Análisis del decreto de estado de excepción en varios municipios del estado Táchira

Abog. Juditas Delany Torrealba Dugarte

Con la entrada en vigencia, del Decreto 1950 sobre el estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia, Libertad y Rafael Urdaneta publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.194 de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 21 de agosto de 2015, finalmente en términos coloquiales “se hundió el botón de emergencia” que el gobierno oficial, desde la época de la Asamblea Nacional Constituyente, había considerado como un mecanismo extremo que debería contar con todas las garantías constitucionales y fundamentales que, como se señalaba, no habían sido respetadas en gobiernos anteriores siendo los estados de emergencia declarados con la Constitución de 1961 instrumentos potencialmente atentatorios y letales, ejemplificando siempre con el más representativo de todos acaecido los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como “EL CARACAZO”, que representaba la auténtica muestra de la declaratoria de un estado de excepción arbitrario cargado de medidas de altas policía, que había violado el derecho humano fundamental de la vida.

“Se está en presencia de un decreto que se fundamenta en “la mala fama” de una institución jurídica que, ejecutada en un plano de igualdad, transparencia y previsión, podría remediar situaciones anormales y de conflicto”.

Fue este factor que ante la discusión de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en el seno de la constituyente, se quiso redimensionar la figura que tan satanizada había sido en la Constitución Nacional de 1961, al eliminar “la suspensión sino solo hablar de restricción, argumentando que esta última era una limitación parcial mas no total como en el caso de suspender que era absoluto” y, por ende, se quiso tomar nuevos mecanismos que constituciones como la Española y de experiencia más cercana por la situación geopolítica ofrecía Colombia a través de su Constitución de 1991 y su famosa ley 137 de 1994 que, en muchos aspectos, la Constitución de 1999 y su posterior Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE) del año 2001 adoptaron como fuente de inspiración.

Dado que en opinión particular al ser Colombia un país con una historia de múltiples excepcionalidades aporta a nivel Iberoamericano una de las mejores normas sobre el tema, siendo una tendencia poco usual la existencia de leyes especializadas a nivel del Derecho Comparado, en vista que el Poder Ejecutivo en su contexto tradicional siempre ha considerado a los estados de excepción como situaciones impredecibles que la existencia de una ley especial que rija sus límites sería un piedra de tranca a las medidas que de excepción podrían ser tomadas, de allí que esta tendencia acogida por Venezuela convirtió a los estados de excepción en una figura prácticamente inaplicable por la responsabilidad y compromiso que ameritaba en aras de garantizar la seguridad, dignidad e integridad de los ciudadanos y demás pobladores.

“El decreto de estado de excepción no contiene medidas que se fundamenten en la seguridad de los ciudadanos”

Por ello, el intento de abrogar la Ley Orgánica de Estados de Excepción (LOEE) y cambiar el contenido consagrado en la Constitución de 1999 en la propuesta de reforma constitucional, buscaba hacer del estado de excepción un instrumento más accesible para el establecimiento de medidas. Sin embargo, la no aprobación de la reforma constitucional dejó inalterable la figura y la convirtió en una institución intocable.

Ante la existencia de figuras como estado de emergencia y alarma consagradas en Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres del 2001, en sus artículos 4 numerales 3 y 4, era flexible ante situaciones de desastres naturales o de índole similar, se recurriera a esta figura (disfrazando un estado de excepción) y no activar a los estados de excepción y sus tipos (alarma, emergencia económica, conmoción interior y exterior) por los lineamientos y medidas que la misma representaban; sin embargo, la situaciones de utilizar la figura del estado de excepción “disfrazado” desapareció y llevó finalmente a adoptar de manera directa a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

“El decreto no ofrece claridad sobre las normas extraordinarias que suspenden a las leyes ordinarias, en el marco de la restricción de las garantías constitucionales que deben ser aseguradoras de justicia y de equidad”.

Habría que preguntarse ¿El decreto de estados de excepción vigente desde el 21 de agosto del 2015, se desarrolla entre los límites constitucionales y legales permitidos en Venezuela?

Análisis crítico

Es un hecho notoriamente GRAVE que se omitió la mención de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE) en los artículos que señalan qué GARANTÍAS JAMÁS pueden ser restringidas, todo fundamentando en los artículos 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como:

1. La vida.
2. El reconocimiento a la personalidad jurídica.
3. La protección de la familia.
4. La igualdad ante la ley.
5. La nacionalidad.
6. La libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas.
7. La integridad personal física, psíquica y moral.
8. No ser sometido a esclavitud o servidumbre.
9. La libertad de pensamiento, conciencia y religión.
10. La legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales.
11. El debido proceso.
12. El amparo constitucional.
13. La participación, el sufragio y el acceso a la función pública.
14. La información.

“Hay un estado de incertidumbre y sobre todo de inseguridad jurídica, que a lo largo del decreto es palpable”.

Dado que aunque las garantías restringidas no enumeran a ninguna de las anteriores, no podía tampoco permitirse que en el ejercicio de restricción de otras garantías, estas se vulneraran haciendo énfasis en algunas de gran preponderancia en la situación en el eje fronterizo como protección a la familia, igualdad ante la ley, nacionalidad, integridad física, psíquica y moral; debido proceso e información.

Respecto a la nacionalidad, es un factor de suma importancia dado que todo aquello que se hiciera en detrimento de una nacionalidad, sin las debidas previsiones, podría considerarse una práctica xenofóbica.

“La vergonzosa redacción, motivación y aplicabilidad de este decreto, contiene lagunas y criterios genéricos”.

Es notorio destacar que el decreto fue anunciado el día viernes 21 de agosto del 2015 por alocución televisiva, pero su contenido finalmente fue conocido prácticamente 24 horas después entrando en vigencia sin haber conocido los pobladores, organismos públicos o ciudadanos residenciados y domiciliados en los respectivos municipios. Esta situación vulneró el DERECHO CONSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN, estipulado en el numeral 14 del artículo 7, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, “omitido” por el Poder Ejecutivo Nacional.

Sobre los considerandos

El Decreto 1.950 sobre estado de excepción, se conforma de 5 considerandos que llevan a exponer los motivos que acarrean la declaratoria de la figura mencionada.

En el primero, se habla que de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo, se presenta una amenaza compleja bajo la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas al paramilitarismo, narcotráfico y el contrabando de extracción que afectan la paz, la convivencia, y el acceso de bienes y servicios del pueblo venezolano.

“El responsable de la ejecución del decreto junto con el ministerio en materia de Interior, Justicia y Paz, así como con la delegación otorgada por el Presidente de la República, es el gobernador del estado Táchira”.

En el segundo considerando, se manifiesta que ante las prácticas delictivas se habían presentado en los puestos fronterizos hechos de violencia en contra de funcionarios y ciudadanos venezolanos, llegando al límite por medio de un ataque el día 19 de agosto de 2015 al sufrir funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ataque en el cumplimiento de sus funciones.

“El decreto contiene el deber de cooperación, que obliga a los habitantes de esos municipios a colaborar hasta en acciones extraordinarias”.

El tercer considerando habla de otros hechos delictivos como es el caso del tráfico de moneda venezolana, y contra los bienes adquiridos en contra de las divisas, así como el tráfico ilícito de mercancías producidas e importadas por Venezuela que ante su práctica afecta gravemente la economía de la nación.

“¿Cuáles parámetros del decreto garantizan un trato digno en los desalojos?”

En el cuarto considerando se hace mención al deber que tiene el Estado venezolano en defender y asegurar la vida digna de sus ciudadanos a través del enaltecimiento de fundamentos constitucionales para el goce de un ambiente pleno de estabilidad y tranquilidad.

“¿En el decreto se cumplen los extremos legales en materia de migración y extranjería, ante la presencia de extranjeros ilegales?”

Y, finalmente, en el último considerando se hace alusión a que ante la existencia de amenazas objetivas se disponen de los medios jurídicos para garantizar la máxima estabilidad de la República, mediante la restricción temporal de medidas para la tutela de los derechos y garantías del pueblo venezolano, estos son los motivos que constituyen a la vigencia de dicho estado de excepción.

Sobre los artículos del decreto de estado de excepción

Comentario artículo 1

Se hace mención sobre el tipo de estado de excepción, no menciona de manera literal su tipo, pero al citar el articulo 10, numeral 1, se refiere al ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA y hace alusión a medidas oportunas para atender la situación propiciada por el contrabando de extracción, la violencia delictiva acompañada y los delitos conexos; no obstante, ya se presentan en este artículo contradicciones dado que en el considerando se mencionaban otros hechos delictivos como el paramilitarismo y el narcotráfico. Y aunque hace mención al término “delitos conexos”, habría que preguntarse ¿acaso un decreto de emergencia económica es el mecanismo idóneo para atender factores vinculados a otro tipo de conductas?

“Son varias interrogantes que el decreto deja en el vacío jurídico y que cercenan la seguridad jurídica”.

Realmente en opinión particular la complejidad de la zona fronteriza con la presencia de pobladores extranjeros, algunos calificados de “desplazados”, “solicitantes de refugio”, “refugiados”, ciudadanos extranjeros en condición de transeúntes, o residentes, genera y hasta los famosos venezolanos “objetados” ante su dudosa condición de venezolanos, hacen que no hubiera sido un solo decreto de estado de excepción suficiente para el manejo de las circunstancias presentes ahí.

“¿Bajo cuáles criterios se puede justificar el desalojo?”.

Al contrario, debieron dictarse 3 decretos en los que estuviera presente la conmoción exterior ante la afectación que las medidas podían traer con Colombia; uno de conmoción interior ante las medidas que estaban generando los focos de violencia y delincuencia organizada; y, finalmente, el de emergencia económica.

Comentario artículo 2

Como consecuencia del decreto, en este artículo se señalan cuáles garantías son las que quedan restringidas; en este caso, se mencionan 6 consagradas en los artículos 4748505368 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Inviolabilidad del hogar doméstico, la inviolabilidad de las comunicaciones, libertad de tránsito, derecho de reunión, derecho de manifestar y la libertad a la actividad económica.

“El decreto es muy genérico, no define ni determina las condiciones que deban medirse en los temas de nacionalidad. Esto es un fuerte agravio porque podría enmarcarse en una práctica xenofóbica”.

De este modo se establecen en 6 numerales, en los que aparentemente estarían consagrados los lineamientos que deberían acogerse con ocasión, el estado de excepción.

“El decreto no describe cómo manejar el procedimiento de expulsión o deportación, en el estado de excepción”.

En el numeral 1, se menciona lo concerniente a la inspección y revisión por los organismos públicos del lugar, de habitación, estadía o reunión de personas naturales y, en el caso de las personas jurídicas (sociedades mercantiles, asociaciones u otro tipo figura), la misma tiene como finalidad llevar registros para ejecutar o investigar la perpetración de delitos o ilícitos administrativos, y enumera una serie actuaciones contra la vida, integridad libertad o patrimonio; así como ilicitudes relacionadas con afección de la paz, el orden público, la fe pública, el orden socioeconómico, la identidad, y orden migratorio y delitos conexos.

Habría que preguntar ¿un decreto de estados de excepción orientado a la emergencia económica, era la figura idónea para estipular la investigación de todo este tipo de delitos?

En opinión particular el decreto debió establecer cuáles delitos -con su tipo- iban a ser observados en estas investigaciones, dado que en el ejercicio ordinario del Debido Proceso, no podía en esta clase de estado de excepción limitarse en su totalidad la garantía que sobre otros tipos delictivos se tienen ante situaciones ordinarias.

“El decreto de estado de excepción, no establece la relación directa entre el problema económico y la aplicación de procedimientos atinentes a migración”.

Sobre la orden judicial existen aseveraciones importantes al respecto, dado que aun limitando dicha garantía, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción estipula que no se puede limitar en un estado de excepción (artículo 7) el debido proceso. Y debe recordarse que una de las fases del proceso penal es la fase de investigación. Aparentemente la restricción de una orden judicial, es atinente a la figura del debido proceso y, aunque se menciona en el último aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, hay que denotar si se hace énfasis en una norma procesal.

“Se ha debido permitir el ejercicio conjunto de la Defensoría del Pueblo y las demás organizaciones en materia de protección de derechos humanos (nacional e internacional), especialmente cuando detentan formación técnica ante situaciones de riesgo, pandemias y de extrema confusión”.

¿Se está haciendo alusión al debido proceso? Debe mencionarse que el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que deberá levantarse un acta correspondiente. Sin embargo, establece las excepciones para la aplicabilidad de la redacción de esta acta como es en el caso de impedir la perpetración o continuidad de un delito, o cuando se trate de personas que se persiguen para su aprehensión.

Pero habría que preguntarse ¿todas las condiciones de los municipios fronterizos estaban dadas para realizar dichas inspecciones, sin el cumplimiento de una orden judicial?

En el numeral 2, en lo que se refiere a la restricción del tránsito de bienes y mercancías, y ante la limitación del tránsito que aparentemente no fue una simple “restricción”, si no se orientó propiamente a la “suspensión” con el cierre de la frontera totalmente en los referidos municipios, la misma no es constitucional ni legal dado que menoscaba la finalidad de los estados de excepción consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y, por ende, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en el tema de requisición de equipajes y vehículos.

“Habría que evaluar si la Defensoría del Pueblo se encuentra capacitada para proteger los derechos de los deportados”.

Es notorio señalar que el decreto omitió mencionar los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que se refieren a las requisiciones, dado que el mismo es claro al señalar que debe haber una orden previa del Presidente de la República o de la autoridad, competente designada -dada por escrito- determinando la clase, cantidad de la prestación y expedirse una constancia inmediata a las personas, enfatizando que ante la terminación del estado de excepción los mismos serán devueltos sin perjuicio de las indemnizaciones pertinentes; y en caso de no poder restituir los bienes, los mismos serán pagados a su valor total con base al precio que tenían al momento de la requisición.

“Niños, adolescentes, ancianos, refugiados, personas con discapacidad y mujeres, -ante la ejecución del decreto- pueden verse en riesgo”.

Si esta situación no se cumple conforme a lo señalado, se está en presencia de actos confiscatorios que atentan de manera flagrante a la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En el numeral 3, se le otorga a los ministerios con materia de Defensa y de Justicia la posibilidad -mediante resolución conjunta- de establecer la restricción de transito de bienes y de personas en los municipios, así como el cumplimiento de determinados requisitos y la obligación de informar el cambio de domicilio o residencia, la salida de la República o el ingreso a ella, el traslado de bienes y pertenencias, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

“El decreto no indica quiénes son los defensores delegados, ni las materias a ser protegidas, en situaciones de vulnerabilidad”.

¿Pero habría que preguntarse cuáles requisitos son los exigidos? ¿Acaso no sea crea inseguridad jurídica no saber de manera certera el contenido de la resolución conjunta? Todos estos requisitos debieron ser estipulados en el decreto respectivo.

En el numeral 4, no se permiten las reuniones públicas sin la autorización del funcionario a quien se delega el presente decreto.

¿Cómo quedan garantías como la libertad de conciencia, pensamiento y religión, consagradas en el artículo 7, numeral 9 de la LOEE, si los habitantes de dichos municipios quisieran recurrir a los templos conforme a su creencia?

“El decreto excluye la labor de las organizaciones no gubernamentales, en la protección y defensa de los derechos humanos, ya que atribuye estrictamente esa protección y defensa a la Defensoría del Pueblo”.

¿Cómo quedan los Consejos Comunales o comunas que quieran reunirse de manera urgente, si al tener esta limitante no se les estaría vulnerando el Derecho a la participación que el artículo 7, numeral 13, que la LOEE estipula?

Aunado a esto, la titularidad del funcionario ejecutor del decreto recae en una multiplicidad de funcionarios quienes –ciertamente- crean una contradicción de funciones no determinadas con claridad, por el mismo decreto.

“En el decreto se debió establecer cómo iba a llevarse a cabo la coordinación entre las autoridades y cuáles medidas iban a ser adoptadas”.

En el numeral 5, el derecho a manifestar pacíficamente -y sin armas- solo podrá ejercerse previa autorización del funcionario, emitida a solicitud de los manifestantes con 15 días de anticipación a la fecha fijada; sin embargo, la libertad de pensamiento estipulada en la LOEE al tener que esperar tanto tiempo para su desenvolvimiento, se vería cercenada.

En el numeral 6, los ministerios con competencia en materia de comercio, junto con los ministerios con competencia en materia de alimentación, agricultura, tierras y salud, podrán establecer normas especiales para la disposición, traslado, almacenamiento, comercialización, distribución y producción de bienes esenciales o de primera necesidad, o regulaciones para su racionamiento, así como restringir el ejercicio de determinadas actividades económicas.

“El decreto debió incluir los montos así como el tipo de operaciones y transacciones a ser limitadas, tomando en cuenta que se sigue creando una gran incertidumbre al no tener realmente claras las limitaciones económicas de papel moneda en esos municipios”.

Al leer este numeral nuevamente, se observa que se cercena el derecho a la información porque ¿cuáles normas serán aplicadas? Ha debido enumerarse las acciones que se iban a limitar en su ejercicio, como actividad económica, tomando en cuenta que al generalizar a solo expresar “actividades económicas” denotaría estar en presencia propiamente en una “suspensión del ejercicio de la actividad económica”.

Comentario artículo 3

Destaca que el Presidente podrá dictar “otras medidas” de orden social, económico y político que estime conveniente ante las circunstancias de conformidad con los artículos 337338 y 339, para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Este artículo se torna ampliamente peligroso, tomando en cuenta que abre la posibilidad de declarar, teniendo como base el decreto, “otro tipo” de decretos que pueden ir creando medidas y estados de excepción continuados, siendo una forma de no cumplir con una de las características de los estados de excepción, como es propiamente la temporalidad, dado que se dice que el decreto de estados de excepción podría ser prácticamente derogado o dejado sin efectos, si se dictaran estos decretos que buscan establecer la normalidad.

Comentario artículo 4

El ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, podrá establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda de curso legal o efectivo.

También se podrán establecer restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, o restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país. Eso quiere decir que se limitan los montos de dinero a los que van a acceder los habitantes de estos municipios.

El decreto debió incluir los montos así como el tipo de operaciones y transacciones a ser limitadas, tomando en cuenta que se sigue creando una gran incertidumbre al no tener realmente claras las limitaciones económicas de papel moneda en esos municipios.

Comentario artículo 5

Llama poderosamente la atención el término “suspender”, dado que se entiende que no se permitirá el porte de armas. El término “prohibición” hubiera sido de mejor aplicabilidad, dado que si la suspensión de garantías “aparentemente” no es constitucional, el uso del término “suspensión” genera dudas. En el caso de armas orgánicas, son las que legamente portan los órganos de seguridad y de defensa.

Comentario artículo 6

Señala el deber de coordinación y ejecución de las autoridades competentes, para el mantenimiento de la paz social y el orden público, ante el despliegue de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) en vigencia desde julio del 2015, que busca atacar “El paramilitarismo y sus prácticas” a través de Zonas de Alto Impacto. Sin embargo, se debió establecer cómo iba a llevarse a cabo la referida coordinación y cuáles medidas iban a ser adoptadas.

Comentario artículo 7

El decreto excluye la labor de las organizaciones no gubernamentales, en la protección y defensa de los derechos humanos, ya que atribuye estrictamente la protección y defensa de los derechos humanos a la Defensoría del Pueblo y demás defensores delegados, pero no se indica quiénes son los defensores delegados, ni las materias a ser protegidas, puesto que en los referidos contextos hay individuos en situaciones de vulnerabilidad como niños y adolescentes, ancianos, refugiados, personas con discapacidad y mujeres, quienes ante la ejecución del decreto pueden verse en riesgo.

Se ha debido permitir el ejercicio conjunto de la Defensoría del Pueblo y las demás organizaciones en materia de protección de derechos humanos (nacional e internacional), especialmente cuando detentan formación técnica ante situaciones de riesgo, pandemias y de extrema confusión, circunstancia que habría que evaluar si la Defensoría del Pueblo se encuentra capacitada -de modo individual- para cumplir ese rol.

Comentario artículo 8

Acerca de los controles migratorios, es una muestra notoria que en el decreto hay visos claros de que el Servicio Administrativo de Migración y Extranjería (SAIME) establecerá mecanismos junto con otros organismos competentes, para que hubiera eficiencia es estos controles; no obstante, la poca explicación sobre las medidas y mecanismos usados se convierte en un mecanismo atentatorio conforme a la LEY DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN publicada en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 37944 de fecha 24 de marzo de 2004, que establece la necesidad de cumplir un procedimiento administrativo para la deportación o expulsión del Estado venezolano.

“El decreto abre la posibilidad de declarar “otro tipo” de medidas y estados de excepción continuados”.

El decreto de estado de excepción, no establece la relación directa entre el problema económico y la aplicación de procedimientos atinentes a migración. En el mismo sentido hay que tomar en cuenta que en materia de refugiados, asilados y solicitantes, también habría que medir el status legal de estas personas y que, por ende, en la revisión de esos controles migratorios debe tomarse en cuenta la garantía de los mismos.

“Ha debido enumerarse las acciones que se iban a limitar como actividad económica, tomando en cuenta que al generalizar a solo expresar “actividades económicas” denotaría estar en presencia propiamente en una “suspensión del ejercicio de la actividad económica”.

Este aspecto del decreto es muy genérico, no define ni determina las condiciones que deban medirse en los temas de nacionalidad, como garantía susceptible de limitación o restricción. Esto es un fuerte agravio porque podría enmarcarse en una práctica xenofóbica, sobre todo al no describirse cómo manejar el procedimiento de expulsión o deportación -en el estado de estado de excepción- dado que, aun existiendo acuerdos o no con Colombia en este ámbito, debió establecerse cuáles medidas iban a ser adoptadas en este tema.

Comentario artículo 9

Estipula que los órganos de seguridad ciudadana y policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, podrán desalojar las ocupaciones ilegales cuando se verifique que se encuentran en bienes públicos o bienes afectos a un servicio público en los municipios fronterizos.

La LOEE 2001 -o en el caso de la materia migratoria- al establecerse el referido desalojo debe tomarse en cuenta que la ley en materia de migración y extranjería del 2004, aparte que estipula un (1) da el derecho de trasladar los bienes adquiridos.

El decreto estipula que los procedimientos se cumplirán conforme al debido proceso, pero se vuelve a mencionar el artículo 7, numeral 11 de la LOEE, que menciona las garantías que no son susceptibles de restricción.

Con relación a la legalidad de la ocupación de viviendas por los extranjeros, ¿qué se define como ocupación ilegal en el caso de un ciudadano venezolano? ¿Bajo cuáles criterios se puede justificar el desalojo? ¿Los terrenos donde se encuentran las ocupaciones realmente son bienes públicos o afectos a un servicio público

Aunque se estipula la presencia del Ministerio Publico y la Defensoría del Pueblo ¿qué parámetros garantizan un trato digno en un desalojo? ¿Se cumplen los extremos legales en materia de migración y extranjería ante la presencia de extranjeros ilegales?

“La titularidad del funcionario ejecutor del decreto, recae en una multiplicidad de funcionarios quienes –ciertamente- crean una contradicción de funciones no determinadas con claridad”.

Son varias interrogantes que el decreto deja en el vacío jurídico y que cercenan la seguridad jurídica.

Comentario artículo 10

Señala el deber de coordinación y colaboración entre los poderes públicos, los órganos de seguridad, defensa y la policía administrativa, que trabajarán para el logro de las medidas en este decreto.

Sin embargo, se le atribuye al Ministerio Publico y a los tribunales penales la función de velar porque no se presenten actos de impunidad e injusticia en el ejercicio que les corresponda, conforme a sus atribuciones de ejecución del presente decreto, garantizando la ejecución estricta de la ley.

“Al suspender la garantía del derecho de reunión, ¿cómo quedan la libertad de conciencia, pensamiento y religión, si los habitantes de dichos municipios quisieran recurrir a los templos conforme a su creencia?”.

No obstante, es en este sentido que debería -en su referida condición- observar cabalmente los actos que los órganos de seguridad, defensa y fuerza armada ejecuten, porque la anuencia de los actos que pudieran generar responsabilidad también acarrearía responsabilidad conjunta.

Comentario artículo 11

Con la designación del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Táchira, como responsable de las acciones de índole estratégico militar que con ocasión a este decreto se ejecuten en coordinación del funcionario que se le delega la ejecución directa de este decreto, en este caso es el gobernador del estado Táchira, se ejercerán de forma unificada y coordinada las acciones de orden público y de seguridad ciudadana; es decir, todos los planes y lineamientos de seguridad y defensa emanan directamente del Comandante de la ZODI en el estado Táchira.

Comentario artículo 12

Indica el deber de cooperar conforme al artículo 17 de la LOEE. Al respecto, hay que decir que el artículo 18 de la LOEE señala que el incumplimiento al deber de colaboración de personas naturales y jurídicas, pueden acarrear sanciones de tipo penal o administrativo. Si el incumplimiento fuera por parte de los funcionarios públicos, podrán ser suspendidos de sus cargos. El deber de cooperación obliga a los habitantes y ciudadanos de esos municipios a colaborar hasta en acciones extraordinarias, sin perjuicio de la indemnización a que hubiere lugar. Es decir, los ciudadanos son obligados a este deber pleno.

Comentarios artículos 13 y 17

Se concatenan ambos artículos dado que en una suerte de error de técnica legislativa, se repite prácticamente que el responsable de la ejecución del decreto junto con el ministerio en materia de Interior, Justicia y Paz, así como con la delegación otorgada por el Presidente de la República, recae sobre el gobernador del estado Táchira.

Comentarios artículos 14 y 15

Se refieren a los controles; al ejercido por la Asamblea Nacional -denominado control político- y el que realiza la propia Sala Constitucional de oficio -denominado control jurisdiccional- teniendo en ambos casos 8 días para su pronunciamiento.

“Se está en presencia de actos confiscatorios que atentan de manera flagrante contra la Constitución”.

Debe tomarse en cuenta que en los artículos 26 y 31, respectivamente, se fundamentan los respectivos controles; no obstante, aunque fue omitido por el decreto existe de conformidad al artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción la posibilidad que los particulares durante los 5 primeros días del lapso establecido en el artículo 33 de la LOEE, consignar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los alegatos y elementos de convicción que sirvan para demostrar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del decreto que declare el estado de excepción, y que el máximo tribunal acuerde su prórroga o aumente el número de garantías restringidas.

Así mismo, no debe dejarse de lado los controles que internacionalmente puedan intentarse ante la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dado que con la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los únicos mecanismos que pueden activarse serían ante este tipo de organizaciones.

Comentarios artículos 16 y 18

Sobre la vigencia del decreto, al ser un estado de emergencia económica inicialmente tiene una duración de 60 días continuos, aspecto que si se calcula desde el 21 de agosto del 2015 tomando como fecha la Gaceta Oficial Extraordinaria, el decreto tendría una duración inicial hasta el 21 de octubre del 2015; y finalmente, hasta el 21 de diciembre del 2015 si el mismo fuera prorrogable.

Por último, el artículo 18 estableció que el mismo entrará en vigencia desde la fecha de publicación en Gaceta Oficial, y si la misma tiene como fecha 21 de agosto del 2015, esa es la fecha de su vigencia.

Consideraciones finales

Puedo afirmar que vergonzosamente la redacción, motivación y aplicabilidad de este decreto, no deja de tener las mismas lagunas y criterios genéricos que caracterizaban a los decretos anteriores a la vigencia de normativa constitucional vigente.

“A la terminación del estado de excepción, ¿los bienes retenidos serán devueltos a sus propietarios?”.

La omisión del artículo 7 de la LOEE, el criterio de dejar abierto y con discrecionalidad a los diversos órganos y entes de la Administración Pública y demás poderes públicos en las facultades otorgadas, la adopción de algunas medidas que no son descritas, la indirecta restricción de garantías no restringibles como el Debido Proceso, la nacionalidad, la participación y la comunicación, manifiestan expresamente que los esfuerzos realizados por el constituyente y el legislador de la LOEE en 1999 y 2001, respectivamente, se omiten creando un estado de incertidumbre y sobre todo de inseguridad jurídica, que a lo largo del decreto es palpable.

“¿Un decreto de estados de excepción orientado a la emergencia económica, era la figura idónea para investigar los delitos que señala el gobierno que ocurren en la frontera?”.

Aunque el artículo 21 de la LOEE manifiesta que “El decreto que declare el estado de excepción suspende temporalmente, en las leyes vigentes, los artículos incompatibles con las medidas dictadas en dicho decreto”, al no tener claro qué tipo de decreto es -porque tipificándose como de emergencia económica sus medidas se inclinan a otras clases constituyendo una situación compleja- no existe una total claridad sobre las nuevas normas extraordinarias que suspenden a las leyes ordinarias contrarias en el marco de la restricción de las garantías constitucionales, pero que deben ser aseguradoras de justicia y equidad.

“Debieron dictarse 3 decretos en los que estuviera presente la conmoción exterior ante la afectación que las medidas podían traer con Colombia; otro de conmoción interior ante las medidas que estaban generando los focos de violencia y delincuencia organizada; y, finalmente, el de emergencia económica”.

Por tanto, la LOEE en su rol de norma generadora de límites para la redacción del decreto, solo fue tomada en cuenta en lo que fue conveniente generando desconocimiento parcial de la misma, menguando la opción de crear un decreto de estado de excepción junto con medidas que se fundamentaran en la seguridad de los ciudadanos.

Se está en presencia de un decreto que se fundamenta en “la mala fama” de una institución jurídica que, ejecutada en un plano de igualdad, transparencia y previsión, podría remediar situaciones anormales y de conflicto.