Los látigos del hambre en Venezuela

Génesis Herrera (@genherr15), El Nacional Web

Eran muy delgadas, rondaban los cinco o seis años, tenían muchísima hambre. Parecían hermanas, compartían los mismos ojos enormes hundidos en unos rostros inocentes y sumamente demacrados que se tragaban toda la inocencia y la alegría que un niño debería tener en ese momento de su vida. Se estaban peleando por un muslo de pollo.

Jhonnairys Hernández se encontraba en el terminal Big Low de San Diego, estado Carabobo, el 4 de septiembre. La tarde comenzaba a caer y faltaba poco para que anocheciera. Hernández y su familia se dirigían a Caracas. Debían hacer un trasbordo y decidieron detenerse para comer en un establecimiento en el que vendían pollo. En el local no había mucha gente. Algunos murmullos inundaban los pasillos. Allí fue donde Hernández vio a las pequeñas.

La triste escena, que se había vuelto común en la vida diaria de todos los venezolanos, ocupó el resto de la tarde: cada una sostenía un extremo de la pieza y una de ellas intentaba morder un pedazo mientras la otra le gritaba “No, ya tú comiste”, bajando la cabeza para poder comer ella también. El hecho se grabó en la memoria de la joven para siempre.

“Sus huesos se marcaban en la ropa. Fue muy duro”, recordó.

Con el transcurrir de los meses, los casos de desnutrición en Venezuela se van replicando en todos los estados del país y el aumento parece ser imparable.

Para el año 2011, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de acuerdo al balance de su Examen Periódico Universal, informó que Venezuela se ubicaba entre los cinco países de la región con las cifras más bajas de desnutrición infantil en menores de cinco años de edad.

Entre 1990 y 2009, el índice de subnutrición disminuyó en 58%, pasando de 7,7% en 1990 a 3,2% en 2009.

Para finales de 2017 estas cifras parecen formar parte de una realidad ficticia, inalcanzable.

Un informe de la organización Cáritas Venezuela reveló en el mes de septiembre un incremento de la desnutrición infantil a raíz de la escasez de alimentos y la inflación más alta del mundo.

Las medidas para hacerle frente a esta situación parecen ser insuficientes o inexistentes, como señaló Jennifer Alfonsina, una madre desesperada que relató su historia.

Sentada en un consultorio del Hospital de Niños doctor José Manuel de los Ríos, ubicado en Caracas, sin haber desayunado, con una de sus hijas en su regazo y su hijo de pie a su lado, comenzó a contarle al equipo de El Nacional Web cómo era su situación.

Su hija menor, de dos años de edad, adormilada y mordiéndose el pulgar mientras ella la cargaba, presentaba un cuadro de desnutrición grave que apenas comenzaba a dar escasas señales de mejoría gracias al cuidado de los doctores de ese hospital.

Con una mano abrazaba con fuerza a su pequeña y con la otra acariciaba a su hijo, quien no se despegaba de ella ni por un momento.

“Mi niña empezó a perder peso, no gateaba, no alzaba la cabeza. Todo lo que hacía era dormir”, aseguraba Alfonsina, quien se quedaba pensativa por algunos segundos y trataba de animar a su hija. La madre explicaba en tono de disculpa que le daba lo que podía, usualmente arroz picado o yuca.

Para el año 2016 hubo un incremento y se tuvo registro de 110 pacientes, situación que encendió una primera señal de alarma y que se convirtió en una alerta atemorizante con las cifras del primer semestre del 2017, en el que los casos habían ascendido a 50.

La situación era compleja para todo el grupo familiar de Alfonsina, conformado por los dos pequeños que la acompañaban y una tercera hija mayor. El hambre, la angustia y un esposo ausente que la maltrataba y que no velaba ni siquiera por sus hijos, eran aspectos que la atormentaban diariamente.

“Yo siento que estoy luchando porque vengo al médico a traer a la niña. A veces vengo solo con una arepa en el estómago, un plátano, o nada”, dijo.

Ocasionalmente trabajaba vendiendo cigarrillos y café para poder mantenerse con “alguito”. La idea de perder a su hija la aterrorizaba, evitar ese escenario se había convertido en su motor de vida, la razón de su lucha.

En el centro asistencial le dan al paciente el sulfato de zinc, pero el resto de las vitaminas que los infantes necesitan las tienen que costear los padres. Soto indicó que es el Ministerio de Salud el que siempre se ha encargado de suministrar los alimentos y las vitaminas que los niños requieren, pero es una situación que ha cambiado. Ahora todos los insumos llegan al hospital a través de donaciones.

La doctora indicó que no solo registran casos de infantes con mala alimentación, sino también de sus padres, quienes han tenido que dejar de comer para darle lo poco que tienen a sus hijos.

Alfonsina, quien ya se iba del hospital con sus pequeños y que al momento de ponerse de pie dejó mostrar su torso delgado que parecía perderse dentro de un mar de ropa, dijo que no perdería la fe y que salvaría a su hija.

Muchas historias como la de esta madre llegan al área de trabajo de la doctora Soto, quién frente a esta situación hizo énfasis en que se debe manejar correctamente toda la información sobre este tema.

Explicó que la desnutrición grave es de tres tipos:

Primaria, cuando solamente es por falta de nutrientes.

Secundaria, cuando es por una enfermedad renal o cardíaca que tiene más demanda alimenticia.

Y mixta, que es cuando el paciente presenta una afección y no se poseen los recursos para darle la dieta y el tratamiento que requiere.

Además, señaló que los niños que acuden al centro asistencial no son desnutridos primarios solos, sino que generalmente llegan con alguna otra enfermedad como neumonía, cardiopatía o nefropatía, por lo que los males que afectan a los pacientes son mixtos.

La especialista también indicó que existe una suerte de ceguera frente a la realidad actual de la desnutrición infantil en el país. El Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional del Instituto Nacional de Nutrición (INN) era el encargado de informar sobre la situación, pero desde el año 2007 no publica las cifras y el único control que se tiene son los registros que elabora Cáritas en algunas comunidades venezolanas y que demuestran una tendencia que va en aumento.

Asimismo, alertó sobre el hecho de que 60% de los pacientes por desnutrición grave son lactantes, etapa sumamente importante para el crecimiento y desarrollo permanente del niño. Ese momento en la vida del infante es clave y recuperarse de una desnutrición en ese periodo es toda una dificultad que deben enfrentar los padres y para la que no están preparados.

Marisol Lore, de 23 años de edad, es otra madre a la que el hambre le ha tocado la puerta y se ha instalado en su vida y en la de su pequeño de 1 año y dos meses. Las noches en las que tuvo que acostarse a dormir sin nada en el estómago y con incertidumbre sobre qué le daría a su hijo la mañana siguiente, son innumerables.

Lore, quien vive en Catia, Caracas, aseguró para el equipo de El Nacional Web que desde hace un par de años no sabe lo que es tener una comida segura sobre la mesa. A veces come y la mayoría de las veces no.

Por las noches, la desesperación le llena el rostro de lágrimas y se siente inútil ante la situación de su hijo, quien llora desconsoladamente porque tiene hambre y ella no tiene nada más que agua para tratar de engañar al estómago de su pequeño.

Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres, aborda estos temas y advierte que Venezuela necesita con carácter de urgencia una serie de políticas públicas que atiendan lo que denomina como una etapa de inseguridad alimentaria severa.

La especialista indicó que con Cáritas Venezuela lleva el único monitoreo de desnutrición aguda que se hace a nivel comunitario, que son mediciones que se realizan cada dos semanas o cada mes en las parroquias de más bajos recursos.

En una entrevista para El Nacional Web, explicó que uno de los aspectos que más le preocupa es que los casos severos son muchos y siguen creciendo.

Destacó que cada vez hay más incapacidad a nivel institucional para solucionar esta problemática. A su juicio, esta situación debe ser tratada desde el comienzo, cuando se inicia el deterioro en las personas, pero esto es algo que no se ha tomado en cuenta.

“El Estado ni siquiera los ve, los ignoran. Dicen que no existen. ¿Cómo vas a resolver una emergencia que no quieres ver?”, sentenció.

Raffalli, con base en sus registros, señaló unas cifras que funcionan como un indicador para entender cómo se ha ido desarrollando la crisis alimentaria severa y cómo evoluciona de manera alarmante en todo el territorio venezolano, afectando sobre todo a quienes son más vulnerables ante esta realidad: niños, mujeres embarazadas, ancianos y los privados de libertad.

Indicó que 33% de la población infantil ya presenta retardo en el crecimiento y este es un daño tanto físico como mental que los acompañará toda su vida, es irreversible.

El problema de la crisis alimentaria perjudica a todos los componentes de la sociedad venezolana: adultos, ancianos, jóvenes y niños. Nadie parece poder escapar por completo de esta realidad abrumadora que a diario crece y que comienza a dejar daños permanentes en las generaciones futuras. “Todos los pasos que hacen posible que el alimento llegue a la mesa de cada venezolano están rotos y colapsados”, aseguró Raffalli.

El hambre como método de control

Frente a esta cruda crisis que atraviesa el país, es importante poder entender cómo funciona el hambre en la psicología del venezolano, por lo que en una entrevista exclusiva para El Nacional Web, Mikhael Iglesias, psicólogo e investigador social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó cómo el hambre se convierte en un instrumento de poder y control.

El 3 de abril de 2016, el gobierno de Nicolás Maduro creó Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como una medida para paliar el desabastecimiento que se aunaba a la creciente crisis económica y alimentaria en el país. Esta iniciativa se encargaría de la distribución de comidas, productos de higiene personal y limpieza del hogar de manos de las instituciones del Estado.

Ante este método, Iglesias explicó que solo se ha generado una relación de dependencia del Estado, donde se pierde la autonomía individual y colectiva. Dicha relación tiene su fundamento en el poder y el individuo queda completamente a merced de las políticas establecidas por el ente de poder, en este caso, el gobierno, que todo lo decide y lo controla.

El especialista explica que las necesidades básicas quedan atadas al que controla todos sus aspectos, es decir, el Estado. “Ellos son los que tienen el poder de decidir cuándo, dónde y qué comer”, afirmó.

“Una simple mención de esto hace ruido en la autonomía y en la libertad de los ciudadanos de nuestro país, Venezuela”, agregó.

El problema que atraviesan los venezolanos es agudo y se hace notar en casi todos los espacios de la sociedad. El psicólogo detalló que el hambre consigue atravesar todas las actividades de una persona y las altera, hecho que tiene un gran impacto en las relaciones interpersonales.

El tejido social comienza a fracturarse y eso que caracteriza al venezolano, como ofrecer café o comida a algún invitado, se vuelve una tarea imposible y de alguna manera la cultura comienza a desintegrarse.

¿Cómo actuar ante estos métodos de control?, es la pregunta que se plantea el investigador social. “Todo puede ser impredecible”, indicó.

Alertó que cuando el hambre se asienta, actúa como un narcótico, como un sedante, y sin notarlo, despacio, se naturaliza la miseria y la ceguera aparece.

Hacer cola para comprar, comer a medias, todo se vuelve algo “normal”. Poco a poco se va perdiendo la capacidad de soñar y de pensar en otras posibilidades para el país.

Iglesias indicó que el conflicto entre querer vivir una libertad y una democracia plena y sobrevivir está latente. A su juicio, hay que optar por fortalecer los vínculos comunitarios, familiares, laborales, escolares y todos los que sean necesarios.

“Si perdemos nuestros vínculos y se pierden las cosas que nos aglutinan como sociedad, ahí es cuando realmente se pierde el país, se pierde el norte”, expresó.

De cómo un juez destituido se convirtió en el principal artífice judicial del presidente de Venezuela

Girish Gupta, REUTERS

En marzo pasado, Maikel Moreno conmocionó a su país cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que preside anuló los poderes de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, y se los adjudicó.

Incluso en una nación acostumbrada a la agitación política, la decisión desencadenó protestas masivas que llevaron a Moreno y a su corte de 32 miembros a suspender parcialmente la medida tres días después.

El juego de poderes ilustró el rol de Moreno como brazo ejecutor clave de la administración socialista de Nicolás Maduro, calificada como una dictadura por un número creciente de gobiernos, desde Francia y Estados Unidos hasta algunos vecinos sudamericanos como Colombia y Perú.

Bajo la tutela del guardaespaldas de 51 años devenido en juez, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha invalidado casi todas las leyes importantes aprobadas por el Parlamento.

Sin embargo, el pasado de Moreno sigue siendo desconocido, incluso para la mayoría de los venezolanos. Para rastrear su trayectoria, Reuters examinó documentos y entrevistó a socios, colegas y amigos en cinco países

La imagen que emerge es la de un jurista que, aprovechando sus conexiones personales y manejando casos políticamente sensibles que otros abogados y jueces rechazaron, se fue acercando a Maduro y a otros miembros de la “Revolución Bolivariana” lanzada por el fallecido líder Hugo Chávez.

En su ascenso al pedestal judicial de Venezuela, Moreno dejó atrás un pasado que incluye acusaciones de extorsión y tráfico de influencias y su arresto en 1989 bajo sospecha de matar a un adolescente, según documentos oficiales y personas familiarizadas con sus antecedentes.

Reuters no encontró evidencia de que Moreno haya sido juzgado o condenado por algún crimen.

En un breve intercambio de mensajes de texto con Reuters el 7 de noviembre, Moreno dijo que las acusaciones de haber cumplido un tiempo en prisión, un viejo rumor en Venezuela, fueron “inventadas” por la “prensa amarillista”.

Aunque ofreció conceder una entrevista a Reuters, luego no respondió las solicitudes para agendar una, ni tampoco a preguntas adicionales vía mensaje de texto sobre su carrera y otros episodios en los que fue acusado de malos manejos.

Ni el TSJ ni el Gobierno de Maduro respondieron a otras solicitudes de comentarios.

Documentos que incluyen un reporte de inteligencia de 2006 de la división de seguridad del Tribunal y un fallo de la máxima corte en contra de Moreno, indican que en el pasado el magistrado fue acusado de estar del lado equivocado de la ley.

En 1989 estuvo involucrado en un tiroteo, y luego en 2007 fue destituido de su cargo de juez en un tribunal menor, por lo que el TSJ de ese momento dijo fue una liberación inapropiada de dos sospechosos de asesinato.

Los adversarios de Maduro sostienen que Moreno ha sido instrumental para apuntalar a un Gobierno que es percibido como cada vez más autoritario.

En los últimos meses, el TSJ ha enviado a cinco alcaldes de la oposición a la cárcel y aprobó la destitución de la fiscal general, que huyó del país a mediados de agosto, uniéndose al creciente éxodo de críticos de Maduro. [nL2N1L9152]

En mayo, el Tribunal presidido por Moreno dio luz verde para que Maduro procediera con las elecciones que dieron origen a la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano legislativo todopoderoso que ha reemplazado a la Asamblea Nacional, y que para muchos, consolidó el talante autocrático del Gobierno socialista.

Al menos 125 personas murieron en los cuatro meses de protestas que se produjeron después de que el poder judicial buscara neutralizar en marzo a la Asamblea.

Luis Velázquez Alvaray

“La mayor afrenta que se le puede hacer a un pueblo es poner a un criminal a dirigir la justicia”, dijo Luis Velázquez Alvaray, un exjuez venezolano que investigó a Moreno en representación del Tribunal Supremo, una década antes de que Maduro lo eligiera para dirigir la máxima corte.

Velázquez agregó que durante su pesquisa encontró un registro del arresto de Moreno emitido después del asesinato del adolescente en 1989. También dijo que investigó una llamada telefónica en la que otro juez, en un caso separado, grabó a Moreno presuntamente presionándolo para que liberara a un sospechoso de traficar armas y droga.

El presidente del Tribunal no es el primer alto funcionario venezolano acusado de abuso de poder.

A principios de año, el gobierno de los Estados Unidos señaló al vicepresidente Tareck El Aissami por narcotráfico y sancionó al propio Maduro acusándolo de “abusar deliberada y repetidamente de los derechos de los ciudadanos” con tácticas represivas. [nL1N1FY1S5]

También sancionó a Moreno y a otros siete jueces del máximo órgano judicial por presuntamente usurpar las funciones del Poder Legislativo y “restringir los derechos y frustrar la voluntad del pueblo venezolano”. [nL2N1IK2NF]

El Gobierno de Venezuela ha desestimado las acusaciones y criticado las sanciones, que prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar negocios con cualquiera de los funcionarios y congelan los activos que los empleados públicos puedan tener en las jurisdicciones de Estados Unidos.

El vicepresidente, El Aissami, ha negado reiteradamente tener cualquier lazo con el narcotráfico y sostiene que Washington lanza “provocaciones miserables” y “viles agresiones”.

Bajo el mandato de Chávez, y ahora con Maduro, el país petrolero, que alguna vez fue uno de los más prósperos de Latinoamérica y que cuenta con las mayores reservas de crudo mundiales, se precipitó hacia una profunda crisis económica que fracturó la estabilidad social.

Después de una votación en octubre en la que los candidatos del oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) vencieron en la mayoría de las gobernaciones, el presidente ha ganado nuevos bríos para desestimar las acusaciones de fraude que lanzaron sus adversarios y defender la legitimidad de su Gobierno.

“Yo no soy un dictador”, dijo Maduro tras la contienda. “Yo tengo bigote, me parezco a (Iósif) Stalin, pero no soy Stalin”, agregó refiriéndose al dictador soviético.

UN HOMICIDIO “RESUELTO”

Existe muy poco en los registros públicos sobre la juventud de Moreno. Nació el 31 de diciembre de 1965 en la ciudad oriental de El Tigre, según documentos fiscales y electorales públicos.

A fines de la década de 1980 registros judiciales, de inteligencia y artículos de periódicos, indican que trabajó como guardaespaldas del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. No está claro cómo se convirtió en escolta o se vinculó al entorno de seguridad del presidente.

Esa época, marcada también por una alta inflación aunque lejos de los estratosféricos niveles actuales, preparó el escenario para la eventual llegada al poder de Chávez, un militar con ideales izquierdistas descontento con el statu quo.

El aumento del enfado y las dificultades económicas produjeron disturbios en 1989, en un episodio conocido como “El Caracazo” donde cientos de personas murieron.

La noche del 26 de abril de ese año, Moreno y otros dos guardaespaldas de Pérez se encontraban en Parque Central, un barrio de clase media de la capital Caracas, según un artículo publicado dos días después en El Nacional, entonces uno de los principales periódicos venezolanos.

Por razones que no están claras, estalló una pelea. Rubén Gil Márquez, un estudiante de 19 años, ingresó a la refriega con un bate de béisbol, dijo el periódico. Los guardaespaldas abrieron fuego contra Gil.

“Escoltas presidenciales mataron a un joven”, se lee en el titular de la portada, sobre una imagen de la madre de Gil, Carmen Romelia Márquez de Gómez, llorando.

La policía arrestó a Moreno, de acuerdo con el periódico, personas familiarizadas con el incidente y un informe de inteligencia preparado hace una década por la división de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia.

Una foto de su arresto, incluida en el informe y fechada la semana después del asesinato, muestra que Moreno fue detenido por una investigación de “homicidio”.

Reuters revisó una copia del informe que el TSJ encargó en el 2006. El Tribunal de 32 miembros ya se mostraba alineado con el Gobierno socialista en ese momento por los nombramientos hechos por Chávez, pero varios jueces habían comenzado a cuestionar la designación de Moreno como juez de control en un tribunal menor.

El informe, que no se había hecho público antes, fue firmado por Luis Enrique Villoria García, director general de la división de seguridad del Tribunal en ese momento.

Reuters no pudo contactar a Villoria para discutir la copia del documento de 19 páginas revisado, al que parece que le falta una página.

Pero los datos allí mostrados sobre el homicidio y la destitución de Moreno del tribunal en 2007 fueron confirmados independientemente por personas familiarizadas con su contenido, que incluyen a un alto funcionario del Gobierno, tres exmagistrados del TSJ y tres altos exfuncionarios de inteligencia.

Detalles importantes sobre el caso de homicidio y el arresto de Moreno siguen sin estar claros. En particular, Reuters no pudo encontrar ningún documento que explicara si Moreno fue juzgado, sentenciado o encarcelado.

El informe señaló que estuvo encarcelado hasta algún momento en 1990, y cita un número de caso criminal por un cargo de homicidio contra él (522755), pero Reuters no pudo encontrar ningún archivo asociado con el caso.

Reuters tampoco pudo acceder a un archivo judicial central en Caracas y el TSJ no respondió a las solicitudes de permiso para revisar el registro.

La madre de Gil murió hace una década, según personas cercanas a la familia.

Dos personas cercanas a Gil relataron a Reuters que los testigos y familiares dijeron en el momento de la pelea que Moreno disparó el tiro que mató al joven.

Estas personas, que pidieron el anonimato por temor a represalias, agregaron que Gil había sido miembro de una pandilla y que una rivalidad no especificada con Moreno había desencadenado la pelea.

Una persona, que dice haber visto el cuerpo de Gil en una morgue de Caracas, dijo que el joven recibió un disparo en la espalda. El certificado de defunción de Gil, revisado por Reuters, cita el disparo como la causa de la muerte.

Tres personas cercanas a la familia dijeron que prosiguió una causa legal tras la muerte de Gil, pero ninguno de ellos sabía qué sucedió con el caso. “He querido denunciarlo durante años, pero tengo demasiado miedo”, dijo una de estas personas.

Moreno nunca ha negado, confirmado o discutido el asesinato de Gil públicamente.

Según una persona cercana a Moreno que habló bajo condición de anonimato, el magistrado le dijo a amigos y colegas que el asesinato fue en defensa propia. Otra persona, que también pidió no ser identificada, dijo a Reuters que Moreno aseguró que cualquier consecuencia legal del asesinato había sido “resuelta”.

En algún momento de 1990 Moreno fue liberado de la cárcel, según el informe de inteligencia, que agrega que Moreno recibió “ilegalmente un beneficio procesal”, sin agregar más detalles sobre la liberación.

En el intercambio de mensajes de texto con Reuters, Moreno disputó la afirmación de que estuvo en la cárcel, diciendo que, como otros detalles del reporte, “tampoco es verdad”. No aclaró ni se refirió directamente a otros pormenores del reporte.

“CASOS POLÍTICOS”

Una vez libre, Moreno obtuvo un título de abogado en la Universidad Santa María, en Caracas. Trabajó como alguacil en el ínterin, según su biografía oficial.

Mientras Moreno estudiaba, Chávez dirigió en 1992 un fallido intento de golpe de Estado contra el gobierno del cada vez más impopular Pérez. Chávez fue encarcelado, pero liberado en 1994 gracias al trabajo de Cilia Flores, una polémica abogada ferviente de las causas de la izquierda.

En la próxima década, Flores se convirtió en una cercana colaboradora de Chávez y jefa de la Asamblea Nacional. También es amiga de Moreno. No está claro como lo conoció, pero años antes Flores también había estudiado derecho en la Santa María.

El Gobierno no respondió a las solicitudes para conversar con Flores y Reuters no pudo contactarla fuera de los canales del Gobierno.

Al terminar su carrera de derecho en 1995, Moreno ejerció dos años como abogado antes de conseguir un empleo como asesor legal en la corporación Alas de Venezuela C.A., propietaria de la aerolínea local Aeropostal.

En ese momento, Chávez había ganado un creciente apoyo de la clase trabajadora venezolana y estaba en camino de ganar las elecciones presidenciales de 1998. Moreno ya estaba alardeando de sus estrechos vínculos con Flores y otros “chavistas” en ascenso.

“Se aseguró que todo el mundo supiera sobre esa relación”, dijo Nelson Ramiz, quien era el propietario de Aeropostal pero que luego cedió el control de la aerolínea y se mudó a Miami en el 2007, luego de una disputa con los reguladores.

Después de tres años en la aerolínea, Moreno trabajó como asesor legal de la policía metropolitana en Sucre, un municipio en el este de Caracas. También comenzó a asesorar a la Asamblea Nacional y se convirtió en juez auxiliar para un distrito en el noreste del país.

Durante el resto de la década de 1990, Moreno alternó su trabajo como abogado y juez, y en ocasiones desempeñada ambos cargos casi al mismo tiempo. No es inusual en Venezuela, que algunos abogados trabajen casi en forma simultánea como jueces.

Pero la elección de algunos de los casos de Moreno generó lo que los críticos consideraron conflictos de intereses. En un episodio, defendió a un sospechoso en un prominente juicio de homicidio, y luego, como juez escuchó cargos relacionados contra otro sospechoso.

Ambos casos están relacionados con muertes por disparos ocurridas durante un fallido golpe de Estado contra Chávez en abril del 2002.

Durante el golpe, se registraron disparos cuando los partidarios de la oposición marchaban hacia el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia. Más tarde, testigos dijeron que vieron a francotiradores en azoteas, pistoleros en un puente y agentes de la policía con armas de fuego en medio del tiroteo.

Cuando la violencia cesó, 19 personas estaban muertas.

Críticos y seguidores de los gobiernos de Chávez y Maduro aún cuestionan el evento, que ha alimentado años de controversia y juicios.

Richard Peñalver, un partidario del chavismo acusado de ser uno de los tiradores, contrató a Moreno como su abogado defensor. En el 2003, Moreno aseguró la absolución de Peñalver, una victoria para el lado progubernamental.

Poco después, pero esta vez como juez de instrucción, Moreno accedió a dirimir si se debía presentar un caso contra Iván Simonovis, un excomisario de la policía de Caracas que enfrentaba cargos relacionados con cuatro de las muertes.

Adversarios de Gobierno argumentaron que los cargos fueron manipulados y que Simonovis se estaba convirtiendo en un chivo expiatorio. También percibieron un conflicto relacionado a Moreno, debido a su papel en exonerar a Peñalver.

Aunque la defensa le pidió a Moreno que se recusara, según uno de los abogados y un miembro de la familia Simonovis, él se negó y envió el caso a un juicio donde Simonovis fue condenado al año siguiente y sentenciado a 30 años de prisión.

Al excomisario, quien está bajo arresto domiciliario por sufrir de una enfermedad, no le está permitido, según los términos de la sentencia, conversar su caso con Reuters.

Pocos jueces estuvieron dispuestos a escuchar el polémico caso.

“Ninguno de nosotros quería hacerse cargo de casos políticos”, dijo a Reuters un exjuez del TSJ. “Aunque Maikel sí, para congraciarse” con el Gobierno de Chávez.

Moreno se estaba acercando cada vez más a figuras de poder, sobre todo a la influyente Flores y a su novio: el confidente y futuro sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. El magistrado y la poderosa pareja empezaron a tener contacto regular, dijo el exjuez.

Fue entonces cuando Moreno comenzó a ejercer su poder sobre otros jueces.

En el 2004, Luis Meléndez, un juez de Caracas, grabó una conversación telefónica en la que Moreno dijo estaba llamando en nombre de José Vicente Rangel, entonces vicepresidente del país.

Preocupado por una llamada previa que había recibido de Moreno, Meléndez grabó la segunda conversación y la entregó a los inspectores internos de la judicatura.

En una copia de la grabación a la que tuvo acceso Reuters, se escucha a Moreno presionando a Meléndez para que libere a Saúl Cordero, un presunto criminal acusado en ese entonces de tráfico de drogas y armas.

Reuters también revisó una transcripción de la llamada impresa en una hoja con el membrete del Tribunal Supremo como parte de la investigación que se le siguió a Moreno en 2006.

“Lo importante es que esté afuera”, dijo Moreno a Meléndez. “Lo que se le tenga que hacer”.

Un alto funcionario del Gobierno y otra persona familiarizada con la grabación dijeron que era auténtica.

Saul Cordero, director de la policía municipal de Caroní (Estado Bolívar) durante la gestión del alcalde José Ramón López.

No quedó claro si Meléndez liberó a Cordero. Pero el acusado nunca fue juzgado por estos cargos y eventualmente fue nombrado jefe de la policía por un alcalde progubernamental en el municipio Caroní, al sur de Venezuela.

Reuters no logró contactar a Cordero, Meléndez ni a Rangel, para que hicieran comentarios.

“GRAVES ERRORES JUDICIALES INEXCUSABLES”

En 2006 la llamada telefónica y el polémico papel de Moreno en los juicios por los sucesos del 2002 eran cada vez más conocidos en los círculos judiciales, según jueces, abogados y otros funcionarios en ese momento activos. El Tribunal Supremo ordenó a su división de seguridad que lo investigara.

El informe de inteligencia resultante sacó a la luz alegatos que acabaron con la primera etapa de Moreno como juez.

El informe sostuvo que los esfuerzos de Moreno para afectar resultados judiciales fueron más allá de sólo presionar a sus colegas.

Citó el testimonio de numerosos testigos que alegaban que Moreno participó en una presunta banda de extorsión -conocida como “Los Enanos”- que se aseguraba pagos de los acusados a cambio de sentencias indulgentes o absoluciones.

Sin embargo, Moreno nunca fue acusado por nada relacionado con supuesta extorsión.

Pero su comportamiento, advirtió el informe, era una amenaza para los tribunales, Chávez y “la Revolución”.

En el 2007, el Tribunal Supremo encontró a Moreno en desacato y lo destituyó como juez de un tribunal de apelaciones. Citando “graves errores judiciales inexcusables”, la máxima corte determinó que Moreno había liberado indebidamente a dos sospechosos de asesinatos, de acuerdo con su fallo.

Reuters no pudo determinar los motivos que llevaron a Moreno a liberar a los dos sospechosos.

A pesar de su expulsión, Moreno mantuvo la calma, según personas que conversaron con él en ese momento. Aliados como Maduro, a quien Chávez nombró como ministro de Relaciones Exteriores, lo ayudarían.

“Maduro y Cilia me protegerán”, dijo Moreno a Ramiz, de acuerdo con el exdueño de la aerolínea, que recuerda una charla con el magistrado poco después de su destitución. Ambos habían mantenido la amistad incluso luego de que Moreno dejara Aeropostal.

Casi de inmediato, Maduro envió a Moreno a un puesto diplomático en Roma. Luego de un año, Maduro lo despachó a Trinidad y Tobago, un país caribeño más cercano a su hogar, en donde ocupó un cargo de negocios en la embajada de Venezuela hasta el 2010. Más tarde, Moreno regresó a Caracas y estudió un doctorado.

Chávez, afectado por el cáncer, murió en marzo del 2013. Maduro, entonces en la vicepresidencia, sucedió a Chávez al siguiente mes, y semanas más tarde, se casó con Flores, que se convirtió así en su primera dama.

Con sus aliados en el poder, Moreno revivió una carrera judicial que según tres jueces superiores habría permanecido moribunda sin esa conexión de alto nivel, dado su arresto por el asesinato en 1989 y su posterior expulsión del sistema judicial.

La Constitución venezolana de 1999, reescrita por Chávez, establece que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia debe “gozar de buena reputación”.

En el 2014, Maduro incorporó a Moreno, ya con un nuevo doctorado en derecho constitucional, en el máximo tribunal.

Desde ese momento, la influencia de Moreno creció.

En febrero del 2017, Maduro lo nombró presidente de la máxima corte, lo que enfureció a sus críticos, incluida Gabriela Ramírez, la entonces defensora del pueblo.

Ramírez intentó infructuosamente desmontar el nombramiento, citando los cargos por los que había sido Moreno expulsado del tribunal de apelaciones.

Con Moreno como líder de la justicia, el TSJ procedió a desechar todos los recursos legales presentados en la máxima corte del país que han desafiado la autoridad de Maduro.

——————————————–

Con reporte adicional de María Ramírez en Bolívar, Deisy Buitrago, Alexandra Ulmer, Corina Pons, Brian Ellsworth, Andrew Cawthorne y Andreína Aponte en Caracas, Victoria Bryan en Berlín, Stephanie Nebehay en Ginebra y Jorge Pineda en Santo Domingo.

Editado por Brian Ellsworth, Andrew Cawthorne, Paulo Prada y Michael Williams.

Escrito en español por Eyanir Chinea y Deisy Buitrago.

Editado en español por Pablo Garibian.