INFORME 2016 DEL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE VIOLENCIA

A- La situación social de Venezuela

Este 2016 ha sido conflictivo en Venezuela y la expansión de la violencia es un claro indicador de ese proceso social y político: en Venezuela se ha expandido la violencia, en sus modalidades y en su gravedad.

El proceso de destrucción de la institucionalidad, que desde hace más de una década hemos podido documentar y denunciar, adquirió en el 2016 una dimensión mayor con la partidización abierta del sistema de justicia, en especial del Tribunal Supremo de Justicia, y su transformación en una herramienta del Poder Ejecutivo, para desconocer y someter al Poder Legislativo, pretendiendo anular sus funciones constitucionales de legislación y control.

Lo que a inicios del año se veía como una posibilidad de balance de poderes y convivencia, capaz de fomentar la institucionalidad, se transformó en un enfrentamiento, el cual, unido al bloqueo de los mecanismos electorales previstos para dirimir los conflictos de poder, las elecciones de gobernadores y la solicitud de referendo revocatorio, han peligrosamente cerrado los caminos para los procesos pacíficos de resolución de conflictos.

Ese contexto institucional ha debilitado de una manera notable el sentido de una vida social regida por normas, acuerdos y leyes. La parcialización política y social del sistema judicial afecta no sólo el acceso a la justicia de algunos, sino el rol de la ley y de la norma como reguladora de la vida social en todos los ciudadanos y abre las puertas a la violencia social y política.

En este 2016 hemos tenido también un proceso de empobrecimiento generalizado de la sociedad. Salvo una élite muy restringida y con acceso a recursos especiales que se ha enriquecido, todos los demás grupos sociales, profesionales y obreros, profesores y estudiantes, clase media y sectores populares, han sufrido un deterioro dramático en la capacidad de compra de sus salarios. A pesar que el salario ha aumentado varias veces en este año, los servicios que pueden adquirirse o los bienes que pueden comprarse con ese dinero, se redujeron notablemente.

La escasez de productos y de servicios ha fomentado la conflictividad en la sociedad, la población ha sido sometida a largas colas y otros requisitos arbitrarios que se les imponen para poder acceder a los alimentos cada vez más costosos; en este contexto surgen comportamientos y grupos delictivos que compiten por conseguir esos bienes o servicios.

La carencia o deficiencia de los servicios básicos como la electricidad, el agua, el gas para cocinar, ha propiciado conflictos en diversas regiones del país, bien sea por las disputas por adquirirlos o el incremento de los precios que deben pagarse cuando no se obtienen de manera regular: el costo del camión cisterna para llenar los tanques de agua o el costo de la bombona de gas cuando falta el suministro y que no se consigue, ha empobrecido más a la población.

Esta situación de arbitrariedad en el poder, empobrecimiento y escasez ha promovido el incremento de la violencia en el país, pero sobre todo ha provocado una nueva situación en este año 2016: la aparición generalizada de la violencia por hambre.

B- Las limitaciones en la determinación de las muertes violentas

En cualquier sociedad es muy difícil conocer cuál es la cifra real de delitos, casi siempre está subestimada, pero es mucho más engorroso cuando no hay transparencia en la información, ni la voluntad de superar los escollos y dificultades, sino, bien por el contrario, el propósito sostenido de ocultarle a la sociedad la magnitud de la grave enfermedad que padece.

En la estadística de cualquier país una parte de los delitos queda sin registrar, inclusive hay subregistro de aquellos tan graves como el homicidio. En Venezuela en 2016 eso se ha hecho evidente ante la opinión pública: ¿Dónde, en cuál estadística hubiesen quedado registradas las 12 víctimas de la violencia oficial sepultadas en las fosas comunes en Barlovento? ¿Se hubieran contado esos muertos sin la denuncia sostenida de los familiares? ¿Cuántas otras víctimas, quizá menos numerosas, de uno o dos cadáveres, pueden estar en la misma situación y quedan sin registro?

Ante esa dificultad real, que se acrecienta por la censura oficial, las universidades nacionales participantes en el OVV hemos trabajado durante una década buscando formas alternativas e independientes de información, combinando datos primarios con fuentes secundarias y proyecciones estadísticas.

En este 2016 nuestras fuentes de información se han ampliado y mejorado, y en la actualidad se analiza y procesa información en seis ciudades distintas con grupos de investigación de seis universidades: en San Cristóbal con la UCAT, en Cumaná con la UDO, en Barquisimeto con la UCLA, en Ciudad Guayana con la UCAB, en Mérida con la ULA y en Caracas con la UCV.

A fin de mejorar la calidad de nuestra información, hemos solicitado y contado con la asesoría del equipo de Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) para certificar los procedimientos empleados por el OVV para la predicción de muertes violentas en el país. Adicionalmente, el OVV adelantará para el 2017, con asistencia de HRDAG, un proyecto de uso de la metodología conocida como Estimación por Sistema Múltiples (Multiple System Estimation), que en el ámbito internacional se ha venido utilizando en situaciones de dictaduras o de guerras para estimar las muertes invisibilizadas.

Como resultado de esas revisiones, en este año se produjeron unos cambios en nuestra metodología, a fin de hacer más fácil y más abierta la comprensión de la información sobre violencia letal en el país. Para ello hemos reforzado la utilización de las fuentes primarias de datos.

C- Los pronósticos para el 2016

Contando con fuentes primarias oficiales y con las informaciones de terreno recabadas en los seis observatorios regionales de violencia, para este año 2016 estimamos una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes y un total de 28.479 fallecidos en todo el territorio nacional, que deriva de la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimamos en 18.230 casos; las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.281 muertos; y los 4.968 fallecidos incluidos en los casos de muertes violentas consideradas en averiguación, por no haber tenido una intencionalidad conocida.

Con una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes, Venezuela se ubica en el segundo lugar de los países con mayor violencia letal en el mundo.

En primer lugar calculamos que, al igual que el 2015, se volverá a ubicar El Salvador, con una tasa de alrededor de los 100 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 103); y en tercer lugar se situará Honduras, con una tasa cercana a los 60 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 56).

Nuestros estimados indican que al finalizar el 2016, Venezuela tendría una tasa de muertes letales 3,6 veces mayor que las de Colombia y Brasil. Colombia continúa su proceso de disminución de los homicidios, y con una tasa de 25,3 al finalizar este año, igualaría a la tasa de 25,1 que ha venido presentando Brasil.

D- Los rasgos de la violencia en el 2016

En este año podemos resaltar la presencia de cuatro procesos sociales violentos en Venezuela:

El delito se hizo más violento

En el 2016 aumentó el uso de un armamento más poderoso y letal por parte de los delincuentes. Un aspecto que llamó mucho la atención fue la proliferación del uso de granadas en enfrentamientos con los cuerpos policiales, situaciones de secuestros y en conflictos a lo interno de las prisiones. El uso de armamento de guerra permitió no solo enfrentamientos abiertos en batallas defensivas con las fuerzas de seguridad, sino el pase a la ofensiva con emboscadas y ataques a las sedes policiales.

La otra evidencia de ese proceso es el incremento de los asesinatos a grupos de varias personas al mismo tiempo. Lo que se ha conocido como masacres, porque resultan tres, cuatro o hasta más de siete víctimas fatales en el mismo evento. Si bien en la mayoría de los homicidios hay una sola víctima, la expansión de la violencia ha tenido como expresión estos asesinatos colectivos perpetrados por bandas delincuenciales o cuerpos de seguridad.

Las masacres de Tumeremo, Cariaco o Barlovento son una expresión conocida, pero los estimados nuestros es que en el 2016 ocurrieron al menos 22 asesinatos múltiples en cada mes calendario. Una cifra preocupante que muestra la expansión de la violencia en el país.

La respuesta policial y militar se hizo más violenta

La incorporación de nuevos delincuentes y el ejercicio de mayor violencia por ellos ha tenido una respuesta policial y militar de mayor envergadura y letalidad, que ha sido cuestionada por actuaciones violentas que pueden calificar como ajusticiamientos y abuso de poder. Si bien la población acosada por los delincuentes y la violencia requería una acción represiva y de contención por parte de las autoridades, ahora teme y ve con tristeza e impotencia los abusos que se han cometido bajo la pretensión de lucha contra las bandas criminales.

En nuestros estimados de los años anteriores, habíamos calculado que el 65% de los casos clasificados como de resistencia a la autoridad eran fatales. Este año, a partir las cifras primarias que disponemos de nuestros estudios, nos muestran que ese porcentaje se incrementó de una manera importante y para el 2016 estimamos que al menos el 80% de los casos de resistencia a la autoridad concluyeron en muertes.

En estas condiciones los delincuentes perciben que la actuación policial es violenta, los condena a la muerte y, por tanto, responden en consecuencia, haciendo más violenta la sociedad. Tanto el delito como la acción de respuesta de las autoridades se volvieron letales.

Aparece el delito por hambre

El empobrecimiento y la escasez de los alimentos ha llevado a respuestas muy variadas en la sociedad: unos deciden hurgar en la basura para poder alimentarse, otros deciden robar los alimentos o a las personas para poder conseguir dinero y comprar comida.

Históricamente el delito en Venezuela se había motivado por la búsqueda de un consumo suntuario, unos zapatos de marca o un teléfono celular. En el 2016 ocurrió un cambio y los Observatorios Regionales pudieron detectar un incremento generalizado de los robos por hambre.

Se incrementan los robos colectivos; los saqueos a negocios y transporte de alimentos, han sido una modalidad violenta que se ha incrementado en el país y aunque hay casos que han alcanzado notoriedad, como lo saqueos en Cumaná en junio, en San Cristóbal en julio, o en Ciudad Bolívar en diciembre, son muchos más frecuentes y generalizados.

En diversas zonas del país, el transporte de alimentos sólo puede hacerse en camiones que se movilizan escoltados por unidades del ejército para evitar lo saqueos de las poblaciones que atraviesan en su recorrido; y aun así hay casos donde los cuerpos militares no han podido evitar el asalto de la población que busca comida.

Se incrementó el delito amateur

Aunque hay delincuentes profesionales que roban la comida, la mayoría de las personas que cometen estos delitos no son delincuentes regulares. No se dedican al delito, tienen otros oficios y empleos, pero pueden cometer un delito transitoriamente, en el camino de regreso del trabajo; ya que su salario no le alcanza, se convierten en delincuentes amateurs; en general son actores solitarios, pues actuar con otros sería reconocer su nueva condición que todavía no quieren aceptar.

Sus acciones son pequeñas, pero su número se hace cada vez más grande, por lo tanto existe la posibilidad que muchos de ellos decidan aceptar esa identidad y pasen a convertirse en profesionales e integrar las bandas delictivas.

E.- El deterioro del sistema de justicia penal

El deterioro del sistema de justicia penal ha llevado a una desconfianza notable de la población en sus componentes. Los varios estudios de percepción de la seguridad que hemos realizado en las universidades, señalan que menos del 10% de la población considera como buenos o confiables la policía, los tribunales o las penitenciarías.

Durante el año 2016 se deterioró la función social de la policía

Las policías y los cuerpos de seguridad han padecido un gran deterioro durante este año.

En primer lugar, los policías continúan siendo víctimas del delito y la violencia, se han convertido en un objetivo del delito: Estimamos que al finalizar el año 2016 tendremos en Caracas un promedio de 2,5 policías o funcionarios asesinados en cada semana.

Adicionalmente, y en el resto de estados centrales, un promedio de 1 policía muerto por semana. El deterioro se refleja también en una disminución de la capacidad operativa de la policía. Las policías han mermado en su personal, pues, durante este año, fue muy notable la renuncia de los funcionarios policiales a sus cargos públicos.

El crecimiento de los riesgos y la reducción práctica de lo que compran sus sueldos, ha hecho que buena parte de ellos renuncien para ir a engrosar la seguridad privada.

Al mismo tiempo, se ha observado un aumento del número de policías involucrados en el delito. En este año se ha observado un incremento de su acción fuera de la ley, desde su participación en robos y extorsión comunes, hasta su colaboración con las bandas organizadas.

Los registros de prensa de todas las regiones y los partes policiales, reflejan sistemáticamente las informaciones de los funcionarios transformados en delincuentes usando su investidura policial para cometer las fechorías y que son apresados por otros agentes de seguridad, lo cual los ha convertido en depredadores de la comunidad que deben proteger.

Adicionalmente, se incrementaron las denuncias sobre la acción extrajudicial y delictiva de funcionarios y cuerpos policiales en sus funciones de seguridad. En este año 2016 se incrementaron las denuncias de ejecuciones a personas realizadas por funcionarios policiales y militares en la denominada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), lo cual coincide con el incremento de víctimas fatales calificadas en la estadística como resultado de un acto de resistencia a la autoridad.

Se estableció un sistema carcelario paralelo a las prisiones

Las penurias y los enfrentamientos violentos en las cárceles que se dan entre las bandas para controlar los penales y las rentas económicas que de allí derivan, se mantuvieron durante todo el año y a pesar de los reiterados esfuerzos de los defensores de los derechos humanos y de las autoridades.

Lo singular de este proceso en Venezuela es que paralelo al sistema penitenciario formal se ha creado una estructura de reclusión temporal que equipara en magnitud de internos a los que se encuentran en las cárceles. Estos centros de detención provisional no fueron diseñados, ni tienen las instalaciones físicas, para albergar miles de reclusos y de manera permanente.

Algunos detenidos llevan varios años en esos centros temporales y, aunque ya tienen sentencia y orden de traslado a las cárceles por un juez, no son admitidos en las cárceles formales por las autoridades penitenciarias.

Se incrementó la politización del sistema de administración de justicia

En este año se redujo la legitimidad del sistema de justicia por su parcialización política y su pérdida de capacidad operativa. El mecanismo de designación de los nuevos magistrados y las actuaciones a lo largo del año le restaron legitimidad a un sistema de justicia que debe mostrarse al servicio de toda la ciudadanía, sin
distinciones sociales o políticas.

Esta conflictividad y parcialidad, así como los bajos sueldos, han llevado a la renuncia formal o al retiro práctico de funcionarios judiciales de sus obligaciones cotidianas, pues deben buscar otras formas de obtener ingresos.

F- Las respuestas de la ciudadanía a la violencia

Ante tales niveles de empobrecimiento y violencia delincuencial y oficial, se ha provocado una respuesta de la ciudadanía, que podemos agrupar en 4 procesos sociales.

F.1- La violencia incrementó el miedo y la pérdida de libertad

El miedo de la población venezolana a ser víctima del delito y la violencia se ha generalizado a todos los sectores sociales, pero afecta de manera más grave a los sectores pobres y de clase media que deben moverse a pie o en el transporte público por las ciudades y calles del país.

Las encuestas y los grupos focales que durante este año realizamos desde las universidades nacionales, han registrado ese sentimiento de temor permanente y callado que tiene la población. Como consecuencia de ese miedo, se han generalizado también las medidas personales para la reducción del riesgo, lo cual ha llevado al encierro de la población, a la renuncia del espacio público y los cambios de hábitos de socialización, educación y trabajo.

Las calles de las ciudades se vacían al anochecer, el transporte público se reduce y las personas se resguardan en sus casas. En algunas ciudades los grupos delincuenciales ordenan toques de queda forzados. Estas acciones que en los años anteriores estaban limitadas a pequeños espacios y ocurrían de manera encubierta, pasaron en el 2016 a ocupar avenidas principales y de manera abierta.

Esto dejó de ser un fenómeno exclusivo de las zonas de frontera o las ciudades, y se extendió a poblados pequeños y zonas turísticas, los cuales perdieron dinamismo y han sufrido un impacto económico adicional, pues los pescadores artesanales se resguardan por miedo a que les roben sus botes o motores, y los visitantes se abstienen de ir a las playas por temor a ser víctimas de los asaltos colectivos.

Una de las áreas donde con mayor impacto se ha sentido este fenómeno fue en el transporte público y colectivo: ocho de cada diez venezolanos tiene miedo de ser víctima del delito en los autobuses en las ciudades o en las carreteras interurbanas.

Por ese miedo, este año muchos venezolanos optaran por renunciar a viajar en las noches o madrugadas por muchas carreteras y autopistas, las cuales se tornaron más solitarias y se hicieron más propensas a la actuación del delito.

F.2- La violencia produjo desplazamiento territorial de la población

La violencia y el miedo a ser víctima de la violencia han propiciado el desplazamiento de la población a otras zonas, otras ciudades y otros países. Lo que por un tiempo fue un fenómeno exclusivo de las zonas fronterizas, en 2016 se pudo observar en las zonas centrales del país. Los territorios controlados por las bandas se ampliaron y de igual modo la amenaza, el sometimiento y la extorsión de la población.

Ante la ausencia de protección de las autoridades, y dado que la inhibición no resulta suficiente para protegerse, las familias han decidido trasladarse completamente o al menos a sus hijos, hacia otros lugares, con la esperanza de obtener mayor seguridad.

Estos desplazamientos por la violencia de las bandas y en algunos casos, de los cuerpos policiales, se incrementaron durante el 2016. Aunque no es sencillo cuantificarlos, pues pueden confundirse con las mudanzas por motivos económicos, se ha podido registrar una mayor movilidad territorial que, dependiendo de las condiciones de las familias, se da a lo interno de la ciudad, entre ciudades o hacia fuera del país.

En el 2016 se registró un fenómeno de abundante retorno de migrantes de primera o segunda generación a sus países de origen, y no sólo a Europa, sino también en América Latina, a Colombia, Ecuador, Perú o República Dominicana, tanto por las carencias económicas, como por el temor y la desprotección que sienten ante la violencia.

F.3- La violencia incrementó los linchamientos

Por la reiterada victimización que se ha vivido durante más de una década, y el sentimiento de desamparo, muchas personas han decidido tomar la justicia por mano propia y han pasado al acto, agrediendo físicamente, y en algunos casos, hasta causando la muerte a presuntos delincuentes y hasta personas inocentes.

En este año observamos 4 aspectos relevantes.

El primero, es un incremento en la magnitud de estos linchamientos, si bien en años anteriores había ocurrido el fenómeno, se registraba como algo aislado; en el 2016 se ha visto un incremento importante, registrándose cada semana entre 1 y 3 linchamientos con víctimas fatales.

El segundo, es que su ocurrencia se ha generalizado en el país, llamando la atención su notable incremento en ciertas zonas como el estado Monagas.

El tercero, en los estudios de años anteriores se había observado que los linchamientos tenían como víctimas a personas que habían cometido crímenes horribles, asesinos o violadores, mientras que en el 2016 se observó intentos de linchamiento de personas que cometían delitos menores, hasta ladronzuelos inexpertos, que han recibido un fuerte castigo corporal como resultado del cansancio y la ira de la población.

Y, finalmente, los observatorios han registrado una actitud más tolerante y cómplice de la policía, que se retira o retrasa su intervención para permitir que la población proceda con el linchamiento.

F.4- La violencia incrementó el sicariato

Quienes deciden no tomar la justicia por sus propias manos, pueden encomendar a otros que realicen dichas tareas. Las tareas del sicario pueden ser desde intimidar al otro para facilitar una negociación hasta ejercer una venganza en respuesta al daño recibido.

Las bandas delincuenciales la utilizan, pero también los ciudadanos que se sienten desprotegidos y sin esperanza de obtener reparación o justicia. En este año 2016 pudimos registrar que cada semana se cometieron entre 1 y 4 asesinatos que, por su forma de ejecución, podían ser clasificados como sicariatos o muertes por encargo.

G- Llamado final

Las universidades nacionales agrupadas en el Observatorio Venezolano de Violencia, queremos reiterar nuestra convicción que esta dolorosa situación de violencia y criminalidad que vive la sociedad venezolana, no es una irreversible maldición del destino sino el resultado de políticas públicas equivocadas.

Con la voluntad y cooperación de los venezolanos, de todos los sectores sociales y de todos los colores políticos, podemos modificarla y construir una sociedad democrática donde se respeten los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de todas las personas.

Alberto Barrera Tyszka: “Maduro es un personaje para la tragedia”

Alejandro Hernández, Runrunes

La voz de Alberto Barrera Tyszka es imprescindible para entender la Venezuela contemporánea. En sus obras de ficción, en sus artículos de opinión y otros textos periodísticos se puede rastrear la ruta de un país que se sucumbió al embrujo de Hugo Chávez y que hoy luce atrapado en un laberinto.

Su obra literaria le ha valido el reconocimiento de la crítica. Con la novela La Enfermedad obtuvo en 2006 el premio Herralde, mientras que en 2015 recibió el premio Tusquets Editores con la novela Patria o muerte, un relato cuyo telón de fondo es la Venezuela de un Chávez agonizante y unos personajes desconcertados por la escasa información sobre la salud del mandatario.

“Me interesa más saber por qué los venezolanos caímos en el hechizo de este tipo, qué hay en nuestra sociedad y qué hay en ese Chávez que funcionó. Por qué se dio esa relación de carisma tan impresionante”, reflexionó Barrera Tyszka.

En el 2004 había escrito junto a su esposa, la periodista Cristina Marcano, la obra Hugo Chávez sin uniforme, una aproximación biográfica al personaje que regía los destinos de los venezolanos y avanzaba hacia la construcción de lo que a la postre denominó el “Socialismo del Siglo XXI”.

Sus artículos de opinión, publicados cada domingo durante años en El Nacional, y desde hace unos meses en Prodavinci.com, diseccionan la narrativa que construyó el chavismo, su deriva autoritaria y la actitud cada vez más de negación de la realidad.

“El Gobierno decidió no ver la realidad, es una decisión política que tomaron, asumieron la negación claramente y poniendo la cara”, sostuvo.

En una conversación de casi una hora y luego de tres tazas de café, Barrera Tyszka apuntó que es “impresionante ver todo lo que ha entrado en la idea de normalidad de los venezolanos”. Aunque no tiene claro cómo será el final de la autoproclamada “revolución bolivariana”, anticipó que

“Cuando Nicolás Maduro no funcione más, su propio partido lo va a sacrificar para que continúe el proyecto con otra gente”.

-Hace poco usted escribió que el proyecto fundamental del Gobierno es el engaño, ¿Eso es sostenible?

-Uno de los grandes problemas que hay en el país hoy tiene que ver con el tema de la verdad, con saber qué es y qué no es verdad, que también tiene que ver con el tema de la información y las noticias.

Hay mucha yesca seca como para que se prenda algo. Creo que en los venezolanos de lado y lado hay gran temor a eso, a que se desate una violencia que no se pueda controlar“.

El oficialismo estratégicamente ha convertido al Estado en una máquina de producción de mensajes, pero el ciudadano común está indefenso ante eso. En este país todo tiene dos, tres y hasta cuatro versiones.

En Venezuela la posibilidad de discernir y tener una verdad común para todos se perdió, fue devorada por la polarización.

-En un contexto así es muy fácil mentir día tras día…   

-Yo sí creo que una de las cosas que ha dejado clara el Gobierno es que se puede mentir y que desde la política se puede decir lo que sea, cualquier cosa, porque no importa. Esto produce una sociedad como la que tenemos hoy en Venezuela, que no tiene ningún sentido de la verdad, pero tampoco ningún sentido común porque todo tiene muchas versiones.

Aquí no hay certeza sobre qué es falso y qué es verdad, por lo tanto nunca se sabe muy bien qué es real y qué no lo es.

-¿Esa ceguera llevará al país a un barranco?

-Sí, el Gobierno decidió no ver la realidad, es una decisión política que tomaron. Asumieron la negación claramente y poniendo la cara. El Gobierno pretende hacer creer que no es culpable de nada y es experto en trasladar las responsabilidades a los supuestos enemigos externos e internos, e incluso al propio ciudadano.

Hemos vivido tantos años al filo de la violencia política, como al borde de un estallido que nunca llega, gracias a Dios, porque este es un país y una sociedad muy armada y donde se ha legitimado mucho la violencia a través del discurso político“.

El socialismo del siglo XXl es un modelo que sólo existe si tienes un barril de petróleo a $100, porque es un modelo político que depende de la riqueza, sólo es aplicable si eres rico, cosa que es terrible para un país

-¿Cómo se puede contrarrestar ese relato oficial?

-Chávez descubrió y entendió muy rápidamente la importancia de la comunicación y tenía como hacerlo porque fue alguien cuyo nacimiento político provino de un golpe militar que fue un fracaso, pero un azar de la comunicación, de 15 ó 17 segundos, lo convierte en un héroe.

Por eso Chávez construyó una nueva hegemonía comunicacional y fíjate donde terminamos, es decir, el poder que tiene hoy el Estado en el control de los mensajes es asombroso, el Gobierno puede decidir qué es y qué no es noticia a través del control que tiene de los medios .

Por ahí el Gobierno tiene un control de lo que es verdad en Venezuela y eso es muy importante. Finalmente el Gobierno hizo y repitió lo que muchas veces en la cuarta república el poder hizo con la izquierda, la invisibilizó, la deslegitimó.

El chavismo ha despojado a la oposición de cualquier legitimidad; por tanto no le permite nada, ni siquiera aparecer como noticia, sino siempre como una mentira.

-¿Entiende la oposición venezolana esa realidad?

Maduro está intentando darle una imagen de fuerza a su Gobierno porque no la tiene. Está poniendo a su lado a un uniformado que tiene armas, está en la calle y controla las colas. La está diciendo a la gente: no soy tan frágil”.

-Es muy difícil ser oposición en Venezuela porque es enfrentarse al Estado y hasta la Fuerza Armada está en tu contra. Sé que la oposición ha tenido varias debilidades y que siempre hay agendas personales tratando de saltar y de sabotear la unidad, pero yo valoro más el esfuerzo titánico que han hecho para enfrentarse a esto.

Lo que me preocupa es que la oposición pueda construir un proyecto de país que sea independiente del chavismo y que tenga códigos culturales nacionales y populares propios.

-La sociedad también parece haber perdido la capacidad de asombro…

-Eso tiene que ver con el sinsentido de todos estos años y la pérdida del sentido común. Es impresionante ver todo lo que ha entrado en la idea de normalidad de los venezolanos, ya nos parece normal que aparezca un tipo en televisión en un programa con el Presidente de la República hablando de matar a otro, nos parece normal que tres de los funcionarios más altos del régimen tengan cada uno un programa en la televisión del Estado, pareciera que todo entra de lo normal.

El venezolano está mucho más acorralado y claro que hay un problema de indefensión, pero que empieza ahí en el sometimiento a la crisis económica, porque eso es una humillación“.

Esto nos puede ayudar a entender cuál es la idea que los venezolanos tenemos de lo que somos nosotros mismos.

Siempre hemos tenido la idea de que nosotros los venezolanos somos unos tipos guerreros, rebeldes, corajudos e incluso creemos que salimos a exportar la independencia y resulta que es realmente asombroso ver cómo nos hemos sometido a la dinámica de las colas; es decir, esos exportadores de independencia ahorita hacen cuatro horas de colas para que les den una bolsita con comida.

Entonces, ¿Quiénes somos en realidad? Y eso tiene un poco que ver también con lo que asumimos con naturalidad y con normalidad.

-¿La sociedad, la gente, habrá aprendido algo de todo estos?

-Es muy difícil de precisar eso o saber hasta qué punto el venezolano ha aprendido o no. La gente piensa en términos de necesidad y economía, yo no creo que los venezolanos hayamos dado un salto cultural y ahora pensemos que el modelo chavista no sirve. Creo que más bien piensan que Maduro no es bueno, la gente quiere que se le resuelvan sus problemas concretos y que le cumplan algunas promesas. Yo creo que todavía seguimos en la dinámica populista.

Chávez volvió a resucitar esos grandes sueños de que somos un país rico, que no hace falta trabajar porque la riqueza está ahí y solo hay que saberla repartir.

-En buena medida el relato oficial lo construyó Hugo Chávez a imagen de sí mismo…

-Chávez fue un liderazgo personalista que sólo deseaba ser querido y convertirse en el eje central de la sociedad. Chávez era el yo te doy, es una narrativa también basada en ese yo, en yo que establece una relación de afecto porque te estoy dando a ti. Acuérdate de cómo hablaba Chávez, Maduro trata de imitarlo pero todo le sale mal.

La gente sentía que era Chávez el que se metía la mano en su propio bolsillo y le daba, eso reforzaba la idea de que por fin hay un pobre en el Gobierno y no hay que trabajar, sino que la riqueza está ahí y dependemos de un hombre bueno que nos la dé.

-Pero esa figura ya no está…

-A mí me interesa más saber por qué los venezolanos caímos en el hechizo de este tipo, qué hay en nuestra sociedad y qué hay en ese Chávez que funcionó. Por qué se dio esa relación de carisma tan impresionante.

Chávez fue un populista, un militar, un tipo autoritario y sigo pensando que él sólo creía en los militares y despreciaba profundamente el mundo civil. Creo que Chávez reinventó el caudillismo latinoamericano con todos los elementos de la modernidad, y ahí incluyó a los medios, la cursilería.

Chávez era un militar y a la vez un cursi. Es una imagen que a mí me sorprende mucho porque tiene el elemento de la autoridad militar sumado al showman y eso es un cóctel explosivo.

Hay una imagen que yo recuerdo y me parece sensacional, es un acto público, Chávez vestido de militar, cantaba una ranchera que llama “La gata bajo la lluvia”. Ese mismo hombre al que llamaban dictador, estaba con micrófono en mano cantando ´seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti´. Esa combinación explosiva y mediática produjo que Chávez fuera el personaje que fue.

Tuvo riqueza, tuvo talento comunicacional, tuvo carisma y no tuvo ningún escrúpulo, y eso también es una combinación muy fuerte.

-Hoy se acabó la bonanza y a esa figura carismática la ha sucedido Nicolás Maduro…

Ilustración: Victor Abarca.

-Maduro es un personaje para la tragedia. Él está ahí para recoger el fracaso de Chávez y administrarlo sin dejar a Chávez como culpable.

Él es un presidente que, aunque cambie el huso horario que Chávez modificó, es incapaz de decir que el comandante hizo algo mal, él no vive en La Casona porque ahí vive una hija de Chávez.

Maduro es un tipo que está ahí para proteger el nombre de Chávez para la posteridad, él es el gran guardián de Chávez para la posteridad, y si tiene que sacrificarse por eso, quizás lo haga.

Es difícil saber el destino de Maduro, aunque todo parece indicar que en el momento en que ya no funcione más, su propio partido lo va a sacrificar para que continúe el proyecto con otra gente.

-¿Por eso Chávez lo eligió como sucesor?

-A mi la pregunta de por qué Chávez eligió a Maduro me parece interesante; tengo la idea de que Chávez ya como enfermo terminal creía que podía sobrevivir a la operación, pero quedar quizás mal y eso probablemente pesó en su elección. Probablemente pensó de todos estos quién es el más leal si yo sobrevivo pero quedo choreto y dijo: es Maduro.

Maduro para Chávez representó la lealtad a su posteridad y eso pesó en su decisión, más que la cosa política.

-Usted ha dicho que Maduro renunció a la política para refugiarse en la fuerza, ¿Qué le resta a los ciudadanos en ese escenario?

-El venezolano primero está tratando de ver cómo sobrevive a la inflación, a la inseguridad y a la calle, antes de ocuparse de toda esta discusión que es más de la clase política.

Por esto el venezolano está mucho más acorralado y claro que hay un problema de indefensión pero que empieza ahí en el sometimiento a la crisis económica, porque eso es una humillación.

En el 2014 se desarrolló una política represiva por parte del Gobierno que ha definido los tiempos que vivimos hoy.

Ahí el Estado se convirtió en un ente que genera miedo y que ha llevado a la ciudadanía a una situación de sometimiento voluntario frente a ciertas cosas.

-¿Por eso los militares ganan terreno en el Gobierno y en la vida nacional?

-Maduro está intentando darle una imagen de fuerza a su Gobierno porque no la tiene. Está poniendo a su lado a un uniformado que tiene armas, está en la calle y controla las colas. La está diciendo a la gente: no soy tan frágil.

-¿Cómo imagina el final de esta historia que es la Revolución Bolivariana?

Ilustración de Victor Abarca.

-Me gustaría ver el final, que todavía no lo tengo claro, entonces no lo puedo imaginar, me gustaría que fuera sin violencia, pero a veces me cuesta, porque hemos vivido tantos años al filo de la violencia política, como al borde de un estallido que nunca llega, gracias a Dios, porque este es un país y una sociedad muy armada y donde se ha legitimado mucho la violencia a través del discurso político.

Entonces tenemos todos los ingredientes, hay mucha yesca seca como para que prenda algo, pero yo creo que en los venezolanos de lado y lado hay gran temor a eso, a que se desate una violencia que no se pueda controlar.

Por todo esto es que no tengo claro el final.

Fotos: Agencia de Noticias EFE.

“El Estado venezolano participa directamente en el narcotráfico”

Douglas Farah es experto en crimen organizado internacional y habló de los nexos entre Venezuela, Irán y Argentina.

Carolina Bellocq, El Observador (Uruguay)

Cuando los legisladores estadounidenses quisieron comprender mejor por qué Barack Obama había librado una orden que declaraba a Venezuela una “amenaza para la seguridad”, organizaron una sesión extraordinaria del subcomité de Asuntos para Latinoamérica del Senado.

Allí escucharon a diversos expertos que expusieron sobre Venezuela y argumentaron por qué EEUU debía estar atento a lo que sucede en ese país. Uno de los ponentes fue Douglas Farah, presidente de la consultora IBI y miembro del Centro de Asesoramiento y Estrategia Internacional, quien en entrevista con El Observador abundó en sus denuncias sobre el crimen organizado en Venezuela, los vínculos de ese gobierno con grupos delictivos transnacionales y las relaciones con Irán y Argentina.

En su comparecencia ante el Congreso estadounidense usted afirmó que el Estado venezolano esponsorea el crimen y tiene vínculos con organizaciones terroristas. ¿A qué se refiere?

“Hay importantes testimonios de antiguos chavistas, declaraciones de muchos diplomáticos e investigaciones periodísticas, sobre los vínculos del gobierno venezolano con Hezbollah y las FARC”.

Quiero decir que el Estado, como tal, directamente participa en actividades criminales y en el apoyo a terroristas, principalmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Hezbollah iraní. Participa de modo directo en el narcotráfico, esa es la principal actividad criminal.

Algunos altos mandos del gobierno venezolano participan de modo directo en esta actividad criminal, que tiene protección pública.

¿Cómo ha evolucionado esta situación tras la muerte de Hugo Chávez y la llegada al poder de Nicolás Maduro?

Últimamente las autoridades nacionales se han involucrado más en el tráfico de cocaína, dado que las rentas por petróleo y otras fuentes de ingresos están cayendo y necesitan ingresos de modo desesperado.

Creo que la relación institucional –de gobierno– con Hezbollah y con Irán se ha enfriado, y las FARC están ahora en otra dinámica con su proceso de paz. Así que la relación ahora pasa más por el crimen y tal vez menos por el terrorismo.

¿Por qué Venezuela tendría interés en introducir a Irán y a Rusia en la región?

“Los iraníes le pidieron a Chávez que consiguiera que Argentina los ayudara con su plan nuclear”.

Porque Hugo Chávez y el liderazgo iraní, especialmente el expresidente Mahmud Ahmadineyad, compartían la convicción profunda de que la revolución bolivariana y la iraní tienen un mismo fin: un nuevo orden mundial donde el “imperio”, o EEUU, esté herido de muerte y no sea una superpotencia.

Desarrollaron una doctrina común de Guerra Periférica donde dejaron explícita su predisposición a usar armas de destrucción masiva contra EEUU. A su modo de ver, es una alianza antiimperialista.

Rusia sigue la misma lógica y en América Latina la “antigua izquierda” –la que impulsó la insurrección armada, no la izquierda democrática moderna– siente nostalgia por la ex Unión Soviética. Esto le ha dado a Rusia una entrada y, como tiene armas que son bienvenidas por estos grupos, se vuelve a entusiasmar con su influencia en la región.

Ante el Congreso, usted aseguró que Venezuela era un puente entre Irán y Argentina. ¿Por qué Caracas tendría semejante interés? ¿Cómo funcionó ese puente?

“Chávez y Mahmud Ahmadineyad, compartían la convicción profunda de que la revolución bolivariana y la iraní tienen un mismo fin: un nuevo orden mundial”.

El gobierno de Fernández de Kirchner, y Cristina misma, se movió muy cerca de Chávez una vez que Néstor Kirchner falleció. Los iraníes le pidieron a Chávez que consiguiera que Argentina los ayudara con su plan nuclear.

¿Por qué? Porque antes de los bombardeos de la AMIA en 1994, el principal socio en materia nuclear de Irán era Argentina.

La decisión del entonces mandatario Carlos Saúl Menem de cortar en 1992 con esa cooperación (para la que EEUU y Europa presionaron) fue, según la investigación del fallecido fiscal Alberto Nisman, “un factor detonante” del atentado a la AMIA en 1994. Entonces, Irán necesitaba ayuda y sabía que había un país que ya conocía su tecnología, Argentina.

Al mismo tiempo, Argentina padecía una crisis energética y necesitaba petróleo de modo desesperado. Irán tenía petróleo pero no lo podía vender por las sanciones. Estaban dadas las condiciones para una hermosa relación.

¿Cuál es la evidencia del apoyo del gobierno de Venezuela al grupo terrorista Hezbollah? ¿Y de los vínculos entre ese grupo y las FARC, y entre las FARC y Venezuela?

Hay muchos casos judiciales ya resueltos que arrojan muchísima información sobre el modo en que Hezbollah y las FARC hacen negocios juntos. La Operación Titán y el Banco Canadiense Libanés son dos ejemplos.

“El gobierno venezolano participa de modo directo en el narcotráfico, esa es la principal actividad criminal”

También hay importantes testimonios de antiguos chavistas, declaraciones de muchos diplomáticos e investigaciones periodísticas  sobre los vínculos del gobierno con esa agrupación extremista.

Antonio Salas, el periodista español que escribió el libro El Palestino luego de haberse infiltrado para investigar estos asuntos, divulgó mucho material sobre esto también.

¿Qué puede pasar con la inmunidad parlamentaria, tras el anuncio de Maduro?

José I. Hernández (*), Prodavinci

Una de las más amenazas recientes formuladas desde el gobierno apunta a la posibilidad de levantar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional.

Las declaraciones del gobierno sobre esta nueva amenaza resultan bastante confusas. No está de más, por ello, tratar de esclarecer lo que puede pasar con la inmunidad parlamentaria.

La nueva amenaza

El miércoles 31 de agosto del 2016, el gobierno informó que, junto a un equipo de juristas, estudia la posibilidad de dictar un Decreto en el marco de la emergencia económica, a los fines de levantar la inmunidad de los “cargos públicos”, previa consulta con la Sala Constitucional. También el gobierno informó que va a “incubar” una demanda contra el Presidente de la Asamblea Nacional.

Entendiendo la amenaza

Desde un punto de vista jurídico, esta nueva amenaza resulta muy difícil de comprender por las grandes imprecisiones sobre las que está basada.

Veamos.

Lo primero que hay que aclarar es que la inmunidad no es de “cargos públicos” en general. La inmunidad, por el contrario, es una garantía específica de los diputados de la Asamblea Nacional, de acuerdo con el Artículo 200 de la Constitución.

Asimismo, es preciso aclarar que el Presidente de la República no puede levantar la inmunidad parlamentaria. Por el contrario, de acuerdo con el citado Artículo 200, sólo la Asamblea Nacional puede levantar (o allanar) esa inmunidad.

Por último, no existe tal cosa como “incubar” una demanda. Quizás el gobierno quiso referirse a otra palabra: “incoar”, que entre otras cosas significa iniciar un proceso judicial mediante una demanda.

Aclarados estos enredos, ahora sí podemos entender el contenido de esta nueva amenaza: el Gobierno pretende iniciar juicios penales contra diputados de la Asamblea Nacional —como es el caso del Presidente de esa Asamblea— desconociendo la inmunidad parlamentaria.

¿Qué es la inmunidad parlamentaria?

La inmunidad parlamentaria es una garantía especial que protege el ejercicio de la función parlamentaria por parte de los diputados proclamados de la Asamblea Nacional.

De conformidad con la Constitución, esa garantía tiene 3 elementos que la identifican.

En primer lugar, la inmunidad sólo aplica para hechos cometidos en el ejercicio de la función parlamentaria. Además, en segundo lugar, sólo aplica a procesos penales. Finalmente, condiciona el inicio esos procesos penales a dos condiciones concurrentes:

1) Que el Tribunal Supremo de Justicia considere que hay méritos jurídicos para iniciar el juicio penal.

2) La Asamblea Nacional autorice, políticamente, el inicio de ese juicio. Esto último es lo que se conoce como el “allanamiento de la inmunidad parlamentaria”, y es una decisión que únicamente puede ser tomada por la Asamblea.

El propósito de esa inmunidad es garantizar el buen funcionamiento de la Asamblea Nacional, evitando que, por retaliaciones políticas, se inicien juicios penales contra diputados. Por ello, la inmunidad no es un cheque en blanco.

Por ejemplo, la inmunidad no protege al diputado que en estado de embriaguez atropella a una persona, pero sí protege al diputado que acusa al gobierno de corrupción, que llama a una protesta o que protege el funcionamiento de la Asamblea Nacional frente a indebidas intromisiones de otros órganos del Poder Público.

El intento inconstitucional por desconocer
la inmunidad parlamentaria

Esta nueva amenaza del gobierno implicaría una violación a la Constitución, así como el desconocimiento de la función parlamentaria de la Asamblea.

El gobierno no puede, ni siquiera en el marco del estado de excepción, levantar la inmunidad parlamentaria, pues desconocería que, de acuerdo con el artículo 200 constitucional, sólo la Asamblea puede hacerlo. Por eso, tampoco la Sala Constitucional podría habilitar al gobierno para violar el Artículo 200 de la Constitución.

Sin embargo, hay que señalar que en la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional, la inmunidad parlamentaria ha sido reducida de tal forma que, en la práctica, su utilidad se ha mermado. Y no es de extrañar que nuevas “interpretaciones” de la Asamblea reduzcan, hasta hacerla desaparecer, esta especial garantía.

De acuerdo con la Sala Constitucional, la inmunidad parlamentaria sólo aplica a los diputados que estén efectivamente incorporados al ejercicio de la función parlamentaria en la Asamblea. Por eso se ha negado la aplicación de la inmunidad a diputados suplentes.

Asimismo, la Sala ha insistido que la inmunidad sólo aplica a hechos cometidos específicamente en ejercicio de la función parlamentaria, lo que podría incluso limitar la inmunidad a las actuaciones realizadas dentro de la sede de la Asamblea Nacional, en el marco de sus sesiones.

Se trata de un razonamiento bastante primitivo, que ignora un dato básico: el diputado es representante del pueblo durante todo el mandato para el cual fue electo, con independencia de que actúe fuera del seno de la Asamblea.

Esta última limitación podría llegar a desvirtuar completamente el sentido de la inmunidad parlamentaria, al considerarse que los diputados sí pueden ser enjuiciados —e incluso, privados de libertad— por actuaciones que no sean consecuencia de deliberaciones dentro de la Asamblea, incluyendo opiniones y comentarios realizados.

De esa manera la Sala Constitucional podría interpretar que la inmunidad parlamentaria no aplica para los supuestos delitos de desacato que, a su decir, han cometido los diputados, o para los supuestos delitos cometidos fuera del recinto de la Asamblea Nacional, incluso mediante opiniones.

Esta amenaza podría ser preludio de un nuevo episodio del conflicto contra la Asamblea Nacional, que incorporaría un elemento sumamente peligroso para el orden democrático y constitucional: desconocer la inmunidad parlamentaria con base en argumentos jurídicos bastante primitivos, permitiendo no sólo el enjuiciamiento sino, además, la privación de libertad de diputados, como consecuencia de una acción de retaliación política.

(*) Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y de la UCAB

Venezuela, juego trancado… y al borde del desenlace

Jesús Seguías, Datincorp

Venezuela atraviesa por una fase crítica constituida por ocho crisis de profundas dimensiones: crisis económica, salud, energía, agua potable, seguridad ciudadana, además una crisis ética, crisis institucional, y crisis de liderazgo político. Venezuela es de hecho un país colapsado y casi paralizado.

Es un país que se está apagando progresivamente en todos los sentidos.

El desenlace de este cuadro puede ser sencillamente catastrófico de no tomarse decisiones urgentes.

El actual gobierno jamás podrá superar la crisis apelando a los mismos paradigmas políticos y económicos que provocaron la crisis.

Elemental. Y eso es justamente lo que pretende hacer el presidente Nicolás Maduro, ante tan descomunal crisis.

El gobierno luce extenuado, perdiendo progresivamente el control de todo y profundamente descompuesto en el plano ético. Sus iniciativas siempre son abortadas por el burocratismo, la abulia y la corrupción. El presidente lo sabe y lo ha reconocido públicamente.

Con excepción de las iglesias, todas las instituciones clave de la nación están en rojo en el nivel de confianza que transmiten a los venezolanos. El rechazo al gobierno nacional, la Asamblea Nacional, las fuerzas armadas, el Consejo Nacional Electoral, El Tribunal Supremo de Justicia, las fuerzas policiales, los partidos políticos, es superior a la aceptación de los ciudadanos.

Hoy, ni la oposición venezolana ni el gobierno del presidente Nicolás Maduro pueden pulverizarse mutuamente. El “todo o nada” y una salida Ganar-Perder ya no son viables, pues todos saldrán perdiendo. Ambos cuentan a su favor con importantes factores de poder, pero igualmente lucen un cuadro de debilidades que opacan sus fortalezas.

La oposición, como un todo abstracto, cuenta con el apoyo de la mayoría de los electores venezolanos; es decir, del pueblo, y de manera más específica tiene el apoyo irrestricto de los empresarios privados, de las iglesias, de los estudiantes, parte importante de la comunidad internacional, y tiene el control mayoritario de la Asamblea Nacional.

El chavismo, aun cuando luce desconcertado y con muchas fricciones internas disimuladas en una aparente unidad, conserva un sólido poder de coacción: cuenta con el apoyo de un partido político de 4 millones de militantes muy organizados y empoderados en lo económico, político, ideológico y militar.

Además cuenta con el apoyo de todos los poderes públicos, excepto la Asamblea Nacional, así como un importante control de las fuerzas armadas, de las milicias bolivarianas (léase chavistas en armas) convertidas en componente militar formal, de innumerables “Colectivos” entrenados militarmente y con un respetable poder de fuego, así como el control de casi todas las gobernaciones, alcaldías, sindicatos, consejos comunales y comunas del país.

Confusión en el ring

La crisis económica (que es la mayor preocupación de los venezolanos, además de la inseguridad, y que nadie se equivoque al respecto) es de proporciones colosales y no podrá resolverse a partir de un escenario de confrontación del signo que sea. Cualquiera confrontación pacífica, electoral y constitucional, o una confrontación violenta, involucran un ganador y un perdedor.

En un escenario de confrontación electoral (el mejor de todos), hay altas probabilidades que el ganador (que posiblemente será la Oposición) pase a cobrar todas las posiciones de poder; y el perdedor (que posiblemente será el chavismo) se irá a la calle con un cuchillo en la boca a combatir al nuevo gobierno en defensa no sólo de sus postulados políticos, sino de sus intereses personales.

Hay que precisar que en la genética política del chavismo, la confrontación es su tesis esencial.

En este escenario, lo más seguro es que el país seguirá convulsionado por los conflictos.

Y los conflictos, especialmente en la Venezuela de estos tiempos, ahuyentan totalmente a cualquier inversionista.

Y justo los inversionistas privados, son la clave para superar la crisis económica y social del país.

De manera que cualquier escenario que ahuyente a los inversionistas (no hay nada más cobarde que el capital) aleja a Venezuela de la solución de la crisis. Y esto es lo prioritario para los venezolanos. En estas circunstancias, es impredecible saber cuál será la estabilidad y duración en el poder del nuevo gobierno. La experiencia política mundial indica que no mucho.

Es de Perogrullo que quien no esté alineado con el objetivo (que consiste en superar la crisis) sencillamente está contribuyendo a acelerar el colapso.

El objetivo, recordamos, no es otro que atraer inversiones mil millonarias para restablecer la producción nacional y superar la crisis económica (la de mayor impacto social en este momento, junto a la crisis de seguridad ciudadana).

Para que concurran a Venezuela los inversionistas es menester 4 condiciones:

  1. Un nuevo marco jurídico consensuado entre los factores políticos en pugna;
  2. Un gobierno (del signo que sea) que haga respetar ese marco jurídico y que además seduzca a los inversionistas, los valore, los respete, y los considere muy importantes para la transformación del país (tal como lo practicaron los chinos);
  3. Seguridad ciudadana, porque este fenómeno es uno de los que más ahuyenta a las inversiones en Venezuela; y
  4. Una absoluta paz social y política en el país, y este objetivo se logra sólo bajo el marco del consenso político y social y jamás bajo el marco de la confrontación. En las agendas de ambos bloques hay muchas “cuentas por cobrar” que impiden el escenario del entendimiento y la cohabitación. La búsqueda de culpables, a estas alturas de la crisis, no contribuye al establecimiento del diálogo y la sinergia.

Dos agendas, dos desenlaces diferentes

Hoy, casi todos los factores políticos venezolanos están enfocados en la confrontación para el control del poder; por tanto, están alejados del objetivo y de lo que está reclamando el país.

Los políticos de oficio (todos) marchan en este momento con una agenda diferente a la agenda del país.

Y este divorcio puede costarle caro al chavismo y a la oposición.

Dicho más preciso: el foco correcto de ambos factores políticos debe apuntar prioritariamente a la solución de la crisis y no a dilucidar el control del poder.

Ningún factor político, de los que hoy están confrontados por el poder, podrá resolver la crisis sin el concurso y consentimiento de la otra parte.

Por más esfuerzos que hagan por dilucidar la crisis a partir de la confrontación, no obtendrán resultados tangibles. Algunos políticos (la oposición, por ejemplo) podrían inclusive alcanzar algunas importantes cuotas de poder, o todo el poder, pero no podrán por sí solos con el peso de la crisis. Esta los devorará.

La oposición organizada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha reaccionado habilitando vías constitucionales para provocar la salida inmediata del presidente Maduro, intentando con ello afrontar la crisis.

Hoy están enfocados en el Referéndum Revocatorio contra el presidente Maduro, lo que implica un escenario de confrontación que posiblemente lo ganará la oposición. No queremos emitir juicios de valor acerca de la pertinencia de revocar por vía constitucional al presidente Maduro, o si es factible que el Referéndum se realice en 2016. Lo que queremos significar es que no se trata sólo de salir de Maduro sino de definir el “después de…”

Esta es la clave para poder dilucidar si la salida del Maduro es suficiente para superar la crisis.

¿Podría por sí solo un nuevo gobierno “opositor”, aplicar las INEVITABLES medidas de ajustes severos que requiere la economía y sin que se le incendie el país por los cuatro costados?

¿Y en un país incendiado vendrán los inversionistas?

¿Sin inversionistas se solucionará la crisis?

Lo dudamos. Quizás la respuesta quede para algún mago.

Pareciera muy obvio que la actual crisis de Venezuela afecta al gobierno y beneficia a la oposición. Pues no compartimos esa tesis. Esta crisis, debido a su dimensión, devorará a cualquier gobierno del signo político que sea, y nacido de escenarios de confrontación.

A decir verdad, a ningún dirigente destacado de la oposición debiera parecerle muy tentador asumir la Presidencia de la República en medio de esta crisis. De asumirla en términos excluyentes, corre el riesgo de ser presidente por breve tiempo y sin posibilidad de hacer algo importante por la reconstrucción del país.

El protocolo político que se impone, por tanto, es diluir el costo político entre todos los factores de poder del país. No hay terceras vías, sólo queda una

Todo el actual desempeño-país conduce al único escenario correcto y factible, y que ni el gobierno ni la oposición han querido ensayar con transparencia, responsabilidad y desprendimiento. El país los está condenando por ello. Por eso la capacidad de movilización de calle es cada vez más limitada para ambos factores.

Es necesario reconocerse con respeto, sinergizar, mirarse a la cara y decirse mutuamente:

“Ni ustedes ni nosotros podremos superar solos esta crisis, es demasiado voluminosa, nos devorará a todos, no insistamos, es un problema país. Venezuela está sufriendo demasiado. Buscar culpables en medio de una conmoción nacional es improcedente y criminal desde todo punto de vista, pues lo urgente es que encontremos salidas a la crisis juntos, para que no haya ganadores ni perdedores, sino un sólo ganador: la nación entera. Y así ganamos todos finalmente. Luego se dilucidará en libérrimas elecciones quién es el mejor y quién debe estar en el gobierno. Los procesos electorales pendientes siguen su curso normal”.

Algunos dirán que es una propuesta ilusa, soñadora e irrealizable ¿Es que hay una mejor? ¿Cuál?

Eso sí, cualquiera vía que se plantee como solución a la crisis debe estar signada por la responsabilidad y la entrega de resultados tangibles. Si por el contrario esas “soluciones” agravan la crisis, entonces será cualquier cosa menos una vía para estabilizar y transformar al país. Sería sencillamente una irresponsable acción suicida.

Llegó la hora de las definiciones. La crisis que hoy conmueve al país está llevando al gobierno y a la oposición a un callejón sin salida, a un escenario de “juego trancado”, y estamos al borde de un desenlace impredecible.

Ya las calles comienzan a incendiarse. Están apareciendo los primeros venezolanos fallecidos por la confrontación.

Sin embargo, tanto en el chavismo como en la oposición, y también en aquellos que no pertenecen a ninguno de los dos bloques políticos, existen muchas personas (la mayoría) que están convencidas de la necesidad de entenderse a tiempo. Pero aún nadie se atreve a iniciar las conversaciones cruciales y construir la agenda.

Las minorías radicales e inútiles se imponen aun. Quizás están esperando los muertos para luego asumir a despecho la agenda de entendimiento que perfectamente pudo haberse asumido sin muertos. Pero es cuestión de sabiduría, de competencias políticas, de desprendimiento y de amor por Venezuela. Creemos que lo que falta es coraje para hacer lo correcto.

Un desenlace ganar-ganar

Ante el cuadro político, social y económico planteado, sería muy útil ensayar -entre chavistas y opositores- lo que puede significar un desenlace Ganar-Ganar, de 4 pasos para superar la fase crítica en Venezuela. Si se logra, en dos años el mundo entero sabrá lo que es Venezuela. No hay dudas al respecto.

PASO 1: Bajarse del Ring

Lo primero que tienen que ensayar tanto chavistas como opositores es bajarse del ring de combate. Eso no significa que tengan que renunciar a sus postulados políticos e ideológicos. Tampoco implica acuerdos oscuros.

Se trata simplemente de activar un plan marcado por mucho pragmatismo para comenzar a generar escenarios sinérgicos de muto reconocimiento, para el obligado diálogo que implica la solución de la fase crítica.

“Bajarse del ring” significa para los políticos de oficio, demostrar cuánto están dispuestos a supeditar los intereses personales y grupales a los intereses de la nación.

PASO 2: Conversaciones Cruciales

Iniciar de inmediato conversaciones cruciales -con micrófonos apagados- entre chavistas, opositores y quienes no pertenecen a ningún bloque político.

Conversaciones cruciales “son cualquier cosa menos transacciones” (Stephen Covey).

Se trata de crear un nuevo plano de vínculos políticos y sociales entre los venezolanos, basado en la sinergia. No se trata de “mi manera” ni de “su manera” de ver las cosas, sino de NUESTRA MANERA.

Hay que derrotar la obsoleta e inútil teoría de la confrontación y comenzar a practicar la gobernanza como nuevo paradigma político del siglo XXI. Una Conversación Crucial es imprescindible donde (1) hay importantes factores en juego; es decir, el destino de Venezuela, (2) las opiniones difieren -tal como difieren las opiniones de chavistas y opositores- y (3) las emociones son intensas, y en el caso de Venezuela hay una elevada intoxicación emocional entre gobernantes y opositores.

PASO 3: Significados Compartidos

Para darle sentido a las conversaciones cruciales es necesario construir un mapa de significados comunes en 8 o más asuntos clave de la crisis, donde se puede coincidir en puntos y encontrar soluciones consensuales.

Toda conversación crucial debe apoyarse más en los puntos donde puede haber coincidencias, que en aquellos donde hay diferencias sustanciales.

Estos son algunos de los puntos críticos en los que hay que diseñar el mapa de coincidencias: A) Seguridad Ciudadana, B) Economía, C) Educación, D) Poder Comunal, E) Energía y Agua Potable, F) Política Exterior, G) Fuerzas Armadas, H) Presos Políticos.

PASO 4: Gobierno de Unidad Nacional

Una vez establecidos los acuerdos básicos, se procede a aplicarlos. Aun cuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro pueda asumir por completo la ejecución de los cambios que se requieren para superar la crisis, nunca podría ser mejor opción que conformar un gobierno de unidad nacional para que ambos factores de poder asuman por igual el costo político de las medidas de ajuste económico.

De hecho el gobierno de Maduro y el PSUV, ya están pagando en este momento un elevado costo político por la aplicación de algunas medidas de ajuste (corren el riesgo de perder más del 90% de las gobernaciones).

Un gobierno de unidad nacional será transitorio y altamente enfocado en el mapa de significados compartidos.

Las fuerzas armadas, por razones constitucionales, serán soporte fundamental del entendimiento mas no deben ser los protagonistas del proceso de cambios consensuales.

Venezolanos civiles, debe ser el eje del desenlace correcto.

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Diseño gráfico: Sala de Información con caricaturas de Fonseca.

 

Régimen Laboral Transitorio, la Resolución 9.855 y el trabajo forzado en Venezuela

De acuerdo con la Resolución Ministerial 9.855 donde se establece un Régimen Laboral Temporal, el gobierno de Venezuela puede decidir “insertar temporalmente” trabajadores de una empresa en otra.

Es como tomarlos “prestados” como si fueran cosas y moverlos a donde la necesidad del gobierno se los indique.

Este “préstamo” es OBLIGATORIO; y si bien el texto de la resolución indica que las beneficiaras de los “trabajadores prestados” serán empresas de la agroindustria, las potenciales “prestamistas de trabajadores” son todas las empresas del país.

Nancy Aguirre y Mariela Llovera, Nayma Consultores

Nunca pensamos que escribiríamos en tiempo real sobre el trabajo forzado y esclavitud en Venezuela, pero en virtud de la Resolución 9.855 dictada por Oswaldo Emilio Vera Rojas, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.950 del 23 de Julio del 2016 en Venezuela, nos vemos en la imperiosa necesidad de tocar un tema que no era sujeto de las Relaciones Laborales venezolanas desde 1854 cuando se dicta la Ley que declara Abolida para siempre la Esclavitud en Venezuela (Lee un extracto de la ley y del debate ¡aquí!)

Oswaldo Vera, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.

Es innegable que los trabajadores venezolanos vivieron situaciones de precariedad en el paso de un país agrario a la nación petrolera en la que nos convertimos. Que la lucha de los trabajadores petroleros dio origen la legislación laboral que nos rigió por muchos años.

No pretende este artículo ser una retrospectiva de la evolución de las relaciones laborales en el país, pero si queremos dejar claro que, por más precaria que alguna vez haya sido la situación de los trabajadores en Venezuela no fueron jamás obligados por gobiernos democráticos a realizar trabajos forzados.

La excepción la configuran las tenebrosas dictaduras de Juan Vicente Gómez, donde obligaban a los presos con grilletes a hacer carreteras; y la de Marcos Pérez Jiménez donde podían tomar a cualquier trabajador de la calle y forzarlo a apagar incendios forestales.

Régimen Laboral Transitorio. Resolución 9.855 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo

El ministro Vera, para dictar la Resolución 9.855 que establece el “Régimen Laboral Transitorio“, pretendió sustentarse en lo establecido en el artículo 500, numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), asumiendo que dentro del ámbito de su competencia como ministro puede disponer libremente de las vidas de los trabajadores, extralimitándose en sus funciones.

Adicionalmente, invocó el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227, que tampoco lo autoriza para disponer la ubicación obligatoria y forzosa de los trabajadores.

¿A qué nos obliga el Régimen Laboral Transitorio?

Este régimen es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO para todas las entidades de trabajo públicas y privadas.

Nos llama la atención el uso de las palabras “inserción” y “disposición” para referirse al desplazamiento forzado de los trabajadores de una entidad de trabajo hacia otra, refleja la cosificación de la persona en la mente de quien sea que redactó esta resolución.

En pocas palabras, el texto de la Resolución 9.855 pretende DESCONOCER la libertad de los trabajadores de decidir con quién quieren trabajar, a qué desean dedicarse y OBLIGAR a las empresas a ceder a sus trabajadores a petición hecha por un tercero.

Es decir, el ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, busca FORZAR a los trabajadores a trabajar en la empresa, lugares y condiciones que decida el gobierno.

Nos preguntamos, si el gobierno desea reactivar las empresas que están paralizadas por la misma política intervencionista que han desarrollado,

¿por qué no contratar personal? ¿Cuál es el propósito de someter a las personas a realizar trabajos forzados?

La suspensión de la relación de trabajo, opera según lo establecido en el artículo 73 de la LOTTT; aunque de estricto derecho, lo previsto en esta resolución no está enmarcado en ninguno de los supuestos establecidos en la legislación laboral vigente.

Desconocemos si la entidad de trabajo requirente pagará al trabajador, forzosamente desplazado, el mismo sueldo que le paga su empleador original.

Lo que sí queda claro en la resolución es que los pasivos laborales recaen en el empleador original, que este además deberá correr con las consecuencias de crear un nuevo cargo en caso de que su trabajador regrese de esta “inserción temporal” con una enfermedad o accidente ocupacional que le impida desempeñar su trabajo anterior.

60 días es el plazo mínimo que estarán los trabajadores en estas labores forzosas, y pueden prorrogarse por igual tiempo “si las circunstancias lo ameritan“.

Quién determina cuáles son esas circunstancias, no lo sabemos.

¿Esto es legal?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

“Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

Veamos, cuáles derechos y principios constitucionales viola esta resolución.

Garantía de los Derechos Humanos

“El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”. Artículo 19 e la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Resolución 9.853 contraviene lo dispuesto en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo (…)”.

Hacemos hincapié en la libre elección de su trabajo, algo que a todas luces impide esta resolución ministerial, pues será un acto administrativo que determinará a cuál empresa deberá obligatoriamente desplazarse el trabajador en el marco de este “Régimen Laboral Transitorio”.

También viola lo establecido en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 6, numeral 2:

“Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio”.

Al hacer que los trabajadores sean trasladados a otra empresa contra su voluntad  -pues no existe en la Resolución ningún mecanismo para que el trabajador manifieste abiertamente su aceptación o rechazo al traslado– esto se configura como trabajo forzoso, aunque se comprometan a pagar un salario.

Derechos Sociales y de las Familias

En su artículo 87 nuestra Carta Magna consagra:

“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar (…). La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca”.

Cuando se habla de restricciones legales, se refiere a que se garantizan los trabajos LÍCITOS; es decir, que se trate de actividades que no estén expresamente prohibidas y penadas por la legislación.

Usted no puede trabajar dedicándose al narcotráfico, porque eso es un crimen, pero si puede trabajar libremente como ebanista, mecánico o enfermera porque se trata de actividades lícitas.

En este caso, la Resolución 9.855 limita la libertad de trabajo, porque OBLIGA al trabajador a dedicarse a una labor que no es la que acordó libremente con su empleador.

Debemos resaltar que la voluntariedad es una de las características fundamentales de la relación de trabajo.

En palabras de a centavo: Nadie puede ser obligado a trabajar en algo que no desea hacer y nadie puede ser obligado a contratar a quien no quiere contratar”.

Debemos recordar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 89, numeral 2, señala expresamente que “Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos”.

En este caso es el gobierno venezolano quien está ejecutando una acción que configura la renuncia de los derechos laborales.

En resumen, esto es una ilegalidad. ¿Será aplicado?

Tristemente lo más probable es que esta Resolución 9.855 sea aplicada en las empresas y afecte directamente a los trabajadores.

La Sala Constitucional ha fallado en garantizar la supremacía y efectividad de los principios constitucionales, misión que le encomienda nuestra Carta Magna en su artículo 335.

Así como la Sala Constitucional ha sido tan diligente, actuando sin petición de partes, para entrometerse en las decisiones del legislativo amparándose en el artículo 335, debería declarar la nulidad por inconstitucional de la Resolución 9.855 del Ministerio el Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.

¿Qué podemos hacer?

Individualmente, poco es lo que podemos hacer frente a esta arbitrariedad. En acciones colectivas, tanto de gremios empresariales, profesionales y de trabajadores, podemos y debemos solicitar un Recurso de Nulidad ante la Sala Constitucional.

Otras voces sobre el tema

A propósito del “préstamo forzoso” de trabajadores ordenado por el gobierno, escribe el Dr. José Ignacio Hernández  ¡click aquí!

4 apuntes sobre el “préstamo forzoso” de trabajadores en Venezuela; escribe el Econ. Ángel Alayón ¡click aquí!

Descarga

“Régimen Laboral Transitorio” Resolución 9.855 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo ¡click aquí!

Decreto de Estado de Excepción y de la Emergencia Económica. Gaceta Oficial Extraordinaria 6.227 ¡click aquí!

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras ¡click aquí!

Las autoras

Nancy Aguirre es licenciada en Relaciones Industriales y Contaduría Pública, egresada de la Universidad de Carabobo. Consultora Sistémica y Asesora Empresarial. Posee más de 40 años de experiencia en el ejercicio profesional. Fundadora de Nayma Consultores.

Mariela Llovera es Abogado egresada de la Universidad de los Andes y licenciada en Relaciones Industriales, egresada de la Universidad de Carabobo. Consultora en Gestión del Talento y Capacitación. Estudiosa del tema tributario y del derecho empresarial. Fundadora de Nayma Consultores.

Los viajes “diplomáticos” de los narcosobrinos

 

Una investigación realizada por Vértice confirmó que los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, conocidos como los “narcosobrinos”, usaron pasaportes diplomáticos emitidos por la Cancillería de Venezuela para viajar a los países donde conspiraron para traficar cocaína. Entre los destinos: Puerto Príncipe, Tegucigalpa, Miami, Fort Lauderdale, Madrid, Ciudad de Panamá, Bogotá y Medellín.

Maibort Petit, Vértice

(Nueva York, EEUU) – Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas viajaron con el pasaporte regular en un vuelo charter a bordo del avión siglas YV2030 desde Caracas a Puerto Príncipe, el 10 de noviembre del 2015.

A las 7 de la mañana Campo Flores, tenido como hijo de crianza de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores —y ahijado del presidente Nicolás Maduro— y su primo, atravesaron la estación de seguridad del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, sin ningún tipo de restricciones. Llevaban consigo una panela de cocaína de alto valor, que según la DEA, registra entre 95 y 97% de pureza.

Para abordar el jet privado, Campo Flores usó su pasaporte venezolano número 066981222.

La aeronave, piloteada por Pedro Miguel Rodríguez, quien es efectivo de la Fuerza Aérea venezolana, destacado en Bolivia, esperó unos minutos antes de arrancar.

De acuerdo a la confesión hecha por Campo Flores a la DEA, durante aquella mañana del 10 de noviembre del 2015, solo su personal de seguridad estaba al tanto de la operación que se estaba llevando a cabo, ya que decidieron no informar a la familia sobre los negocios de tráfico de drogas que llevaban a cabo a nivel internacional.

Campo Flores y su primo Flores de Freitas llevaban poco equipaje visible. Este último usó su pasaporte venezolano número 066981222 para abandonar el país. Los otros pasajeros, entre quienes se encontraban el empresario Marco Tulio Uzcátegui y los ciudadanos Jesfrán Moreno y Pablo Urbano, igualmente usaron documentos regulares de identificación venezolanos.

Arribaron a Puerto Príncipe a las 9 de la mañana. Al bajar del avión, Campo Flores y Flores de Freitas hicieron uso de pasaportes diplomáticos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, numerados con las series 005886069 y 001435773, respectivamente.

Con ellos evadieron las requisas, las colas y la aduana. En Haití los pasaportes diplomáticos venezolanos aun son respetados, no obstante, aquel día las autoridades de la isla estaban al tanto de las actividades ilícitas de los dos visitantes y el gobierno haitiano había ordenado a sus órganos de seguridad colaborar con los agentes de la DEA para capturar, infraganti, a los jóvenes que estaban dando los últimos toques a una operación que incluía el envío de droga proveniente de las Farc a Estados Unidos, vía Honduras.

Un informe del ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Pierre Richard Casimir, da fe de que el gobierno caribeño colaboraba con la DEA para capturar a los sujetos que tenían órdenes de arresto en la ciudad de Nueva York.

Cuando Campo Flores y Flores de Freitas pisaron suelo haitiano, salieron apresurados del avión y de inmediato tomaron rumbo hacia un hotel cercano al aeropuerto Internacional Toussaint Louverture. Se trataba de la primera incursión de Campo Flores y Flores de Freitas a la nación haitiana, o al menos eso es lo que registran sus récords de viaje desde abril 12 del 2007 (Campo Flores) y 2 de agosto del 2008 (Flores de Freitas), fechas en la cuales obtuvieron sus primeros pasaportes venezolanos regulares.

Un puñado de dólares

Efraín Campo Flores ha llevado una vida que está muy lejos de ser limitada y modesta. Por el contrario, sus hábitos y costumbres rayaron en la ostentación: privilegios, viajes en jets privados y una fortuna que le permitió comprar carros de lujo, entre ellos un Ferrari del 2015, cuyo precio no baja de 280.000 dólares.

Su parentesco con el presidente de Venezuela le permitía pasar sin control alguno y según los dictados de su conveniencia por las estaciones de seguridad de los aeropuertos venezolanos. Iba y venía en un mismo día a Miami, compraba costosas prendas de vestir. Un informe del gobierno estadounidense da cuenta de los onerosos gastos en los que incurría el hoy reo de la justicia norteamericana antes de ser arrestado en Haití.

Dentro de las contradicciones observadas en las declaraciones que Campo Flores ha hecho a funcionarios de la DEA y las entregadas por sus abogados a la corte, y que han quedado registradas en el informe del despacho a cargo de Preet Bharara, destaca el haber afirmado que había hecho jugosos negocios en el área petrolera que le habían permitido ganancias superiores a los “10 mil millones”, posiblemente de bolívares, lo que equivale a unos 10 millones de dólares al cambio libre de mil bolívares por dólar.

No obstante, cuando los agentes de la DEA lo interrogaron dijo que había entrado en el negocio del narcotráfico porque no tenía ni 10 mil dólares a su nombre.

Otro aspecto que llama la atención es que Efraín Campo Flores juró ante el juez, Paul Crotty, que era abogado y que vivía modestamente en Caracas con su familia. Pero a los agentes de la DEA les dijo que su intención era ganarse unos miles de dólares en la operación de tráfico de droga para luego irse a vivir a Estados Unidos con su esposa e hijos.

Un informe que reposa en la fiscalía plantea discordancia entre lo dicho antes y después del arresto, lo que le informó al juez Crotty y lo planteado en la declaración jurada entregada por su abogado a la corte el 12 de mayo del 2016.

Aparece, además, en ese informe que Campo Flores no es casado, que tiene un hijo de siete años, que se crió bajo la tutela del presidente Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores, que es militante activo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que trabajó en el Parlamento Latinoamericano entre 2008 y 2011, que posee un pasaporte diplomático y que tiene negocios en Panamá.

En ese informe aparecen dos direcciones relacionadas con Campo Flores. La primera, en el edificio Diamante III, apartamento 04, avenida Las Fuentes de El Paraíso, Caracas.

Otra dirección suministrada por el familiar de Cilia Flores es Boulevard Libertador, parroquia Sucre, sector primero, plan de la Silsa, a la derecha de la calle Ezequiel Zamora. Al frente la calle 5 de julio. A la izquierda, la vereda y la iglesia Santo Cristo adjunto a la iglesia Santo Cristo, casa sin número.

Dice que en materia laboral fue registrado en el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales, IVSS, por el Parlamento Latinoamericano, cuyo número patronal es D18407377, el día 29 de diciembre del 2011 con un salario de 755 bolívares. Y que su estatus de asegurado es cesante. La primera afiliación fue el 1 de febrero de 2008 y la fecha de contingencia el 25 de agosto de 2046.

Viajero especial

Campo Flores solía salir de Venezuela en vuelos privados con su cédula de identidad venezolana número 18.330.183,
 o con su pasaporte venezolano número 081303148. Un informe en poder de Vértice señala, sin embargo, que el familiar de la primera dama venezolana viajó en varias ocasiones usando el pasaporte que lo acreditaba como diplomático venezolano, aunque no se desempeñaba como tal.

Uno de los primeros viajes fue a Bogotá, Colombia, el 16 de marzo del 2012, en el vuelo de Avianca AVA 081 (Sello 4M8Q3-Q8M3) usando su pasaporte diplomático  número 005886069. El regreso a Caracas tres días más tarde, el 19 de marzo de 2012, lo hizo en el vuelo de Avianca AVA080 y entró con ese mismo documento.

También usó su pasaporte diplomático para viajar a Madrid, España, en el vuelo de Iberia IBB6674, el 8 de diciembre del 2011. Regresó a Venezuela el 27 de diciembre del 2011 en el vuelo de Iberia IBE 6673.

Antes había viajado a Bogotá con su pasaporte diplomático el 3 de agosto del 2008, en el vuelo de Avianca AVA095 Caracas-Bogotá y regresó a Venezuela dos meses  después, el 10 de octubre del 2008.

Efraín Campo Flores viajó desde Caracas a Tegucigalpa, Honduras, el 3 de octubre del 2015, en vuelo privado con el Cessna 550 Citation II, siglas YV570T, registrado en Venezuela.

De Tegucigalpa se trasladó al interior de esa nación centroamericana, específicamente a San Pedro Sula, para sostener una reunión con un grupo de individuos que aparecen reseñados en la acusación hecha por el gobierno de Estados Unidos en su contra.

A la cita acudió otro de los imputados por la fiscalía de Nueva York, el ciudadano hondureño Roberto de Jesús Soto García. Y también un testigo cooperante de la DEA, conocido como CW1 quien fue asesinado en Honduras tres semanas después de la captura de los sobrinos de Cilia Flores ocurrida el 10 de noviembre del 2015.

Campo Flores regresó a Caracas el 4 de octubre en el mismo avión YV570T desde San Pedro Sula.

El informe confidencial de los vuelos de los llamados narcosobrinos señala además que el ahijado del presidente Nicolás Maduro realizó dos viajes a Florida, Estados Unidos.

El primero de ellos tuvo lugar el 17 de enero del 2015, cuando abordó un avión privado en Caracas a las 5 de la tarde rumbo a Miami.

El avión, un Dassault Falcon 50 de 1987 con las siglas N26WJ, es propiedad de la firma Falcon 50 181 Holdings Inc, registrada en Wilmington, Delaware.

Allí permaneció por espacio de diez días. Regresó a Maiquetía en el vuelo charter N162DA, en una aeronave Rotorway registrada para ese entonces a nombre de la firma Point West Business Solutions LLC, de Grangury, Texas. Horas más tarde regresó a Miami en el mismo avión.

Luego utilizó el vuelo privado N99TH, registrado a nombre de Alpine Aviation Inc., de Provo, Utah, para regresar desde Miami a Barquisimeto –en el centro occidente de Venezuela- el 31 de enero del 2015.

Negocios en Panamá

El hoy acusado de conspirar para trasladar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos estableció en marzo del 2014 una empresa en Panamá.

Antes de concretar el registro de la compañía y los detalles logísticos de la misma, Campo Flores viajó a Ciudad de Panamá desde Maiquetía en un vuelo comercial de Santa Bárbara Airlines número SBA1340, el 1 de diciembre del 2014 y regresó el día 6 de diciembre.

El 28 de enero del 2014 viajó nuevamente a Ciudad de Panamá, en vuelo comercial de Conviasa VCV7208. Luego se trasladó desde Panamá a Medellín y desde esa ciudad colombiana a Caracas el día 2 de febrero del 2014, en el vuelo de Copa Airlines CMP638.

Se trasladó nuevamente desde Caracas a Panamá en el vuelo de Conviasa VCV7208, el 21 de abril del 2014, para regresar el 25 de ese mismo mes en el vuelo de la misma aerolínea identificado como CO7209.

El 21 de mayo regresó a Ciudad de Panamá en el vuelo de Conviasa VCV7208 para retornar a Caracas en el vuelo de la línea aérea del estado venezolano V07209.

Las fechas de estos vuelos coinciden con los registros de la empresa de Transporte Herfra S.A., creada en Panamá el 31 de marzo de 2014. El número del registro es 830045 y su estatus hasta la actualidad es vigente. Esta empresa es una sociedad anónima con jurisdicción en Provincia de Panamá.

En la hoja de registro aparece Efraín Antonio Campo Flores como director y presidente; su tío (hermano de la primera dama Cilia Flores) Hernes Merquiades Flores –cédula de identidad 3.989.593- como secretario; y el abogado panameño, Oscar Torres Pinzón y Shelby Gem, como suscriptores.

En una confesión hecha por Campo Flores a la DEA, el 10 de noviembre de 2015, el ahijado de Nicolás Maduro dijo que poseía 20 taxis en Panamá que le generaban 800 dólares a la semana y que viajaba con frecuencia a ese país en busca del dinero que producía el negocio.

No explicó por qué no usaba el sistema financiero para hacerse de los réditos. Tampoco dio detalles de por qué la empresa solo manejaba efectivo, pero esa es la razón que alega Campo Flores para justificar el hecho de “gastar” mucho dinero en boletos de avión y viáticos para trasladarse continuamente a suelo panameño.

Los viajes del otro Flores

El sobrino de Cilia Flores coacusado por delitos de narcotráfico, Franqui Francisco Flores de Freitas, también ha gozado de los privilegios y el poder político que le otorgan el formar parte de la familia presidencial venezolana. Lo que sí hay que admitir es que su poder parece ubicarse en menor medida que el de su primo e hijo adoptivo de la pareja presidencial venezolana.

Eso, sin embargo, no le impidió obtener un pasaporte diplomático por primera vez en 2007 que utilizó para viajar a Panamá.

En las declaraciones juradas de Flores de Freitas a la DEA y en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se observan muchas contradicciones, especialmente las relacionadas a su situación personal antes de ser arrestado.

Flores de Freitas confesó el 12 de mayo del 2016 al juez Paul Crotty, que solo había cursado hasta el cuarto año de bachillerato y que tenía una empresa de alimentos refrigerados que distribuía comida a restaurantes de Caracas, y esa misma información aparece en los documentos presentados por su abogado, David M. Rody, de la firma Sidley Austin LLP.

No obstante, en un informe que reposa en la fiscalía de Nueva York aparece un dato que llama la atención: “Franqui Francisco Flores de Freitas, (el demandado) se graduó como ingeniero de sistemas en la Unefa en el 2013. Es comerciante, militante del Psuv”.

En ese mismo documento se puede leer que Flores de Freitas posee dos direcciones en Caracas. Una residencial en El Junquito, Barrio Buenos Aires/calle Bicentenario. Frente calle el Manguito. Sector el Manguito, al lado del dispensario Menca de Leoni, casa sin número y otra de un local comercial ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, CCCT, PB, local 43-b, Caracas.

Otro dato que aparece en el documento es que Flores de Freitas es trabajador activo de DIGITAL CCT C.A., RIF J294314813, número patronal: O91117294. Ingresó a trabajar en esa empresa el 1 de abril del 2011. Según los datos de afiliación su último salario fue 1.712,70 bolívares. Su estatus actual como asegurado es activo. Fecha de la primera afiliación: 1 de abril de 2011; fecha de contingencia, 14 de agosto del 2045.

La empresa donde supuestamente trabajaba Flores de Freitas se dedica a la reparación de teléfonos celulares, consolas de videojuegos y equipos de última generación; además de la venta de videojuegos y accesorios para celulares. Su sede es en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, CCCT, Planta Baja, Local 43-B, en Caracas.

Asimismo aparece la siguiente dirección en el reporte oficial: Caracas Dtto. Capital Municipio Bolivariano Libertador, parroquia Sucre, sector primero, plan de la Silsa, derecha calle Ezequiel Zamora. Frente calle 5 de julio. Izquierda vereda la iglesia Santo Cristo, adjunto a la iglesia Santo Cristo, casa sin número.

Junto a su primo, Flores de Freitas viajó el 6 noviembre de 2015, pocos días antes de su captura, en el vuelo charter YV57OT desde Caracas a Tegucigalpa, Honduras. De ese viaje regresó al día siguiente, el 7 de noviembre, en el mismo jet privado. Salió con su pasaporte venezolano e ingresó con su pasaporte diplomático.

El mes anterior, el día 3 de octubre de 2015, había viajado desde el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, en el vuelo charter YV570T, para regresar en el mismo avión el día 4 de octubre en horas de la noche.

Para salir del país, Flores de Freitas usaba su pasaporte regular venezolano y para llegar a los países que visitaba, usaba el diplomático.

Disfrutando en el imperio

En el informe del gobierno norteamericano dice que Flores de Freitas viajó a Estados Unidos en un vuelo de Dynamic Airways 2D0406 que salió de Maiquetía el 23 de agosto del 2015, rumbo a Fort Lauderdale, Florida. Regresó en la misma nave, el 9 de septiembre del 2015.

Flores de Freitas viajó a Miami, la ciudad del sol en el estado de la Florida, pero en esta ocasión lo hizo vía Ciudad de Panamá. El 1 de diciembre de 2014 tomó el vuelo comercial de Santa Bárbara Airlines SBA1340 con destino a Ciudad de Panamá, luego se trasladó a Miami a donde llegó el 3 de diciembre. Regresó a Caracas en el vuelo de Santa Bárbara SBR1525 siguiendo la ruta Miami-Maiquetía.

Franqui Francisco Flores de Freitas hizo dos viajes a Panamá unos meses antes de irse a Estados Unidos. El informe dice que salió desde Caracas el 16 de Julio del 2014 en el vuelo de Conviasa VO7208 y regresó a Maiquetía el 9 de Julio en el vuelo de la misma aerolínea V07209. También por Conviasa viajó a Panamá el 21 de mayo del 2014 (vuelo VCV7208) y regresó en el vuelo VO7209, el 24 de mayo del 2014.

Del mismo modo, el informe refiere que Flores de Freitas hizo el trayecto Panamá-Medellín-Caracas. La salida fue el 28 de enero del 2014, en vuelo de Conviasa VCV7208 desde Caracas a Ciudad de Panamá. Luego se fue a Medellín y regresó a Caracas en el vuelo de Copa Airlines CMP 638, el 2 de febrero del 2014.

También se registra un viaje hecho por el acusado el 16 de marzo del 2012 en la ruta Caracas-Bogotá, realizado con la línea Avianca, vuelo AVA08, con retorno a Maiquetía el 19 de marzo, en el vuelo AVA080 de Avianca. Asimismo hay otro viaje reseñado el 19 de agosto del 2009, Caracas-Bogotá (vuelo AVA081) con retorno por Avianca el 28 de agosto del 2009, en el vuelo AVA078.