la delincuencia”, dijo Mirla Pérez, profesora de antropología de la Universidad Central de Venezuela.

Pérez dijo que la causa principal de la violencia es la falta de instituciones.

Y Guzmán, el comisario de Polimiranda, coincide: “En un país donde el 90% de los homicidios no tienen ningún tipo de consecuencia legal y donde las cárceles están controladas por delincuentes (conocidos como Pranes), se cocina el caldo de cultivo para que bandas como estas operen sin dificultad”.

“Crecen en las plantas”

Cuando le pregunto a Eduardo si le asustan los operativos de la OLP, hace un gesto de sonrisa irónica.

En el caso de la Cota 905, medios locales reportaron, citando fuentes policiales, que los jefes de las bandas no fueron arrestados porque antes del operativo les filtraron la información y se fueron.

Eduardo hizo eco a esos reportes: “Mira lo de la Cota 905; allá arrestaron y mataron gente inocente pero los grandes capos están libres”.

Y uno de sus “convive” (colega) añadió: “En Venezuela el que está en la cárcel es porque es idiota”.

Cuando arrestaron a uno de ellos hace unos meses, sobornaron al juez y al abogado público con carros y otros bienes.

Estamos en un pequeño patio del barrio por el que pasan niños en bicicleta y madres con sus bebés. Suena reguetón a todo volumen. Se fuma marihuana en papel kraft.

De repente uno le dice a la señora que pasa: “Disculpe lo malo, doña”.

Todos participaron a la vez en la conversación. No se quedan quietos más de 5 minutos. En la misma moto, unos van y otros vuelven.

Después revelaron que conseguir armas en Venezuela es fácil, aunque costoso: una pistola vale 200.000 bolívares, por ejemplo, unos US$1.000 a la tasa oficial más alta.

Prácticamente el único productor e importador de armas en Venezuela es el gobierno que, según estudios de ONGs, es la mayor fuente de armas para bandas.

Los delincuentes de Ocumare corroboraron estas versiones, aunque añadieron que las diferentes bandas se venden armas entre ellas, incluso a veces por medio de un sistema de subastas en chats colectivos de celular.

Las denuncias de los delincuentes me llegaron todas al tiempo, mediadas por sus rocambolescas expresiones.

Grabar o tomar notas –o fotos– no es una posibilidad.

Entre el reguetón y los comentarios, escuché una frase, de uno de los más viejos, que me quedó grabada: “En Venezuela pareciera que las armas crecen de las plantas”.

“Con nosotros estás en casa”

Según la prensa local, Ocumare de Tuy es una de las zonas más peligrosas del país: se reportan matanzas, robos y secuestros.

Según cifras de PoliMiranda, el municipio Tomás Lander del que Ocumare es capital registra el mayor número de homicidios por cada 100.000 habitantes: 129 al año, muy por encima del promedio del país, que según el OVV es 89 por cada 100.000 personas.

Pero de acuerdo a los delincuentes, Ocumare dejó de ser peligroso después de que hace dos años las diferentes bandas firmaron una tregua que delimita la zona de cada una y les garantiza que la policía no entra.

“Acá no se mata al que no se lo busca”, me dijo el vigilante de una escuela que está parcialmente inundada.

¿Esa es la versión ocumareña de la zona de paz?, pregunté a los delincuentes.

Asienten, aunque no entienden bien qué es eso de las zonas de paz: “Acá firmamos una paz entre las bandas que ha funcionado, pero el gobierno yo no sé qué tuvo que ver”, dijo uno.

Y otro de los presentes lo corrigió: “¿Tú eres bobo? La iniciativa fue del gobierno, o si no por qué crees que la policía acá no se mete”.

Algunos analistas dicen que estas zonas funcionan como gobiernos paralelos, aunque informales, en un estilo de extensión de lo que se vive en las cárceles, donde la figura de autoridad es el Pran.

Ese podría ser el caso de Eduardo, el mayor y de más experiencia entre los presentes.

“Nosotros ya no jodemos (robamos) a la gente de la zona; nos enfocamos en los ricos de Caracas”, dijo.

Entre más cerca esté uno del Pran, más lejos del peligro.

Los jóvenes me hablan de sus fiestas, que –dijeron– es la mejor forma de ver cómo funcionan las cosas acá.

“Allí cada uno lleva sus armas para mostrarlas”, explicó Eduardo, como quien guarda la joya más fina para el viernes en la noche.

La próxima vez vienes a una fiesta”, me dijeron, ansiosos por la que tienen en la noche.

“Sin nosotros tú no sales de acá sin que te maten; pero ya con nosotros estás en tu casa”.

El extraño caso de la arepa de los mil bolos

Esta fotografía no es de la arepa que realmente me comí con remordimiento y dolor de cartera. Es cortesía de la revista bienmesabe y la tomó Patrick Dolande.

Arnaldo Espinoza, El Estímulo

 Miércoles. 11 am. Saliendo de diligencias de la Universidad Central de Venezuela. No había desayunado. De repente, haciendo el camino mental a mi oficina pasé por Las Mercedes. ¡Una arepa!. Barata y resuelta. Al menos eso pensaba.

Al llegar al sitio fui, robóticamente, a la caja. He estado allí mil veces, nunca un miércoles y creo que nunca con sol. ¿Qué comprar? Es una batalla que llevaré hasta el final de mis días. Nada sabe tanto a mi infancia como una de queso de mano. Pero a medida que he ido ganando años, la “rumbera” (Pernil y queso amarillo) se ha ido llevando parte de mi corazón. Decido, basándome en que es mi des-almuerzo: el cochino gana la batalla.

Allí pasó algo que no me había imaginado. Al pagar me dijeron que eran 790 bolívares. ¡790 bolívares! Con el sueldo mínimo sólo podría comprar 9. Si lo calculo a dólar oficial son ¡125 dólares! Ni las arepas moleculares de Richard Blais cuestan tanta plata.

¿Qué pasó aquí, mi pana? Pregunto a los encargados. Que la harina de maíz ya no llega por los canales regulares, que los queseros les están subiendo el precio a la mercancía semanalmente, que el pernil es carísimo (siempre ha sido caro).

Pero me impactan más las diferencias: Una viuda (la arepa sola), cuesta 30 bolívares. Y de allí, un salto de garrocha que haría palidecer a Robeilys Peinado. La siguiente en la lista (la de mano, precisamente) son 450 bolos. 15 veces más cara.

La reina también pisa las 8 tablas y la de dominó ni siquiera está listada, no vaya ser que el kilo de caraotas a mil bolos pueda causar una reacción adversa en el estómago. Pido un favor raro, pesar la arepa: 200 gramos de relleno te encarecen el plato típico venezolano hasta a 30 veces su valor sin relleno. Menos mal que aún no cobran la mantequilla.

Es un fenómeno que he estado viendo desde hace tiempo. El valor de las cosas se volvió loco. Con lo que pago un refresco de lata, compro litro y medio de té pasteurizado.

Una lata de diablitos es más cara que una de atún regulado. Y, bueno, la típica comparación agua-gasolina, que se hace aún peor cuando, como en Caracas, no se consigue agua y el que la tiene te la quiere vender por lo menos al doble del precio “justo”.

¿Cómo hace una sociedad que no controla sus precios, que un teléfono celular de última generación te puede pagar un carro usado?

Ayer alguien me decía que en una isla de las Antillas donde no se consigue nada, realmente hay de todo, pero en dólares. ¿Será ese nuestro destino?

De bolívar fuerte a limosna nacional

Víctor Amaya, Clímax

Composición fotográfica: Mercedes Rojas Páez-Pumar

 Si un billete pudiera hablar, hace rato que los nuestros dirían: “sálvenme o mátenme”. Ahora no sólo la inflación y la devaluación arremeten contra los bolsillos sino una prohibición que prescribe los montos máximos a tener en efectivo.

Menos mal que los rostros impresos en los billetes de bolívar, aunque no sean del prócer a cuyo nombre y honra los bautizaron, no pueden mostrar emociones. Por eso son como estatuas, siempre regios, siempre con porte de trascendencia. Imagínense si pudieran adaptar su cara y ponerla de circunstancia.

Por allí ha corrido una imagen de un George Washington en el billete de dólar con mohín de escándalo visto el aumento del billete verde en el mercado negro. La crisis nacional se resume en colores, como para niños. Pero en realidad el independentista gringo pudiera es estar sonriente, porque va ganando la partida.

El que debería tener expresión de aquelarre es Bolívar, quien mantenía con su bigote en aquella orquídea de 500 la marca de la más alta denominación. Luego otro de sus rostros pasó a 1.000, y otro más identificó una nueva tirada de ese monto. Ahora es la faz del billete de 100.000 de los viejos, aunque sin tres ceros. Y aún así se queda corto.

Mientras piden que circule un papel que marce de nuevo 1.000 pero de los “fuertes”, al que le pudieran poner el figurín digitalizado y 3D del prócer, vemos cómo la vida se le hace agreste a cualquier ejemplar de nuestros papeles moneda.

1) Inflación: un Bolívar logró independizar a seis naciones, pero hacen falta 500  —si acaso— para hacerse de un cartón de huevos. En la batalla diaria de la gente por comprar lo que consiga se usa un auténtico ejército de bolívares, pacas enteras de papel sobre papel. Pobrecitos.

2) Devaluación: cuando lo bautizaron como “fuerte” dijeron que tendría músculo para equiparar a Washington. Pero no pasó mucho tiempo cuando los músculos comenzaron a enflaquecer. Algunos dirán que nunca estuvo entrenado, que la anemia venía “de atrás”, pero lo cierto es que terminó vapuleado por el imperialista y hasta dibujado por allí con un ojo morado. Pobrecito.

3) Ni Miranda ni “Negro Primero”: al billete de dos bolívares le pusieron un jovencísimo Francisco de Miranda, y menos mal porque si hubiese sido ya el héroe que combatió por medio mundo y conquistó a montón de mujeres y reinas, no se hubiese calado esa afrenta. Salir del catre de La Carraca para entrar al catre del Banco Central de Venezuela (BCV). Y además, por debajo del también devaluado “Negro Primero”.

A Pedro Camejo, nombre de pila, le debe doler que ya nadie lo nombre por su legendario mote. Ahora el negro es el dólar.

Guaicaipuro va por el mismo camino. Ya no alcanza ni para un pasaje urbano. Su único entierro no fue en el Panteón Nacional hace algunos años. Y no es que los demás, como doña Luisa Cáceres o Simón Rodríguez la tengan mejor, pero ellos sí compran, al menos, una chupeta. Pobrecitos.

4) De héroes a bachacos: Un billete de 100 bolívares se cambia en la frontera con Colombia por unos Bs 140. El bachaqueo de billetes consume papel moneda y lo intercambia por transferencias electrónicas.

El “cambiazo”, como lo conocen en la vía entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, sirve para llenar las manos de quienes se dedican al contrabando, al facilismo de sacar productos baratos para vender caro en la nación de Santander, pagando en no pocas alcabalas el ínterin. Es una trata de blancas de los próceres numismáticos. Pobrecitos.

5) Corralito con patacón: En Zulia ya dieron la orden. Y Táchira quizá no se quede atrás, como aquello del chip de la gasolina. No se podrá sacar de los bancos montos mayores a 40 mil bolívares. Hace años las restricciones del cupo Cadivi hicieron a más de uno vociferar “¿pero si ese dinero es mío por qué no puedo usarlo?”.

En el 2015 el asunto es ya contra la empequeñecida moneda nacional. Además, ya se había impartido la indicación de dejar en taquilla billetes de 2, 5, 10 y hasta 20 bolívares, para poner los verdes chillones y marrones en los cajeros automáticos. Los billetes no pueden ser manoseados, ni aunque se quiera. Además, para ellos el “libre tránsito” no aplica. Pobrecitos.

Qué difícil es ser un billete bolivariano. Es decir, del cono monetario signado por el apellido de El Libertador. Pobrecitos.

En Tocorón, el riesgo es que te quieras quedar

El penal de Tocorón, popular por su famosa discoteca, Disco Tokio, ofrece nuevas “amenidades” a los presos que allí cumplen condena. El centro de reclusión, ubicado en Aragua, ahora también cuenta con un “banco”, una piscina, un centro hípico, un gimnasio, un zoológico y una variedad de restaurantes

Unidad de Investigación Runrunes

El Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, se mantiene como territorio independiente, donde prevalecen los privilegios para los presos que cumplen su condena allí.

Los líderes o “pranes” manejan sus negocios sin ningún tipo de control por parte de las autoridades, y han logrado levantar una infraestructura recreativa que podría ser envidiada por cualquier resort vacacional.

En el penal, que se hizo popular por tener una de las “mejores” discotecas del país, Disco Tokio —recién remodelada— (https://www.youtube.com/watch?v=pCmJR-I-Cto) también tiene vende-paga (centro hípico), banco, piscina, gallera, restaurantes, campo de béisbol, bodegas, gimnasio, tiendas de ropa, cancha de futbolito y baloncesto, y hasta un zoológico de contacto -que entre sus animales más preciados tiene dos ponies-.

Establo donde se encuentran los caballos y ponies.

Aunque no es ni la primera o ni única cárcel que cuenta con una piscina para sus internos —la cárcel de San Antonio en Margarita también tiene la suya—, lo que sí es cierto es que la de Tocorón es de las más recientes y fue concluida y puesta en funcionamiento hace pocos meses.

Piscina y parque infantil.

La falta de cemento y cloro, el costo de las baldosas y otros insumos no fue impedimento para que trompos y otras maquinarias de construcción, trabajaran al ritmo que marca el dinero que mueven los “pranes”.

Parque infantil.

Después de pasar dos puestos de control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y recorrer parte de la calle principal, que da acceso al penal, los visitantes de Tocorón también consiguen tiendas de ropa y bodegas en las que no hay colas ni escasez de productos, como en los abastos Bicentenario.

“Aquí adentro se pueden comprar compotas, pañales, toallas sanitarias, champú, detergente, jabón de baño o lo que quiera”, dijo el familiar de un recluso, que prefirió no dar su nombre.

En el estadio con frecuencia se realizan campeonatos de softbol y béisbol, con la participación de equipos externos femeninos y masculinos. No se sabe quién autoriza el ingreso. Pero estos visitantes reciben un trato especial. No son requisados y solo les piden mostrar las cédulas de identidad. Luego son escoltados por presos armados hasta al final de las extensas instalaciones del penal, reveló un visitante, que pidió mantener su identidad en reserva por seguridad.

En la cárcel hay 7 mil reclusos. Quienes no caben en las torres, viven en pequeñas casas de madera, dispersas en el resto del terreno. Algunas de estas edificaciones funcionan como ventas de empanadas, loterías, ventas de ropa, bodegas, cervecerías, abastos, entre otros.

En los restaurantes, como El Sazón del Hampa, la visita puede comer desde un sancocho hasta una paella y una parrilla a precios similares a los de la calle.

“En el lugar hay niños y mujeres casi permanentemente. Allí se sigue manteniendo la pernocta de familiares y los presos hasta tienen mascotas”, contó la mujer que frecuenta el penal para visitar a su hijo.

Aunque no existe un inventario del “parque” de armas que tienen los reclusos del penal, un sencillo ejercicio de observación permite hacer un balance del arsenal: armas largas, granadas, revólveres y pistolas automáticas.

Centro Hípico Tokio (vende-paga).

El 12 de julio, una comisión de la Policía de Aragua que patrullaba la carretera San Francisco-Tocorón, sintió en vivo el poder de fuego que tienen los presos de Tocorón. La unidad fue atacada a tiros desde la azotea del penal, resultando herido por bala de fusil un funcionario policial.

Bancarización penitenciaria

Como si se tratara de un juego de monopolio, donde cualquiera puede hacer realidad la fantasía de tener su propio banco, los “pranes” de Tocorón crearon uno a su medida. La piscina, el zoológico o la discoteca no son lo que más impresiona ahora a los visitantes del penal.

“Lo que más llama la atención es una especie de banco que opera en las instalaciones. Sí, un banco”, repite el familiar de un recluso, como queriendo convencerse de que era verdad lo que había visto.

Este establecimiento financiero, de reciente funcionamiento, opera en una casita de tablas. Está custodiada por dos hombres que portan armas largas. En la puerta hay un aviso, hecho en papel bond blanco, en el que claramente se leen los números de cuentas de varios bancos.

“Las cuentas que aparecen en la puerta del banco pertenecen a familiares del ‘pran’ de la cárcel y en éstas los presos (en realidad su familia) deben depositar semanalmente ´la causa´ —una cuota fija que cada recluso debe pagar solo para tener derecho a estar en el penal—”, según explicó el familiar de un preso, que declaró bajo la condición de anonimato por temor a represalias en contra de su pariente.

Este “servicio bancario” lo usan principalmente los familiares de los presos que están fuera del estado Aragua y que no pueden trasladarse semanalmente al penal. El dinero es movilizado a través de transferencias electrónicas. A falta de cajeros automáticos, los parientes depositan en las cuentas de los “pranes”.

Adicionalmente el banco de Tocorón presta dinero a los privados de libertad con un cobro de intereses semanales que oscila entre 10% y 20%, dependiendo del monto y del lapso de pago del total recibido.

Desde hace varios años, Tocorón está bajo control del “pran” Héctor Guerrero, alias “El Niño Guerrero”, quien se dio a conocer en el 2012, cuando se fugó supuestamente con la ayuda de su novia de entonces Jimena Araya, conocida como “Rosita”. Un año después fue recapturado.

Actualmente hay versiones de que la administración de Tocorón está en manos de tres reclusos o ex reclusos, cuyas identidades se mantienen en secreto. Durante la toma militar del sector San Vicente se vinculó con el control del penal a un hombre llamado Johan José Romero, apodado “Johan El Petrica”, quien también sería líder de una organización delictiva denominada “tren de Aragua”.

En la cárcel de Tocorón hay aproximadamente 7.000 reclusos, entre hombres y mujeres.  No se conocen con exactitud los ingresos y la cantidad de dinero que manejan los pranes de ese penal. Pero al multiplicar la cifra de 7.000 internos por los 500 bolívares que cada uno debe pagar semanalmente -por concepto de “la causa”-, el resultado es que los “pranes” reciben 3 millones 350 mil bolívares cada semana. Esto representa 14 millones de bolívares mensuales, monto que alcanza para comprar un apartamento de dos habitaciones en zonas como La Candelaria o Los Chaguaramos, en Caracas.

Además de “la causa”, los “pranes” de Tocorón tienen otros ingresos significativos producto de distintos negocios lucrativos asociados a actividades delictivas como venta de droga, extorsión, robo de vehículos y secuestro, entre otros.

Piscina.

En el caso del negocio de los restaurantes, quienes los regentan deben pagar a los “pranes” un monto semanal dependiendo de las ventas. Algunos de los restaurantes tienen aire acondicionado y otros están al aire libre; los mesoneros suelen ser los presos “evangélicos”.

Otras fuentes de ingreso para los “pranes” son las famosas fiestas y los conciertos, con artistas nacionales e internacionales, que se llevan a cabo dentro del penal para celebrar fechas especiales, como el día de la madre, del padre, del niño o navidad y año nuevo. Estos eventos aportan recursos por venta de licores y drogas.

Recientemente un funcionario del gobierno reveló que 21% del Producto Interno Bruto en Venezuela proviene de la industria del crimen.

Ingresos sobre ruedas

En Aragua es un secreto a voces que desde la cárcel de Tocorón se planifican robos de carros y secuestros. Fuentes policiales aseguran que 90% del hurto y robo de vehículos en la región está dirigido desde la cárcel.

Aunque las autoridades policiales se niegan a hablar oficialmente de este tema, todo el mundo conoce el modus operandi. Los presos tienen bandas que actúan fuera de la cárcel. Ordenan el robo del carro a un ciudadano, le quitan el celular y graban el número. Luego le regresan el teléfono inmediatamente al dueño con la advertencia de que no debe denunciar ante la policía, pues será contactado para negociar la devolución del vehículo.

Transcurridas dos o tres horas del robo del automóvil, el dueño es contactado y conminado a pagar una suma que varía de acuerdo al tipo de carro. El monto exigido como rescate va desde 70 mil bolívares por carros muy viejos hasta 700 mil en el caso de las camionetas.

“El dueño, si quiere recuperar su carro debe acudir al penal de Tocorón con el dinero en efectivo. Allí lo dejarán pasar sin revisarle el bolso en el que lleva la plata para el rescate. Otra fórmula consiste en que si la persona no quiere entrar, un tercero (por lo general un ex preso) lo espera en la puerta de la cárcel, donde recibe el dinero, y es el encargado de entregarlo al ‘pran”, explica una de las víctimas.

Una vez verificado el monto, el dueño del vehículo recibe las llaves y las instrucciones que lo llevan al lugar donde el auto se encuentra estacionado. Algunas personas han tenido que retirar sus carros en centros comerciales (en Maracay, La Encrucijada y hasta en La Victoria) y otros en alguna avenida o calle poco concurrida.

A Marcos, quien vive en La Victoria, estado Aragua, le robaron su camioneta hace dos semanas. “Me interceptaron dos parejas de motorizados cuando salía de una pequeña parcela que tengo en Zuata. Me apuntaron con una pistola, me hicieron abrir la puerta de la casa y de allí se llevaron dos televisores LCD y tres aires acondicionados que fueron cargados en la camioneta. Después me pidieron mi número de teléfono y me dijeron que no denunciara”, relató.

Pero antes de marcharse los delincuentes hicieron una advertencia aterradora: “Sabemos dónde vives. Sabemos en qué colegio estudia tu hijo. Más tarde te llamamos para negociar. Tranquilo que te vamos a devolver la camioneta”, dijeron, deslizando el nombre del plantel.

Cuando iba camino a su casa, Marcos recibió una llamada de un número restringido y le pidieron 700 mil bolívares si quería volver a ver su vehículo. El dinero debía entregarlo personalmente en Tocorón en tres días. El agricultor pidió que le bajaran el monto del rescate, pues no disponía de esa cantidad. “No estaban de acuerdo y dijeron que me volverían a llamar”. Pero antes le recomendaron que vendiera “alguna vaina” para pagarles.

Finalmente los delincuentes aceptaron bajar el rescate a 500 mil bolívares. “Me dieron un nombre que tenía que decir en la entrada cuando me preguntarán a quién iba a visitar. Pasé sin que la Guardia Nacional me revisara el bolso donde llevaba el dinero. En la entrada me esperaban dos hombres, que me llevaron con otro a quien le di el bolso con la plata”, contó Francisco.

El hombre le dijo que confiaba en que el dinero estuviera completo y ni siquiera abrió el bolso. Le devolvió la llave y le dijo: “tu camioneta está en la vía Cagua-La Villa”. Y efectivamente el vehículo estaba en el estacionamiento de un conocido establecimiento de esa carretera.

Casi 100% de las víctimas de esta modalidad delictiva acuden al penal para pagar el recate por su vehículo y al hacerlo los recuperan en perfecto estado. Los que se han negado a pagar son amenazados con ser secuestrados o con que será asesinado algún familiar.

Fuentes policiales señalaron que algunos carros son retirados en el mismo penal, sin embargo no fue posible contactar a alguna víctima que pudiera confirmar que su vehículo estuvo dentro de la cárcel.

La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, señaló recientemente que 90% de los privados de libertad del país están bajo el nuevo régimen penitenciario en cárceles en las que el Gobierno tiene el control. Pero éste no es el caso del penal de Tocorón, donde mandan los “pranes”.

¿Cuál régimen, Iris?

– En las cárceles que están bajo régimen penitenciario oficial (usan uniforme y son obligados a practicar el orden cerrado) al menos una vez al día los custodios cuentan a los privados de libertad. Sin embargo, en el penal de Tocorón esto no se hace porque los pranes no lo permiten.

– El número exacto de personas dentro del penal, que fue construido por albergar a 900 privados de libertad, no se conoce con exactitud.

– A las 7.000 personas, aproximadamente, que cumplen condenas en ese recinto debe agregarse la población flotante (esposas, hijos y otros familiares) que pernoctan cada fin de semana.

– Detrás del estadio de béisbol hay unas “casitas” de tablas donde viven los “pranes”. Les llamar booguies y se dice que están totalmente equipadas. Tienen cocina empotrada, aire acondicionado, televisores pantalla plana y otras comodidades.

– El área donde viven los pranes, está cerca de uno de los límites de la prisión y es custodiada permanentemente por presos con armas largas, que cumplen funciones de vigilancia.

– De lo que sí se tienen cuentas exactas es del número de presos que fueron trasladados desde El Rodeo. De un total de 400 que fueron llevados allí en el 2011 (luego de un motín), solamente quedan 182 en un anexo que denominan Rodeíto y que está bajo el nuevo régimen.

– También se conoce el número de mujeres en el anexo femenino, pues también están bajo nuevo régimen. En total 121 mujeres purgan condena en Tocorón. Rumores entre los presos indican que las autoridades están próximas a cerrar ese anexo.