Aplausos para Delcy

César Miguel Rondón

Voy a salir en defensa de Delcy Rodríguez.

Sí, creo que le hace un gran beneficio a la revolución. Es, a mi parecer, la mejor canciller que han podido encontrar en toda la geografía patria.

Ella abre la boca, habla, sonríe, mira para un lado y para el otro, y es la personificación misma de la revolución. Su sonrisa refleja el cinismo del régimen.

Su verbo es la camorra que este régimen exhibe como su principal característica. Esa y la crueldad, por supuesto. De manera que hay que defenderla. Hay que felicitar a Maduro por haberla elegido.

Otra persona más docta, más experimentada en los delicados vericuetos de la diplomacia y –hay que decirlo- más sensata y equilibrada, le pondría la vara muy alta a la causa de los venezolanos que luchan por libertad, justicia y democracia.

Dio pena ajena verla en su torpe intervención en el Consejo General de la OEA. Desde el principio, cuando se empasteló de manera tragicómica con el tema de la agenda del día, provocó sorna y sarcásticas sonrisas entre los diplomáticos, empezando por el propio presidente del consejo.

Después vendría la segunda derrota a su estrategia: 20 votos a favor contra 12 y dos abstenciones para que se mantuviera la agenda en la que el Secretario General presentaría su informe.

La primera derrota, no la pasemos por alto, ocurrió con la realización de esa misma sesión en la que ella estaba presente. El gobierno venezolano lo hizo todo para que no se reuniera el Consejo, pero perdieron y Almagro expuso su informe ante todos los embajadores.

Menos ella y sus escoltas, Álvarez y Chaderton quienes, en un arrebato malcriado, abandonaron la sala durante la intervención del Secretario General.

Luego vendría el momento crucial cuando ella, para beneplácito de Maduro quien a la distancia seguro la aplaudió de pie, brindó su magistral intervención en defensa de la revolución.

“Adefesio”, fue su primer y más suave calificativo para el informe de Almagro. Pidió su renuncia y, de paso, le enrostró que jamás sería el empleado del mes de McDonald´s (¡!).

Afirmó -en realidad, fue casi un grito con énfasis dramáticos- que Venezuela estaba bien, muy bien, que no había tal crisis humanitaria, que todo no era más que un pretexto para una invasión imperial. Con lo que –seguro- incrementó la sorna y el desconcierto entre los presentes que ya la habían visto, en fotos recientes, muy sonriente y feliz, estrechando las manos de Kerry y Shannon.

La curiosa y particular intervención de Delcy, pues, sólo sirvió para corroborar, por si hacía falta, que todo lo dicho por Almagro era verdad. Ella, en definitiva, era la digna y elocuente representante –por sus palabras, sus modos, sus argumentos, sus desplantes y arrogancia- de ese gobierno oprobioso y abusador que había descrito el Secretario General.

Muchas gracias, Delcy. Nos hiciste un gran favor. Y te aplaudo por eso.

Informe del Secretario General de la OEA, ante el Consejo Permanente, sobre la situación de Venezuela

23 de junio del 2016

Señor Presidente, Embajadores, Representantes, Colegas:

Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y en mi calidad de Secretario General, solicito al Consejo Permanente que realice “una apreciación colectiva de la situación” en Venezuela y adopte “las decisiones que estime conveniente”.

En este sentido, me permito presentarles las razones por las cuales estimo que existe una grave alteración del orden constitucional en ese pais. Una buena parte de la información que presentaré, ya con anterioridad incluí en mi carta al Presidente del Consejo Permanente el 30 de mayo.

Hoy presentaré un informe actualizado, dado el rápido deterioro de la crisis en Venezuela.

La defensa de la democracia es uno de los principales mandatos de la OEA y la base fundamental de las relaciones internacionales en las Américas.

Estos principios están claramente plasmados

En la Carta de la Organización de Estados Americanos,

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

En la resolución de la Asamblea General AG/RES. 1080, “Democracia representativa”,

Y en la Carta Democrática Interamericana que es la verdadera Constitución de las Américas.

Estos no son documentos que nos hayan sido impuestos.

Como Estados Miembros hemos elegido firmarlos, unirnos al consenso sobre los principios que definen quiénes somos, en qué creemos y cómo interactuamos unos con otros.

Las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen solo cuando es conveniente.

Si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos estar dispuestos a actuar.

Si existen claras violaciones, nuestra obligación es señalarlas, En particular cuando se enfrenta una situación difícil.

Los temas que vamos a debatir hoy día están claramente delineados en la Carta Democrática Interamericana.

Es conforme a estas normas que consideramos que se ha alterado el orden democrático en Venezuela.

En el artículo 3 de la Carta se enumeran los elementos esenciales de la democracia:

El “respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto[…]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

En el artículo 4 se delinean los componentes esenciales para el ejercicio de la democracia:

“la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.

En mi informe del 30 de mayo se exponen claramente los argumentos de que ha ocurrido una alteración del orden constitucional que trastoca el orden democrático en un Estado Miembro.

Hoy, les pido que consideren las vidas, la salud y la seguridad del pueblo venezolano a la luz de estos compromisos.

El Consejo Permanente debería tomar las medidas necesarias para atender a la crisis humanitaria sin precedentes e innecesaria que sufre Venezuela.

El Consejo debería expresarse claramente sobre los prisioneros políticos y los informes persistentes de tortura.

El Consejo debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un referendo revocatorio

Es conforme a estos principios que debemos decidir actuar o no.

Como decía Desmond Tutu: “si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

La democracia es el gobierno del pueblo.

Aquellos que han elegido representar al pueblo, lo hacen para encauzar la voz de los ciudadanos en los procesos decisorios del Estado.

El Gobierno lo hace a través de la legitimidad que le ha conferido el pueblo, los ciudadanos.

Es un servicio al público; una vocación de servicio para el bien común.

No es un negocio en donde las personas buscan un beneficio o el poder.

La ética política nos conmina a ser coherentes con nuestras palabras y nuestras acciones.

Es mucha la tensión entre la ética y la política como para ensalzar a los líderes sin abusar del poder que se les confiere.

Cuando los Gobiernos y los políticos no cumplen con estas normas, vemos que los ciudadanos se frustran con sus líderes políticos.

Al perder la confianza en sus representantes electos, los ciudadanos harán que sus voces sean escuchadas.

Lo que hemos atestiguado en Venezuela es la pérdida del propósito moral y ético de la política.

El Gobierno se ha olvidado defender el bien mayor, el bien colectivo.

Venezuela tiene una de las más grandes reservas de petróleo del planeta, así como vastas tierras fértiles y una gran cantidad de recursos minerales.

El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo.

El enfrentamiento entre las ramas de Gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura de la gobernabilidad, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país.

La inflación ha llegado a 720%.

El PIB disminuirá un 8% más en 2016.

La deuda externa ha alcanzado los 130.000 millones de dólares; es decir, el equivalente de casi seis años de exportaciones de petróleo.

Venezuela ocupa el noveno lugar mundial con la peor tasa de desempleo.

El 73% de los hogares y el 76% de los venezolanos vivieron en la pobreza en 2015.

Después de lo que fue el 12º aumento desde que el Gobierno fue electo en 2013, el salario mínimo equivale aproximadamente a 13,75 dólares al mes.

Eso es menos de 50 centavos de dólar por día.

La falla sistemática del tipo de cambio controlado ha ocasionado que la moneda haya perdido el 99% de su valor desde 2013.

Las empresas internacionales han cerrado sus puertas porque nadie puede pagar.

La población enfrenta una escasez de alimentos y medicamentos sin precedente en todo el país.

Esta crisis está alcanzando un punto crucial.

Estos problemas no los causan fuerzas externas.

La situación que enfrenta Venezuela hoy día es el resultado de las acciones que han emprendido y siguen emprendiendo quienes están en el poder.

Venezuela podría y debería ser uno de los países más prósperos e influyentes en la región.

Pero más bien es un Estado plagado de corrupción, pobreza y violencia

La población sufre las consecuencias.

Es mucho más redituable para los negocios vender dólares subsidiados en el mercado negro que reabastecer los anaqueles de las tiendas.

La escasez de alimentos e insumos alcanzó el 82,8% en enero de este año.

Desde 2003, más de 150 productos alimenticios han sido puestos en la lista de precios fijos que ha establecido unilateralmente el Poder Ejecutivo.

En principio, los aumentos en los precios iban a la par de la inflación.

Sin embargo, desde 2007 la brecha entre costos de producción y precios fijos ha crecido exponencialmente y, en consecuencia, muchos negocios han cerrado sus puertas.

A fin de responder a esta escasez creada, el Estado ha intervenido cada vez más en la producción de alimentos, incluyendo a través de la expropiación o nacionalización:

De productores de café,

De ingenios azucareros,

De productores de arroz y pasta,

De Agriozlena, la principal compañía distribuidora de semillas,

De Lácteos Los Andes, el principal productor de lácteos,

De más de 10,000 hectáreas de ranchos ganaderos y lecheros

De por lo menos 5 productores de harina de maíz,

De dos fabricantes de aceites y

De la empresa Polar, la principal cadena de supermercados de Venezuela.

Esta escasez provocada por el Gobierno también ha dado lugar a una economía de mercado informal o “negro” de productos regulados.

Las comunidades más pobres fuera de la capital son las más afectadas.

El 87% de los venezolanos declaran que no tiene el suficiente dinero para comprar los alimentos que necesitan.

Se requerirían 16 salarios mínimos para alimentar debidamente a una familia.

Un cuarto de la población vive con menos de dos comidas al día.

La desnutrición afecta a los más vulnerables. Y las tasas de mortalidad infantil están aumentando a la par que los problemas de crecimiento entre los niños.

La falta de agua y electricidad se ha tornado común.

La única presa hidroeléctrica del país ha alcanzado niveles críticos, pues el agua apenas llega a cinco pies arriba del nivel en el que las turbinas simple y sencillamente dejaría de funcionar.

Ante esta falta de energía, las oficinas de Gobierno e instituciones públicas solo abren tres días a la semana.

La falta de insumos básicos y sustancias químicas, como el cloro para tratamiento de agua, ha dado lugar a un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua.

El sistema de salud en Venezuela enfrenta serios problemas al no haber equipo, ni doctores, ni medicinas.

Los servicios médicos se encuentran debilitados por el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento y actualización de los recursos y equipo técnico, lo que agrava todavía más la escasez de medicinas e insumos.

Los pacientes que requieren tratamiento deben aportar todo: desde papel higiénico, jeringas, medicinas y hasta frazadas.

Y cuando se les acaban estos insumos se interrumpe su tratamiento.

La inestabilidad ha dado lugar a la emigración en masa de profesionales de la salud. Incluso ha cerrado la mayoría de los hospitales cuyo personal era de origen cubano.

En enero de 2016, la Cámara de la Industria Farmacéutica reconoció una deuda de 6.000 millones de dólares con proveedores internacionales.

Las farmacias solo pueden surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados.

El 27 de enero de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró una emergencia nacional en el sistema de salud.

El 5 de abril de 2016, la Asamblea Nacional promulgó una ley especial para “atender la crisis humanitaria en salud”.

Con esta legislación se permitiría al Gobierno venezolano buscar asistencia internacional para responder a la crisis de salud. El 9 de junio la Corte Suprema la declaró inconstitucional.

La situación ha pasado de ser desesperada.

La violencia ha estado aumentando en las últimas semanas a medida que la escasez se hace intolerable.

Se han reportado más de 250 casos de saqueo este año en todo el país.

Los transportes de alimentos o bebidas fueron el blanco en el 81% de los casos de saqueo en sus rutas de distribución.

El 19% restante ocurrió en centros comerciales y almacenes.

Los embarques de alimentos ahora van acompañados de guardias armados, leales al Ejecutivo, protegiendo así las limitadas raciones de ciudadanos hambrientos.

El martes pasado, mientras nos encontrábamos reunidos en la Asamblea General en República Dominicana, en Cumaná, más de 100 tiendas fueron saqueadas y destruidas, y se reportaron por lo menos 3 muertes.

En el estado de Trujillo, las manifestaciones ocurren todos los días pues la gente protesta por la falta de servicios básicos del Gobierno.

Esto incluye la trágica muerte de una niña de cuatro años en un tiroteo afuera de un mercado en Guatire; son estos daños irreparables del aumento de la violencia.

La falta completa de confianza en el aparato de seguridad estatal sirve de incentivo para que las comunidades tomen la justicia en sus manos.

La fiscalía ha abierto investigaciones en torno a 74 asesinatos presuntamente cometidos por tales grupos en los primeros cuatro meses de este año.

Los índices de violencia y delincuencia han alcanzado niveles históricos.

Las estadísticas oficiales del Gobierno, que no son publicadas con regularidad, indican que en 2015 ocurrieron 58,1 homicidios por cada 100,000 personas.

La sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100,000 personas.

En 2015, el número de muertes violentas fue superior en Venezuela que el registrado en Afganistán.

El 66,7% de la población se siente muy insegura o en cierta forma insegura.

La escala de la victimización también ha aumentado drásticamente. En 2013, 54,2% de la población decía que ni ellos ni ningún familiar habían sido víctimas de un delito. En 2015, esa cifra bajó a 10,6%.

La penalización del Estado también es motivo de preocupación creciente.

Tres de cada cuatro venezolanos dijeron en una encuesta nacional que no creían que la policía podía protegerlos.

La policía, la Guardia Nacional, los jueces, los fiscales y el personal carcelario están involucrados de manera tácita o expresa en la delincuencia organizada, incluso en secuestros, asesinatos, robos o narcotráfico.

La fuerza paramilitar establecida por el Gobierno para reprimir la delincuencia organizada, ha sido acusada de ejecuciones sumarias.

No hay datos oficiales sobre las personas que mueren a manos de las fuerzas de seguridad.

En los últimos cuatro años murieron 1320 integrantes de fuerzas policiales y militares; de ellos, 75% no estaban de servicio en el momento de su muerte.

Este año ya se han notificado más de 109 muertes de integrantes de fuerzas policiales y de seguridad desde el 1 de enero.

Venezuela está en un estado perpetuo de lucha civil.

El colapso de una gestión de gobierno responsable y efectiva se ve exacerbado por la corrupción endémica que plaga al Gobierno.

Un estudio reciente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional suscitó preocupación en torno a gastos del Gobierno, que ascienden a 69.000 millones de dólares por presunta corrupción.

Dos ex integrantes del gabinete del difunto presidente Hugo Chávez han presentado quejas por la desaparición de ingresos derivados del petróleo del orden de los 300.000 millones de dólares.

Transparencia International clasifica a Venezuela en el lugar 158 entre 168 países evaluados en lo que se refiere a la corrupción. Esta es la posición más baja en el continente americano.

Los países que están por debajo, es decir, Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán e Iraq, son regímenes ilegítimos o países devastados por guerras prolongadas.

El Gobierno ha perdido la confianza del público, con 75% de los venezolanos consideran que hay corrupción generalizada.

Los derechos civiles y políticos son una clase de derechos que protegen las libertades individuales.

Garantizan la participación de las personas en los procesos de adopción de decisiones que las afectan, sin discriminación y sin represión.

El gobierno venezolano ha creado un esquema de persecución política en contra de quienes expresan opiniones contrarias.

Hay prensa libre cuando la prensa realiza una sana cobertura de las noticias políticas, se garantiza la seguridad de los periodistas y la prensa está protegida de presiones jurídicas o económicas indebidas.

En Venezuela, los medios de comunicación son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición de viajar, a censura indirecta y al acoso.

Los persiguen por publicar noticias o artículos con una óptica crítica del Gobierno.

Disposiciones poco precisas relacionadas con la “incitación al odio”, la “intolerancia” o la “incitación a la violencia” que se han usado de manera discrecional para iniciar procedimientos administrativos contra medios de comunicación que cuestionan o impugnan la propaganda del Gobierno, crean un ambiente de autocensura.

Las licencias de difusión están controladas por medio de un proceso opaco y discrecional, y con frecuencia se las suspende o no se las renueva.

La empresa estatal Corporación Maneiro controla el acceso al papel periódico.

Se acusa a empresarios supuestamente vinculados al Gobierno de comprar medios de comunicación, dándole a la cobertura periodística un tono favorable al Gobierno.

A las personas que han acudido a declarar ante esta institución que representamos sobre los retos que enfrentan en Venezuela, su Gobierno las llama “traidores de la patria”.

Una persona que no está de acuerdo con las medidas tomadas por un Gobierno elegido democráticamente no es un traidor.

La política es una discusión de ideas en busca del bien común.

Cuando el hombre que te acusa de ser traidor a la patria también controla las fuerzas armadas, los órganos de inteligencia, la policía nacional y el poder judicial, se trata de un acto abierto de intimidación.

La falta de un auténtico diálogo político ha llevado a los ciudadanos a salir a la calle a protestar para hacerse oír.

La penalización de protestas para acallar las críticas es la acción de un Estado autoritario.

Las tendencias en Venezuela han sido perturbadoras, a la vez que se está usando a los tribunales y a los juicios penales en medida creciente como arma de persecución política.

En Venezuela, las protestas públicas suelen ser reprimidas con fuerza excesiva.

El enero de 2015, autoriza explícitamente el uso de armas de fuego para controlar encuentros públicos y protestas pacíficas.

Esto contradice directamente la propia Constitución de Venezuela.

En 2013, cuando el Presidente Nicolás Maduro asumió el cargo, según el Foro Penal Venezolano había 11 presos políticos.

Entre enero de 2014 y el 31 de mayo de 2016 se denunciaron al Foro 4253 detenciones, arrestos o encarcelamientos.

Todos ellos vinculados a diversas protestas y críticas contra el Gobierno de Venezuela.

Actualmente hay 1986 personas a quienes se les aplican medidas restrictivas.

Otras 94 están en la cárcel.

Son Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre otros.

También son las personas utilizadas para hacer propaganda, los chivos expiatorios de los fracasos de la política del Gobierno.

Ese es el caso de Manny, un hombre de 54 años, con dos hijos. También era Director General de la cadena de supermercados Día Día.

El 2 de febrero de 2015, Manny fue arrestado, sin orden de arresto, afuera del Palacio de Miraflores, cuando salía de una reunión con el Vicepresidente de Seguridad Alimentaria.

Al cabo de 51 días de detención en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en El Helicoide, Manny fue acusado de delitos tales como acaparamiento, agravación de la escasez de alimentos e intentos de desestabilizar la economía.

El día de su arresto, las fuerzas de seguridad del Gobierno ocuparon los supermercados Día Día.

En noviembre de 2015, Manny fue liberado del centro de detención y se le siguen aplicando medidas restrictivas.

Este domingo pasado, Francisco Marquez Lara y Gabriel San Miguel fueron detenidos arbitrariamente por la Guardia Nacional mientras viajaban al Estado de Portuguesa para apoyar el proceso de referendo revocatorio.

Han sido interogados extensivamente por la policia y por el servicio de inteligencia, sin la presencia de sus abogados.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha encontrado más de 300 casos de detención arbitraria en Venezuela.

Desde 2014 se han denunciado al Foro Penal Venezolano 145 casos de castigo cruel e inhumano, incluida la tortura.

Gerardo es uno de los 120 estudiantes que fueron arrestados por la Guardia Nacional Bolivariana, sin orden de arresto, el 8 de mayo de 2014, en Chacao, Caracas. Formaba parte de un grupo de estudiantes que hicieron un campamento como medio de protesta pacífica junto a la sede del PNUD en Chacao.

El 21 de agosto 2014, varios oficiales sacaron a Gerardo de su celda. Lo esposaron a un caño, colgando del techo, donde lo dejaron más de 12 horas, con las muñecas envueltas con periódicos y cinta adhesiva para reducir al mínimo las marcas.

Fue golpeado violentamente, sufirendo serias lesiones en las piernas y en la espalda.

Lo acusaron de delitos menores de narcotráfico pero nunca se presentaron pruebas de su delito.

Gerardo fue detenido durante 17 meses, permaneciendo bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

En agosto de 2015, Joselyn, de 23 años, fue arrestada en el estado Falcón y permaneció detenida en una cárcel de máxima seguridad en Corco, donde compartía una celda con otros nueve presos.

Debido a la temperatura agobiante, los presos solían dormir desnudos, y de comer les daban solamente alimentos podridos.

Durante su permanencia en la cárcel, Joselyn sufrió violaciones sexuales y graves golpizas, tanto en el momento de su arresto como durante su detención.

Un mes más tarde le avisaron a la familia de Joselyn que la estaban poniendo en libertad a fin de que recibiera atención médica adecuada para sus graves lesiones.

Daniel tiene 18 años. El 18 de mayo, fue arrestado por el SEBIN, alegándose que había participado en protestas a favor del referéndum.

Durante el período en que estuvo encarcelado, a Daniel le propinaron duras golpizas y le aplicaron la picana eléctrica.

Otras seis personas que fueron arrestadas junto con Daniel declararon que se les aplicó un trato similar, con golpizas, amenazas de violación y picana eléctrica.

Daniel sigue incomunicado en El Helicoide, sede del SEBIN.

Debemos recordar que, cuando hablamos de presos políticos, no son simplemente cifras y estadísticas.

Son personas…

Tienen un rostro, un nombre y una historia…

Son madres, padres, hermanas, hermanos, hijos, hijas y cónyuges…

Son ciudadanos a quienes les importa el futuro de su país…

Tener presos políticos es claramente un acto de un régimen autoritario…

No puede haber diálogo cuando un gobierno detiene y encarcela arbitrariamente a quienes se expresan en su contra.

Eso no es democracia.

Estos relatos son solo unos pocos de los miles de relatos de ciudadanos venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente debido a sus ideas. No sus actos, sino sus ideas.

No basta con que no haya alimentos.

No basta con que no haya hospitales ni medicamentos.

No basta con que el nivel de delitos violentos se encuentre entre los más altos del mundo.

Cuando los ciudadanos se organizan para expresar su preocupación, los reprimen implacablemente.

El pueblo venezolano se enfrenta a un Gobierno que ya no le rinde cuentas.

Un Gobierno que ya no protege los derechos de los ciudadanos.

Un Gobierno que ya no es democrático.

La función misma del Gobierno se ha incumplido.

La separación de poderes es uno de los elementos más fundamentales de una democracia.

Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen cada uno su propio conjunto de responsabilidades y atribuciones, para prevenir la concentración del poder y disponer de mecanismos de control y equilibrio.

En Venezuela hemos sido testigos de un esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para impedir e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional.

El ejecutivo repetidamente ha empleado intervenciones inconstitucionales en contra de la legislatura, con la connivencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Las evidencias son claras.

Después de los comicios del 6 de diciembre y antes de la instalación del período de sesiones de la nueva legislatura, 13 de los 32 magistrados y 21 suplentes del Tribunal Supremo prestaron juramento mediante nombramientos partidistas.

Como resultado, una cadena de decisiones posteriores del Tribunal Supremo ha adoptado un modelo de bloquear cada una de las leyes promulgadas por la Asamblea Nacional.

Estas resoluciones han incluido una serie de decisiones para impedir que tres diputados ocupen sus escaños y así reducir la mayoría calificada de la oposición a una mayoría simple.

Invalidando la legislatura, el Tribunal Supremo aprobó dos decretos ejecutivos que declararon un estado de emergencia y un estado de emergencia económica, lo que concentró el poder en manos del ejecutivo y estableció límites arbitrarios a la autoridad de la legislatura sobre los contratos públicos, los altos funcionarios y el presupuesto.

Estos decretos ejecutivos también se han prorrogado dos veces.

El Tribunal Supremo ha determinado, además:

Limitar las funciones de auditoría de la legislatura, con lo cual se elimina la rendición de cuentas externa del Gobierno.

Eliminar la facultad de la legislatura para revocar los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo.

Impedir que cualquier enmienda constitucional sea aplicable al actual Presidente.

Declarar inconstitucionales y por ende inválidas las leyes para reformar el Banco Central, el Tribunal Supremo, enmendar el Reglamento Interior y de Debates del Congreso y la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad.

Bloquear la liberación de presos políticos detenidos por el Gobierno y

Prohibir las protestas no autorizadas en los alrededores del Consejo Nacional Electoral y ordenar que la Guardia Nacional y la Policía Nacional repriman “las protestas violentas”.

Por último, el Tribunal Supremo expidió un fallo oficial el 14 de junio para restringir las facultades de la Asamblea Nacional, pues afirma que se está extralimitando al pretender usurpar funciones del Ejecutivo.

El activismo del Tribunal Supremo se ha disparado con el número de fallos en el período de febrero a marzo de 2016, al pasar de dos a 252.

Entre el 5 de enero y el 24 de mayo se registraron nueve apelaciones. Todas las decisiones se han dispuesto a favor del poder ejecutivo.

Estos ejemplos demuestran claramente la falta de independencia del poder judicial.

El sistema tripartito de la democracia ha fracasado y el poder judicial ha sido cooptado por el ejecutivo.

Más del 60% de los jueces de los tribunales de primera instancia pueden ser destituidos de sus cargos, sin el debido proceso, si una comisión del Tribunal Supremo así lo decide.

La provisionalidad y la temporalidad de jueces y fiscales debilita aún más la independencia judicial y las posibilidades de imparcialidad.

A su vez, la falta misma de credibilidad en el poder judicial desalienta a los candidatos calificados de intentar obtener puestos en la judicatura.

La falta de independencia del poder judicial socava el acceso de los ciudadanos a la justicia.

En una encuesta reciente, solamente el 31% de las personas que respondieron aseveraron tener confianza en su sistema nacional de justicia.

La legitimidad de un Gobierno requiere la confianza de su ciudadanía.

En 1999, el entonces Presidente Hugo Chávez consagró la figura del referendo revocatorio en la Constitución de Venezuela como un vehículo para asegurar la “democracia participativa y protagonista”.

Este proceso está previsto en la Constitución.

En Venezuela, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

El artículo 72 señala que se puede convocar a un referendo revocatorio “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria”.

Si el referendo da como resultado la revocación del Presidente durante los primeros cuatro años, entonces “se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.

Si el plebiscito se lleva a cabo después de los primeros cuatro años, el Vicepresidente Ejecutivo asumirá la presidencia durante el período restante.

Debido a la falta de claridad en el proceso, incluso es imposible confirmar estas fechas.

Para activar el proceso revocatorio se requieren las firmas del 1% de electores que soliciten un referendo. Luego esa activación tiene que ser apoyada por al menos el 20% del público elector.

Si la Junta Nacional Electoral puede verificar los resultados, el Consejo Nacional Electoral convoca el referendo presidencial.

Para revocar el mandato presidencial la tasa de participación electoral debe ser superior al 25% y el número votos válidos debe ser igual o mayor al número de votos con los cuales se eligió al Presidente.

Nadie está por encima de la Constitución.

En agosto de 2004, cuando el Presidente Hugo Chávez enfrentó un referendo revocatorio el 59,1% del público votó en contra de su destitución.

Es responsabilidad del Presidente y del Consejo Nacional Electoral implementar este proceso, de conformidad con sus deberes legislativos y constitucionales.

Seguir un procedimiento previsto en la Constitución no es un golpe de Estado;

Por el contrario, negar, postergar u obstruir este proceso por cualquier vía es un abuso de poder y un trastorno patente del orden democrático.

El Consejo Electoral no ha proporcionado las garantías necesarias para la celebración del referendo revocatorio.

Se han expresado numerosas quejas sobre intentos deliberados de demorar activamente el proceso, entre ellas: demoras en la entrega de las planillas requeridas para reunir el 1% de firmas; retrasos en la verificación y validación del 1% de firmas; creación de cuatro requisitos nuevos de digitalización, verificación, transcripción y auditoría, y amenazas de difundir públicamente los nombres de quienes firmen en favor del referendo.

La coalición de la oposición ha presentado más de diez veces la cantidad de firmas que se requieren para iniciar el primer paso en el proceso.

Tras varios meses de retraso, el proceso de validación se inició apenas esta semana.

A través de un proceso opaco, el Consejo repetidamente ha incumplido sus propios plazos y ha actuado en violación de sus propias reglas.

Adicionalmente, cuatro de los cinco miembros del Consejo Electoral están vinculados con el partido en el poder, el PSUV.

Estos vínculos ponen en entredicho la capacidad de la mayoría de los miembros para decidir de manera independiente e imparcial.

Bajo estas circunstancias excepcionales, es imperativo que el proceso sea implementado de manera oportuna y transparente por una institución neutral que mantenga la confianza pública.

Los grupos que abogan por un referendo revocatorio han cumplido hasta ahora sus responsabilidades en este proceso.

El Gobierno y el Consejo Electoral no lo han hecho. La celebración del referendo revocatorio en 2016 es la única manera constitucional de resolver la crisis política en Venezuela.

Como miembros del sistema interamericano, todos queremos lo mismo:

Una solución pacífica a la crisis en Venezuela.

La vuelta al orden democrático.

El fin de la crisis humanitaria.

Estabilidad, alimentación, salud y seguridad adecuados.

El objetivo hoy es no castigar ni sancionar a Venezuela.

Estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y ayudarlo a volver al camino de la democracia – en ese sentido apoyo la idea de que se constituya un grupo de países amigos de la OEA.

Así pues, hoy les solicito a ustedes, miembros del Consejo Permanente, que consideren las recomendaciones que les he planteado:

Que se lleve a cabo antes del final de 2016 el referendo revocatorio previsto en la Constitución.

Que se libere de inmediato a todos los presos políticos.

Que los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias y empiecen a trabajar juntos de inmediato para responder a la crisis humanitaria.

Que todos los poderes del Gobierno trabajen juntos para recuperar la estabilidad y la seguridad en el país.

Que el poder ejecutivo cese de inmediato sus esfuerzos por desconocer a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y que se implementen y apliquen todas las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional.

Que se nombre a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso transparente acordado conjuntamente por los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno.

Que se establezca un ente independiente para combatir la corrupción, compuesto por expertos internacionales, facultado para hacer frente a la situación financiera en Venezuela.

Y, por último, afrecemos apoyo técnico a la Comisión de la Verdad y solititamos que se asegure la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sí, la democracia requiere diálogo.

Pero para que este diálogo sea eficaz, debe ir acompañado de acciones.

La democracia no tiene nacionalidad

La democracia es más que una elección; es más que contar votos en las urnas.

Es libertad.

Libertad de expresión, de asociación, de reunión.

Una ciudadanía empoderada.

Una judicatura independiente.

Una estructura de seguridad que tenga la confianza del pueblo y que le rinda cuentas.

Es el ejercicio legítimo del poder dentro del Estado de derecho.

Los Gobiernos democráticos tienen una responsabilidad hacia sus ciudadanos.

La responsabilidad de proveer seguridad, dar acceso a las necesidades básicas, proteger los derechos humanos.

Y rendir cuentas.

Asi que les pido considerar las vidas, la salud y la seguridad del pueblo venezolano.

El Consejo Permanente debería adoptar las medidas necesarias para abordar la crisis humanitaria inédita e innecesaria en Venezuela.

Debería expresarse respecto a los presos políticos y los persistentes informes de tortura.

Debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su solicitud de un referendo revocatorio.

El Consejo Permanente debe mantenerse del lado correcto de la historia y defender a un pueblo que necesita voz.

Solo volviendo a un ejercicio legítimo y responsable del poder, podrá Venezuela volver a la senda de la paz y de la prosperidad.

Ciudad Guayana: de milagro de planificación a ejemplo de destrucción

María de Los Ángeles Ramírez Cabello, Revista Clímax

Fotos: William Urdaneta

Ciudad Guayana ya no es la cité de oro que fue: patrón de planificación urbanística lo mismo que modelo productivo junto a las empresas básicas del sur. Su panorama actual es más que desolador: pobreza, herrumbre, improvisación y una ideología —chavista— que minó todo espacio de desarrollo.

Héctor Goitia recorre la ciudad entera a diario. Volanteando su taxi se maravilla de la grandeza del río Caroní, cuando atraviesa el puente homónimo desde su residencia en una invasión de la estropeada San Félix.

Disfruta su portento en las caídas de agua del parque Cachamay —que se observan desde la avenida Guayana. Bordea la emblemática sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en donde al menos una vez a la semana se cruza con protestas y continúa su largo camino de huecos, deterioro y mengua, hasta llegar a las empresas básicas que detrás de sus estructuras de acero guardan la desventura de un anhelo frustrado.

Él como muchos en Guayana no entiende qué pasó ni por qué el milagro que representó esta ciudad, en la margen sur del río Orinoco, ha sido derruido sin recato. Su resumida vida dibuja solo un añico del quebranto de la única ciudad de Venezuela planificada, cuya piedra fundacional fue colocada el 02 de julio de 1961, tras la fusión política-administrativa de Puerto Ordaz y San Félix, las más pobladas del estado Bolívar.

El crecimiento desordenado, obras en promesas y el estancamiento productivo de su motor industrial son en la actualidad algunos de los puntos frágiles de la urbe, cuyo levantamiento fue pilotado por el Plan Maestro de Desarrollo Urbano para Santo Tomé de Guayana, elaborado por profesionales del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) en 1962.

Así como Brasilia en Brasil, Ciudad Guayana fue dibujada en lienzos en blanco. Sus grandes avenidas, su conexión con San Félix, sus perfectas cuadras y la ubicación distante de las industrias del hierro, el acero y el aluminio con líneas férreas en sus márgenes fueron planificadas y llevadas a la realidad al calco.

Al cobijo de la CVG, creada en 1960, el proyecto de un polo de desarrollo en una zona bendita por su proximidad con los reservorios de minerales y metales y el río Orinoco se desarrolló de forma exitosa, tanto que sus tres objetivos primigenios se cumplieron, algunos con reservas: el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní, en donde se produce 70% de la energía eléctrica que mueve al país; el desarrollo del emporio industrial con la creación inicial de Alcasa en 1960 y Sidor en 1964; y la creación del centro poblacional que se cristalizó con la fundación de Ciudad Guayana en lo que para entonces era un espacio despoblado.

Hoy la ciudad atraviesa una de sus peores crisis, en medio de una discusión sobre el agotamiento del planeamiento urbano y el mando asumido —entretanto— por la improvisación. Colapso del sistema de transporte; resguardos de terrenos a granel por el congelamiento de los grandes desarrollos habitacionales que por años dinamizaron la ciudad o invasiones, en su defecto; pérdida de la estética urbana y falta de visión bosquejan hoy el plano.

Pobreza general en el polo

En 1960, la función de Ciudad Guayana como polo de desarrollo apuntaba a la creación de empleo, al surgimiento de una alternativa económica no petrolera y al desarrollo urbano, en el marco de una visión global de país.

“Se cumplió con aquello de ser útil al país y cruzamos fronteras a Colombia y a Brasil al suministrarles energía limpia. Solo en las industrias de Guayana, se generaba 40% del Producto Interno Bruto no petrolero, resaltó Waldo Negrón, ingeniero químico llegado de Maracaibo a Guayana en 1969 cuando la ciudad, recuerda, era pujante y atraía a nacionales y extranjeros de todo el mundo, que siguieron llegando cautivados por una ciudad que en su interior atesoraba cascadas de agua en los parques La Llovizna y Cachamay, obras portentosas como la central hidroeléctrica Antonio José de Sucre en Macagua, una mirada única al oscuro río Caroní y las deslumbrantes estructuras de las empresas básicas.

Al cierre del 2014, la radiografía socioeconómica es totalmente aciaga. 72,7% de la población de Puerto Ordaz vive en pobreza general, de modo que no es capaz de cubrir el costo de la cesta básica, integrada por alimentos y servicios, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones para la Productividad, la Educación y la Vida (Ciepv) de la Universidad Católica Andrés Bello, campus Guayana (UCAB).

La pérdida del timón gerencial y la preeminencia del factor ideológico chavista en las empresas básicas de Guayana con la inyección de experimentos sociales, como la cogestión y el control obrero, extinguió los resquicios de productividad y la capacidad de aporte al país —que se descuidó además por la confianza en la renta petrolera como fuente inagotable de recursos.

En el 2014, de acuerdo con las Memorias y Cuentas del Ministerio de Industrias las pérdidas alcanzaron a más de 20 mil millones de bolívares entre el sector hierro-acero y aluminio.

“Leopoldo Sucre Figarella era gobernador y Rómulo Betancourt, presidente. Crean el municipio Caroní, se crea la ciudad y la CVG, una de las cinco corporaciones más exitosas de América Latina y de las 30 más importantes del mundo, capaz de planificar, dirigir, construir. Pero la visión cambió y de ser un ente omnipresente, si hoy quitas a la CVG, la gente no se daría cuenta, perdió los roles que tenía”, dijo.

Al entrar a las empresas básicas, no existen fronteras entre el partido político y el espíritu empresarial de una industria. La política penetró y los colores y las imágenes en la empresa son las mismas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). No hay división.

Las industrias se convirtieron en máquinas de empleo, a costa de su rendimiento. Pero no siempre fue así.

El investigador José María Fernández explicó que entre 2004 y 2007 las industrias de Guayana, en manos estatales, alcanzaron resultados positivos porque “gozaban de autonomía, respetaron la gerencia de expertos en las áreas cuya meta era la producción, aumentaron los precios internacionales de los commodities, tenían ganancias y podían invertir en mantenimiento y actualización tecnológica”.

Ordenación territorial

El descalabro de las industrias es un espejo de lo que ocurre en el resto de Ciudad Guayana y sus servicios. A las cinco de la tarde, las colas para tomar un bus destartalado o, con suerte, alguna de las unidades rojas administradas por la Alcaldía de Caroní o la Gobernación de Bolívar son kilométricas. Otros con menos suerte deben abordar camionetas, conocidas como “perreras”.

Más de 50 buses de tránsito rápido —BRT, por sus siglas en inglés— con capacidad para transportar 180 personas permanecen estacionados en el Aeropuerto Internacional Manuel Piar, mientras el gobierno regional pisa el acelerador para construir 21 estaciones, que apenas empezó a edificar después de la llegada de las unidades, en febrero de 2015.

Polos comerciales como Alta Vista muestran hoy su peor cara por el descuido urbanístico de la ciudad y la falta de planificación de su ordenamiento, planeado con detalle en el Programa de Desarrollo Urbano Local (PDUL), engavetado hace un par de años.

La proliferación de resguardos de tierras, invasiones y construcciones residenciales no permisadas también ha sido una constante en los últimos años, a lo que se suma la falta de urbanismos y servicios. Fernando Roa lo vive desde que se levanta.

Llegó a Ciudad Guayana, desde su natal San Cristóbal, hace más de 30 años. Para ingresar a su vivienda en Villa La Paragua —al oeste de la ciudad— hay que atravesar un pasaje de huecos, enlodados por las lluvias de los últimos días.

Es beneficiario de la Gran Misión Vivienda, su casa del programa gubernamental carece de sistemas de aguas blancas y negras, y un servicio eléctrico de calidad, pese a estar a pocos kilómetros del poderoso en generación hidroeléctrica, río Caroní.

“La ciudad está sujeta a improvisaciones. No sabemos para dónde va y la respuesta es obvia, tenemos un caos”, expresó la docente investigadora de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), Ana Jorge, quien lideró el proyecto “Modelo de gestión local para avanzar hacia el desarrollo sustentable” del municipio Caroní, realizado durante dos años por un grupo de académicos a través del método de la prospectiva estratégica.

El estudio —que culminó recientemente— muestra las secuelas de la improvisación. “No planificamos el desarrollo, nuestras autoridades ejecutan un presupuesto, de allí los resultados. Éramos una ciudad urbano-industrial y ese cometido se estaba cumpliendo. Desde el 2007 los informes del Ministerio de Industria reflejan que nuestras empresas están disminuyendo la producción, así que lo que éramos ya no lo somos, ya no sabemos qué somos, tenemos que repensar nuestra ciudad”.

El estudio arrojó en la dimensión sobre estructura y funcionamiento del estado; Derechos Humanos, transparencia pública y participación ciudadana, asociatividad y diálogo social que en Ciudad Guayana hay violación de los Derechos Humanos en todas las áreas; hay opacidad en la gestión pública y contradicción de las estadísticas con fines propagandísticos y los espacios para la participación son limitados y solo favorecen la participación de los grupos adeptos al gobierno, lo que ha ocasionado que el diálogo social sea inexistente.

En cuanto a la economía local, persiste el cierre de las empresas privadas ante el “acoso y hostigamiento” y sigue siendo baja la inversión pública, que no responde a la planificación para el desarrollo, pues se limita a gastos corrientes.

“La inversión privada es la menor en el histórico y se limita a construcción comercial y residencial”.

Aunque la baja generación de empleos y el deterioro del poder adquisitivo ha abierto la puerta a innumerables emprendimientos en Ciudad Guayana, el estudio destaca que “las actividades emergentes no logran consolidarse por las precarias condiciones socioeconómicas y la inseguridad jurídica”.

En materia de ambiente, ordenación del territorio y calidad de vida, la investigación confirma “el deterioro progresivo en manejo de desechos urbanos, tratamiento de aguas servidas, potabilización y protección de áreas de alto valor ambiental”.

“La gestión no valora la planificación, se tiene desactualizado el marco de ordenación territorial generando condiciones para rezonificación y ocupación de zonas de riesgo ambiental”.

Despertar ciudadano

La urbanista María Nuria de Cesaris explicó que el PDUL contiene las previsiones de requerimientos y servicios de la ciudad hasta 2026, que considera se dejaron de lado en perjuicio de los intereses colectivos de los guayaneses. “Ha habido mucha ineficiencia y eso ha dado paso a la improvisación”.

El déficit de servicios sociales, espacios de recreación y crecimiento anárquico de la población, “metiendo casas por cualquier lado cuando existen terrenos determinados para construir”, a la par del trabajo no colaborativo entre las instituciones públicas devienen deterioro de la planificación, expresó la experta.

Bajo ese crepúsculo, sin embargo, grupos como el Plan Urbe, del que Cesaris es miembro, que apuesta al proyecto “Más P: más plazas, más parques y paseos”, empiezan a despertar tratando de incidir en la calidad de vida de su propia comunidad.

Muraleja.

La reserva de emprendimientos sociales que aspiran a una mejor ciudad es vasta y cada vez más entusiasta con iniciativas como el Festival de Espiritualidad en el Cine Venezolano (Fescive), los Arborizadores Voluntarios Urbanos de Guayana (AVUG), Ecocívico, Muraleja, FundArte, los Cachamay y Llovizna runners, entre muchos otros apasionados culturales, deportivos y ambientales.

Su apuesta es por una ciudad próspera, que respete el valor de su gente, que atraiga inversiones y cambios positivos y que, finalmente, sepulte la improvisación.

Los bachaqueros son peligrosos delincuentes

Sala de Información

“En el bachaqueo policías, militares, malandros, políticos, mafiosos y hasta el comercio formal, se dan la mano. El bachaqueo es producto de un gobierno absolutamente irresponsable y mentiroso. El bachaqueo es el resultado del mercado negro, la sofisticación crematística de la unión cívico-militar”. Elides Rojas

Los bachaqueros y colectivos se apropian de los espacios y coartan las posibilidades de personas dispuestas a hacer filas por horas con tal de adquirir artículos al precio legal. Ante cualquier cuestionamiento, las amenazas se convierten en represalias para aquel que solo exige su derecho.

Así lo relató Norkis Arias en un excelente trabajo para la revista Clímax, titulado “Bachaqueros: los más malandros de las colas”

En cada línea, Arias hurga en las experiencias trágicas de muchas víctimas de estos especímenes que no tienen contención gubernamental, quizás porque forma parte del “negocio”.

Eward Castillo le “robaba” los martes al trabajo, para acompañar a su madre a la cola del supermercado Éxito de Los Teques.

“Cuando en la zona se enteran de que van a llegar camiones a descargar, aparecen los colectivos en motos y secuestran el local. Se meten y se llevan lo que quieren, y dejan las sobras para los que hemos estado haciendo cola por horas”, relató el joven de 26 años.

Un día, la tropelía lo llenó de valor y enfrentó a un motorizado. Le reclamó su derecho a comprar comida. “La disputa se elevó a unos empujones y Edward estaba dispuesto entrarse a puños, pero su adversario se alzó la camisa para dejar al descubierto una pistola. Esa amenaza lo hizo tragar grueso y desistir. Instinto de supervivencia…”

Esa violencia reiterada, la que humilla y desmoviliza, es práctica común en cada centro que venta alimentos.

Es la necesidad que se encuentra con la avaricia y la viveza sin mezclarse”, dice el reportaje de Clímax.

Y lo grafica señalando que “Mientras el que necesita madruga para probar suerte en supermercados, farmacias y establecimientos “a ver si” consigue algo para comer, el vivo se aprovecha y lo amedrenta para desaparecer la “justicia” del léxico local. Esa palabra está moribunda”

Por otra parte, la reventa de productos regulados –que cuenta con la complicidad por omisión (presuntamente) del gobierno- por encima de su precio legal, se ha convertido en una actividad económica usual.

“Se ha sofisticado hasta alcanzar un estatus delictivo con modus operandi propio que se ha esparcido como maldición por todo el país”.

A Alicia Ortiz su esposo la deja a las 3:30 de la madrugada en el supermercado Unicasa de El Paraíso, para comprar y llevar a algo casa… si la suerte también madrugó y la acompaña.

“Madrugo porque antes del amanecer un hombre con cicatrices en el rostro nos quita la cédula a un número arbitrario de personas en la cola. Él es uno de los líderes de bachaqueros y, horas más tarde, cuando la Guardia nos pide las cédulas laminadas, el tipo les entrega las requisadas junto con las de otras personas que no se encuentran en el lugar”. ¿Hay o no complicidad?

Los ausentes son bachaqueros que van apareciendo paulatinamente y se incorporan a la fila

Alicia comentó a Clímax que “Casi nunca le protestamos al tipo porque después te pueden sacar de la cola o hacer algo peor”.

A veces quita 50 cédulas, a veces 80. Depende de cuántos números vayan a repartir ese día en el mercado. Y a esas les agrega como 100 más que es la de su gente”, contó.

Son delincuentes

Ingrid Cabrera le contó a Norkis Arias que en el Central Madeirense de La Alameda en Santa Fe, una bachaquera llegaba y se metía de primera en la cola. A quien revirara, le mostraba un cuchillo que escondía en su pantalón.

“Ya esa mujer –agregó Ingrid- no se aparece más por aquí. Llegó una más brava y la corrió, pero la intimidación es la misma. Es mejor dejarse colear a terminar bañado en sangre”.

Los vigilantes, en los centros comerciales, tienen un camión lleno de “bachaco vivencias”.

“Te cuento pero no me saques”, dijo uno en el Unicentro el Marqués: “Grisapas (guirisapas), insultos, golpes y bombas lacrimógenas, son comunes aquí”.

“Eso se ve aquí todos los días. La gente duerme desde la 1 de la mañana del día anterior y cuando amanece, llegan los bachaqueros y les dicen que tienen gente adelante”

“Se ponen 20 bachaqueros de primeros, después una persona que hizo su cola, 20 bachaqueros más, otra persona normal y así. Es mejor no reclamar. Hay gente que lo ha hecho, pero terminan sacándolos de la cola. No los dejan comprar, los amenazan y si no hacen caso le caen a coñazos”.

En su trabajo periodístico, Arias señaló que “Se trata de la supervivencia del más apto. Unos someten y otros se dejan someter. Hay que suprimir la dignidad y aceptar la injusticia para evitar la violencia en un territorio donde reina la impunidad

Mafia arrecha

El Correo del Caroní, en investigación de la periodista María Ramírez, reflejó en sus páginas el saqueo de un camión de embutidos que descargaría mercancía en la panadería La Marquesa, en Puerto Ordaz.

Miriam Muñoz, trabajadora del local, contó que abrió la puerta trasera para recibir la mercancía. El chofer abría las puertas del camión cava y en ese momento observó que un grupo de personas que se habían aglomerado para hacer colas en locales cercanos, que habitualmente amanecen con tumultos para comprar productos regulados, corrían hacia el camión.

“La gente que hacía cola en Génesis vino corriendo cuando abrían la puerta del camión, así que cerré el portón y me metí”.

En el video captado por un trabajador, se observa a más de 30 personas robando la mercancía con la ayuda de otros quienes tiraban desde el interior jamones y quesos, mientras el chofer del camión caminaba de un lado a otro sin saber qué hacer. En unos 5 minutos todo terminó.

Los locales cercanos a la panadería La Marquesa estuvieron cerrados en las primeras horas de la mañana, tras el saqueo. FOTO: Correo del Caroní

Además de la cava con embutidos, al chofer de un camión que iba a surtir leche “le quitaron como tres cajas de leche porque arrancó”, dijo la trabajadora.

Los bachaqueros son delincuentes organizados

“Hace como tres semanas estaba en una cola, en un supermercado en la calle 72, esperando que abrieran el acceso, porque había detergente. De repente, llegaron 6 personas obligando a los primeros en la fila a ceder sus puestos porque ellos iban delante. La gente se molestó y empezó a reclamarles, pero estos sacaron cuchillos y navajas, amenazando quienes estábamos esperando”.

Este es el testimonio de un cliente quien contó que “No es la primera vez que ocurre. Siempre son los mismos, y nadie dice nada, ni los policías que organizan la cola, ni los gerentes de la tienda“.

En un reportaje para Panorama, la periodista Keila Vílchez señaló que en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, esta acción se llama “Asociación para delinquir”.

Pero este no es el único delito. Los bachaqueros incurren en porte y uso ilícito de armas blancas y de fuego, especulación, alteración de la paz ciudadana y, al menos, otros 10 delitos.

Para el penalista Luis Prieto entrevistado por Vilchez,

“Muchas de estas personas forman parte de bandas de bachaqueros. Son delincuentes organizados, se asocian para delinquir. Cuando hablamos de delincuencia organizada, se trata de un grupo de 3 o más personas que se asocian por cierto tiempo, cometiendo un delito para obtener un beneficio económico para ellos o para un tercero; y esto está penado”.

Agregó que la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 37, establece que “Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado -por el solo hecho de la asociación- con prisión de 6 a 10 años”.

Según Prieto, “Estas bandas, que incluso se sectorizan según la ubicación de los supermercados, operan amenazando al cliente natural de estos locales. Generalmente, hay uno que suministra el dinero, quien los traslada, quienes hacen la cola y compran. Este delito es muy dañino, porque no se trata del pequeño revendedor, quien también incurre en un delito, sino que estos grupos muchas veces cuentan con complicidad interna en los supermercados y en los propios centros de distribución de los alimentos”.

El reportaje de Panorama señala que los relatos de los compradores lo confirman y, además, denuncian la vinculación de los cuerpos policiales.

Ricardo González, residente de la avenida La Limpia, confesó que “Hace varias semanas, vi con indignación cómo un policía metió a un grupo de 15 bachaqueros en la cola de las personas de la tercera edad, que yo estaba haciendo, para comprar unas afeitadoras. Lo peor, es que fui a buscar al funcionario porque, como siempre, los bachaqueros se quieren meter a la fuerza y pensé que el policía lo iba a impedir. Pues no. Se apartaron del grupo, hablaron algo y metió a la gente”.

Añadió el penalista que “Los policías que sean cómplices de estas organizaciones delictivas están cometiendo un delito de corrupción propia. Cuando un funcionario pide dinero para permitir que se cometa un acto delictivo, subsume su conducta en delitos tipificados en la Ley contra la Corrupción“.

También señaló que esa conducta es causal de destitución, según la Ley del Estatuto de la Función Policial, que en su artículo 97 prevé la destitución por la  “Comisión intencional o por imprudencia, negligencia o impericia graves, de un hecho delictivo que afecte la prestación del servicio policial o la credibilidad y respetabilidad de la función policial“.

Por su parte el comisario Biagio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público, declaró que tienen a más de 20 funcionarios con expedientes abiertos por estar presuntamente involucrados en las redes del bachaqueo.

“Estos grupos infringen el derecho al libre desenvolvimiento que tiene todo venezolano, contemplado en la Constitución en su artículo 20. Y que es sancionado en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp), en los delitos contra la libertad individual, en el artículo 175:”Cualquiera que, sin autoridad o derecho para ello, por medio de amenazas, violencias u otros apremios ilegítimos, forzare a una persona a ejecutar un acto a que la ley no la obliga o a tolerarlo o le impidiere ejecutar alguno que no le está prohibido por la misma, será penado con prisión de quince días a treinta meses”.

Los bachaqueros causan riñas, portan ilegalmente armas blancas y de fuego, sobornan, coñacean, ejercen violencia sicológica y –en casos- han asesinado.

“Estos grupos cometen delitos graves. Estas personas deben ser castigadas severamente“, precisó el jurista Prieto.

A ello deben añadirse otros delitos tales como especulación, acaparamiento, contrabando de extracción, alteración fraudulenta de precios, alteración de productos para cometer fraude con su venta, venta de productos vencidos y desestabilización económica. “Son delitos castigados con penas de 5 a 14 años de cárcel”.

Es importante destacar que el gobierno tiene todo un andamiaje jurídico para someter a estas bandas. ¿Tiene voluntad política para hacerlo?

Los bachaqueros son malandros

¿No son criminales aquellos quienes atentan contra la vida de los ciudadanos? ¿Y qué hace un bachaquero cuando especula con los alimentos y los medicamentos del pueblo?

Son preguntas que se hace el jurista Salomón Benshimol. “Hablamos de alimentos de la dieta básica y medicamentos que sirven para brindar salud a quienes viven en Venezuela, ya que esos delincuentes juegan con el hambre y la salud del pueblo y también con su buena fe y la necesidad de adquirirlos para poder subsistir”.

Agregó que “Eso continuará si no se ataca el problema de la complicidad de los funcionarios policiales y de comerciantes inescrupulosos, de los empleados de los puntos de venta de alimentos o medicamentos”.

“El bachaqueo –dijo Benshimol– es un enorme negocio que cuenta con militares, policías, comerciantes y toda una mafia que cobra su parte”.

Agregó que los bachaqueros son delincuentes y homicidas en potencia.

Según el diputado Eduardo Labrador, “Los  bachaqueros  se  han convertido  en  lanza y  cuchillo  contra  su  propio  pueblo, destruyendo la  base  fundamental de  la  convivencia y el sustento  nacional”.

Agregó que ya  es  la  hora  de prohibir, actuar y desmantelar al  bachaquero,  al  que  vende abiertamente en  las  vías  públicas,  al  que vende clandestinamente  en  su casa,  todos  por  igual  son  parte de  la cadena.

“Es necesario  hacer  sentir la  ley a estos delincuentes que le hacen daño a la sociedad,  no perdamos  tiempo  conciliando la  paz en medio  del caos  de  los bachaqueros,  impongamos  el  orden desde  el  imperio de  las leyes y  sobrevendrá  el  bienestar”, agregó el diputado.

Los bachaqueros son una plaga

El gobernador de  Anzoátegui, Nelson Moreno, aseguró en VTV que “Los bachaqueros son una epidemia, son un virus,  los bachaqueros son delincuentes, no podemos convalidar ni convivir con los bachaqueros, son una plaga de la sociedad y tienen que ser tratados como delincuentes, allí están los traficantes de drogas articulados, allí están los asesinos, allí están los ladrones, allí están los traficantes de armas, todos están articulados con el crimen organizado para imponer su ley, para vender cupos, para comprar cupos, para utilizar objetos para cortarle la cara a una dama, para cortar a un ciudadano, para crear el terror en las colas y ellos reinar. Los bachaqueros están propiciando violencia”

El gobernador denunció que bandas delictivas –asociadas al bachaqueo- están saqueando camiones y amedrentando a los propietarios de las empresas.

Por su parte, la presidenta de la cámara municipal de Puerto La Cruz, afirmó que “Los bachaqueros son unos delincuentes y tenemos que atacarlos, para acabar con la reventa de alimentos a sobreprecio”,

Para el Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, “El bachaquero es un delincuente, está al margen de la ley. Nadie en su sano juicio puede apoyar o defender a quienes contribuyen con el daño a la economía venezolana. Nadie puede asociarse a un bachaquero”.

El bachaquero es escoria social

Geovanni Peña, venezolano de a pie. chavista y víctima del bachaqueo, afirmó que “El bachaquero es nefando. Atroz. Los bachaqueros son delincuentes, andan asaltando con sus sobreprecios. Son tan despreciables que su misma clase social los ve como ladrones de siete suelas. El bachaquero afecta a su propia familia que es tildada de ladrones”.

Agregó que el Bachaquero es un delincuente, un mafioso, un sinvergüenza que roba al pueblo y pulveriza las finanzas de todos.

“El bachaquero, con su avaricia, le hace daño al pueblo venezolano. Hay que acabar con esta escoria social que arremete contra sus inocentes semejantes”.

Bachaqueros asesinos

El 26 de mayo un joven fue asesinado en Charallave por bachaqueros durante una riña en una cola para comprar productos regulados.

La víctima acudió en horas de la madrugada a un supermercado para abastecerse de productos regulados. Le tocó el puesto número 20 en la fila.

Un grupo de bachaqueros que controlaba la cola le entregó otro. Cuando el joven reclamó, los revendedores lo agredieron en múltiples ocasiones con un arma blanca, matándolo. Luego tiraron su cadáver a la quebrada de Charallave.

Ni con el pétalo de una rosa

Sin duda los venezolanos desprecian a los bachaqueros. A pesar de ello, no se atreve a neutralizarlos. Ni la sociedad civil, ni las autoridades.

Miedo, complicidad, negocio redondo, vaya usted a saber.

Lo cierto es que este país hoy está controlado por lo peor que ha parido en su historia. Y allí también están los bachaqueros.

Lo que llama la atención, es que si en la población hay el convencimiento de que los bachaqueros, además de ser delincuentes, le arrancan la comida a la gente, siendo el pobre la víctima más lesionada, entonces ¿por qué los saqueos son contra los comerciantes y no contra los bachaqueros que están abarrotados de mercancía acaparada?

“Bachaqueros: delincuentes y estafadores, un cáncer en aumento”. David Goncalves

En Sala de Información, también:

– Este es el brutal negocio del bachaqueo http://tinyurl.com/grdh578

– “Las bachaqueras me amenazaron y persiguieron hasta el carro. Me cayeron a golpes y se llevaron mis compras” http://wp.me/p2i0kq-13F

– “Los bachaqueros hicieron disparos al aire y nosotros, aterrados, estábamos dentro del supermercado” http://wp.me/p2i0kq-13F

– “Los bachaqueros rompen las piezas sanitarias de los baños, rayan las paredes y dejan restos de comida por todos lados” http://wp.me/p2i0kq-13F

– “No son vecinos ni gente humilde que viene a buscar comida. Son bachaqueros con armas y sin temor a la autoridad” http://wp.me/p2i0kq-13F

El matrimonio del muerto

Abog. José Carlos Blanco Rodríguez, Primicia

Decía el ilustre filósofo Bertrand Russell que, en ocasiones, por razones de justicia se debe ignorar lo que ordenan las leyes. Este es uno de los principales problemas que enfrenta el Derecho, cuando su aplicación conduce a resultados que para la gente común parecen inmorales o injustos.

Canaima, la gran novela guayanesa de Rómulo Gallegos, narra un suceso, que sirve perfectamente para entender el eterno dilema entre el derecho y la justicia; me refiero al matrimonio del muerto.

En el capítulo IX se cuenta que, José Gregorio Ardavin se encontraba gravemente enfermo y, antes de morir, quería casarse con la india Rosa, compañera de vida y madre de sus hijos. Entonces, manda a llamar a Apolonio Alcaraván, que era la autoridad competente para presenciar el matrimonio, quien en ese momento se encontraba conversando con Marcos Vargas, protagonista de la novela.

El asunto era urgente, porque si José Gregorio fallecía sin casarse, sus bienes pasarían a manos de un hermano de mala conducta que no se los merecía.

Pero cuando llegan a casa del enfermo, este había fallecido.

-Aquí no hay nada que hacer- dijo el funcionario.

-Espere un momento- replicó Marcos. -No es posible que por una simple fórmula se cometa esta injusticia. ¿Qué se hace amigo?

Contestó Apolonio: “El difunto tuvo la culpa, por no resolver antes su matrimonio con la India. Ahora la ley protege al legítimo heredero, que es el hermano, con todo lo maluco que sea. Ya eso es clavo pasado”.

-Todavía no- le dijo Marcos, hay un remedio: ¡Casar al muerto!

Y valiéndose de ciertas artimañas, y dos testigos que engañaron, diciéndoles que no podían acercarse al enfermo, porqué padecía un mal contagioso, casaron al difunto con la india Rosa, que apenas sabía escribir su nombre en el acta de matrimonio.

Palabras más, palabras menos, este es el episodio del matrimonio del muerto. He invitado a reflexionar sobre esta historia en mis clases de Derecho, y la mayoría de los estudiantes están de acuerdo en que Apolonio Alcaraván y Marcos Vargas hicieron lo correcto, porque ya conocían la voluntad del difunto.

Sin embargo, otros consideran que cometieron un delito al realizar un acto falso, y lo dos deberían estar presos. La cosa es más complicada de lo que parece. Ilustres representantes del pensamiento jurídico señalan que, cuando se deja de aplicar el derecho invocando la justicia en un caso particular, se comete una injusticia general, pues se viola el principio de la universalidad de las leyes.

El Estado debe velar porque las leyes se les apliquen a todos por igual, y si los funcionarios encargados de hacerlo no cumplen con ese deber, “favorecen” a quienes no le aplican la ley y son injustos con todos los demás.

Luce muy buena la actuación de Apolonio Alcaraván y Marcos Vargas al casar al muerto para que herede la esposa. Pero visto desde otra óptica, constituye una injusticia con las personas que en igual situación que la india Rosa se quedaron sin heredar, porque no tuvieron a un Marcos Vargas ni a un Apolonio Alcaraván, que hicieran la vista gorda ante el imperio de la ley.

Pero el asunto se enreda más, porque desacatar la ley invocando a la justicia, puede utilizarse para cosas buenas y para cosas malas.

En la novela, mientras Marcos Vargas buscaba a los testigos, Apolonio Alcaraván, que no era ningún santo, aprovechando el analfabetismo de la india Rosa, le hizo firmar un documento donde se hacía propietario de un lote de ganado que pastaba en la cercanía. Es decir, no salió tan bien la heredera, ganó la finca pero perdió el ganado.

Comencé este artículo citando a Bertrand Russell, quien justificaba que en ocasiones, por razones de justicia se puede desaplicar el derecho, ahora termino citando a José Ortega y Gasset que, en sus consideraciones sobre la crisis del Derecho, decía:

“A fuerza de hablar de justicia se ha aniquilado el Ius, el Derecho, porque no se ha respetado su esencia que es, la inexorabilidad y la invariabilidad”

Una polémica de ayer y hoy, donde siempre surgirán posiciones encontradas y opiniones diferentes. Y usted amable lector, ¿Cómo ve este problema? ¿Está de acuerdo con el matrimonio del muerto?.

Guía rápida para entender a los CLAP

El Estímulo

El presidente Nicolás Maduro ha puesto todas sus fuerzas y energías en empoderar a estas figuras, no contempladas en la normativa jurídica. Acá explicamos brevemente la composición de estos grupos que, en dos meses, parecen pasar a dominar la distribución de productos clave para la alacena del venezolano.

Los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), creados en abril de 2016, son grupos de tendencia oficialista, cuyo objetivo es “monitorear en tiempo real la distribución de alimentos en las comunidades organizadas para combatir la guerra económica, y garantizar que los alimentos lleguen directo al Pueblo”, de acuerdo a palabras del presidente Maduro.

En la práctica son milicianos chavistas que funcionan como filtro, encargados de racionar los productos básicos.

¿Quiénes los conforman?

De acuerdo a un video del propio Partido Socialista Unido de Venezuela, los CLAP están conformados por miembros de las Unidad de Batalla Bolívar-Chávez -células partidistas que se encargan de propagar la doctrina chavista-, miembros del Frente Francisco de Miranda -el ala radical del chavismo-, una representante de Unamujer -una organización feminista pro-gubernamental- y miembros del Consejo Comunal.

¿Qué figura jurídica ampara a los CLAP?

Los Comités no son organizaciones enmarcadas en la Ley del Poder Popular, pues fueron creadas a posteriori. Sin embargo, el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica les confiere, en el apartado 11 del artículo 2, plenas facultades para organizar y mantener el orden público junto a militares, policías, consejos comunales y otros brazos del llamado “Poder Popular”.

¿Quién dirige los CLAP?

Freddy Bernal, quien viene de ser el zar policial de Venezuela, fue designado el 12 de mayo como Jefe Nacional de los CLAP. Bernal fungió como Alcalde del Municipio Libertador entre 200 y 2008 y también ha estado ligado a los Círculos Bolivarianos y los Colectivos chavistas, fuerzas de choque armadas para la defensa de la “Revolución”.

¿Por qué los CLAP han cobrado protagonismo?

Los CLAP se han encargado de la distribución de “bolsas de comida” con productos regulados en sectores populares con el gobierno local chavista (como, por ejemplo, el municipio Libertador del Distrito Capital). El presidente Nicolás Maduro los considera “fundamentales para derrotar el acaparamiento y la guerra económica” pues, en su teoría, eliminarán intermediarios, “usureros y bachaqueros” (aunque en realidad lo que eliminan es la cadena natural entre distribuidor y punto de venta). Fue un enfrentamiento entre miembros de un CLAP y compradores lo que desató los sucesos del jueves 2 de junio 2016 en la avenida Fuerzas Armadas de Caracas, pues pretendían recoger la distribución de productos regulados de bodegas y negocios para asignarlas directamente.

¿Quién abastece a los CLAP?

Al carecer de norma jurídica, no queda claro quién debe abastecer a estos comités. Sin embargo, en la práctica han tomado el inventario de los establecimientos oficiales (Pdval, Mercal) para armar sus bolsas. La Superintendencia de Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital había acordado en asambleas del Poder Popular desviar toda la distribución de productos regulados a estos grupos. La medida fue suspendida.

¿Quién garantiza transparencia en la gestión de los CLAP?

A pesar de las declaraciones del Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, de que los CLAP no limitan su alcance a afectos al gobierno, ya existen denuncias de venta de cupos para las bolsas de comida y negación de las mismas a personas simpatizantes de la oposición. Nuevamente, su limbo legal les concede una libertad de acción que, como denuncia Consecomercio, da la impresión de que son organismos de tipo político y no económico.

 

El bachaqueo es la nueva forma de lavar dinero del narcotráfico

Ronna Rísquez, Runrunes

El bachaqueo llegó a las grandes ligas del crimen organizado. Este delito aparentemente “inofensivo” se convirtió en una nueva forma de lavar dinero proveniente del tráfico de drogas y la corrupción.

La revelación -aunque visto el crecimiento acelerado de esta “prometedora” práctica no debería sorprender- la hizo Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid) y experta en materia de drogas.

En el foro Tráfico de Drogas Ilícitas en Venezuela, organizado por la ONG Paz Activa, Camero explicó que:

“El bachaqueo es utilizado por los operadores de los traficantes de droga para legitimar sus ganancias”.

Informes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), identifican al bachaqueo como un mecanismo para el lavado de dinero.

Funcionarios de esta dependencia observaron que los incrementos desproporcionados en los fondos de las cuentas de las personas dedicadas al comercio de mercancía, conocido como bachaqueo, estaban relacionados con dinero de la venta de drogas.

Una investigación realizada en bancos de Maracaibo arrojó que “en Zulia el bachaqueo es la principal forma de lavar de dinero de la droga”, dijo Mildred Camero. En este caso el intercambio comercial constante sirve para mezclar dinero proveniente del narcotráfico con dinero legítimo, agregó la experta.

Mildred Camero.

La comercialización y contrabando de productos básicos ya no es simplemente un delito orientado a la obtención de dinero de manera fácil, donde grupos organizados se aprovechan del control de precios y juegan con las necesidades de la población.

La compra de mercancía para el bachaqueo requiere de una gran inversión de dinero y esto fue visto como un filón por los narcotraficantes que necesitan justificar las ganancias que obtienen de la venta de drogas.

“Este dinero lo invierten en la compra de productos básicos, que luego distribuyen a los bachaqueros y a cambio reciben el dinero legitimado, productor de la comercialización de bienes de consumo masivo. Así limpian su fondos”, explicó la ex presidenta de la Conacuid.

Camero agregó que en Carabobo también ha sido detectado el uso del bachaqueo para lavar dinero de la corrupción, incluso se han creado empresas de maletín para facilitar las operaciones y ocultar la identidad de los verdaderos dueños del negocio.

La experta explicó que el funcionamiento de estas estructuras solo es posible con el respaldo del poder político y económico.

El puente de la cocaína

“La República Bolivariana de Venezuela es considerada por la comunidad internacional y por los organismo multilaterales, que rigen la materia, como el principal puente de la salida de la droga desde Suramérica hacia otros continentes”, dijo, sin dudar, Mildred Camero, para luego dar detalles, en un mapa, de los destinos frecuentes de la droga que sale La Guaira, Puerto Cabello, Güiria y otros rincones del territorio venezolano.

La ex jueza explicó:

“En Venezuela, el tráfico de drogas a nivel internacional, está en manos de ciertos grupos que ejercen funciones de seguridad nacional. En otras palabras, son miembros de nuestras fuerzas armadas, de los cuatro componentes y cuerpos policiales civiles”.

En su presentación Camero dejó claro que “la situación política, económica y social, así como la corrupción, la inseguridad, el desabastecimiento y escasez, la falta de una atención sanitaria; sin duda alguna ha contribuido en los últimos años, en un incremento del tráfico y consumo de drogas en el país nunca antes visto. Ha sido de tal magnitud este fenómeno, que nuestro sistema financiero está en riesgo de ser utilizado como plataforma para legitimar capitales (lavado de dinero), comprometiendo sin duda alguna la reputación del Sistema Bancario y Financiero Venezolano”.

Insistió en que las bandas dedicadas al microtráfico, extorsión, sicariato y homicidios, deben ser consideradas grupos de crimen organizado. Además, Camero comparó la estructura de las bandas delictivas en Venezuela con el funcionamiento de las “maras” de El Salvador.

La experta destacó tres aspectos claves en la lucha contra el tráfico de drogas en Venezuela: El combate al narcotráfico debe ser considerado una política de Estado, las Zonas de Paz deben ser eliminadas y las bandas deben ser desarmadas.

Luis Cedeño, Director de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado, insistió en que:

“Es de imperiosa necesidad de depurar las altas esferas de las FANB y GNB de elementos que contribuyen activamente como miembros de los carteles internacionales de la droga, y construir un entramado legal que permita el escrutinio cercano de aquellos más vulnerables a ser corrompidos por el delito organizado vinculado a los mercados de la drogas ilegales”.

En el foro también participaron los periodistas Javier Ignacio Mayorca, Ángela Vera Lefeld y Gustavo Azócar.