Informe OVV de Violencia 2017

1- La multiplicidad de la Violencia del 2017

La violencia en Venezuela durante el año 2017 estuvo asociada al notable deterioro en la calidad de vida del venezolano y a la disolución sistemática del Estado de Derecho como el mecanismo regulador tanto de las relaciones sociales como del acceso a los bienes materiales y al poder.

En el 2017 se mantuvo un fuerte impacto de la violencia delincuencial expresada en homicidios, robos, extorsión y secuestros.

En este año la vida cotidiana de los ciudadanos se alteró todavía más, restringiéndose las libertades personales y el ejercicio de los derechos, por el temor de las personas a ser unas potenciales víctimas tanto del delito como del abuso policial.

Nuevas formas de violencia adquirieron relevancia, tanto por el incremento de su magnitud, como por las novedosas razones que las originaron e impulsaron.

Ante el incremento de la escasez de bienes de consumo básico, en este año se notó un crecimiento de la violencia inter-ciudadana por la agresividad expresada en la competencia por adquirir dichos bienes y por el surgimiento de modalidades del delito asociadas a la captación de la renta económica derivada de su control y comercialización.

De igual modo, se pudo observar un incremento de la violencia doméstica derivada de las situaciones de hambre que se han presentado en los hogares. La carencia de alimentos en las familias ha obligado a una administración estricta de los pocos recursos disponibles que no siempre es acatada por sus miembros, provocándose situaciones de violencia de pareja o maltrato infantil inéditas en el país.

En el 2017 se pudo observar un notable incremento de la violencia del Estado, tanto en el uso desproporcionado y extrajudicial de la fuerza para el castigo y control del delito, como en el uso ilegítimo de la fuerza para la represión de la protesta social y política de los ciudadanos.

La disolución del Estado de Derecho

En el 2017 se acentuó la disolución del Estado de Derecho a partir de un conjunto de acciones y medidas que destruyeron los mecanismos institucionales establecidos en la Constitución vigente substituyéndolos con medidas e instancias de poder paralelas, provocando una doble institucionalidad que ha incrementado el sentimiento de anomia de la sociedad y ha reducido la creencia en las vías legales como el medio adecuado para la resolución de conflictos.

Durante todo el 2017, y por casi dos años consecutivos, se prolongaron los decretos de estado de excepción sin aprobación de la Asamblea Nacional y por un periodo muy superior a los cuatro meses máximo como lo exige la Constitución.

Las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia por las cuales el poder judicial se arrogaba los poderes correspondientes al poder legislativo llevaron a que la Fiscal General de la República, en tanto que guardiana de la ley, las calificara como una ruptura del hilo constitucional.

El establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente por mecanismos de convocatoria y de elección diferentes a lo establecido por la Constitución Nacional vigente; la posterior destitución de la Fiscal General y el nombramiento de un nuevo Fiscal por una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene las potestades legales y constitucionales para hacerlo, y sus posteriores acciones de aprobación de leyes y eliminación de unidades territoriales establecidas, actuando como un poder plenipotenciario sin haber sido derogada la anterior, ni haber sido aprobada una nueva Constitución, han conducido al establecimiento de una peligrosa doble institucionalidad en el país.

Un país que tiene dos Asambleas Nacionales, dos Fiscalías y dos Tribunales Supremos de Justicia, es una sociedad que no tiene mecanismos de control civilizados de la violencia.

Crisis económica, empobrecimiento y segregación social

La crisis económica, con una contracción de dos dígitos en el Producto Interno Bruto, la reducción a la mitad de las importaciones y la disminución de las exportaciones petroleras y no petroleras, así como la emisión de dinero inorgánico por parte del gobierno, ha provocado una inflación que ya da signos de hiperinflación.

La caída de los precios del barril y de la producción de petróleo venezolano, así como la baja productividad en la economía y el crecimiento de la economía informal, han provocado un incremento de la desigualdad en la sociedad y han creado dos polos contrastantes de extrema riqueza y extrema pobreza en el país.

En este 2017 se ha acentuado el desabastecimiento, se ha incrementado el costo de todos los productos de la canasta alimentaria y se ha deteriorado el ingreso familiar, generando una progresiva pauperización de enormes sectores sociales.

Los estudios realizados por las universidades nacionales muestran que cuatro de cada cinco hogares venezolanos (82%) están en situación de pobreza y que más de la mitad de las familias (52%) se encuentran en pobreza extrema; es decir, que no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Cáritas ha reportado que este año se ha incrementado en un 14,5% el número de niños con desnutrición aguda, con muchos de ellos fallecidos por el hambre.

El lograr algún alimento para el hogar pasó a ser una proeza para millones de familias venezolanas, las cuales se ven sometidas a largas y demoradas colas para la compra de unos pocos productos, y en las que hay tensión y focos de violencia por la discrecionalidad y segregación en las normativas que imponen los establecimientos o los militares encargados del cuido del orden en esos lugares.

La exigencia de un “carnet” para acceder a la compra de alimentos, medicinas y otras necesidades, requiriendo un documento de identidad diferente del que establece la legalidad venezolana, constituye un mecanismo de exclusión social, de sometimiento al poder y de pérdida de la ciudadanía, pues establece dos tipos de venezolanos: unos afiliados por un registro gubernamental para el acceso a unos pocos alimentos o medicinas y otros sin derechos a la alimentación y la salud.

2- La metodología de la investigación en Violencia

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que hasta el año pasado agrupaba a investigadores de seis universidades nacionales, incorporó en el 2017 la Universidad del Zulia (LUZ) y en consecuencia al estado Zulia. El OVV amplía, de esta manera, la cobertura regional en el estudio de la violencia, pues contamos ahora con cuatro estados del occidente del país (Zulia, Táchira, Mérida y Lara), dos estados centrales (Distrito Capital y Miranda), un estado del oriente (Sucre) y otro del sur (Bolívar), que suman un 49% de la población nacional.

El OVV ha trabajado con tres tipos de fuentes de información diferentes: datos que se publican en la prensa nacionalarchivos oficiales y encuestas de victimización aplicadas en los hogares. Para la recopilación y procesamiento de los datos que se publican en la prensa nacional, el OVV, a través de los Observatorios Regionales de Violencia (ORV) y de sus respectivos Observatorios de Prensa (OP), registra y contabiliza sucesos de violencia difundidos en medios de comunicación regionales y nacionales.

Adicionalmente, el OVV, por medio de la red de Observatorios Regionales, recibe datos oficiales de manera no-oficial. Estos archivos reportan delitos conocidos por las autoridades policiales, en aquellos casos en los que se presenta una denuncia o se realiza una actuación policial.

Hay que precisar que esta información no siempre es completa y presenta en general inconsistencias de diversos tipos, que demandan de un minucioso trabajo de revisión y de validación, en la medida que lo posibilitan los archivos. La tercera fuente de información es la que proviene de las encuestas de victimización, una de ellas es la Encuesta sobre Condiciones de Vida, ENCOVI, que llevan a cabo anualmente la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela.

El OVV se alimenta, además, de un programa de investigación con encuestas ad-hoc sobre la misma temática, pero estudiando su vinculación con problemas sociales diversos como, por ejemplo, la desigualdad, que llevan a cabo los centros de investigación que lo integran.

En este año se aplicaron de manera sistemática otras dos técnicas de recolección de información: los grupos focales y las entrevistas a profundidad.

En siete ciudades del país se realizaron grupos focales con los grupos sociales y ocupacionales más afectados por la violencia y se aplicaron entrevistas con líderes sindicales y comunitarios, así como con trabajadores de la salud y la seguridad, para tener mayor profundidad y detalle de las situaciones vividas, así como para comprender la construcción subjetiva de la violencia.

En esta oportunidad cabe destacar un estudio de particular importancia para determinar la cifra negra en materia de mortalidad violenta, que está llevando a cabo el OVV en cinco parroquias del Distrito Capital.

En esta investigación se está realizando una enumeración exhaustiva de casos de mortalidad violenta por medio de una encuesta a hogares, que en una etapa posterior se podrá cotejar con los registros oficiales disponibles sobre homicidios y muertes por resistencia a la autoridad.

Este ejercicio permitirá, con el empleo de una metodología conocida como de estimación por sistemas múltiples (ESM), una aproximación novedosa a la cuantía de la cifra negra letal en nuestro país.

El concepto de muertes violentas que utilizamos en este informe, se define como la suma de las muertes ocurridas bajo cada una de las tres categorías siguientes: homicidios legalmente establecidos, averiguaciones de muerte y resistencia a la autoridad.

La estadística oficial utiliza la categoría homicidios sólo para los casos (de una o varias víctimas) donde existe la apertura de un expediente judicial por asesinato. Muchos otros casos, de miles de muertes violentas; por ejemplo, de personas fallecidas a causa de un disparo de arma de fuego, quedan fuera de esa categoría por tener una intención “indeterminada”, por lo que se denominarían averiguaciones de muerte.

En otros casos, miles también, donde la muerte ocurre a consecuencia de una acción del Estado, policial o militar, se clasifican y archivan como resistencia a la autoridad. Ciertamente, no todo caso de enfrentamiento con la autoridad termina en homicidio, ni toda muerte en averiguación tiene por qué ser el resultado de un acto violento, pero es imposible saber con certeza cuántos lo son, y esto, entre otras razones, por la aparente falta de sistematicidad en los procedimientos de registro de los organismos oficiales encargados de esta materia.

En opinión del OVV, aun cuando la muerte sea el resultado de una acción legal ajustada al protocolo de uso proporcional de la fuerza, es una muerte violenta que debe ser contabilizada como tal, pues es el resultado del nivel de violencia existente en la sociedad.

Ante el silencio informativo habitualmente practicado por el Gobierno con relación a la mortalidad violenta y la dificultad de poder disponer de fuentes completas de datos confiables, el OVV ha venido empleando proyecciones estadísticas de las muertes violentas ocurridas en el país en un año calendario específico.

Para ello, hemos utilizado datos parciales aportados por diversas fuentes de información regional y nacional, en combinación con series estadísticas de muertes violentas del país desde 1990.

El ejercicio de predicción estadística en el 2017 se llevó a cabo estimando modelos de series temporales de los casos conocidos de homicidios y casos de resistencia a la autoridad de manera conjunta, registrados para los nueve primeros meses del 2017, y de las averiguaciones de muerte compiladas por la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ) y el actual Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), desde 1990 hasta el 2010.

El procedimiento de búsqueda de los mejores modelos de predicción consideró la clase de los modelos de suavizamiento exponencial y los modelos autorregresivos de promedios móviles integrados (ARIMA), resultando un modelo de suavizado exponencial simple para la serie conjunta de homicidios y muertes de casos de resistencia a la autoridad, y el modelo ARIMA (0,1,0) para la serie de casos de averiguaciones de muertes.

Hay que advertir que aun cuando los modelos ajustados son los “mejores” desde el punto de vista estadístico, es decir, aquellos que proporcionan el mejor ajuste a los datos y además aseguran el menor error de predicción, tal ejercicio se realiza asumiendo unceteris paribus, es decir, que las condiciones determinantes del comportamiento pasado no han cambiado y se mantienen constantes. Se comprende, por lo tanto, que en la medida en que el horizonte de predicción se alarga, el ejercicio de predicción es más incierto.

De cualquier manera, reconocemos que las cifras se mueven en la incertidumbre de unos intervalos amplios que pueden ubicar las tasas “reales” en magnitudes algo menores o algo mayores de las que resultan del ejercicio predictivo, expresado normalmente en afirmaciones que se declaran con un 95% de confianza.

3- La situación de Violencia en el 2017

Este año se cumplen catorce consecutivos de censura sobre la estadística oficial de criminalidad y violencia. Por ello, calculando en medio de la opacidad informativa con fuentes primarias nacionales y estadales, y con las informaciones de terreno a las cuales hemos tenido acceso a través de los siete Observatorios Regionales de Violencia, para finalizar este 2017 estimamos una tasa de 89 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y un total de 26.616 fallecidos en todo el territorio nacional.

Esta cifra incluye la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimamos en 16.046 casos; más las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.535 muertos; y los 5.035 fallecidos considerados como muertes violentas en averiguación.

Esta tasa representa una disminución de 3 puntos en relación al año anterior.

Los homicidios considerados como tales por las autoridades disminuyeron en su magnitud, pero se incrementaron otras formas de violencia, en particular la violencia del Estado expresada en el incremento de las personas víctimas que fueron clasificadas como fallecidos por “resistirse a la autoridad”. 

En promedio, en el 2017, cada semana fallecieron 106 personas por acciones de funcionarios policiales o militares; cada día del año murieron 15 personas por resistencia a la autoridad.

En el 2017 se observó un incremento de las personas fallecidas como consecuencia de un linchamiento. Si bien las cifras de linchamientos incluyen casos que no concluyeron en muerte de la víctima, a veces clasificados como intentos de linchamiento, en los casos que tuvieron consecuencias fatales se pudo establecer que cada semana del año hubo al menos un promedio de 2,4 personas muertas por linchamiento.

El mayor número se presentó en los estados Miranda, Monagas, Carabobo, Zulia y Bolívar.

De igual modo, se observó un incremento de las muertes por encargo o sicariato en el país. Si bien establecer cifras confiables es una tarea muy difícil, por la complejidad que este tipo de móvil representa para la investigación criminalística, especialmente en las situaciones de censura y oscuridad en los datos, desde el OVV podemos afirmar que en cada semana del año se cometieron al menos 6,4 homicidios que deben ser considerados como sicariato.

La zona con mayor número de este tipo de actos fue el estado Zulia, que agrupó cuatro de cada cinco casos registrados con esa clasificación, siguiéndole los estados Amazonas, Táchira y Falcón.

En cuanto al número de funcionarios policiales víctimas de muertes violentas, se pudo observar una disminución en Caracas y un incremento en otras zonas del país, y aunque resulta muy difícil establecer cuándo mueren en cumplimiento de sus funciones y cuándo simplemente son víctimas del delito como cualquier otro ciudadano, el estimado que podemos establecer es de al menos 1 policía asesinado cada día del año.

Una nueva dimensión de la violencia en el 2017 es el hallazgo en varias zonas del país de un incremento en los suicidios. Aunque estos eventos no han sido un foco de estudio del OVV, sí forman parte de la violencia.

En investigaciones realizadas en las universidades nacionales desde los años noventa, se incluía el suicidio como una forma de violencia “contra uno mismo”. Ésa es la misma definición que posteriormente adoptó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2000. Sin embargo, no había adquirido una relevancia social sino hasta fecha reciente, cuando se ha observado un incremento de los casos en diversas zonas del país.

En el estado Mérida, entre enero y noviembre del 2017 se quintuplicó la cifra de homicidios registrada en todo el 2016.

Ese incremento es de tal magnitud que supera la sumatoria de suicidios en Mérida durante en los últimos cuatro años, y arroja una tasa de 19 por cada 100 mil habitantes.

Ese es valor muy alto si tenemos en cuenta que para la OMS sólo 20 países del mundo alcanzan una tasa superior a la que está registrando Mérida en el 2017. Es un dato significativo al que debe hacerse seguimiento, porque podría revelar una causa de mortalidad derivada del contexto social y político del país que debe ser cuidadosamente atendida.

También en el 2017, entre los meses de abril y julio, se presentaron un conjunto de situaciones de violencia vinculadas a la protesta social y política de los ciudadanos, y la represión ejercida por los cuerpos policiales y militares.

Algunas organizaciones de la sociedad civil estimaron en 163 el número de fallecidos en estas protestas y en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se afirma que hubo 124 muertos por confrontaciones, uso desproporcionado o con la intención de hacer daño de la fuerza pública.

Las víctimas fatales de la violencia en el 2017 fueron fundamentalmente jóvenes: un 60% de las víctimas tenía entre 12 y 29 años de edad; una de cada tres víctimas (34%) tenía entre 18 y 24 años.

El 95% de las víctimas fatales eran hombres, los cuales en el 88% de los casos recibieron heridas múltiples y en un 90% murieron por armas de fuego.

El análisis estadístico de los Observatorios Regionales de Violencia reveló que el 84% de las víctimas eran trabajadores formales o informales.

Los victimarios mostraron unos rasgos muy similares a sus víctimas, conformando lo que en otros momentos hemos llamado una imagen de espejo: en un 61% tenían entre 12 y 29 años de edad, un tercio de ellos (35%) tenía entre 18 y 24 años y en un 98% eran hombres. El 60% de los victimarios se catalogaba como trabajador informal.

La violencia se ha extendido de una manera similar a lo largo de todos los días del año, no hubo casi diferencias entre los días de la semana, lo que sí se pudo notar fue un incremento de las muertes violentas al día siguiente de la fecha de pago quincenal, observándose un mayor número de víctimas los días 1º y 16 de cada mes.

Aunque la violencia es un fenómeno generalizado que tiene rasgos de epidemia en todas las entidades federales del país, hay un grupo de cinco estados con unas tasas superiores a la de 100 muertes violentas por cada 100 mil habitantes (100m/h) que concentran el 65% de las víctimas.

Los estados más violentos del país son: Aragua, con una tasa de 155 fallecidos por cada 100m/h; Miranda con una tasa de 153 por cada 100m/h; Amazonas con 146 por cada 100m/h; Bolívar con 113 y el Distrito Capital con 109 por cada 100m/h.

Otras dos entidades con una alta tasa fueron Carabobo con 91 y Sucre con 81 víctimas por cada 100m/h. Caracas como ciudad, que reúne el Distrito Capital y cuatro municipios del estado Miranda, arrojó una tasa de 104 muertes violentas por cada 100m/h.

Los estados con la menor tasa fueron Mérida y Nueva Esparta con 26 fallecidos por cada 100m/h, tasa que, sin embargo, es muy alta, pues resulta superior a la de Colombia como país.

Los diez municipios más violentos del país tuvieron una tasa de muertes violentas por encima de los 300 fallecidos por cada 100 m/h.

Destacan en particular, el municipio El Callao del estado Bolívar, con una tasa de 816 víctimas por cada 100 m/h, seguido por el municipio Andrés Bello del estado Trujillo, con una tasa de 429 muertos por cada 100 m/h. Luego continúan en orden decreciente, los municipios Acevedo (377) y Camatagua (355) del estado Aragua; Buroz (324) y Andrés Bello (318) de Miranda; elmunicipio José Rafael Revenga (307) de Aragua, Roscio (306) de Bolívar y en décimo lugar el municipio La Ceiba (305) de Trujillo.

Son municipios pequeños donde la violencia adquiere unas magnitudes notables por la poca población que allí habita y que se ve afectada tanto por el crimen como por la acción violenta de la policía.

Lo que se puede observar es que hay un patrón de distribución territorial de los municipios más violentos que asocia la ocupación territorial de delito con rutas de transporte de la droga, producción y contrabando de la minería, y con las zonas de dominio de las bandas dedicadas a la extorsión y el secuestro.

En el estado Bolívar los tres municipios con mayores tasas de muertes violentas se corresponden a la zona minera El Callao con 816 víctimas por cada 100 m/h, Roscio (capital Guasipati) con 306 por cada 100 m/h; y Sifontes (capital Tumeremo) con 274 por cada 100 m/h.

En el estado Trujillo los municipios más violentos, medidos en tasas por 100m/h, se localizan en la zona plana del estado que comunica la carretera Panamericana con el sur del lago de Maracaibo. Encontramos allí, los municipios Andrés Bello con 429 por cada 100 m/h, La Ceiba, donde se encuentra el puerto sobre el lago de Maracaibo, con 305 por cada 100 m/h; Miranda (Dividive) con 191 por cada 100 m/h; Motatán con 187 y Sucre (Sabana de Mendoza) con 165 por cada 100 m/h.

El estado Aragua tiene siete municipios con tasas superiores a las 200 muertes por cada 100m/h y están ubicados en el eje que comunica la zona de los llanos con el puerto de Ocumare en el municipio Costa de Oro (con 244 muertes por cada 100m/h). Son los municipios Santo Michelena (Tejerías, 355); J. R. Revenga (El Consejo, 307); Zamora (Villa de Cura, 244); J.F. Rivas (La Victoria, 208); Bolívar (San Mateo, 266); Libertador (Palo Negro, 155) con el sur Camatagua (346) y Urdaneta (Barbacoas, 147).

En el estado Miranda la violencia se acentúa en los alrededores de Caracas hacia la zona de Barlovento y hacia los Valles del Tuy, llegando a tener unos de estos municipios el doble o el triple de la tasa de homicidios que Petare. Los cuatro municipios más violentos del estado se encuentran en la región de Barlovento, y son: Acevedo (Caucagua, 377); Buroz (Mamporal, 324); Andrés Bello (San José de Barlovento, 318) y Brión (Higuerote, 296). Los otros corresponden a los Valles de Tuy como son los municipios Independencia (Santa Teresa, 280), Paz Castillo (Santa Lucía, 250), Bolívar (Yare, 210), Cristóbal Rojas (Charallave, 192) y Lander (Ocumare, 191).

En el estado Zulia los municipios más violentos se encuentran al sur del lago de Maracaibo. El municipio Baralt (San Timoteo, 194) que se encuentra entre la carretera Panamericana y el lago, y que es fronterizo con los municipios más violentos del estado Trujillo y los municipios Jesús M. Semprum (Casigua, 176) y Catatumbo (Encontrados, 115), los cuales conectan la frontera colombiana con los puertos del lago de Maracaibo por carreteras y ríos.

En el estado Carabobo los tres municipios más violentos están alrededor del lago de Valencia y son fronterizos con el estado Aragua: Diego Ibarra (Mariara, 234); Carlos Arvelo (Guigüe, 127) y Los Guayos (122). Y el cuarto es el municipio Juan José Mora que se corresponde a la ciudad de Morón (114), intersección de la autopista central del país hacia Puerto Cabello.

En ese contexto general Venezuela permanece en el año 2017 como el segundo país más violento del mundo, sólo superado por El Salvador, quien mantiene sus altas tasa de asesinatos.

En Centroamérica, el otro país con alta criminalidad ha sido Honduras y en este año ha mostrado una reducción. Y aunque Costa Rica ha tenido un incremento en el delito y la violencia, la tasa estimada de 14 homicidios por cada 100 m/h, la coloca en una posición muy distante de Venezuela.

En Colombia se tendrá la tasa más baja de los últimos 42 años con 10.871 muertes y una tasa de 23 por 100 m/h. La evolución de la situación de violencia con posterioridad a los Acuerdos de Paz tendrá que seguirse observando, pues aunque la tendencia a la disminución de la violencia se ha sostenido por varios años no se descarta que los grupos guerrilleros que no se acojan al proyecto político pueden derivar a otras formas de criminalidad y violencia.

Brasil, por el contrario, ha tenido un incremento y se estima que el año podrá concluir con una tasa de 29,9 homicidios por cada 100m/h.

Un caso similar es el de México que mostrará la tasa más alta en una década con 16,9 homicidios, pero aun así tienen una situación de criminalidad y unas tasas muy inferiores a las de Venezuela.

Es muy difícil interpretar unívocamente la leve disminución que ha tenido la tasa nacional de muertes violentas en el año 2017. En el pasado, han ocurrido disminuciones similares sin que hayan sido el resultado de políticas públicas eficientes, y muestra de ello es que no han podido sostenerse como tendencia en los años siguientes. Sin embargo, hay algunas hipótesis que se pueden adelantar para la interpretación de estos datos.

La primera y más fuerte es que en el país hay menos homicidios porque hay menos homicidas. La disminución de los criminales sería una resultante del plan de exterminio de los homicidas llevado adelante por las acciones gubernamentales como las Operaciones de Liberación del Pueblo y que se encuentran reflejadas en las altas cifras de fallecidos por resistencia a la autoridad en los años 2016 y 2017.

Si éste ha sido el propósito de este tipo de acciones se puede entonces pensar que han sido eficientes, pero en los estudios que hemos llevado a cabo en comunidades populares del país se evidencia que hay un doble sentimiento: unos afirman que bajaron los homicidios porque ya mataron a los delincuentes y otros se quejan de los abusos y de las personas inocentes que han perecido en medio de tales acciones, que en cualquier caso son siempre ilegales y extrajudiciales.

El problema con este tipo de acciones no es solo que son violatorias de los derechos fundamentales de la población y de la ley, sino que representan una destrucción de la institucionalidad y su éxito será transitorio, pues mientras existan espacios para los negocios ilegales y una renta que captar, otros vendrán a substituir a los que fueron eliminados. Permanece entonces el problema, con el agravante que se habrá debilitado el pacto social, pues la policía y el Estado se percibirán como violadores de la ley y no como quienes tienen la responsabilidad de cumplirla y hacerla cumplir.

Una segunda hipótesis está vinculada a las protestas sociales y políticas que durante al menos cuatro meses del año mantuvieron el país con una tensión provocada por la prohibición de las fuerzas de seguridad del derecho a la manifestación pacífica de los ciudadanos y por la violencia de algunos manifestantes y las respuestas violentas de algunos cuerpos policiales y militares ante tales situaciones.

Ciertamente el 2017 fue un año muy particular pues se mantuvo en el país un amplio despliegue militar y policial, con alta movilidad territorial y alta rotación de personal, que hacía muy dificultosas las operaciones del crimen organizado.

Si bien el pequeño delito o los agentes libres del crimen podían aprovechar las oportunidades que brindaba la confusión o el descuido de algunas zonas por los cuerpos policiales, para el delito de mayor complejidad y las bandas de crimen organizado, les resultaba más difícil la actuación por el despliegue militar y policial en las calles y por la parálisis en actividades laborales, educativas o recreacionales que vivió el país.

Es posible también hipotetizar que el incremento del delito organizado en el país y su mayor control territorial de amplias zonas urbanas y rurales, puede haber conducido a una disminución de los homicidios.

Se trataría de una paz criminal que no reduce el delito, pero sí logra hacerlo con la violencia, bien sea por acuerdos de cooperación criminal o porque algunas bandas logran imponerse sobre otras, disminuyendo el nivel de conflictividad y aumentando la racionalidad en la administración criminal de la violencia.

4- El empobrecimiento y la violencia

El desabastecimiento de importantes alimentos de la dieta básica, la carestía y escasez de medicinas, equipos y repuestos indispensables para servicios tan básicos como el transporte, la electricidad, el gas doméstico, o la gasolina, generan ansiedad, frustración y originan conflictos que hacen aparecer formas inéditas de violencia y de delitos.

La violencia y el delito provocados por la escasez

El empobrecimiento, la inflación y la escasez de los alimentos ha llegado a situaciones muy extremas y dolorosas, que no habían sido imaginadas ni en los momentos más difíciles de la economía nacional: se ha extendido a todos los centros urbanos del país la presencia de niños, jóvenes y familias enteras buscando algo que comer en la basura; también se incrementa el hurto de comida en los lugares de abastecimiento; el asalto a las bolsas de comida que llevan las personas mayores, y son frecuentes también los robos a vehículos que transportan alimentos en las vías públicas.

En los lugares que venden alimentos son frecuentes los conflictos con quienes pretenden ocupar o invadir un lugar en la fila, o por corrupción o decisiones discrecionales sobre cuánto y a quien vender los alimentos. Las cajeras y los vigilantes en los supermercados son blanco frecuente de acusaciones y agresiones.

En las “colas” suelen aparecer personas armadas que se imponen y ocupan los primeros lugares para adquirir los productos desplazando a los demás y generando conflictos o sometimiento por el uso de la fuerza. En algunos casos esto ha ocasionado lesiones y hasta la muerte, como fue el caso de una mujer asesinada de un disparo en la cara, ante cerca de 500 personas que estaban en las filas para la compra de alimentos en Barquisimeto.

Una situación del mismo origen ha ocurrido con los robos colectivos y saqueos de los supermercados o el asalto y saqueo de los vehículos que transportan comida que han ocurrido en distintos lugares del país.

El delito amateur se generaliza

El incremento de los precios que ha hecho inaccesibles los alimentos y medicinas a una parte mayoritaria de la población, ha llevado a que personas sin trayectoria delincuencial sustraigan productos en los anaqueles de los comercios, al robo de productos en los lugares de trabajo y hasta al despojo de las loncheras de los niños más pequeños en las escuelas.

El riesgo del robo se extiende en todos los espacios, lo que acrecienta la desconfianza mutua, todos están bajo sospecha y ningún espacio público es seguro, por lo que toda persona debe estar no sólo alerta, sino a la defensiva, cuidando sus pertenencias.

En los grupos focales, los choferes de transporte público se quejaban de ser acusados de complicidad con quienes les asaltan, pero también ellos mismos declaraban su temor a ser víctimas de sus usuarios pues no tienen control de quien aborda su vehículo.

La violencia doméstica: entre la solidaridad y la violencia familiar por alimentos

Los hogares en pobreza han visto muy reducida la disponibilidad de los alimentos y aunque en los estudios las familias informan que deben dedicar la casi totalidad de sus ingresos a la compra de comida, la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2017) mostró que el 32,5 % de los venezolanos (9,6 millones de personas) sólo comen dos o menos veces al día.

Esto genera dificultades en la convivencia familiar, pues los pocos productos que pueden comprar son racionados o reservados para determinados miembros de la familia (los más pequeños o los enfermos) y cuando alguno incumple esas reglas, se producen situaciones de conflicto y violencia, como los casos de una madre que le quemó las manos a su hija por tomarse el tetero de su hermana u otra que quemó los labios a un hijo por comerse durante la noche el poco alimento guardado para toda la familia.

Al contrario, también debemos destacar que hay múltiples expresiones de solidaridad como el de una niña en Antímano, Caracas, quien contaba cómo ella se iba a dormir más temprano para que no le diera hambre y así su hermanita menor pudiera comer.

Las bandas criminales y el reclutamiento de niños en pobreza extrema

Las investigaciones que realizan los equipos del OVV han encontrado que en esos contextos de penuria económica, escasez y sin oportunidades educativas o laborales, las bandas delictivas brindan apoyo material a quienes identifican como pobres o vulnerables, regalándoles comida, prestándoles dinero, lo que les permite la captación de muchachos para quienes estos jóvenes armados son “buenas” personas a quienes les “gusta ayudar” y hasta aconsejar en casos de necesidades y problemas.

Las técnicas de reclutamiento, los señuelos que en el pasado solían ser objetos de moda o lujo, se han substituido por la oferta de alimentos básicos.

Los grupos delictivos están avanzando con la conquista de miles de jóvenes que incursionan en la violencia y cuyo destino está siendo la muerte, la cárcel y la frustración de tantos sueños y esperanzas forjados por sus familias y comunidades.

Las tres cuartas partes de las víctimas que mueren por la violencia tienen menos de 30 años, y por eso también las tres cuartas partes de los que asesinan tienen también 29 años o menos.

La violencia del transporte público

Las encuestas y los grupos focales realizados este 2017 por los Observatorios Regionales, han registrado el miedo generalizado de la población a ser víctima del delito y la violencia, en particular cuando se movilizan en el transporte público.

Ocho de cada diez venezolanos tiene miedo de ser víctima del delito en los autobuses en las ciudades o en las carreteras interurbanas. La violencia crece en un servicio de transporte cada vez más precario.

Las unidades de transporte se han reducido en número por el alto costo de los repuestos y la imposibilidad de conseguirlos debido a la escasez. Los choferes denuncian nuevas modalidades delictivas que incluyen el secuestro de choferes y de las unidades, con mucha frecuencia para robar los repuestos del vehículo cada vez más escasos.

Las peleas e insultos entre los usuarios y los conductores del transporte público son frecuentes y se agravan en los casos de violencia delincuencial en los que impera la desconfianza mutua entre usuarios y transportistas.

Cada uno de los Observatorios Regionales del OVV realizó una campaña de sensibilización sobre la violencia, colocando calcomanías en las unidades de transporte público para mejorar la percepción de los usuarios sobre la convivencia en las rutas de transporte.

Después de la campaña se hizo un post test para verificar los resultados de esta labor promocional, lo que permitió valorar lo apropiado de esta iniciativa y la necesidad que tenemos como sociedad de mejorar las relaciones de respeto y confianza entre los usuarios y choferes de este servicio público.

Por otra parte, los OVV regionales lograron construir mapas de riesgos, en los que, con participación de los choferes, fue posible identificar los sitios de mayor vulnerabilidad y los tipos de delitos asociados, información que hemos ofrecido a las autoridades públicas locales para apoyar los programas de seguridad en la movilidad de los usuarios de rutas urbanas e interurbanas.

Las calles de las ciudades se vacían al anochecer, el transporte público se reduce y las personas en las ciudades parecen sometidas a toques de queda impuestos por los grupos delictivos, no sólo en los barrios y urbanizaciones, sino en las avenidas y autopistas del país.

Robos de vehículos

La violencia asociada al robo de vehículos parece haber disminuido, pues los delitos denunciados a la policía disminuyeron en este año. Es muy difícil poder establecer con certeza la explicación de este fenómeno, pudiera ser el resultado de unas políticas públicas adecuadas, puede ser también que no se redujo el delito, o al menos no en esa magnitud, sino lo que se redujo fue la denuncia del delito.

En Venezuela los diversos estudios realizados, tanto por las universidades como en las encuestas de victimización del gobierno nacional, han mostrado que entre el 62% y el 66% de los delitos no son denunciados a la policía.

Esta cifra era sin embargo menor en el caso del robo de vehículos y la razón fundamental era que las personas querían protegerse de la responsabilidad penal que podía derivarse de un daño provocado por el vehículo de su propiedad, y la segunda, y más importante, que ésa era la única manera de poder cobrar el seguro que tenían para el vehículo.

Dos circunstancias han cambiado en el país y que se deben tomar en cuenta para una posible explicación.

La primera es que ha ocurrido un descenso notable del porcentaje de vehículos asegurados por los altos costos de la prima y porque la inflación desactualiza el monto de la cobertura y no permite la reposición del bien.

La segunda es que gran parte del robo de vehículos pasó a convertirse en un “secuestro de vehículos”, es decir, el ladrón no quiere quedarse con el carro sino que a las pocas horas contacta al propietario y le solicita un monto en dinero para devolverle su vehículo. En esa modalidad las víctimas deciden no denunciar, sino esperar y negociar con los delincuentes y los casos de robo de vehículos disminuyen en su notificación, no en su ejecución.

5- La Violencia de Estado

En el 2017 se pudo observar un incremento en la violencia ejercida por el Estado para la represión de los presuntos delincuentes, así como para la represión de la protesta social y política.

El aumento de las víctimas que las autoridades calificaron como “dados de baja” por resistir a la autoridad y que según las denuncias de muchas familias y de la Fiscal General de la República pueden ser interpretadas como ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas policiales y militares, y no como uso legítimo de la fuerza, constituyen un aspecto preocupante de la violencia en el país.

Este tipo de acciones, destinadas no a la contención del delito ni a la aplicación de la ley, sino al aniquilamiento de los presuntos delincuentes, se convierten en un factor que socava la legitimidad de la fuerza pública y concreta la destrucción del pacto social. Estas operaciones pueden gozar de la simpatía de una parte de la población e incluso tener un relativo éxito en el corto plazo, pero la experiencia histórica ha demostrado que no son sostenibles, pues destruyen la institucionalidad y se transforman luego en más violencia para la sociedad.

De igual manera se pudo observar un uso desproporcionado de la fuerza e incluso la intención de hacer daño por parte de las autoridades para contener las protestas sociales y las manifestaciones políticas.

Los reportes de la Fiscal General de la República y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirman que la violencia utilizada excedía la legítima utilización de acuerdo a los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, establecidos por las Naciones Unidas en 1990 y suscritos por Venezuela en 1990, que señalan claramente que “no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos”.

Esta violencia desproporcionada e ilegítima del Estado, puede igualmente tener una eficacia temporal; pero al no ofrecer caminos para la resolución pacífica y democrática de las diferencias políticas, se convierte en una fuente de más violencia en el futuro.

6- El desmoronamiento del Sistema de Justicia Penal

Los tres componentes del sistema de justicia penal, que constituyen el freno formal para la contención del delito y la violencia, las policías, los tribunales y fiscalía, y las cárceles, sufrieron serios deterioros en el 2017.

Los cuerpos policiales vivieron un importante retroceso por la pérdida de su personal. Durante todo el año fueron continuas las renuncias de los funcionarios policiales quienes abandonaron sus puestos de trabajo para buscar empleo y mejores salarios en el sector privado o para emigrar del país.

Eso ha llevado a una reducción del pie de fuerza de las policías que limita las funciones preventivas y el servicio a la ciudadanía. Su sustitución por nuevas promociones de policías seleccionadas y formadas de manera express, no pueden garantizar ni el personal idóneo, ni su capacitación adecuada para cumplir las importantes funciones que se les encomiendan.

Las intervenciones de las policías municipales y regionales con una clara motivación político partidista que ocurrieron durante el año y después de las elecciones regionales, crearon una imagen negativa y parcializada de los policías ante la población y una desmoralización entre los propios funcionarios; nuestros estudios muestran que se sienten fichas del juego político y no servidores de toda la comunidad.

El involucramiento de los funcionarios policiales y militares en la comisión de robos, secuestros, tráfico de drogas y homicidios constituye una grave pérdida para la sociedad. La denuncia pública de la Fiscal General de la República que el 20% de los homicidios en el país, uno de cada cinco, son cometidos por funcionarios policiales es de suma gravedad. 

De nuestra parte, los estudios realizados por los Observatorios Regionales han reportado que el 19,5 de todos los delitos violentos conocidos por la sociedad durante el  2017 tuvieron como autores a funcionarios policiales o militares.

Finalmente, las cárceles -que en lugar de ser espacios de castigo e incapacitación de los delincuentes para cometer nuevas fechorías- se conviertan en clubes sociales del crimen y centros para la planificación y ejecución de delitos fuera del recinto penitenciario, y constituyen la mayor afrenta posible al sistema de justicia penal, pues es claro para la sociedad que eso no es posible que ocurra sin complicidad o al menos la pasividad de las autoridades.

La violencia endémica de las cárceles se trasladó a los centros de detención, los cuales, según estimaciones, albergan alrededor del 30% de los privados de libertad, algunos por meses o año, en lugares que no están preparados para estos fines y que obligan a distraer una parte importante del pie de fuerza policial que se debe dedicar a vigilar presos en lugar de cuidar a los ciudadanos.

La transformación del sistema de justicia penal que ha existido en el país, de precario y deficiente en la administración de justicia, en una herramienta de la política para la aplicación del derecho penal del enemigo, no permite augurar una pacificación de la sociedad, sino todo lo contrario.

7- Llamado Final

Las Universidades Nacionales que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia reiteramos nuestra convicción sobre la capacidad de la sociedad venezolana para superar y revertir esta situación de violencia que nos afecta. La escalada de la criminalidad es el resultado de un notorio deterioro del pacto social, de las reglas de convivencia y de resolución de conflictos sociales y políticos, y del desmoronamiento del sistema de justicia penal.

Es la consecuencia de políticas equivocadas que, con una óptica belicista, asumen la seguridad pública como el aniquilamiento de enemigos, generando más muertes y fortaleciendo a los grupos delictivos.

El Estado es el responsable de ejecutar políticas adecuadas y planes eficaces para la prevención del delito y ofrecerle seguridad a las personas y a sus bienes.

Es obligación del Estado implementar las medidas y acciones orientadas a defender la vida y detener y castigar a los delincuentes, y hacer efectiva la protección especial y preferente que demandan las víctimas. Las Universidades Nacionales expresamos nuestra voluntad de contribuir con nuestros saberes y destrezas a la pacificación del país y al restablecimiento del Estado de Derecho.

Conforme a lo establecido en la normativa internacional de Derechos Humanos y lo expresamente consagrado en la Constitución Nacional vigente, corresponde al Estado la obligación primordial de respetar y no violar los derechos humanos, por lo que sus instituciones y funcionarios deben aplicar normativas y procedimientos garantistas de los derechos a la vida, la integridad personal, la justicia y de cumplimiento del debido proceso.

Estas garantías, consagradas en los Tratados Universales de Derechos Humanos, son condiciones y requisitos para revertir las manifestaciones de violencia que hoy nos agobian y son principios que todos los sectores del país debemos promover y exigir tanto a otros como a nosotros mismos, entendiendo que se trata de valores universales que, afirmados por las familias, la sociedad civil, las fuerzas políticas y por el Estado, sustentarán la paz y la convivencia democrática.

Caracas, 28 de diciembre de 2017

El Cartel de PDVSA

Vladimiro Mujica, Noticiero Digital

En un lúgubre video que circula por las redes sociales se ve borrosamente el perfil regordete y sombrío, esposado y cabizbajo, de Nelson Martínez, alto gerente petrolero, arrestado por miembros de uno de los tantos brazos del estado policial venezolano.

Nelson Martínez, recién nombrado presidente de Pdvsa.

La voz en el video, probablemente la del Fiscal General impuesto por la inconstitucional ANC, utiliza la palabra Cartel para referirse a la organización delictiva que se había ido articulando en el seno de la corporación estatal petrolera venezolana.

La ola de arrestos y despidos de los altos mandos petroleros, que ha terminado por afectar al otrora todopoderoso Rafael Ramírez, ha sorprendido al país y ha llevado a muchos a preguntarse si el régimen venezolano, procediendo a través del fiscal Tarek William Saab, tiene en verdad la disposición de actuar contra la corrupción generalizada que se ha convertido en la marca de fábrica de la revolución chavista.

Yo tendería a creer que nada más remotamente alejado de la verdad.

Cuando regímenes como el venezolano, combinación de Estados policiales con dictaduras de nuevo cuño, controlados por verdaderas mafias de poder, actúan en contra de sus propios miembros, es normalmente por una de tres razones:

(1) Un grupo interno intenta desplazar a otro;

(2) Un grupo estaba intentando hacer negocios sin hacer partícipe a los otros;

(3) Se busca un grupo de chivos expiatorios para defender al régimen en su conjunto interna e internacionalmente.

La naturaleza de la operación CITGO, donde aparentemente se endeudó a la nación sin autorización formal del gobierno y la AN, y los otros elementos que están surgiendo, incluyendo la defenestración de Ramírez como embajador de Venezuela ante la ONU, permiten intuir que las acciones de la Fiscalía se inscriben en el esquema canónico 1+2+3, que se describe en el párrafo anterior.

Por supuesto que mucha gente no dejó de sentir un fresquito por ver a connotados chavistas recibir una dosis de su propia medicina de represión y violaciones de los derechos ciudadanos, al verlos expuestos “con los ganchos puestos”, ciudadanos civiles detenidos por un organismo de contrainteligencia militar, seguramente con órdenes judiciales a la medida.

Pero me temo que se trata de la ilusión de una simple operación gatopardiana, como argumentó Horacio Medina en una de sus infaltables notas diarias: cambiar para que todo quede igual.

Más allá de todas estas especulaciones sobre el verdadero significado del encausamiento de un grupo importante de gerentes de la industria petrolera, conviene examinar en retrospectiva el daño inmenso que 20 veinte de desgobierno chavista le ha causado a la actividad económica más importante de la nación.

Habría que comenzar apuntando que la maquinaria de desinformación del régimen ha intentado presentar durante años una historia fabricada según la cual fue Chávez quien nacionalizó la industria y la rescató de los malvados monopolios transnacionales para el disfrute de los venezolanos.

Nada más lejos de la realidad. El 29 de agosto de 1.975 el presidente Carlos Andrés Pérez puso el «ejecútese» a la Ley que reserva al Estado venezolano la industria y el comercio de los hidrocarburos, con lo cual quedó nacionalizada la industria petrolera. Ese hito de la odiada “IV República” marco un antes y un después en la historia venezolana.

Es aleccionador recordar que Pérez en una reunión con gerentes e ingenieros de la industria les preguntó si ellos le aseguraban que la industria seguiría funcionando si la ponía en manos venezolanas. La respuesta fue un “Si” responsable y sobrio en buena medida determinado por el hecho de que esos ingenieros y gerentes se habían formado en las universidades venezolanas y en programas de transferencia tecnológica y de conocimientos con las operadoras internacionales.

La industria petrolera fue uno de los pocos proyectos con continuidad institucional en Venezuela, protegida en buena medida de los vaivenes políticos por un acuerdo no escrito entre los principales partidos de respetar su independencia.

Avergüenza y deprime hacer una comparación entre los cuadros y el desempeño de PDVSA en sus años dorados, cuando estaba entre las primeras corporaciones petroleras del mundo, y la empresa en harapos, al borde de la insolvencia financiera y técnica que el chavismo le legará a los venezolanos.

De hecho, a lo que hemos asistido durante la era chavista es a una acción sostenida de desnacionalización cuyas manifestaciones más evidentes son las negociaciones con Rusia y China, y que se ha traducido, entre otras cosas, en que la proporción de la producción de las operadoras extranjeras es superior a la venezolana.

Acciones realizadas bajo un espeso manto de turbidez que impide tener información completamente confiable. PDVSA incumple desde hace años la ley de BCV y muchas de la información sobre producción petrolera solamente se puede obtener en organismo internacionales que hacen seguimiento al comercio de hidrocarburos.

Se sabe la enorme magnitud del endeudamiento con chinos y rusos, realizado en buena medida sin la aprobación de la AN; se sabe de las condiciones leoninas de venta de petróleo a futuro acordadas con los chinos; se sabe de la entrega vergonzosa de tecnologías desarrolladas en Venezuela como la Orimulsión; se sabe algo de las condiciones recientes de entrega de instalaciones de operación de la industria a manos rusas y chinas.

Se sabe, en fin, que en una pornográfica operación orwelliana el régimen chavista ha hipotecado crecientemente nuestra industria en manos extranjeras, y la llevado a un estado casi terminal de endeudamiento y precariedad tecnológica, a la par que se presenta como paladín revolucionario del rescate del petróleo para el pueblo.

Capítulo aparte en esta epopeya de guerra contra su propio pueblo que el régimen chavista ha llevado en el ámbito petrolero, es la destrucción del recurso humano y tecnológico venezolano.

Esta horrenda y monstruosa operación comenzó, sin duda, con el despido en 2002-2003 de unos 20.000 trabajadores de la industria petrolera a raíz de lo que se convocó inicialmente como un Paro Cívico Nacional y terminó siendo llamado por chavistas y opositores como el Paro Petrolero.

Al margen de las múltiples inconsistencias del liderazgo opositor en la ejecución y conducción de esta acción, está el hecho de que la barbarie gubernamental descabezó a la industria y la despojó su más importante activo: sus trabajadores, gerentes e ingenieros calificados.

La anocracia revolucionaria, no solamente la emprendió contra el personal de la industria sino contra las universidades e institutos de investigación.

Especial mención requiere la destrucción de INTEVEP como centro de apoyo tecnológico a PDVSA y su conversión en una escuela de cuadros del chavismo.

La hecatombe de destrucción de la industria “meritocrática” y su reemplazo por una industria convertida en caja de financiamiento del presupuesto paralelo del gobierno, usado para financiar sus operaciones clientelares políticas internacionales y de populismo en Venezuela, lanzó al éxodo a miles de nuestros mejores hombres y mujeres, que habían surgido en nuestra industria y que ahora contribuyen con su esfuerzo a la vida de otras naciones.

Es mucho más que el encarcelamiento de unos gerentes y el escándalo que ello trae, presentado como una operación moralizadora, lo que la pseudo-revolución chavista le adeuda a los venezolanos de hoy y a las futuras generaciones que tendrán que conducir la ciclópea tarea de recuperar Venezuela.

De cómo un juez destituido se convirtió en el principal artífice judicial del presidente de Venezuela

Girish Gupta, REUTERS

En marzo pasado, Maikel Moreno conmocionó a su país cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que preside anuló los poderes de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, y se los adjudicó.

Incluso en una nación acostumbrada a la agitación política, la decisión desencadenó protestas masivas que llevaron a Moreno y a su corte de 32 miembros a suspender parcialmente la medida tres días después.

El juego de poderes ilustró el rol de Moreno como brazo ejecutor clave de la administración socialista de Nicolás Maduro, calificada como una dictadura por un número creciente de gobiernos, desde Francia y Estados Unidos hasta algunos vecinos sudamericanos como Colombia y Perú.

Bajo la tutela del guardaespaldas de 51 años devenido en juez, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha invalidado casi todas las leyes importantes aprobadas por el Parlamento.

Sin embargo, el pasado de Moreno sigue siendo desconocido, incluso para la mayoría de los venezolanos. Para rastrear su trayectoria, Reuters examinó documentos y entrevistó a socios, colegas y amigos en cinco países

La imagen que emerge es la de un jurista que, aprovechando sus conexiones personales y manejando casos políticamente sensibles que otros abogados y jueces rechazaron, se fue acercando a Maduro y a otros miembros de la “Revolución Bolivariana” lanzada por el fallecido líder Hugo Chávez.

En su ascenso al pedestal judicial de Venezuela, Moreno dejó atrás un pasado que incluye acusaciones de extorsión y tráfico de influencias y su arresto en 1989 bajo sospecha de matar a un adolescente, según documentos oficiales y personas familiarizadas con sus antecedentes.

Reuters no encontró evidencia de que Moreno haya sido juzgado o condenado por algún crimen.

En un breve intercambio de mensajes de texto con Reuters el 7 de noviembre, Moreno dijo que las acusaciones de haber cumplido un tiempo en prisión, un viejo rumor en Venezuela, fueron “inventadas” por la “prensa amarillista”.

Aunque ofreció conceder una entrevista a Reuters, luego no respondió las solicitudes para agendar una, ni tampoco a preguntas adicionales vía mensaje de texto sobre su carrera y otros episodios en los que fue acusado de malos manejos.

Ni el TSJ ni el Gobierno de Maduro respondieron a otras solicitudes de comentarios.

Documentos que incluyen un reporte de inteligencia de 2006 de la división de seguridad del Tribunal y un fallo de la máxima corte en contra de Moreno, indican que en el pasado el magistrado fue acusado de estar del lado equivocado de la ley.

En 1989 estuvo involucrado en un tiroteo, y luego en 2007 fue destituido de su cargo de juez en un tribunal menor, por lo que el TSJ de ese momento dijo fue una liberación inapropiada de dos sospechosos de asesinato.

Los adversarios de Maduro sostienen que Moreno ha sido instrumental para apuntalar a un Gobierno que es percibido como cada vez más autoritario.

En los últimos meses, el TSJ ha enviado a cinco alcaldes de la oposición a la cárcel y aprobó la destitución de la fiscal general, que huyó del país a mediados de agosto, uniéndose al creciente éxodo de críticos de Maduro. [nL2N1L9152]

En mayo, el Tribunal presidido por Moreno dio luz verde para que Maduro procediera con las elecciones que dieron origen a la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano legislativo todopoderoso que ha reemplazado a la Asamblea Nacional, y que para muchos, consolidó el talante autocrático del Gobierno socialista.

Al menos 125 personas murieron en los cuatro meses de protestas que se produjeron después de que el poder judicial buscara neutralizar en marzo a la Asamblea.

Luis Velázquez Alvaray

“La mayor afrenta que se le puede hacer a un pueblo es poner a un criminal a dirigir la justicia”, dijo Luis Velázquez Alvaray, un exjuez venezolano que investigó a Moreno en representación del Tribunal Supremo, una década antes de que Maduro lo eligiera para dirigir la máxima corte.

Velázquez agregó que durante su pesquisa encontró un registro del arresto de Moreno emitido después del asesinato del adolescente en 1989. También dijo que investigó una llamada telefónica en la que otro juez, en un caso separado, grabó a Moreno presuntamente presionándolo para que liberara a un sospechoso de traficar armas y droga.

El presidente del Tribunal no es el primer alto funcionario venezolano acusado de abuso de poder.

A principios de año, el gobierno de los Estados Unidos señaló al vicepresidente Tareck El Aissami por narcotráfico y sancionó al propio Maduro acusándolo de “abusar deliberada y repetidamente de los derechos de los ciudadanos” con tácticas represivas. [nL1N1FY1S5]

También sancionó a Moreno y a otros siete jueces del máximo órgano judicial por presuntamente usurpar las funciones del Poder Legislativo y “restringir los derechos y frustrar la voluntad del pueblo venezolano”. [nL2N1IK2NF]

El Gobierno de Venezuela ha desestimado las acusaciones y criticado las sanciones, que prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar negocios con cualquiera de los funcionarios y congelan los activos que los empleados públicos puedan tener en las jurisdicciones de Estados Unidos.

El vicepresidente, El Aissami, ha negado reiteradamente tener cualquier lazo con el narcotráfico y sostiene que Washington lanza “provocaciones miserables” y “viles agresiones”.

Bajo el mandato de Chávez, y ahora con Maduro, el país petrolero, que alguna vez fue uno de los más prósperos de Latinoamérica y que cuenta con las mayores reservas de crudo mundiales, se precipitó hacia una profunda crisis económica que fracturó la estabilidad social.

Después de una votación en octubre en la que los candidatos del oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) vencieron en la mayoría de las gobernaciones, el presidente ha ganado nuevos bríos para desestimar las acusaciones de fraude que lanzaron sus adversarios y defender la legitimidad de su Gobierno.

“Yo no soy un dictador”, dijo Maduro tras la contienda. “Yo tengo bigote, me parezco a (Iósif) Stalin, pero no soy Stalin”, agregó refiriéndose al dictador soviético.

UN HOMICIDIO “RESUELTO”

Existe muy poco en los registros públicos sobre la juventud de Moreno. Nació el 31 de diciembre de 1965 en la ciudad oriental de El Tigre, según documentos fiscales y electorales públicos.

A fines de la década de 1980 registros judiciales, de inteligencia y artículos de periódicos, indican que trabajó como guardaespaldas del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. No está claro cómo se convirtió en escolta o se vinculó al entorno de seguridad del presidente.

Esa época, marcada también por una alta inflación aunque lejos de los estratosféricos niveles actuales, preparó el escenario para la eventual llegada al poder de Chávez, un militar con ideales izquierdistas descontento con el statu quo.

El aumento del enfado y las dificultades económicas produjeron disturbios en 1989, en un episodio conocido como “El Caracazo” donde cientos de personas murieron.

La noche del 26 de abril de ese año, Moreno y otros dos guardaespaldas de Pérez se encontraban en Parque Central, un barrio de clase media de la capital Caracas, según un artículo publicado dos días después en El Nacional, entonces uno de los principales periódicos venezolanos.

Por razones que no están claras, estalló una pelea. Rubén Gil Márquez, un estudiante de 19 años, ingresó a la refriega con un bate de béisbol, dijo el periódico. Los guardaespaldas abrieron fuego contra Gil.

“Escoltas presidenciales mataron a un joven”, se lee en el titular de la portada, sobre una imagen de la madre de Gil, Carmen Romelia Márquez de Gómez, llorando.

La policía arrestó a Moreno, de acuerdo con el periódico, personas familiarizadas con el incidente y un informe de inteligencia preparado hace una década por la división de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia.

Una foto de su arresto, incluida en el informe y fechada la semana después del asesinato, muestra que Moreno fue detenido por una investigación de “homicidio”.

Reuters revisó una copia del informe que el TSJ encargó en el 2006. El Tribunal de 32 miembros ya se mostraba alineado con el Gobierno socialista en ese momento por los nombramientos hechos por Chávez, pero varios jueces habían comenzado a cuestionar la designación de Moreno como juez de control en un tribunal menor.

El informe, que no se había hecho público antes, fue firmado por Luis Enrique Villoria García, director general de la división de seguridad del Tribunal en ese momento.

Reuters no pudo contactar a Villoria para discutir la copia del documento de 19 páginas revisado, al que parece que le falta una página.

Pero los datos allí mostrados sobre el homicidio y la destitución de Moreno del tribunal en 2007 fueron confirmados independientemente por personas familiarizadas con su contenido, que incluyen a un alto funcionario del Gobierno, tres exmagistrados del TSJ y tres altos exfuncionarios de inteligencia.

Detalles importantes sobre el caso de homicidio y el arresto de Moreno siguen sin estar claros. En particular, Reuters no pudo encontrar ningún documento que explicara si Moreno fue juzgado, sentenciado o encarcelado.

El informe señaló que estuvo encarcelado hasta algún momento en 1990, y cita un número de caso criminal por un cargo de homicidio contra él (522755), pero Reuters no pudo encontrar ningún archivo asociado con el caso.

Reuters tampoco pudo acceder a un archivo judicial central en Caracas y el TSJ no respondió a las solicitudes de permiso para revisar el registro.

La madre de Gil murió hace una década, según personas cercanas a la familia.

Dos personas cercanas a Gil relataron a Reuters que los testigos y familiares dijeron en el momento de la pelea que Moreno disparó el tiro que mató al joven.

Estas personas, que pidieron el anonimato por temor a represalias, agregaron que Gil había sido miembro de una pandilla y que una rivalidad no especificada con Moreno había desencadenado la pelea.

Una persona, que dice haber visto el cuerpo de Gil en una morgue de Caracas, dijo que el joven recibió un disparo en la espalda. El certificado de defunción de Gil, revisado por Reuters, cita el disparo como la causa de la muerte.

Tres personas cercanas a la familia dijeron que prosiguió una causa legal tras la muerte de Gil, pero ninguno de ellos sabía qué sucedió con el caso. “He querido denunciarlo durante años, pero tengo demasiado miedo”, dijo una de estas personas.

Moreno nunca ha negado, confirmado o discutido el asesinato de Gil públicamente.

Según una persona cercana a Moreno que habló bajo condición de anonimato, el magistrado le dijo a amigos y colegas que el asesinato fue en defensa propia. Otra persona, que también pidió no ser identificada, dijo a Reuters que Moreno aseguró que cualquier consecuencia legal del asesinato había sido “resuelta”.

En algún momento de 1990 Moreno fue liberado de la cárcel, según el informe de inteligencia, que agrega que Moreno recibió “ilegalmente un beneficio procesal”, sin agregar más detalles sobre la liberación.

En el intercambio de mensajes de texto con Reuters, Moreno disputó la afirmación de que estuvo en la cárcel, diciendo que, como otros detalles del reporte, “tampoco es verdad”. No aclaró ni se refirió directamente a otros pormenores del reporte.

“CASOS POLÍTICOS”

Una vez libre, Moreno obtuvo un título de abogado en la Universidad Santa María, en Caracas. Trabajó como alguacil en el ínterin, según su biografía oficial.

Mientras Moreno estudiaba, Chávez dirigió en 1992 un fallido intento de golpe de Estado contra el gobierno del cada vez más impopular Pérez. Chávez fue encarcelado, pero liberado en 1994 gracias al trabajo de Cilia Flores, una polémica abogada ferviente de las causas de la izquierda.

En la próxima década, Flores se convirtió en una cercana colaboradora de Chávez y jefa de la Asamblea Nacional. También es amiga de Moreno. No está claro como lo conoció, pero años antes Flores también había estudiado derecho en la Santa María.

El Gobierno no respondió a las solicitudes para conversar con Flores y Reuters no pudo contactarla fuera de los canales del Gobierno.

Al terminar su carrera de derecho en 1995, Moreno ejerció dos años como abogado antes de conseguir un empleo como asesor legal en la corporación Alas de Venezuela C.A., propietaria de la aerolínea local Aeropostal.

En ese momento, Chávez había ganado un creciente apoyo de la clase trabajadora venezolana y estaba en camino de ganar las elecciones presidenciales de 1998. Moreno ya estaba alardeando de sus estrechos vínculos con Flores y otros “chavistas” en ascenso.

“Se aseguró que todo el mundo supiera sobre esa relación”, dijo Nelson Ramiz, quien era el propietario de Aeropostal pero que luego cedió el control de la aerolínea y se mudó a Miami en el 2007, luego de una disputa con los reguladores.

Después de tres años en la aerolínea, Moreno trabajó como asesor legal de la policía metropolitana en Sucre, un municipio en el este de Caracas. También comenzó a asesorar a la Asamblea Nacional y se convirtió en juez auxiliar para un distrito en el noreste del país.

Durante el resto de la década de 1990, Moreno alternó su trabajo como abogado y juez, y en ocasiones desempeñada ambos cargos casi al mismo tiempo. No es inusual en Venezuela, que algunos abogados trabajen casi en forma simultánea como jueces.

Pero la elección de algunos de los casos de Moreno generó lo que los críticos consideraron conflictos de intereses. En un episodio, defendió a un sospechoso en un prominente juicio de homicidio, y luego, como juez escuchó cargos relacionados contra otro sospechoso.

Ambos casos están relacionados con muertes por disparos ocurridas durante un fallido golpe de Estado contra Chávez en abril del 2002.

Durante el golpe, se registraron disparos cuando los partidarios de la oposición marchaban hacia el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia. Más tarde, testigos dijeron que vieron a francotiradores en azoteas, pistoleros en un puente y agentes de la policía con armas de fuego en medio del tiroteo.

Cuando la violencia cesó, 19 personas estaban muertas.

Críticos y seguidores de los gobiernos de Chávez y Maduro aún cuestionan el evento, que ha alimentado años de controversia y juicios.

Richard Peñalver, un partidario del chavismo acusado de ser uno de los tiradores, contrató a Moreno como su abogado defensor. En el 2003, Moreno aseguró la absolución de Peñalver, una victoria para el lado progubernamental.

Poco después, pero esta vez como juez de instrucción, Moreno accedió a dirimir si se debía presentar un caso contra Iván Simonovis, un excomisario de la policía de Caracas que enfrentaba cargos relacionados con cuatro de las muertes.

Adversarios de Gobierno argumentaron que los cargos fueron manipulados y que Simonovis se estaba convirtiendo en un chivo expiatorio. También percibieron un conflicto relacionado a Moreno, debido a su papel en exonerar a Peñalver.

Aunque la defensa le pidió a Moreno que se recusara, según uno de los abogados y un miembro de la familia Simonovis, él se negó y envió el caso a un juicio donde Simonovis fue condenado al año siguiente y sentenciado a 30 años de prisión.

Al excomisario, quien está bajo arresto domiciliario por sufrir de una enfermedad, no le está permitido, según los términos de la sentencia, conversar su caso con Reuters.

Pocos jueces estuvieron dispuestos a escuchar el polémico caso.

“Ninguno de nosotros quería hacerse cargo de casos políticos”, dijo a Reuters un exjuez del TSJ. “Aunque Maikel sí, para congraciarse” con el Gobierno de Chávez.

Moreno se estaba acercando cada vez más a figuras de poder, sobre todo a la influyente Flores y a su novio: el confidente y futuro sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. El magistrado y la poderosa pareja empezaron a tener contacto regular, dijo el exjuez.

Fue entonces cuando Moreno comenzó a ejercer su poder sobre otros jueces.

En el 2004, Luis Meléndez, un juez de Caracas, grabó una conversación telefónica en la que Moreno dijo estaba llamando en nombre de José Vicente Rangel, entonces vicepresidente del país.

Preocupado por una llamada previa que había recibido de Moreno, Meléndez grabó la segunda conversación y la entregó a los inspectores internos de la judicatura.

En una copia de la grabación a la que tuvo acceso Reuters, se escucha a Moreno presionando a Meléndez para que libere a Saúl Cordero, un presunto criminal acusado en ese entonces de tráfico de drogas y armas.

Reuters también revisó una transcripción de la llamada impresa en una hoja con el membrete del Tribunal Supremo como parte de la investigación que se le siguió a Moreno en 2006.

“Lo importante es que esté afuera”, dijo Moreno a Meléndez. “Lo que se le tenga que hacer”.

Un alto funcionario del Gobierno y otra persona familiarizada con la grabación dijeron que era auténtica.

Saul Cordero, director de la policía municipal de Caroní (Estado Bolívar) durante la gestión del alcalde José Ramón López.

No quedó claro si Meléndez liberó a Cordero. Pero el acusado nunca fue juzgado por estos cargos y eventualmente fue nombrado jefe de la policía por un alcalde progubernamental en el municipio Caroní, al sur de Venezuela.

Reuters no logró contactar a Cordero, Meléndez ni a Rangel, para que hicieran comentarios.

“GRAVES ERRORES JUDICIALES INEXCUSABLES”

En 2006 la llamada telefónica y el polémico papel de Moreno en los juicios por los sucesos del 2002 eran cada vez más conocidos en los círculos judiciales, según jueces, abogados y otros funcionarios en ese momento activos. El Tribunal Supremo ordenó a su división de seguridad que lo investigara.

El informe de inteligencia resultante sacó a la luz alegatos que acabaron con la primera etapa de Moreno como juez.

El informe sostuvo que los esfuerzos de Moreno para afectar resultados judiciales fueron más allá de sólo presionar a sus colegas.

Citó el testimonio de numerosos testigos que alegaban que Moreno participó en una presunta banda de extorsión -conocida como “Los Enanos”- que se aseguraba pagos de los acusados a cambio de sentencias indulgentes o absoluciones.

Sin embargo, Moreno nunca fue acusado por nada relacionado con supuesta extorsión.

Pero su comportamiento, advirtió el informe, era una amenaza para los tribunales, Chávez y “la Revolución”.

En el 2007, el Tribunal Supremo encontró a Moreno en desacato y lo destituyó como juez de un tribunal de apelaciones. Citando “graves errores judiciales inexcusables”, la máxima corte determinó que Moreno había liberado indebidamente a dos sospechosos de asesinatos, de acuerdo con su fallo.

Reuters no pudo determinar los motivos que llevaron a Moreno a liberar a los dos sospechosos.

A pesar de su expulsión, Moreno mantuvo la calma, según personas que conversaron con él en ese momento. Aliados como Maduro, a quien Chávez nombró como ministro de Relaciones Exteriores, lo ayudarían.

“Maduro y Cilia me protegerán”, dijo Moreno a Ramiz, de acuerdo con el exdueño de la aerolínea, que recuerda una charla con el magistrado poco después de su destitución. Ambos habían mantenido la amistad incluso luego de que Moreno dejara Aeropostal.

Casi de inmediato, Maduro envió a Moreno a un puesto diplomático en Roma. Luego de un año, Maduro lo despachó a Trinidad y Tobago, un país caribeño más cercano a su hogar, en donde ocupó un cargo de negocios en la embajada de Venezuela hasta el 2010. Más tarde, Moreno regresó a Caracas y estudió un doctorado.

Chávez, afectado por el cáncer, murió en marzo del 2013. Maduro, entonces en la vicepresidencia, sucedió a Chávez al siguiente mes, y semanas más tarde, se casó con Flores, que se convirtió así en su primera dama.

Con sus aliados en el poder, Moreno revivió una carrera judicial que según tres jueces superiores habría permanecido moribunda sin esa conexión de alto nivel, dado su arresto por el asesinato en 1989 y su posterior expulsión del sistema judicial.

La Constitución venezolana de 1999, reescrita por Chávez, establece que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia debe “gozar de buena reputación”.

En el 2014, Maduro incorporó a Moreno, ya con un nuevo doctorado en derecho constitucional, en el máximo tribunal.

Desde ese momento, la influencia de Moreno creció.

En febrero del 2017, Maduro lo nombró presidente de la máxima corte, lo que enfureció a sus críticos, incluida Gabriela Ramírez, la entonces defensora del pueblo.

Ramírez intentó infructuosamente desmontar el nombramiento, citando los cargos por los que había sido Moreno expulsado del tribunal de apelaciones.

Con Moreno como líder de la justicia, el TSJ procedió a desechar todos los recursos legales presentados en la máxima corte del país que han desafiado la autoridad de Maduro.

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Con reporte adicional de María Ramírez en Bolívar, Deisy Buitrago, Alexandra Ulmer, Corina Pons, Brian Ellsworth, Andrew Cawthorne y Andreína Aponte en Caracas, Victoria Bryan en Berlín, Stephanie Nebehay en Ginebra y Jorge Pineda en Santo Domingo.

Editado por Brian Ellsworth, Andrew Cawthorne, Paulo Prada y Michael Williams.

Escrito en español por Eyanir Chinea y Deisy Buitrago.

Editado en español por Pablo Garibian.

La Crueldad

Alberto Barrera Tyszka, Prodavinci

Ahora pareciera que cada noticia necesita una ambulancia. No es posible ver y escuchar lo que ocurre y no dar un alarido. Cada vez tenemos más sangre que palabras. El gobierno ha terminado convirtiendo la violencia en su único espectáculo.

El chavismo pasará a la historia como el poder que disfrutó ejerciendo el terror.

Frente a la simple idea de estar cada vez más obligados a negociar, el oficialismo reacciona con una saña todavía mayor: la represión con cinismo, la violencia celebrada, la brutalidad como goce.

Solo así puede explicarse el infierno sistematizado que estamos viviendo y viendo día a día en el país. Las detenciones arbitrarias, el robo a los manifestantes, las golpizas salvajes y en cayapa a cualquiera que se descuide sobre la calle, los juicios express y las condenas por traición a la patria, los traslados a los distintos reclusorios, las torturas, los asesinatos… no es una “violencia desmedida”.

Por desgracia es todo lo contrario: es una violencia perfectamente medida, administrada con rigor, ordenada y ejecutada militantemente. Los excesos de los uniformados no son un desorden. Son un orden. Una orden.

Pero, luego, la violencia permanece y adquiere otra forma terrible: se convierte en humor, en festejo, en placer.

Creo que nunca antes en el país, al menos en la historia política del siglo XX, tuvimos un gobierno que celebrara de esta manera la muerte. El oficialismo ha logrado alcanzar un grado de delirio inconmensurable.

Promueve que perseguir, detener, saquear, golpear, torturar o matar estudiantes, es una virtud. Cuando Maduro condecora al Coronel Lugo está, en el fondo, practicando un rito fúnebre.

Es un acto que no solo permite sino que además honra la violencia sobre la ciudadanía, que enaltece los golpes sobre la experiencia de la democracia. Es otra manera de bailar delante de los cadáveres. Es otra forma de decir “no me importa nada”.

Esta es la única oferta que hoy el chavismo le hace al país: la crueldad. Este es su programa político. Se deleitan con el dolor ajeno.

Demuestran que el país, en el fondo, no les duele. Que el afecto no es su problema. Que son capaces de ejecutar a cualquiera sin remordimientos. Eso hacen con la Fiscal, con Roberto Picón, con todos los detenidos, con quienes salgan a manifestar…

Siguiendo la misma lógica bélica, los cuerpos de seguridad también se comportan como un ejército en territorio enemigo, extranjero. Vienen a saquear y a liquidar, tienen que arrasar con todo. Por eso son crueles y celebran su crueldad. La expone. La muestran con orgullo. No solo creen que es necesaria. Piensan incluso que es buena, noble. Por eso premian sus propios crímenes.

Después de casi 20 años, por desgracia hemos encontrado el gran logro de la revolución: la crueldad. El hombre nuevo es un refrito de lo peor del hombre viejo.

El hombre nuevo es un delincuente con carnet. El hombre nuevo es un asesino con charreteras.

El hombre nuevo no se conmueve con nada. Disfruta el dolor de los otros. Cree que el sadismo también es bolivariano. Se ríe de todo lo que pasa. Nunca pregunta. Dispara primero y, después, vuelve a disparar.

¿Dónde ponemos la rabia?

Milagros Socorro, ClÍmax @MilagrosSocorro                                   Fotografía: AFP

La rabia, aunque justificada, no debe dominar las conciencias ni imponerse sobre la estrategia. Pero sí debe ser vista e incorporada en el relato. Respetada. La arrechera de unos y el despecho de otros cuentan. Y deben ser conducidos por los liderazgos. Este puede ser el momento de decidir qué vamos a hacer con nuestra rabia

La protesta pacífica es la estrategia de la oposición venezolana. Cuanto más pacífica, más eficiente. Cuanto más creativa, más impactante en la opinión pública y en el ámbito internacional.

Fuera de la paz, el régimen tiene todas las de ganar: la sociedad en rebelión no tiene armas ni tropas.

En la violencia la oposición no suma grupos que todavía no han abrazado abiertamente la causa democrática, esos chavistas temerosos de dejar la casa donde han estado por tanto tiempo, cómodos en el bando ganador, pero que ahora sufren también el deterioro de la vida cotidiana y el aumento del costo de vivir en Venezuela, además del rápido desprestigio que sufre el chavismo dentro y fuera del país.

En suma, el fin de la oposición es desnudar al régimen en su violencia, en su cruel represión, dejarlo solo con sus métodos de castigo y revancha; y persistir en una línea de apego a la Constitución, de sacrificio personal del liderazgo y de quienes marchan, y de terca persistencia en la conducta pacífica. Sin embargo…

Sin embargo, hay grupos dentro de la oposición que no observan esta línea de conducta, tantas veces reiterada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y demostrada en los hechos con el comportamiento de los líderes, que han sido agredidos, golpeados, gaseados, una y otra vez, sin lograr que Capriles, María Corina Machado, Julio Borges, David Smolansky, Papparoni, Richard Blanco… se aparten ni un ápice de su consigna pacifista y, más bien, han puesto la otra mejilla. Sin embargo…

Sin embargo, decíamos, algunos no tienen esta capacidad de aguante ni esta claridad política. Algunos, los menos, por suerte, han dado a cauce a su rabia y ya vamos viendo muestras de violencia contra las fuerzas armadas, bandas de “escuderos” entre quienes se mezclan malandritos que aprovechan el caos para robar y ejercer un poder hostil sobre los vecinos; vemos un auge indiscriminado de escraches, que en más de una ocasión se ha cebado contra inocentes; y, sobre todo, vemos la escalada de un lenguaje agresivo, que ya va haciéndose parte del paisaje.

La ira desparramada favorece al régimen, siempre ganancioso en el tablero de la violencia. Pero la rabia existe, es inmensa y sigue creciendo.

Es un hecho y tiene mil justificaciones: el régimen chavista ha humillado al país con sevicia y sistematicidad; ha mentido hasta extremos inverosímiles; se burla del país, se ríe de sus dolores: Maduro menea sus masas vacunas al ritmo del merengue sobre los cadáveres de bachilleres sacrificados por la represión que él mismo ha ordenado; los militares castigan al pueblo que protesta por hambre, mientras en su cara le arrebatan los alimentos y los destinan al contrabando; los niños mueren de desnutrición y falta de atención hospitalaria; las fuerzas armadas matan jóvenes que protestan, los detienen y torturan, en complicidad con los colectivos/paramilitares; los oficiales venezolanos reciben órdenes de los cubanos; el Banco Central de Venezuela (BCV) hipoteca la economía de varias generaciones; los cuatro co-dictadores violan la Constitución para eternizarse en el poder y no enfrentar la justicia internacional, que los ha puesto a encabezar el elenco de los más buscados; los venezolanos no tenemos futuro y las mínimas rendijas que todavía percibidos son clausuradas con saña por el régimen militaristas; mientras nuestros hijos pasan trabajo y horribles dificultades, los “enchufados” adquieren propiedades en el mundo libre y se dan la gran vida.

La lista de razones es mucho más larga. Es atroz. Muy pocos países han sufrido tan intenso y sádico castigo. Estaríamos locos si no estuviéramos furiosos.

Pero no solo hay rabia. También hay frustración y despecho. La frustración es alimentada por las consignas de cierto liderazgo que, con frivolidad, se ha permitido prometer aquello de lo que no tiene certeza: “Falta poco”, “ya Maduro está caído”, “si la gente sale a protestar masivamente, los militares se pondrán del lado de la Constitución”… Nada de eso ha ocurrido. Y nadie puede saber cuánto falta, ni cuándo se iniciará la transición, ni siquiera si esta va a ser menos dolorosa de lo que está siendo la postrimería de la dictadura, que, sin duda, está en su fase final, pero que no sabemos cuándo durará esta agonía. Cada hora cuenta, cada hora la situación de Venezuela se agrava. Esto es cierto. Pero nadie puede decir cuánto falta.

Por eso, nadie puede afirmar de manera responsable que falta poco, porque en términos históricos, efectivamente, falta poco, pero a escala de la vida humana puede ser una eternidad.

Y también está el despecho de quienes creyeron en el chavismo y ahora no encuentran el más mínimo indicio para persistir en su fe. Como es bien sabido, el despecho viene con tristeza y abatimiento, pero también con mucha rabia, que aumenta en la medida en que se fortaleza la certeza de que el amado no volverá, que no era lo que pensábamos y que nos dejó tirados en la cuneta. Ese despecho es tributario también de la rabia que palpita en Venezuela.

No digo que la rabia, como es muy justificada, debe dominar las conciencias, imponerse sobre la estrategia y fluir libremente. Muy lejos de eso. Postulo que debe ser vista, reconocida, incorporada en el relato y respetada.

La arrechera de unos, el despecho de otros. Y debe ser conducida por los liderazgos. Todos los liderazgos. Este puede ser el momento de decidir qué vamos a hacer con nuestra rabia. No debería dejarse para la transición, cuando la ira puede convertirse en deseo de venganza y, por tanto, obstáculo para la necesaria reconciliación y la gobernabilidad.

El liderazgo es, por fuerza, pedagógico. Miremos de frente nuestras emociones, no las neguemos ni subestimemos.

Y no dejemos que nos dominen. Siempre estaremos a tiempo de poner nuestra rabia en el camino correcto: como combustible de la lucha por el amanecer de Venezuela.

Estas son las reglas manipuladas para ganar la ANC con el 20% de los votos

Héctor Briceño (*) Prodavinci

Las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente presentadas por el presidente Nicolás Maduro, representan un intento por resolver el problema que el gobierno ha estado evadiendo desde el 2016:

¿Cómo ganar elecciones con el 20% (quizás 30%) de los votos? O dicho de otra forma: ¿Cómo ganar perdiendo?

Con este objetivo, el chavismo diseñó un proceso electoral que le permita maximizar la utilidad de la distribución de sus escasos apoyos electorales a través de dos métodos: la sectorización y la municipalización electoral.

El primero de los mecanismos es excluyente, puesto que los 8 sectores propuestos por el Presidente (indígenas, estudiantes, campesinos y pescadores, empresarios, personas con discapacidad, pensionados, consejos comunales, comunas y trabajadores) no son exhaustivos; es decir, una gran cantidad de venezolanos no formará parte de ninguno de los sectores y por tanto tendrán una menor incidencia en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, al no poder ser ni candidatos ni electores en ningún sector.

El segundo criterio, la municipalización, viola el principio democrático “un hombre, un voto de igual peso”. La clave en este diseño electoral está en desvincular el número de escaños o constituyentistas a elegir en cada municipio del peso poblacional de dicho municipio respecto a la nación.

En este sentido, las bases comiciales asignaron un constituyentista para cada municipio y dos a los municipios capitales de estado. Siendo los constituyentes de municipios capitales, electos bajo el criterio de listas proporcionales.

Como consecuencia, este mecanismo de manipulación electoral genera un desequilibrio denominado “malaproporcionamiento”, según el que las zonas más pequeñas del país tienen igual o mayor incidencia en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Así, por ejemplo los municipios Maroa, Río Negro y Manapiare (todos del estado Amazonas) tendrán derecho a un constituyentista cada uno, aún cuando cuentan con tan solo 1.939, 2.041 y 3.625 electores respectivamente.

En total, estos tres municipios de 7.605 electores, tendrán más representantes que el municipio Maracaibo del Estado Zulia que con 941.974 electores, solo tendrá derecho a elegir 2 representantes ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Pero para entender la magnitud de la manipulación, podemos agregar que el estado Táchira con 825.913 electores (117.253 electores menos que el municipio Maracaibo) podrá elegir a 30 constituyentistas (28 más que la capital zuliana).

El malaproporcionamiento llevado a estos niveles extremos produce una gran desigualdad, dividiendo a los ciudadanos en dos grandes bloques: aquellos sobrerrepresentados que tienen mayor influencia en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, y los subrrepresentados que tienen menor influencia.

Para analizar este efecto podemos utilizar el indicador de “poder de voto”.

El poder de voto ideal (igualitario) se calcula dividiendo el total de constituyentes territoriales a escala nacional (364) por el total de electores en el país (19.392.760).

Para comparar el poder de voto real de los ciudadanos de cada municipio según las bases comiciales, se divide el número de constituyentes por municipio entre su número de votantes. Se estandariza el poder de voto ideal a 1, y luego de estandarizar los poderes de voto municipales, se compara el poder de voto de cada municipio con el ideal.

De esta forma aquellos ciudadanos en municipios con un poder de voto superior a 1 se consideran con “más poder que el ideal”; los municipios donde el poder de voto es menor a uno se consideran con “menos poder que el ideal”.

En otras palabras, los votos de los ciudadanos de algunos municipios tienen más valor que los votos de ciudadanos de otros municipios, a la hora de elegir a los constituyentes territoriales.

Los resultados reflejan que estados y municipios con un número de electores reducido tienen un poder de voto mayor que municipios con poblaciones más grandes.

Así, el municipio Maroa en el estado Amazonas, con 1.939 votantes, tiene un poder de voto 250 veces mayor que el municipio Maracaibo del estado Zulia con 941.974 votantes.

En términos nacionales, el gobierno tiene ventaja política en la mayoría de los municipios con poder de voto desproporcionados a su número de electores.

Pero, ¿por qué este diseño?

Dos variables explican la lógica tras este diseño de distribución desigual de los escaños.

En primer lugar, el intento de aprovechar el apoyo electoral obtenido por el gobierno tradicionalmente en las zonas rurales y poblaciones más pequeñas.

La relación entre las variables tamaño de la población y el apoyo político han sido constantes al menos desde el 2004 en el país. De esta forma, las zonas de menor población han apoyado mayoritariamente al chavismo, mientras que las grandes ciudades han decantado por los principales bastiones opositores.

Así, en las elecciones del 2015, el gobierno logró mantener el apoyo en las zonas rurales y pequeñas, lo que le permitió imponerse en 164 municipios del país mientras que la oposición ganó en 171.

En el 2015 la oposición alcanzó 7.706.749 votos (equivalente al 58% de los votos emitidos) mientras el gobierno obtuvo 5.571.685 votos (equivalente al 42%). Con ellos, la oposición logró 112 diputados (equivalente al 67% de los escaños) y el gobierno 55 diputados (correspondientes al 33%).

Ahora bien, si utilizamos esos mismos resultados electorales, y les aplicamos las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, entendemos claramente las intenciones detrás de los criterios.

Con ellos el gobierno obtendría 184 constituyentistas (equivalentes al 51% de los 364 territoriales), mientras la oposición alcanzaría 180 (equivalentes al 49%).

Pero el segundo criterio que explica la decisión de selección de los constituyentistas en los municipios es aún más perverso.

Se trata de utilizar todos los mecanismos de control político sobre las pequeñas poblaciones que han sido leales al chavismo. Amor con amor se paga. Misiones y bases de misiones, CLAP, Consejos Comunales, Carnet de la Patria, Colectivos y demás mecanismos de chantaje serán utilizados en las poblaciones más pequeñas, aquellas donde los medios de comunicación no pueden llegar, donde las redes sociales no penetran, donde las cámaras de videos de los celulares inteligentes no han llegado aún.

Con esta normativa el gobierno promete abandonar las ciudades, para volcarse sobre los ciudadanos más desprotegidos.

No obstante, los mismos resultados de las elecciones del 2015 arrojan datos interesantes.

La oposición perdió en 57 municipios por un margen igual o menor al 10% y en otros 27 por un margen de 11% y 15%. Todos estos municipios podrían convertirse en nuevos opositores. Si eso sucediera, la oposición obtendría 264 constituyentistas territoriales quedando a tan solo 9 de la mayoría simple (273).

El análisis hasta aquí presentado muestra claramente que el problema no son los votos, sino la manipulación de un diseño electoral pensado para imponer un modelo independientemente de la voluntad del pueblo.

Esto nos lleva a voltear la mirada sobre la elección sectorial, pues será esta la que serviría para consolidar una mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente.

Y aunque hasta el momento desconocemos las condiciones en las que se llevará a cabo esa elección, ya hay grandes dudas respecto a muchos puntos. Algunos de gran importancia:

¿Cómo se construirán los registros electorales sectoriales?

¿Cuál institución validará y aprobará los registros?

¿Serán auditados? ¿Por quién?

La normativa electoral obliga a la Asamblea Nacional a validar las proyecciones de población para distintos procesos electorales. ¿No debería también validar las estadísticas sectoriales?

Adicionalmente existen grandes dudas sobre el proceso electoral en general. Por ejemplo:

¿Contará la elección con observación electoral nacional e internacional?

¿Qué organizaciones podrán presentar testigos electorales?

¿Los gremios?

¿Los partidos?

Y sobre la campaña electoral, ¿cómo se regulará el acceso a los medios? ¿Cómo será el financiamiento de las campañas?

A estas preguntas debemos añadir los problemas tradicionales que hemos venido arrastrando de procesos electorales anteriores: las violaciones a los derechos políticos mediante inhabilitaciones, el uso de los recursos públicos en campaña por parte del partido de gobierno, el sesgo institucional del árbitro electoral y de las instituciones del Estado en general.

Finalmente, está el apuro con que se pretende realizar este proceso. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció que el proceso de postulaciones abre el próximo 31 de mayo y 1 de junio del 2017.

Pero, ¿es posible construir una oferta electoral en el ámbito municipal en menos de una semana?

¿Es posible recoger 3% de firmas del Registro Electoral en una semana?

Además, ¿serán validadas estas firmas con la misma rigurosidad con que han sido analizadas las firmas de apoyo al Referendo Revocatorio presidencial promovido el año pasado o la validación de partidos de este año?

Todo apunta a que no será así. Y que el ventajismo ascenderá un nuevo escalón, pues el chavismo en su espiral de impopularidad desconfía incluso de la lealtad del 20% del electorado que aún lo apoya, por lo que seguirá manipulando las normas electorales hasta generar un mecanismo en el que pueda ganar la elección, sin votos.

(*) Héctor Briceño es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Jefe del Área Sociopolítica del Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES)

Cuatro escenarios políticos en Venezuela

Michael Penfold, Prodavinci (*)

En Venezuela ningún escenario luce aún definitivo: ni los buenos ni los malos.

Las posibilidades de que distintos factores políticos o sociales aceleren un proceso de cambio, que impliquen restaurar el estado de derecho y la democracia, dependen en estos momentos de dos condiciones que son absolutamente fundamentales.

La primera condición es que la movilización ciudadana y la unidad de la oposición se logren consolidar cada vez más tanto en su intensidad como en su alcance social.

Tan sólo un aumento de los costos en los que incurre el gobierno por el uso de la represión para tratar de desmovilizar a la sociedad, puede obligarlos (sea por presión militar o internacional) a dar concesiones que precipiten un proceso de transformación política que sea irreversible.

Esto explica por qué la sociedad venezolana lucha con tanta intensidad en las calles: para los ciudadanos la resolución de la crisis actual es un asunto existencial pues representa su única garantía para poder restablecer sus derechos individuales frente a la vocación autoritaria de un gobierno que suspende elecciones, disuelve los poderes públicos y convoca inconstitucionalmente una Asamblea Nacional Constituyente sin someter la iniciativa y sus bases comiciales a un referendo.

En el marco de esta movilización ciudadana, que también incluye la represión estatal y la violencia paraestatal –que es el cuadro que mejor caracteriza al país en estos momentos–, surge un instante en el que la diferencia entre el costo de reprimir o hacer concesiones significativas, comienza a ser una disyuntiva real tanto para el gobierno como para los militares, frente al riesgo cada vez más alto de perder el poder y ser desplazados por algún tipo de alternativa.

Es difícil estimar qué tan próximos estamos de este punto de inflexión, pero hay muchos indicios que sugieren que no estamos tan lejos: la intensidad y continuidad de las protestas, el espectro del descontento social, la crudeza y crueldad del uso de la violencia por parte de los entes de seguridad, el derrumbe de los elementos simbólicos de la revolución, como la estatua de Chávez en Machiques, y la indisposición que muestran algunos oficiales de bajo rango de la Guardia Nacional Bolivariana a la hora de reprimir a la población que reclama sus derechos.

La segunda condición, que está íntimamente vinculada con la primera, es la necesidad de que los conflictos internos dentro del chavismo y aquellos dentro del mundo militar, se hagan cada vez más visibles, sobre todo en torno a qué tipo de concesiones deben realizarse tanto en el frente político como en el económico para poder enfrentar el descontento social.

En la medida en que aparezcan grupos muy bien definidos dentro del chavismo que piensen que aun haciendo concesiones significativas a la oposición, ellos pueden llegar a influir en las características y los tiempos de este proceso de cambio, en esa misma medida la influencia de los radicales se verá seriamente cuestionada.

Por el contrario, si el chavismo percibe que no hay futuro sin el presidente Maduro, pues no hay quien los proteja, entonces difícilmente surjan estos conflictos, y el chavismo se cohesionará alrededor de su destino.

Esto es lo que algunos llaman el costo de salida.

Si perciben, en cambio, que estos grupos tienen cómo influir decisivamente en el proceso, inevitablemente apostarán por el mismo.

Este cálculo es uno que ya deben estar haciendo no sólo algunos políticos dentro del PSUV sino también muchos actores en las esferas militares. Este es el famoso tema de las garantías. Y no es un tema menor. Es el corazón del dilema del cambio político en Venezuela.

La aparición de este tipo de fracturas tampoco es inevitable.

Hasta ahora es el frente que mejor ha resguardado el gobierno tanto a nivel partidista como militar. Los radicales han logrado mantener un férreo dominio sobre todo el proceso de toma de decisiones (tanto en el plano económico y político así como en el de la seguridad). Y este grupo se ha encargado de recordar que cualquier concesión es una traición a la revolución y elevan su credibilidad al incrementar cada vez más los castigos a cualquier facción disidente y al aumentar el uso de la represión hacia la misma oposición.

Este fuerte control es lo que impide asegurar que en estos momentos estemos viviendo una transición democrática (como han dicho algunos) cuando la realidad es que estamos presenciando, más bien, un proceso de formalización abiertamente autoritaria del ejercicio del poder.

Sin embargo, las diferencias dentro del chavismo, en especial alrededor de los temas relativos a la suspensión de las elecciones regionales y locales, la írrita convocatoria a la constituyente, el uso de la violencia y el dramatismo de la situación económica y social, comienzan a hacerse cada vez más palpables e irreconciliables.

Las declaraciones de Luisa Ortega Díaz denunciando la violación de los derechos ciudadanos durante las protestas así como su pronunciamiento sobre la necesidad de promover un proceso de negociación política para lograr reinstitucionalizar el país; las opiniones de Isaías Rodríguez sobre la obligación de someter a un referendo la iniciativa del Ejecutivo para que sea el pueblo quien convoque directamente a una Asamblea Nacional Constituyente; y la carta de un músico del prestigio internacional de Gustavo Dudamel –una figura simbólica muy importante para el mundo chavista–, en la que condena moralmente la violencia y la falta de apertura democrática, prefiguran la profundidad de este tipo de fracturas.

Estas mismas grietas también se deben estar comenzando a observar en el mundo militar.

El cruce de estas dos condiciones dibuja los escenarios futuros para el país.

Algunos de estos escenarios son pesimistas pero también hay otros que son luminosos. Creo que todos son probables, unos más que otros, pero confieso que mi percepción es que esa probabilidad de ocurrencia no son significativamente muy diferentes, por lo que me parece ilógico no describirlos e incluso absurdo eliminarlos.

Eso hace que el futuro sea muy incierto, lo cual explica parte de la angustia que experimentamos. Muchos piensan que nuestro futuro es binario y sin duda es imposible negarles la razón y también lo creen los jóvenes en la calle: dictadura o democracia.

Otros analistas, como mi amigo Luis Vicente León, concuerdan en que los escenarios son igualmente binarios pues las alternativas se reducen sustancialmente debido a los altísimos costos de salida para el chavismo: represión o negociación. Mi impresión es que los escenarios son un poco más variados (incluso algunos vienen en modalidades diferentes) y confieso que todos son inestables (y en todos vamos a tener que comernos algunos sapos y seguramente una culebra).

En este sentido, los escenarios que voy a describir son complejos e inciertos; la sostenibilidad política de ninguno de estos mundos está plenamente garantizada.

Es importante aclarar que un ejercicio de esta naturaleza siempre conlleva proyectar en el tiempo futuro una narrativa totalmente ficticia (aunque probable) de los distintos escenarios, todo ello a partir de unas variables críticas que han sido identificadas; en ningún momento los escenarios que describo aspiran predecir los eventos que van a ocurrir en el país (ese es un don del que solo gozan los videntes).

Muchos me preguntan con insistencia si realmente es posible un escenario de cambio democrático porque todos aspiramos tener otro futuro y los que están afuera desean volver a nuestro querido país.

Mi respuesta siempre es la misma:

El cambio democrático requiere de dos factores: movilización ciudadana y capacidad de negociación para generar acuerdos mínimos. Sin ambos instrumentos es imposible promover un proceso de democratización en Venezuela.

En nuestro país, lamentablemente, a veces tendemos a contraponer la calle con los acuerdos y la negociación. Es la triste herencia de octubre pasado al no priorizar y mantener la calle (para complacer al Vaticano en una mediación inoportuna) cuando el gobierno suspendió arbitrariamente el referendo revocatorio.

Sin embargo, si aceptamos la utilidad de ambos instrumentos, entonces el futuro de Venezuela es promisorio, pues estaremos abordando el mayor reto del país: su institucionalización política y económica con control ciudadano.

Estos son los escenarios:

La Negociación

Los militares retiran su apoyo al gobierno ante los altos costos de sostener la represión pero tampoco están dispuestos a aliarse con la oposición para protagonizar una insurrección. Obligan a los más radicales –con apoyo de la comunidad internacional y en especial del Vaticano, pero esta vez sin la presencia de los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos– a negociar sus condiciones de salida dentro del marco de la Constitución actual.

Los militares instrumentalizan la inevitabilidad de la renuncia del Presidente e imponen a un sustituto de mutuo acuerdo –que fue nombrado poco antes como vicepresidente– y que tiene como objetivo conducir un gobierno transitorio. La Constitución se mantiene intacta.

Los militares fundamentan esta decisión argumentando que se hace imperativo tener un personaje que sea confiable para ambos bandos para poder hacer la “triangulación”.

Durante la negociación, la oposición se ve obligada a aceptar todo tipo de amnistías y garantías a cambio de un proceso electoral futuro que sea competitivo y transparente.

El Tribunal Supremo de Justicia queda en manos del chavismo para garantizar que todos los acuerdos sean efectivamente respetados. También exigen que la Constitución sea reformada para garantizar que estos mismos acuerdos queden incorporados en la carta magna y los militares también obtienen mayores fueros y prebendas.

La oposición logra restaurar las prerrogativas de la Asamblea Nacional, institucionalizan la independencia del CNE y logran reducir el periodo presidencial de seis a cinco años sin referendo revocatorio y prohíben la reelección presidencial.

Se realizan elecciones regionales y locales. La comunidad internacional presiona exitosamente para que se liberen a los presos políticos y se eliminen sus inhabilitaciones pero todos los candidatos presidenciales postergan sus aspiraciones para permitir la materialización del acuerdo facilitado por la comunidad internacional y ejecutado por el presidente que “triangula”.

El nuevo gabinete aborda las reformas para estabilizar la economía e implementar el plan de emergencia social con amplio apoyo multilateral. Las elecciones competitivas y abiertas se pautan en un tiempo prudencial una vez que todos los acuerdos políticos se hayan verificado y las reformas económicas se hayan implementado.

Nuevas Alianzas

Ante la intensificación de la movilización ciudadana y el recrudecimiento de la represión y el intento del Presidente Maduro de insistir con la convocatoria del proceso Constituyente, unos diputados moderados del chavismo deciden rebelarse en la Asamblea Nacional.

Un grupo de ocho legisladores del PSUV amenaza al ala más radical con votar conjuntamente con la bancada opositora si Maduro no es obligado a renunciar y sustituido por un nuevo líder del partido. Aquí se abren dos modalidades de cambio: acuerdos dentro del chavismo o acuerdos con la oposición.

En el primer tipo de acuerdos, el chavismo se renueva y los radicales ceden ante la amenaza de los moderados; el chavismo se aglutina nuevamente alrededor de un nuevo líder y deciden abordar la crisis económica con apoyo de los organismos internacionales y los chinos.

El nuevo Presidente no negocia con la oposición pero acepta hacer algunas concesiones parciales como liberar a los presos políticos y fijar un cronograma electoral para comicios regionales, locales y de Presidente que favorezca al chavismo, es decir, que les compre suficiente tiempo. Sin embargo, las inhabilitaciones se mantienen.

La revolución continúa. El nuevo Presidente mejora sus niveles de aceptación y la elección se hace mucho más pareja pero no es perfectamente competitiva.

En la segunda modalidad de este mismo escenario, la Asamblea Nacional, ahora con una renovada mayoría calificada de las dos terceras partes, gracias a la alianza entre la disidencia chavista y la oposición, y con el apoyo internacional e incluso con la anuencia de los militares, logra cambiar la composición del TSJ y del CNE.

También logra remover al Presidente y su vicepresidente. Un nuevo gobierno transitorio es escogido por la misma AN para cubrir el resto del periodo presidencial y reconocido por la comunidad internacional y las fuerzas armadas.

Los presos políticos son liberados. La comunidad internacional respalda todas las decisiones del gobierno de amplia base y provee financiamiento para el programa de estabilización y emergencia social.

Se mantiene la actual Constitución aunque se prohíbe la reelección presidencial. El programa de estabilización y emergencia social es respaldado por ambas fuerzas políticas, incluyendo los organismos internacionales y también los chinos.

La Imposición

En este escenario el gobierno logra doblegar las protestas a través de un uso desmedido de la represión que es tolerado por las fuerzas militares. La sociedad se desmoviliza gradualmente y las protestas se terminan concentrando tan solo en unos pequeños focos en la ciudad capital. La Rebelión de Abril es virtualmente derrotada.

El presidente Maduro avanza con la convocatoria a la Constituyente sin ningún tipo de referendo previo –a pesar de la crítica internacional y de la decisión de la oposición de no participar en ella–, lo que le permite suspender formalmente cualquier tipo de elección y utiliza mecanismos corporativistas para unificar de facto al chavismo alrededor de su figura presidencial. Venezuela materializa su salida de la OEA y Mercosur.

La crisis económica se profundiza y el estado comunal se consolida.

El Colapso

El gobierno de Maduro logra desmovilizar la Rebelión de Abril gracias a la incondicionalidad de los militares pero a un costo político interno muy alto. Los focos de protestas se mantienen.

La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente tampoco genera suficientes consensos dentro del gobierno. Todos los factores de poder coinciden en que la mejor Constitución es la de Chávez. La popularidad de Maduro se desploma y los moderados se rebelan pero tampoco pueden imponerse. El presidente Maduro logra sostenerse pero mucho más debilitado.

Tampoco hay elecciones (el chavismo promete de forma poco creíble alguna elección presidencial en el 2019 pues el TSJ validó que el inicio del periodo fue a partir de su juramentación en abril del 2013). La represión a los partidos opositores y el uso de inhabilitaciones se intensifica.

El gobierno continúa posponiendo las reformas económicas y se mantiene aferrado a los controles cambiarios y de precios. La producción petrolera acelera dramáticamente su caída ante la falta de inversión.

A mediados del 2018, a pesar de su voluntad de mantener los pagos de deuda, el gobierno hace default debido a su incapacidad para mantener los desembolsos frente a la caída de la producción petrolera y debido al tamaño de los compromisos financieros.

El país descubre que lo que resta de las reservas internacionales en oro no son tan líquidas pues ya han sido pignoradas. La emergencia social se intensifica. La inflación se acelera. El país se anarquiza. La emigración aumenta y la violencia organizada toma pleno control de las calles. El país termina de colapsar.

Transición sin Transacción

La sociedad intensifica su movilización y amplía la conexión con diversos sectores sociales en todo el territorio nacional. Los militares encuentran que el costo de sostener la represión es demasiado alto y le solicitan al presidente Maduro que negocie algunas concesiones sustanciales con la oposición.

El chavismo se mantiene unido alrededor de los más radicales –los moderados chavistas han sido silenciados– y deciden que no van a negociar otorgando condiciones previas y amenazan con ampliar aún más el despliegue de las milicias y los colectivos.

Los militares se rebelan ante la incapacidad del chavismo de otorgar algunas concesiones sustantivas y optan por aliarse con la oposición para darle la estocada final al gobierno. Triunfa la Rebelión de Abril y se convoca a elecciones generales. Es la transición sin transacción.

El nuevo gobierno afronta algunas reformas estructurales en la economía, a través de un programa de estabilización con el apoyo de diversas organizaciones multilaterales, pero con ciertas dificultades ante lo convulsionado del ambiente político, pues una parte del chavismo ahora está en la resistencia y denuncia que ha sido víctima de un golpe de Estado.

Los partidos políticos pactan una reforma constitucional. Los colectivos inician una nueva ola de violencia.

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Me gustaría culminar con algunas conclusiones que deben ser resaltadas. En todos los escenarios los militares son actores fundamentales, incluso en aquellos en los que las nuevas alianzas o la negociación, el asunto parece una transacción estrictamente política.

Otra conclusión que surge del ejercicio, es que muchos expertos internacionales y nacionales enfatizan la importancia que juegan los moderados de ambos bandos para garantizar un cambio democrático.

Mi impresión es que esta enseñanza para el caso venezolano es mucho más compleja y debe ser precisada: lo importante es que la oposición se mantenga unida más allá de la distinción entre moderados y radicales.

El cambio democrático es virtualmente imposible sin unidad. Más bien, lo fundamental es que los moderados surjan del lado del chavismo y jueguen un papel preponderante en la resolución de la crisis, especialmente en una ruta que involucre un papel protagónico que puede llegar a tener la Asamblea Nacional con el apoyo de la comunidad internacional.

Si la oposición luce dividida entre distintas etiquetas, entonces los incentivos para los chavistas disidentes de transar con la bancada opositora se van a ver seriamente afectada por una simple razón, que es que su amenaza frente a los radicales del gobierno se vuelve muy poco creíble y por lo tanto muy poco efectiva.

Finalmente, los militares siempre van a preferir una salida de la coyuntura actual a través de una negociación o un acuerdo entre chavistas o incluso un acuerdo en la Asamblea Nacional –por eso el afán del gobierno de insistir con la constituyente porque es la mejor manera de frenar cualquiera de estas otras alternativas (salvo la negociación)–.

De modo que si los militares irrumpen en la escena política venezolana, no será porque fueron convencidos por la oposición, lo cual me luce muy poco factible, sino porque los radicales chavistas ante la presión de calle y su ceguera política optaron por no negociar de una forma sincera, es decir, aceptando algunas condiciones previas como liberar a los presos políticos y abrir el canal humanitario.

Es evidente que los dilemas del país son complejísimos, pero también es cierto que tampoco son irresolubles, pues no hay una sola hoja de ruta sino varias.

 

(*) Investigador Global del Woodrow Wilson Center, Profesor Titular del IESA en Caracas y Profesor Invitado de la Universidad de Los Andes en Bogotá. Es Ph.D de la Universidad de Columbia especializado en temas de Economía Política y Política Comparada. Fue Director de Políticas Públicas y Competitividad de la CAF Banco de Desarrollo de América Latina. Es Co-autor junto con Javier Corrales de Un Dragón en El Trópico: La Economía Política de la Revolución Bolivariana (Brookings Institution) que fue seleccionado por Foreign Affairs como mejor libro del Hemisferior Occidental. Autor también de Dos Tradiciones, Un Conflicto: El Futuro de la Descentralización (Mondadori) Editor del Costo Venezuela: Opciones de Política para Mejorar la Competitividad y Las Empresas Venezolanas: Estrategias en Tiempo de Turbulencia.