Hacer colas para comprar comida se ha tornado de alto riesgo

Dulce María Rodríguez, El Nacional

“Nos sacaron de nuestros supermercados. Ya no podemos comprar en los comercios que nos eran habituales, a los que hemos acudido por años”, contó Carmen Landaeta, vecina de El Cafetal, refiriéndose a los bachaqueros.

Aseguró que no ha vuelto a ir al supermercado, en el centro comercial Caurimare, porque la golpearon por avisarle al vigilante que un grupo de bachaqueras se estaba coleando.

“Me amenazaron y me persiguieron hasta el carro. Allí me cayeron a golpes por ‘sapa’, dijeron, y se llevaron mis compras”.

Dijo que hizo la denuncia ante la seguridad del centro comercial, pero le respondieron que lamentablemente eso pasaba todos los días y que no podían impedirles el acceso.

En el centro comercial Vizcaya Marta Singer vivió una situación de pánico y zozobra al quedar encerrada en un supermercado. Refirió que una mujer amenazó con una navaja a una cajera porque no le permitió pasar la compra de productos regulados y los clientes corrieron hacia los pasillos.

Aunque los vigilantes actuaron y lograron sacar a la bachaquera, junto con otras personas intentó entrar por la parte de atrás.

“Hicieron disparos al aire y nosotros, aterrados, estábamos dentro del supermercado”, agregó.

Luego llegó la policía y se los llevaron. Sin embargo, todo el centro comercial cerró y ella decidió no volver a ese supermercado, al que acudía frecuentemente.

Mary Salazar describió que el “modus operandi” de algunos bachaqueros en el centro comercial Macaracuay Plaza la alejó de allí porque consideró que su vida estaba en riesgo.

Narró que un día se fue muy temprano a hacer la cola de productos regulados y entró en la lista de los primero 50 clientes. Al rato llegó un grupo de bachaqueros y uno de ellos se subió la camisa para mostrarle a los vigilantes la pistola que llevaba en la cintura.

“Entraron primero que los que teníamos horas en la cola y nadie se atrevió a decir algo porque a nosotros también nos enseñó la pistola”.

Consumidores afirmaron que reconocen a las personas que van con la intención de provocar violencia en las colas por su forma de actuar, vestir y hablar.

“No son vecinos de la zona, ni gente humilde que viene a buscar comida. Portan armas de fuego o navajas y no le temen a la autoridad”, expresó Salazar.

La violencia, además, ha adquirido otro matiz según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

En su último informe señaló que entre enero y febrero de 2016, documentaron 64 saqueos o intentos de saqueo por falta de alimentos.

Precisó que en febrero se reportaron 41 saqueos, el número más alto en los últimos 12 meses.

También destacó que 81% de los hechos vandálicos fue en contra de transportes de alimentos o bebidas mientras cubrían sus rutas de distribución.

“El 19% restante fue contra centros de expendio de alimentos, depósitos y otras instalaciones”, señaló el Observatorio.

Ventas por el suelo

Algunos comerciantes de los centros comerciales Caurimare y Macaracuay Plaza coincidieron en que sus ventas han descendido 80% por la presencia de bachaqueros en las instalaciones.

“Los vecinos les tienen pánico y al ver las colas no pasean por el centro comercial ni vienen a comprar”, afirmaron.

Maria Betancourt, dueña de una tienda de ropa para dama en Macaracuay, dijo que a todos los que trabajan allí los han despojado del celular o la cartera y les han robado mercancía pequeña.

“Nosotras también nos sentimos aterrados y cerramos más temprano cuando la cola es muy larga para evitar el riesgo”, manifestó.

Señaló que entre las 12:30 pm y las 3:00 pm, cuando se apagan las luces de los pasillos, los ascensores y el aire acondicionado por el ahorro de electricidad, hay toque de queda en las tiendas.

“Algunos bachaqueros aprovechan la oscuridad para robar a los clientes, también para orinar y dejar sus excrementos en los pasillos”, contó.

Betancourt agregó que sacaron la fila de compradores para afuera del centro comercial porque las instalaciones están destruidas.

“Han roto las piezas sanitarias de los baños, rayado las paredes y dejan restos de bebidas y comida tiradas por todos lados”, aseguró.

Un aviso colocado en el Centro Comercial Caurimare dice:  “Se prohíbe la permanencia de personas frente a los locales comerciales”. Y en las fachadas de las tiendas hay notas en las que se lee: “No se guardan bolsos” y “No se presta el baño, no insista”.

Helena Barrios, propietaria de una juguetería, indicó:

“Es muy duro trabajar con temor de que te van a robar o a agredir”.

Refirió que ha recibido todo tipo de insultos por no prestar el baño, los vigilantes son amenazados con armas todos los días y hasta han secuestrado a personas en el estacionamiento.

Barrios relató que en la zona viven muchas personas de la tercera edad que valoraban la cercanía a los comercios; pero ahora lo consideran una desgracia. Pero aun en presencia de la Guardia Nacional Bolivariana en los establecimientos, los consumidores no se sienten seguros en las colas.

José Gregorio Tovar indicó que en el Unicentro el Marqués por el racionamiento eléctrico retrasaron a las 12:00 m la hora de apertura. Sin embargo, la cola para el supermercado y la farmacia igual se forma desde la madrugada.

“A mediodía la gente ya esta desesperada de aguardar debajo de sombrillas, malhumorada e incontenible. El miércoles pasado pedían con rabia que agilizaran el proceso de acceso a la tienda y el ambiente era tenso”, relató.

“Son hechos aislados”

Claudia Itriago.

Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines, señaló que las largas filas en las tiendas o supermercados han generado inconvenientes.

“Son hechos aislados, que a veces se salen de las manos, pero que deben haber sido atendidos por el personal de seguridad de los centros comerciales”.

Aclaró que los establecimientos Macaracuay Plaza y Caurimare no están afiliados a Cavececo.

“Los agremiados a la cámara ofrecen a su personal de seguridad programas de capacitación y se mantienen en comisiones todo el año para desarrollar nuevas tácticas y estrategias a fin de solventar los inconvenientes que pudiesen presentarse, explicó.

Dijo que trabajan en coordinación con las policías municipales para el control de los incidentes irregulares.

 

 

COMUNICADO DE FE Y ALEGRÍA

Marzo 18, 2016

Fe y Alegría, movimiento nacido en el seno del pueblo venezolano hace 61 años, atiende a más de trescientas mil personas a través de los programas: Escuelas, Centros de Capacitación Laboral, Institutos Radiofónicos de Fe y Alegría, Educación Superior y Centros Comunitarios, es decir que,  nada que tenga que ver con niños, niñas, adolescentes y adultos,  nos es ajeno.

Siempre hemos trabajado en entornos difíciles, nacimos para defender el Derecho a la Educación, y nuestra Misión es la “Construcción de la sociedad justa y fraterna”, de acuerdo con nuestro Ideario,  seguimos en eso, por eso hoy, cuando vemos que la violencia está atentando contra ese derecho y contra esa misión, nos dirigimos al país.

  1. Somos apenas una muestra, no son sólo nuestros  alumnos los afectados, son todos los estudiantes venezolanos los que corren riesgos cuando van a sus centros educativos, son también los educadores, obreros y administrativos los que sienten que es una lotería llegar sanos y salvos a sus lugares de trabajo.
  2. La violencia atenta contra el derecho a la educación cuando las escuelas son desvalijadas por los delincuentes dejando sin equipos a los estudiantes, destruyendo instalaciones, no valen alarmas ni rejas.

Con los actuales índices inflacionarios resulta casi imposible reponer los equipos robados: computadoras, aires acondicionados de las bibliotecas, sólo por mencionar lo más frecuente.

Eso conspira contra la educación de calidad con la que estamos comprometidos y que también está establecido en  el Art. 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  y lo recoge la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) en el  Art. 53. Sabemos que también las escuelas oficiales se han visto afectadas por los continuos robos. Eso también nos duele.

  1. No es sólo el daño al patrimonio lo que nos preocupa, en los últimos años  Fe y Alegría ha tenido que acompañar a alumnos víctimas de la violencia, son atracados en las unidades de transporte o cuando  caminan a sus escuelas; también nos está tocando acompañar a huérfanos, porque la violencia va dejando niños sin padres.

Nada más entre enero y febrero de este año, en el Municipio Libertador, contamos 7 huérfanos, dos de ellos vieron morir a su papá cuando éste los iba a buscar al colegio. ¡Buscar a los hijos a la escuela también es un riesgo!  Tenemos huérfanos en todo el país. Un huérfano es una persona que requiere atención especial para que pueda curar una herida tan grande y pueda seguir viviendo. La orfandad temprana atenta contra el derecho a la educación.

¡Muchos pupitres vacíos!

  1. También hemos tenido que llorar al ver pupitres vacíos, que nunca volverán a tener a sus ocupantes, porque una bala perdida los encontró. La adolescencia es  edad para soñar, no para morir, pero en Venezuela la edad no se respeta. Según nuestra Constitución, los venezolanos tenemos derecho a la vida, y por ende,  los niños, niñas y adolescentes tienen entonces el derecho a llegar a adultos. CECODAP, organización que promueve los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, dice que en Venezuela mueren por causas violentas un promedio de un salón de clases por mes.
  2. El accionar de bandas delictivas, que protagonizan balaceras a pleno día, nos ha obligado a suspender actividades. A veces no hay tiempo de suspender y los niños deben tirarse al suelo para resguardarse de las balas. ¡Como si fuera una guerra!

Sólo que aquí no hay dos ejércitos, sino gente armada contra gente inocente.

Hay demasiadas armas sin control, demasiadas balas sin control. La vida de los estudiantes, nuestros y ajenos, para nosotros es lo mismo, están siempre en peligro sobre todo en las grandes ciudades.

  1. Las balas no preguntan la profesión ni la intención de las víctimas. Trabajadores y educadores se cuentan entre las víctimas de nuestros centros.

Entre Diciembre del 2015 y marzo del 2016, sólo en la gran Caracas, hemos tenido luto por dos profesores y un vigilante.

Esos casos colocan como víctimas a toda la población escolar de esas escuelas, pues es muy duro decirle a unos niños que su maestro no volverá porque lo mataron yendo al colegio.

¡Todos se convierten en víctimas! Venezuela se está quedando sin maestros, primero por los bajos salarios, mucha responsabilidad y ahora también por el riesgo de perder la vida.

  1. La última reforma de la LOPNNA – la del aspecto penal – se ha convertido también en un obstáculo para el derecho a la educación, pues no aborda adecuadamente el problema. Ya la Red de Defensores de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) de la cual Fe y Alegría forma parte, se ha pronunciado al respecto.
  2. Finalmente, los problemas recientes como la falta de suministro de agua, así como la escasez de alimentos y medicinas, si bien no pueden calificarse como “violencia”, se han convertido en una traba para la educación de los niños, niñas y adolescentes. Estamos teniendo inasistencias elevadas por estos problemas.

El Art. 30 de la LOPNNA considera un derecho “un nivel de vida adecuado”, esto supone, “Alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad” (literal a) y “acceso a servicios públicos esenciales” (literal c). Nada de esto se está garantizando.

Por todo lo anterior, hacemos este llamado, casi un clamor, a las autoridades, hablamos por nuestros estudiantes y participantes, hablamos por las familias a las que atendemos y hablamos por nuestros trabajadores, que también merecen protección.

Para garantizar el derecho a la Educación hay que garantizar el derecho a la protección integral.

Se necesita de manera urgente políticas integrales para proteger a los niños, niñas y adolescentes, así  como incrementar soluciones eficaces para el problema del agua, la alimentación y el acceso a medicamentos; es necesario que las autoridades recuerden que esta población es Prioridad Absoluta, tal como lo establece el Art. 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Art. 7 de la LOPNNA y hay que actuar en consecuencia.

Ante este panorama, en Fe y Alegría nos esforzamos por reducir estos obstáculos: reforzamos las redes de las que formamos parte (como la Red de Acción Social de la Iglesia y la REDHNNA) porque sabemos que aislados no podemos; tenemos la línea de Construcción de Paz y Convivencia en el proyecto educativo y en ella procuramos que los estudiantes valoren la norma como base para el respeto mutuo; trabajamos fuertemente en la conformación de grupos juveniles de manera de crear liderazgo positivo; estamos renovando la Educación en valores para fortalecer a la persona; hemos comenzado un proceso de formación de educadores y madres para poder acompañar a víctimas de la violencia urbana y sexual con Médicos Sin Fronteras; tenemos un programa para formar madres como promotoras de paz, lo que les ayuda a reducir y erradicar la violencia intrafamiliar y cooperar para prevenir la violencia en las escuelas y en las comunidades; nuestra red de emisoras desarrollan acciones y están abiertas a la iniciativas de construcción de la convivencia pacífica.

En el marco de los 61 años de Fe y Alegría, con nuestro lema “Educación con Corazón”, nuestro movimiento envía un mensaje de paz en tiempos donde la violencia va vulnerando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas.

Hoy queremos convocarles y pedirles que nos unamos para trabajar juntos por una sana convivencia donde todos y todas podamos disfrutar los derechos fundamentales, tales como: la vida, la protección, la recreación, la alimentación, salud y la educación entre otros.

Por nuestra parte seguiremos trabajando por nuestro país, por nuestras comunidades, por nuestras familias y principalmente por nuestros estudiantes.

Contamos con ustedes.

En Guayana la muerte se baña en oro

Clavel Rangel, Revista Clímax. Fotos: Germán Dam Vargas

En los últimos seis meses 41 personas han muerto en enfrentamientos por el control de las minas del sur del estado Bolívar. Mientras Minerven opera a un 16 % de su capacidad, delincuentes y mineros se ufanan de multiplicar por 10 la producción de la empresa estatal aurífera. Pero riquezas que, a juzgar por los datos del Banco Central de Venezuela, no se quedan en el país. Al cierre del 2013, el aporte del sector minero al PIB cayó 21%.

Esa noche celebraron como nunca. Cada balazo retumbó en las montañas de oro y los casquillos cayeron como una lluvia de granizo sobre la tierra de Caolín. El asesinato de Yorman Márquez, mejor conocido como el “Gordo Bayón”, el lunes dos de junio, se supo primero en las minas de Guasipati, al sur oeste del estado Bolívar, donde la señal telefónica es casi imposible.

A 15 horas de carretera desde Caracas, entre las minas Caolín y Cicapra, una llamada prendió la parranda en las galerías artesanales y, más aún, en la última barraca, loma arriba, en aquella alta guarida de madera y plástico.

“El Menor”, un minero ilegal, fue el primero en enterarse de la muerte de su último contrincante y rival en los negocios: Márquez, quien estuviera implicado en extraños tejemanejes en los sindicatos de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, SIDOR, y con una causa penal abierta por homicidio.

“Le di hasta en la madre”, le aseguró “El Pelón”. El hombre que, en la avenida Francisco Fajardo, cerca del Hotel Alba Caracas, dejó sin aliento a Yorman.

“Bayón”, sospechoso de un triple homicidio y otros asesinatos más que la policía nunca registró, había intentado apoderarse de todos los yacimientos de oro que van desde Guasipati, El Callao y el kilómetro 88; filones que por el Decreto 8.683 pertenecen al estado venezolano —pero en los hechos el dueño es quien más se haga respetar.

Con su gente y a tiro limpio, “Bayón”, aquel flaco como una escoba, alto, moreno, de corte bajo y lentes de pasta, consiguió hacerse de la mina Las Vainitas, dejando a su rastro una rivalidad que en los últimos seis meses cobró más de 41 vidas y diversificó las vacunas en toda la cadena ilegal de explotación.

El incremento de los precios del metal en 500 por ciento en la última década atrajo no sólo a las bandas sino también a cientos de pobladores del centro occidente del país. Vieron en la minería de pico y pala la oportunidad de un mejor futuro —aunque eso a veces signifique quedar atrapado en la línea de fuego.

Los lugareños del sur de Venezuela calculan que fue hace un año cuando la delincuencia se apoderó de los pueblos.

“Esto está imposible. Pura matazón y nadie hace nada. Hace tiempo un alumno salió de la mina con tanto dinero que le dio para comprarse una finca y un carro del año”.

“El muchacho no pagó vacuna y ahora lo andan buscando”, cuenta Juana, una mujer dedicada a la artesanía que entre sorbos de café confiesa haber deseado nacer en otras tierras. “El oro es nuestra maldición”.

Y de esa guerra hay rastro hoy. Sobre la tierra color ladrillo decenas de casquillos dorados se confunden con la riqueza de ese suelo. Entre los arbustos del kilómetro 45, el sol tuesta la piel, como a una concha de naranja. Sobre esa montaña de Caolín, la brisa cálida entra por los agujeros que uno de tantos enfrentamientos dejó en los techos de cinc.

—Eso fue la última guerra, como dos horas de tiro trancao, varón —comenta “El Menor”.

“El Menor”, un hombre retaco, de 38 años, amarillo como un apio, conoció a Cristo cuando “le sembraron” dos kilos de cocaína. Desde entonces es adventista. Tiene casa por cárcel en Guasipati, pero este miércoles se estira sobre lo alto de la montaña para recibir a la visita.

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Se llega a Cicapra casi por casualidad. Sin una referencia sería imposible atravesar más de tres alcabalas que cercan los perímetros de al menos tres de las cuatro minas más populares del sur: Cicapra, Florinda, Caolín y Campanero. Atrás, en la plaza Bolívar de Guasipati, en el municipio Roscio, los vecinos esperan la pick up que los lleva. Doscientos bolívares hasta el río Yuruari, 800 ida y vuelta.

Son casi dos horas hasta el río, que en temporada alta se atraviesa en balsa, y cuando comienza el verano en camioneta sin problema. Después de sus aguas, tres adolescentes con escopetas y pistolas automáticas arman la primera alcabala. Son parte de la base, un grupo de 100 hombres armados que custodian los perímetros de la mina.

Es también en ese camino, donde el asfalto termina, en el que decenas de cadáveres han quedado tiroteados o quemados. En noviembre del 2013, la policía halló dos cuerpos calcinados con balazos en la cabeza. El señor Vedy Chirinos apareció muerto allí, y su hijo tuvo que transitar esa trocha con el cadáver de su padre acuestas; porque “la base” no permitió la entrada ni de la policía ni del cuerpo de investigaciones.

—A los únicos que le dieron permiso de pasar fue a mí, a mi hijo y a mis dos hermanos. Varios hombres armados nos escoltaron hasta donde estaba mi esposo. Tuvimos que atravesar un río, envolver el cuerpo en bolsas negras, porque estaba muy descompuesto, cargarlo y caminar varios metros —contó Ligia, la esposa de Vedy, en noviembre de 2013.

“Ahora con la muerte de ‘Bayón’ la cosa está calmada”, desliza una de las hermanas de “El Menor” que, para la sazón, carga con cajas de margarina, aceite, cerveza, galletas y refrescos —productos que en la ciudad son escasos— para reabastecer su bodega en “la esquina”, entre las minas Cicapra y Caolín. Cree que no habrá otro líder que se alce sobre “Bayón”. “Lo que pasa es que no hay nadie que controle así como lo hacía él”, remata la muchacha.

Aun así, cada tantos metros, adolescentes aparecen en el camino sobre motocicletas con armas largas. Advierten de una incursión de grupos contrarios o del paso del Ejército que una vez al mes entra a quemar las máquinas, destruir campamentos y a cobrar vacuna.

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No hay, oficialmente, datos sobre la producción de la minería ilegal en el estado. En el 2011, el entonces Jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, general Henry Rangel Silva, aseguró que el gobierno había erradicado el 85 por ciento de la minería ilegal con el Plan Caura, uno de los últimos proyectos sucesores de la “Reconversión Minera” con que el gobierno del presidente Hugo Chávez intentó diversificar la actividad económica en los pueblos del sur.

La entrada en vigencia del Decreto 8.683, en el 2011, reservó la exploración, explotación y comercialización del oro al Estado. Convirtió en ilegal toda la actividad minera y revirtió todas las concesiones otorgadas a rusos, chinos y canadienses. Con la estatización, la actividad estatal decayó a niveles históricos. De acuerdo a la Memoria y cuenta del 2013, Minerven produjo 1.6 toneladas de oro, el 16 por ciento de su capacidad instalada.

Los mineros —que otrora soñaban un empleo en Minerven— ahora se ufanan de multiplicar por 10 la producción de la estatal en las minas ilegales. “Nosotros aquí producimos más dinero que la Ferrominera, que Sidor, que el aluminio, ¿entiendes?”, dice orgulloso Pedro García, un ex trabajador de la siderúrgica, que hace 30 años se dedica a la minería.

Ya cumplió dos meses sin salir de la selva que lo ha provisto del sustento para formar a sus tres hijos. Ahora le faltan los dientes y se inclina sobre el fondo de la tierra para mostrar unas piedras que consiguió y le pueden dar hasta 20 mil bolívares semanales.

Un 10 por ciento se lo queda el molino, pero “la pelota” la venden a compradores foráneos y la ganancia se la reparten entre todos.

“Cuando llega el Ejército corremos selva adentro, pa’ allá adentro. Eso es lo único malo de esto, que se meten y nos queman todos”.

Hace tres años el entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, señaló que el 50 por ciento de la producción de oro —entre 2008 y 2009— no fue reportado al Estado. Representó pérdidas de 385 millones de dólares. En 2010, sólo se reportaron el 29.4 por ciento de las toneladas de oro comercializadas a nivel internacional.

La industria estatal del oro ha sufrido un retroceso en su proceso de tecnificación. Pero en los yacimientos ilegales, los payloders y retroexcavadoras de los mineros no tienen nada que envidiarle a otras empresas del mundo.

“Tenemos una manera de samplear —de ubicar el oro. Agarras un ‘samplecito’ como una ‘bateita’, y allí lavas un poquitico de tierra… ¿y sabes cuánto paga eso? Ya nosotros sabemos que esto paga, que esto no paga, que esto sí. Donde hay más metemos un detector, un 5 mil y allí varón, eso es tremendo, eso jala, jala duro y lejos”, explica “El Menor”.

Con la grama a 2.250 Bs. en el pueblo y 3 mil en “los colombianos”, ya nadie pelea un puesto en la única empresa del estado de la zona que, por cierto, hace tres años que no discute contrato colectivo.

Un salario mínimo es el equivalente a dos gramos de oro que un poblador cualquiera puede sacar cargando 10 sacos de tierra con material aurífero en Guasipati o El Callao. En zonas de alto tenor —cantidad de oro por tonelada— un grupo de mineros puede llegar a moler hasta siete kilos en una noche, el equivalente a un apartamento de dos habitaciones en una buena zona de Alta Vista en Ciudad Guayana y un carro.

—A mí me quedaron mil 100 gramas. Y de allí yo tengo que darle a todo el mundo, al Ejército. Tengo que pagar todos los gastos de aquí y todavía no he pagado el azogue —mercurio que en Mercado Libre se consigue a 16 mil Bs. el kilo— que le debo a la flaca, medio kilo a los rusos y 200 gramas por allí. A esos muchachos, los valencianos, le tocan tres gramas a cada uno vale, esos muchachos tienen tres días aquí” —reclama “El Menor”.

Si es verdad que están legales ¿por qué el Ejército se mete?

—Porque yo no les puedo pagar vacuna a ellos, hermana. ¿Sabes por qué? Si otras minas le pagan es porque se metieron malandros… y ellos nunca en su vida han sido mineros. ¿Y sabe qué? En todo este terreno yo dificulto que haya una mina que tenga más oro que esta, porque esta no tiene gasto. No tiene agua y es blandita porque es puro Caolín —vuelve “El Menor”.

Hay quienes dicen que el negocio compite con el narco, pero con menos riesgo. Hay quienes entran a la montaña y nunca salen porque un alud de tierra los tapió. También por quedar atravesado en la línea de fuego o porque fueron interceptados en el camino para quitarle el oro como a los últimos tres que mataron en Cicapra en el mes de abril.

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La noche que en Cicapra, Campanero y Caolín supieron que el “Gordo Bayón” estaba liquidado, celebraron con tiros al aire el comienzo de la venganza. “El Menor” y sus aliados se apertrecharon y una semana después fueron por el resto de sus rivales en la mina Las Vainitas. Hace dos meses, sus enemigos buscaban al “El Chileno”, hermano de Jhonatan, quien es uno de los sobrinos de “El Menor”. Dos hombres se metieron en un pool con un AR15 y dispararon una ráfaga contra más de 30 personas.

—¿Si ve que el Señor es grande? Sólo a una chamita le volaron la cabeza. Hubo como 10 heridos. Dijeron que era algo pasional y quedó allí —dice “El Menor”.

En Campanero oscurece y se encienden los bombillos de los campamentos de plástico. “El Menor” recorre las minas en una Autana blindada que un propietario de máquinas le dejó a cambio de favores.

“Caracas”, el chofer que llevó a estos periodistas hasta Cicapra y Caolín, espera en una pickup verde a tres mujeres que se repartieron “La Pelota” y salen de las minas con más de un kilo de oro en los bolsillos.

—Ta pendiente “Caracas”, si no está el Gobierno por allí. Ve preguntando, que llevo un “orero” en los bolsillos —dice una ellas. Es hermana de “El Menor”. La familia de este último va nerviosa en la parte trasera de esa camioneta. Cambiaron al comandante del Core 51 y no han tranzado con la Guardia.

—La última vez me metieron presa y me llevaron pa’ la comandancia —suelta otra de las mujeres de la transacción.

El motor de esa camioneta verde retumba en medio de la selva. Los sobresaltos de los baches tienen a la tripulación con los nervios de punta y el dedo en el gatillo.

Hace unas semanas unos mineros fueron interceptados para robarle el oro. Maelo Ruíz interpreta una canción del momento y en el camino, un letrero despide en el kilómetro 40: “Que no te encuentre la muerte sin antes conocer a Jesucristo”.

7 vías constitucionales para salir de la crisis

Rosalinda Hernández, El Estímulo

José Vicente Haro, abogado constitucional explica cómo Venezuela puede salir de la crisis por mecanismos legales contemplados en la Constitución.

Abogado constitucionalista, José Vicente Haro.

Como un acto desesperado e inconstitucional que trata de arrebatar competencias a la Asamblea Nacional, -AN- calificó el abogado constitucionalista, José Vicente Haro la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ) de sustituir la voluntad del pueblo, sin percatarse que ante semejante pronunciamiento lo que logra es deslegitimarse como Poder.

Para el jurista enderezar el rumbo del país debe ser prioritario y ello se alcanza asumiendo un cambio democrático que está señalado en la Constitución Nacional.

Existen siete mecanismos expresados en la carta magna, para la transformación que Venezuela requiere,  aseguró  Haro, frente a “la peor situación política, económica y social que ha vivido el país desde la Independencia”.

-La renuncia presidencial-

Esta es la peor situación política, económica y social que ha vivido el país desde la Independencia”

Es un acto jurídico que puede solicitarse al presidente de la República a través de las vías institucionales, constitucionales y democráticas, a fin de favorecer un cambio pacífico de gobierno, dijo Haro.

La renuncia es un acto “personalísimo” y depende de la voluntad expresa del funcionario (el Presidente) que puede querer renunciar o no.

-El abandono del cargo-

Significa el abandono del ejercicio del poder, -la Presidencia de la República- sin que medie un acto formal, un acto por escrito o manifestación de voluntad. Algo parecido a lo que sucedió con Marcos Pérez Jiménez (1958), o lo que pasó en Perú con Alberto Fujimori cuando abandonó la Presidencia.

En este caso, el abandono del cargo produce la vacante absoluta en la Presidencia y se puede convocar a elecciones conforme lo establece la Constitución.

-La destitución del cargo-

La destitución del presidente de la República, está contemplada en el artículo 233 de la Constitución. Esta posibilidad se puede dar en virtud de las pruebas presentadas ante el -TSJ-, y a la opinión pública, en donde se ha tratado de comprobar que Nicolás Maduro tiene la nacionalidad colombiana, o no cumple con los requisitos establecidos por la Constitución en los artículos 41 y 227,(ser venezolano por nacimiento).

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Para Haro, se ve poco probable esta salida, recordando que  la sentencia de la Sala Constitucional del 7 de agosto del 2013, ya hizo un pronunciamiento “muy vago” del tema de la nacionalidad de Nicolás Maduro.

-El referendo revocatorio-

Es un tema que está siendo impulsado por varios factores de la oposición venezolana y se presenta como “muy atractivo”.

El revocatorio al mandato presidencial, está contemplado en los artículos 72 y 233 de la Constitución, y puede solicitarlo cualquier ciudadano o grupo político.

El referendo revocatorio del mandato presidencial puede ser convocado ya porque la mitad del periodo presidencial se cumplió el 10 de enero del 2016.

La resolución para convocar a un revocatorio, -detalló Haro- no solo exige la firma de los venezolanos sino también la huella y el respaldo del 20% de los electores inscritos en el registro civil y electoral, que da un aproximado de 3 millones 900 mil firmas y huellas.

Esas firmas y huellas para un referendo revocatorio no pueden ser recolectadas por los ciudadanos, solo lo puede hacer el Consejo Nacional Electoral, -CNE- en los puntos y lugares que designe a nivel nacional.

Una vez escogidas las fechas y puntos de recolección, también se escogerá a las personas encargadas de la recaudación de las firmas. El lapso para está recolección es de 3 días, “de no llegarse a recoger en este lapso, queda improcedente la convocatoria al referendo”, dijo el abogado.

Si el revocatorio se realiza dentro de los lapsos establecidos –antes del 10 de enero del 2017- el Presidente de la Asamblea Nacional asumiría temporalmente la Presidencia de la República, y el CNE convoca en el mes siguiente a unas elecciones presidenciales; pero si el referendo revocatorio se realiza luego del lapso establecido, sería el vicepresidente ejecutivo quien se encargue de la Presidencia por el tiempo que reste de mandato; es decir, hasta el 10 de enero del 2019, explicó Haro.

El referendo puede ser convocado por cualquier grupo de venezolanos, partidos políticos o la AN. Una vez concluida la recolección de firmas y la revisión de todas las firmas y huellas dentro de los 15 días siguientes a la recolección. El CNE verificará si se cuenta con el número requerido, para convocarlo dentro de los 90 días siguientes de la verificación.

Es necesario que un número mayor o igual de venezolanos que votó en las últimas elecciones presidenciales del 13 de abril del 2013, se pronuncien a favor de la revocación del mandato.

Es decir, se requiere más de 7 millones 580 mil votos para lograr que se revoque el mandato presidencial, si no se logran esa cantidad o más de votos, quedará sin efecto la revocación del mandato solicitado.

-Enjuiciamiento del presidente de la República-

Se requieren más de 7 millones 580 mil votos para lograr que se revoque el mandato presidencial

El artículo 233 de la Constitución Nacional, establece el enjuiciamiento presidencial, lo que originaría una vacante absoluta en el cargo y se activaría la convocatoria a unas elecciones presidenciales.

En el caso venezolano, no ha habido voluntad jurídica, ni política por parte del Ministerio Público, de hacer las investigaciones correspondientes a las distintas denuncias que cursan en contra del Jefe de Estado. Tampoco ha existido interés del TSJ de instar a la Fiscalía General de la República a que presente conclusiones sobre si debe o no admitirse una querella en contra del Presidente.

Es poco probable que por la vía del enjuiciamiento del Presidente de la República, pueda haber un cambio constitucional de gobierno en el país.

-La enmienda constitucional-

La enmienda está prevista en la Constitución. Permite suprimir, modificar o agregar uno o más artículos a la Carta Magna, que no alteren su principio y estructura fundamental.

El procedimiento a seguir para la discusión y aprobación de una enmienda constitucional, es el mismo que para los proyectos de Ley; es decir, el procedimiento de formación de las leyes a que se refiere el artículo 130 del reglamento de interior y de debates de la Asamblea Nacional, señaló Haro.

Para la aprobación de la enmienda, es necesario el consentimiento, por referendo, del pueblo, a través de un proceso que debe ser convocado por el CNE dentro del mes siguiente a la fecha de recibida por el órgano electoral, como lo establece la Constitución.

Una vez sea aprobada la enmienda -por la AN y el pueblo-, el presidente de la República tiene la obligación de promulgarla y publicarla en Gaceta Oficial, en un lapso de 10 días a partir de su recepción para su ejecútese. De negarse, la AN puede sancionarla según lo establece el artículo 216 constitucional.

Si el presidente en vez de promulgarla, envía la enmienda a la Sala Constitucional del TSJ para que se pronuncie sobre su constitucionalidad o no, ahí se corre de nuevo el riesgo que la Sala Constitucional en una sentencia que se consideraría “improcedente e inconstitucional”, declare que a pesar de ser votada por el pueblo está enmienda empezaría a surtir efecto a partir del 2019, explicó el constitucionalista.

“Desde el punto de vista jurídico debo manifestar de manera categórica que la Sala Constitucional del TSJ no tienen competencia, facultad, no tienen legitimidad, ni potestad para pronunciarse sobre una enmienda constitucional o pretender interpretarla en un sentido distinto al aprobado por el pueblo, es el pueblo quien tienen la última palabra”, resaltó Haro.

Luego de un proceso de votación ni el TSJ, ni el CNE, ni el Presidente de la República pueden cambiar la voluntad del soberano. De tal manera que de aprobarse la enmienda antes de enero del 2017, para diciembre del 2016, se debe estar llamando a unas elecciones presidenciales en el país.

-La reforma constitucional-

Para iniciar un proceso de reforma constitucional, se debe contar con la mitad más uno de los diputados, quórum que actualmente posee la bancada de oposición en la AN.

La reforma requiere tres discusiones: Una primera discusión –de aspectos generales- puede incluir el tema del recorte presidencial, entre otros. En la segunda discusión, se debate título por título y luego en el tercer debate, se hace artículo por artículo.

En caso de contar el bloque opositor con las dos terceras partes para la aprobación, la reforma sería sancionada y se remite al CNE para ser sometida a referéndum.

Luego de aprobada en el referéndum, será el Presidente de la República quien le da el ejecútese, según el artículo 346 de la Constitución. Si en 10 días el Presidente no la ha promulgado, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional le pondrá el ejecútese de Ley.

-La Asamblea Constituyente-

El TSJ al sustituir la voluntad del pueblo con semejante pronunciamiento, lo que logra es deslegitimarse como Poder

Está contemplada en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución.

Existen dos vías para su convocatoria; la primera, es a través del llamado que haga la Asamblea Nacional con las dos terceras partes de sus integrantes. El bloque opositor no cuenta con esas dos terceras partes.

La otra convocatoria la puede hacer el pueblo organizado, a través de la recolección de firmas en los lugares que se desee realizar. En este tipo de proceso constituyente, no aplican las normas establecidas por el CNE en materia de referendo revocatorio.

Sobre el tiempo de convocatoria y realización de una asamblea constituyente,        -explicó Haro- que para la constituyente del 1.999, los lapsos fueron extensos porque el mecanismo no estaba contemplado en la anterior Constitución (1961).

Afirmó el abogado constitucionalista que de todos los mecanismos analizados, la Asamblea Constituyente es el elemento constitucional y democrático para un cambio de gobierno, tomando en cuenta los resultados positivos que se pueden obtener.

Militares consolidan su poder económico con 11 compañías creadas por Maduro

Lisseth Boon, Runrunes

∗ Nicolás Maduro es el presidente civil que ha abierto más empresas militares cuyos balances son camuflajeados

∗ La nueva compañía petrolera y minera Camimpeg se incorpora a la Zona Económica Militar Socialista que abarca diversos sectores productivos

La Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), creada el 10 de enero del 2016, no es la primera ni la única empresa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) constituida durante los tres años del gobierno de Nicolás Maduro.

La nueva empresa se incorpora a la llamada Zona Económica Militar Socialista, que agrupa a otras 10 compañías con personalidad jurídica y patrimonio propio adscritas al Ministerio para la Defensa, creadas bajo la administración de la almiranta Carmen Meléndez, ahora diputada ante la Asamblea Nacional (AN) por el oficialista Psuv.

La vocación empresarial de las fuerzas armadas se oficializó con la llegada de Maduro al poder.

El 19 de abril del 2013, seis días después de asumir la presidencia,  el mandatario asomó desde la base aérea Rafael Urdaneta en Maracaibo la instauración de una “poderosa” zona económica militar con el fin de “satisfacer la demanda de la Fanb” (bienestar, seguridad, educación y protección de las familias integrantes de la Fanb).

El mandatario destacó que, además, estaría en capacidad de construir cuarteles, viviendas y sitios de entrenamiento para los diferentes componentes de la Fanb.

Tres meses después, el 9 de julio de ese año, el presidente civil formalizó la Zona Económica Militar Socialista con la apertura de unas primeras seis empresas que abarcan disímiles sectores, desde transporte, agricultura y comunicaciones hasta finanzas, bebidas y construcción.

La aparición de esta corporación verde oliva coincide además con la consolidación de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI). Y el 9 de agosto del 2013 (Gaceta Oficial 40.225), se activaron la Región Estratégica de Defensa Integral de los Andes (Redian) y la Región Estratégica Integral Marítima e Insular (Redimain), sumándose a las cinco existentes.

Mientras 4.300 industrias han desaparecido en los últimos 10 años en Venezuela (según el INE), el sector empresarial militar pareciera estar en expansión. Desde julio del 2013 hasta febrero del 2016, el MinDefensa ha creado 11 empresas para  el “desarrollo económico de la Fanb”.

Ocho de ese total abrieron durante el primer año del anuncio de la Zona Económica Militar: Banco de la Fanb (Banfanb); Empresa Agropecuaria de la Fanb (Agrofanb); Empresa Militar de Transporte (Emiltra); Empresa Sistemas de Comunicaciones de la Fanb (Emcofanb); Televisión Digital de la Fanb (TVFanb); Fondo de Inversión Negro Primero (Fimnp); Constructora de la Fanb (Construfanb) y Agua Mineral Tiuna (empresa mixta dentro del complejo industrial del Fuerte Tiuna).

En agosto 2014, abrió la Empresa Mixta Bolivariana Cancorfanb, del sector construcción, producto de la fusión entre la estatal Construfanb (propietaria de 51% de las acciones) y la privada Canteras Cóndor, creada en 1996 (49% de acciones).

Tecnomar es una empresa originalmente privada dedicada a la tecnología de comunicaciones que nació el 4 de enero del 2005 en Nueva Esparta, pero que en el 2015 vendió la mayoría  de sus acciones a Encofanb, convirtiéndose en la Empresa Mixta Militar Venezolana de Proyectos de Tecnología.

La más reciente empresa que se incorpora a la zona económica militar es Camimpeg.

El 22 de enero del 2016, tres semanas antes de su creación, el ministro Vladimir Padrino López llamó a impulsar el Motor de Industria Militar para contribuir con el desarrollo nacional. En ocasión de la instalación de mesas de trabajo del Consejo Nacional de Economía Productiva, el titular de Defensa declaró: “tenemos que darle rumbo a un nuevo modelo productivo en Venezuela”.

Rocío San Miguel.

“La  llegada de Campimeg es un paso más del proceso de militarización de la economía del país”, consideró Rocío San Miguel, coordinadora de la organización Control Ciudadano.

Minas y petróleo en la mira

Camimpeg se enmarca dentro del Eje Productivo del Plan Sucre II que contempla la promoción y desarrollo de la industria militar, según reza el decreto 2.231 que marca su creación. Tiene una amplia gama de atribuciones, desde servicios petroleros de gas y explotación minera, mantenimiento de pozos petroleros, reparación de taladros, importación de productos y equipos, transporte, obras civiles, descontaminación ambiental, entre otros.

“Se trata de un nuevo anclaje de las Fanb para acumular mayor poder del Estado tomando parte del principal negocio de la Nación. Representa la unión de dos de los factores más poderosos de Venezuela: la Fanb y la industria petrolera”, observó la coordinadora de la organización Control Ciudadano Rocío San Miguel.

“Es una decisión llena de irregularidades, que viola en primer lugar la Constitución y la Ley orgánica de la Fanb al permitir la participación militar en el desarrollo del país por decreto y no mediante una ley. También, al desplazar a Petróleos de Venezuela, viola la ley de Hidrocarburos que atribuye a Pdvsa el manejo de la industria petrolera”, advirtió San Miguel, quien además subrayó que Caminpeg “plantea peligros para la concepción del Estado como depredador de los recursos naturales en la búsqueda de fuentes de riqueza”.

Expertos consultados coincidieron en que podría tratarse de una manera de garantizar un espacio de poder frente a un posible cambio de gobierno.

El economista Luis Oliveros ubica como antecedente a una empresa de cobre en Chile en manos de militares. “Más que pensar que va a haber corrupción, hay que tomarla como una muy mala noticia para el país. Le resta poder a Pdvsa y cuida la espaldas a los militares ante un posible cambio de poder”.

Mientras, el economista Patricio Ucaoa descartó la tesis de que la empresa militar sea un vehículo para salvar activos después de un virtual default. Consideró que la creación de la empresa militar de petróleo y minas, tiene que ver más con una negociación política que con un tema económico, como sucedió en Chile con la salida de Augusto Pinochet, quien otorgó privilegios a los militares en la industria minera. La concertación democrática tuvo que garantizárselos a los militares para permitir la transición hacia la democracia.

Saliéndose del cuartel

La Constitución venezolana define a la Fanb como una institución esencialmente profesional, sin militancia política cuya función es garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico. La actividad económica no está contemplada en la carta magna.

Los militares están para la defensa del país, no para administrar activos del gobierno y mucho menos la industria petrolera”, recordó el economista Luis Oliveros.

Pero el MinDefensa no sólo ha creado empresas con capital y ánimo lucrativo para las fuerzas armadas, sino que también ha expandido sus actividades más allá de los cuarteles.

Construfanb, por ejemplo, se encarga de edificaciones militares y también ha firmado convenios con la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh), adscrita al Ministerio para la Salud. En mayo del 2014, asumió la continuación de seis hospitales especializados de la misión Barrio Adentro IV. Casi dos años después, las obras no se han reactivado.

Emiltra tampoco se encarga exclusivamente de traslado de mercancía militar o armamento. Según la memoria y cuenta 2014, la empresa de transporte movió 10.863 toneladas de insumos y productos básicos a la Red Productiva Nacional, como Abastos Bicentenario, Lácteos Los Andes, Mercal, Fontur, Industria Venezolana Maicera y Pdval. También llevaron electrodomésticos, cauchos, material de limpieza y enseres domésticos que se encontraban en la Torre de David.

Además, hicieron más de 650 movimientos operativos de valores de la banca pública  y privada, según el balance del 2014 del MinDefensa.

Cifras bajo el uniforme

No se conocen mayores detalles sobre el desempeño de estas empresas militares, destacó San Miguel.

“Son compañías anónimas de transabilidad mercantil que al no garantizar transparencia ni auditorías, tienden a convertirse en parcelas de corrupción”.

Las Memoria y cuenta del 2013 y el 2014 del MinDefensa informan sobre  algunas inversiones de estas compañías que permiten tener una idea de los presupuestos asignados.

En el año de su creación, Emiltra invirtió 111 camiones de carga, 7 camionetas pick up y 4 camiones de volteo por Bs. 112.500.000.

Mientras que para la primera fase de creación del Canal de Televisión Digital Abierta para la Fanb, TVFanb, se dispusieron Bs 54.000.000 y 5,9 millones de dólares.

En el 2014, el Fondo de Inversión Negro Primero ejecutó 68 proyectos de infraestructura por el orden de Bs. 601.398.157, según la memoria y cuenta del MinDefensa.

La constructora de la Fanb, Construfanb es la que muestra más inversiones. En el 2013,  tuvo una inversión inicial de Bs. 170.000.000 (memoria y cuenta 2013).

Pero al año siguiente, manejó un presupuesto más cuantioso: Recibió 7 créditos adicionales por Bs.  1.710.170.324 aprobados entre abril y diciembre del 2014, según cálculos de Transparencia Internacional. Además, invirtió Bs. 63.033.609,7 en 20 obras que incluyen instalaciones eléctricas, recuperación de sistemas de aguas servidas y culminación del dormitorio femenino del Cuartel General del Ejército, entre otras.

Banfanb fue la segunda empresa militar que recibió créditos adicionales en abril del 2014 por el monto de Bs. 41.144.381,25.

Gerencia en entredicho

Las expectativas sobre cómo sería gerenciada una compañía petrolero-minera por parte de militares, podría medirse en los resultados de las empresas básicas de Guayana durante la administración chavista.

La corporación se encuentra en uno de los peores momentos productivos desde que fue creada en 1960. Por la caída de la producción, han dejado de ingresar 10 mil millones de dólares al país.

En el caso de la Siderúrgica del Orinoco, Sidor, en el 2015 produjo 1 millón de toneladas de acero de las 4,6 millones de toneladas que puede producir anualmente. Las pérdidas duplican a las del 2014 y superan sus activos.

Siete de los 10 presidentes que ha tenido la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) entre el año 2000 y el presente, son militares: Antonio López Reina; Francisco Rangel Gómez; Rafael Sánchez Márquez; Daniel Machado Gómez; Rafael Gil Barrios; Carlos Osorio Zambrano y el actual Justo Noguera Pietri. Los únicos civiles han sido Víctor Álvarez, Rodolfo Sanz y José Khan.

El sello verde oliva marca la administración del holding minero de Guayana.