¿Las nuevas sentencias del TSJ restablecen el orden constitucional en Venezuela?

José Ignacio Hernández, Prodavinci

Pocas horas después de que en la madrugada del 1 de abril el Consejo de Defensa de la Nación “exhortara” a la Sala Constitucional a “revisar” las sentencias Nro. 155 y 156, la Sala cumplió el exhorto, según anuncian medios de comunicación.

¿Implica esto que se restableció el orden constitucional en Venezuela? Todo lo contrario.

Como las sentencias no han sido publicadas, sino solo sus reseñas en la página del TSJ, me permito efectuar algunas consideraciones preliminares y puntuales.

A) El Consejo de Defensa de la Nación, dominado por el gobierno, no tiene atribuciones para solicitar a la Sala Constitucional la revisión de sus sentencias. En realidad, ningún órgano puede hacer eso pues, en teoría, la Sala Constitucional es autónoma. Con lo cual, todo este nuevo episodio de la crisis venezolana se origina con una nueva violación a la Constitución.

B) Al haber cumplido diligentemente el “exhorto”, la Sala Constitucional pone en evidencia que sigue instrucciones o “exhortos” del Gobierno, ahora, a través del Consejo.

La ausencia de separación de poderes queda, en este sentido, aún más en evidencia.

C) Con sus “aclaratorias”, la Sala Constitucional violó el Artículo 252 del Código de Procedimiento Civil: después de dictada la sentencia, ésta no podrá ser revocada ni reformada. Y cualquier aclaratoria debe ser solicitada el día de la publicación de la sentencia o al día siguiente. Lo que obviamente no pasó aquí, pues la Sala aclaró de “oficio” sus sentencias para cambiarlas.

Basta leer la jurisprudencia de la Sala para ver cómo ella misma ha reiterado que no puede modificar sus sentencias.

D) Según leo en los medios, lo que la Sala hizo fue “suprimir” algunos párrafos de las citadas sentencias.  En el caso de la sentencia Nro. 155, se “suprimió” lo relativo a la inmunidad parlamentaria y a las facultades extraordinarias del Presidente para cambiar Leyes. En la sentencia Nro. 156, se “aclaro”  lo que la Sala Constitucional quiso decir al “asumir” las funciones de la Asamblea.

Ninguna de esas supresiones y aclaratorias modifica la situación actual.

En efecto, en cuanto a la inmunidad parlamentaria, la sentencia Nro. 155 lo que había hecho era ratificar la realidad actual, esto es, que la inmunidad parlamentaria prevista en el Artículo 200 de la Constitución ha sido desconocida, como ya comente aquí en Prodavinci. Además, ya la Sala ha calificado supuestos delitos cometidos por los Diputados ordenando abrir investigaciones penales, todo ello en contra del Artículo 200.

En cuanto a las “facultades extraordinarias” del Presidente, la sentencia, nuevamente, lo que hizo fue ratificar lo que es una realidad: ya el Presidente ha ejercido “facultades extraordinarias” en contra de la Constitución con el “permiso” de la Sala, por ejemplo, dictando la Ley de presupuesto, como también expliqué aquí en Prodavinci.

Finalmente, y aun cuando no sé sabe qué “aclaró” la Sala en relación con el ejercicio de las funciones de la Asamblea, nuevamente, lo que hizo la sentencia Nro. 156 fue poner en blanco y negro lo que era ya una realidad:

la Sala Constitucional ha usurpado funciones de la Asamblea, por ejemplo, designando a rectores del Consejo Nacional Electoral o permitiendo al Tribunal Supremo de Justicia recibir la memoria y cuenta de los Ministros.

De manera tal que estas aclaratorias no cambian nada.

No lo hacen, pues la ruptura del orden constitucional en Venezuela no fue causada por esas sentencias, sino que fue resultado de un largo proceso que arrancó en 2015. Como se diría en criollo, esas sentencias fueron las gotas que derramaron el vaso. Pero el vaso ya estaba lleno.

E) ¿Cambia en algo esas aclaratorias las declaraciones de la Fiscal? Para nada. De hecho, podrían ser interpretadas como un reconocimiento de que, en efecto, las sentencias Nro. 155 y 156 –como muchas otras sentencias más– violaron la Constitución y tuvieron que ser enmendadas. Con lo cual,

la Fiscalía sigue teniendo elementos para iniciar las investigaciones por lo que consideró como ruptura del orden constitucional.

José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y Profesor de la UCV y UCAB.

Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

El golpe permanente

Alberto Barrera Tyszka, Prodavinci

Sorprende un poco que a algunos les sorprenda tanto.

Tal vez se debe a que la palabra golpe, sobre todo en el contexto de la política, parece acompañarse de un cierto sentido de sobresalto, de movimiento violento e inesperado. Un golpe de Estado suele ser un imprevisto. Quizás. Pero no en Venezuela. Aquí es al revés.

Esto es un golpe cantado con mucha antelación. Aquí vivimos, desde hace años, en un permanente golpe de Estado.

El principio siempre es el verbo. ¿Qué se puede esperar de un partido que llega al gobierno y jura que sus adversarios jamás volverán a ejercer el poder?

Desde hace mucho, la idea del golpe se instaló en el lenguaje. Ese fue el primer desacato. Insistir, día tras días, de manera pública y oficial, en que la alternancia política es un delito, un pecado, una catástrofe, una traición a la historia. Llevan demasiado tiempo torciendo las palabras, intentando lograr que un golpe de Estado nos parezca algo natural.

Lo que ocurrió esta semana (Las sentencias 155 y 156 del TSJ), en el fondo, forma parte del horizonte previsible que todos los venezolanos conocemos.

El oficialismo lleva años preparándose, minuciosamente, para gobernar sin pueblo.

Exceptuando a Rodríguez Zapatero (quien actúa y opina como si fuera un empleado menor del Ministerio de Turismo de Venezuela), las reacciones internacionales han mostrado un rechazo contundente ante la actuación del TSJ.

Sin embargo, lo que para la mayoría de los países del planeta resulta indignante e inaceptable, para el gobierno ha terminado siendo tan solo un leve malentendido.

Creen que pueden funcionar afuera con la misma facilidad que dicen y se desdicen dentro del país.

Se han acostumbrado a mentir de tal manera que ya han perdido cualquier noción de los parámetros. La política les parece un teatro donde todo es posible, donde ya no hace falta ningún sentido de verosimilitud. El público lo aguanta todo.

La obra de hoy, por ejemplo, es así: Maduro aparece vociferando, desde una tarima, repartiendo insultos y decretando que “ni por las malas ni por las buenas” la oposición volverá a ser gobierno.

Dos minutos después, en medio de un consejo de Ministros, vestido de rojo, Maduro celebra la “sentencia histórica” del TSJ, que le permitirá a él –modestamente– defender la independencia institucional del país.

Luego de dos minutos, con un pequeño cambio de vestuario, de liqui liqui a camisa de campaña, aparece de nuevo Maduro, sentadito en un estudio, calmado y estadista, pronunciando suavemente palabras como “controversia”, “discrepancia”, “impasse”…

Se trata de un ejercicio ilimitado de representaciones.

Maduro es Rambo con un fusil al hombro, Maduro es Candy Candy en una escuela primaria, Maduro es profesor de salsa casino en la televisión, Maduro se disfraza de billete de 100 para pasar desapercibido, Maduro nuevamente promete que muy pronto seremos una gran potencia.

Es una gimnasia que practican todos. Todo el tiempo.

Tarek William Saab, por ejemplo, puede también ser Defensor del Pueblo, poeta o militante pro gobierno según las ocasiones. El oficialismo vive en un constante juego de roles. Han convertido la identidad en un disfraz.

Pero detrás de toda esta alharaca, el proyecto continúa. De manera persistente y obcecada. Las palabras tratan de suavizar la realidad pero no lo logran. El impase es entre un gobierno que se cree eterno y un pueblo que quiere un cambio.

La controversia es entre una cúpula que controla al poder electoral, postergando unos comicios que se han debido realizar el año pasado, y un país que está exigiendo que haya elecciones.

La discrepancia es entre un gobierno cómplice que oculta información, actúa sin transparencia, sin controles, y los ciudadanos que quieren auditar al poder, que desean saber –por lo menos– quienes se robaron los miles de millones de dólares que faltan en el tesoro público.

El impase es entre la mayoría de los votantes del 6 de diciembre del 2015 y la antigua Asamblea que –a última hora– le dio un golpe al TSJ para quitarle poder al resultado electoral.

Y así podríamos seguir todos, enumerando puntualmente cada problema, cada tragedia. Desde el arco minero hasta la represión, desde la inseguridad hasta la escasez de medicamentos.

En verdad, no son impases, no son controversias, no son discrepancias. Es un abismo. Es el vacío.

Es un error pensar que el golpe de Estado es un suceso, un hecho que ocurre de pronto y de una sola vez. Aquí se ha convertido en la rutina del poder. Avanza o retrocede, pero nunca cesa. Es un ejercicio lento y constante. Es el “Proceso”.

El golpe de Estado no es otra cosa que la Revolución.