Guía para identificar noticias falsas antes de reenviarlas

Juliana Gragnani / BBC News Brasil

KAKO ABRAHAM/BBC

Abres el celular y recibes una noticia que te mandó un amigo o un familiar. ¿Confirma completamente tus convicciones, te sorprende o te genera repulsión?

Según los especialistas, esa apelación a las emociones más inmediatas es una de las principales características del contenido falso.

Y la diseminación de noticias falsas con el objetivo de manipular la opinión pública es un asunto que cada vez preocupa más en todo el mundo.

Es un poco trabajoso comprobar la veracidad de un texto que te enviaron, pero vale la pena seguir algunos pasos en tu día a día para no convertirte, casi sin darte cuenta, en un vector de noticias falsas.

A continuación, te presentamos una guía para identificar noticias falsas y te damos algunas respuestas sobre este fenómeno cada vez más habitual.

Cinco consejos

  • Tómate un minuto y piensa. No te creas la noticia ni compartas el texto de inmediato.
  • ¿Te causó una reacción emocional muy grande? Desconfía. Las noticias inventadas se hacen para causar grandes sorpresas o rechazo.
  • ¿Confirma alguna convicción que ya tenías? También es una técnica habitual de las noticias inventadas. Desarrolla el hábito de desconfiar e investigar.
  • ¿La noticia está «pidiendo» que creas en ella o «muestra» por qué desconfiar? Cuando una noticia es cierta, es más probable que cite fuentes, que incluya enlaces y que cite documentos oficiales (en decir, que sea transparente).
  • Producir un reportaje tan pronto como acontecen los eventos toma tiempo y exige profesionales cualificados. Desconfía de las noticias «bomba» en el calor del debate.

No te dejes manipular por las noticias falsas. Imagen: GETTY IMAGES

Nueve pasos

1) Lee la noticia entera, no solo el titular.

2) Averigua la fuente.

  1. ¿Es una cadena de WhatsApp sin autoría o sin enlace? Desconfía y, preferentemente, no la compartas;
  2. ¿Tiene autoría? ¿Es una fuente legítima en la que hayas confiado en el pasado? Investiga el nombre del medio o del autor en Google para ver qué más hizo esa persona y para qué medios trabaja. Presta atención a si el sitio que reprodujo la noticia publica cosas solo de un lado político con algún sesgo ideológico.
  3. ¿Hace referencia a un medio de comunicación? Entra a la página web de ese medio para comprobar si la noticia está ahí.

3) Busca el titular en Google. Si es verdadera, es probable que otros medios confiables la hayan reproducido; si es falsa, puede que algunos sitios de verificación de datos hayan averiguado que es un rumor falso.

Los investigadores dicen que las noticias falsas pueden engañar a personas de cualquier edad. Imagen: REUTERS.

4) Busca los datos que se citan. ¿Se apropia de acontecimientos verificables? Si afirma que alguna autoridad dice algo, ¿hubo otros medios que reprodujeran lo que dijo?

5) Verifica el contexto, como la fecha de publicación. Sacar una noticia de contexto y divulgarla en una fecha diferente también es una forma de desinformación.

6) Pregúntale a quien te mandó la noticia de quién la recibió, si confía en esa persona y si logró verificar alguna información.

7) ¿Recibiste una imagen que cuenta una historia? Puedes hacer una búsqueda «inversa» de imágenes y comprobar si otros sitios la reprodujeron. Guarda la foto en la computadora y súbela en https://images.google.com/ o en https://reverse.photos/

8) ¿Recibiste un audio o un video con informaciones? Trata de resumirlas y búscalas en internet introduciendo las palabras clave y «WhatsApp».

9) Piensa en números: ¿la noticia cita cifras de investigaciones o de otros datos? Búscalos para ver si tiene sentido.

Fuentes: NewsLitTip, Consejo Nacional de Justicia de Brasil (CNJ), BBC, Factcheck.org

¿Qué son las «fake news» y por qué te deberían interesar?

Las noticias falsas son noticias fabricadas y comprobadamente falsas, normalmente hechas para perjudicar a otras personas y muchas veces con intereses políticos o lucrativos.

Siempre existirán, dice Sam Wineburg, profesor de historia en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, pero «en el pasado, eran reproducidas en periódicos o en papeles que circulaban de mano en mano».

¿Qué cambió? «Hoy una noticia falsa se puede viralizar en un instante. Las redes sociales permiten un alcance enorme. Además, hay más productores de información».

La difusión de noticias falsas preocupan a los especialistas en periodos previos a las elecciones. Imagen: GETTY IMAGES

El fenómeno empezó a analizarse más de cerca con la propagación de noticias falsas durante las elecciones estadounidenses de 2016, cuando Donald Trump fue elegido para la presidencia del país. También fue entonces cuando el término «fake news» (noticias falsas) comenzó a ser usado.

Hay investigaciones que dicen que las noticias falsas que circularon en las redes sociales durante ese momento pudieron influenciar el resultado.

El propio uso del término «fake news» es polémico porque Trump usó esa expresión para atacar a algunos medios estadounidenses. «Se politizó, ya no ayuda», dice Peter Adams, vicepresidente del área de educación en News Literacy, una institución que promueve la alfabetización mediática.

Por eso hay especialistas -como Adam- que prefieren hablar de «desinformación» o de «noticias falsas».

¿Y por qué debe importar?

«Porque la verdad es precisamente la base de la democracia. La calidad de la información está directamente ligada a ella», responde Wineburg.

Pero, ¿mucha gente cae en la trampa?

Sí. Un estudio publicado en marzo por investigadores del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), mostró que las noticias falsas se distribuyen más rápidamente y tienen más alcance que las veraces.

Según el informe, las noticias falsas tienen un 70 % más de probabilidad de ser retuiteadas (el estudio se centró en Twitter) que las verídicas.

Donald Trump popularizó el concepto de Fake News. Imagen: GETTY IMAGES

Hay varias teorías que explican por qué: la hipótesis de los investigadores del MIT es que nos gusta compartir noticias que muestren cómo nos sentimos.

Las noticias falsas causan más sorpresa y rechazo, mientras que las verídicas causan más ansiedad y tristeza. Cuando más sorprende algo, mayor es la voluntad de compartirla, observaron los analistas.

«Si algo te hace estar muy enojado o feliz, para un poco y piensa antes de compartir la noticia. Es como decir: ‘Si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea'», dijo Melissa Zimdars, profesora de medios en el Merrimack College, EE.UU., e investigadora sobre desinformación.

Pero cualquier persona puede caer en ello. Y la edad no importa.

«Los jóvenes pueden ser nativos digitales y aún así caer en la trampa. La gente confunde las capacidades para usar la tecnología con la sofisticación necesaria para entenderla», dice Wineburg

Y hace un paralelismo: es como hablar bien una lengua pero no comprender su gramática.

El rostro de la pobreza

Los embates de la Emergencia Humanitaria Compleja que se acentuó en el país mientras las riendas del Estado están en manos de Nicolás Maduro, cada vez se perciben con más fuerza.

La pobreza se instaló en hogares donde expulsarla luce como utopía.

Lo refleja la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), desarrollada por la Universidad Católica Andrés Bello, convertida en faro estadístico de Venezuela ante la ausencia de cifras oficiales sobre la realidad socioeconómica de la nación.

Los resultados de la edición 2019-2020 son dramáticos: 96,3% de los hogares viven en pobreza de ingresos y la tendencia de deterioro de la alimentación continúa, con solo 3% de ellos escapando de la inseguridad alimentaria.

Una crisis que borra nociones de clases sociales y avanza aceleradamente, con pobreza multidimensional creciendo de 51% en 2018 a 64,8% en 2019.

No son números fríos, sino la realidad recogida en las visitas a más 10.000 hogares venezolanos donde se tomaron más de 30.000 testimonios recopilados por centenares de encuestadores distribuidos a lo largo y ancho de la nación. Investigadores que observaron las postales de un país donde 79,3% de la gente no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos, al menos uno de cada cuatro hogares presenta la Inseguridad Alimentaria severa y unos 639.000 niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica.

Datos que generan alarma, pero que asumen otra dimensión cuando pasan a convertirse en un testimonio, como los que relatan quienes durante meses miraron de cerca el rostro de la pobreza, y escucharon a madres decirles, con voz quebrada o en llanto, que no tenían qué darle de comer a sus hijos. Voces como las contenidas también en este reportaje, las de involuntarios protagonistas del desastre nacional.

Con cada puerta que se abrió en el trabajo de campo que devino en la Encovi 2019-2020, incluyendo en lugares recónditos y rurales, se obtenía una nueva historia. Con suerte, la siguiente entrevista sería menos triste que la anterior.

En Carabobo abundan hogares abarrotados de niños que no van a la escuela (Cortesía Marian Serrano).

Cara a cara

«La pobreza te mira a los ojos«, dice Nelson Martínez, profesor de química de 45 años de edad, refiriéndose a su primer encuentro con la precariedad. Antes de ser encuestador para la Encovi 2019-2020 solo la había visto en fotografías de países declarados en crisis humanitaria. Ignoraba que la hallaría tantas veces repetida frente a sí mismo, y en la tierra que lo vio nacer, Yaracuy.

En muchas comunidades a las que llegó como encuestador vio elementos unificadores, transversales, comenzando por las decenas de niños que corrían sobre la tierra, pues no había asfalto, y en ropa interior. Allí solo bastaba que una persona adulta viera llegar a quienes se acercaban cargados de preguntas para que se regara la voz y fuesen invitados con insistencia a ingresar a hogares: la gente pensaba que la visita les aseguraría una bolsa de comida o un beneficio económico.

Así pasó en Los Cañizos, municipio Veroes del estado Yaracuy. «No parecía que ese lugar quedara en Venezuela. Allí vimos niños barrigones, cabezones, casas prácticamente abandonadas o infraestructuras donde no cabía más gente», cuenta.

Allí entrevistó a una mujer de 56 años de edad que vivía junto a tres hijos y 12 nietos en una antigua casa otorgada por gobiernos de la llamada «IV República». Otros dos hijos emigraron y a duras penas enviaban dinero, según escuchó. La mujer le dijo que los menores de edad asisten a la escuela solo cuando es seguro que les darán comida. De lo contrario, «no tiene sentido».

En los hogares que se visitaban se debía medir y pesar, con previa autorización de los padres, a los niños menores de cinco años. En los datos se reflejaba el impacto del hambre. «¿Cuánta carne compró?, ¿cada cuánto tiempo consume proteínas?, ¿qué tipo de comidas consume a la semana?, ¿considera que come bien?», eran algunas de las interrogantes que hacía Martínez en el apartado de seguridad alimentaria de la entrevista.

Hubo gente, a finales de 2019, que le admitió haber estado por más de 90 días sin comer carne. En febrero otras dijeron que no habían probado el primer pedazo de proteína en lo que iba de año 2020.

Encuestadores en Carabobo encontraron lugares que les recordaban a imágenes de África o Haití (Cortesía Marian Serrano).

Nelson Martínez relata que el choque con la realidad fue progresivo. Mientras se encontraban con historias cada vez más fuertes crecían las ganas de querer ayudar y, con ellas, la impotencia por no poder hacer mucho.

El profesor universitario agrega que hubo lugares donde parecía que la gente moría de mengua. Cuenta que visitó la casa de un hombre de unos 70 años que padecía de un cáncer ya avanzado. Vivía solo. Lo primero que le preguntó fue que si tras su visita se podría hacer la quimioterapia. La interrogante lo dejó atónito.

También pudo ser testigo de las condiciones en que se vive en zonas de Yaracuy. Había hogares donde se comía y dormía en el piso porque no había ni mesa ni cama. En otros, en lugar de baños había pozos sépticos, o alguna letrina. Más allá se mantienen los pisos de tierra, las paredes de bahareque, la falta de gas, las cocinas a leña, la luz intermitente y el agua de servicio deficiente.

Eran esas las «catacumbas del pueblo», las que se plantearon visitar desde agosto de 2019 cuando el equipo regional comenzó a recopilar los datos necesarios para determinar el rango de acción y levantar una suerte de censo en hogares que posteriormente visitarían para hacer las entrevistas completas.

Una primera etapa que cumpliría el requisito de conocer la zona y ubicar con nombre y apellido a los jefes de hogar, además de determinar la cantidad de habitantes de cada uno.

Fue su primera vez como encuestador de la Encovi, y Nelson pagó la «novatada». Tuvo que aprender cómo manejarse con el poder que han adquirido los consejos comunales, convertidos también en censores y vigilantes de sus propios vecinos.

En Chivacoa, por ejemplo, los líderes comunitarios intentaron expulsar a los enviados de la UCAB, y cuando los vecinos los protegieron desde el consejo comunal hubo amenazas de llamar a la policía o convocar a la alcaldesa Carmen Suárez, del oficialista partido PSUV.

Casas prácticamente abandonadas o infraestructuras donde no cabía más gente eran parte del panorama en Yaracuy (Cortesía Nelson Martínez)

A punta de pistola

En el estado Sucre, los encuestadores de la Encovi no solo debían rendir cuentas a los integrantes de consejos comunales. Grupos delictivos también pedían explicaciones. Exigían que se les aclarara si trabajaban para las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y que les dijeran si eran afectos al régimen de Nicolás Maduro o a la oposición venezolana.

La inseguridad está desbordada en esa entidad, dice Carlos Urrieta, abogado de 38 años. Este año, trabajando para Encovi, atestiguó cómo la delincuencia volvió minúscula la figura de los cuerpos policiales, al menos en territorios al oriente de Venezuela.

Se encontró con comandos policiales desabastecidos en los que funcionarios les sugerían no ir a ciertas zonas porque iban a estar desprotegidos, sitios donde la policía no entra y, de hecho, admite que bandas delictivas tienen el control y mejores arsenales.

En Yaracuy hubo personas que admitían haber estado más de 90 días sin comer carne (Cortesía Nelson Martínez).

En Yaguaraparo, Güiria e Irapa el trabajo inicialmente planteado no pudo completarse debido a la inseguridad. En San Juan de Unare, dos sujetos armados amenazaron a uno de los encuestadores apenas entró al hogar previsto para la entrevista y le ordenaron abandonar el pueblo. En Carúpano, al terminar una visita, un grupo de hombres amedrentó a Urrieta, entre ellos el padre del niño de cinco años de edad al que habían pesado y tomado las medidas.

Pero ninguna imagen se tatúa tanto en la mirada como la de la pobreza. «Aunque no soy especialista, puedo decir que nos encontramos con desnutrición, hubo niños con resequedad en la piel, labios agrietados y la piel pegada a los huesos«, rememora Carlos Urrieta.

Mientras Carlos Urrieta y Nelsón Martínez tocaban puertas en Sucre y Yaracuy, Nejhellyt Gil se adentraba en los suburbios de Caracas, donde la noción de una capital, de una metrópolis, se desvanecía.

La mujer de 39 años, docente de educación inicial, tiene 11 años trabajando como encuestadora. Esta vez visitó unos 300 hogares en zonas como 23 de Enero, La Vega, El Paraíso, Los Frailes de Catia, Los Flores de Catia, El Valle, San Martín y El Junquito. Allí constató que los reclamos más comunes fueron por la ineficiencia de los servicios públicos, principalmente agua y gas, y donde las condiciones de vida parecían ajenas. Evidenció hogares donde se cocina con fogones a leña.

En Sucre los consejos comunales y hasta grupos delictivos pedían explicaciones sobre las visitas de encuestadores (Cortesía Carlos Urrieta).

La pobreza vive a sus anchas en Caracas. Gil lo ilustra de la siguiente manera: hay zonas que parecen ser rurales pero están dentro de una urbe.

«Fuimos a lugares donde a duras penas se podía llegar a pie, donde había casas con muros caídos, hechas de zinc y tablas. Llegamos a comunidades de puro monte y estructuras levantadas sobre la tierra sin acceso a agua porque en muchos casos las tuberías tenían años dañadas», relata.

Entretanto, Marian Serrano recorría Puerto Cabello, Guacara, Valencia, Naguanagua, Libertad, Mariara y Morón, del estado Carabobo. Allí encontró lugares que le recordaban a imágenes de África o Haití. «Encontré a abuelitos con dos días sin comer, a niños que parecían estar en desnutrición aguda. ¿A qué padre no se le arruga el corazón cuando un niño de la calle le pide las sobras de lo que comía?«.

También vio hogares de ocho personas que viven en espacios de entre ocho y diez metros cuadrados, sin colchones donde dormir ni dinero para costear una dieta decente, con servicio eléctrico deficiente, y meses sin gas ni agua corriente. Hogares abarrotados donde los niños no asisten a la escuela y personas con enfermedades crónicas pasan ronchas para encontrar medicinas que, quizá, no logren pagar.

«En urbanizaciones de clase media en las que años atrás se veían casas pintadas y carritos de año estaban desmejoradas, también por la crisis. Los habitantes eran adultos y adultos mayores que en su momento la profesión que tenían les dio buena vida, que hoy quedó para el recuerdo», agrega.

En Táchira muchos sitios eran invasiones o urbanismos no consolidados donde la gente se organizaba para sobrevivir (Cortesía Ana Rondón).

«Vi la crisis empeorar»

Onelsys Suarez, de 55 años de edad, es docente y trabaja en la Encovi desde su inauguración en 2014. Ha visto cómo la pobreza se multiplica y, peor, se profundiza. A partir de 2016 lo notó con más certeza, al volver a entrevistar a quien ya había contactado para ediciones anteriores.

«Conocí gente que cada vez que la visité era más pobre. La gente se quedaba anclada o era que el país no les daba oportunidades», matiza.

Esta última vez, fue peor. Conoció familias que apenas podían comer cambur en su menú diario, o alguna legumbre cosechada en conucos. De proteína, nada.

Lo mismo veían sus colegas en otras partes del país. Escenas repetidas, como calcadas, aunque en aquel momento ellos no lo supieran.

Ana Rondón, criminólogo e investigadora del Observatorio Social del estado Táchira, registró un patrón que evidenciaba la pobreza: las zonas más vulnerables no cuentan con servicios básicos, abundan las casas improvisadas levantadas con madera, lata, plástico o zinc, y las cloacas no existen.

Su rango de acción fue Táchira, Apure y Barinas, donde 95% de las zonas a las que fue eran vulnerables. La mayoría eran invasiones o urbanismos no consolidados, donde los habitantes se organizan para cubrir sus necesidades principalmente por sus propios medios, aunque dependen de las cajas CLAP para comer; alimentos que cocinan a leña.

En Barinas los afectos ideológicos o políticos prevenían a algunas personas de contestar las preguntas (Cortesía Ana Rondón).

«Ví personas que se adaptaron a estar desempleados y depender de la caja CLAP. A estar sucios y que los niños están desnutridos. Son personas que no las ves preocupadas, son como muy conformes y siempre esperan que algo les llegue. Yo lo que pude ver es que ya es un estilo de vida. Básicamente son familias que vivían en las mismas condiciones antes», añade. También detectó ausencia de esperanzas de cambio.

La criminólogo resalta que recibieron mejor trato en las zonas más vulnerables. Quienes vivían en las invasiones se esforzaban por atender a los encuestadores, quizá sí esperando alguna ayuda a cambio pero incluso luego de escuchar que ese no era el objetivo. En cambio, en urbanizaciones o segmentos de otros estratos sociales, las personas se negaban incluso a dar los datos. Esto también fue reportado por los encuestadores de otros estados. Es una sociedad que sospecha, que desconfía.

Y si de política se trata, los contrastes saltaban. «En Barinas hubo situaciones particulares, porque en las comunidades de ese estado suelen ser afectas al gobierno de forma radical, intuyen que tienen precariedad y saben que los resultados de la encuesta no favorecen al gobierno entonces no quieren participar. Los líderes comunales son reacios a que se otorguen estos datos«. Pero hay realidades que son imposibles de ocultar.

LA POBREZA EN VENEZUELA SE CEBA EN LAS MUJERES

Los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2019-2020 muestran que 96% de la población venezolana es pobre, una realidad que afecta más a las mujeres. La clase media desapareció y 54% de los encuestados se ubica en pobreza reciente.

“Me fui para la calle con mis hermanitos cuando tenía 11 años, para pedir comida en las casas vecinas”, resume Yolimar López el momento en que tuvo que salir a las calles por primera vez. En 2012 ya las carencias de su hogar eran mayúsculas, y su madre y siete hermanos necesitaban subsistir. Vivía en Cocorote, un sector rural del estado Miranda donde habitan, al menos, 200 familias. Allí las casas son de bloques, materiales de desechos, bahareque o todo eso combinado, y en ninguna hay servicios básicos confiables. En algunas no los hay de ningún tipo.

“Vivíamos en un rancho hecho con latas de zinc y comíamos de lo que teníamos sembrado (maíz, caraota, ñame, ocumo, cambures). En el 2012 ya no se pudo seguir sembrando, porque no teníamos plata. Mi mamá empezó a trabajar sembrando champiñones, pero el pago era muy poco”. Había que pedir a otros. Y así ocurrió durante tres años.

En pleno siglo XXI y a pocos kilómetros de la capital, aún hay paredes de bahareque.

Yolimar ahora tiene 20 años, un esposo y una bebé de 18 meses. No pudo terminar sus estudios en un núcleo de la Misión Ribas. Sin profesores que la alentaran, porque sencillamente no los había, y un transporte deficiente que le hacía cuesta arriba llegar a clases, la joven abandonó. Tardaba entre dos y tres horas en cada recorrido. “Era demasiado difícil”, lamenta.

Dos años más tarde, para 2014, Yolimar tuvo que abandonar también su casa debido al hambre. Al revisar la llamada “línea de la pobreza” del país, a partir de ese año se observa una curva que solo hace más que subir. De un 33,1% de pobreza total que se registraba en el país ese año, escaló hasta un 96,2% en 2019.

Estos números plasman una realidad demoledora: la clase media desapareció, hay un grupo bien pequeño de personas ricas y el resto sobrevive al día, la semana o al mes, dependiendo de los ingresos y las ayudas que perciba.

En estos cinco años el Producto Interno Bruto del país cayó 70%, la inflación se acumuló en más de tres mil por cierto hasta marzo de 2020, mientras los venezolanos vieron pulverizados sus ingresos a menos de un dólar promedio en este periodo. Ni hablar de los alimentos, solo 20,7% de los ciudadanos tiene cómo cubrir la canasta básica, según datos de la Encuesta Nacional de Vida (Encovi).

Mi abuela también era muy pobre y no podía mantenerme”, comenta Yolimar. Ese 2014, consiguió trabajo en una granja productora de huevos de gallina, en la que trabajó hasta 2017 cuando se terminó de desplomar la economía del país con la hiperinflación. Entonces decidió irse de la casa materna, para “ser una carga menos”.

Ser pobre es…

Para el periodo 2019 hasta marzo 2020, la Encovi detalló que una de las razones del aumento de la pobreza general es el deterioro progresivo de los ingresos, además del empeoramiento del empleo.

Al mirar detalladamente estos datos, mujeres como Yolimar llevan la peor parte. Tanto en el quintil más pobre como en el más rico, los jefes de hogar son mayormente mujeres, con un nivel de escolaridad medio o superior bajo y una tasa de actividad que no supera el 60% para el estrato más alto.

Mientras que 71% de los hombres participa en la actividad económica del país, tan solo 43% de mujeres lo hacen; es decir, cuatro de cada 10 tiene un tipo de participación en el desarrollo económico. La misma Encovi señala que en todos los rangos de edades “son amplias las brechas de género”.

Al discriminar la tasa de ocupación femenina por quintiles, la Encovi reporta que las mujeres de estratos más bajos están prácticamente desempleadas en el país, pues solo el 29,1% puede decir que tiene trabajo u oficio estable y percibe un sueldo adecuado. En el quintil de estratos más altos la situación es distinta, pues 58,2% de las encuestadas manifestó tener un empleo.

Yolimar López, durante dos días a la semana, ayuda a vender tequeños en un puesto de comida en el Mercado Principal de Coche, un trabajo que le deja unos ocho dólares semanales para comprar “dos kilos de arroz, un pedacito de pollo y un pedacito de queso para medio comer”. De resto, se bandea con lo poco que pueda sembrar en el terreno donde vive, en el sector La Cortada del Guayabo.

Su casa, de barro y bahareque, no tiene tuberías y el agua tiene que cargarla desde la naciente de un manantial cercano; cocina a leña en un fogón, mientras que la electricidad llega a través de tomas improvisadas con cables de teléfono. Ni siquiera cuenta con un lavadero o sanitarios.

“Para mí, ser pobre es cocinar todos los días en fogón, no tener televisor, comer arroz puro todos los días, no poder darle ni un tetero a mi niña, que el agua no llegue a la casa como debe ser”.

Una pareja joven en edad productiva, condenada a sobrevivir.

Héctor Rojas, pareja de Yolimar, también se reconoce pobre. No lo maquilla ni esquiva. “Nosotros hemos pasado hambre. Ayer no tenía nada para darle a la niña y arranqué una mata de yuca y la comimos sola. Muchos días no hemos tenido nada para comer”.

Él está desempleado, y con una herida en la pierna producida por un accidente y que de no ser atendida pronto podría dejarlo discapacitado. Pero los jóvenes, que viven juntos desde hace tres años, no pueden costear el tratamiento o siquiera trasladarse a un hospital.

El sociólogo y profesor de la UCAB Francisco Coello pone la lupa justo en los datos de la Encovi que agrupan a Héctor, Yolimar, y gran parte de los venezolanos. “Más del 70% de ese 96% de la población que está en pobreza, está en pobreza extrema, es decir, que no le da para comer. Entonces estamos hablando de una gravedad enorme”.

Además, resalta que ese gran 96% se “reconfiguró” como sociedad “y pasó al plano más elemental de la existencia, que es sobrevivir. Es gente que piensa cómo va a hacer para llegar al día de mañana, hasta ahí les llegó el futuro.

Estamos hablando de familias que no pueden pensar que sus hijos obtengan un buen trabajo, que sus hijos puedan estudiar, de mejorar socioeconómicamente. Estamos hablando de gente que piensa ¿cómo mañana voy a comer?, y no mucho, sino como mañana voy a medio comer. Ese es el nuevo horizonte de vida para gran parte de la población”.

Una palabra, dos variantes

El sociólogo y exdirector del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB Luis Pedro España detalla que en Venezuela existen dos tipos de pobreza: la de ingreso y la crónica. La primera ocurre ante la imposibilidad de cubrir la canasta básica normativa.

«Usualmente afecta a profesionales con cierto nivel de estudios, que viven en viviendas formales y tienen ciertos activos, pero su ingreso no cubre sus necesidades. Este grupo de personas pertenece a una nueva pobreza, que data de hace seis años, aproximadamente», explica el experto.

Según los datos más recientes de la Encovi, 96% de los venezolanos tiene pobreza de ingresos, una realidad que vive Evelyn Fernández, una enfermera de 46 años que vive en La Dolorita, uno de los barrios que forman la populosa parroquia Petare.

Con tres hijos, un marido que trabaja por contratos y un sueldo que apenas alcanza el equivalente a tres dólares cada quincena, Evelyn no tiene reparos en ubicarse a sí misma dentro de esa pobreza de ingresos, y además reciente. “Desde hace unos cuatro o cinco años la situación se ha agudizado para mí, sobre todo con los gastos del hospital y las medicinas (su hija padece talasemia mayor), el transporte, la comida. Todo se va en comida, y cada vez es menos lo que se puede comprar”.

En La Cortada del Guayabo «resolver el día» es el modus vivendi.

Conseguir bocado y poco más, inscribe a Evelyn en la pobreza de consumo, que afecta al 68% de la población según Encovi.

“Yo antes le podía poner carne en la mesa a mis hijos seis días a la semana, un solo día les hacía granos. Ahora hago el esfuerzo para que sea balanceado, que ellos coman bien. Yo prefiero que ellos coman, y a veces me quedo yo sin poder hacerlo”.

La gente está sobreviviendo, precariamente, afirma el sociólogo Coello, ante la degradación y primitivización de la sociedad que refleja la destrucción del aparato económico.

“Bajo este escenario las personas han empezado a manifestar problemas de ansiedad, depresión, angustia, gente que no puede dormir. Evidentemente nadie en este momento puede decir en Venezuela que lleva una vida normal”.

Fernández lo siente. Para ella “es rudo”. La enfermera afirma sentirse “en un pozo y no le veo salida por ahora”.

Incluso en Caracas las condiciones de vida son cada vez más semejantes a las rurales por los precarios servicios públicos.

Sin techo digno

En Venezuela la pobreza crónica “se da, principalmente, en personas que no tienen una vivienda digna, o que fueron construidas con materiales de desechos, tienen un nivel de educación inferior a la media y su acceso a los servicios públicos es muy precario o casi nulo. La mayoría, normalmente se dedican al comercio informal muy menudo”, refiere España.

La Encovi ubica la pobreza crónica del país en 46%. Aunque Yakelin Márquez no lo sepa, el dato la retrata. En 2013 era gerente de una tienda ubicada en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Fue el mismo año de la muerte de Hugo Chávez, de la llegada de Nicolás Maduro al poder por un margen mínimo de votos, del comienzo de la caída libre de todos los indicadores económicos.

Los estratos sociales se han ido borrando, con una sociedad que se iguala «hacia abajo».

El descalabro trajo cierre de locales comerciales y nuevos desempleados. Aunque Yakelin aún tenía su trabajo, la inflación que escaló de 20,1% en 2012 a 56,2% al cierre de 2013 hacía que lo que llegaba al bolsillo se diluyera rápidamente. Ese mismo año abandonó su puesto de gerente para trabajar en un colegio privado del este de Caracas.

Estuve un año allí y renuncié para comenzar un negocio propio con mi esposo«, relata la mujer, ahora de 47 años de edad. Se trataba de un kiosko que la pareja alquiló para vender desayunos frente al Hospital Oncológico Luis Razetti, en Cotiza, pero quebró debido a las malas ventas. Decidieron rentar otro puesto en el barrio El Guarataro, donde servían comida rápida y cervezas, pero en ocho meses “los robos y hurtos nos llevaron a la quiebra”.

En 2015, Yakelin perdió más que su esposo. El hombre decidió abandonar el hogar, y no lo hizo solo. Cargó con electrodomésticos y enseres comunes. Ella se quedó con dos hijos, siete meses de un nuevo embarazo, un divorcio en puertas y cero ingresos. Imposibilitada de cubrir el alquiler, se fue a vivir a casa de su hermana.

Pero su hijo mayor, que aún era un niño, no pudo quedarse en la misma casa que su madre y “vivió cuatro meses debajo de un puente en Caño Amarillo, en una suerte de refugio a la intemperie, donde la mayoría de los que están ahí son indigentes y mala conducta”.

A diario, con o sin pandemia, muchos venezolanos toman las calles para abrirse camino ante la precariedad.

Luego del embarazo, Yakelin retomó la actividad laboral como cocinera, limpiadora doméstica, cuidadora de niños. Desde 2017 es vendedora informal y puede mantener a todos sus hijos bajo un mismo techo, ahora en el Kilómetro 4 de la carretera hacia El Junquito, en un anexo que consiguió “a cambio de la cocina, la nevera y la lavadora que se salvaron del divorcio-saqueo”.

Sin agua corriente, electricidad, gas directo y otros servicios, su casa cumple con los parámetros que describe la Encovi para las viviendas en pobreza. Yakelin completa el retrato:

“No tenía nada, ni con qué cocinar. Solo mi casa. Así que comencé por ahí, buscando lo que sea que pudiera vender. Ropa usada, zapatos, herramientas, remedios, libros o lo que no necesitara le ponía precio y lo vendía y así llegué hasta aquí”.

Ese aquí es el Mercado de Quinta Crespo, donde Yakelin extiende una sábana o cartón, se sienta frente a algún negocio que permanece cerrado por la pandemia en 2020 y espera concretar alguna compra que le permita llevar un kilo de harina de maíz o de arroz a su casa.

“A veces cuando no tengo nada mi vecina me da algo para que lo venda y ganamos las dos. Los días que no se vende ni se cambia nada, rescatamos las bolsas con desperdicios que sacan del mercado y allí siempre se consigue algo”.

EL HAMBRE TAMBIÉN SE SIENTA A LA MESA

Cada día desde que se despierta, Rodolfo Marchán, trabajador público de 34 años de edad, piensa en qué les dará en el desayuno, almuerzo y cena a su esposa y a sus dos hijos, un adolescente de 13 y una niña de ocho. Las tres comidas diarias dependen de si le va bien en el mercado municipal de San Félix, en Ciudad Guayana, al sureste de Venezuela, donde trabaja a veces como caletero y otras veces vendiendo mangos, que tumba de la mata de su casa, o pan, que prepara con ingredientes que le regalan sus amistades.

«A veces no consigo dinero y tengo que darles a mis hijos dos comidas», dice. «Desde 2018, cuando me sacaron de la empresa, me limitaron mi sueldo y nos eliminaron de un plumazo el beneficio del comisariato, me he visto limitado. No tengo los recursos para que mis hijos puedan comer tres veces al día».

Marchán trabajaba en el área de operaciones ferroviarias de Ferrominera Orinoco hasta que la directiva de la estatal le desactivó en 2018 a él y a otros trabajadores sus fichas para poder entrar a las instalaciones, debido a que la capacidad ociosa de la empresa supera el 80%.

En su cuenta bancaria le sigue cayendo mensualmente un salario de 300.000 bolívares, menos de un dólar, con el que, hasta mediados de agosto, solo podía comprar un paquete de harina de maíz, que en mercados populares del estado Bolívar costaba 285.000 bolívares en ese entonces.

«Sobrevivo gracias a la misericordia de Dios», expresa varias veces Marchán, «por lo menos siempre hay una mano amiga, un familiar, un hermano, que de lo poquito que tiene nos colabora para que nosotros podamos comer. También sobrevivimos gracias a los trabajitos que hago por mi cuenta en mi localidad, en San Félix. Tengo que rebuscarme para poder llevar aunque sea un plato de comida a mi familia. Gracias a Dios no he llegado a pedir en la calle«.

La caja CLAP se ha convertido en salvavidas y a veces única fuente de bocado (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

De su cocina desapareció casi todo. El 22 de agosto de 2020 solo tenía dos sardinas, un plátano, dos kilos de yuca y un arroz. Si come carne y pollo una vez a la semana es mucho, y para comprar un solo cartón de huevos tiene que trabajar 15 días.

Le cuesta decirlo, pero lo reconoce:

«El chavismo me convirtió en un trabajador económicamente pobre. Este gobierno acabó con todo, hizo a la clase trabajadora más pobre. Ni podemos tomarnos un plato de sopa. Todos, chavistas y no chavistas, pasamos las de Caín por las políticas antiobreras que acabaron con nuestra calidad de vida. Nicolás Maduro es una persona antiobrera, supuestamente él fue dirigente sindical pero yo no sé de dónde».

Marchán es uno de los millones de venezolanos que han visto al hambre instalarse en sus hogares y sentarse a la mesa. El huésped no deseado. Esto como consecuencia de un modelo económico de controles y ataques a la propiedad privada llamado socialismo del siglo XXI, que provocó que la economía venezolana se haya desplomado 90% entre el segundo trimestre de 2013, cuando Nicolás Maduro recién llegaba al poder, y el mismo período de 2020, según la Asamblea Nacional (AN).

La dieta del venezolano se ha reducido hasta llenar estómagos pero no alimentar el cuerpo.

Esta abrupta caída del PIB generó que 96% de los hogares estén en situación de pobreza y 79% en pobreza extrema, tal como lo revelan los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), números que retratan a un país que se ha alejado considerablemente de sus pares suramericanos, acercándose a la situación de países de África.

En Venezuela solo 3% de los hogares no tienen ningún tipo de inseguridad alimentaria.

Según el estudio, elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, 79,3% de los venezolanos no tienen cómo satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación.

El salario mínimo de Venezuela, el más bajo del mundo, representó en julio de 2020 apenas 0,54% de la canasta alimentaria familiar, que llegó a 73,97 millones de bolívares. Siete años atrás, en mayo de 2013, alcanzaba para cubrir 41,2% de su costo, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Los 1,6 millones de bolívares que Pdvsa le pagó en la segunda quincena de agosto a Luis Fuenmayor, trabajador con 54 años de edad y 35 de servicio, se le fueron en un kilo de pasta, una harina, medio kilo de queso, una teta de azúcar y otra de café, dos tomates y una cebolla. Nada de proteínas.

«Hemos tenido que vender la licuadora, la tostadora, la freidora, una cocina eléctrica, un aire acondicionado y televisores para poder comer. Solo nos queda un televisor pequeño. Hay días que no se desayuna, tiene que ser que se haya recopilado algo o vendido algo para que los adultos tengamos algo que desayunar. La prioridad son mis dos nietos».

En su casa, en el municipio San Francisco, estado Zulia, viven él, su esposa de 58 años, su hija mayor de 32 años, un hijo de 17 y sus dos nietos, uno de cinco y otro de nueve años.

«Antes éramos clase media alta, ahora clase muy baja, se puede decir pobre, cerca del desasosiego, de la depresión, porque a veces mi esposa, que es hipertensa y operada de los riñones, y yo, que soy hipertenso, diabético y también sufro de los riñones, no tenemos para comprar los medicamentos».

Encovi estima que 30% de los niños se encuentran en desnutrición crónica (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

Entre los años 1988 y 1998 ganaba, incluyendo el sobretiempo, 1.500 dólares mensuales. Tenía dos casas y dos vehículos. También había podido comprar una pequeña granja que luego fue tomada por militares durante el gobierno de Hugo Chávez en 2004. En 2020 y con más de tres décadas de servicio en la industria petrolera, gana seis dólares mensuales, un salario pobre de acuerdo con estándares internacionales.

«Mi esposa y yo comemos una vez al día, bien sea pasta con requesón y mantequilla, o los frijoles que vienen del Mercal. Nos ha tocado almorzar arroz solo, y tiene que haber platica para comer un arrocito con huevo. En mi casa se come una vez al mes carne molida, una vez al mes un pollo, y una vez al mes dos o tres kilos de pescado, si es que conseguimos un poquito de efectivo para comprarles a los pescadores en la orilla de la playa a las tres de la mañana».

Fuenmayor asegura que no es el único trabajador petrolero que vive una precaria situación. «Pero hay otros que tienen la suerte de que tienen a los hijos afuera, que les envían que si 20 o 50 dolaritos al mes. Yo corrí con suerte este mes porque un amigo que se fue para Estados Unidos me vio en los videos de una protesta y me dio 50 dolaritos en bolívares. Gracias a eso los bebés desayunaron, almorzaron y cenaron bien una semana; mientras que nosotros seguimos haciendo una sola comida al día para mantener la rutina y no engañarnos el estómago«.

«Como lo más fácil de conseguir es pasta, o arroz, le hacemos a los bebés arroz dulce cuando no hay para comprar un poco de leche de vaca o de cabra, porque la leche en polvo es inalcanzable para prepararles un teterito«, agrega Fuenmayor.

Los resultados de la Encovi 2019-2020 sobre la situación nutricional de los menores de cinco años, de acuerdo con el indicador peso-edad, revela que alrededor de 21% se encuentra en riesgo de desnutrición y 8% está desnutrido, un nivel que se distancia considerablemente del registro en Colombia (3,4%), Perú (3,2%) o Chile (0,5%).

Igualmente, según el indicador talla-edad se ha estimado en 30% quienes se encuentran en desnutrición crónica, que son aproximadamente 639.000 niños.

Marianella Herrera Cuenca, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) y directora de la Fundación Bengoa, señala que la Encovi muestra un país muy vulnerable, con unas brechas enormes que deben ser trabajadas con consciencia y visión, tanto de la urgencia como del largo plazo. «Lo que se haga por superar las brechas sin pensar en el futuro no será sostenible en el tiempo«.

Cuando al plato le falta

Uno de los pocos productos que Nora Parra, cocinera en el preescolar Simoncito de Fuerte Tiuna, aún puede comprar es medio kilo de queso duro para rellenar las arepas de ella, de su esposo y de sus dos hijos durante toda una semana. Ella se lleva al mercado cada dólar que ahorra de lo que le pagan por remendar pantalones a vecinos en Los Jardines del Valle, en Caracas, y los 270.000 bolívares de quincena que le abonan en el preescolar.

«En Venezuela no se vive, se sobrevive«, expresa Parra mientras veía los pocos cultivos de lechuga, pepino, batata y cebollín que sembró con otras cocineras en los jardines del preescolar, ubicado en la Misión Vivienda dentro del complejo militar Fuerte Tiuna.

«Sigo viniendo para distraerme un poco, aunque esté cerrado. Si me quedo en casa me vuelvo loca. Nos la hemos visto rudo. Vivo con tres hombres y no puedo mandarlos a la calle a trabajar por el coronavirus. Yo le digo a mi hijo que comeremos arepas mientras podamos, porque cuando no se pueda comprar harina no sé qué vamos a desayunar».

Parra ya ni recuerda cuándo fue la última vez que su familia comió carne y pollo, pero sí está segura de que fue mucho antes de la pandemia. En el espacio del plato donde antes ponía la proteína animal, ahora Parra sirve frijoles chinos y lentejas. A ella le pagan en el Simoncito un salario de 540.000 bolívares. En los mercados municipales de Caracas, la carne superaba, a mediados de agosto, el millón de bolívares y el kilo de pollo los 600.000 bolívares.

«Los precios en la calle son una locura. Nosotros prácticamente dependemos de lo que nos llega en la caja CLAP. El arroz nos lo comemos con unos granos, y a veces pongo a sofreír tomates y cebollas y pico un poquito de mortadela para hacer una salsa para el arroz».

En Venezuela, las familias de bajos recursos económicos tienen una alimentación basada en carbohidratos. Los bajos ingresos y los altos precios de la carne, el pollo y los huevos, que juntos salían aproximadamente en 2,61 millones de bolívares a mediados de agosto, ha hecho que el consumo nacional promedio de proteínas sea solo 34,3% del requerido, de acuerdo con la Encovi.

«Al plato de mi casa le falta«, asegura Franklin, de 33 años de edad, quien vive en Charallave, estado Miranda. «Dos o tres veces a la semana sí están completos, pero hay días en los que le falta. Hay días que comemos solo granos para que rinda la carne. Tampoco podemos comer ensalada siempre porque los vegetales también son costosos. Así que un día se hace carne, al siguiente solo vegetales, al otro pollo, al próximo arroz con granos y una ensalada, variado para que el mercado pueda rendir 15 días«.

Una generación crece sin poder comer completo para garantizar su desarrollo (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

Según un estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos entre julio y septiembre de 2019, que reveló que 9,3 millones de venezolanos sufren inseguridad alimentaria moderada o grave, 60% de la población ha tenido que recortar las porciones que comen. El consumo de carne, pescado, huevo, vegetales y frutas está por debajo de los tres días a la semana.

«Hemos estado bastante complicados. Me preocupo más que todo por el salado (proteínas), porque no tengo el ingreso que tenía antes de la pandemia y cada día aumenta más», dice Franklin. Albañil por cuenta propia, tiene otros dos trabajos: de lunes a viernes en la mañana hace mantenimiento general de un edificio de la Misión Vivienda en Fuerte Tiuna, y es mototaxista en la tarde y los fines de semana en una línea en Charallave, donde vive con su esposa, un hijo de cinco años y un bebé que nació en febrero de 2020.

«Hay trabajos que me pagan con comida», señala Franklin. El estudio realizado por el programa de las Naciones Unidas indica que 33% de los venezolanos ha aceptado trabajar a cambio de alimentos. «Y por ser trabajador del Fuerte Tiuna, cada vez que llega la caja CLAP me dan una. Pero en la comunidad donde vivo llega cada cierto tiempo. No una vez al mes, es una vez cada dos meses. Eso allá es bastante difícil. Y llega cada vez con menos productos. Ya no trae leche, azúcar, salsas (mayonesa, tomate), atún ni lentejas. Tengo muchísimos vecinos que dependen del CLAP mucho más que yo y se han visto súper, súper, súper mal«.

Según la Encovi, las cajas CLAP, que junto con los bonos son lo único que conforman el plan de ayuda del gobierno para las familias, contienen básicamente arroz, granos y pasta. Aproximadamente 5% de los pobres extremos no reciben este subsidio de alimentos y 15% la recibe cada dos meses.

De acuerdo con la ONG Ciudadanía en Acción, en julio de 2020 la caja CLAP pesó 7,8 kilos, una reducción de 11,2 kilos en comparación con los 19 kilos de 2016 -cuando nació el programa de subsidio de alimentos de Maduro-; y llegó a 41% de los 6,15 millones de hogares registrados en el sistema. En promedio, ha tardado un promedio de 41 días en llegar.

«Estamos ante la pésima noticia para las familias venezolanas de que el único suministro que estaba llegando en condiciones de emergencia para las poblaciones en vulnerabilidad está desapareciendo, lo que conlleva a un incremento de la vulnerabilidad alimentaria, de la desnutrición aguda y aumento o sostenimiento de la desnutrición crónica«, dice el especialista en desarrollo y seguridad alimentaria Edison Arciniega, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción.

El consumo nacional promedio de proteínas es solo 34,3% del requerido, según Encovi (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

Un Estado incapaz

Para el Estado venezolano es cada vez más difícil importar alimentos debido a la caída de sus ingresos por el desplome de la producción petrolera, que provee 86 de cada 100 dólares que ingresan al país, además de la caída del precio del barril, los problemas para comercializarlo por las sanciones de Estados Unidos, los descuentos que ha ofrecido Pdvsa y ahora los efectos del coronavirus.

El sector productivo nacional no tiene capacidad para responder ante una merma en la importación de alimentos. La producción nacional de absolutamente todos los rubros vive el peor momento en la historia de Venezuela.

Entre 2002 y 2019 la producción nacional de carne de res se desplomó de 565.000 a 169.000 toneladas métricas, una caída de 70%, de acuerdo con Carlos Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Invelecar).

«La Ley de tierras y la inseguridad personal, jurídica y económica causaron un gran estrago a la economía productiva rural. En 2002 el consumo por habitante al año era muy cercano a los 20 kilos. Ya para el 2019 era de cuatro kilos al año«, señala Albornoz.

Por otro lado, en los últimos 12 años, desde 2008, la producción agrícola ha caído más de 70% como consecuencia de la intervención de la propiedad agraria a través de confiscaciones, ocupaciones y expropiaciones, control de precios, el crecimiento de las importaciones agroalimentarias sin pago de aranceles y a un dólar preferencial que competían de manera desleal con lo cultivado en Venezuela, los limitados recursos de la banca para otorgar créditos, la inseguridad rural, el rezago tecnológico, la obsolescencia de máquinas y equipos y la severa escasez de semillas, fertilizantes, agroquímicos, repuestos, lubricantes, gasolina, cauchos y otros insumos.

La falta de gasolina, que pareciera no tener una solución a corto o mediano plazo, y la pandemia de coronavirus, se suman a los problemas que ya venía enfrentando los productores agropecuarios desde que empezó la caída sostenida en 2008.

Se espera que la poca cosecha de 2020 sea inferior a la de las décadas de los 60 y 70, cuando la población no superaba los 15 millones de habitantes. Rubros extensivos como el maíz, el sorgo y el arroz están desapareciendo.

Los productores proyectan que este año se produzca la mitad de lo que se cosechó en 2019, que apenas cubrió el consumo de 1 de cada 10 venezolanos.

“TODO EL MUNDO VENDE ALGO” PARA SUBSISTIR

“Esta situación nos ha tocado bien ruda. Yo tengo mi máquina para hacer jardinería, pero ahora no me sale tanto trabajo. Le pido a Dios que me ayude para que me salga un trabajo de pintura, de destapar cañerías, cualquier trabajito”, dice Ángel Bello, jardinero de 31 años de edad y quien vive en la parroquia Petare en Caracas, con tres niños de 10, 5 y 3 años, además de una niña en camino puesto que su pareja está embarazada de ocho meses.

Ángel no sabe leer ni escribir y por ello no ha podido encontrar su “quince y último”. Este joven forma parte de esos venezolanos que integran el mercado laboral informal, y los cuales buscan cualquier oficio por horas que le ayude a obtener ingresos.

“Nunca he trabajado en una empresa o tenido un trabajo formal, el trabajo que más hago por mi cuenta es la jardinería y podar árboles. Es difícil porque no sé leer ni escribir y siempre para uno entrar a una compañía tiene que tener mínimo eso”, señala.

Desde hace décadas el trabajo informal ocupa una cuota significativa en el sector laboral en Venezuela. Las políticas económicas de los últimos 20 años han generado una crisis compleja y han llevado a un empobrecimiento de la población que ve cómo se esfuman sus ingresos. Para sobrevivir y “para salir adelante” hay que matar tigres, como se suele decir en el país.

«Matar tigres» gana terreno como principal fuente de ingresos en el país.

Ahorita estoy necesitado porque va a parir mi mujer”, acota Ángel con preocupación puesto que esos trabajos esporádicos, de tres o cuatro veces por semana, y disminuyendo. “Siempre me salía algún trabajito, como cortar un jardín, podar unas matas o un terreno, pero ahora es raro que me llamen para hacer algún arreglo. Empecé a cobrar en dólares y ahora es raro que salga un trabajito, la situación ha pegado más ahorita que antes. Me pongo a caminar toda la zona donde siempre trabajo y paso días sin hacer nada”.

La tasa de desocupación en el país ha variado. La última encuesta Encovi 2019-2020 revela que el nivel de participación económica de la población en Venezuela es de 56% en todas las edades (15 a 60), el más bajo de América Latina. Y es precisamente en los sectores con menos ingresos (los quintiles 1 y 2) donde hay mayor porcentaje de inactividad con 57% y 52% del total, respectivamente.

La evolución de la participación en la actividad económica en el último quinquenio muestra leves fluctuaciones a la baja, ubicándose en el mismo nivel alcanzado en el año 2015 (…) siendo Argentina (58%) el que se acerca más y Perú (72%) el más distante”, reporta el estudio.

Del 44% de la población inactiva, la mitad alega que atiende responsabilidades en el hogar. De hecho, 43% de la población económicamente activa son mujeres, mientras que 71% son hombres, lo que muestra la baja participación de las venezolanas en el mercado laboral.

La mayor brecha entre el número de trabajadores masculinos y femeninos se observa en las edades comprendidas entre 55 y 64 años. 

“La contracción del mercado laboral, la emigración preferiblemente masculina y las transferencias a los hogares pueden haber favorecido una menor participación femenina en la fuerza de trabajo y que se refugien en la inactividad (…) En todas las edades son amplias las brechas de género en las tasas de actividad”, indica el informe Encovi.

La mujer de Ángel no trabaja y con 23 años debe prepararse para atender a sus tres hijos y a la nueva integrante de la familia que viene en camino y a quien sus padres esperan pueda ser atendida en el hospital El Llanito, ubicado en el municipio Sucre en Caracas.

Tengo mis clientes que algunos son buenos de corazón y he hablado con ellos para ver si me pueden dar una ayuda ahora que mi mujer va a parir, y me han dicho que sí, que me pueden colaborar con los pañales, unas toallas, una batica para mi mujer, alguna otra cosa; pero con dinero no, porque ahorita no hay efectivo. Agradecido con que me ayuden para que ella pueda hacerse los exámenes, en estos días pregunté por un ecosonograma y costaba 11 dólares y el perfil 20 unos 6 dólares. Ese dinero no lo tengo”, afirma Ángel.

El dinero en efectivo se ha convertido en una excentricidad, por su poca capacidad de compra (Ronald Peña | Archivo El Pitazo).

El joven jardinero también ha visto con los años cómo se ha deteriorado la economía en el país, y cómo lo ha afectado de manera significativa. Asegura que antes con los ingresos que obtenía podía comprar alimentos, ropa, pagar exámenes y las vacunas de sus dos primeros hijos porque a la pequeña de tres años no ha podido ponérselas.   

La encuesta Encovi señala que 96% de los venezolanos son pobres por ingresos. Es decir, no ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades elementales de alimentación, salud, servicios y recreación, entre otros. 

Según el Banco Mundial, se considera que hay pobreza extrema cuando el sueldo es 1,9 dólares diarios. En Venezuela el sueldo mínimo es de 1,38 dólares al mes, es decir, 0,045 dólares por día, en septiembre 2020. Además, con 32 meses en hiperinflación, el país muestra una inflación acumulada desde marzo de 2013 hasta mayo 2020 de 12.323.312.864%, una cifra difícil de pronunciar y de digerir.

“En aquellos tiempos con lo que ganaba podía comprar comida en Makro, compraba pañales, harina y arroz por bulto. Ahorita qué va. Hace unos días nos llegó la bolsa de CLAP y vino por el suelo, le sacaron el aceite, el azúcar, trajo solo una sola harina, los espaguetis se botaron todos en la bolsa, eso fue como si no nos la quisieran dar. La situación se complicó desde que se murió (Hugo) Chávez y se montó (Nicolás) Maduro, porque ellos no quieren ayudar a los pobres, lo que quieren es matar a los pobres de hambre”, dice Ángel, quien nació en Petare.

Ángel Bello es jardinero pero afronta cualquier oficio para llevar comida a su casa (Ahiana Figueroa).

Para la mayoría de la población, “lo que ganen hoy deben gastarlo hoy”, especialmente si sus ingresos son en bolívares. Están conscientes de eso desde que al país lo invadió un histórico proceso hiperinflacionario que va por su tercer año consecutivo, y por una devaluación del tipo de cambio que no deja de parar.  

Quien recibe bolívares en Venezuela, sabe que está recibiendo despojos y los toma porque sabe que puede aún cargárselos a alguien. Esto lo saben muy bien quienes cada dos o tres semanas reciben transferencias o bonos que otorga el gobierno como parte de los programas sociales para paliar la crisis”, dice el economista y profesor del Instituto de estudios Superiores de Administración (IESA), Leonardo Vera.

Y Ángel habla de cuánto vale nuestra moneda local. “Los bolívares no sirven para nada y dólares no hay, porque aquí no se hacen dólares. Entonces los que están ahorita en el gobierno si se siguen llevando el poquito de dólares que hay aquí, nos vamos a morir de hambre. En estos días Maduro dijo en una cadena que todos los venezolanos tenemos derecho a tener 200.000 bolívares en el bolsillo (refiriéndose al pago de un bono), en qué alcanzan esos 200.000, ni para un paquete de arroz ni de harina”.  

Por lo pronto, Ángel siente que él y su familia “no han corrido con suerte”, pero se refugia en Dios y mantiene la esperanza de que su situación mejore y pueda seguir haciendo lo que su padre le enseñó para vivir: la jardinería.

“Estamos yendo a una iglesia que se llama Las voces de Dios y nos ha ido mejor, es por eso, porque todas las noches oramos y le pedimos mucho que meta su mano. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza pero yo les digo que no la pierdan”.

Por cuenta propia

Los venezolanos han tenido que bregar por aumentar sus ingresos, por lo que se ha ampliado el número de trabajadores por cuenta propia incluso de personas con profesión y postgrados. 

La encuesta Encovi señala que en el país existe una disminución de los trabajadores asalariados, los cuales pasaron de 62% a 46% del total de ocupación en 2014 y 2019, respectivamente. A su vez, revela un crecimiento de los trabajadores por cuenta propia al pasar de 31% a 45% del total del mercado laboral.

Soy docente con experiencia, pero desde 2018 me interesé en el área estética, por lo que hice cursos de manicure y pedicure, depilación, entre otros. Inmediatamente me puse a trabajar a domicilio, aunque sigo trabajando como docente”, cuenta Natacha Paredes, profesora de Artes Plásticas con 14 años de servicio en el Ministerio de Educación.

Con 36 años, casada también con un docente y con 19 años de graduada en el Pedagógico de Caracas, señala que a partir del año 2017 vio cómo sus ingresos dejaron de cubrir sus gastos. Achaca a la inflación y a la paralización del contrato colectivo que su sueldo de su trabajo formal hoy se desvanezca por completo y que solo cuente con sus ingresos extras.

“En muchas oportunidades lo que cobro en un día por servicios de peluquería, equivale a lo que me paga el Ministerio en una quincena por mi trabajo en una escuela bolivariana”.  

Irse a trabajar a una institución educativa privada no es garantía de un mejor salario, dice Natacha. “Tengo colegas que renunciaron a la escuela pública y se fueron a la privada, donde le ofrecieron una buena remuneración, incluso con bonos en dólares, pero para algunos esto último resultó ser un engaño, y a otros luego el sueldo no se lo aumentaban mientras subía la inflación”.    

Cuenta algo decepcionada que a pesar de haber cursado una maestría, esto no fue suficiente para lograr una remuneración acorde con sus estudios. De hecho, su esposo quien también cursó estudios de postgrados decidió abandonar la docencia y dedicarse a otros oficios como programador de sistemas y reparación de computadoras.

“Uno hace un estudio superior creyendo que va a obtener un mejor salario y resulta que no es así”.  

La docente Natacha Paredes vive de otra cosa, aunque sigue enseñando ‘por amor al arte’.

Los empleados de la administración pública son los que cuentan con salarios mucho más bajos que el resto de los trabajadores. Froilán Barrios, representante del Movimiento Laborista, señala que los obreros, empleados, profesionales y profesores universitarios, trabajadores de empresas básicas del sector público, “son los más depauperados”, ya que sus remuneraciones oscilan entre 1,3 y 20 dólares mensuales. 

“Si vamos al sector privado de la economía, que registra una cantidad aproximada de tres millones de trabajadores, en este sector se ha mantenido la contratación colectiva, aun cuando conocemos que la tasa de sindicalización es de un tercio de la del sector público”, señala Barrios.

Indica que la remuneración ha sido más dinámica en el sector privado ya que el empleador privado supera el salario mínimo, y en donde también se ha comenzado a cancelar bonos en dólares.

Se podrá encontrar a un vigilante de un centro comercial devengando la misma cantidad que un profesor titular de una universidad pública”, destaca Barrios.

El deterioro del salario mínimo en Venezuela se observa una vez más cuando se compara con la cifra anterior, en mayo de 2019 –por ejemplo- era de 40.000 bolívares, lo que para ese momento representaba 7,70 dólares. Mientras que en septiembre de 2020 con un salario mínimo de 400.000 bolívares, representa menos de un dólar a la tasa oficial.

La encuesta Encovi resalta que entre los beneficios percibidos por los empleados u obreros, 96% de los trabajadores del sector privado percibe un salario, 55% recibe bono de alimentación, 11% comisiones y propinas, 9% horas extras, 5% bono de transporte, otro 5% bono de rendimiento o productividad, 3% ingreso en petros, 2% bono de antigüedad y 1% prima por hijos.   

Mientras que 97% de la nómina del sector público percibe salarios, 70% recibe bono de alimentación, 36% ingresos en petros, 7% bono por antigüedad, 5% prima por hijos, 4% horas extras, otro 4% bono de transporte, 2% comisiones y propinas y otro 2% bono de rendimiento. 

“Dos, tres o cuatro dólares no generan un ingreso de subsistencia, al final dos salarios mínimos no te permiten acceder a una canasta básica normativa de alimentos y medicinas. Se requieren 100 o 200 dólares al mes para que una familia pueda cubrir sus necesidades”, resalta José Manuel Puente, economista y profesor del IESA

El sector manufacturero redujo a la mitad su capacidad de absorber a la fuerza de trabajo solamente en cinco años.

Uno de los dramas que vive Venezuela es que más del 50% de la población está en el sector informal o trabajadores por cuenta, y eso sumado a los trabajadores que ganan salario mínimo, te acerca a un porcentaje de la población tenga que salir a la calle a buscar mayores ingresos”, señala Puente. 

Para Natacha tener ingresos extras a través de sus servicios de peluquería le ha permitido arreglar su vivienda, pero también para ahorrar. Cuenta que hace poco tuvo que llevar a su madre a una clínica para que le atendieran su enfermedad, y pudo cancelar los gastos médicos, exámenes y medicinas. Pero también la joven docente tiene un objetivo bien importante para hacer el esfuerzo de tener dos trabajos: dar vida y formar una familia.

“Mi esposo y yo estamos en un tratamiento de fertilidad, queremos tener hijos y no hemos podido. Nuestros ingresos extras nos han permitido poder hacer ese tratamiento y los exámenes, que como todos saben es costoso y no lo cubren los seguros. En eso nos ha ayudado nuestros ingresos extras”.  

Decisión personal

Anteriormente el desempleo en el sector formal era consecuencia de la imposibilidad de las empresas de mantener un número determinado de personal, debido a menores ingresos y subidas en la carga tributaria. En los últimos años, la decisión de trabajar por cuenta propia o ser un emprendedor, se ha hecho una decisión personal. “Está motivada por diferentes factores como la necesidad y la oportunidad”, señala Asdrúbal Oliveros, economista y director de la consultora Ecoanalítica.

Esa es la historia de Jaime Rodríguez de 43 años, abogado graduado en 2003 de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en donde también hizo su postgrado. Luego de varios años trabajando en el sector público, comenzó a ejercer por su cuenta para finalmente emprender con su propio negocio de venta de alimentos con servicio de delivery.

Jaime Rodríguez pasó del derecho al emprendimiento buscando ingresos decentes.

“Cuando empecé con mi profesión los salarios me dieron para comprarme un carro, me mudé, me independicé, pero ya para 2010 la situación empieza a empeorar y en el año 2014 los salarios no servían para nada. Además, el ejercicio como abogado particular comenzó a dificultarse más por los costos asociados en los registros y notarías. Si no iba con un saco de billetes bajo el brazo no podía resolver. Ahí fue que decidí emprender”, cuenta

Jaime comenzó a vender aves beneficiadas. “Yo empecé el negocio prácticamente solo. Limpiaba, empacaba, preparaba y repartía los pedidos, hacía todo. Luego la señora que limpiaba en mi casa, dejó de hacerlo porque no tenía cómo pagarle, pero comenzó a trabajar conmigo en el negocio y después nos acompañó un señor que trabajaba como chofer de una familia que se fue del país y ahora me ayuda con el delivery. Así que lo que comenzó como una ayuda o un complemento económico para hacerle frente a la adversidad, terminó siendo mi modus vivendi”.    

En los hallazgos de Encovi resalta que es en el sector de los servicios y del comercio donde la población activa ha encontrado alguna forma de emplearse. Más del 80% trabaja en esta área”, se indica en el estudio. 

Jaime cuenta que de sus colegas y/o amigos abogados son pocos los que se dedican a su profesión y que muchos optaron por un emprendimiento o trabajo por cuenta propia.

“El venezolano en ese espíritu de seguir sobreviviendo ha buscado las mil y un formas de seguir adelante. Todo el mundo vende algo”.  

Hoy, ese negocio de Jaime que inició con la venta de proteínas hace seis años, ofrece además otros víveres y productos de limpieza. “Hoy mi mercado cambió porque ahora me compran personas que viven fuera del país, que emigraron y necesitan ayudar a la familia que dejaron en Venezuela, sobre todo a los adultos mayores”.

EL ASCENSO SOCIAL PIERDE A LA ESCUELA COMO ESCALERA

Cuando cumplió 16 años, Ángel Cabello pasaba por su segundo año de educación media y también por su segundo intento de terminarlo. Había abandonado el bachillerato un año antes porque la situación en su casa, en el sector El Plan de la Cota 905, cada vez apretaba más y su mamá estaba sola soportando los gastos de tres hijos. Ángel fue dejando de asistir a clase un día o dos seguidos, luego faltaba durante una semana y así casi sin darse cuenta dejó de ir por completo al liceo. Se acabaron sus días de básquet en la cancha con los amigos y su nombre se marcó en la casilla de perdido por inasistencia.

Me toca trabajar”, se dijo.

Ya se había quitado la chemise azul para laborar como ayudante de un electricista y a la mamá no le gustó que su hijo menor dejara la escuela por lo que le insistió que retomara las clases por parasistema para que se graduara de bachiller. Agarró un segundo impulso y se volvió a inscribir. Corría el annus horribilis de 2017 para la economía venezolana en el cual la hiperinflación se convirtió en un fenómeno de números escandalosos, mientras en la mesa de la casa de Ángel desaparecían los desayunos y quedaban a medias las comidas del día. 

Las aulas se van quedando vacías (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

“A veces no teníamos nada para desayunar y me iba directo a trabajar porque tenía clase en la noche, pero me redoblaba para hacer más plata. Otra vez empecé a faltar y volví a dejar el liceo”.

Esta vez, su mamá no lo contrarió. Ella, que sabe de luchas, renuncias e insistencias, lo había vivido personalmente cuando de joven tuvo que dejar los estudios para trabajar y criar a sus hijos, y aun así nunca desistió hasta que se graduó de contadora a los 40 años.

Ángel lo cuenta con orgullo. Se le asoma una sonrisa tímida en los labios cuando piensa en que la historia de su madre también puede ser la propia porque los cálculos de su juventud lo ayudan: “Ahora tengo 19 años, si logro terminar bachillerato en dos o tres años, puedo estudiar en la universidad o hacer una carrera corta y graduarme como a los 25 años”.

Pero el obstáculo principal lo resume en un término que viene escuchando por todos lados desde hace años: “situación país”. No sabe explicar muy bien de qué va el concepto, pero entiende claramente que es la combinación de un todo que no lo ayuda.

Ángel Cabello abandonó los estudios pero volvió a inscribirse, esperando terminar.

Esa “situación” no es más que una larga lista de indicadores que en los últimos cinco años revelan cómo la cobertura educativa del sistema escolar venezolano tocó techo y comenzó a retroceder especialmente en los sectores con menos ingresos entre los niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años, la edad bisagra del bachillerato, que se agrava al intentar pasar a la educación superior donde desaparecen tres cuartas partes de la población entre los 18 y 24 años, según revelan los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) correspondientes a 2019-2020.

Con 19 años las ocupaciones de Ángel giran en torno al dinero para comprar la comida y resolver qué van a almorzar en su casa donde vive con otros dos hermanos y dos sobrinos. Sin que nadie se lo diga, él queda a cargo porque su mamá sale desde temprano a trabajar como lo ha hecho cada día desde que tiene memoria.

La encuesta le pone números a un marcador que se llama exclusión social: mientras 44% de los y las jóvenes entre 18 y 24 años que se ubican en el estrato de mejores ingresos logran mantenerse dentro de la cobertura educativa en la edad adecuada, apenas 16% de aquellos que viven con menos ingresos pueden sostenerse en el sistema educativo.

Mientras ayuda a su cuñada atendiendo la bodega que ocupa la sala de la estrecha vivienda en la Cota 905, Nelsimar Prin habla de su pasión por la criminalística. Acaba de cumplir los 18 años y el año pasado, cuando le entregaron el título de bachiller, ya tenía a su bebé recién nacida en brazos. Ella y otra compañera del liceo pasaron los últimos días de clase embarazadas esperando para graduarse, un escalón que se le hizo difícil de subir pero que logró con el impulso de su madre.

La joven estrenó su mayoría de edad con un bebé. Como mujer, su riesgo de abandonar la escuela al quedar embarazada es ocho veces más alto que el de su pareja. Es lo que se conoce como brecha de género, y que se recoge claramente en los datos de Encovi con otras jóvenes de su misma edad: mientras que apenas 2% de los varones abandona la escuela cuando tienen hijos, cuando son las muchachas la cifra llega a 16%.

Durante los días de confinamiento debido a la cuarentena obligatoria por la pandemia del covid-19, Nelsimar atiende a su bebé pero no deja de pensar que se le retrasaron los planes indefinidamente por otro motivo: no tiene posibilidad de dedicarse por completo a iniciar un semestre en línea. “Apenas pueda voy a ser la primera de mi familia en ir a la universidad”.

La continuidad escolar de Nelsimar está amenazada por su situación familiar y económica

Nelsimar estudió en un liceo de modalidad subsidiada que le permitió culminar todo el ciclo. Además queda cerca de su casa por lo que no tenía problemas para ir a clase ya que se ahorraba el dinero para el transporte. “Pero muchos de los que estudiaban conmigo pasaban mucha roncha y dejaban de ir”. Cuando no era el pasaje, era que no tenían agua o comida, le faltaban los zapatos o los útiles. Así que se sabe afortunada pues “nunca tuve esos problemas, mi mamá hacía todo para que no me faltara nada”.

Pero la responsabilidad económica que aumenta al criar una hija también va posponiendo la meta. Desde que inició la cuarentena ni el papá de su niña ni ella tienen trabajo, por lo que junto a su suegra y su cuñada -quien tiene dos niños más- se aferraron a los ingresos que entran a la casa por las ventas de la bodega como única manera de subsistir.

“Hay que buscar el dinero porque estudiar nada más tampoco sirve. Yo conozco gente que ha estudiado y es profesional pero no genera ingresos. Lo que pasa es que el país tampoco ayuda porque todo se le va a uno en comida”, reflexiona.

Según la más reciente Encovi, en Venezuela hasta un tercio de la población en edad escolar ha decidido abandonar las aulas. El segundo motivo para hacerlo es «no querer» continuar en las aulas o «no considerarlo importante». Después de todo, entre el quintil más pobre y el quintil más rico del país la diferencia en niveles de escolaridad es de 1,8 años.

La pobreza actual en el país no responde a niveles de formación. Más tiempo en un pupitre no necesariamente te aleja de la precariedad.

Por minutos Nelsimar se queda mirando en silencio el piso de la casa por donde su hija gatea y ensaya sus primeros pasos. Nelsimar la levanta del suelo, le arregla la colita que le recoge el cabello y dice en voz alta: “estudiar es como una cadena, mi mamá me ayudó a mí y como uno quiere ser mejor, tener sueños, quieres que tus hijos también los tengan”.

Las respuestas en monosílabos dominan la conversación de Anthony Chacón, quien acaba de cumplir los 16 años. “Sí. No. No he pensado en eso”. De frases cortas y esquivas va resumiendo las razones por las cuales dejó la escuela hace dos años cuando iba a comenzar el tercer año de educación media. Presta atención a lo que le preguntan pero es evasivo y solo deja de ver la pieza de la moto que está reparando cuando se limpia las manos con un trapo para responder algún mensaje que le llega por el celular.

-Dejé de estudiar porque necesitaba plata

-¿Pero te gustaba ir al liceo?

-No mucho, era malo en las materias.

-¿Y tu mamá qué dijo cuando dejaste de ir?

-Nada. Ella está clara.

Anthony repara motos en un espacio cercano a su casa en El Valle, donde vive junto a su madre, un hermano de 20 años con quien comparte el oficio de arreglar carros y motos, una hermana de 23 años, tres sobrinos y un hermano menor.

La verdad es que estudiar no es lo mío”, sentencia tajante. Dice que no le ve mucha diferencia a estudiar o no cuando se trata de buscar dinero para mantener la casa. “No creo que sea mejor o peor que nadie”.

Lismary, la mamá, se asoma en la puerta mientras su hijo trabaja. También es parca con las palabras pero interviene para explicar que ella quería que todos sus hijos estudiaran, principalmente porque es una meta que ella tampoco pudo completar. Fue madre adolescente y desde entonces hizo su vida aparte. “Siempre he sido yo para todo y uno antes se bandeaba pero en los últimos años se puso peor y sola no puedo. Quizá no estudiaron pero ninguno de mis hijos puede decir que se acostó sin comer”. Además está sosteniendo a su hija mayor que se separó de su pareja y se devolvió a la casa materna con tres niños de entre dos y cinco años.

En la vivienda donde conviven cuatro adultos y cuatro niños, el único que permanece en el sistema escolar es el hermano menor de 12 años que acaba de culminar sexto grado de educación primaria.

Anthony Chacón no ve en la educación una manera de mejorar su economía.

El rezago escolar es el paso que antecede a la deserción. El término se refiere a quienes permanecen dos años o más por detrás del nivel escolar correspondiente. Las cifras muestran que desde el año 2014 se ha agravado este indicador dentro del grupo de niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años.

Al comparar a quienes subsisten en el estrato más pobre con el estrato más rico, la encuesta revela una brecha que se profundiza: 27% de los que tienen menos recursos presenta indicios de lo que se considera un severo rezago en la escuela. 

Pero en ambos extremos las cifras no son muy alentadoras, en especial cuando se comparan con el cierre del año escolar precedente (2018-2019). Los docentes se encontraron en las aulas con que dos de cada cinco niños y niñas presentaban algún nivel de rezago escolar, por lo menos de un año.

¿Dónde están los jóvenes?

El descalabro que hizo caer casi a la mitad la cobertura educativa del país ocurrió en apenas tres años. En 2016, los datos de Encovi reflejaban una cobertura que alcanzaba 48%. Al cerrar 2019 las cifras que recopilaron apenas llegaba a 25% de esa población.

Son los mismos tres años que tiene Ángel sin pisar un salón de clases. Desde la esquina de la casa donde vive con su familia, en la Cota 905, la vista domina el panorama de casi toda Caracas. Pone un pie en el borde de la vereda que marca el límite hacia el barranco de desechos por donde se arroja una cascada de basura que cae en la avenida principal.  

Ángel está en el grupo estadístico de los que están en peores condiciones: los de 18 a 24 años. Encovi se basa en cálculos que refieren que de los 3,14 millones de jóvenes venezolanos dentro de esas edades, hay 2,82 millones que no asisten a la escuela.

Pero si no están en el liceo, en la universidad o en el mercado laboral ¿entonces dónde están? La política de opacidad de la información oficial no ayuda. El Ministerio de Educación (ME) no publica datos oficiales en la Memoria y Cuenta desde el año 2015 y desde hace 2017 no brinda cifras desagregadas en cada inicio y cierre del período escolar como era habitual.

Un documento al que pudo tener acceso TalCualproveniente de la Dirección general de registro y control académico del ME y que muestra la carga de la matrícula para el período académico 2019-2020, revela una disminución general aunque no tan drástica: el registro detalla que en educación media hay 1.575.201 estudiantes y en la educación media técnica se matricularon poco más de 55.000 estudiantes, que ubica a esta población de entre 12 y 18 años dentro de la escolaridad.

Puertas abiertas para entrar, pero también para salir y nunca volver (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

Tulio Ramírez, sociólogo e investigador en educación, precisa que si bien la diáspora de venezolanos ha incidido en la disminución de la matrícula, debido a que partieron familias enteras con sus hijos en estas edades, también es notorio que la tradición y la cultura de la escuela en los estratos de menos recursos tiene un peso importante. 

“Es cierto que tenemos en contra que este bachillerato en la educación pública es desestimulante, pero todavía las familias siguen mandando a los muchachos a la escuela como una tradición, sobre todo los más pobres hacen el esfuerzo que tengan que hacer para que sigan en la escolaridad. Los mandan, no tanto por el ascenso social, sino porque tienen que mantenerlos ocupados, para que no estén sin hacer nada en la casa o, peor aún, en la calle”, explica Ramírez.

La seriedad de Ángel contrasta con el rostro de adolescente que mantiene a sus 19 años. Observa en silencio a todo el que pasa por la vereda y nunca da la espalda por completo. Pero no deja de sostener la mirada hacia la ciudad enorme que se abre panorámica ante sus ojos.

Desde La Cota 905 el futuro luce cada vez menos atado al logro académico.

Siento que todavía lo puedo lograr”, responde sin que antes haya mediado una pregunta.

-¿Graduarte de bachiller, ir a la universidad?

-Sí. Creo que estudiar o no depende de uno mismo. En parte es la familia, si tienes apoyo o si tienes ganas. Claro que la situación del país lo pone bien cuesta arriba. Siento que me faltaron oportunidades porque no tuve el apoyo de mi papá, mi mamá es sola para todo y así me tocó. Pero también conozco mucha gente que no tiene excusas porque sus papás los pueden mantener para que nada más estudien y no les da la gana porque quieren todo fácil.

-¿Y dónde te ves en los próximos cinco años?

-Quiero estudiar Ingeniería eléctrica porque soy bueno trabajando en eso y he aprendido bastante. También pensé en estudiar Turismo para conocer lugares, y me encanta cocinar. Yo me veo con mi propio local de comida rápida, inventando mi estilo, aprendiendo ingredientes”.

Un largo y complicado camino por delante (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

Por ahora los planes son “a futuro”, una palabra que aparece cada tanto en su conversación. El tiempo de inactividad impuesto por la cuarentena es un nuevo obstáculo a sortear porque el trabajo se ha reducido al mínimo y apenas consigue algo que hacer. Lo que pasa es que la necesidad no sabe de confinamiento y su mente está ocupada en rebuscar aquí y allá de dónde va a sacar la plata para ayudar a su mamá, quien sale todos los días a trabajar y seguir llevando a flote la casa.

“¿De verdad sabes que es lo que más quiero? Tener otra vida y algún día poder regalarle su casa a mi mamá”.

 TESTIMONIOS

«Para mí, ser pobre es cocinar todos los días en fogón«. Yolimar López

«Yo antes le podía poner carne en la mesa a mis hijos seis días a la semana. Yo prefiero que ellos coman, y a veces me quedo yo sin poder hacerlo«. Evelyn Fernández

«Yo conozco gente que ha estudiado y es profesional pero no genera ingresos«. Nelsimar Prin

«Ayer no tenía nada para darle a la niña y arranqué una mata de yuca y la comimos sola«. Héctor Rojas

«Dejé de estudiar porque necesitaba plata«. Anthony Chacón

AL FUTURO SE LLEGA EMIGRANDO

Hombre, joven, padre, hijo. Estas son las características que predominan en el emigrante venezolano de los últimos cinco años cuando, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), se revirtió la feminización de la emigración con una oleada de hombres que para el año 2019 representaron 54% del total de quienes salieron del país huyendo de la demacrada realidad nacional.

Wilmer Vallejo se fue en noviembre de 2018. El desespero por no tener cómo llevar el plato a la mesa de sus hijos -para entonces de uno y tres años de edad-, y el haber agotado todos los recursos para conseguir un empleo digno que le permitiera satisfacer las más elementales necesidades de los suyos, obligaron al caraqueño a tomar esta decisión.

El empujón vino cuando la hermana mayor de Wilmer organizó un viaje a Ecuador. Dejando a sus hijos y esposa en la casa de su suegra ubicada en Macarao, una gran barriada del suroeste caraqueño, metió en un pequeño bolso “lo necesario” –realmente, lo que tenía– y emprendió aquel viaje. El 7 de noviembre de 2018 comenzó “mi nueva vida”.

Hasta la frontera, así sea en autobús (Ronald Peña | Archivo El Pitazo).

Aunque ahora hace vida en Perú, recuerda que fue duro abandonar su tierra a sabiendas de que no volvería. El trayecto a Ecuador por carretera duró entre cinco y siete días. “Hoy no recuerdo con exactitud cuánto fue, pero sé que no estaba acostumbrado, creo que nadie lo está, a pasar viajando tantos días en un autobús (…) estaba cansado, desesperado, era una mezcla de sentimientos inexplicables”.

En 2018 la Encovi registraba que 57% de los migrantes venezolanos eran jóvenes entre 15 y 29 años. Entonces ya comenzaba a predominar la población masculina, mientras aumentaba la cantidad de adultos jóvenes y de personas con menores niveles de escolaridad.

Claudia Vargas, investigadora del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, ratifica que la migración venezolana actual, mayoritariamente compuesta por hombres, se relaciona con la visión culturalmente arraigada de la figura masculina como proveedor. Los hombres salen pensando «tengo que mandar algún tipo de ayuda a mi casa, mantener a mis hijos, tengo que mantener a mis padres”.

Ese pensamiento fue el motor de Wilmer, quien recuerda sus días en Ecuador como “los más duros”. Tocó muchas puertas buscando empleo y ninguna se abrió, vivía en casa de su hermana en Quito y sobrevivía de “tigritos”, haciendo trabajos de carpintería, albañilería, y vendiendo dulces en la calle, pero esto no le permitía enviar dinero a su esposa e hijos en Venezuela.

Aunque nunca estuvo entre sus planes regresar al país, necesitaba generar ingresos que le confirmaran que haber dejado a su familia atrás valía la pena. Entonces, con unos amigos, planificó un nuevo viaje. Pidiendo cola y caminando logró llegar a Lima.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 817.105 venezolanos aguardan respuesta a su solicitud para optar por la condición de refugiado, siendo Perú el país con el mayor número de solicitantes en espera, con un 60,8%. Entre ellos está Wilmer, quien cuenta en la actualidad con un carnet que lo identifica como solicitante y le otorga cierta legalidad en su nueva nación de acogida, a donde llegó portando solo su cédula de identidad venezolana.

Tramitar un pasaporte venezolano era un lujo impagable que no se pudo permitir. Mejor ahorrar para lo que ahora es un objetivo cumplido: su esposa e hijos lo acompañan.

En el horizonte lo que se divisa es otra frontera donde sí poder crecer.

Remesas como cordón umbilical

Catalina Chacón pensaba que la vejez sería para disfrutar sus ingresos por los años trabajados como docente, compartir con sus hijos y ver crecer a sus nietos. Ideas que se fueron desvaneciendo a golpe de realidades.

Sentada desde una banqueta de madera, se mece al ritmo de ser parte del 19% de hogares venezolanos que reportaron tener al menos a uno de sus integrantes fuera del país. Los dos hijos mayores de Catalina ya no la acompañan. En los últimos tres años solo puede ver en persona el rostro de la menor, Daniela, de 22 años.

La primera en partir fue María, su primogénita, en agosto de 2016 vía Colombia. Al año siguiente le tocó el turno a Julio César, un ingeniero de sistemas de 31 años que dejó el Metro de Caracas para subir a un avión rumbo a Santiago en Chile. Desde allá le envía dinero a su mamá.

Al principio lo hacía mensual, incluso cuando estuvo sin empleo me mandaba de sus ahorros. Era esencial, para la compra de las medicinas y de los alimentos”, cuenta su madre. Con el tiempo, el monto se hizo insuficiente, y las remesas tuvieron que pasar a ser quincenales. Ahora los envíos son cada semana.

Pero no solo es dinero. Chacón también recibe cajas con jabón, champú, papel de baño, enlatados y variedad de productos que él considera de primera necesidad. “Ahora no salgo a recibir a mi hijo, sino una caja que me manda de otro país”, dice Catalina resistiendo la lágrima que se asoma.

La encuesta Encovi registra que 30% de los hogares con migrantes recibe remesas. Un 37% de receptores son personas entre los 40 y 59 años, el 66% son mujeres jefas de hogar, como se asume Catalina a pesar de que vive de esos envíos pues su jubilación como docente del Pedagógico de Caracas ya no suma ni el equivalente en bolívares a un dólar mensual.

La terminal aérea de Maiquetía se ha convertido en puerto de despedidas (Ronald Peña | Archivo El Pitazo).

Pies en la tierra, título en el bolsillo

De acuerdo a los datos reflejados en la Encovi 2019-2020, uno de cada tres migrantes venezolanos alcanza la enseñanza universitaria. En total, 29% de migrantes mujeres partieron con su título bajo el brazo, mientras que los hombres llegan a 19%. Sin embargo, dejar el país incluye afrontar que la profesión pudiera no ser ejercida.

En mayo de 2015, Deilhy Alcalá y su esposo Johans Villasmil decidieron empezar de cero. “Yo soy publicista sin ejercer mi profesión, trabajé por seis años en Mercantil Seguros como analista de indemnizaciones en el área de automóvil y salud. Johans es administrador e igualmente trabajó allí en lo mismo”.

Vivían separados, en las casas de sus padres en diferentes zonas de Los Teques, estado Miranda, pero sus empleos les permitían vivir “bien”, según afirma la mujer. “Podíamos darnos el lujo de viajar fuera del país cada año y realmente nunca pasamos necesidad”, cuenta Deilhy. Pero pensar en un futuro común con Johans lucía poco alentador. “Ya para ese entonces la adquisición de un apartamento se hizo muy cuesta arriba para nosotros, cosa que nos llevó a tomar la decisión de marcharnos”.

Pusieron la meta en Estados Unidos. Pero ella no tenía visa para un sueño, ni de turista. “Nunca nos vimos en un escenario donde uno se fuera primero y el otro después. Eran los dos juntos o nada”. La Encovi 2019-2020 señala que uno de cada tres venezolanos que emigran van acompañados. De estos, 30% van junto a su pareja. “Decidimos ir a España, y mi hermano nos abrió las puertas de su casa”.

Ahora ambos trabajan en oficios muy diferentes a lo aprendido en las universidades venezolanas. Deilhy labora en dos casas de familia, “en una cuido a tres pequeñitos, incluidas las labores del hogar, y en la otra solo limpieza y lavandería. Johans trabaja en Ikea, una tienda de cosas para el hogar”.

Sus ingresos alcanzan. Lograron alquilar un apartamento para establecerse, se casaron y confían en seguir creciendo en tierras españolas. A Venezuela no la ven sino como parte del pasado.

Según la Encovi 2019-2020, antes de la pandemia por covid-19, el retorno era una opción considerada apenas por 4% de los emigrantes criollos.

UN PAÍS ENVEJECIDO

Muchos jóvenes pierden la vida en Venezuela a causa de la violencia, que cada día enluta a más hogares. La mortalidad infantil también se eleva. Y las mujeres, al insertarse en mayor proporción al mercado de trabajo y hacerlo con mayores responsabilidades que los hombres en muchos casos, han disminuido el porcentaje de embarazos y nacimientos, como ha ocurrido en ortas sociedades.

Sin embargo, un factor clave y muy venezolano se ha sumado a los anteriores para generar un cambio abrupto en la conformación etaria de la población venezolana: la acelerada emigración.

Los hogares venezolanos han sufrido una mutación. Fue un proceso inicialmente lento pero luego vertiginoso, con la partida de muchachos y adultos jóvenes en plenas capacidades productivas. Atrás quedaron angustiados padres, bebés que mantener y abuelos que crían a sus nietos.

Las personas mayores de 50 años son las menos propensas a emigrar (Ronald Peña | Archivo El Pitazo).

Mirna Xiomara Becerra tiene 54 años, es residente en Barinas, y aún no tiene edad para jubilarse. Es madre de tres hijas, de las cuales dos, de 27 y 25 años respectivamente, se fueron del país hace más de un año. «Para mí fue algo que me impactó demasiado. Yo prácticamente crié a mis hijas aquí, ellas siempre han estado cerca«.

Daibelys, la segunda hija pero la primera en emigrar, partió primero a Perú, aunque luego recaló en Chile. Le siguió Darbelys, la más pequeña y quien cargó con su bebé, un morral y un boleto de autobús para emigrar a Colombia. Ambas tenían empleos formales -en un supermercado y en un ministerio, respectivamente-, y a ambas se les hizo insuficiente el ingreso tanto como insostenible las condiciones de vida.

Desde entonces, Xiomara se siente más sola, incluso desprotegida. “Ellas se preocupan, saben que dejaron a su mamá por aquí y yo me preocupo porque ellas están por allá”.

Los más pequeños van quedando al cuidado de los más adultos (Cortesía Ana Rondón).

Su hija mayor, Dairelys, de 35 años, es docente y permanece en el país junto a su esposo y un hijo. “Ella vivía un poquito mejor, pero ahora les ha tocado fuerte. El sueldo no alcanza para nada”.  De los temores de Xiomara no escapa la posibilidad, cada vez más cierta, de que Dairelys decida cortar cabos.

Su caso replica el de muchos. En cada rincón de Venezuela se multiplican los hogares con menos habitantes, familias con integrantes distanciados y, especialmente, de espacios que dejaron vacíos quienes están en edades productivas, amén de los lugares de trabajo que perdieron talentos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima en cerca de cinco millones de personas las que han abandonado el país. La edad de la mayoría está entre los 18 y los 39 años, precisamente las más activas. En suelo venezolano ha quedado buena parte de los mayores de cuarenta, un alto porcentaje de mayores de 50 años y la casi totalidad de los mayores de 60 años.

Un cambio de este tipo no pasa sin consecuencias. Cuando tenía una población mayormente joven, Venezuela contaba con lo que se llama el “bono demográfico”, una característica que se presenta una vez en la historia de los países, que abre amplias perspectivas pues la mayor parte de la población está en edad productiva y los ciudadanos más dependientes y necesitados (niños y adultos mayores) son minoría.

Más población adulta en edad de trabajar significa mayor producción interna, mayor impulso a la economía, mayor cantidad de personas cotizando al seguro social que ampara a todos, mayor recaudación de impuestos y mayores índices de consumo e intercambio económico.

Asimismo, una posibilidad más grande de generar los recursos necesarios para sostener a quienes no pueden valerse por sí mismos. Lo contrario es una nación debilitada, con una economía que se queda sin músculo para moverse, con todas sus derivaciones en calidad de vida.

Encuestadores comprobaron que la composición de los hogares venezolanos ha cambiado (Cortesía Carlos Urrieta).

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) 2019-2020 recoge las consecuencias de este cambio demográfico, la pérdida de ese bono que se preveía duraría hasta mediados del presente siglo. Esa venta de oportunidades prácticamente se “evaporó” en los siete años en que Nicolás Maduro ha gobernado.

Luis Pedro España, sociólogo y coordinador del estudio, detalla que el bono demográfico registrado es regional, todo el continente lo vive actualmente en el marco de “transición demográfica”.

El académico relata cómo se da el proceso.

“Cuando comienzan las primeras etapas de desarrollo de los países, que pasan de economías rurales, de subsistencia, con una población con esperanza de vida muy corta, y llega el desarrollo urbano, llega la penicilina y todo eso, las personas viven más tiempo, la tasa de mortalidad infantil se reduce y la población empieza a crecer. Eso hace que tengas una población con muchos niños, pocos adultos y casi nada de viejos».

Más adelante, «cuando comienza la primera fase de la transición demográfica, la fecundidad comienza a reducirse, la mujer tiene mayor nivel de instrucción, comienza a participar en la vida pública y las proporciones de hijos por mujer va cayendo. Por lo tanto, comienzas a tener más población en edad activa que la que tenías antes».

En América Latina el bono demográfico, entendido como la existencia de más adultos que niños en la población, comenzó en los años 80. «Hay unos países donde la transición la hacen primero y otros que la tienen de manera más tardía, que son los centroamericanos. Con una velocidad intermedia era el caso de Venezuela, Colombia, Perú”, sostiene España.

Pero ese ritmo se modificó. En Venezuela se esperaba que el fenómeno alcanzara hasta 2045, y llegó hasta 2020. “Perdimos el bono demográfico. Lo que iba a ocurrir en 2045 está ocurriendo ahora porque la mayor parte de las personas que se están quedando son mayores de 65 años”. Y lo que se pierde, no retoña. “La única posibilidad de volver a tener cierta paridad entre activos e inactivos es que tengas saldo migratorio favorable, lo que pudiera empezar a ocurrir si los que emigraron regresaran”.

Luis Hernán Salcedo quiso hacer carrera en Venezuela, hasta que el camino dejó de hacerse al andar. Locutor y productor de radio y espectáculo, conducía el programa La embajada del vallenato, por Radio Venezuela 790 AM en Caracas y con transmisión nacional. El “embajador”, como era conocido, se hizo un espacio como organizador de eventos. Esa carrera le dio la posibilidad de comprar apartamento y vehículo propio, amén de aumentar la capacidad de generar shows cada vez más multitudinarios.

La mía fue la primera productora que llevó a Venezuela una agrupación de Colombia llamado Los Diablitos, que tenían un tema que se titula ‘Los caminos de la vida’, a un evento en el Parque Naciones Unidas que congregó a cuatro mil quinientas personas. Tenía el programa más popular de vallenatos en Venezuela en ese momento”, cuenta Salcedo refiriéndose a 1993.

Dos décadas más tarde, la fama le pasó factura. A través de los micrófonos dejó colar críticas a la calidad de vida en Caracas, el desvencijar de las infraestructuras públicas y el detrimento de los servicios básicos. Entonces, afirma, recibió ataques. “Fui acosado por los llamados círculos bolivarianos, me amenazaron y me siguieron, intentando sabotear mis actividades”.

En 2015 cerró su última maleta y se largó a Estados Unidos. “En Miami me dedico a trabajar de security; soy lo que se conoce en Venezuela como guachimán”. Atrás quedó su programa de radio pero también todas las actividades con las que generaba decenas de empleos indirectos.

Un país distinto

La demógrafa y docente de la UCAB María Gabriela Ponce explica que Venezuela venía con una proyección demográfica según la cual para este año debía contar con cerca de 33 millones de habitantes, pero según los datos de Naciones Unidas en 2019, ahora es de 28,4 millones.

“Ya no es un país joven. No es el país que teníamos en el ideario. Nos estamos adentrando en un proceso de envejecimiento poblacional para el que no estábamos preparados”, sostiene la investigadora.

La demógrafa indica que, cuando se planifican políticas públicas, lo primero es ver la base poblacional, “porque eso te marca la demanda de servicios; no es lo mismo hacer políticas para niños, con salud preventiva y vacunación, que para jóvenes para los que hay que enfocarse en la prosecución educativa, la inserción laboral, etc; y que para adultos mayores”.

Añade que las tendencias demográficas son muy estables, pues no cambian rápidamente en el corto plazo. Venezuela lo hizo producto de la crisis. “15% de la población salió del país, si atendemos a las cifras de la Organización Internacional de Emigraciones. Eso no es cualquier cosa, tiene unos impactos”.

Ponce precisa que la proyección de personas a partir de 59 y 60 años coincide con lo esperado, pero las diferencias están entre aquellas entre 15 y 39 años. “Se suponía que estábamos en pleno bono demográfico. Si se aprovecha se supone que el país puede aumentar las capacidades productivas, generar riqueza y prepararse para lo que viene después”, argumenta.

Pero ahora Venezuela se adentra a un proceso para el que sus habitantes no están preparados. “La receta que te da la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es ‘aproveche el bono demográfico porque después usted se va a tener que enfrentar a un proceso de envejecimiento’. Significa otro cuadro de demandas distintas. Hay más presión para temas de salud, de atención a enfermedades crónicas, etc”.

Aspectos positivos

La visión del sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Tomás Páez contrasta con la de sus colegas de la UCAB. A su juicio, que gran parte de los jóvenes venezolanos estén en el exterior de igual manera puede ser beneficioso para el país. Afirma, de hecho, que «el bono demográfico venezolano lo está aprovechando el mundo, pero por supuesto lo está aprovechando también Venezuela«.

Se refiere a la transferencia de recursos. «El segundo rubro de ingresos son las remesas, están en este momento cayendo producto del coronavirus, pero el problema no es el cambio en edad. El cambio en la composición etaria de la población tiene que ver con una situación de gravedad en el país«, señala el sociólogo.

“El problema no es el cambio en la estructura de población, sino el modelo que está empujando a una parte de esa población, la más joven y ganada a construir su futuro, a irse del país, una migración forzada y forzosa», apunta.

Tomás Páez estima que Venezuela tiene en este momento 6,15 millones de sus ciudadanos fuera del país, lo que representaría el 20% de la población. Esas personas estarían en edades de 18 a 45 años, distribuidas en 30 ciudades y 90 países. Sus hijos ahora nacen en otras latitudes, lo que efectivamente ha hecho que la población en la nación envejezca.

Postales que una generación de venezolanos nacidos en el extranjero no ha visto.

Sin embargo, observa que si esas personas se hubiesen quedado en el país “serían seis millones de venezolanos peleando por gasolina, harina y agua que no existe. Si se hubieran quedado estaríamos comiéndonos nosotros mismos. No hay servicios, transporte, medicinas para los que se quedaron, imagínate si a eso le agregas seis millones más de personas”.

Desde su perspectiva, la diáspora no solamente ha sido un alivio porque esas personas que se fueron no generan presiones sobre los servicios, o en la distribución de gasolina, sino porque envían remesas.

“Tenemos 10 mil organizaciones diaspóricas (sic) y una parte está dedicada al envío de medicinas, o de toneladas de alimentos. El hecho que hayan salido seis millones de venezolanos que están estudiando, trabajando, invirtiendo afuera y enviando parte de esos recursos a los venezolanos, es lo que paga las reparaciones de bombas de agua en los edificios, la junta de condominio, los compresores de neveras y carros o la compra de cauchos”.

A su juicio, que tanta gente se haya ido además significa una posibilidad enorme de colocar productos en el exterior, haciendo estudios de mercado mucho más sencillos. “La diáspora no es el problema, sino parte de la solución. Tienes dos millones de venezolanos en Colombia, que consumen y aportan al PIB. Eso es beneficioso para la empresa venezolana, porque ya son baquianos que conocen el mercado, la realidad cultural, tienen contactos, han creado redes empresariales, personales e institucionales que ha permitido el desarrollo de programas conjuntos de emprendimiento en Bogotá, Cúcuta, Medellín”, enumera.

La fuerza de trabajo que queda se va agotando (Ronald Peña | Archivo El Pitazo).

El investigador Tomás Páez, ahora ubicado en Ecuador y con varios años estudiando la migración venezolana, considera que el asunto relevante no es si las personas están dentro o fuera de Venezuela, sino que esa fuerza de trabajo y todo ese talento y formación no se esté aprovechando, independientemente de donde estén.

Puede ocurrir lo que pasó en países que se recomponen, como España luego de la guerra civil o Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En España, el principal ingreso fue el que enviaba la diáspora«.

El académico considera inútil la idea de la «fuga de cerebros» que tanto se ha dicho desde hace décadas. Refiere que «países de Europa, Estados Unidos y Argentina han crecido con sus diásporas. Las personas enviaban remesas, después construyeron empresitas, hoteles, tenían un pie aquí y otro allá, tenían familia, la visitaban. Si los países se recomponen y hay políticas serias, se recupera ese capital”.

Advierte que lo contrario ocurre en países como Cuba y otros con sistemas socialistas de inspiración marxista, pues pierden esa capacidad, aprovechan apenas las remesas, y sus procesos de reconstrucción tarda muchísimo más.

Candy Quintana vive en Barcelona, España. Es cocinera de alto nivel y ha trabajado en restaurantes importantes de esa ciudad, dejando colar algo de sus orígenes. Nació en Petare y creció abriéndose camino entre la inseguridad y la precariedad. “Soy de Mesuca, donde viví hasta los 19 años. Decidí irme a vivir a (la isla de) Margarita, pues quería salir de esta zona donde tenía que estar con miedo y peligrando, donde me intentaron robar muchas veces”.

Egresada de Turismo en el Colegio Universitario de Caracas, se formó como cocinera en el High Training Educational Institute en Bello Monte. En Nueva Esparta hizo carrera en restaurantes y hoteles hasta que estar frente a la boca de un revólver la convenció de irse más lejos.

Luego de una estadía corta en Noruega recaló en Cataluña, donde ahora cursa una maestría en la Universidad de Barcelona en Conducción de empresas turísticas con mención en organización de eventos. Su vida se ha ido reconstruyendo, lejos.

Uno de los retos es diseñar políticas que aprovechen la diáspora que ha dejado atrás a las generaciones más gastadas (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

Para María Gabriela Ponce hay muchas hipótesis para la recuperación de ese capital humano que está fuera del país. “Tiene que haber algún cambio político, en la conducción. Ya tenemos seis años que se insiste en lo mismo y vemos que cada año el deterioro es peor. Es lo que muestra el registro de la Encovi cuando ves los niveles de pobreza, la inseguridad alimentaria”.

Admite Ponce que la emigración trajo cosas positivas, especialmente la baja en la presión sobre diferentes servicios, pero hace énfasis en que la contracara es la reconfiguración de las demandas sociales.

“Tu base poblacional no son 32 millones, es de 26 y pico, ya hay una porción más grande de adultos mayores, es un país distinto. No es un país rico, no es joven, tampoco un país petrolero”.

«EL PAÍS SE HA HOMOGENIZADO EN TÉRMINOS DE POBREZA»

Luis Pedro España es sociólogo y profesor universitario. Tiene una maestría en Ciencias Políticas y dirige Ratio UCAB, la encuestadora de la Universidad Católica Andrés Bello. Investigador constante, coordina la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).

España es coordinador del Proyecto Estudio de la Pobreza en Venezuela de la UCAB desde 1997 (Andrés Kerese | Archivo Prodavinci).

-¿La pobreza en Venezuela es distinta en 2019-2020 con respecto a años anteriores, más allá de las cantidades?

-Encovi es un estudio cuantitativo no cualitativo. Pero creo que lo que ha cambiado, sobre la hipótesis desde el punto de vista cuantitativo, son los mayores niveles de angustia, de incertidumbre, y sobretodo de saber que estás jodido, que no vas a salir de la pobreza. Desde el punto de vista cuantitativo, se han profundizado algunas diferencias. Por ejemplo, las diferencias de género. La caída de las remuneraciones, su deterioro, ha hecho que las mujeres se retiren del mercado de trabajo. Solamente cuatro de cada diez mujeres en edad activa trabajan. No es que no quieran trabajar, sino que las actividades del hogar están distribuidas desigualmente por género, y el costo de oportunidad de las mujeres es mayor. Entonces, para lo que van a ganar, que es muy poco, prefieren quedarse en la casa atendiendo las labores de cuido, tanto de las personas de la tercera edad como de los niños.

-¿La remuneración de la mujer frente a un hombre por un trabajo similar es menor y por tanto impulsa ese desgano?

-Sí, sin duda. Especialmente en los trabajos informales. En el sector informal las diferencias son gigantescas y allí la constitución fisiológica en materia de fuerza y resistencia vale mucho. Eso aleja mucho más a la mujer en el mercado laboral. La otra diferencia es que en los hogares la jefatura de las mujeres ha aumentado mucho, incluso donde la pareja vive con ella.

-¿Cómo es el retrato actual de los estratos sociales en Venezuela?

-Evidentemente el tema de la desigualdad en termino de ingresos, el distanciamiento entre las brechas sociales, es muy grande. Nosotros reconstruimos los estratos sociales. Nosotros reconstruimos para esta Encovi los estratos sociales que utilizamos en el estudio de la pobreza. Tenemos 10 años de estratificación total y se ve cómo se han achicado los estratos, cómo el país se ha homogenizado en términos de pobreza, y cómo hay una pequeña parte del país que es la que se diferencia socialmente. 

-¿Cuál es el segmento que termina siendo dominante en esa torta?

-La mayoría está en el estrato D. Tenemos cinco estratos, del A al E. El estrato D sería un estrato que está en situación de pobreza urbana, personas que viven en zonas populares en donde las casas no están completamente consolidadas, el techo es de algún tipo de lámina y el piso es de cemento. Eso es el 47,4% de la población. El estrato E, que sería como una pobreza extrema, más rural que urbana o semiurbana, es 26,5%. El estrato C (22,1%) sería como un estrato no pobre popular, personas que son vecinas de estas zonas populares, pero son zonas mucho más consolidadas del barrio, más cerca de la principal vía que usan por ahí, por ejemplo. El estrato B y el estrato A serían nada más 4% de la población, cuando en 2007 era 16,4%. Entonces, lo que estamos viendo es que el país se está homogenizando en términos de pobreza.

-¿Desapareció la clase media en Venezuela?

-Por supuesto se achicó. No fue que se murieron o se mudaron. No es que alguien vivía en Los Palos Grandes y ahora vive en José Félix Ribas. Zonas consolidadas, como San Martín, construidas por el sector formal con edificios construidos con todos los servicios, ahora tienen las mismas carencias que las zonas populares. El empobrecimiento masivo ha hecho que la clase media deje de tener el estilo de vida de clase media, a pesar de que un 40% de los hogares tiene esa infraestructura.

-¿Las ciudades se han reducido a vivir en una modernidad residual? 

-A mí me recuerda a países que vivieron momentos de esplendor y después se empobrecieron durante varias décadas. Cuba es el ejemplo más cercano a nosotros. Pero hay otros países del norte de África, como Marruecos, que eran unas sociedades de ingresos gigantes y después tú vas y son unos cascarones vacíos. Nosotros nos estamos pareciendo mucho a eso.

-Viendo los gráficos de línea de pobreza se nota claramente cuándo comenzó la debacle, con la curva ascendente. Defensores de Hugo Chávez usan eso para separarlo de Nicolás Maduro.

-Los ingresos del país tuvieron una época muy diferente, no tanto de aumento de la producción petrolera, sino del precio entre el año 2005 y 2009. Después, a punta de endeudamiento, Chávez mantuvo la cosa irresponsablemente hasta el 2012, su última elección. El ingreso petrolero fue lo que permitió que los niveles de consumo de la población mejoraran mucho, pero no su calidad de vida necesariamente. El venezolano compró más productos, remodeló la casa, viajó, pero no tenía un mejor servicio de agua, no podía mejorar la seguridad. El gobierno fue muy irresponsable porque lanzó al consumo todo el ingreso petrolero, y cuando eso cayó vino la debacle del país y el empobrecimiento.

-¿La Encovi demuestra que esta realidad económica ha dejado vetustos conceptos como el uso del salario mínimo como indicador, por ejemplo?

-Cualquier regulación laboral en Venezuela no se cumple, porque no se puede cumplir. Nadie gana el salario mínimo en Venezuela. El promedio anda por los 60 o 65 dólares mensuales, en el mejor de los casos, lo cual es un salario de mierda y por eso es que todos somos pobres. Pero aquí todo lo que tiene que ver con la regulación de los contratos por parte del Estado se acabó. El Estado no tienen ninguna posibilidad de regular absolutamente nada porque la realidad se lo tragó. Todo lo que tiene que ver del dominio del Estado sobre la sociedad se acabó, a excepción de la represión que además es muy selectiva y muy variable.

-En la década pasada se asumía que trabajar para el Estado venezolano era más rentable. ¿La realidad de hoy cuál es?

-El sector público remuneró mejor en una época, unos pocos años cuando se generó algo que no era lo normal. Normalmente la remuneración del sector público y del sector privado era similar. Ciertamente en la época del boom petrolero se despegó la remuneración pública. En este momento por supuesto no. Ahora la mejor remuneración es el sector privado formal. Y la segunda es el sector público formal, y después todo el tema de la informalidad. Lo que sí preocupa mucho es que la educación ha perdido importancia desde el punto de vista de remuneración. Es decir, en promedio cada año de escolaridad igificaba 6% más de remuneración, en 2014. A finales de los años 90 era 14%. Para el año 2019 ese promedio bajó a 2%. Entonces no vale la pena estudiar. También eso habla de una escuela que no tiene calidad, especialmente en la educación superior.

El estudio Encovi 2019-2020 llegó a sitios recónditos (Cortesía Nelson Martínez).

-Aunque ha bajado la matrícula universitaria, la de educación básica no. ¿Por qué ocurre esto? 

-¿Y qué vas a hacer con un niño sino mandarlo para la escuela?

-¿Las escuelas son como depósitos de niños? 

-Por supuesto. Lo único que puedes hacer con un niño de entre siete y 12 años es mandarlo para la escuela. Después de los 12 años, los niños comienzan a tener unos destinos diferentes a la escuela porque empiezan a tener un valor dentro del mercado de trabajo, más los varones que las hembras. Antes, lo único que puedes hacer es llevarlo a la escuela o dejarlo en su casa. Por eso es que los niveles de matrícula de primaria son más universales. Ahora, una cosa es estar matriculado, otra es ir al salón y otra distinta es aprender algo.

-Hay quien se graduó hace dos o tres décadas y también tiene ingresos precarios. ¿Son pobres ilustrados?

-Por supuesto. Ese 2% es un promedio que no solamente considera a los que se graduaron o terminaron un ciclo escolar ese año, sino todos los profesionales. Tienes entonces ilustrados empobrecidos, como se ha empobrecido la inmensa mayoría. Esa clase media empobrecida que vive en cascarones vacíos son profesionales.

-Encovi muestra que no ha reducido la cantidad de alimentos que se consume, sino la calidad de la dieta. ¿Es el hallazgo más relevante en ese aspecto?

-Solamente 10% de la población no tiene ningún tipo de inseguridad alimentaria. Eso ya te habla de un país que está comiendo y adquiriendo muchísimo menos alimentos que el que considera que necesita. Pero no solamente eso es lo más grave, sino las dietas. La dieta esencialmente se basa en carbohidratos. El consumo de proteínas está a un 50% de lo que debería ser el requerimiento. El país se está llenando el estómago para no sentir hambre, pero sin valor nutricional.

España ha sido coordinador de varios libros sobre pobreza y políticas públicas en Venezuela (Maura Morandi | Archivo Prodavinci).

-¿Un país con estos resultados por dónde se comienza a arreglar?

-La respuesta siempre es la misma, pero es más difícil llegar a ella. Tú tienes que lograr dos cosas: que el país pueda volver a producir, lo que sea, pero producir; y lograr tener ayuda externa. Al país le fue destruido su aparato productivo, y no puede reconstruirse solo. Necesita créditos para el desarrollo, y créditos en largo plazo con mucha plata. Quienes puedan dar eso son los organismos multilaterales, y hasta que este país no se acomode políticamente no vamos a poder tener acceso a esos recursos. Desde el punto de vista social lo que hay que hacer es recomponer la cotidianidad, que las personas vayan a trabajar y que los niños vayan a la escuela, con todo lo que eso implica.

-Una reconstrucción también pasa por tener tejido social. ¿Cómo hacer cuando el retrato social es tan precario? 

-Vas a tener ese cuello de botella pero en el mediano plazo. Tú con lo que tienes en el país de recurso humano, tienes posibilidades de volver a ser productivo. Tienes una fuerza de trabajo reducida pero muy subutilizada. Los cuellos de botella llegarán a los dos o tres años cuando se acaben los maestros, los médicos, y así. Por eso es que en una segunda oleada de reconstrucción del país hay que tener políticas de repatriación.

-¿Y si esa reconstrucción no comienza todavía, hacia dónde caminamos luego de ver que la pobreza de ingreso en hogares ya es de 96%?

-Algunos indicadores se van a mantener porque no pueden seguir aumentando. Pero todo se puede seguir deteriorando en otros aspectos que no se hayan deteriorado, como el servicio de agua donde un 25% de la población dice que la recibe agua todos los días. Eso puede llegar a 10% o bajar hasta 4%. Hay espacio para seguir deteriorándonos.

-¿Si la calidad de vida desmejora más sería un detonante para un cambio político?

-La conflictividad social es una condición necesaria para el cambio político, pero no es suficiente. Lo que pasa es que en Venezuela hay una suerte de fantasía construida con el 27 de febrero (de 1989), de que hay algo así como un momento de saturación, y eso no es verdad. Necesitamos los otros ingredientes para el cambio político. Tú puedes tener países política e institucionalmente frágiles que son frágiles toda su vida. Y eso es lo que nos está empezando a pasar a nosotros.

-¿Como investigadores, les duele trabajar con estos resultados?

-Uno tiene que actuar como un médico. No hay tiempo para llorar sino para resolver. Siempre hay una distancia con el dato. Ahora, lo que nos ha resultado cada vez más difícil es conseguir el dato. Que nos detengan encuestadores, que haya unos señores que se asumen dueños del barrio o de la urbanización, la desconfianza de las personas, que casi linchen a una encuestadora porque una señora empezó a pegar gritos diciendo que le querían robar al niño… Las situaciones de peligro a las que sometemos al personal que está en campo es algo que cada vez nos cuesta más. Nos cuesta tener protocolos de seguridad, perder la capacidad de sorpresa de lo que es capaz de hacer una sociedad cuando está en extremo estresada. Hay más miedo de lo que va a pasar en campo.

-¿Pensaban que los resultados serían tan duros?

-Uno nunca se espera nada mejor porque está viendo el país todo el tiempo, pero sí te sorprenden algunas cosas. Por ejemplo, estas diferencias de género yo no me las esperaba. Tampoco la caída tan importante del consumo de alimentos, el empobrecimiento mayúsculo de los sectores medios y los sectores profesionales. Allí comienzas a ver el retrato de personas que tú conoces, que fueron colegas tuyos, que han perdido 30 kilos sin haberse enfermado. Eso es lo que no te esperas.

-Encovi se ha convertido casi en el indicador nacional de pobreza. ¿Alguien de la burocracia gobernante los ha contactado y/o mostrado preocupación o interés? 

-Esta Encovi ha sido muy demandada pues la esterilidad de datos, la ausencia absoluta de información, tiene a todos los sectores muy desasistidos. Hay mucho interés y necesidad de información. Uno siente que cada año la demanda es mayor. Pero nadie del gobierno nos ha contactado. Antes decían que éramos unos mentirosos. Ahora ya ni eso, nos ignoran. Uno aspiraría a que al menos llamen, aunque sea pidiendo confidencialidad. En la universidad siempre estaríamos dispuestos a ayudar.

TESTIMONIOS

«Lo que cobro en un día por servicios de peluquería, equivale a una quincena por mi trabajo en una escuela«. Natacha Paredes

«Los días que no se vende ni se cambia nada, rescatamos las bolsas con desperdicios que sacan del mercado y allí siempre se consigue algo«. Yakelin Márquez

«Lo que comenzó como un complemento económico terminó siendo mi modus vivendi«. Jaime Rodríguez

«¿Sabes qué es lo que más quiero? Tener otra vida y algún día poder regalarle su casa a mi mamá«. Ángel Cabello

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Coordinación y Edición
Víctor Amaya

Periodistas
Roison Figuera
Luisa Quintero
Zulvyn Díaz
Carlos Seijas Meneses
Ahiana Figueroa
Gabriela Rojas
Orianny Granado
José Luis Carrillo
Víctor Amaya

Fotografía
Luna Perdomo

Infografía y Diseño gráfico
Carlenys Zapata

Este trabajo fue realizado por TalCual como parte de la Alianza Rebelde Investiga

Caracas, 1 de octubre de 2020

 

Marco Jurídico de los Condominios en Venezuela

Abog. Yelitze Cortez

La norma por excelencia y que debemos aplicar en las comunidades sometidas al régimen de propiedad horizontal (condominios), sea residencial o comercial, es la Ley de Propiedad Horizontal -que data de 1958- con una ligera reforma en 1983, en la que el legislador contempló los aspectos que consideró para el buen funcionamiento de las comunidades que se rigen por la propiedad horizontal.

La actividad legislativa en materia de propiedad horizontal o también llamado condominios, en nuestro país ha sido escasa. Diversos proyectos han sido trabajados por abogados especialistas en el área; sin embargo hasta la fecha no tenemos una ley cónsona con la realidad, lo que hace un poco cuesta arriba el manejo de los condominios en Venezuela

La dinámica y el constante cambio en toda sociedad, nos lleva a complementar la norma, con la doctrina y la jurisprudencia.

Las decisiones que han tomado los jueces como órganos de administración de justicia, nos van a complementar la toma de decisiones y que suplirán aquellos aspectos que no contempló la Ley de Propiedad Horizontal.

Por último. y no menos importante, la opinión importantísima de abogados con experiencia en esta materia tan especial y que tiene pocos profesionales que se dedican a ella.

La propiedad horizontal se maneja con diversos instrumentos jurídicos, no solo la ley especial que rige la materia, sino otros cuerpos normativos en los que nos vamos a apoyar en el manejo de las situaciones que, en el quehacer cotidiano, se nos presentan en los inmuebles sometidos a este régimen:

Código Civil de Venezuela [1]

Por tratarse de obligaciones civiles, le es aplicable a la vida en condominio. El código, si bien no tiene un capítulo específico que abarque la propiedad horizontal, contiene en su articulado una serie de normas aplicables a las relaciones en los condominios. Veamos algunas:

Mandato

Encontramos en el Título XI, capítulo I, las normas relacionadas con el Mandato, la naturaleza de este contrato, las obligaciones del mandatario, las obligaciones del mandante, culminando en el articulo 1.712 con la normativa relacionada con la extinción del Mandato.

Dispone el artículo 1.684 que “El Mandato es un contrato por el que una persona se obliga gratuitamente, o mediante salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que la ha encargado de ello”.

Comunidad

Prevista en el Titulo IV, veamos algunos artículos aplicables en materia de Propiedad Horizontal.

Artículo 760, primer aparte: “El concurso de los comuneros, tanto en las ventajas como en las cargas de la comunidad, será proporcional a las respectivas cuotas”.

Artículo 761: “Cada comunero puede servirse de las cosas comunes, con tal que no las emplee de un modo contrario al destino fijado por el uso, y de que no se sirva de ellas contra el interés de la comunidad, o de modo que impida a los demás comuneros servirse de ellas según sus derechos”.

Artículo 762: “Cada comunero tiene derecho de obligar a los demás a que contribuyan con su porción a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común, salvo a éstos la facultad de libertarse de tal deber con el abandono de su derecho en la cosa común”.

Artículo 763: “Ninguno de los comuneros podrá hacer innovaciones en la cosa común, aunque reporte a todos ventaja, si los demás no consienten en ello, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente”.

Artículo 764: “Para la administración y mejor disfrute de la cosa común, pero nunca para impedir la partición, serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los comuneros, aun para la minoría de parecer contrario.

No hay mayoría sino cuando los votos que concurren al acuerdo representan más de la mitad de los intereses que constituyen el objeto de la comunidad.

Si no se forma mayoría, o si el resultado de estos acuerdos fuese gravemente perjudicial a la cosa común, la autoridad judicial puede tomar las medidas oportunas y aun nombrar, en caso necesario, un administrador”.

Ley Orgánica del Trabajo [2]

Todos los trabajadores del condominio están protegidos por la Ley Orgánica del Trabajo, salvo los Trabajadores Residenciales (los encargados del aseo y limpieza del inmueble) quienes tienen un artículo en esta ley y tienen además la protección que les brinda la ley especial que los rige, en este caso la Ley para la Dignificación de Trabajadores Residenciales, que se menciona más adelante.

La Ley de Propiedad Horizontal no dispone nada acerca del Trabajador Residencial, antes llamado “conserje”. Este nombre fue eliminado en la oportunidad de promulgarse la ley especial que rige a este tipo de trabajadores, muy común en todo condominio.

La Ley Orgánica del Trabajo prescribe en el Título IV -De las Modalidades Especiales de Condiciones de Trabajo- y dispone en el artículo 206: “Los trabajadores residenciales, se regirán por la Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales, en todo lo aplicable a la materia laboral; y por esta ley, en cuanto les favorezca”.

Ley de Propiedad Horizontal [3]

Esta es la norma por excelencia y ley especial, para los inmuebles sometidos a la propiedad horizontal.

Contiene la normativa por la que los condominios deben regirse y fue sancionada en 1983. Tiene el Reglamento Parcial N° 1 de la Ley de Propiedad Horizontal [4]

Consta de 47 artículos y tres de disposiciones finales.

Ley  Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales [5]

La Ley Orgánica del Trabajo prevé la normativa aplicable a los trabajadores del condominio, sin especificar un capítulo especial destinado a ellos, sino que simplemente por ser trabajadores están sujetos al amparo de esta ley.

Los antes denominados “Conserjes”, se unieron en registros y reuniones para solicitar que se garantizaran los derechos y las reivindicaciones que, a su juicio, faltaban para este segmento de trabajadores con régimen especial por cuanto consideraban que estaban siendo sobre explotados por sus patronos; en este caso, las comunidades de propietarios.

Nace así una ley especial para ellos que viene, a juicio de la exposición de motivos de la misma norma, a “reivindicar” y proteger a estos trabajadores desprovistos de protección en las relaciones de trabajo.

Es una novísima ley que recoge la normativa legal aplicable a los trabajadores encargados del aseo y de la limpieza de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal y que sean destinados a vivienda.

Recoge una serie de artículos que definen de manera clara las funciones de este trabajador, su contratación, el plan de trabajo a seguir entre otros de interés. Es un trabajador que, aparte del articulado contenido en la Ley Orgánica del Trabajo, tiene en este cuerpo normativo todo cuanto le es aplicable por ser un trabajador del condominio.

Se observa un excesivo manto protector que -en muchas ocasiones- tiende a perjudicar; si no, a entorpecer la relación armoniosa que debe prevalecer entre las partes de trabajo en esta relación, por haberse excedido el legislador en la sobreprotección de estos trabajadores.

Ley Orgánica de Precios Justos [6]

Es un cuerpo normativo al que están sometidos los prestadores de servicios vinculados con el condominio, tales como empresas de vigilancia, de mantenimiento de ascensores y piscinas, y administradores de condominio, entre otros proveedores de servicios.

Contiene la relación de los derechos individuales de las personas en el acceso a bienes y servicios, su órgano rector es la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos.

Esta ley recoge prevé el Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a seguir por cualquier condómino que sienta lesionado su derecho por parte de un proveedor de servicios.

Tiene un órgano controlador que enumera una serie de infracciones cometidas, con sanciones en multas que van entre 500 UT y 50.000 UT,  así como la responsabilidad penal que incluye  prisión de cinco (05) y ocho (08)  años para el delito de Usura.

Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio [7]

La sociedad evoluciona y con ella la necesidad de adaptar normas que coadyuven a lograr la armonía entre los miembros de una comunidad.

Este es un tema que genera controversias, porque tenemos -por un lado- a las personas que consideran a “los animales” como motivo de discordia, desaseo y molestia en la comunidad; y por otro, a quienes consideran a “las mascotas” como un miembro más de la familia.

Solo en la forma de llamarlos, podemos percibir la manera en que se puede concebir a una mascota dentro de determinado grupo social.

Numerosos estudios demuestran que la presencia de una mascota en nuestro hogar tiene un impacto positivo en la salud física y mental de las personas, Sin duda las mascotas mejoran nuestra calidad de vida, de allí que muchas familias opten por tener una y es muy común ver animales domésticos en los edificios residenciales.

Se estima que aproximadamente 65 % de la población convive con -al menos- una mascota en el hogar. Este amplio porcentaje pudiera indicarnos que tener un animal de compañía, es más beneficioso que perjudicial.

Esta ley nos orienta y guía el camino a seguir cuando tenemos mascotas en el condominio y a dónde acudir en caso de diferencias con vecinos, ocasionados con la propiedad o tenencia de animales domésticos en nuestra comunidad.

Esta ley prevé sanciones al propietario, o quien detente una mascota, con multas que van desde 40 unidades tributarias (40 UT) a 100 unidades tributarias (100 UT) dependiendo si son Infracciones leves -como la no recolección de excretas durante su permanencia en áreas de uso común-  o si se trata de infracciones graves como el abandono del animal, adicional a las sanciones accesorias que trae la ley para el infractor de la norma, como es el trabajo comunitario.

Ordenanzas sobre Convivencia Ciudadana

Cada municipio tiene, dentro de su autonomía normativa, la potestad de aprobar ordenanzas que velen por la convivencia ciudadana.

Las ordenanzas  tienen por objeto consolidar las bases de la convivencia ciudadana, evitar la anarquía y propender en relaciones armoniosas en las comunidades.

La doctrina patria nos indica, en estudio jurídico del Dr. Allan Brewer-Carías [8], lo siguiente:

Los municipios tienen autonomía normativa; es decir, se dictan su propio ordenamiento en las materias de su competencia. Por ello, las ordenanzas en nuestro país tienen carácter de leyes locales… (Omissis).

Es decir, las normas que los concejos producen tienen carácter de ley en relación con las materias propias de la competencia municipal”.

A diario, se reciben quejas y solicitudes de intervención por parte de las personas, por infracciones menores propias de la vida comunitaria, que son atendidas en las alcaldías, que es la primera instancia a donde acuden quienes sienten lesionados sus derechos, en temas relacionados con la convivencia.

Documento de Condominio

Considerado por muchos como “la cédula de identidad del condominio”, es la agrupación de normas creadas por el constructor del inmueble destinado a ser enajenado bajo el régimen de propiedad horizontal.

Es un documento fundamental para el desarrollo de la actividad de administración en todo condominio, sea residencial o comercial, y su regulación la tenemos en el artículo 26 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Contiene una serie de normas relacionada con la administración del inmueble y   sostiene su primacía en dos artículos, específicamente el relacionado con la participación, como lo la Consulta Escrita y la Asamblea de Copropietarios.

Merece particular mención aclarar que es un documento elaborado por particulares; es decir, el legislador no interviene para nada en su formación, de allí que deba tenerse mucho cuidado con la normativa que este instrumento contenga, que no debe lesionar derechos de los propietarios y no debe ir contra la norma.

Solo puede ser modificado por unanimidad por parte de la comunidad de propietarios y, necesariamente, debe estar registrado ante la Oficina de Registro Inmobiliario de la jurisdicción donde se encuentre el inmueble.

Reglamento de Condominio

Dispone la Ley de Propiedad Horizontal que este documento  debe hacerse acompañar al Documento de Condominio. A diferencia de éste último, puede modificarse por mayoría en Asamblea.

En este reglamento podemos plasmar todas aquellas normas de uso de áreas comunes, convivencia, régimen especial de áreas comunes y otros de interés comunitario.

No exige tanta formalidad en cuanto a quórum, de allí que sea viable tener un reglamento actualizado, con el cuidado de que el mismo debemos registrarlo para que tenga efectos ante terceros.

Ley de Justicia de Paz [9]

Es un mecanismo abierto y flexible de descentralización a las comunidades y grupos vecinales organizados, que transfiere de los municipios a los ciudadanos -a través de las instancias y organizaciones del Poder Popular- la competencia de la justicia de paz comunal, a los fines de coadyuvar en la convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad.

Esta ley promueve el Arbitraje, la Conciliación y la Mediación, para lograr la armonía en relaciones familiares, convivencia vecinal y comunitaria.

El Juez de Paz, como órgano auxiliar de la justicia municipal tiene, en atención a lo contenido en el artículo 8, plena competencia en relación con conflictos vecinales.

Según un estudio jurídico elaborado por el abogado José Gregorio Delgado [10] “Estamos en presencia de un servicio municipal de carácter social, que se concreta por la participación de los ciudadanos y las organizaciones de la comunidad, para lograr la resolución de conflictos y la convivencia en la comunidad municipal mediante el acceso al sistema de justicia, la protección de los derechos vecinales y la participación ciudadana en la administración de la justicia.

La justicia de paz comunal es importante como mecanismo alternativo de la solución de los conflictos y la convivencia social en el ámbito territorial local, para establecer la corresponsabilidad de los vecinos en la defensa de los intereses vecinales, mediante la participación ciudadana y comunitaria”.

Es importante destacar que también es aplicable a los condominios la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), que contiene información esencial para los condominios, puesto que éstos tienen -como Entidad de Trabajo- trabajadores bajo su dependencia; y no solo los trabajadores residenciales (antes conserjes), sino cualquier trabajador que preste servicios y que mantenga una relación de trabajo con el edificio.

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1) Código Civil de Venezuela. Gaceta Oficial 2.990, del 26 de julio de 1982.

2) Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.076, del 7 de mayo del 2012.

3) Ley de Propiedad Horizontal Gaceta Oficial 3.241 del 18 de agosto de 1983.

4) Reglamento Parcial N° 1 de la Ley de Propiedad Horizontal. Gaceta Oficial N° 34.831, del 31 de octubre de 1991.

5) Ley Especial para la dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales. Gaceta Oficial 39.668, del 6 de mayo del 2011.

6) Ley Orgánica de Precios Justos. Gaceta Oficial 40.787, del 12/11/2015.

7) Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio. Gaceta Oficial 39.338, del 04/01/2010.

8) El Régimen Municipal en Venezuela. Colección estudios administrativos N° 2. Editorial Jurídica Venezolana. Allan Brewer-Carías, Autonomía Normativa p-16.

9) Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal. Gaceta Oficial Número 39.913 del 2 de mayo del 2012,

10) Delgado, José Gregorio. Justicia de Paz, una competencia municipal participativa. Programa de apoyo a la gestión de los gobiernos municipales. www.paggmunicipal.net

Intereses moratorios a aplicar en la deuda de la planilla de liquidación en condominios: ¿Interés mercantil o civil?

Daniel Natale (*) Revista Venezolana de Derecho Mercantil, Nro. 4, 2020. Pp 541-548

En todo inmueble regido bajo Ley de Propiedad Horizontal (LPH), cada uno de los copropietarios tiene un porcentaje asignado que refleja su grado de participación en los gastos comunes.

Este porcentaje es llamado por la Ley de Propiedad Horizontal, alícuota y se encuentra en el artículo 7; a su vez, determinada en el documento de condominio del inmueble.

La planilla de liquidación del condominio, o como se conoce comúnmente el recibo de condominio, refleja los gastos comunes que se dividen entre todos los copropietarios proporcionalmente a la alícuota asignada.

Cuando se emite el recibo de condominio para su cobro, surge un problema que en los últimos años ha ido en aumento por diversas razones: la morosidad. Es decir, el retraso del deudor en realizar el pago oportunamente.

Cuando un deudor entra en mora, se abre la posibilidad de cobrarle intereses moratorios; y este es otro problema de gran relevancia que surge en los inmuebles regidos bajo la LPH.

Este punto de tanta importancia, como el cobro de intereses.

Algunos se preguntarán por qué se habla sobre condominios, que es esencialmente derecho civil.

La razón es que consideramos que, en algunos casos, el derecho sobre condominios y el derecho mercantil están estrechamente relacionados.

En esta oportunidad, más que una relación entre ambas ramas, analizamos una confusión relacionada con el derecho mercantil.

Como mencionamos al inicio, toda deuda pecuniaria que presente un retraso se considera que está en mora.

Esta situación de mora otorga la posibilidad de cobrar intereses moratorios.

Existen otros tipos de intereses como los compensatorios, que en algunos casos tienden a confundirse, que no son el objeto del presente trabajo. Nos limitaremos a mencionar que, básicamente, los intereses compensatorios son los que se cobran en una deuda pecuniaria como contraprestación del uso del dinero.

Escuchamos con mucha frecuencia que los intereses aplicables a deuda del condominio, es decir a la mora en el pago del recibo de condominio, es el 12%; al preguntar si eso es anual o mensual, son pocos los que pueden dar una respuesta acertada.

Al preguntar de dónde viene ese número, nos responden escuetamente, ¡de la ley!

Los más atrevidos indican que está establecido en la LPH.

Aunado a esto, en los últimos años, y debido a la grave situación económica que vivimos en Venezuela se ha hecho práctica común aplicar incluso un número porcentual mucho mayor al 12 %.

Para aplicar adecuadamente los intereses moratorios a una deuda de condominio, debemos analizar si es una relación de carácter civil o mercantil.

En nuestra opinión, la relación que existe entre los condóminos es de carácter civil. De igual manera, la relación existente entre todos los condóminos y la administradora, es de carácter civil.

En este punto, se crea un problema ya que para muchos esta es una relación comercial, dando esto pie a la errónea aplicación de los intereses moratorios.

La administración de condominios, no está calificada como una actividad comercial, según nuestro Código de Comercio vigente.

Aunado a esto, existe jurisprudencia que establece el carácter civil o mercantil del ejercicio de las profesiones liberales tales como las de abogados, administradores, ingenieros y contadores.

Ahora bien, habiendo establecido que la relación entre la administradora y el inmueble que administra es una relación civil, podemos pasar a analizar dónde encontramos los intereses que podemos aplicar al retraso en el marco de esa relación.

En materia civil, nos remitimos al artículo 1.746 de nuestro Código Civil que estipula:

“El interés es legal o convencional. El interés legal es el tres por ciento anual. El interés convencional no tiene más límites que los que fueren designados por Ley especial; salvo que, no limitándolo la Ley, exceda en una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, caso en el cual será reducido por el Juez a dicho interés corriente, si lo solicita el deudor. El interés convencional debe comprobarse por escrito cuando no es admisible la prueba de testigos para comprobar la obligación principal. El interés del dinero prestado con garantía hipotecaria no podrá exceder en ningún caso del uno por ciento mensual”.

Como se puede apreciar claramente, estipula que los intereses legales son del 3 % anual, lo que equivale al 0.25 % mensual. Este es el interés que se debe aplicar a una deuda de condominio por su clara esencia civilista.

Al ver el número porcentual que se puede aplicar a una deuda de condominio, podemos darnos una idea del porqué de la gran morosidad existente; ya que así se proceda a cobrar judicialmente, y se aplique esos intereses, serán irrisorios los montos que se puedan cobrar.

El citado artículo de nuestro Código Civil menciona los intereses convencionales, que retomaremos más adelante.

Ahora bien, visto lo que establece nuestro Código Civil, pasamos a indagar qué establece nuestro Código de Comercio al respecto, en el artículo 108:

“Las deudas mercantiles de sumas de dinero líquidas y exigibles devengan de pleno derecho el interés corriente en el mercado, siempre que éste no exceda del doce por ciento anual”.

Aquí es donde surgen los problemas.

No sabemos de dónde o porqué, en materia de condominios, se presume que el interés moratorio a cobrar es del 12 % anual, que se traduce en 1 % mensual.

Y es precisamente en este punto, que se basa la publicación del presente trabajo en esta respetada revista de Derecho Mercantil.

En esta ocasión, la relación es una diferencia. Esta diferencia entre el derecho civil y el derecho mercantil es muy clara.

En esta oportunidad analizamos esta diferencia, que por alguna razón se tiende a confundir con el derecho mercantil.

Vemos con gran preocupación como muchas personas, y -peor aún- muchas administradoras, pretenden cobrar el 12 % anual de interés moratorio sobre deudas de condominios, invocando para ello –erróneamente- el artículo 108 del Código de Comercio.

También, y como anécdota, comentamos que en una oportunidad nos argumentaron que la relación entre la comunidad de un inmueble y su administradora del condominio era comercial, ya que la Ley de Propiedad Horizontal hablaba de los libros que hay que llevar, tal y como establece el Código de Comercio.

Esa es otra mala interpretación tanto de la LPH, como de nuestro Código de Comercio, ya que son dos situaciones diferentes y libros diferentes con finalidades diferentes.

Un inmueble regido bajo Ley de Propiedad Horizontal no tiene, ni requiere de libros de Mayor e Inventario.

La administradora como persona jurídica, muy probablemente como sociedad mercantil registrada, debe cumplir con ese requisito formal ante el registro mercantil competente; pero ese hecho, no hace que la relación con la comunidad de un inmueble regido bajo la Ley de Propiedad Horizontal, sea de carácter mercantil.

Retomando el tema principal sobre los intereses, reiteramos que los intereses moratorios que se pueden aplicar al retraso del pago de las planillas de liquidación del condominio, conocidas como recibo de condominio, son por el 3% anual: que es lo mismo, el 0.25% mensual.

Dicho lo anterior, hay una excepción en el mismo artículo 1.746 del Código Civil. Allí menciona que el interés puede ser legal o convencional. En otras palabras, puede ser convenido o acordado entre las partes, dentro de las limitaciones que establezca la propia ley.

En nuestra opinión, la única manera legal que una administradora pueda cobrar el 12 % anual al moroso de un inmueble bajo propiedad horizontal, es que haya sido pactado o convenido entre la comunidad -a través de una asamblea- y la administradora, y esté claramente expresado en el contrato de servicios de administración de condominios. Este criterio ha sido mencionado reiteradamente en la jurisprudencia patria y fue ratificado de manera vinculante por la Sala Constitucional.

Vale la pena mencionar que dichos intereses pertenecen a la comunidad, no a la administradora como lamentablemente hemos visto en algunos casos.

Si no está claramente expresado en el contrato de servicios, se debe aplicar el interés legal del 3 % anual.

Sea cual sea el interés a aplicar y debido a la debacle económica que ha sufrido Venezuela en los últimos años estos intereses son irrisorios, insignificantes y no representan una presión o castigo para el moroso.

Y esto, a su vez, ha llevado a algunas administradoras y Juntas de Condominio a ser creativos al momento de cobrar la morosidad. Creando –en algunos casos- y aplicando figuras como pronto pago, indexación, dolarización, en muchos casos al margen de la ley.

En cuanto a los intereses moratorios, que en la mayoría de los casos son cobrados erróneamente, basados en el Código de Comercio, se le suma que en algunas oportunidades se incurre en el anatocismo legal, que no es otra cosa que el cobro de intereses sobre intereses; de igual manera, en algunos casos, se incurre en usura, que es cobrar por encima de los intereses establecidos y permitidos por la ley.

Es imperativo que las administradoras de condominios tengan un conocimiento claro que, a pesar de ser una sociedad mercantil registrada (en el caso que lo sean), no necesariamente ese hecho convierte su relación con los inmuebles administrados en una relación mercantil; por tanto, no pueden cobrar intereses moratorios a la tasa establecida en mencionado artículo 108 de nuestro Código de Comercio.

A pesar que sabemos que la jurisdicción mercantil es atrayente, en el caso de la administración de condominios es –esencialmente- una relación de carácter civil.

Esto es particularmente cierto en los inmuebles residenciales, bien sean permanentes o vacacionales, ya que el recibo de condominio no refleja una actividad económica, no refleja una ganancia o lucro; por el contrario, simplemente refleja los gastos ocasionados para mantener el respectivo inmueble.

De igual manera aplica a los inmuebles comerciales (centros comerciales) regidos por la Ley de Propiedad Horizontal.

En estos últimos, como su nombre lo indica, puede que exista una actividad comercial; incluso que el inmueble perciba algún tipo de ganancia o lucro por alguna razón; pero esa actividad no es de la administradora, por lo que la relación entre esta y la comunidad (asamblea de copropietarios) de ese inmueble comercial, seguirá siendo una relación de índole civil.

Para concluir, deseamos recalcar la importancia de diferenciar y poder establecer claramente el tipo de relación jurídica que pueda existir; en este caso, civil o mercantil.

Ambas ramas del derecho son de suma importancia en nuestra vida diaria.

Debemos tener claro que no todo acto o negocio jurídico realizado por un comerciante, lo convierte necesariamente en un acto de comercio.

Las administradoras de condominios y los condóminos, deben tener esta diferencia muy clara para evitar más problemas a la comunidad, de los que normalmente existen en los condominios.

Bibliografía:

Natale, Daniel, “Convocatorias de Asambleas en los Condominios. Relación con el Derecho Mercantil”, Revista Venezolana de Derecho Mercantil. N° 3, (2019).

Gaceta Oficial N° 475 Extraordinaria, 21 de diciembre de 1955.

Gaceta Oficial Nº 2.990 Extraordinaria, 26 de julio de 1982.

Gaceta Oficial N° 3.241 Extraordinaria, 18 de agosto de 1983.

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia N° 646, 23 de mayo del 2012.

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia N° 960, 23 de Julio del 2015.

(*) Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con Diplomado en Convivencia y Participación Ciudadana (UCAB); Especialista en Derecho Mercantil (Tesis en elaboración-UCAB); profesor de Derecho Condominial (electiva) en pregrado en la Universidad Católica Andrés Bello, en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, Colegio de Abogados del Estado Carabobo, Colegio de Abogado del Estado Zulia, en la Cámara Inmobiliaria del estado Anzoátegui y en la Universidad de Carabobo.

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Email: DanielNatale@NataleLegal.com

El Plagio Académico

Mario Castro Villegas, docente universitario.

Antes de hablar de plagio, es forzoso hablar del fraude académico.

Este se expresa como toda conducta antiética, cuyo propósito es defraudar para obtener un beneficio o una ventaja desleal.

Se manifiesta –entre otras acciones- a través del engaño, la mentira, el cohecho, la falsificación, la suplantación, el sabotaje, la mala conducta profesional y –por supuesto- el plagio.

En el tema que nos ocupa, plagio (plagium, plagiare, plagiator) deriva del griego «plagios», que significa dolo y califica a quienes cometen hurto intelectual a través de medios fraudulentos.

Por ello, el plagio es despreciable.

Significa que quien lo comete ha tenido la intención dolosa de hacerlo, no se ha sentido intimidado por las sanciones morales y las legales y –además- se siente confirmado en su ego ante la posibilidad de que le sea reconocida una autoría que no le pertenece.

Esta reprochable conducta, se expresa a través de un abanico que va desde la tramposa reproducción parcial a una total; en cualquier caso -sin  importar la dimensión del hecho ni el daño- despoja al autor de su condición original, para ser usurpada por el plagiario como creación ilegítima con pretensiones de propia.

El alumno que plagia espera que se le reconozca un derecho que no tiene, porque su titularidad está condicionada a la satisfacción de un requisito fundamental que no cumple: ser el verdadero autor. Eso lo equipara a lo que hacen los estafadores: obtener de los estafados un trato beneficioso que no les corresponde.

En síntesis, el plagio académico es un fraude cometido -con toda conciencia e intención- que despoja (parcial o total) a un autor de textos, ideas, métodos, mecanismos, diseños, opiniones y todo lo que puede ser considerado como propiedad intelectual ajena, y suplanta su autoría para adjudicársela como propia.

Es un engaño con el que el plagiador busca un beneficio inmerecido.

QUÉ ES COMO DELITO

El plagio es un delito autónomo tipificado en la Ley sobre el Derecho de Autor, que no admite justificación ni atenuación por su condición de consciente, intencional y fraudulento.

Este delito se perfecciona cuando quien lo comete exterioriza la suplantación dolosa de un autor, aún cuando no sepa de quién se trata, y espera ser reconocido como tal.

El plagiador está consciente de que con su hecho se apropia de una autoría que no es suya y, a pesar de ello, comete el delito. Es la plena conciencia de que la obra que falsea es ajena, no la ha creado ni le pertenece.

PROTECCIÓN JURÍDICA

El derecho de autor está protegido por la Constitución, por leyes nacionales, y por tratados, pactos y convenios suscritos por Venezuela.

Es así como la Constitución, en su artículo 98, prevé que “la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluye la protección legal de los derechos del autor”.

Agrega que “El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia”.

Por su parte la Ley sobre el Derecho de Autor, en su artículo 1°, “… protege los derechos de los autores sobre todas las obras del ingenio de carácter creador, ya sean de índole literaria, científica o artística, cualesquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino”.

¿Y cuáles son esas obras?

El artículo 2° establece que son “… los libros, folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos, incluidos los programas de computación, así como su documentación técnica y manuales de uso; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado por escrito o en otra forma; las composiciones musicales con o sin palabras…”

Añade que también “…las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía; las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales; las ilustraciones y cartas geográficas; los planos, obras plásticas y croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y, en fin, toda producción literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento”.

Adicionalmente, el artículo 3° prevé que también están protegidas las “…obras del ingenio distintas de la obra original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, así como también las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyen creaciones personales”.

La autoría intelectual también se encuentra resguardada por los siguientes instrumentos jurídicos internacionales, suscritos por Venezuela:

* Convenio de París para la Protección de Obras Literarias.

* Convención Universal sobre el Derecho de Autor.

* Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.

* Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para Protección a los Autores de Obras Literarias, Artísticas o Científicas.

POR QUÉ DEBE IMPORTARNOS EL PLAGIO

Porque es un plaga que azota el ámbito académico.

Es una realidad que lesiona la honestidad, la integridad, el apego a valores compartidos que permiten el funcionamiento del sistema educativo y que -a través del tiempo- ha desarrollado en el país una cultura fraudulenta desde la primaria.

ALGUNAS FORMAS EN QUE EL ALUMNO INCURRE EN PLAGIO

Mediante el plagio el alumno –ante un requerimiento académico- disfraza los textos, ideas, entrevistas y opiniones de las fuentes, cambiando algunas palabras, oraciones y el tipo de letra; en casos, incorporando algunas faltas de ortografía, eliminando el lenguaje técnico, modificando el inicio de párrafos y –en otros- transcribiendo la información para excluir códigos de seguridad.

Con ese encubrimiento procura que se le reconozcan como propios, los análisis y argumentos solicitados por el docente.

En ese momento está violando normas de derecho, normas éticas y poniendo en riesgo el resultado de su evaluación si es descubierto por el docente.

También es frecuente que el alumno plagiador cite lo dicho por un autor y exprese que está de acuerdo con su opinión, pretendiendo que ello sea un “análisis” a valorar por el docente.

En otro caso, el alumno cita a un autor y luego inicia un análisis de la cita, pero con los mismos argumentos del autor –cambiando palabras- para hacerlos pasar como propios.

Otra situación se configura cuando el alumno realiza entrevistas y utiliza lo dicho por el entrevistado para dar argumentos como si fueran propios.

En ocasiones más descaradas el alumno simplemente copia y pega un texto, sin transformación alguna, y también lo hace pasar como propio.

Por otra parte, es importante resaltar la experiencia del docente para detectar el estilo de redacción del estudiante. Cuando se encuentra ante un trabajo presentado, le llama la atención una morfosintaxis que no es propia de estudiantes (salvo excepciones muy contadas); en especial, de quienes cursan los primeros semestres o años.

El docente sabe que ese no es el estilo habitual que tiene un estudiante al redactar. Allí se encienden las alarmas.

Con relación a los párrafos anteriores y según Andrea Romano (2016: “El discurso de Melania Trump fue plagio”), “…la probabilidad de que ante una exigencia de cátedra, el alumno luego de investigar redacte 16 palabras consecutivas (esto es aproximadamente la extensión de una oración mediana) como propias y que ello en lugar de plagio sea “simple coincidencia”, es de menos de una en 1 millón de millones”.

OTRAS FORMAS DE FRAUDE ACADÉMICO INCLUIDO EL PLAGIO

Gustavo Peña, vicerrector académico de la Ucab, en una exposición síncrona (vía Zoom Ucab) acerca del tema, el viernes 9/10/20, a las 2:00 p.m., señaló las acciones fraudulentas cometidas con mayor frecuencia en las evaluaciones en el marco de las clases presenciales, como de las correspondientes a las clases a distancia.

Actos administrativos

– Presentar justificativos falsos –o poco creíbles- para cambiar fecha de evaluaciones o para justificar inasistencias que generaron la pérdida de una evaluación o de una materia.

– Firmar la lista de asistencia en nombre de un compañero de clases inasistente.

– Permitir ser incluido en una lista de asistencia sin haber asistido.

– Incluir a un compañero en un trabajo en equipo, al que nunca aportó esfuerzo.

– Presentar un examen o un trabajo, en nombre de otro.

– Utilizar el sistema de evaluación de profesores, para evaluar falsamente.

– Evaluar a un docente sin nunca haber asistido a clases.

– Confabularse con otros para perjudicar a un docente a través del sistema de evaluación.

En exámenes

– Copiar las respuestas dadas por otros compañeros.

– Copiar y pegar diferentes fuentes bibliográficas o clases.

– Realizar reuniones en red, para discutir las respuestas de una evaluación.

– Justificaciones falsas relativas a la conectividad, para solicitar más tiempo o para lograr una nueva oportunidad.

– Utilizar herramientas no permitidas –como programas estadísticos- para responder un examen.

– Informar de accidentes personales falsos para solicitar más tiempo o para lograr una nueva oportunidad.

– Utilizar dispositivos electrónicos para buscar las respuestas.

– Enviar las respuestas a un compañero o dejar que las copie.

– Facilitar o permitir que otra persona realice el examen.

– Fotografiar un examen y enviarlo a otra persona para recibir las respuestas.

En foros o tareas evaluadas

– Copiar y pegar de diversas fuentes bibliográficas.

– Copiar y pegar de diferentes estudiantes, quienes respondieron en otro momento.

– Copiar y pegar de informes de semestres anteriores.

– Copiar y pegar de informes de grupos de otra sección.

En la redacción de trabajos o de tareas

– Copiar o parafrasear parte de otros trabajos, sin la correspondiente cita.

– Copiar trabajos anteriores y presentarlos como nuevos.

– Copiar parcial o totalmente el trabajo de otro y hacerlo pasar como propio.

– Prestar un trabajo para que alguien lo copie.

– Bajar un trabajo de internet y presentarlo como propio.

– Utilizar lo dicho por un autor sin citarlo.

– Pagar por un trabajo a quien ofrece ese servicio.

POR QUÉ SE PRODUCE EL PLAGIO

¿El alumno está consciente de la importancia de la autonomía interpretativa, de su ejercicio intelectual, de analizar y argumentar acerca de temas y de problemas?

¿Reconoce lo enriquecedor que es para su formación académica que aprenda cómo aportar ideas propias a las asignaciones docentes?

¿Es una reacción al sentir que el entorno académico privilegia –en casos- cantidad por calidad, en las asignaciones docentes?

¿Acaso muestra una deficiente formación en valores propios de la familia, de la academia y de la sociedad?

¿El plagio será el resultado de flojera intelectual?

¿Es consecuencia del desconocimiento acerca de los derechos de autor?

¿Es consecuencia de un mundo académico más competitivo, en el que se persigue la recompensa?

¿El entorno académico aporta causas y condiciones que contribuyen al plagio?

Copiar y pegar se ha convertido en una conducta pretendida como normal, entre muchos estudiantes.

Estas son las causas más recurrentes:

1) Desde la primaria el plagio ha sido estimulado. A los alumnos les asignan trabajos y -en muchos casos- les indican las páginas de los libros, o direcciones web, donde se encuentra la información. Lo que hacen es copiar y presentar la asignación como propia, a la que el docente recompensa con una nota.

Esta recompensa, legitima el plagio e internaliza en el alumno la convicción de que es así como se hace y de que no comete un ilícito.

Por otra parte, estimula al alumno a no pensar; con ello, desnaturaliza el propósito de la formación académica.

Para Sergio Castro Becerra (2016, “Nueva Denuncia de Plagio”), “El alumno copia y pega porque es más fácil y cómodo que hacer el trabajo por sí mismo”.

2) Hay plagios que son difíciles de detectar; en especial cuando al docente no se le encienden las alarmas y -por ello- no verifica la autenticidad del producto académico solicitado al alumno.

3) Los plagiadores desarrollan capacidad para descubrir los puntos ciegos de los docentes (falta de recursos para verificar fuentes, desinformación, inexperiencia, mínimo esfuerzo, indiferencia, deseo de ser aceptado por los alumnos…).

4) Algunos estudiantes –al plagiar- sienten que es el camino más corto (mínimo esfuerzo) para resolver rápidamente un requerimiento de cátedra y con “apego” a lo solicitado por el docente.

También sienten que demuestran su habilidad para hacerlo y –a la vez- obtienen la recompensa de una nota favorable.

5) Para muchos alumnos el plagio es una manera de retar la autoridad académica y de tener la satisfacción de haberla derrotado. No se sienten intimidados por las sanciones morales ni las legales.

6) El alumno desmotivado infravalora el requerimiento del docente, lo considera irrelevante y –en consecuencia- le da un mateo a la investigación a través del copia y pega.

Especialmente cuando no tiene sólida formación académica, arrastra vicios desde la primaria y la secundaria, y no ha tenido interés real por esforzarse en aprender ya que siente que todo lo tiene disponible en internet, que la web “piensa” por él.

Entonces, ¿para qué investigar y aprender, cuando puede “investigar” sólo para aprobar una asignación docente?

A esa desmotivación se suma que muchas veces no tiene clara conciencia de que estudia para adquirir herramientas cognitivas que pueda monetizar en el futuro y no porque los padres se lo exigen para que “sea alguien en la vida”.

7) Según Regueiro (2015: “La motivación e implicación en los deberes escolares a lo largo de la escolaridad obligatoria”) “… la motivación, la implicación y el interés de los estudiantes para cumplir con sus asignaciones de cátedra, decrece en la medida en que avanza a los cursos superiores; es decir, genera una gran emoción en los primeros años y adquiere menos importancia conforme avanza en la estructura académica. De ahí el interés por resolverlas en poco tiempo y el plagio les brinda esa oportunidad”.

Es decir, a medida que avanza el alumno siente que más que aprender lo que necesita es cumplir con requisitos para culminar sus estudios.

8) A pesar de ser una realidad extendida en el ámbito académico –en todos sus niveles- y preocupación frecuente de directivos y de docentes, no existe hasta ahora una congruente política de formación (que aglutine lo intelectual, lo ético y lo legal), para producir estrategias de formación eficaz antiplagio y –por tanto- de alumnos éticamente responsables.

9) Algunos argumentan que “no sabían” que era delito; otros, que eso es lo que hacían en otros niveles de la educación formal y que –además- los docentes lo evaluaban y le colocaban nota.

Al respecto el Código Civil, en su artículo 2, es determinante: “La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento”.

10) Para el alumno plagiador, a veces no hay consecuencias; y si las hay, no son las eficaces para castigar y para evitar casos futuros. En ocasiones, la sanción se circunscribe a una llamada de atención sin consecuencias reales.

Esa falta de sanciones se debe –en líneas generales- a la lasitud de las instituciones educativas, a la falta de reglamentos, a la incapacidad directiva y –en muchos casos- a la complicidad (por acción u omisión) de integrantes de la comunidad académica.

 “Esa complicidad convierte al plagio en silencioso, con demasiada frecuencia.

Desde la incapacidad de detectarlo a tiempo, hasta la complicidad no sólo de docentes sino la institucional que -para evitar el escándalo- lo oculta o lo disimula, y no lo pesquisa.

Por eso el plagio es tan peligroso, porque es callado, sigiloso. Si fuera sonoro sería más fácil de evitar” (Romano et al., 2016).

El alumno, al comparar los riesgos y los beneficios de plagiar, no se siente en peligro y considera a los segundos muy por encima de los primeros.

Esa ausencia de consecuencias reales, también envía un mensaje a la comunidad estudiantil, que refuerza su cultura de plagiar.

Como agregado a las diez causas señaladas, varios modelos metodológicos (Agüello, 2009; Caldevilla, 2010; Egaña, 2012; Morató, 2012) identifican las más recurrentes del copia y pega.

Vivian Abenshushan y Luigi Amara (2012, “El Plagio como una de las Bellas Artes”), resumen las causas del plagio académico así:

“* El plagiador está convencido de que no será descubierto.

* Siente que el fácil hacerlo con éxito.

* La mala distribución que el alumno hace de su tiempo para cumplir con los requerimientos académicos.

* El desconocimiento de las normas para citar; la carencia de competencias para investigar y redactar.

* El exceso de trabajos asignados a los alumnos, que exige un sobre esfuerzo del docente para leer en profundidad los trabajos y hacer adecuado seguimiento al uso de las fuentes en cada uno.

* Ese exceso de trabajos que se asignan, también ha incrementado en los alumnos la tentación de recurrir al atajo del plagio.

* La poca claridad de las instrucciones dadas a la hora de solicitar trabajos.

* La descoordinación entre los profesores para hacer seguimiento a los plagiadores.

* La evaluación docente de los trabajos de forma superficial y poco razonada.

* Un sistema universitario que premia el resultado por encima del proceso.

* Un modelo que convierte la capacitación para un trabajo en el objetivo prioritario de la educación, dejando poco espacio y reconocimiento para metaaprender, crear y pensar.

* El cambio de modelo en la universidad, que ahora considera al estudiante como cliente y a su aprendizaje como fast food.

* La facilidad y anonimato que confieren las TIC a la hora de plagiar.

* La idea, muy enraizada entre los más jóvenes, de que todo cuanto hay en la web es de todo el mundo y se puede utilizar, compartir, apropiar y difundir de la manera que se desee.

* Los modelos y esquemas sociales basados en la cultura de la reproducción, más que en la reproducción y producción de la cultura.

* El paradigma social de ver y hacer diversas cosas en muy poco tiempo, con lo que se amplían los límites de la acción pero se reduce su profundidad.

* Los ejemplos casi diarios de fraude y falta de ética, en numerosos ámbitos de la vida del país.

* El empobrecimiento de la relación profesor-alumno a causa –principalmente- de la masificación de las aulas. Una mayor y mejor relación interpersonal, reduce la incidencia del plagio académico.

* La presión del entorno para obtener buenas notas.

*  Y –posiblemente la más importante- la falta de modelaje social que apoye el ético desempeño académico”.

Para el polaco Zygmunt Bauman (1999: “Modernidad líquida”): “La ausencia de normas, el menosprecio por el esfuerzo, la «modernidad líquida», un entorno en el que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para solidificarse; un medio en el que el olvido y la renuncia a toda planificación a largo plazo es condición imprescindible para el éxito, constituyen un biotipo idóneo para el desarrollo del plagio académico”.

EFECTOS

Para el estudiante

A) Limita y ralentiza la posibilidad de crear, de innovar, de aportar con autonomía de pensamiento. Si no desarrolla independencia intelectual, analítica y argumental, se conformará con copiar y pegar.

B) Imposibilita el desarrollo del pensamiento crítico, puesto que no contrasta información.

C) Disminuye considerablemente la posibilidad de alcanzar competencias; por tanto, sus habilidades profesionales serán limitadas al no desarrollar capacidad de investigación.

D) Coloca en riesgo su futuro profesional, en un mercado de trabajo cada vez más competitivo. Al no desarrollar su capacidad para analizar, comprender y contrastar información, será difícil que obtenga densidad cognitiva que pueda monetizar en el mercado laboral.

E) Legitima y fortalece una conducta censurable, que tendrá impacto nocivo en su desempeño académico, social y laboral.

Uno de esos impactos académicos se manifiesta cuando un docente sanciona el plagio y la reacción del alumno –en casos- es agresiva contra él por cuanto “los demás profesores no nos quitan puntos por eso. ¿Por qué usted sí?”

F) Se convierte en modelo multiplicador de esa conducta.

Para los docentes

A) Dificulta, en gran medida, el desarrollo en los alumnos de habilidades para investigar.

B) Se hace cuesta arriba enseñar a los alumnos a cultivar una creciente capacidad de pensar con independencia intelectual y juicio crítico.

C) Entorpece la formación que imparte a sus estudiantes para que amplíen la capacidad de entender, valorar y discriminar información aplicativa a la solución de problemas.

D) La complicidad por acción u omisión al no sancionar el plagio, repercute en los docentes quienes sí lo hacen.

El alumno que obtiene una nota deficiente por plagio no asume su responsabilidad y culpa al docente, por cuanto considera que si otros profesores no lo sancionan, “eso no deben hacerlo los demás”. Es decir, el alumno supone que tiene derecho al plagio académico, se arropa en el manto de la ausencia de sanción y reacciona contra el docente quien sí lo hace.

Esto lo refleja el alumno cuando le toca evaluarlo, sin importarle el daño que le causa al profesor una inmerecida “venganza” a través de una valoración negativa.

SANCIONES

La Ley sobre el Derecho de Autor, en su artículo 119, ordena castigo “… con prisión de seis (6) a dieciocho (18) meses, a todo aquel que con intención y sin el consentimiento del autor, utilice en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente, obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas, equiparadas a la fotografía; o distribuya ejemplares de obras del ingenio protegidas por esta Ley…”.

En su artículo 120 fija en cuatro (4) años la pena de prisión para quien “… con intención y sin derecho reproduzca en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente, obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas equiparadas a la fotografía; o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga de cualquier otra manera en circulación reproducciones ilícitas de las obras del ingenio o productos protegidos por esta Ley”.

Igual pena establece el artículo 121, para quien “…intencionalmente y sin derecho, reproduzca o copie, por cualquier medio, la actuación de un intérprete o ejecutante, o un fonograma, o una emisión de radiodifusión, en todo o en parte, sin autorización expresa del titular del derecho respectivo… o a quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga de cualquier otra manera en circulación dichas reproducciones o copias”.

Por su parte el artículo 122 destaca que las penas “…se aumentarán en la mitad cuando los delitos sean cometidos respecto de una obra, producto o producción no destinados a la divulgación, o con usurpación de paternidad, o con deformación, mutilación u otra modificación de la obra, producto o producción que ponga en peligro su decoro o la reputación de una de las personas protegidas por la Ley”.

Vale destacar que el artículo 124 otorga al juez la facultad para “… decretar la publicación por la prensa de la sentencia a costa del reo…”.

Para esta ley cuyo un ámbito de validez es todo el territorio nacional, el plagio es un delito.

Al momento de cerrar estas líneas, no fue posible acceder a los reglamentos disciplinarios de –al menos- las seis primeras universidades del país (salvo la Ucab) para conocer cómo abordan el tema.

En su caso, no existe un reglamento específico que contemple el plagio.

Lo disponible es el “Reglamento Sobre el Régimen Disciplinario Aplicable a los Alumnos” (vigente desde el 22-10-19), que trata -de manera genérica- la conducta plagiaria como una falta.

En su artículo 5, numeral 1, establece que una de las infracciones sancionadas con suspensión de hasta por dos meses, es “Incurrir en conductas fraudulentas que comprometan la integridad de cualquier tipo de evaluación”.

Por otra parte, el artículo 6, numeral 1, determina -en los casos de alumnos de postgrado- la negativa de reinscripción hasta por dos períodos académicos consecutivos, cuando presenten “…como propio una idea o trabajo autoría de terceros, sea en forma parcial o total, con o sin consentimiento del autor”.

Y en el artículo 7, numeral 9, sanciona con expulsión por el resto del período académico y hasta por un máximo de cuatro (4) años, el hecho de “Presentar como propio un trabajo o idea de autoría de terceros, sea en forma parcial o total, con o sin consentimiento del autor, cuando aquél sea requisito final para obtener el título o grado correspondiente”.

Ahora bien, ¿cuál de estas normas debe ser aplicada en el caso de plagio en la Ucab?

En aparente respuesta a esta interrogante, el artículo 8 afirma que “El ejercicio de la potestad sancionatoria respetará la debida proporcionalidad entre la infracción cometida y la cuantificación de la sanción impuesta. A tal fin también se podrá considerar la reparación del daño causado, la aceptación de la responsabilidad y la reincidencia entre infracciones similares”.

Recordemos que el plagio es un delito autónomo que no admite justificación ni atenuación por su condición de consciente, intencional y fraudulento.

Vale señalar que el artículo 10 expresa que “La aplicación de la sanción disciplinaria es independiente de las sanciones de otra naturaleza que podrían derivarse de la conducta realizada por el alumno”.

Añade que “No constituye sanción disciplinaria la calificación de aplazado en la actividad o evaluación en la que se perpetró la falta que dé origen al procedimiento disciplinario”.

Al respecto, este artículo no especifica quién estaría legitimado para accionar el debido proceso y lograr la ejecución de esas “sanciones de otra naturaleza”.

Como ejercicio imaginario de la aplicación de este artículo 10, es válido preguntarse si en todas las instituciones académicas:

– ¿Está legitimado el docente?

– La institución educativa, en su propósito y obligación de preservar la integridad ética y jurídica que reviste al derecho de autor, ¿debe notificar a los autores plagiados y a las editoriales, cuando se comete plagio?

– Si la institución no sanciona el plagio, ¿se habrá convertido en cómplice por omisión del delito y –en consecuencia- nació para los autores plagiados y las editoriales el derecho a accionar contra el plagiador y contra la institución?

CIERRE

Estas líneas no han tenido la pretensión de presentar fórmulas mágicas para evitar o neutralizar el plagio académico, puesto que cada institución debe desarrollar mecanismos propios al efecto.

Lo cierto es que el plagio ocurre en las instituciones educativas; y por tanto, estas no pueden pretender que el problema sea resuelto solamente por los docentes.

La cultura de plagio académico es del tiempo que se vive; y en todas sus causas, muestra la forma como se agrupan los falsos valores, la falta de controles apropiados y la ineficaz aplicación de sanciones.

Es por ello que para cualquier institución educativa, el plagio tiene que ser una conducta muy cuestionable y severamente sancionada; pero también debe prevenirla.

No basta con producir normas punitivas (necesarias por supuesto) ante un problema social de profundas y gruesas raíces, que se manifiesta solamente en las instituciones educativas.

Se trata de desarrollar e internalizar en directivos, docentes y alumnos, una cultura activa antiplagio; y ello, también debe reflejarse en la malla curricular de cada nivel académico. No solo como un tema de las cátedras de Metodología.

Al respecto, es importante hacer referencia a lo afirmado por Gustavo Peña Torbay, vicerrector académico de la Ucab, en el documento “Confiabilidad, validez y significancia de las calificaciones en la evaluación a distancia”.

Allí afirma que “…desde la Escuela se debe preparar una campaña formativa para explicar cómo debe citar textualmente, hacer paráfrasis, respetar las fuentes en productos audiovisuales, periodísticos y gráficos a través de ejemplos que puedan ser de referencia para los estudiantes”.

Si el plagio tiene identidad propia, pues así hay que entenderlo y combatirlo.

Cuando las instituciones académicas reconceptualicen el plagio en su condición de delito autónomo y en función del daño que causa –especialmente a los valores éticos, al desarrollo de la autonomía intelectual y a los principios que sustentan a la enseñanza, y actúen en consecuencia- entonces podrá hablarse del inicio de un cambio en esta perniciosa cultura social.

ALGUNAS HERRAMIENTAS ANTIPLAGIO EN LA WEB

* Plagium (http://www.plagium.com/)

* The Plagiarism Checker (http://www.dustball.com/cs/verificador.plagio/)

* Viper (https://www.scanmyessay.com/)

* SmallSeoTools (https://smallseotools.com/es/plagiarism-checker/)

* Plagiarisma (http://plagiarisma.net/es/)

* Edubirdie (https://edubirdie.com/detector-de-plagio)

* Turnitin (https://www.turnitin.com/es)

* Plagius (https://www.plagius.com/es)

* Plag (https://www.plag.es/)

* Dupli Checker (https://www.duplichecker.com/)

* Paper Checker (https://www.paperrater.com/free_paper_grader)

* Prepostseo (https://www.prepostseo.com/es/plagiarism-checker)

* Unicheck (https://unicheck.com/es-es/free-plagiarism-checker-online)

* Compilatio (https://www.compilatio.net/es/)

FUENTES CONSULTADAS

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ARISTEGUI, Carmen, Irving Huerta, Sebastián Barragán, Juan Omar Fierro y Rafael Cabrera (2016): “Peña Nieto, de plagiador a presidente”, en http://aristeguinoticias.com/2108/mexico/pena-nieto-de-plagiador-a-presidente/

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URBINA, Santos (2004): “Ciberplagio: “construyendo” trabajos universitarios”. Disponible en http://www.lmi.ub.es/edutec2004/pdf/159.pdf

Vice Rectorado Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2015): “¿Por qué no debemos plagiar?”. Disponible en http://www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf

Las 50 ciudades más violentas del mundo en el 2019

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Por tercer año consecutivo, una ciudad mexicana es la más violenta del mundo; y por segundo año consecutivo, esa ciudad es la más violenta del mundo: Tijuana, con una tasa de 134,24 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En las ediciones anuales de este ranking, la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana (esto es, en los años 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 y 2019).

En el 2019 las cinco ciudades más violentas del mundo, son mexicanas:

Tijuana (área metropolitana o AM), Juárez, Uruapan, Irapuato (AM) y Ciudad Obregón.

De las 10 ciudades más violentas del mundo 6 son mexicanas. Además de las cinco mencionadas, figura Acapulco.

México es el país con el mayor número de ciudades violentas: 19 de 50. Casi el 40% de todas las ciudades más violentas del mundo son mexicanas.

Sólo en el 2016 un país, Brasil, alcanzó tal cifra con las ciudades más violentas del mundo.

Si México es el epicentro mundial de la violencia se lo debe a sus gobernantes. Los gobiernos anteriores, fueron incompetentes en extremo para controlar la violencia, pero al menos parecía que intentaban frenarla.

Pero la política del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es mucho peor que las de los gobiernos anteriores; y el resultado es el de niveles de violencia sin precedentes. El problema central es que ese gobierno -al tiempo que trata a los delincuentes como víctimas- es claramente hostil hacia las verdaderas víctimas.

Ese gobierno se niega a aplicar la fuerza legal contra los criminales y en cambio les ofrece subsidios, como las “becas” del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que debieran, supuestamente, poner fin a los sicarios al convertirlos en becarios. Por supuesto los sicarios, aunque sean becarios, siguen siendo sicarios.

Por si fuera poco, el gobierno de López ha ofrecido amnistía a delincuentes presos y ha empezado a otorgarlas.

En contraste, los gobiernos que han decidido aplicar la ley a los criminales han tenido éxito. San Salvador dejó el ranking en el 2019, luego de figurar en todos desde el 2008. Todavía en el 2015 esta ciudad ocupó el tercer lugar.

El nuevo gobierno se propuso y está logrando retomar el control territorial del Estado frente a las pandillas y endurecer las medidas contra los pandilleros presos, en lugar de negociar “treguas” con ellos.

En el 2019, del ranking salieron 6 ciudades de Brasil. Cabe recordar que en el 2018 tuvo 14. Pero ingresaron dos ciudades brasileñas. Sin embargo se trata de un logro notable bajo el nuevo gobierno, el cual tampoco es complaciente con los criminales y les aplica la ley sin miramientos.

Además, hubo notables reducciones en las tasas de homicidio de ciudades que permanecieron en el ranking. Fortaleza tuvo una reducción de -50.15%, Natal del -35.28 y Maceió del -33.83.

Otras novedades que presenta el ranking 2019 son:

  •  Incluidas en el ranking del 2018, salieron del de 2019, las siguientes nueve ciudades: Aracaju, Belém, Campos dos Goytacazes, João Pessoa, Macapá y Teresina de Brasil; New Orleans de Estados Unidos; Coatzacoalcos y Nayarit de México.
  • Al ranking del 2019 ingresaron las ciudades mexicanas de Cuernavaca (reingreso), Guadalajara, León, Morelia y Zacatecas; las ciudades brasileñas de Rio Branco y Caruaru y la ciudad sudafricana de Johannesburgo (reingreso).
  • De las 50 ciudades del ranking 2019, se ubican en México 19, 10 en Brasil, 6 en Venezuela, 4 en Sudáfrica, 3 en Estados Unidos, 3 en Colombia, 2 en Honduras y 1 Guatemala, 1 en Puerto Rico y 1 en Jamaica.
  • Cuarenta y seis ciudades se ubican en el continente americano y 42 en América Latina.
  • En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 49,45 asesinatos por cada 100 mil habitantes (35.734 homicidios entre 72.258.167 habitantes). Las primeras 30 ciudades superaron ese promedio.

Criterios de selección 

Los seis criterios principales para considerar la inclusión de una urbe en el ranking son:

1) Debe ser una unidad urbana claramente definida. No puede ser un área o jurisdicción que sea parte de una ciudad ni pertenecer a un municipio (o jurisdicción equivalente) que en lugar de ser predominantemente urbano sea predominantemente rural.

2) La urbe en cuestión debe tener 300 mil o más habitantes, según datos demográficos de fuentes oficiales.

3) Los datos sobre homicidios deben corresponder a las definiciones universalmente aceptadas de los homicidios dolosos u homicidios intencionales o muertes por agresión (con la excepción de muertes en operaciones de guerra o la muerte legalmente justificada y no en ejecuciones por parte de agentes del orden). No se incluyen cifras sobre homicidios en grado de tentativa.

4) Las cifras de homicidios deben provenir de fuentes oficiales o fuentes alternas. En cualquier caso, los datos, las estimaciones y la metodología de cálculo deben ser verificables y/o replicables. En algunos casos los datos son resultado de un conteo propio, a partir del análisis de notas periodísticas.

5) Las cifras deben corresponder al año anterior en que se difunden los resultados. Sólo de manera excepcional se pueden considerar los datos de un año anterior (los del 2014 para el 2015, por ejemplo), ante la presunción fundada de que no hubo variación sustancial de la incidencia de homicidios.

6) Las informaciones deben ser accesibles a través de Internet.

Procuramos, siempre que sea posible, que las ciudades incluidas sean unidades urbanas integradas y no localidades parte de ellas, independiente de las jurisdicciones político-administrativas. Sólo cuando no hay datos de las ciudades consideramos los datos del municipio o “ciudad principal” de una urbe.

Para la definitiva inclusión en el ranking la ciudad en cuestión debe estar entre las 50 con las tasas más elevadas.

El sentido de considerar sólo ciudades de 300 mil o más habitantes, responde al propósito de reconocer la magnitud de la violencia urbana.

Las poblaciones de algunos miles o cientos de habitantes presentan una realidad criminal diferente a las de las ciudades medianas a grandes.

En estas últimas se presentan los fenómenos generales de la aglomeración y el anonimato, así como los fenómenos específicamente criminales, entre otros, la distribución de mayor a menor incidencia a partir de los centros hacia la periferia, en círculos concéntricos o bien la mayor frecuencia de asesinatos en los que victimario y víctima no se conocían (lo cual es característico de las epidemias de violencia urbana y de violencia organizada).

Asimismo, en las localidades de unos miles de habitantes puede presentarse fuertes distorsiones estadísticas. Por ejemplo, un poblado de 5 mil habitantes del país X, normalmente pacífico, en un año puede haber cinco homicidios (mientras que en el anterior hubo uno y en el año siguiente cero), porque por ejemplo un sujeto enloqueció y mató a todos los miembros de una familia.

Entonces ese año la tasa de homicidios habría sido de 100 por cada 100 mil habitantes, cuando en grandes ciudades en el país X es en promedio de 20. Ello daría la impresión de que esa pequeña población vive una verdadera epidemia de homicidios y no ciudades que durante varios años han tenido tasas de 40 a 60 homicidios por 100 mil habitantes.

Por eso se excluyen las pequeñas poblaciones, además de que según nuestra experiencia a menor población de una ciudad es mayor la dificultad – o de plano imposibilidad- de obtener datos útiles.

Ahora bien, para elaboración del ranking se mantiene un monitoreo a lo largo del año, pero que se torna más meticuloso hacia al final y el inicio del siguiente cuando diversas autoridades gubernamentales dan a conocer sus datos anuales.

En principio todas las ciudades con más de 300 mil habitantes son consideradas, aunque como es lógico hay unas urbes que merecen más atención que otras. Además de algunos países hay una dificultad mínima para obtener datos, mientras que de otros hay una gran dificultad o de plano imposibilidad de acceso.

Las ciudades que merecen mayor atención son las de aquellos países que tienen las tasas de homicidios más elevadas, lo que no implica suponer que en países con tasas relativamente bajas no haya ciudades con altas tasas.

Por eso un primer paso para la identificación de las ciudades prospectos a figurar en el ranking, es primero analizar las tasas generales de homicidio de los países. Para ello consideramos cuatro tipos de fuentes principales:

1) Las cifras de los estudios periódicos sobre incidencia criminal (y operación de los sistemas de justicia penal) de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas.

2) Las cifras de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud.

3) Las cifras sobre incidencia criminal de los gobiernos de países, además de los gobiernos de jurisdicciones subnacionales y policías metropolitanas.

4) Informaciones periodísticas.

Todas estas ciudades (y cientos más) fueron consideradas para el ranking. Si no figuran no es por falta de información, sino porque o las ciudades no tenían más de 300 mil habitantes o las tasas no fueron los suficientemente elevadas (en el caso del 2016 el lugar cincuenta tuvo una tasa de 34,43 por cada 100 mil habitantes).

Estamos informados de que hay muchas ciudades con tasas más elevadas que las que corresponde a la posición 50, pero que no cumplen con el requisito de tener una población de 300 mil habitantes como es el caso, por sólo citar unos ejemplos, de las ciudades de Mossoró en Brasil o Colima y Chilpancingo de México.

También haya decenas de municipios en Brasil, Venezuela, México, Honduras y el Salvador, pero que no son ciudades en sí (sino parte de otras) o no tienen más de 300 mil habitantes.

Por similar razón se excluyen ciudades como Belice y Nassau en América y muchas de África.

Hay que hacer otra aclaración. Como se dijo, tratamos de reconocer la realidad de la incidencia de homicidios por ciudad y no por municipios y también tratamos de mantener seguimiento al comportamiento de tal o cual ciudad año tras año.

La realidad es que en torno a un municipio que suele ser capital de una jurisdicción subnacional (estado, entidad federativa, estado federal, provincia, etcétera) hay otros municipios conurbados, que constituyen una zona metropolitana.

Preferimos las zonas metropolitanas antes que uno de sus municipios, porque eso es más cercano a la realidad de una urbe, más allá de los límites político-administrativos, que en buena medida son arbitrarios, que no responden a la realidad de la integración económica y social de las ciudades.

Algunos gobiernos ya comprenden la necesidad de reconocer esta realidad, mientras que otros (la mayoría) siguen sólo enfocados en clasificar la información según estrechos criterios político-administrativos.

Cuando no hay más información que de un municipio y no de la zona metropolitana, pues no tenemos más remedio que considerarla, a sabiendas que sólo revela una parte de la realidad urbana y de la violencia urbana.

Ahora bien, en ocasiones sólo hay información sobre un municipio en un año, pero al siguiente aparecen datos sobre la zona metropolitana de la que forma parte y a veces, la información es global para esa zona y no está desglosada por los municipios que la integran.

Ante esta situación optamos por tomar la información por zona metropolitana, con la esperanza de que para el siguiente año también haya datos por zona. Decidimos esto conscientes de que se rompe la continuidad en el seguimiento del comportamiento de una localidad o jurisdicción (cuando por ejemplo ya no consideramos como hasta entonces el municipio de Fortaleza en Brasil, sino a la región metropolitana del que el municipio forma parte).

Pero entre tratar de reconocer la realidad de una urbe y dar seguimiento al comportamiento de una localidad o jurisdicción (municipio), optamos por lo primero, por ser más cercano a los propósitos del estudio.

Por lo que hace a la definición de homicidios, en primer lugar, es pertinente puntualizar que debe tratarse de homicidios consumados y no de tentativas. En segundo lugar es necesario evitar los términos confusos como “muertes violentas”.

Por ejemplo, las autoridades de Brasil clasifican a la mayoría de los homicidios dolosos en tres categorías: homicidio doloso, muerte en el marco de un robo con violencia o atraco y muerte como consecuencia de lesiones dolosas. Después las tres categorías se suman en los que se denomina “crímenes violentos letales intencionales”.

Pero el homicidio no es lo mismo que la muerte intencionalmente provocada y ejecutada con violencia. Hay homicidios que se cometen sin violencia, como los envenenamientos.

Por eso la definición correcta es la de homicidio doloso o como parte de una agresión, según el concepto de la Organización Mundial de la Salud (con exclusión de las operaciones de guerra y los homicidios “justificables” cometidos por agentes del orden en el marco del cumplimiento de la ley y que no sean ejecuciones extrajudiciales).

El diccionario define violencia como el acto que “implica el uso de la fuerza, física o moral” mientras que la definición de agresión es más amplia: “Acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño”.

Asimismo, forman parte de los homicidios dolosos aquellos de carácter preterintencional, definidos como aquellos en que la agresión tiene un resultado que excede la intención del agente agresor. Por ejemplo, un sujeto usa un arma contra su víctima con el propósito de intimidarla o lesionarla, aunque termina quitándole la vida.

Criterios de cálculo

El cálculo de la tasa de algún delito, para el caso homicidios, es muy simple: se divide el número de homicidios entre el número de habitantes y el resultado se multiplica por 100 mil.

En términos ideales la información sobre homicidios debe ser la oficial y definitiva y los datos sobre población deben ser los del año, ya provengan de un censo o de estimaciones oficiales.

Pero no siempre se dan estos supuestos, sobre todo al inicio del año siguiente al del ranking, que es cuando realizamos estos ejercicios y procedemos a su difusión. Además, no pocos gobiernos demoran a difundir sus cifras y algunos las ocultan o manipulan para simular menor incidencia a la real.

Por eso no queda más remedio que recurrir a fuentes alternativas de información y/o hacer estimaciones, sobre todo mediante proyecciones estadísticas e inferencias cuando los datos no son completos.

En cualquier caso, el criterio es la prudencia. Más vale hacer estimaciones que después se revelaron conservadoras, por debajo de las cifras oficiales definitivas cuando son difundidas, que lo contrario. Hasta ahora muy rara vez nuestras estimaciones sobrepasaron las cifras oficiales que después se conocerían.

En cada caso explicamos cuando debimos utilizar las cifras oficiales tal y como estaban, cuando utilizamos una fuente alternativa o porqué y cómo hicimos nuestras estimaciones y proyecciones.

LAS 50 CIUDADES MÁS PELIGROSAS DEL MUNDO

Fuentes de información y cálculos (caso Venezuela)

En Venezuela en inaccesible la información sobre homicidios.

Reconocer las cifras reales en el país es cada vez más difícil.

Desde hace años las autoridades han dejado de publicar estadística criminal y los diarios se dieron a la tarea de realizar recuentos mensuales, a partir de las propias notas periodísticas de nota roja.

Pero ahora hasta estos conteos son escasos o inexistentes. La crisis general ha golpeado duramente a los medios y su labor de suplir la ausencia de información oficial.

Los datos oficiales son por completo falsos, pura propaganda. La prueba es que los datos no son verificables por observadores independientes y contradicen la experiencia cotidiana de los venezolanos.

La crisis en la que el régimen ha sumido a Venezuela ha sido tan devastadora, que no sólo por la represión, sino incluso por el mero efecto del desastre económico, la prensa independiente casi ha desaparecido.

Y esa prensa era la fuente de información alternativa las mentiras oficiales. Pero lo que queda de esa prensa ha dejado de producir esa información.

Hay ONG que tratan de producir información alternativa. El problema con el Observatorio Venezolano de la Violencia es que ofrece tasas de homicidios por estado y nacionales, pero sin los elementales requisitos de clarificar sus fuentes de información u ofrecer la base demográfica para el cálculo.

En esta ocasión solicitamos al Observatorio su colaboración para aportar información debidamente respaldada. Respondió con un mero acuse de recibo y nada más.

Por tanto, para calcular las tasas de homicidios de las ciudades procedimos a lo siguiente:

A) Retomamos la cifra nacional de homicidios del Observatorio en el 2019: 16.506 que es un 28,38 % inferior a la de 23.047 difundida por la misma organización respecto al 2018. A decir verdad, no sabemos si se produjo ese descenso, pero no tenemos más remedio que suponer que sí.

B) Las cifras absolutas de homicidios por ciudades que presentamos en el 2018, las recalculamos para el 2019 con ese mismo porcentaje de reducción a nivel nacional. Obviamente, no sabemos si ese porcentaje fue igual en todas las ciudades, pero no tenemos más remedio que suponer que sí.

C) Las cifras de población, según los estimados y proyecciones oficiales, debimos recalcularlas, en virtud de que desde el 2013, 4.7 millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar el país según la OEA. De modo que si según la proyección oficial en Venezuela hubo 32.219.521 habitantes en el 2019, en realidad hubo 27.519.521, es decir un 14,59 % menos.

D) Pues ese mismo porcentaje de reducción, lo aplicamos a la población estimada de cada uno de los municipios que componen las ciudades. No sabemos si la reducción fue igual, inferior o superior en todos los casos, pero no hay otra forma de calcular, pues no hay datos confiables sobre el origen último de los venezolanos expatriados.

Con base en esos cálculos se establecieron las respectivas tasas de las ciudades para el 2019.

Nota de Sala de Información: la tasa universal de homicidios es de 9 por cada 100 mil habitantes, según la Organización de las Naciones Unidas.

LAS 6 CIUDADES MÁS PELIGROSAS DE VENEZUELA

Efecto de las sanciones del gobierno de EEUU contra Conviasa

El 07-02-20, el gobierno de EEUU a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, sancionó a la aerolínea venezolana Conviasa y bloqueó las 40 aeronaves de su flota como parte de las acciones contra el régimen de Nicolás Maduro.

Steven T. Mnuchin

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven T. Mnuchin, señaló que “el régimen ilegítimo de Maduro depende de Conviasa para trasladar a funcionarios corruptos del régimen en todo el mundo, para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos”.

Agregó que el gobierno de Donald Trump “no permitirá que Maduro y sus representantes, continúen robando al pueblo venezolano y abusando de los activos estatales para avanzar en sus actividades corruptas y desestabilizadoras”.

La OFAC ha reiterado que el régimen de Maduro ha usado aviones de Conviasa “para promover su propia agenda política, incluido el traslado de funcionarios del régimen a Corea del Norte, Cuba e Irán”.

Es importante recordar que Conviasa ya había sido bloqueada con la emisión de la orden ejecutiva 13884 del 5 de agosto de 2019.

En esta ocasión, se agregó a la lista de especialmente designados de la OFAC “para garantizar un mayor cumplimiento de las sanciones de los Estados Unidos”.

La OFAC destaco que “esta acción no impide que los venezolanos puedan viajar; pueden continuar viajando en otros transportistas, que no están sujetos a las sanciones de la OFAC.

Estos son los 40 aviones de CONVIASA que han sido bloqueados:

YV1003, Marca y modelo: Viking Air DHC7

YV2984, Marca y modelo: Airbus A319

YV1004, Marca y modelo: Airbus A340

YV1008, Marca y modelo: ATR ATR42

YV1009, Marca y modelo: ATR ATR42

YV1005, Marca y modelo: ATR ATR42

YV1850, Marca y modelo: ATR ATR72

YV2421, Marca y modelo: ATR ATR72

YV2422, Marca y modelo: ATR ATR72

YV3434, Marca y modelo: Boeing B737

YV2558, Marca y modelo: Boeing B737

YV2559, Marca y modelo: Boeing B737

YV378T, Marca y modelo: Boeing B737

YV1007, Marca y modelo: Boeing B737

YV2557, Marca y modelo: Boeing B737

YV2556, Marca y modelo: Boeing B737

YV1000, Marca y modelo: Viking Air DHC7

YV3016, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV2966, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV2850, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV2849, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV2851, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV2911, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV2912, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV2913, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV2943, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV2944, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV2953, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV2954, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV2965, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV2964, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV3052, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV3071, Marca y modelo: Embraer ERJ190

YV2969, Marca y modelo: Cessna 208

YV2970, Marca y modelo: Cessna 208

YV2993, Marca y modelo: Cessna 208

YV2994, Marca y modelo: Cessna 208

YV3032, Marca y modelo: Cessna 208

YV3033, Marca y modelo: Cessna 208

YV3034, Marca y modelo: Cessna 208

Efectos de las sanciones

Para el abogado aeronáutico Rodolfo Ruiz (@RodolfoRuizA), los efectos y alcances de esta nueva medida, son los siguientes:

Conviasa y sus aeronaves ya estaban afectadas por la Orden Ejecutiva 13.884 del 05 agosto del 2019.

Sin embargo, no estaban incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC.

Ahora pasaron a formar parte de dicha lista, lo que amplía el espectro de afectación de la sanción, conforme a esa Orden Ejecutiva.

¿Qué significa esto?

Que a partir de ahora las propiedades que estén o lleguen a estar en los EEUU o bajo control y/o posesión de cualquier persona que “materialmente asista, patrocine y apoye financiera, material o tecnológicamente a Conviasa y su aeronaves”, quedarán bloqueados.

Esto puede incluir:

1) Empresas de mantenimiento que realicen servicios a dichas aeronaves;

2) Empresas que provean combustible a dichas a dichas aeronaves;

3) Empresas de seguros que aseguren dichas aeronaves;

4) Tour operadores que fleten dichas aeronaves;

(5) Aerolíneas que arrienden en “dry lease” o “wet lease” dichas aeronaves;

6) Las personas que compren dichas aeronaves; incluso, a los pasajeros que contraten un servicio de transporte aéreo en dichas aeronaves.

Este último punto se colige claramente de la nota de prensa emitida por el Departamento del Tesoro, que señala que: “Esta acción no afecta la habilidad de los venezolanos a viajar, pues estos podrán volar con otras aerolíneas no sancionadas por la OFAC”.

Así, es probable que la inclusión de Conviasa y sus aeronaves en la lista de la OFAC, tenga un impacto casi inmediato en las operaciones de la aerolínea estatal que, por cierto, iniciaba un proceso de expansión de sus rutas internacionales.

Por ejemplo, es probable que los vuelos del denominado “Plan Vuelta a la Patria” empiecen a mermar por la imposibilidad de surtir combustible y proveer servicios aeroportuarios a dichas aeronaves, en los países de destino (Perú, Chile).

En suma, la medida impacta negativamente la conectividad de Venezuela con los destinos que Conviasa operaba: Cancún, Santo Domingo, Panamá, Santa Cruz de la Sierra, entre otros”.

Aviones presidenciales

Por su parte, la abogada y Presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional (@ovesede), Rocío San Miguel (@rociosanmiguel), afirmó que en la lista de los aviones de Conviasa sancionados, están 3 aviones presidenciales operados por la AMB (Grupo 4) que los pintaron con los colores de Conviasa y colocaron siglas civiles, para facilitar vuelos al exterior: el camastrón Boeing 737, el A319CJ y el Embraer ERJ-190.

«A partir de ahora las propiedades que estén o lleguen a estar en los EEUU o bajo control y/o posesión de cualquier persona que materialmente asista, patrocine y apoye financiera, material o tecnológicamente a Conviasa y su aeronaves, quedarán bloqueados«

La milicia: un cuerpo innecesario para Venezuela, pero vital para el chavismo

Nicolás Maduro anunció el 9 de enero que la milicia tiene 3.778.334 miembros. La cifra que pasó inadvertida ante el anuncio de ejercicios militares, plantea graves consecuencias en lo político, económico, social y militar.

Manuel Tovar, El Estímulo

Nicolás Maduro anunció el 9 de enero que la milicia tiene 3.778.334 miembros. La cifra pasó inadvertida junto a muchas otras, pues el gobernante también notificó de ejercicios militares que desviaron la atención.

Se olvidó aún más rápido con las noticias de la volatilidad del dólar o el aumento del salario mínimo.

Pero sin duda alguna, de ser cierto lo planteado por el sucesor de Hugo Chávez la realidad podría implicar una serie de nefastas consecuencias para el futuro inmediato de Venezuela.

Viciada de origen

En palabras de Maduro, la milicia será una maquinaria aceitada.

“El pueblo en armas. Los brazos armados del pueblo”.

En su anuncio, el chavista afirmó que esta milicia consta de 1.159 agrupamientos de defensa integral, 14.383 bases populares de defensa integral en escuelas y liceos, 63.890 unidades populares de defensa integral con células de 30 a 60 milicianos y 181.435 comandantes de calle.

El mismo 9 de enero, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció que la próxima ley constituyente de la Fuerza Armada dará carácter popular al cuerpo, al incorporar a la milicia como quinto componente de la FANB, junto al Ejército, la Marina, la Aviación y la Guardia Nacional.

Rocío San Miguel, directora de la asociación civil Control Ciudadano, y Luis Buttó, coordinador del postgrado de Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, coincidieron en la ilegalidad del “quinto componente” militar.

El cuerpo creado por Chávez en el 2005 como la reserva, y con antecedentes en los círculos bolivarianos, tiene un mínimo beneficio para el Estado venezolano pero resulta vital para el proyecto chavista que se fundamenta en la fuerza.

Un componente inútil

Para San Miguel hay razones legales y constitucionales, aunado a las circunstancias del poder militar venezolano que hacen absurdo hablar de una milicia.

Este origen, señaló la experta, es grave pues es una fórmula que esquiva las transformaciones autorizadas para modificar la Constitución, se burla de la Carta Magna y de los ciudadanos.

“En términos constitucionales la defensa militar de la nación corresponde en exclusividad a la Fuerza Armada Nacional. Hemos cargado con un lastre por 15 años de esta llamada Milicia Nacional Bolivariana que no tiene ningún sustento legal y que lamentablemente se ‘constitucionalizará’ a través de una ley emanada desde la asamblea constituyente”.

Asimismo, consideró que en términos operativos las Fuerzas Armadas tienen componentes, sistemas de armas y organización suficiente para la defensa integral de la nación.

Buttó afirmó que la conformación del cuerpo responde al cambio de la doctrina militar venezolana, para adaptarla de guerra convencional a no convencional.

Una sociedad militarizada

Buttó añadió que la milicia desde su concepción doctrinaria sirve de soporte directo al modelo político implantado en Venezuela en 1999, y responde a la militarización progresiva y sostenida de la sociedad.

San Miguel agregó que en el esquema moderno de guerra y defensa integral no existe justificación para el cuerpo más allá del control social.

San Miguel consideró que el modelo busca la segregación política porque es, como afirmó el comandante general de la milicia, Manuel Bernal Martínez, “un combustible de la revolución”.

Enfatizó que el momento escogido por el chavismo para la conformación de estas 14.383 bases populares de defensa integral, instaladas en colegios y liceos de Venezuela, busca crear una estructura ideológica y electoral.

“Eso no responde a los intereses nacionales. El principal problema para el que necesitamos una Fuerza Armada es la preservación de la integridad territorial y éste está vinculado con conflictos de guerra convencional, como por ejemplo la protección de fronteras”

La analista dijo que la adscripción directa a la presidencia significa la ausencia de rendición de cuentas.

“Hablamos de un organismo paramilitar, armado, al servicio de la Revolución. Que no nos quepa la menor duda, esto significará un nuevo modelo de aplastamiento de la sociedad”.

Buttó, a su vez, considera que la militarización implica expandir el espíritu militar en todos los intersticios de la sociedad.

El académico afirmó que la premisa es un mentis al sistema y canon democrático, en un país donde priva la militarización de la sociedad no puede hablarse con propiedad alguna de democracia.

Mantequilla o fusiles

Buttó agregó que el anuncio de Nicolás Maduro de uniformar a la milicia, trae consigo el viejo dilema consustancial de toda sociedad de elegir entre “mantequilla o fusiles”.

“Es un contrasentido que se decida uniformar a un cuerpo armado de esa magnitud, cuando el país tiene ingentes necesidades en términos de salud, de alimentación, entre otras”, dijo.

Señaló que, con el anuncio, el gobierno también contradice su discurso de que las sanciones impuestas por otros gobiernos le impiden tener acceso a las fuentes de ingresos.

“¿Cómo se explica que si no tiene acceso a la fuente de ingreso prefieran destinar dinero a armar la milicia que a alimentos y medicinas?

En ese comportamiento se evidencia una hipocresía absoluta del gobierno, en torno al discurso que mantiene de proteger a la población satisfaciendo sus necesidades”.

Además, rechazó la poca transparencia con la que se maneja el gobierno.

“¿Cómo se puede comprobar que las cifras de las que hablan son certeras? Y aún si fuera cierto, hay un contrasentido insalvable porque eso implica prácticamente construir un nuevo Estado; esa cifra de 3.5 millones de milicianos, supera a la de los empleados públicos”.

Insistió en que se estaría montando una especie de Estado paralelo.

“Por donde se le mire es una locura que impacta sobremanera la institucionalidad venezolana”, afirmó.

Un costo muy alto para el país

San Miguel aseveró que es una deformación hablar de 4 millones de venezolanos inscritos en la milicia nacional bolivariana, pues es un costo que no soporta la nación.

“Maduro habló de ordenar a Cavim la dotación de botas y uniformes a dos millones de milicianos, esto como mínimo es un gasto de 90 o 100 millones de dólares, sin corrupción”, indicó.

Agregó que también se ordenó que se hicieran ubicaciones didácticas, de adoctrinamiento que comenzarán a utilizar estos milicianos en una suerte de “formación ciudadana” que supone más gastos para el país.

La logística de la movilización, alimentación, entrenamiento y seguridad social de esta milicia, al igual que el entramado de pertrechos de los que se les puede dotar, representa un costo alto a la nación.

“Hemos asistido a diferentes etapas: en 2004 con la lista Tascón; a través del Tribunal Supremo Justicia, utilizando decisiones judiciales para acabar con la oposición política; el encarcelamiento para controlar y acabar con la oposición; y este sin duda alguna es otro método de segregación política”.

San Miguel también cree que detrás del anuncio hay un negocio en marcha que terminará en otro escándalo de corrupción para el país.

Una anomalía institucional

Por donde se le mire es una anomalía institucional lo que está ocurriendo con la milicia, afirmó Buttó.

“Cuando construyes un organismo que es capaz de superar en términos numéricos al resto de los integrantes del Estado, se está pervirtiendo desde cualquier punto de vista la institucionalidad”.

Agregó que el Ejecutivo de Maduro maneja ese tema, al igual que muchos otros, con gran opacidad.

“No hay transparencia alguna desde el gobierno, que no rinde cuentas, que desprecia la opinión pública, que es autoritario y que dice lo que sea, sin que los ciudadanos que tenemos derechos a escrutar la acción del gobierno tengamos acceso a los mecanismos para hacer esa evaluación”.

Se desprofesionaliza la Fuerza Armada

Según Rocío San Miguel el tamaño de la fuerza armada nacional más real del que se tienen datos, es de 140.000 a 160.000 efectivos en los 4 componentes, mermadas por la enorme cantidad de solicitudes de bajas, el encarcelamiento de militares y la deserción.

Si nos basamos en los números que brindó Maduro, de 3.778.334 milicianos, significa que hay 24 de ellos por cada soldado profesional.

“Sin duda alguna, este paso es un paso muy claro en la desprofesionalización de la defensa militar venezolana”, dijo la directora de Control Ciudadano.

A su juicio esto causará una proliferación de armas en Venezuela, un país que no pudo controlar las armas ni siquiera en manos de las Fuerzas Armadas.

“Eso contradice el espíritu civil que debe regir en la organización de la sociedad, porque la cosmovisión es reacia al disenso, es reacia a la búsqueda del consenso y apunta a la imposición de las decisiones que tome el Ejecutivo”.

“Ahora se dotará de armas a 4 millones de venezolanos, esto en palabras sencillas es una monstruosidad y una irresponsabilidad histórica”.

Buttó consideró que el profesionalismo militar se mide cuando los militares no intervienen en política. Es una especie de tautología, el militar es profesional porque no interviene en política y no interviene en política porque es profesional.

Cuando existe un componente vinculado directamente con la actividad política, obviamente se desprofesionaliza el sector militar.

Ambos analistas coincidieron en que la milicia está vinculada al concepto pretoriano de injerencia militar en la actividad política. Señalaron que en las democracias los sectores militares están apartados de la participación política.

Quiebre en la institución

“Hay un profundo quiebre en la institución militar por la misma crisis, que no se manifiesta por el carácter represivo del Estado. La vía que escogen los militares para no aceptar lo que sucede es la enorme cantidad de solicitudes de bajas que se procesaron en los dos últimos años”, declaró San Miguel y agregó que el encarcelamiento de militares es el más alto de la historia.

Consideró que al estado actual de la revolución le fallaron los pilares fundamentales. Las bases del PSUV están desencantadas, frustradas por la situación de la crisis política, económica y la Fuerza Armada no escapa de ello.

“Esto lleva a la invención de la milicia nacional bolivariana, que no tiene líderes, es el anonimato, es el concepto manoseado de pueblo, de milicia, que viene bien para el control militar y social del país y de la institución”, señaló.

Cree que la invención es oportuna para el régimen ante la actual crisis de legitimidad y liderazgo de Maduro.

San Miguel manifestó que la conformación de una milicia armada, revolucionaria y popular, que dista de los elementos de profesionalización que requieren la Fuerza Armada moderna, es un quiebre. El desmantelamiento de la Fuerza Armada Nacional, se expresa en la desprofesionalización de una institución que fue orgullo en América Latina.

A esta fuerza profesional se le intenta sustituir por un sistema popular de control social, electoral, que se desconoce en lo que derivará.

«Por donde se le mire, es una anomalía institucional lo que está ocurriendo con la milicia».

“En países donde hay este tipo de cosas, terminan derivando en grupos paramilitares y parapoliciales que agudizan el conflicto armado”.

“Las milicias existen en muchos países, el problema es cuando están al margen de la ley, representan una sola parcialidad política, no tienen control democrático y sirven de resguardo de esa parcialidad en el poder”, concluyó.

Imágenes: Daniel Hernández y AFP.

¿Qué pasó el 5 de enero? Análisis de Gerardo Blyde

Abogado Gerardo Blyde, doctor en derecho constitucional.

El siguiente análisis, se fundamenta en lo dispuesto en la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

A) ¿Cuál es el procedimiento para la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional?

  • La Asamblea Nacional elige de su seno un Presidente, dos Vicepresidentes (todos deben ser diputados), un Secretario y un Sub-secretario (no diputados). (Art.194 CN).
  • El Reglamento Interior y de Debates establece requisitos y procedimientos para la instalación. (Art. 221 CN).
  • El quórum mínimo de funcionamiento debe ser la mayoría absoluta de los diputados miembros de la Asamblea Nacional (Art. 221 CN).

Cuando no se establece expresamente la necesidad de un quórum distinto, esta es la regla aplicable para todas las sesiones incluyendo la sesión de instalación.

  • La Sesión de Instalación se realizará sin convocatoria previa el 5 de Enero a las 11 de la mañana (o el día posterior más inmediato posible) para elegir nueva Junta Directiva e iniciar el período anual de sesiones. (Art. 2 RIyD).
  • Si no hubiere el quórum constitucionalmente requerido, los diputados presentes se constituirán en Comisión Preparatoria para tomar las medidas necesarias para lograr una sesión de instalación válida. Esta comisión preparatoria será presidida por el último Presidente o quien deba suplirlo (primer o segundo Vicepresidentes) y, en ausencia de todos, de un diputado electo por los presentes (esta elección no puede ocurrir sin quórum, por lo que es inaplicable de manera supletoria esta norma para una sesión de instalación sin la presencia de al menos uno de los tres miembros de la Junta Directiva saliente. La norma está concebida para cuando habiendo quórum tenga que nombrarse un director de debates para elegir una nueva Junta Directiva en ausencia en la sesión de instalación de los tres miembros de la Junta Directiva saliente). El requisito constitucional de existencia de quórum es ineludible para que el cuerpo legislativo pueda tomar cualquier decisión. (Art.12 RIyD).
  • Habiendo quórum, el Presidente saliente dirigirá el debate para la elección de la nueva Junta Directiva. En su ausencia lo debe suplir el primer vicepresidente y en ausencia de éste, el segundo vicepresidente. Si no está presente ninguno y existe el quórum (mayoría absoluta de los miembros) los diputados elegirán de entre ellos a un director del debate. (Art. 11 RIyD).
  • El Director de Debate designará a un diputado para que actúe de Secretario accidental en la sesión de instalación (Art.11 RIyD).
  • En la sesión de instalación se realizarán las postulaciones de los candidatos a Presidente y dos vicepresidentes en una sola oportunidad, y se podrá realizar una sola ratificación de las postulaciones (Art. 8 RIyD).
  • Resultarán electos los postulados que obtengan la mitad más uno de los votos de los diputados presentes en la sesión de instalación. (Art. 7 RIyD).
  • El Presidente electo prestará juramento para el cargo ante el cuerpo legislativo y, seguidamente, tomará juramento al resto de la Junta Directiva. Los invitará a tomar posesión de sus cargos y declarará instalada la Asamblea Nacional para el período legislativo que corresponda. (Art. 9 RIyD).

B) ¿Qué sucedió el 5 de enero del 2020?

B.1. En la sede de la Asamblea Nacional (con presencia de la fracción del Psuv y algunos diputados disidentes de la mayoría parlamentaria).

  1. Un grupo de diputados a la Asamblea Nacional pudieron ingresar al salón de sesiones de la Asamblea Nacional.
  2. Ese grupo de diputados no fue suficiente para constituir el quórum constitucional de funcionamiento válido de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea Nacional.
  3. No permitieron el ingreso al Palacio Federal Legislativo y mucho menos al salón de sesiones, del diputado Juan Guaidó a quien le correspondía como presidente saliente dirigir el debate en la sesión de instalación y de la mayoría de los diputados, utilizando para ellos medios de fuerza.
  4. El primer y segundo vicepresidentes se retiraron del salón de sesiones ante la falta de quórum y ante la ausencia del presidente saliente y de la mayoría de los diputados, a quienes se les impidió por la fuerza su ingreso.
  5. Sin quórum, los diputados presentes en el salón de sesión eligieron de su seno a un director de debates y pretendieron instalar la sesión.
  6. Al no haber quórum y no estar presentes ningún miembro de la directiva saliente, no era posible elegir a un director de debates válidamente.
  7. Al no haber quórum y no estar presentes ningún miembro de la directiva saliente, no era posible tampoco constituirse en una comisión preparatoria para que esta realizara lo pertinente para lograr el quórum.
  8. Sin quórum y con un director de debates inconstitucional e ilegalmente nombrado, presentaron a tres postulados para integrar la junta directiva y a dos personas fuera del seno de la Asamblea Nacional para los cargos de secretario y subsecretario.
  9. Sometieron a votación de los presentes la postulación y declararon ganadores a los írritamente postulados.
  10. En violación del artículo 191 de la Constitución Nacional, votaron en esa írrita reunión (pretendida sesión) personas que había perdido su condición de diputados al haber aceptado ocupar cargos públicos distintos al de diputados, no exceptuados constitucionalmente.
  11. Aún con la incorporación de estos ciudadanos que ya no son diputados a la Asamblea Nacional por mandato constitucional, no reunieron el quórum mínimo válido para sesionar.

B.2. En la sede alterna y externa, ante la imposibilidad de acceder a la sede natural por obstrucción realizada por mandato del régimen que ocupa indebidamente y por la fuerza el ejecutivo nacional, sucedió lo siguiente:

  1. En aplicación del Reglamento de Interior y Debates la Junta Directiva saliente convocó a la sede del diario El Nacional a los diputados miembros de la Asamblea Nacional para realizar la sesión de instalación y elección de nueva Junta Directiva. (Art. 1 RIyD).
  2. Se constató la existencia del quórum mínimo de funcionamiento de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea Nacional, por lo que se declaró constitucional y legalmente constituido el cuerpo legislativo e iniciada la sesión.
  3. El presidente saliente Juan Guaidó asumió la dirección del debate y nombró al diputado Stalin González como secretario accidental de la sesión.
  4. La diputada Delsa Solórzano realizó la postulación de los tres miembros que ocuparían la nueva Junta Directiva.
  5. El director de debates sometió la única propuesta de postulados a votación de los diputados.
  6. Uno a uno los diputados votaron a viva voz por cada uno de los postulados para presidente y vicepresidentes de la Asamblea Nacional.
  7. Resultaron todos los postulados ganadores con cien votos de los diputados presentes lo que constituye mucho más de los votos mínimos requeridos para su elección.
  8. El director de debates y presidente saliente Juan Guaidó resultó reelecto para un nuevo período legislativo como Presidente de la AN. Los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia resultaron electos para los cargos de primer y segundo vicepresidentes respectivamente.
  9. El presidente reelecto tomó juramento delante del cuerpo legislativo y luego les tomó juramento a los dos vicepresidentes.
  10. Se postularon, se eligieron y juramentaron válidamente tanto al secretario como al subsecretario de la Asamblea Nacional para el nuevo período legislativo.
  11. El presidente declaró instalada la Asamblea Nacional e iniciado el nuevo periodo legislativo.

Conclusiones:

  1. Sólo hubo una sesión válida de instalación y elección de nueva Junta Directiva, la celebrada el la sede externa ad hoc y dirigida por el presidente saliente que resultó reelecto. Esta es la única sesión que se realizó el 5 de enero del 2020, pues contó con el quórum constitucional necesario para su instalación y desarrollo.
  2. Las actuaciones realizadas por un grupo de diputados en la sede del parlamento nacional no pueden ser calificadas de sesión. No hubo sesión. No contaban con el quórum constitucional para poder instalarse como sesión y mucho menos para poder tomar decisiones en nombre del cuerpo legislativo nacional.
  3. Adicionalmente pretendieron incorporarse y además votar ciudadanos que ya no son diputados por haber perdido su condición al haber aceptado otros cargos públicos.
  4. No existen dos Juntas Directivas de la Asamblea Nacional. La única Junta Directiva constitucional y legalmente electa, está constituida por Juan Guaidó como Presidente y por los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia como primer y segundo vicepresidentes, respectivamente.

De izquierda a derecha: Juan Pablo Guanipa, Primer Vicepresidente; Juan Guaidó, Presidente; Carlos Berrizbeitia, Segundo Vicepresidente.

Reflexiones adicionales:

Nicolás Maduro en alocución ante los medios de comunicación, dijo reconocer a la inexistente Junta Directiva producto de la inexistente sesión que se pretendió celebrar en la sede oficial de la Asamblea Nacional.

¿Qué sucedió con el desacato declarado por el TSJ y que ellos mismos alegan está vigente?

¿Cómo los diputados del partido de Maduro supuestamente votaron en esa írrita sesión existiendo el desacato que ellos señalan declarado por su TSJ?

La orden del TSJ consiste en reponer en sus cargos a la primera Junta Directiva de la Asamblea Nacional presidida por el diputado Henry Ramos y que, hasta tanto esto no se cumpla, la Asamblea Nacional está en desacato.

¿Desacataron los diputados del Psuv el mandato de su TSJ, si consideran válida su írrita reunión de diputados sin quórum?

¿Desacató también Maduro el mandato de su TSJ al reconocer a una pretendida Junta Directiva distinta a la Junta Directiva inicial presidida por Henry Ramos?

Gerardo Blyde
06-01-20

INFORME ANUAL DE VIOLENCIA EN VENEZUELA, 2019

Observatorio Venezolano de Violencia.

Introducción

En el año 2019 Venezuela ha vivido la mayor crisis social de la historia por la destrucción de la economía, la pérdida de capital humano por la emigración, el deterioro del estado de derecho y el incremento de la desigualdad social.

En ese contexto de destrucción institucional, la violencia y la criminalidad han sufrido cambios importantes, pues la criminalidad acompaña los cambios en las sociedades, y procura adaptarse a las oportunidades que le ofrece el mejoramiento o empeoramiento de las condiciones de vida en esa sociedad.

En la búsqueda del poder o del dinero, los actores criminales administran la violencia para poder garantizarse un usufructo de la renta como resultado de la utilización de la fuerza, sea para depredar los frutos del trabajo o los recursos disponibles en ese territorio, sea para establecer condiciones desiguales que les permitan un acceso privilegiado a las fuentes de riqueza y de renta existentes en esa sociedad.

Durante este año 2019, en Venezuela se ha incrementado la destrucción del pacto social por la suma perversa y en apariencia contradictoria de anomia y autoritarismo, lo cual ha provocado -por una parte- una actuación arbitraria y discrecional de instituciones que incumplen sus obligaciones, y violan derechos humanos; y por otra parte, la desconfianza de la población en instituciones y funcionarios cuyo desempeño está sujeto a normativas y regulaciones, que son frecuentemente modificadas, con cambios impredecibles y sin un claro fundamento.

Y en lugar de la deseada independencia de los tres poderes en la sociedad, capaces de generar contrapesos, lo que existe de manera fáctica es una dualidad de poderes que durante este año ha permanecido y profundizado.

A la existencia de dos poderes legislativos y dos poderes judiciales, se sumó en este año dos poderes ejecutivos. Uno de ellos con un presidente designado por la Asamblea Nacional legítima y reconocido por una parte de la sociedad y por varias decenas de países del mundo como el presidente encargado legítimo del país.

Aunque existe una Asamblea Nacional electa democráticamente, se estableció otra Asamblea legislativa distinta, una Asamblea Nacional Constituyente que fue convocada y electa con procedimientos no contemplados en la Constitución y que no ha asumido, en cualquier caso, la función para la cual fue convocada, que era redactar un texto constitucional, sino que en forma arbitraria se ha adjudicado a sí misma poderes para actuar como una instancia plenipotenciaria, capaz de normar y decidir sobre cualquier dimensión de la vida republicana.

El poder ejecutivo continúa gobernado bajo el “estado de excepción” establecido desde mayo del 2016 y prorrogado de manera indefinida e inconstitucional varias veces, concentrando por esa vía cada vez más poderes y con cada vez menos controles y regulaciones.

La Sala Constitucional se erigió como un macro poder capaz de modificar la Constitución. Las leyes se personalizan y se politizan, dejando de ser mecanismos de regulación social universal, para convertirse en instrumentos para la persecución casuística de los diferentes y disidentes.

En ese contexto, los mecanismos básicos de funcionamiento de las sociedades se pierden y el delito de distintos rostros encuentra nuevas y mejores oportunidades para actuar. Como no hay reglas universales y legítimas, el poder fáctico impone sus reglas y las aplica de manera arbitraria a los fines de obtener riqueza o de conservar el poder, o de conservar el poder para poder usufructuar de la riqueza.

En Venezuela, el 2019 se ha consolidado lo que se puede considerarse la mayor crisis social en la historia de Suramérica.

La observación de la violencia

Luego de dieciséis años consecutivos de censura oficial, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) vuelve a ofrecer su reporte anual sobre la situación de violencia en el país.

La censura sistemática de la estadística oficial, el manejo oscuro de los archivos criminales y las arbitrarias o inexistentes definiciones usadas en el metadato, obligan a los grupos de investigación de las universidades públicas y privadas que formamos parte del OVV a seguir observando y analizando lo que ocurre con la criminalidad en el país y continuar entregando a la sociedad nuestras mejores estimaciones e interpretaciones sobre la realidad existente y la calidad de la información.

En este año 2019, el Observatorio Venezolano de Violencia ha estado analizando y procesando información en ocho entidades federales del país, con grupos de investigación de ocho universidades: en San Cristóbal con el Observatorio Social del Estado Táchira de la UCAT; en Cumaná con la Dirección de Cultura de la UDO; en Caracas con el Centro Ciudades de la Gente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV; en Barquisimeto con la Escuela de Desarrollo Humano de la UCLA; en Ciudad Guayana con la Escuela de Derecho de la UCAB-Guayana; en Mérida en el Instituto de Geografía, Escuela de Geografía, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA; en Maracaibo en el Centro de Investigación en Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, y en Maracay en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la UC.

La situación de violencia

En el 2019, Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo.

Este año cierra con un estimado de al menos 16.506 fallecidos y una tasa de 60,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina.

Esta tasa es el resultado de los tres tipos de muertes violentas que desde hace más de una década estudiamos como constitutivos de la violencia letal en la sociedad:

los 6.588 homicidios cometidos por los delincuentes, cuya tasa es de 24 víctimas por cada cien mil habitantes;

las 5.286 muertes por resistencia a la autoridad, según la denominación oficial, pero que en su mayor parte son homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales con una tasa de 19 víctimas por cada cien mil habitantes;

las 4.632 muertes de intencionalidad indeterminada, registrados oficialmente como averiguaciones de muerte, pero que también en su mayor parte son homicidios o permanecen sin aclarar su situación al final del año considerado y cuya tasa estimada es de 17 víctimas por cada cien mil habitantes.

Los resultados muestran una importante disminución en el número y en la tasa de muertes violentas, sin embargo, no creemos que esto sea el resultado de una mejoría en condiciones sociales, sino, todo lo contrario, del empeoramiento de dichas condiciones de vida y de la generalización de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país.

Los tres componentes muestran tres procesos complejos y negativos de la sociedad venezolana:

  1. El descenso de los homicidios cometidos por delincuentes tiene su origen en varios procesos sociales igualmente negativos.
    El primero es la destrucción generalizada de la actividad económica y el empobrecimiento del país, lo cual ha reducido drásticamente las oportunidades para el crimen. La caída de la actividad económica por el quiebre de empresas o de los comercios, la restricción de los horarios por la suspensión de los servicios públicos, la emigración de las personas o la poca disponibilidad de dinero por el empobrecimiento de los asalariados y la carencia de efectivo en bancos, comercios o las personas, ha limitado el campo de acción del delito depredador, que ha encontrado menos víctimas que pillar y menos recursos que despojar.
    El segundo elemento es el incremento del control territorial de las bandas armadas del crimen organizado, quienes someten la criminalidad de las pequeñas pandillas o de individuos aislados, para favorecer su aprovechamiento de las grandes rentas derivadas del tráfico de drogas, minerales o personas; del contrabando de gasolina o de la extorsión de las empresas.
    El tercero es la emigración de los delincuentes hacia otros países, producto de los dos factores anteriores: de la reducción de las oportunidades para el crimen y del control de los grupos organizados que los elimina o los obliga a someterse a su control.
    El cuarto es la reducción de personas en el espacio público, en la calle, el mercado o la plaza, por la restricción de la oferta de actividades comerciales o recreativas, por las limitaciones que imponen las falencias en los servicios públicos, como el racionamiento eléctrico o el menor transporte público. Y por la restricción en la demanda, por la inhibición de las personas, quienes restringen sus actividades en el espacio público, sea por carencia de un dinero que puedan gastar en su salidas, sea por el temor a ser víctimas en esos espacios públicos.

La inmensa letalidad policial se ha convertido en un factor relevante en la reproducción de la violencia en el país.

La letalidad tiene dos impactos disímiles en la situación de violencia, pues, por un lado, puede considerarse, tal y como lo hacen las autoridades, que este tipo de acción reduce la delincuencia y los homicidios al eliminar a los potenciales delincuentes.

Pero, por otro lado, continúa constituyendo un importante factor en las tasas de homicidios, pues las muertes provocadas por los policías se mantienen en un niveles extremadamente altos, registrándose en el 2019 un promedio de 14,5 personas muertas cada día del año a manos de los cuerpos de seguridad.

La acción de represión del delito por parte del Estado se ha reducido al exterminio de los delincuentes. No existe ninguna política sostenida de hacer cumplir la ley y de aplicar los castigos previstos en las leyes de la República, ni mucho menos programas de prevención del delito, sino de eliminación de los presuntos delincuentes.

La reducción de la letalidad en algunos estados puede tener su explicación no en la disminución de la acción policial, sino en una nueva modalidad que en los reportes que tenemos de los habitantes indican la tortura y la amenaza de muerte de los presuntos delincuentes, está substituyendo la letalidad en las actuaciones de los grupos comandos, y cuya intención parece ser no sólo la intimidación o persuasión, sino que tiene como propósito forzarlos a emigrar del país.

  1. Las averiguaciones de muerte se mantienen como un importante componente de la tasa de homicidios del país. Continúa, por parte de las autoridades, el registro ambiguo de una importante cantidad de víctimas de muertes violentas, quienes quedan clasificadas y se archivan como en averiguación por haber tenido una intencionalidad desconocida.
    Esta cifra representa una inmensa caja negra en el país y ha mostrado un extraño incremento en los últimos años. En el estado Mérida, el de menor tasa de homicidios del país, en el año 2001 las muertes consideradas sin intención determinada (MIND) representaron el 6,6% del total de víctimas, mientras que para el año 2017 esa misma categoría se incrementó cinco veces, para ubicarse en el el 32,7%. En el país, por cada diez víctimas que son catalogadas como homicidios, hay nueve más que son catalogadas como fallecidos por intención no determinada.
    Pero, es posible estimar que de cada cien víctimas clasificadas como MIND, ochenta y ocho murieron por disparos de armas de fuego, y que a pesar de eso fueron archivadas como de “intención no determinada”.
    Es importante destacar, además, que esta cifra de muertes en averiguación no incluye los casos de los “desaparecidos”, y que son aquellas personas que se desconoce su paradero y cuyos cadáveres pueden luego ser encontrados enterrados en fosas clandestinas construidas en zonas aisladas o boscosas, y de cuya existencia sólo se sabe con posterioridad. Encontramos que esta práctica ha tenido un incremento en los años recientes y muestra un tendencia novedosa de actuación de los grupos criminales, quienes, de acuerdo a las circunstancias y los acuerdos informales con otros grupos de poder, se mueven entre una espectacularidad morbosa, destinada a enviar mensajes a sus enemigos y provocar miedo en la población, y el sigilo discreto, que procura evitar el escándalo y la presencia e investigación policial que pueda derivar de la presión que puedan ejercer los familiares, ya que, en el caso de las desapariciones, siempre se mantiene la incógnita del verdadero destino de algunas personas. Esta tendencia se ha facilitado y permitido su incremento, tanto por la letal actuación policial, como por la masiva emigración de las personas y que hace dudar a las familias si su pariente salió del país o se encuentra “desaparecido”.
    Los cambios en el país y los cambios en los procedimientos policiales y de registro forense reciente, no nos permite saber si las cifras que disponemos son del todo correctas, lo que sí es posible afirmar es que en cualquier caso los números deben ser superiores y no inferiores a los que presentamos.

Comparación con otros países

Con una tasa de 60,3 Venezuela quedará registrada como el país con la mayor tasa de muertes violentas en las Américas.

En los últimos años se ha observado una disminución en los homicidios en varios países de la región, en Venezuela ha ocurrido lo mismo. Aunque en cada caso las razones y procesos sociales específicos son diferentes, pues las condiciones sociales, políticas y el tipo de actores armados son diferentes, la disminución de los homicidios en la región creemos que se debe a dos grandes procesos:

El primero es una mayor conciencia ciudadana sobre la gravedad de la situación de violencia, lo cual que ha forzado a respuestas públicas más eficaces en las actuaciones de los gobiernos locales, nacionales y ha movilizado la cooperación internacional.

El segundo son los cambios que están ocurriendo en el delito organizado, tanto como respuesta a la acción del Estado, como por una estrategia más sofisticada y sutil, que permita un mayor control territorial que facilite a los grandes delincuentes controlar a los pequeños delincuentes, y así pasar desde los conflictos de alta intensidad a una violencia de baja intensidad, que pueda ofrecer mejores condiciones para prosperar en sus negocios ilícitos y para eludir o pactar la confrontación con los gobiernos.

En El Salvador, el país que en los últimos años fue el más violento de la región, llegando a tener en 2015 una tasa de 103 víctimas por cada cien mil habitantes, desde el año 2016 ha tenido una fase de reducción de los homicidios y que hace prever que para este año la tasa puede ubicarse en 48 víctimas por cada cien mil habitantes.

Las acciones del Estado han logrado golpear las finanzas, la logística y el liderazgo de las maras criminales, así como poder tener un mayor control de las prisiones. En esa actuación también se han realizado muchas ejecuciones extrajudiciales y el poder ejecutivo intentó excluir esas víctimas de la contabilidad de muertes violentas, pero el rechazo de las fuerzas sociales a tal medida obligó a que fuesen catalogadas como tales e incluidas en la estadística oficial.

En Honduras se estima que el año 2019 concluya con una tasa de 42 fallecidos por cada cien mil habitantes. Honduras ha experimentado una sostenida reducción desde el año 2015, producto de diversas medidas de medidas de control de las bandas y del tránsito de drogas por su territorio.

En Jamaica se ha dado un pequeño incremento en las víctimas que se estima no afectará los resultados, y por lo tanto se mantendrá la tasa de 47 víctimas por cada cien mil habitantes que había mostrado en 2018, a pesar de la declaración del estado de emergencia del gobierno para controlar el delito y que no logró una reducción ni cambio en las tendencias.

En Brasil se estima que puede concluir con una tasa de 19 por cada cien mil habitantes, con una reducción estimada del 22% en los homicidios, pues el año puede cerrar con una cifra inferior a las 40 mil víctimas anuales para una población de 210 millones de habitantes.

El mensaje fuerte de represión del delito enviado por las autoridades y las medidas de control de las cárceles implementado por los gobiernos estadales de las diversas corrientes políticas, ha permitido que este año se pueda repetir, sin grandes variaciones, una tasa que se ya se ha experimentado durante varios años.

En Colombia durante el 2019 se mantiene casi igual la tasa de aproximadamente 25 por cada cien mil habitantes. Aunque algunas fuentes indican que se puede calcular una reducción del 2,5% en los homicidios entre 2018 y 2019, con los datos disponibles hasta ahora no es posible tener seguridad de que esta reducción logre revertir la tendencia al alza que se había observado en el año 2018. En Colombia ha ocurrido una muy importante reducción de los homicidios hasta el año 2015, cuando, en lugar de seguir el descenso se estabilizó y durante tres años consecutivos, el número de homicidios se estancó alrededor de 11.500 fallecidos.

Luego, en el 2018, se rompe esa tendencia decreciente o estable experimentada durante una década y aumentaron hasta 12.130 los homicidios en el país. La situación de violencia en Colombia se relaciona con los diversos actores armados que participan en el proceso políticos: los acuerdos de paz; la desmovilización de algunos grupos armados para dedicarse a la lucha política democrática, dejando espacios vacíos a otros grupos criminales; la reagrupación de grupos guerrilleros y de bandas criminales que mantienen control territorial y el usufructo de diversas rentas en varias partes del país.

Se estima que adicionalmente, en este año hubo un incremento de los homicidios en algunos departamentos que son frontera con Venezuela por la inestabilidad social y política de esos territorios, y las luchas por controlar las rentas que de allí se derivan.

En México se estima que en el año 2019 se puede mantener la tasa de 22 por cada cien mil habitantes, pues, aunque en el inicio del año hubo un incremento en las muertes violentas, en un proceso complejo en el cual se ha dado la disolución de la Policía Federal y su traspaso de funciones a la Guardia Nacional, luego se modificó esa tendencia al alza y se ha estabilizado la violencia. En México son grandes las diferencias en las condiciones de violencia entre las distintas zonas de la nación, encontrándose que estados como Colima, Baja California o Chihuahua, tendrán este año unas tasas de homicidios mucho más altas que el resto del país, llegando a duplicar o triplicar la tasa nacional.

Los cambios en las modalidades del delito y la dolarización

Entre los comienzos y fines del 2019 las modalidades del delito se fueron modificando conforme se daban cambios en la economía diaria de las personas y se generalizaba el proceso de “dolarización” informal del país, lo cual permitió que el dólar, el euro, el peso colombiano o el real brasileño, se convirtieran en las monedas de uso corriente en las operaciones de intercambio de bienes y servicios en distintas zonas del país.

En el primer semestre del 2019 muchas de las modalidades del delito se habían restringido por la carencia de bolívares en efectivo en manos de las personas, debido al empobrecimiento de la población, a la baja circulación de billetes de bolívares y a la generalización de los pagos electrónicos, sea con tarjetas de débito o con transferencias bancarias.

Eso provocó una reducción de los robos de las personas, en las calles o en el transporte público, de los asaltos a los comercios o los bancos, por la ausencia de un potencial botín en manos de las potenciales víctimas.

En ese período, el robo se trasladó de la calle a las viviendas familiares, donde los delincuentes podían encontrar bienes que pudieran ser luego negociados en el mercado negro, tales como joyas, computadoras, televisores y otros electrodomésticos y, en algunos casos, divisas en efectivo que guardaban las personas o comerciantes en sus casas.

En este período llamó la atención que los delincuentes, además de acarrear con esos productos propios de los robos, se llevaban también la ropa, calzados, medicinas y alimentos existentes en las viviendas.

En la medida que la economía se fue dolarizando, las personas tuvieron más dinero en divisas en sus carteras, pues se convirtió en un medio común de pago y con ello se inició un proceso de mudanza en las oportunidades del delito. Los bandidos regresaron al robo de personas y comercios que sabían podían disponer de efectivo en moneda extranjera.

De igual manera, los secuestros se incrementaron en el segundo semestre, pues se hizo común exigir y pagar el rescate en moneda extranjera.

Para fines de año la situación delictiva ya había cambiado y se observó un crecimiento de los delitos depredadores o de las prácticas de extorsión de los grupos criminales o de los funcionarios policiales y militares, quienes en alcabalas, aduanas, o para ofrecer servicios públicos desde las reparaciones de electricidad  hasta la emisión de pasaportes, o garantizar el puesto privilegiado en la fila para surtir gasolina, son cobrados en moneda extranjera o pepitas de oro.

El delito y la corrupción se dolarizaron en el 2019.

El incremento de los suicidios

Desde hace tres años alertamos sobre una tendencia al incremento de los suicidios que permitían considerarlo como un fenómeno más social que individual y que parecía responder al deterioro de las condiciones de vida de la población.

Los suicidios son incluidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) no sólo como una muerte por una causa externa, sino como violencia, pues es una forma de violencia ejercida no contra otros, sino de la persona contra sí misma, quien resulta víctima y victimaria al mismo tiempo.

Los suicidios, así como los homicidios, muestran los cambios que ocurren en las sociedades, y si bien siempre la decisión de quitarse la vida tiene un componente individual, lo que es posible establecer es que esas decisiones están condicionadas por la circunstancias del entorno social que rodean a la persona y que lo hacen lidiar con el presente e imaginarse un futuro que les dé aliento para vivir o les quite la esperanza y voluntad de seguir viviendo.

Los resultados obtenidos por nuestras investigaciones en curso muestran que en la actualidad la tasa de suicidios del país puede fluctuar entre 9 y 10 suicidios por cada cien mil habitantes.

Esto ha representado al menos un incremento por el orden del 140-170% entre los años 2015 al 2018, por lo que la tasa de suicidios se ha podido casi triplicar en los últimos cuatro años.

En el caso específico del estado Mérida, la entidad federal donde se ha registrado la menor tasa de homicidios del país en los últimos años, hemos llevado a cabo un estudio detallado sobre los suicidios y es posible afirmar que la tasa de suicidios estimada para el estado Mérida se ubica alrededor de 21,7 suicidios por cada cien mil habitantes, la más alta del país, y que representa un incremento por el orden de 80% entre los años 2014 y 2018.

Dentro de los móviles o causas presuntas del suicidio, la depresión resultó ser la principal razón que ha llevado a muchos merideños, y quizás también a muchos venezolanos en general, a tomar la lamentable decisión de suicidarse.

En los casos en que fue posible establecer una motivación para la decisión de suicidarse se encontró que la depresión como el principal móvil pasó de representar el 34,1 de los casos en el 2014, a convertirse en el 56% en el año 2018, y aunque no podemos disponer de datos completos para el 2019, por la censura oficial al respecto, es posible inferir que este porcentaje ha estado en aumento durante este año.

En toda la historia de estadísticas conocidas sobre tasas de suicidios estimadas en Venezuela previas, que van desde el año 1936 hasta el  2015, nunca se había alcanzado las tasas de suicidios que se tienen en la actualidad, todo lo cual parece concordar con la profunda crisis que vive el país en la actualidad, la cual tampoco tiene precedentes en los más de 200 años de historia republicana.

Las víctimas niños y adolescentes

En los niños y adolescentes se evidencian los mayores impactos de la violencia en Venezuela: ellos afrontan la violencia estructural manifiesta en las dificultades para el acceso a los bienes y servicios más básicos como los alimentos, el agua, la luz, el transporte y los recursos más elementales para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado consagrado en la Constitución de la República y en los tratados internacionales de DDHH.

También es alta la cifra de niños que crecen solos porque sus padres se han visto forzados a migrar a otros países en procura de un ingreso económico.

Esas condiciones de precariedad y empobrecimiento, se agravan con el impacto que tienen la violencia y la inseguridad en la vida diaria de la mayoría de los niños y adolescentes quienes viven con miedo a ser víctimas de delitos, por lo que, en muchos casos, no van a la escuela, o no tienen oportunidades de recreación, deporte ni opciones de participación social.

En este año ha sido relevante la violencia ejercida contra los niños y niñas indígenas que deben ser investigados y sobre los cuales no puede haber impunidad, como la acción abril del 2019, cuando una embarazada y una niña de la población Warao resultaron muertas por una comisión de cinco funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en aguas del Delta Amacuro.

Miles de niños son testigos y víctimas directas de la muerte de sus padres, madres o familiares, y esto tiene un impacto relevante en sus vidas, no sólo por el dolor y otras consecuencias que esta pérdida causa al niño o niña, sino por sobrevivir abrumados por el temor constante a que la violencia letal les llegue una vez más, y por  la certeza de no contar con ninguna forma de protección.

Otros crecen con el daño psicológico, con estigmas y dificultades en las relaciones sociales, buscando  su identidad y en muchos casos, perturbados por el rencor, la rabia y el duelo no procesado.

A  pesar de las altas cifras de víctimas de la mortalidad violenta en Venezuela, el Estado no ha implementado políticas, planes o programas para la protección de la integridad personal de esta población afectada; las víctimas no han sido amparadas por medidas de protección, programas de apoyo psicosocial, acciones para la reparación del daño causado, ni siquiera cuentan con el apoyo económico que requieren ante la pérdida de ese familiar que era sostén de familia.

Tampoco han sido implementados programas de prevención de la violencia que brinden resguardo y protección preferente y especial en los centros educativos, comunidades y localidades en los que se conocen las mayores cifras de inseguridad y violencia.

Miles de niños y niñas han sido testigos directos de crímenes ocurridos en su comunidad, de la muerte de su padre o madre, o han sido ellos mismos las víctimas directas de lesiones y otros delitos que resultan de la actuación policial, evidenciando el desconocimiento e inobservancia de la normativa internacional de DDHH y en la legislación nacional, de las normas de obligatorio cumplimiento para la actuación policial con niños, niñas y adolescentes.

También se ha conocido  de casos en los que niños y adolescentes resultan muertos en acciones policiales en los que se les reporta como fallecidos por “resistencia a la autoridad”, situaciones que deben ser  investigadas para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de estos hechos.

Queda planteada claramente la interrogante de la eficacia, profesionalismo y legalidad de la actuación letal de cuerpos policiales, que en lugar de prevenir o reducir las muertes y otros daños,  incrementan la inseguridad, las realidades de la violencia y la desconfianza de la población en el Estado y sus instituciones.

El impacto de la violencia en la disponibilidad de alimentos

En Venezuela, la inseguridad y violencia han dejado de ser predominantemente urbanas y se han trasladado hacia las zonas rurales, constituyéndose en un factor relevante en la caída de la producción agrícola y en la provisión de alimentos a la población.

Cuando se compara la producción agropecuaria entre 2008 y 2019, los productores reportan que se aprecia un descenso en todos los rubros, lo cual ha afectado directamente el consumo nacional y que los porcentajes de autoabastecimiento representan un retroceso de al menos veinticinco años en las capacidades de producción del sector agroalimentario.

Datos de la Federación de Ganaderos de Venezuela señalan que de un consumo per cápita de 22 kilos de carne en 1999, se ha pasado a sólo 4 kilos por persona en 2019, y que de una producción de diez millones de litros de leche, se ha reducido a menos de 4 millones de litros.

Cuando se revisan los factores que han provocado tal caída, sin lugar a dudas entran las dificultades para obtener insumos necesarios para la producción, como semillas, vacunas, insecticidas o fertilizantes; la inseguridad jurídica que han vivido y los seis millones de hectáreas que fueron expropiadas, pero, también, una parte importante de la reducción de la oferta de alimentos en el país, se debe al impacto que la violencia ha tenido en la producción y comercialización de toda la cadena agroalimentaria.

A fin de conocer más de cerca el papel de la violencia en la caída de la producción agrícola, los equipos de investigación de las ocho universidades nacionales que conforman el Observatorio Venezolano de Violencia realizamos un estudio sobre el tema en ocho estados del país.

Los resultados mostraron que en toda la cadena de producción, distribución y comercialización, los empresarios y los trabajadores son afectados por toda clase de delitos. A los productores de café en el estado Sucre les roban la cosecha, los animales de carga que les sirven de medio de transporte para bajar a las localidades y mercados, los insumos, equipos, fumigadoras; y además, roban a los clientes, quienes por miedo ya no acuden a comprar.

En estados como Zulia, Táchira, Aragua, Lara, Bolívar y Mérida es frecuente el abigeato y los saqueos en las fincas donde se trabaja con ganadería para producción de carne, leche y otros derivados lácteos. También han sido afectados por los delitos de vacuna o extorsión, contrabando, secuestro, en sus formas permanente y express.

En el estado Zulia, los grupos armados irregulares han ocupado fincas y forzado a los productores para que les permitan construir “pistas de aterrizaje clandestinas” en los terrenos de su propiedad, con lo cual los hacendados ha quedado atrapados entre la amenaza de los bandidos, para que acepten convertirse en aeropuertos para la droga, y el temor de ser considerados por parte de las autoridades como cómplices del creciente delito de narcotráfico que allí ocurre.

Otros delitos, como el hurto de insumos, materia prima, cosecha, maquinaria y productos, son frecuentes. Los pequeños comerciantes que organizan “ferias” para vender alimentos, son víctimas de la delincuencia común y de los funcionarios de seguridad.

Quienes trasladan alimentos de una zona a otra del país, son víctimas de robos de mercancía cuando se ven obligados a detenerse por el daño que en los neumáticos de sus ruedas provoca la colocación de los llamados “miguelitos” en las carreteras, lo que facilita los robos o saqueos. Por estas circunstancias reportan que han reducido sus viajes y disminuido la distribución de las hortalizas y verduras a nivel nacional.

Los productores y comunidades cercanas a los lugares de comisión de los delitos, señalan que los victimarios son tanto el hampa común, las bandas organizadas, como de los organismos de seguridad del Estado.

También, en la generalización del delito, identifican como autores de los robos desde los empleados y obreros que laboran dentro de las unidades de producción, o que laboraron allí y salieron por las continuas reducciones de personal, hasta personas de las comunidades vecinas.

Las unidades de producción agrícola han sido descapitalizadas con pérdidas y robos de  desmalezadoras, máquinas de ordeño, vehículos, partes de vehículos, cercas de potreros, invernaderos, sistemas de riego, maquinarias, cabezas de ganado (machos, hembras, hembras en gestación y novillos), plantas eléctricas, combustible, mallas, mangueras, tanques, bombas de asperjar, bandejas, sierras eléctricas, moto bombas, tendido eléctrico, mobiliarios, agroquímicos e incluso la producción del día.

La percepción que los productores del campo, grandes o pequeños, tienen de la actuación de los organismos de seguridad es muy negativa, pues no hay confianza, ni credibilidad en ellos y son evaluados como incompetentes por sus actuaciones de carácter efectista y con fines políticos.

Unos destacan la incapacidad que tienen para actuar las policías locales o regionales, por las carencias de apresto operacional, las carencias técnicas y operativas que tienen; otros los consideran como cómplices de los delitos, sea porque actúan en connivencia con los bandidos, sea porque no garantizan ni seguridad ni justicia, pues las denuncias no son procesadas, ni los delincuentes apresados.

Para tratar de sobrellevar la situación y ante la falta de protección gubernamental, las víctimas y sus familiares optan otros mecanismos de protección tales como: cambio de rutinas, pago de vigilancia privada, escoltas, disminución de la producción y vuelta a formas artesanales de producción.

Muchos agricultores han decidido no trasladar sus productos a los centros de acopio, como siempre lo hacían, por temor a ser víctimas de asaltos en las carreteras y han optado por vender sus productos a un precio inferior en la puerta de la finca, haciendo más complejo y costoso el proceso de distribución.

En casos extremos, algunos productores logran acuerdos con los grupos criminales y aceptan la extorsión, por lo cual deben pagar regularmente la “vacuna”, tal y como ha ocurrido en los estados Táchira y Mérida y otros optan por abandonar la actividad, como ha ocurrido en el Zulia, en la costa occidental del lago de Maracaibo.

En otras zonas se ha fortalecido la idea de la privatización de la seguridad y ese es caso de la creación de grupos de protección privada informal, como las las Brigadas Campesinas de Lara, quienes se dedican a la autoprotección privada de los productores. Y también se generaliza la idea de la “justicia por mano propia” y esto ha tenido un apoyo tácito de algunas autoridades. En las entrevistas, un campesino reportó que los cuerpos policiales les habían dicho “háganlo pero sin mucha bulla, que ésa es la orden”.

Las consecuencias de este proceso ha sido que de las mil doscientas toneladas métricas de alimentos que producía la industria en el año 2017 se redujeron a trescientas mil toneladas.

El rebaño de ganado que para comienzos de siglo se calculaba en 15 millones de cabezas, se redujo a una cifra que oscila entre 7,3 y 11 millones en el 2019.

La producción de atún que era de 900 toneladas, disminuyó a 500 toneladas. La producción de pollo se redujo de 150 mil a 14 mil toneladas. De las 250 mil madres cerdos que existían se contrajo a 30 mil madres cerdos.

A la inseguridad jurídica y la carencia de insumos, se ha sumado las diversas formas de inseguridad personal para los productores agrícolas, sus empresas y sus familias, y la tendencia del traslado del delito común o el crimen organizado de las zonas urbanas hacia las zonas rurales, ha llevado a la existencia en la actualidad de formas de violencia similares a las que por un tiempo fueron exclusivas de los barrios o periferias urbanas.

La epidemia de violencia policial

Venezuela vive una epidemia de violencia policial. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando las muertes por homicidios exceden la tasa de diez víctimas por cada cien mil habitantes, debe entonces considerarse que se está frente a una epidemia de mortalidad.

En Venezuela, solamente las víctimas de la acción policial ya duplican ese umbral. En el año 2019 se estiman que hubo al menos 5.286 víctimas de la acción policial, para una tasa de 19 fallecidos por cada cien mil habitantes; una cifra y una tasa superior a la de cualquier otros país de América.

En cada día del 2019, los cuerpos de seguridad del gobierno mataron a 14,5 personas.

Esta epidemia de violencia policial se ha expandido por todo el territorio nacional. Las prácticas de letalidad en la actuación policial dejaron de ser un hecho aislado, propio del abuso de un funcionario, o un problema que sólo se asociaba a determinado cuerpo de policía: al parecer, fueron asumidas como política o pauta de la actuación policial, y en la actualidad es posible identificar la realidad de las muertes violentas por actuación de funcionarios, en 18 de las 24 entidades federales de la República.

La tasa de fallecidos en enfrentamientos y de quienes se informa que “fueron dados de baja” por haberse resistido a la policía, tienen carácter de epidemia. Y  la magnitud es tan elevada que, en algunos casos, la tasa de fallecidos por la acción policial violenta fue hasta de tres veces superior al umbral fijado como epidemia. Y esta epidemia se ha ido extendiendo por todos los municipios del país.

De los 335 municipios que conforman la división geopolítica de Venezuela, en 175 municipios la tasa de muertes por resistencia a la autoridad y por la letalidad policial, se encuentran por encima del nivel de epidemia.

Y esta violencia policial excede en muchos casos la violencia ejercida por los propios delincuentes.

En 6 estados del país la tasa de fallecidos por la acción policial, por resistencia a la autoridad, es superior a la tasa de los muertos que provocaron los forajidos. Los estados con violencia policial superior a la violencia delincuencial son, en orden de importancia, Guárico, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Aragua y Portuguesa.

Pero, más sorprendente aún es que hay 10 municipios en los cuales todas las muertes violentas que ocurrieron en ese territorio fueron aportadas por la acción policial. Es decir, en esos municipios no se registró ningún fallecido producto de la acción letal de los bandidos, y sí se registraron decenas de muertes producto de la acción letal de la policía u otros cuerpos de seguridad.

De una manera muy relevante esos municipios se encuentran en los estados Guárico, Trujillo y Anzoátegui, y quizá ésa es una de las explicaciones que puede encontrarse al incremento de la violencia de estos estados y su posicionamiento ascendente en los lugares más altos por su tasa de muertes violentas en relación al resto de estados del país.

Los diez municipios en los cuales sólo se registraron homicidios cometidos por los policías son: en el estado Guárico, el municipio San José de Guaribe.

En el estado Trujillo, los municipios José Felipe Márquez Cañizales y Motatán.

En el estado Anzoátegui, los municipios Guanta, San Juan de Capistrano y José Gregorio Monagas.

En Mérida, el municipio Justo Briceño. En Cojedes, el municipio Lima Blanco.

En Carabobo, el municipio Miranda, y en el estado Táchira, el municipio Córdoba.

Dos elementos comunes cabe destacar en estos municipios, el primero es que son municipios vinculados a la producción o refinación petrolera y el segundo es su vinculación territorial con la red de carreteras nacionales, en particular con las troncales 1 (Panamericana) y 9 (Oriente).

Después que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicara su informe el 4 de julio del 2019 y solicitara, expresamente, que se disolvieran las FAES y se estableciera un mecanismo nacional imparcial e independiente para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, en Venezuela hubo al menos 2.698 fallecidos por la acción letal de la policía, lo que significa un promedio de cien víctimas de la epidemia de violencia policial cada semana.

La situación de las entidades federales

Los cinco estados con las mayores tasas de violencia en el año 2019 fueron

Miranda (87 por 100mil/hab),

Bolívar (84 por 100mil/hab),

Aragua (82 por 100mil/hab),

Distrito Capital (76 por 100mil/hab)

y Guárico (70 por 100mil/hab).

Tres aspectos son importantes destacar en la configuración de la violencia este año.

El primero es que el estado Miranda desplazó al estado Aragua del primer lugar que éste había detentado en los dos años anteriores.

El segundo, es el ascenso continuo de posición del estado Bolívar, el cual estuvo en cuarto lugar en el 2017, en el tercer lugar en el 2018 y ahora se ubica en el segundo lugar este 2019.

Y el tercer aspecto es la aparición del estado Guárico entre los cinco estados más violentos del país.

Las altas tasas de los estados Miranda, Aragua y Distrito Capital se corresponde a la configuración de la violencia urbana en la región centro-costera del país, la que ha sido históricamente el eje más violento, pero en el cual se ha desplazado la criminalidad desde los grandes centros urbanos hacia las zonas sub-urbanas o semi-rurales de los estados Miranda y Aragua, en los cuales se han instalado centros de operación de las bandas criminales que actúan enfrentándose e imponiendo el control territorial, con sus efectos duales unas veces en la reducción y otras en el incremento de la violencia.

La situación en los estados Bolívar y Guárico se relacionan con el incremento de la acción delictiva en las zonas rurales.

En el estado Bolívar, con la expansión de la actividad criminal en el Arco Minero, en el cual se enfrentan los llamados “sindicatos” del crimen organizado, los grupos guerrilleros y las fuerzas policiales y militares, por el control de las riquezas minerales.

En el estado Bolívar se produce al mismo tiempo un desastre ecológico y un desastre social.

En el estado Guárico se libra una guerra entre bandas por el control de las rentas que proporciona la extorsión de las actividades ganadera y comercial, y por el control de las rutas de las carreteras que conectan los estados Apure y Bolívar al sur, con las ciudades y puertos del centro del país, en Aragua y Carabobo.

Esta zona, que estuvo controlada y extorsionada por grandes bandas, ha tenido unos procesos de redistribución del control territorial que ha generado tanto enfrentamientos entre los grupos criminales como la acción militar violenta.

Cuando uno incorpora en el análisis las cinco entidades federales siguientes en la lista decreciente de altas tasas de violencia y llega a las diez más violentas, se observa la presencia de los estados que no fueron históricamente violentos, como Sucre, Amazonas, Cojedes y Delta Amacuro, y que expresan los procesos de ruralización de la violencia y los cambios en las oportunidades del delito. Las rutas del tráfico de drogas y de la minería ilegal están modificando la geografía de la violencia.

Un elemento que es importante señalar es que, paralelo a la reducción de la tasa de homicidios en los estados más violentos del país, este año ocurrió un incremento en las tasas de homicidios en los estados menos violentos.

En los cuatro estados con menor violencia: Mérida, Nueva Esparta, Falcón y Táchira, se pudo observar un incremento de varios puntos en la tasa de homicidios en relación al 2018.

El Táchira, que ha tenido una baja tasa por la violencia contenida por el dominio de bandas criminales y la guerrilla, ha presentado en el 2019 nuevos episodios de violencia por el control de la renta que representa el “peaje” que debe pagarse a los grupos criminales por el uso de las “trochas”, los caminos informales y semi-clandestinos, por los cuales transitan personas y productos hacia o desde Colombia.

En los estados Falcón y Nueva Esparta están actuando nuevos grupos criminales,  al estar ubicados en el norte del país y ser la frontera marítima con las islas del Caribe, se están convirtiendo en una plataforma para el tráfico de drogas y minerales.

Y el estado Mérida, que ha sido por varios años la entidad con menor tasa de homicidios del país y que en el 2018 tuvo una tasa de 25 homicidios por cada cien mil habitantes, este año aparece con una tasa de 31 muertes por cada cien mil habitantes.

Esta tasa que es la menor de Venezuela, es, sin embargo, muy alta en el mundo, y en este año 2019 será superior a la tasa que mostrarán países considerados violentos como Colombia, Brasil o México.