Régimen Laboral Transitorio, la Resolución 9.855 y el trabajo forzado en Venezuela

De acuerdo con la Resolución Ministerial 9.855 donde se establece un Régimen Laboral Temporal, el gobierno de Venezuela puede decidir “insertar temporalmente” trabajadores de una empresa en otra.

Es como tomarlos “prestados” como si fueran cosas y moverlos a donde la necesidad del gobierno se los indique.

Este “préstamo” es OBLIGATORIO; y si bien el texto de la resolución indica que las beneficiaras de los “trabajadores prestados” serán empresas de la agroindustria, las potenciales “prestamistas de trabajadores” son todas las empresas del país.

Nancy Aguirre y Mariela Llovera, Nayma Consultores

Nunca pensamos que escribiríamos en tiempo real sobre el trabajo forzado y esclavitud en Venezuela, pero en virtud de la Resolución 9.855 dictada por Oswaldo Emilio Vera Rojas, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.950 del 23 de Julio del 2016 en Venezuela, nos vemos en la imperiosa necesidad de tocar un tema que no era sujeto de las Relaciones Laborales venezolanas desde 1854 cuando se dicta la Ley que declara Abolida para siempre la Esclavitud en Venezuela (Lee un extracto de la ley y del debate ¡aquí!)

Oswaldo Vera, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.

Es innegable que los trabajadores venezolanos vivieron situaciones de precariedad en el paso de un país agrario a la nación petrolera en la que nos convertimos. Que la lucha de los trabajadores petroleros dio origen la legislación laboral que nos rigió por muchos años.

No pretende este artículo ser una retrospectiva de la evolución de las relaciones laborales en el país, pero si queremos dejar claro que, por más precaria que alguna vez haya sido la situación de los trabajadores en Venezuela no fueron jamás obligados por gobiernos democráticos a realizar trabajos forzados.

La excepción la configuran las tenebrosas dictaduras de Juan Vicente Gómez, donde obligaban a los presos con grilletes a hacer carreteras; y la de Marcos Pérez Jiménez donde podían tomar a cualquier trabajador de la calle y forzarlo a apagar incendios forestales.

Régimen Laboral Transitorio. Resolución 9.855 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo

El ministro Vera, para dictar la Resolución 9.855 que establece el “Régimen Laboral Transitorio“, pretendió sustentarse en lo establecido en el artículo 500, numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), asumiendo que dentro del ámbito de su competencia como ministro puede disponer libremente de las vidas de los trabajadores, extralimitándose en sus funciones.

Adicionalmente, invocó el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227, que tampoco lo autoriza para disponer la ubicación obligatoria y forzosa de los trabajadores.

¿A qué nos obliga el Régimen Laboral Transitorio?

Este régimen es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO para todas las entidades de trabajo públicas y privadas.

Nos llama la atención el uso de las palabras “inserción” y “disposición” para referirse al desplazamiento forzado de los trabajadores de una entidad de trabajo hacia otra, refleja la cosificación de la persona en la mente de quien sea que redactó esta resolución.

En pocas palabras, el texto de la Resolución 9.855 pretende DESCONOCER la libertad de los trabajadores de decidir con quién quieren trabajar, a qué desean dedicarse y OBLIGAR a las empresas a ceder a sus trabajadores a petición hecha por un tercero.

Es decir, el ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, busca FORZAR a los trabajadores a trabajar en la empresa, lugares y condiciones que decida el gobierno.

Nos preguntamos, si el gobierno desea reactivar las empresas que están paralizadas por la misma política intervencionista que han desarrollado,

¿por qué no contratar personal? ¿Cuál es el propósito de someter a las personas a realizar trabajos forzados?

La suspensión de la relación de trabajo, opera según lo establecido en el artículo 73 de la LOTTT; aunque de estricto derecho, lo previsto en esta resolución no está enmarcado en ninguno de los supuestos establecidos en la legislación laboral vigente.

Desconocemos si la entidad de trabajo requirente pagará al trabajador, forzosamente desplazado, el mismo sueldo que le paga su empleador original.

Lo que sí queda claro en la resolución es que los pasivos laborales recaen en el empleador original, que este además deberá correr con las consecuencias de crear un nuevo cargo en caso de que su trabajador regrese de esta “inserción temporal” con una enfermedad o accidente ocupacional que le impida desempeñar su trabajo anterior.

60 días es el plazo mínimo que estarán los trabajadores en estas labores forzosas, y pueden prorrogarse por igual tiempo “si las circunstancias lo ameritan“.

Quién determina cuáles son esas circunstancias, no lo sabemos.

¿Esto es legal?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

“Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

Veamos, cuáles derechos y principios constitucionales viola esta resolución.

Garantía de los Derechos Humanos

“El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”. Artículo 19 e la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Resolución 9.853 contraviene lo dispuesto en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo (…)”.

Hacemos hincapié en la libre elección de su trabajo, algo que a todas luces impide esta resolución ministerial, pues será un acto administrativo que determinará a cuál empresa deberá obligatoriamente desplazarse el trabajador en el marco de este “Régimen Laboral Transitorio”.

También viola lo establecido en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 6, numeral 2:

“Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio”.

Al hacer que los trabajadores sean trasladados a otra empresa contra su voluntad  -pues no existe en la Resolución ningún mecanismo para que el trabajador manifieste abiertamente su aceptación o rechazo al traslado– esto se configura como trabajo forzoso, aunque se comprometan a pagar un salario.

Derechos Sociales y de las Familias

En su artículo 87 nuestra Carta Magna consagra:

“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar (…). La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca”.

Cuando se habla de restricciones legales, se refiere a que se garantizan los trabajos LÍCITOS; es decir, que se trate de actividades que no estén expresamente prohibidas y penadas por la legislación.

Usted no puede trabajar dedicándose al narcotráfico, porque eso es un crimen, pero si puede trabajar libremente como ebanista, mecánico o enfermera porque se trata de actividades lícitas.

En este caso, la Resolución 9.855 limita la libertad de trabajo, porque OBLIGA al trabajador a dedicarse a una labor que no es la que acordó libremente con su empleador.

Debemos resaltar que la voluntariedad es una de las características fundamentales de la relación de trabajo.

En palabras de a centavo: Nadie puede ser obligado a trabajar en algo que no desea hacer y nadie puede ser obligado a contratar a quien no quiere contratar”.

Debemos recordar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 89, numeral 2, señala expresamente que “Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos”.

En este caso es el gobierno venezolano quien está ejecutando una acción que configura la renuncia de los derechos laborales.

En resumen, esto es una ilegalidad. ¿Será aplicado?

Tristemente lo más probable es que esta Resolución 9.855 sea aplicada en las empresas y afecte directamente a los trabajadores.

La Sala Constitucional ha fallado en garantizar la supremacía y efectividad de los principios constitucionales, misión que le encomienda nuestra Carta Magna en su artículo 335.

Así como la Sala Constitucional ha sido tan diligente, actuando sin petición de partes, para entrometerse en las decisiones del legislativo amparándose en el artículo 335, debería declarar la nulidad por inconstitucional de la Resolución 9.855 del Ministerio el Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.

¿Qué podemos hacer?

Individualmente, poco es lo que podemos hacer frente a esta arbitrariedad. En acciones colectivas, tanto de gremios empresariales, profesionales y de trabajadores, podemos y debemos solicitar un Recurso de Nulidad ante la Sala Constitucional.

Otras voces sobre el tema

A propósito del “préstamo forzoso” de trabajadores ordenado por el gobierno, escribe el Dr. José Ignacio Hernández  ¡click aquí!

4 apuntes sobre el “préstamo forzoso” de trabajadores en Venezuela; escribe el Econ. Ángel Alayón ¡click aquí!

Descarga

“Régimen Laboral Transitorio” Resolución 9.855 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo ¡click aquí!

Decreto de Estado de Excepción y de la Emergencia Económica. Gaceta Oficial Extraordinaria 6.227 ¡click aquí!

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras ¡click aquí!

Las autoras

Nancy Aguirre es licenciada en Relaciones Industriales y Contaduría Pública, egresada de la Universidad de Carabobo. Consultora Sistémica y Asesora Empresarial. Posee más de 40 años de experiencia en el ejercicio profesional. Fundadora de Nayma Consultores.

Mariela Llovera es Abogado egresada de la Universidad de los Andes y licenciada en Relaciones Industriales, egresada de la Universidad de Carabobo. Consultora en Gestión del Talento y Capacitación. Estudiosa del tema tributario y del derecho empresarial. Fundadora de Nayma Consultores.

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