Los riesgos de las criptomonedas

Giovanni E. Reyes, PORTAFOLIO

Tanto de manera informativa, como por parte de contenidos sensacionalistas, se ha dado a conocer el “gran éxito” que tienen quienes invierten en criptomonedas.

El bitcóin es una de ellas, mas no la única.

Se ha realizado un notable despliegue publicitario con el fin de apalancar el dinamismo de la compra, de la demanda de criptomonedas: “invierta Usted, no se quede atrás cuando todos se están haciendo millonarios”.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, esto puede terminar de manera súbita en una gran estafa.

Son varios los riesgos que están en juego y los casos, para citar sólo aquellos pertenecientes a la historia inmediata, están a la evidencia. Véase por ejemplo cómo en el  2004, en Australia, tuvieron que cerrar operaciones, tres medios criptos. Lo hicieron cuando la Comisión Australiana de Inversiones y Activos Financieros (ASIC) estableciera el requisito de licencias financieras para operar estos servicios.

Entre los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de invertir en criptomonedas, es que no constituyen -por lo general- ni medios de pago ni de inversión.

Esto hace que las “inversiones” en criptos, tengan la presión de la convertibilidad. Es evidente que mientras usted puede entregarles sus pesos, dólares, euros o yuanes, y recibe criptos, la cosa va bien para los captadores. Ellos se hacen con circulantes que sí son reconocidos.

El problema de estas pirámides globales, que pueden desembocar en gigantescas estafas, es que quien tiene los criptos tarde o temprano requiere que se conviertan a monedas de uso oficial o reconocido.

Este es el problema central.

Quienes tienen su plata no estarían dispuestos a devolverla, no al menos con los ritmos que si lo hacían en un inicio de las operaciones.

Eso de las fases iniciales favorables desde luego, ocurre a fin de convencer a más gente acerca de las “bondades” de los medios cripto.

Al no ser reconocidos como medios de pago o de inversión en los países, las monedas criptos no cuentan con respaldo.

Al momento de que una crisis se presente en estos sistemas ¿quién responde?

No espere que lo haga un medio de control monetario, tal el caso del Banco de la República en Colombia, por ejemplo, o en general en los bancos centrales de los países.

Nadie responde y, por tanto, no se puede acudir a instancia legal alguna, toda cuenta que se trata de inversiones en medios no reconocidos.

¿Es probable que el negocio de los medios criptos pueda caerse sin previos avisos? Sí, es muy probable.

El rasgo inconfesado es que los cripto se prestan para lavado de activos, para la creación de burbujas y con todos los riesgos, para extraerle a usted sus recursos, con la ilusión de que los mismos se multiplicarán como panes y peces.

Los escenarios esenciales estarían montados para que no se pueda descartar, del todo, el desenlace de una potencial estafa globalizada.

Giovanni E. Reyes,
Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard.
Profesor Titular y Director de la Maestría en Dirección de la Universidad del Rosario.

Por qué el régimen de Maduro arremete contra el banquero de mayor fortuna de Venezuela y España

Juan Carlos Zapata, ALnavío

Para un gobierno que ha agotado el discurso político, que ya no puede vender esperanzas, incapaz de manejar la crisis económica y social, y sin una oferta electoral que sea atractiva para sus propios seguidores, plantear una lucha contra el banquero de mayor fortuna de Venezuela y España, es tratar de construir un relato del bueno contra el malo, del pobre contra el rico, de la justicia contra la injusticia.

Es la consigna de la guerra económica, manejada y repetida desde el principio de los tiempos maduristas, que consiste en echarle la culpa del fracaso a los otros.

Escotet está al frente de Banesco en Venezuela y de Abanca en España / Foto: Abanca

Nadie. Nadie está seguro en Venezuela. Tampoco los bancos. Tampoco los banqueros. El gobierno de Nicolás Maduro ha consumado una de las amenazas pendientes, anunciando la intervención de Banesco, el banco de Juan Carlos Escotet, también presidente de Abanca en España. Sobre el instituto ya pendía la espada de Damocles, desde que Diosdado Cabello, uno de los factores de poder del régimen, anticipara que el gobierno podía adquirir la entidad. No la adquirió. La intervino, en principio por 90 días, han dicho las autoridades, pero se sabe cómo operan las dictaduras.

En 90 días Maduro se habrá reelecto luego de la farsa electoral del próximo 20 de mayo, y Banesco será un trofeo del poder.

Además, es usual entre los interventores encontrar problemas adicionales en las entidades intervenidas con el fin de eternizarse en el cargo, lo que el gobierno no rechazará mientras sirva al propósito de mantener bajo control a Banesco y, por ende, bajo amenaza a todo el sistema financiero.

Si el régimen no encontró elementos para plantear la compra, en cambio armó toda una operación con el fin de justificar la intervención, acusando al banco de Escotet de ser la plataforma de mafias que atentaban contra la moneda y contra la estabilidad económica.

Así, el gobierno abrió una averiguación -que llamó Operación Manos de Papel- que desencadenó en la detención de 11 ejecutivos de Banesco.

Lo que en principio la entidad tomó como una rendición de cuentas ante las autoridades, se transformó en una detención colectiva, en la que aparecen dos ejecutivos de nacionalidad española, hijos de inmigrantes.

Escotet se encontraba en Portugal atendiendo negocios y a la hora de conocer la evolución de los hechos partió hacia Caracas. Anunció a las autoridades de España que se desincorporaba de sus funciones en Abanca, lo que significa que está dispuesto a asumir los riesgos que implica concentrarse en el asunto Banesco.

La interventora designada es la viceministra de Finanzas, Yomana Koteich. Pero el verdadero poder detrás, son los cuatro figuras que han controlado la arremetida contra la institución: Cabello; el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami; el fiscal designado por la Asamblea Constituyente de Maduro, Tarek Willian Saab, y el propio Maduro, quien siempre tiene la última palabra.

Diosdado Cabello anticipó que el Gobierno podía adquirir la entidad / Foto: ConElMazoDando

Para un gobierno que ha agotado el discurso político, que ya no puede vender esperanzas, incapaz de manejar la crisis económica y social, y sin una oferta electoral que sea atractiva para sus propios seguidores, plantear una lucha contra el banquero de mayor fortuna de Venezuela y España, es tratar de construir un relato del bueno contra el malo, del pobre contra el rico, de la justicia contra la injusticia.

Es la consigna de la guerra económica, manejada y repetida desde el principio de los tiempos maduristas, que consiste en echarle la culpa del fracaso a los otros.

Primero fue el Grupo Polar –el principal emporio agroindustrial del país– y ahora es Banesco, el banco líder; y en cuanto líder, creció más que el estatal Banco de Venezuela y supera a todos los demás en operaciones electrónicas, por lo que su plataforma tecnológica es un elemento apetecible para el gobierno.

Hay un antecedente

En el 2010, el gobierno de Hugo Chávez y bajo propuesta del poderoso ministro de economía de la época, Jorge Giordani, intervino 35 casas de bolsa con el argumento de defender la moneda, atacando a los culpables, arrestando a los agentes bursátiles, señalados de especuladores y conspiradores, pues atentaban contra el bolívar.

El procedimiento no solucionó la escalada del llamado dólar paralelo. Pero los ejecutivos bursátiles pagaron cárcel por tres años y perdieron su negocio.

Un trofeo para Diosdado Cabello

Escotet distribuyó un video en el que se queja de trato injusto y operación desproporcionada hacia el tren de ejecutivos del banco.

Pero ¿qué significan estas palabras en un régimen en el que no impera el Estado de derecho? ¿Cuánto pesan estas palabras y cuánto puede pesar la defensa que emprenda el banquero?

Ha dicho que regresa a Caracas a dar la cara. Y con ello, se coloca en riesgo de ser detenido.

 

Banesco es un objetivo específico de Cabello. Lo era cuando vivía Hugo Chávez; y este, sabiendo el peso de la institución en el sistema financiero, evitó que se procediera con la misma cirugía de ahora.

Entonces se podía correr el riesgo de una corrida bancaria que afectara todo el entramado bancario.

Hoy, el peligro de una corrida es más remoto, pues no hay dinero efectivo que sacar de los bancos –el bolívar tampoco vale nada- y las vías electrónicas están colapsadas. Tampoco puede hablarse de banco refugio. En esta incertidumbre, no lo hay en Venezuela.

Los bancos y los banqueros, como todos los factores que hacen vida económica, son agentes sin protección, desamparados, ante el autoritarismo y la dictadura.

De hecho, el gobierno aplica con Banesco una fórmula similar a la que aplica con la multinacional Chevron.

Se procede contra la petrolera deteniéndole dos ejecutivos, se les señala de traición a la patria, y el mensaje es claro, según fuentes de todo crédito: que Chevron acepte el ingreso en la sociedad que mantiene con la estatal PDVSA en el campo PetroPiar, a un nuevo socio, la compañía rusa Rosneft, algo a lo que aquella se ha negado desde hace más de un año.

Con Chevron, el gobierno construye el relato de la lucha contra el imperio. Con Polar y con Banesco, la lucha contra la burguesía poderosa y apátrida.

Hay un universo chavista que asume estas consignas como verdad. Es el universo atendido por el clientelismo gubernamental. Es el chavismo que apoya a Maduro y recuerda a Chávez de manera incondicional.

Por su parte, Maduro entiende que después de ser reelecto en elecciones fraudulentas, requiere del respaldo de todas las facciones chavistas para soportar un periodo que se le hará más convulso, más incierto, debido a la posición militante de la comunidad internacional y debido a que no va a encontrar ni en el corto ni en el mediano plazo, soluciones a los graves problemas –hiperinflación, hambre, desempleo, caída del PIB, derrumbe de la producción petrolera- que sufre el país, que sufren los venezolanos y que provoca el éxodo masivo hacia el exterior.

La intervención de Banesco es un trofeo que Maduro coloca en manos de Cabello, a quien complace -por ahora- porque para después tampoco se sabrá si esta alianza de facciones se mantendrá, ya que todo es incierto y nadie está seguro en Venezuela.

Bancos ni banqueros. Ni el mismo poder. Ni siquiera Nicolás Maduro.

Caracas, la segunda ciudad más peligrosa del planeta

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Presidente del Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal, A. C.

Con una tasa de 111.33 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2017 la mexicana Los Cabos fue la ciudad más violenta del mundo e ingresó por primera vez al ranking.

Con una tasa ligeramente inferior (111.19) Caracas ocupó el segundo lugar; y con una tasa de 106.63, Acapulco tuvo la tercera posición.

Cinco de las 10 ciudades más violentas, entre las 50 que incluyen el ranking, son mexicanas: además de las ya mencionadas figuran La Paz, Tijuana y Victoria.

Más allá de las ciudades que ingresaron, reingresaron o salieron del ranking, los hechos de mayor importancia cualitativa en la más reciente edición del estudio periódico “Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo”, son tres:

  1. La pronunciada y rápida disminución de los homicidios en las ciudades de Honduras.

En el 2016 en San Pedro Sula se registró una tasa de 112.09 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en el 2017 fue de 51.18: una baja del 54.34% en tan sólo un año.

De este modo la urbe pasó de la tercera posición en el ranking en el 2016 a la 26 en el del 2017 (y ocupó el primer lugar mundial en los años 2011 al 2014).

En el 2016 en el Distrito Central se registró una tasa de 85.09 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en el 2017 fue de 48.00: una baja del 43.59% en tan sólo un año. Con ello pasó de la posición cuarta en el ranking del 2016 a la 35 en el 2017.

Estas reducciones extraordinarias no ocurrieron por casualidad, sino que son el resultado de un encomiable esfuerzo del gobierno de Honduras por erradicar en forma sistemática a células de grupos criminales, reducir la impunidad y actuar contra los delitos, distintos a los homicidios, que cometen las pandillas, así como poner orden en las prisiones.

  1. El incremento de la violencia en urbes de México.

En el sentido contrario a lo sucedido en ciudades de Honduras, en la brasileña Fortaleza la tasa de homicidios pasó de 44.98 en el 2016 a 83.48 en el 2017, un incremento del 85.59% en tan sólo un año.

Pero el disparo de la violencia homicida de Fortaleza palidece frente al habido en Los Cabos: pasó de 61 homicidios en el 2016 a 365 en el 2017, casi un 500% más en un año.

La violencia ha repuntado en México. En el 2015 cinco ciudades mexicanas se incluyeron en el ranking; en el 2017 fueron 12, la misma cifra del 2011.

Ciertamente en el 2017 las ciudades mexicanas estuvieron muy lejos de la tasa de casi 300 homicidios por cada 100 mil habitantes que alcanzó Juárez en el 2010, pero el incremento de la violencia es innegable.

Y ante la pregunta de por qué ha sucedido esto la respuesta es que se ha hecho lo contrario que en Honduras: no hay una acción para la erradicación sistemática de las milicias privadas de los grupos criminales y se ha permitido que la impunidad llegue a los peores niveles jamás registrados.

  1. La creciente dificultad para reconocer la magnitud de la violencia homicida en Venezuela, además del fenómeno demográfico que está sufriendo ese país

Desde años anteriores, pero sobre todo en el 2017, nos enfrentamos a un nuevo fenómeno que expresa la muy grave crisis que en todos los órdenes que enfrenta Venezuela: la creciente incapacidad de contar a sus muertos.

Ante datos oficiales, la información de la prensa sobre el tema en el 2017 fue mucho más escasa que en años anteriores, menos periódica y menos específica por lo que hace a la incidencia en las ciudades.

Por ello salieron del ranking dos ciudades de Venezuela, sin que tengamos la certeza de que no deberían figurar.

Por otro lado Venezuela está enfrentando un acelerado proceso de despoblamiento. Cuatro millones de sus habitantes han abandonado el país, más de la mitad de ellos en los últimos tres años. Como resultado las estimaciones oficiales de población no son reales, ni tampoco las tasas de homicidios basadas en ellas, sino más altas.

Otras novedades que presenta el ranking 2017 son:

  • Incluidas en el ranking del 2016, salieron del de 2017 seis ciudades: Cuiabá (Brasil), Curitiba (Brasil), São Luís (Brasil), Armenia (Colombia), Cumaná (Venezuela) y Gran Barcelona (Venezuela).
  • De estas, las dos últimas salieron porque no hay datos para calcular las tasas, no porque exista certeza de que las tasas de homicidios hayan bajado lo suficiente como para ya no figurar en el ranking.
  • Las cuatro restantes ciudades tuvieron tasas inferiores a la de Cúcuta, Colombia (34.78 homicidios por cada 100 mil habitantes) que ocupó el lugar 50.
  • Al ranking ingresaron las ciudades de Los Cabos (México), por primera vez; La Paz (México), por primera vez; Tepic (México), la cual reingresa; San Juan (Puerto Rico), la cual reingresa; Porto Alegre (Brasil), un reingreso y Campina Grande (Brasil), que también es un reingreso.
  • De las 50 ciudades del ranking 17 se ubican en Brasil, 12 en México, 5 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 3 en Colombia, 3 en Sudáfrica, y 2 en Honduras. Hay una ciudad de El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Jamaica. La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina (42 urbes).
  • En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 59.17 (41,430 homicidios dolosos entre 70,016,008 habitantes). Pero sólo las primeras 16 ciudades superaron ese promedio.

Estas son las 50 ciudades más violentas del mundo según el ranking 2017.

Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa
1 Los Cabos México 365 328,245 111.33
2 Caracas Venezuela 3,387 3,046,104 111.19
3 Acapulco México 910 853,646 106.63
4 Natal Brasil 1,378 1,343,573 102.56
5 Tijuana México 1,897 1,882,492 100.77
6 La Paz México 259 305,455 84.79
7 Fortaleza Brasil 3,270 3,917,279 83.48
8 Victoria México 301 361,078 83.32
9 Guayana Venezuela 728 906,879 80.28
10 Belém Brasil 1,743 2,441,761 71.38
11 Vitória da Conquista Brasil 245 348,718 70.26
12 Culiacán México 671 957,613 70.10
13 St. Louis EEUU 205 311,404 65.83
14 Maceió Brasil 658 1,029,129 63.94
15 Cape Town Sudáfrica 2,493 4,004,793 62.25
16 Kingston Jamaica 705 1,180,771 59.71
17 San Salvador El Salvador 1,057 1,789,588 59.06
18 Aracaju Brasil 560 951,073 58.88
19 Feira de Santana Brasil 369 627477 58.81
20 Juárez México 814 1,448,859 56.16
21 Baltimore EEUU 341 614,664 55.48
22 Recife Brasil 2,180 3,965,699 54.96
23 Maturín Venezuela 327 600,722 54.43
24 Guatemala Guatemala 1,705 3,187,293 53.49
25 Salvador Brasil 2,071 4,015,205 51.58
26 San Pedro Sula Honduras 392 765,864 51.18
27 Valencia Venezuela 784 1,576,071 49.74
28 Cali Colombia 1,261 2,542,876 49.59
29 Chihuahua México 460 929,884 49.48
30 João Pessoa Brasil 554 1,126,613 49.17
31 Obregón México 166 339,000 48.96
32 San Juan Puerto Rico 169 347,052 48.70
33 Barquisimeto Venezuela 644 1,335,348 48.23
34 Manaus Brasil 1,024 2,130,264 48.07
35 Distrito Central Honduras 588 1,224,897 48.00
36 Tepic México 237 503,330 47.09
37 Palmira Colombia 144 308,669 46.65
38 Reynosa México 294 701,525 41.95
39 Porto Alegre Brasil 1,748 4,268,083 40.96
40 Macapá Brasil 191 474,706 40.24
41 New Orleans EEUU 157 391,495 40.10
42 Detroit EEUU 267 672,795 39.69
43 Mazatlán México 192 488,281 39.32
44 Durban Sudáfrica 1,396 3,661,911 38.12
45 Campos dos Goytacazes Brasil 184 490,288 37.53
46 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 474 1,263,051 37.53
47 Campina Grande Brasil 153 410,332 37.29
48 Teresina Brasil 315 850,198 37.05
49 Vitória Brasil 707 1,960,213 36.07
50 Cúcuta Colombia 290 833,743 34.78

NOTA DE REDACCIÓN 1: Vale destacar que de acuerdo con este ranking 2017, Caracas fue la ciudad donde más homicidios se cometieron -de las 50 más violentas del planeta- con 3.387.

NOTA DE REDACCIÓN 2: Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), la tasa promedio mundial de asesinatos es de 9 por cada 100 mil habitantes.

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El Consejo Ciudadano Para La Seguridad Pública y la Justicia Penal, con sede en México, es una asociación civil integrada por organizaciones civiles, instituciones especializadas y comités ciudadanos, que busca mejorar al gobierno y a la sociedad, en seguridad pública y justicia penal.

Es un organismo independiente, representativo y apartidista, que busca el diálogo y la cooperación con las autoridades, consulta a las asociaciones e informar a la sociedad.

Esta asociación civil, realiza anualmente un estudio de la criminalidad mundial y produce un informe que es referencia y consulta obligatoria en el tema.

Informe OVV de Violencia 2017

1- La multiplicidad de la Violencia del 2017

La violencia en Venezuela durante el año 2017 estuvo asociada al notable deterioro en la calidad de vida del venezolano y a la disolución sistemática del Estado de Derecho como el mecanismo regulador tanto de las relaciones sociales como del acceso a los bienes materiales y al poder.

En el 2017 se mantuvo un fuerte impacto de la violencia delincuencial expresada en homicidios, robos, extorsión y secuestros.

En este año la vida cotidiana de los ciudadanos se alteró todavía más, restringiéndose las libertades personales y el ejercicio de los derechos, por el temor de las personas a ser unas potenciales víctimas tanto del delito como del abuso policial.

Nuevas formas de violencia adquirieron relevancia, tanto por el incremento de su magnitud, como por las novedosas razones que las originaron e impulsaron.

Ante el incremento de la escasez de bienes de consumo básico, en este año se notó un crecimiento de la violencia inter-ciudadana por la agresividad expresada en la competencia por adquirir dichos bienes y por el surgimiento de modalidades del delito asociadas a la captación de la renta económica derivada de su control y comercialización.

De igual modo, se pudo observar un incremento de la violencia doméstica derivada de las situaciones de hambre que se han presentado en los hogares. La carencia de alimentos en las familias ha obligado a una administración estricta de los pocos recursos disponibles que no siempre es acatada por sus miembros, provocándose situaciones de violencia de pareja o maltrato infantil inéditas en el país.

En el 2017 se pudo observar un notable incremento de la violencia del Estado, tanto en el uso desproporcionado y extrajudicial de la fuerza para el castigo y control del delito, como en el uso ilegítimo de la fuerza para la represión de la protesta social y política de los ciudadanos.

La disolución del Estado de Derecho

En el 2017 se acentuó la disolución del Estado de Derecho a partir de un conjunto de acciones y medidas que destruyeron los mecanismos institucionales establecidos en la Constitución vigente substituyéndolos con medidas e instancias de poder paralelas, provocando una doble institucionalidad que ha incrementado el sentimiento de anomia de la sociedad y ha reducido la creencia en las vías legales como el medio adecuado para la resolución de conflictos.

Durante todo el 2017, y por casi dos años consecutivos, se prolongaron los decretos de estado de excepción sin aprobación de la Asamblea Nacional y por un periodo muy superior a los cuatro meses máximo como lo exige la Constitución.

Las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia por las cuales el poder judicial se arrogaba los poderes correspondientes al poder legislativo llevaron a que la Fiscal General de la República, en tanto que guardiana de la ley, las calificara como una ruptura del hilo constitucional.

El establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente por mecanismos de convocatoria y de elección diferentes a lo establecido por la Constitución Nacional vigente; la posterior destitución de la Fiscal General y el nombramiento de un nuevo Fiscal por una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene las potestades legales y constitucionales para hacerlo, y sus posteriores acciones de aprobación de leyes y eliminación de unidades territoriales establecidas, actuando como un poder plenipotenciario sin haber sido derogada la anterior, ni haber sido aprobada una nueva Constitución, han conducido al establecimiento de una peligrosa doble institucionalidad en el país.

Un país que tiene dos Asambleas Nacionales, dos Fiscalías y dos Tribunales Supremos de Justicia, es una sociedad que no tiene mecanismos de control civilizados de la violencia.

Crisis económica, empobrecimiento y segregación social

La crisis económica, con una contracción de dos dígitos en el Producto Interno Bruto, la reducción a la mitad de las importaciones y la disminución de las exportaciones petroleras y no petroleras, así como la emisión de dinero inorgánico por parte del gobierno, ha provocado una inflación que ya da signos de hiperinflación.

La caída de los precios del barril y de la producción de petróleo venezolano, así como la baja productividad en la economía y el crecimiento de la economía informal, han provocado un incremento de la desigualdad en la sociedad y han creado dos polos contrastantes de extrema riqueza y extrema pobreza en el país.

En este 2017 se ha acentuado el desabastecimiento, se ha incrementado el costo de todos los productos de la canasta alimentaria y se ha deteriorado el ingreso familiar, generando una progresiva pauperización de enormes sectores sociales.

Los estudios realizados por las universidades nacionales muestran que cuatro de cada cinco hogares venezolanos (82%) están en situación de pobreza y que más de la mitad de las familias (52%) se encuentran en pobreza extrema; es decir, que no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Cáritas ha reportado que este año se ha incrementado en un 14,5% el número de niños con desnutrición aguda, con muchos de ellos fallecidos por el hambre.

El lograr algún alimento para el hogar pasó a ser una proeza para millones de familias venezolanas, las cuales se ven sometidas a largas y demoradas colas para la compra de unos pocos productos, y en las que hay tensión y focos de violencia por la discrecionalidad y segregación en las normativas que imponen los establecimientos o los militares encargados del cuido del orden en esos lugares.

La exigencia de un “carnet” para acceder a la compra de alimentos, medicinas y otras necesidades, requiriendo un documento de identidad diferente del que establece la legalidad venezolana, constituye un mecanismo de exclusión social, de sometimiento al poder y de pérdida de la ciudadanía, pues establece dos tipos de venezolanos: unos afiliados por un registro gubernamental para el acceso a unos pocos alimentos o medicinas y otros sin derechos a la alimentación y la salud.

2- La metodología de la investigación en Violencia

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que hasta el año pasado agrupaba a investigadores de seis universidades nacionales, incorporó en el 2017 la Universidad del Zulia (LUZ) y en consecuencia al estado Zulia. El OVV amplía, de esta manera, la cobertura regional en el estudio de la violencia, pues contamos ahora con cuatro estados del occidente del país (Zulia, Táchira, Mérida y Lara), dos estados centrales (Distrito Capital y Miranda), un estado del oriente (Sucre) y otro del sur (Bolívar), que suman un 49% de la población nacional.

El OVV ha trabajado con tres tipos de fuentes de información diferentes: datos que se publican en la prensa nacionalarchivos oficiales y encuestas de victimización aplicadas en los hogares. Para la recopilación y procesamiento de los datos que se publican en la prensa nacional, el OVV, a través de los Observatorios Regionales de Violencia (ORV) y de sus respectivos Observatorios de Prensa (OP), registra y contabiliza sucesos de violencia difundidos en medios de comunicación regionales y nacionales.

Adicionalmente, el OVV, por medio de la red de Observatorios Regionales, recibe datos oficiales de manera no-oficial. Estos archivos reportan delitos conocidos por las autoridades policiales, en aquellos casos en los que se presenta una denuncia o se realiza una actuación policial.

Hay que precisar que esta información no siempre es completa y presenta en general inconsistencias de diversos tipos, que demandan de un minucioso trabajo de revisión y de validación, en la medida que lo posibilitan los archivos. La tercera fuente de información es la que proviene de las encuestas de victimización, una de ellas es la Encuesta sobre Condiciones de Vida, ENCOVI, que llevan a cabo anualmente la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela.

El OVV se alimenta, además, de un programa de investigación con encuestas ad-hoc sobre la misma temática, pero estudiando su vinculación con problemas sociales diversos como, por ejemplo, la desigualdad, que llevan a cabo los centros de investigación que lo integran.

En este año se aplicaron de manera sistemática otras dos técnicas de recolección de información: los grupos focales y las entrevistas a profundidad.

En siete ciudades del país se realizaron grupos focales con los grupos sociales y ocupacionales más afectados por la violencia y se aplicaron entrevistas con líderes sindicales y comunitarios, así como con trabajadores de la salud y la seguridad, para tener mayor profundidad y detalle de las situaciones vividas, así como para comprender la construcción subjetiva de la violencia.

En esta oportunidad cabe destacar un estudio de particular importancia para determinar la cifra negra en materia de mortalidad violenta, que está llevando a cabo el OVV en cinco parroquias del Distrito Capital.

En esta investigación se está realizando una enumeración exhaustiva de casos de mortalidad violenta por medio de una encuesta a hogares, que en una etapa posterior se podrá cotejar con los registros oficiales disponibles sobre homicidios y muertes por resistencia a la autoridad.

Este ejercicio permitirá, con el empleo de una metodología conocida como de estimación por sistemas múltiples (ESM), una aproximación novedosa a la cuantía de la cifra negra letal en nuestro país.

El concepto de muertes violentas que utilizamos en este informe, se define como la suma de las muertes ocurridas bajo cada una de las tres categorías siguientes: homicidios legalmente establecidos, averiguaciones de muerte y resistencia a la autoridad.

La estadística oficial utiliza la categoría homicidios sólo para los casos (de una o varias víctimas) donde existe la apertura de un expediente judicial por asesinato. Muchos otros casos, de miles de muertes violentas; por ejemplo, de personas fallecidas a causa de un disparo de arma de fuego, quedan fuera de esa categoría por tener una intención “indeterminada”, por lo que se denominarían averiguaciones de muerte.

En otros casos, miles también, donde la muerte ocurre a consecuencia de una acción del Estado, policial o militar, se clasifican y archivan como resistencia a la autoridad. Ciertamente, no todo caso de enfrentamiento con la autoridad termina en homicidio, ni toda muerte en averiguación tiene por qué ser el resultado de un acto violento, pero es imposible saber con certeza cuántos lo son, y esto, entre otras razones, por la aparente falta de sistematicidad en los procedimientos de registro de los organismos oficiales encargados de esta materia.

En opinión del OVV, aun cuando la muerte sea el resultado de una acción legal ajustada al protocolo de uso proporcional de la fuerza, es una muerte violenta que debe ser contabilizada como tal, pues es el resultado del nivel de violencia existente en la sociedad.

Ante el silencio informativo habitualmente practicado por el Gobierno con relación a la mortalidad violenta y la dificultad de poder disponer de fuentes completas de datos confiables, el OVV ha venido empleando proyecciones estadísticas de las muertes violentas ocurridas en el país en un año calendario específico.

Para ello, hemos utilizado datos parciales aportados por diversas fuentes de información regional y nacional, en combinación con series estadísticas de muertes violentas del país desde 1990.

El ejercicio de predicción estadística en el 2017 se llevó a cabo estimando modelos de series temporales de los casos conocidos de homicidios y casos de resistencia a la autoridad de manera conjunta, registrados para los nueve primeros meses del 2017, y de las averiguaciones de muerte compiladas por la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ) y el actual Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), desde 1990 hasta el 2010.

El procedimiento de búsqueda de los mejores modelos de predicción consideró la clase de los modelos de suavizamiento exponencial y los modelos autorregresivos de promedios móviles integrados (ARIMA), resultando un modelo de suavizado exponencial simple para la serie conjunta de homicidios y muertes de casos de resistencia a la autoridad, y el modelo ARIMA (0,1,0) para la serie de casos de averiguaciones de muertes.

Hay que advertir que aun cuando los modelos ajustados son los “mejores” desde el punto de vista estadístico, es decir, aquellos que proporcionan el mejor ajuste a los datos y además aseguran el menor error de predicción, tal ejercicio se realiza asumiendo unceteris paribus, es decir, que las condiciones determinantes del comportamiento pasado no han cambiado y se mantienen constantes. Se comprende, por lo tanto, que en la medida en que el horizonte de predicción se alarga, el ejercicio de predicción es más incierto.

De cualquier manera, reconocemos que las cifras se mueven en la incertidumbre de unos intervalos amplios que pueden ubicar las tasas “reales” en magnitudes algo menores o algo mayores de las que resultan del ejercicio predictivo, expresado normalmente en afirmaciones que se declaran con un 95% de confianza.

3- La situación de Violencia en el 2017

Este año se cumplen catorce consecutivos de censura sobre la estadística oficial de criminalidad y violencia. Por ello, calculando en medio de la opacidad informativa con fuentes primarias nacionales y estadales, y con las informaciones de terreno a las cuales hemos tenido acceso a través de los siete Observatorios Regionales de Violencia, para finalizar este 2017 estimamos una tasa de 89 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y un total de 26.616 fallecidos en todo el territorio nacional.

Esta cifra incluye la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimamos en 16.046 casos; más las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.535 muertos; y los 5.035 fallecidos considerados como muertes violentas en averiguación.

Esta tasa representa una disminución de 3 puntos en relación al año anterior.

Los homicidios considerados como tales por las autoridades disminuyeron en su magnitud, pero se incrementaron otras formas de violencia, en particular la violencia del Estado expresada en el incremento de las personas víctimas que fueron clasificadas como fallecidos por “resistirse a la autoridad”. 

En promedio, en el 2017, cada semana fallecieron 106 personas por acciones de funcionarios policiales o militares; cada día del año murieron 15 personas por resistencia a la autoridad.

En el 2017 se observó un incremento de las personas fallecidas como consecuencia de un linchamiento. Si bien las cifras de linchamientos incluyen casos que no concluyeron en muerte de la víctima, a veces clasificados como intentos de linchamiento, en los casos que tuvieron consecuencias fatales se pudo establecer que cada semana del año hubo al menos un promedio de 2,4 personas muertas por linchamiento.

El mayor número se presentó en los estados Miranda, Monagas, Carabobo, Zulia y Bolívar.

De igual modo, se observó un incremento de las muertes por encargo o sicariato en el país. Si bien establecer cifras confiables es una tarea muy difícil, por la complejidad que este tipo de móvil representa para la investigación criminalística, especialmente en las situaciones de censura y oscuridad en los datos, desde el OVV podemos afirmar que en cada semana del año se cometieron al menos 6,4 homicidios que deben ser considerados como sicariato.

La zona con mayor número de este tipo de actos fue el estado Zulia, que agrupó cuatro de cada cinco casos registrados con esa clasificación, siguiéndole los estados Amazonas, Táchira y Falcón.

En cuanto al número de funcionarios policiales víctimas de muertes violentas, se pudo observar una disminución en Caracas y un incremento en otras zonas del país, y aunque resulta muy difícil establecer cuándo mueren en cumplimiento de sus funciones y cuándo simplemente son víctimas del delito como cualquier otro ciudadano, el estimado que podemos establecer es de al menos 1 policía asesinado cada día del año.

Una nueva dimensión de la violencia en el 2017 es el hallazgo en varias zonas del país de un incremento en los suicidios. Aunque estos eventos no han sido un foco de estudio del OVV, sí forman parte de la violencia.

En investigaciones realizadas en las universidades nacionales desde los años noventa, se incluía el suicidio como una forma de violencia “contra uno mismo”. Ésa es la misma definición que posteriormente adoptó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2000. Sin embargo, no había adquirido una relevancia social sino hasta fecha reciente, cuando se ha observado un incremento de los casos en diversas zonas del país.

En el estado Mérida, entre enero y noviembre del 2017 se quintuplicó la cifra de homicidios registrada en todo el 2016.

Ese incremento es de tal magnitud que supera la sumatoria de suicidios en Mérida durante en los últimos cuatro años, y arroja una tasa de 19 por cada 100 mil habitantes.

Ese es valor muy alto si tenemos en cuenta que para la OMS sólo 20 países del mundo alcanzan una tasa superior a la que está registrando Mérida en el 2017. Es un dato significativo al que debe hacerse seguimiento, porque podría revelar una causa de mortalidad derivada del contexto social y político del país que debe ser cuidadosamente atendida.

También en el 2017, entre los meses de abril y julio, se presentaron un conjunto de situaciones de violencia vinculadas a la protesta social y política de los ciudadanos, y la represión ejercida por los cuerpos policiales y militares.

Algunas organizaciones de la sociedad civil estimaron en 163 el número de fallecidos en estas protestas y en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se afirma que hubo 124 muertos por confrontaciones, uso desproporcionado o con la intención de hacer daño de la fuerza pública.

Las víctimas fatales de la violencia en el 2017 fueron fundamentalmente jóvenes: un 60% de las víctimas tenía entre 12 y 29 años de edad; una de cada tres víctimas (34%) tenía entre 18 y 24 años.

El 95% de las víctimas fatales eran hombres, los cuales en el 88% de los casos recibieron heridas múltiples y en un 90% murieron por armas de fuego.

El análisis estadístico de los Observatorios Regionales de Violencia reveló que el 84% de las víctimas eran trabajadores formales o informales.

Los victimarios mostraron unos rasgos muy similares a sus víctimas, conformando lo que en otros momentos hemos llamado una imagen de espejo: en un 61% tenían entre 12 y 29 años de edad, un tercio de ellos (35%) tenía entre 18 y 24 años y en un 98% eran hombres. El 60% de los victimarios se catalogaba como trabajador informal.

La violencia se ha extendido de una manera similar a lo largo de todos los días del año, no hubo casi diferencias entre los días de la semana, lo que sí se pudo notar fue un incremento de las muertes violentas al día siguiente de la fecha de pago quincenal, observándose un mayor número de víctimas los días 1º y 16 de cada mes.

Aunque la violencia es un fenómeno generalizado que tiene rasgos de epidemia en todas las entidades federales del país, hay un grupo de cinco estados con unas tasas superiores a la de 100 muertes violentas por cada 100 mil habitantes (100m/h) que concentran el 65% de las víctimas.

Los estados más violentos del país son: Aragua, con una tasa de 155 fallecidos por cada 100m/h; Miranda con una tasa de 153 por cada 100m/h; Amazonas con 146 por cada 100m/h; Bolívar con 113 y el Distrito Capital con 109 por cada 100m/h.

Otras dos entidades con una alta tasa fueron Carabobo con 91 y Sucre con 81 víctimas por cada 100m/h. Caracas como ciudad, que reúne el Distrito Capital y cuatro municipios del estado Miranda, arrojó una tasa de 104 muertes violentas por cada 100m/h.

Los estados con la menor tasa fueron Mérida y Nueva Esparta con 26 fallecidos por cada 100m/h, tasa que, sin embargo, es muy alta, pues resulta superior a la de Colombia como país.

Los diez municipios más violentos del país tuvieron una tasa de muertes violentas por encima de los 300 fallecidos por cada 100 m/h.

Destacan en particular, el municipio El Callao del estado Bolívar, con una tasa de 816 víctimas por cada 100 m/h, seguido por el municipio Andrés Bello del estado Trujillo, con una tasa de 429 muertos por cada 100 m/h. Luego continúan en orden decreciente, los municipios Acevedo (377) y Camatagua (355) del estado Aragua; Buroz (324) y Andrés Bello (318) de Miranda; elmunicipio José Rafael Revenga (307) de Aragua, Roscio (306) de Bolívar y en décimo lugar el municipio La Ceiba (305) de Trujillo.

Son municipios pequeños donde la violencia adquiere unas magnitudes notables por la poca población que allí habita y que se ve afectada tanto por el crimen como por la acción violenta de la policía.

Lo que se puede observar es que hay un patrón de distribución territorial de los municipios más violentos que asocia la ocupación territorial de delito con rutas de transporte de la droga, producción y contrabando de la minería, y con las zonas de dominio de las bandas dedicadas a la extorsión y el secuestro.

En el estado Bolívar los tres municipios con mayores tasas de muertes violentas se corresponden a la zona minera El Callao con 816 víctimas por cada 100 m/h, Roscio (capital Guasipati) con 306 por cada 100 m/h; y Sifontes (capital Tumeremo) con 274 por cada 100 m/h.

En el estado Trujillo los municipios más violentos, medidos en tasas por 100m/h, se localizan en la zona plana del estado que comunica la carretera Panamericana con el sur del lago de Maracaibo. Encontramos allí, los municipios Andrés Bello con 429 por cada 100 m/h, La Ceiba, donde se encuentra el puerto sobre el lago de Maracaibo, con 305 por cada 100 m/h; Miranda (Dividive) con 191 por cada 100 m/h; Motatán con 187 y Sucre (Sabana de Mendoza) con 165 por cada 100 m/h.

El estado Aragua tiene siete municipios con tasas superiores a las 200 muertes por cada 100m/h y están ubicados en el eje que comunica la zona de los llanos con el puerto de Ocumare en el municipio Costa de Oro (con 244 muertes por cada 100m/h). Son los municipios Santo Michelena (Tejerías, 355); J. R. Revenga (El Consejo, 307); Zamora (Villa de Cura, 244); J.F. Rivas (La Victoria, 208); Bolívar (San Mateo, 266); Libertador (Palo Negro, 155) con el sur Camatagua (346) y Urdaneta (Barbacoas, 147).

En el estado Miranda la violencia se acentúa en los alrededores de Caracas hacia la zona de Barlovento y hacia los Valles del Tuy, llegando a tener unos de estos municipios el doble o el triple de la tasa de homicidios que Petare. Los cuatro municipios más violentos del estado se encuentran en la región de Barlovento, y son: Acevedo (Caucagua, 377); Buroz (Mamporal, 324); Andrés Bello (San José de Barlovento, 318) y Brión (Higuerote, 296). Los otros corresponden a los Valles de Tuy como son los municipios Independencia (Santa Teresa, 280), Paz Castillo (Santa Lucía, 250), Bolívar (Yare, 210), Cristóbal Rojas (Charallave, 192) y Lander (Ocumare, 191).

En el estado Zulia los municipios más violentos se encuentran al sur del lago de Maracaibo. El municipio Baralt (San Timoteo, 194) que se encuentra entre la carretera Panamericana y el lago, y que es fronterizo con los municipios más violentos del estado Trujillo y los municipios Jesús M. Semprum (Casigua, 176) y Catatumbo (Encontrados, 115), los cuales conectan la frontera colombiana con los puertos del lago de Maracaibo por carreteras y ríos.

En el estado Carabobo los tres municipios más violentos están alrededor del lago de Valencia y son fronterizos con el estado Aragua: Diego Ibarra (Mariara, 234); Carlos Arvelo (Guigüe, 127) y Los Guayos (122). Y el cuarto es el municipio Juan José Mora que se corresponde a la ciudad de Morón (114), intersección de la autopista central del país hacia Puerto Cabello.

En ese contexto general Venezuela permanece en el año 2017 como el segundo país más violento del mundo, sólo superado por El Salvador, quien mantiene sus altas tasa de asesinatos.

En Centroamérica, el otro país con alta criminalidad ha sido Honduras y en este año ha mostrado una reducción. Y aunque Costa Rica ha tenido un incremento en el delito y la violencia, la tasa estimada de 14 homicidios por cada 100 m/h, la coloca en una posición muy distante de Venezuela.

En Colombia se tendrá la tasa más baja de los últimos 42 años con 10.871 muertes y una tasa de 23 por 100 m/h. La evolución de la situación de violencia con posterioridad a los Acuerdos de Paz tendrá que seguirse observando, pues aunque la tendencia a la disminución de la violencia se ha sostenido por varios años no se descarta que los grupos guerrilleros que no se acojan al proyecto político pueden derivar a otras formas de criminalidad y violencia.

Brasil, por el contrario, ha tenido un incremento y se estima que el año podrá concluir con una tasa de 29,9 homicidios por cada 100m/h.

Un caso similar es el de México que mostrará la tasa más alta en una década con 16,9 homicidios, pero aun así tienen una situación de criminalidad y unas tasas muy inferiores a las de Venezuela.

Es muy difícil interpretar unívocamente la leve disminución que ha tenido la tasa nacional de muertes violentas en el año 2017. En el pasado, han ocurrido disminuciones similares sin que hayan sido el resultado de políticas públicas eficientes, y muestra de ello es que no han podido sostenerse como tendencia en los años siguientes. Sin embargo, hay algunas hipótesis que se pueden adelantar para la interpretación de estos datos.

La primera y más fuerte es que en el país hay menos homicidios porque hay menos homicidas. La disminución de los criminales sería una resultante del plan de exterminio de los homicidas llevado adelante por las acciones gubernamentales como las Operaciones de Liberación del Pueblo y que se encuentran reflejadas en las altas cifras de fallecidos por resistencia a la autoridad en los años 2016 y 2017.

Si éste ha sido el propósito de este tipo de acciones se puede entonces pensar que han sido eficientes, pero en los estudios que hemos llevado a cabo en comunidades populares del país se evidencia que hay un doble sentimiento: unos afirman que bajaron los homicidios porque ya mataron a los delincuentes y otros se quejan de los abusos y de las personas inocentes que han perecido en medio de tales acciones, que en cualquier caso son siempre ilegales y extrajudiciales.

El problema con este tipo de acciones no es solo que son violatorias de los derechos fundamentales de la población y de la ley, sino que representan una destrucción de la institucionalidad y su éxito será transitorio, pues mientras existan espacios para los negocios ilegales y una renta que captar, otros vendrán a substituir a los que fueron eliminados. Permanece entonces el problema, con el agravante que se habrá debilitado el pacto social, pues la policía y el Estado se percibirán como violadores de la ley y no como quienes tienen la responsabilidad de cumplirla y hacerla cumplir.

Una segunda hipótesis está vinculada a las protestas sociales y políticas que durante al menos cuatro meses del año mantuvieron el país con una tensión provocada por la prohibición de las fuerzas de seguridad del derecho a la manifestación pacífica de los ciudadanos y por la violencia de algunos manifestantes y las respuestas violentas de algunos cuerpos policiales y militares ante tales situaciones.

Ciertamente el 2017 fue un año muy particular pues se mantuvo en el país un amplio despliegue militar y policial, con alta movilidad territorial y alta rotación de personal, que hacía muy dificultosas las operaciones del crimen organizado.

Si bien el pequeño delito o los agentes libres del crimen podían aprovechar las oportunidades que brindaba la confusión o el descuido de algunas zonas por los cuerpos policiales, para el delito de mayor complejidad y las bandas de crimen organizado, les resultaba más difícil la actuación por el despliegue militar y policial en las calles y por la parálisis en actividades laborales, educativas o recreacionales que vivió el país.

Es posible también hipotetizar que el incremento del delito organizado en el país y su mayor control territorial de amplias zonas urbanas y rurales, puede haber conducido a una disminución de los homicidios.

Se trataría de una paz criminal que no reduce el delito, pero sí logra hacerlo con la violencia, bien sea por acuerdos de cooperación criminal o porque algunas bandas logran imponerse sobre otras, disminuyendo el nivel de conflictividad y aumentando la racionalidad en la administración criminal de la violencia.

4- El empobrecimiento y la violencia

El desabastecimiento de importantes alimentos de la dieta básica, la carestía y escasez de medicinas, equipos y repuestos indispensables para servicios tan básicos como el transporte, la electricidad, el gas doméstico, o la gasolina, generan ansiedad, frustración y originan conflictos que hacen aparecer formas inéditas de violencia y de delitos.

La violencia y el delito provocados por la escasez

El empobrecimiento, la inflación y la escasez de los alimentos ha llegado a situaciones muy extremas y dolorosas, que no habían sido imaginadas ni en los momentos más difíciles de la economía nacional: se ha extendido a todos los centros urbanos del país la presencia de niños, jóvenes y familias enteras buscando algo que comer en la basura; también se incrementa el hurto de comida en los lugares de abastecimiento; el asalto a las bolsas de comida que llevan las personas mayores, y son frecuentes también los robos a vehículos que transportan alimentos en las vías públicas.

En los lugares que venden alimentos son frecuentes los conflictos con quienes pretenden ocupar o invadir un lugar en la fila, o por corrupción o decisiones discrecionales sobre cuánto y a quien vender los alimentos. Las cajeras y los vigilantes en los supermercados son blanco frecuente de acusaciones y agresiones.

En las “colas” suelen aparecer personas armadas que se imponen y ocupan los primeros lugares para adquirir los productos desplazando a los demás y generando conflictos o sometimiento por el uso de la fuerza. En algunos casos esto ha ocasionado lesiones y hasta la muerte, como fue el caso de una mujer asesinada de un disparo en la cara, ante cerca de 500 personas que estaban en las filas para la compra de alimentos en Barquisimeto.

Una situación del mismo origen ha ocurrido con los robos colectivos y saqueos de los supermercados o el asalto y saqueo de los vehículos que transportan comida que han ocurrido en distintos lugares del país.

El delito amateur se generaliza

El incremento de los precios que ha hecho inaccesibles los alimentos y medicinas a una parte mayoritaria de la población, ha llevado a que personas sin trayectoria delincuencial sustraigan productos en los anaqueles de los comercios, al robo de productos en los lugares de trabajo y hasta al despojo de las loncheras de los niños más pequeños en las escuelas.

El riesgo del robo se extiende en todos los espacios, lo que acrecienta la desconfianza mutua, todos están bajo sospecha y ningún espacio público es seguro, por lo que toda persona debe estar no sólo alerta, sino a la defensiva, cuidando sus pertenencias.

En los grupos focales, los choferes de transporte público se quejaban de ser acusados de complicidad con quienes les asaltan, pero también ellos mismos declaraban su temor a ser víctimas de sus usuarios pues no tienen control de quien aborda su vehículo.

La violencia doméstica: entre la solidaridad y la violencia familiar por alimentos

Los hogares en pobreza han visto muy reducida la disponibilidad de los alimentos y aunque en los estudios las familias informan que deben dedicar la casi totalidad de sus ingresos a la compra de comida, la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2017) mostró que el 32,5 % de los venezolanos (9,6 millones de personas) sólo comen dos o menos veces al día.

Esto genera dificultades en la convivencia familiar, pues los pocos productos que pueden comprar son racionados o reservados para determinados miembros de la familia (los más pequeños o los enfermos) y cuando alguno incumple esas reglas, se producen situaciones de conflicto y violencia, como los casos de una madre que le quemó las manos a su hija por tomarse el tetero de su hermana u otra que quemó los labios a un hijo por comerse durante la noche el poco alimento guardado para toda la familia.

Al contrario, también debemos destacar que hay múltiples expresiones de solidaridad como el de una niña en Antímano, Caracas, quien contaba cómo ella se iba a dormir más temprano para que no le diera hambre y así su hermanita menor pudiera comer.

Las bandas criminales y el reclutamiento de niños en pobreza extrema

Las investigaciones que realizan los equipos del OVV han encontrado que en esos contextos de penuria económica, escasez y sin oportunidades educativas o laborales, las bandas delictivas brindan apoyo material a quienes identifican como pobres o vulnerables, regalándoles comida, prestándoles dinero, lo que les permite la captación de muchachos para quienes estos jóvenes armados son “buenas” personas a quienes les “gusta ayudar” y hasta aconsejar en casos de necesidades y problemas.

Las técnicas de reclutamiento, los señuelos que en el pasado solían ser objetos de moda o lujo, se han substituido por la oferta de alimentos básicos.

Los grupos delictivos están avanzando con la conquista de miles de jóvenes que incursionan en la violencia y cuyo destino está siendo la muerte, la cárcel y la frustración de tantos sueños y esperanzas forjados por sus familias y comunidades.

Las tres cuartas partes de las víctimas que mueren por la violencia tienen menos de 30 años, y por eso también las tres cuartas partes de los que asesinan tienen también 29 años o menos.

La violencia del transporte público

Las encuestas y los grupos focales realizados este 2017 por los Observatorios Regionales, han registrado el miedo generalizado de la población a ser víctima del delito y la violencia, en particular cuando se movilizan en el transporte público.

Ocho de cada diez venezolanos tiene miedo de ser víctima del delito en los autobuses en las ciudades o en las carreteras interurbanas. La violencia crece en un servicio de transporte cada vez más precario.

Las unidades de transporte se han reducido en número por el alto costo de los repuestos y la imposibilidad de conseguirlos debido a la escasez. Los choferes denuncian nuevas modalidades delictivas que incluyen el secuestro de choferes y de las unidades, con mucha frecuencia para robar los repuestos del vehículo cada vez más escasos.

Las peleas e insultos entre los usuarios y los conductores del transporte público son frecuentes y se agravan en los casos de violencia delincuencial en los que impera la desconfianza mutua entre usuarios y transportistas.

Cada uno de los Observatorios Regionales del OVV realizó una campaña de sensibilización sobre la violencia, colocando calcomanías en las unidades de transporte público para mejorar la percepción de los usuarios sobre la convivencia en las rutas de transporte.

Después de la campaña se hizo un post test para verificar los resultados de esta labor promocional, lo que permitió valorar lo apropiado de esta iniciativa y la necesidad que tenemos como sociedad de mejorar las relaciones de respeto y confianza entre los usuarios y choferes de este servicio público.

Por otra parte, los OVV regionales lograron construir mapas de riesgos, en los que, con participación de los choferes, fue posible identificar los sitios de mayor vulnerabilidad y los tipos de delitos asociados, información que hemos ofrecido a las autoridades públicas locales para apoyar los programas de seguridad en la movilidad de los usuarios de rutas urbanas e interurbanas.

Las calles de las ciudades se vacían al anochecer, el transporte público se reduce y las personas en las ciudades parecen sometidas a toques de queda impuestos por los grupos delictivos, no sólo en los barrios y urbanizaciones, sino en las avenidas y autopistas del país.

Robos de vehículos

La violencia asociada al robo de vehículos parece haber disminuido, pues los delitos denunciados a la policía disminuyeron en este año. Es muy difícil poder establecer con certeza la explicación de este fenómeno, pudiera ser el resultado de unas políticas públicas adecuadas, puede ser también que no se redujo el delito, o al menos no en esa magnitud, sino lo que se redujo fue la denuncia del delito.

En Venezuela los diversos estudios realizados, tanto por las universidades como en las encuestas de victimización del gobierno nacional, han mostrado que entre el 62% y el 66% de los delitos no son denunciados a la policía.

Esta cifra era sin embargo menor en el caso del robo de vehículos y la razón fundamental era que las personas querían protegerse de la responsabilidad penal que podía derivarse de un daño provocado por el vehículo de su propiedad, y la segunda, y más importante, que ésa era la única manera de poder cobrar el seguro que tenían para el vehículo.

Dos circunstancias han cambiado en el país y que se deben tomar en cuenta para una posible explicación.

La primera es que ha ocurrido un descenso notable del porcentaje de vehículos asegurados por los altos costos de la prima y porque la inflación desactualiza el monto de la cobertura y no permite la reposición del bien.

La segunda es que gran parte del robo de vehículos pasó a convertirse en un “secuestro de vehículos”, es decir, el ladrón no quiere quedarse con el carro sino que a las pocas horas contacta al propietario y le solicita un monto en dinero para devolverle su vehículo. En esa modalidad las víctimas deciden no denunciar, sino esperar y negociar con los delincuentes y los casos de robo de vehículos disminuyen en su notificación, no en su ejecución.

5- La Violencia de Estado

En el 2017 se pudo observar un incremento en la violencia ejercida por el Estado para la represión de los presuntos delincuentes, así como para la represión de la protesta social y política.

El aumento de las víctimas que las autoridades calificaron como “dados de baja” por resistir a la autoridad y que según las denuncias de muchas familias y de la Fiscal General de la República pueden ser interpretadas como ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas policiales y militares, y no como uso legítimo de la fuerza, constituyen un aspecto preocupante de la violencia en el país.

Este tipo de acciones, destinadas no a la contención del delito ni a la aplicación de la ley, sino al aniquilamiento de los presuntos delincuentes, se convierten en un factor que socava la legitimidad de la fuerza pública y concreta la destrucción del pacto social. Estas operaciones pueden gozar de la simpatía de una parte de la población e incluso tener un relativo éxito en el corto plazo, pero la experiencia histórica ha demostrado que no son sostenibles, pues destruyen la institucionalidad y se transforman luego en más violencia para la sociedad.

De igual manera se pudo observar un uso desproporcionado de la fuerza e incluso la intención de hacer daño por parte de las autoridades para contener las protestas sociales y las manifestaciones políticas.

Los reportes de la Fiscal General de la República y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirman que la violencia utilizada excedía la legítima utilización de acuerdo a los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, establecidos por las Naciones Unidas en 1990 y suscritos por Venezuela en 1990, que señalan claramente que “no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos”.

Esta violencia desproporcionada e ilegítima del Estado, puede igualmente tener una eficacia temporal; pero al no ofrecer caminos para la resolución pacífica y democrática de las diferencias políticas, se convierte en una fuente de más violencia en el futuro.

6- El desmoronamiento del Sistema de Justicia Penal

Los tres componentes del sistema de justicia penal, que constituyen el freno formal para la contención del delito y la violencia, las policías, los tribunales y fiscalía, y las cárceles, sufrieron serios deterioros en el 2017.

Los cuerpos policiales vivieron un importante retroceso por la pérdida de su personal. Durante todo el año fueron continuas las renuncias de los funcionarios policiales quienes abandonaron sus puestos de trabajo para buscar empleo y mejores salarios en el sector privado o para emigrar del país.

Eso ha llevado a una reducción del pie de fuerza de las policías que limita las funciones preventivas y el servicio a la ciudadanía. Su sustitución por nuevas promociones de policías seleccionadas y formadas de manera express, no pueden garantizar ni el personal idóneo, ni su capacitación adecuada para cumplir las importantes funciones que se les encomiendan.

Las intervenciones de las policías municipales y regionales con una clara motivación político partidista que ocurrieron durante el año y después de las elecciones regionales, crearon una imagen negativa y parcializada de los policías ante la población y una desmoralización entre los propios funcionarios; nuestros estudios muestran que se sienten fichas del juego político y no servidores de toda la comunidad.

El involucramiento de los funcionarios policiales y militares en la comisión de robos, secuestros, tráfico de drogas y homicidios constituye una grave pérdida para la sociedad. La denuncia pública de la Fiscal General de la República que el 20% de los homicidios en el país, uno de cada cinco, son cometidos por funcionarios policiales es de suma gravedad. 

De nuestra parte, los estudios realizados por los Observatorios Regionales han reportado que el 19,5 de todos los delitos violentos conocidos por la sociedad durante el  2017 tuvieron como autores a funcionarios policiales o militares.

Finalmente, las cárceles -que en lugar de ser espacios de castigo e incapacitación de los delincuentes para cometer nuevas fechorías- se conviertan en clubes sociales del crimen y centros para la planificación y ejecución de delitos fuera del recinto penitenciario, y constituyen la mayor afrenta posible al sistema de justicia penal, pues es claro para la sociedad que eso no es posible que ocurra sin complicidad o al menos la pasividad de las autoridades.

La violencia endémica de las cárceles se trasladó a los centros de detención, los cuales, según estimaciones, albergan alrededor del 30% de los privados de libertad, algunos por meses o año, en lugares que no están preparados para estos fines y que obligan a distraer una parte importante del pie de fuerza policial que se debe dedicar a vigilar presos en lugar de cuidar a los ciudadanos.

La transformación del sistema de justicia penal que ha existido en el país, de precario y deficiente en la administración de justicia, en una herramienta de la política para la aplicación del derecho penal del enemigo, no permite augurar una pacificación de la sociedad, sino todo lo contrario.

7- Llamado Final

Las Universidades Nacionales que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia reiteramos nuestra convicción sobre la capacidad de la sociedad venezolana para superar y revertir esta situación de violencia que nos afecta. La escalada de la criminalidad es el resultado de un notorio deterioro del pacto social, de las reglas de convivencia y de resolución de conflictos sociales y políticos, y del desmoronamiento del sistema de justicia penal.

Es la consecuencia de políticas equivocadas que, con una óptica belicista, asumen la seguridad pública como el aniquilamiento de enemigos, generando más muertes y fortaleciendo a los grupos delictivos.

El Estado es el responsable de ejecutar políticas adecuadas y planes eficaces para la prevención del delito y ofrecerle seguridad a las personas y a sus bienes.

Es obligación del Estado implementar las medidas y acciones orientadas a defender la vida y detener y castigar a los delincuentes, y hacer efectiva la protección especial y preferente que demandan las víctimas. Las Universidades Nacionales expresamos nuestra voluntad de contribuir con nuestros saberes y destrezas a la pacificación del país y al restablecimiento del Estado de Derecho.

Conforme a lo establecido en la normativa internacional de Derechos Humanos y lo expresamente consagrado en la Constitución Nacional vigente, corresponde al Estado la obligación primordial de respetar y no violar los derechos humanos, por lo que sus instituciones y funcionarios deben aplicar normativas y procedimientos garantistas de los derechos a la vida, la integridad personal, la justicia y de cumplimiento del debido proceso.

Estas garantías, consagradas en los Tratados Universales de Derechos Humanos, son condiciones y requisitos para revertir las manifestaciones de violencia que hoy nos agobian y son principios que todos los sectores del país debemos promover y exigir tanto a otros como a nosotros mismos, entendiendo que se trata de valores universales que, afirmados por las familias, la sociedad civil, las fuerzas políticas y por el Estado, sustentarán la paz y la convivencia democrática.

Caracas, 28 de diciembre de 2017

El Cartel de PDVSA

Vladimiro Mujica, Noticiero Digital

En un lúgubre video que circula por las redes sociales se ve borrosamente el perfil regordete y sombrío, esposado y cabizbajo, de Nelson Martínez, alto gerente petrolero, arrestado por miembros de uno de los tantos brazos del estado policial venezolano.

Nelson Martínez, recién nombrado presidente de Pdvsa.

La voz en el video, probablemente la del Fiscal General impuesto por la inconstitucional ANC, utiliza la palabra Cartel para referirse a la organización delictiva que se había ido articulando en el seno de la corporación estatal petrolera venezolana.

La ola de arrestos y despidos de los altos mandos petroleros, que ha terminado por afectar al otrora todopoderoso Rafael Ramírez, ha sorprendido al país y ha llevado a muchos a preguntarse si el régimen venezolano, procediendo a través del fiscal Tarek William Saab, tiene en verdad la disposición de actuar contra la corrupción generalizada que se ha convertido en la marca de fábrica de la revolución chavista.

Yo tendería a creer que nada más remotamente alejado de la verdad.

Cuando regímenes como el venezolano, combinación de Estados policiales con dictaduras de nuevo cuño, controlados por verdaderas mafias de poder, actúan en contra de sus propios miembros, es normalmente por una de tres razones:

(1) Un grupo interno intenta desplazar a otro;

(2) Un grupo estaba intentando hacer negocios sin hacer partícipe a los otros;

(3) Se busca un grupo de chivos expiatorios para defender al régimen en su conjunto interna e internacionalmente.

La naturaleza de la operación CITGO, donde aparentemente se endeudó a la nación sin autorización formal del gobierno y la AN, y los otros elementos que están surgiendo, incluyendo la defenestración de Ramírez como embajador de Venezuela ante la ONU, permiten intuir que las acciones de la Fiscalía se inscriben en el esquema canónico 1+2+3, que se describe en el párrafo anterior.

Por supuesto que mucha gente no dejó de sentir un fresquito por ver a connotados chavistas recibir una dosis de su propia medicina de represión y violaciones de los derechos ciudadanos, al verlos expuestos “con los ganchos puestos”, ciudadanos civiles detenidos por un organismo de contrainteligencia militar, seguramente con órdenes judiciales a la medida.

Pero me temo que se trata de la ilusión de una simple operación gatopardiana, como argumentó Horacio Medina en una de sus infaltables notas diarias: cambiar para que todo quede igual.

Más allá de todas estas especulaciones sobre el verdadero significado del encausamiento de un grupo importante de gerentes de la industria petrolera, conviene examinar en retrospectiva el daño inmenso que 20 veinte de desgobierno chavista le ha causado a la actividad económica más importante de la nación.

Habría que comenzar apuntando que la maquinaria de desinformación del régimen ha intentado presentar durante años una historia fabricada según la cual fue Chávez quien nacionalizó la industria y la rescató de los malvados monopolios transnacionales para el disfrute de los venezolanos.

Nada más lejos de la realidad. El 29 de agosto de 1.975 el presidente Carlos Andrés Pérez puso el «ejecútese» a la Ley que reserva al Estado venezolano la industria y el comercio de los hidrocarburos, con lo cual quedó nacionalizada la industria petrolera. Ese hito de la odiada “IV República” marco un antes y un después en la historia venezolana.

Es aleccionador recordar que Pérez en una reunión con gerentes e ingenieros de la industria les preguntó si ellos le aseguraban que la industria seguiría funcionando si la ponía en manos venezolanas. La respuesta fue un “Si” responsable y sobrio en buena medida determinado por el hecho de que esos ingenieros y gerentes se habían formado en las universidades venezolanas y en programas de transferencia tecnológica y de conocimientos con las operadoras internacionales.

La industria petrolera fue uno de los pocos proyectos con continuidad institucional en Venezuela, protegida en buena medida de los vaivenes políticos por un acuerdo no escrito entre los principales partidos de respetar su independencia.

Avergüenza y deprime hacer una comparación entre los cuadros y el desempeño de PDVSA en sus años dorados, cuando estaba entre las primeras corporaciones petroleras del mundo, y la empresa en harapos, al borde de la insolvencia financiera y técnica que el chavismo le legará a los venezolanos.

De hecho, a lo que hemos asistido durante la era chavista es a una acción sostenida de desnacionalización cuyas manifestaciones más evidentes son las negociaciones con Rusia y China, y que se ha traducido, entre otras cosas, en que la proporción de la producción de las operadoras extranjeras es superior a la venezolana.

Acciones realizadas bajo un espeso manto de turbidez que impide tener información completamente confiable. PDVSA incumple desde hace años la ley de BCV y muchas de la información sobre producción petrolera solamente se puede obtener en organismo internacionales que hacen seguimiento al comercio de hidrocarburos.

Se sabe la enorme magnitud del endeudamiento con chinos y rusos, realizado en buena medida sin la aprobación de la AN; se sabe de las condiciones leoninas de venta de petróleo a futuro acordadas con los chinos; se sabe de la entrega vergonzosa de tecnologías desarrolladas en Venezuela como la Orimulsión; se sabe algo de las condiciones recientes de entrega de instalaciones de operación de la industria a manos rusas y chinas.

Se sabe, en fin, que en una pornográfica operación orwelliana el régimen chavista ha hipotecado crecientemente nuestra industria en manos extranjeras, y la llevado a un estado casi terminal de endeudamiento y precariedad tecnológica, a la par que se presenta como paladín revolucionario del rescate del petróleo para el pueblo.

Capítulo aparte en esta epopeya de guerra contra su propio pueblo que el régimen chavista ha llevado en el ámbito petrolero, es la destrucción del recurso humano y tecnológico venezolano.

Esta horrenda y monstruosa operación comenzó, sin duda, con el despido en 2002-2003 de unos 20.000 trabajadores de la industria petrolera a raíz de lo que se convocó inicialmente como un Paro Cívico Nacional y terminó siendo llamado por chavistas y opositores como el Paro Petrolero.

Al margen de las múltiples inconsistencias del liderazgo opositor en la ejecución y conducción de esta acción, está el hecho de que la barbarie gubernamental descabezó a la industria y la despojó su más importante activo: sus trabajadores, gerentes e ingenieros calificados.

La anocracia revolucionaria, no solamente la emprendió contra el personal de la industria sino contra las universidades e institutos de investigación.

Especial mención requiere la destrucción de INTEVEP como centro de apoyo tecnológico a PDVSA y su conversión en una escuela de cuadros del chavismo.

La hecatombe de destrucción de la industria “meritocrática” y su reemplazo por una industria convertida en caja de financiamiento del presupuesto paralelo del gobierno, usado para financiar sus operaciones clientelares políticas internacionales y de populismo en Venezuela, lanzó al éxodo a miles de nuestros mejores hombres y mujeres, que habían surgido en nuestra industria y que ahora contribuyen con su esfuerzo a la vida de otras naciones.

Es mucho más que el encarcelamiento de unos gerentes y el escándalo que ello trae, presentado como una operación moralizadora, lo que la pseudo-revolución chavista le adeuda a los venezolanos de hoy y a las futuras generaciones que tendrán que conducir la ciclópea tarea de recuperar Venezuela.

De cómo un juez destituido se convirtió en el principal artífice judicial del presidente de Venezuela

Girish Gupta, REUTERS

En marzo pasado, Maikel Moreno conmocionó a su país cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que preside anuló los poderes de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, y se los adjudicó.

Incluso en una nación acostumbrada a la agitación política, la decisión desencadenó protestas masivas que llevaron a Moreno y a su corte de 32 miembros a suspender parcialmente la medida tres días después.

El juego de poderes ilustró el rol de Moreno como brazo ejecutor clave de la administración socialista de Nicolás Maduro, calificada como una dictadura por un número creciente de gobiernos, desde Francia y Estados Unidos hasta algunos vecinos sudamericanos como Colombia y Perú.

Bajo la tutela del guardaespaldas de 51 años devenido en juez, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha invalidado casi todas las leyes importantes aprobadas por el Parlamento.

Sin embargo, el pasado de Moreno sigue siendo desconocido, incluso para la mayoría de los venezolanos. Para rastrear su trayectoria, Reuters examinó documentos y entrevistó a socios, colegas y amigos en cinco países

La imagen que emerge es la de un jurista que, aprovechando sus conexiones personales y manejando casos políticamente sensibles que otros abogados y jueces rechazaron, se fue acercando a Maduro y a otros miembros de la “Revolución Bolivariana” lanzada por el fallecido líder Hugo Chávez.

En su ascenso al pedestal judicial de Venezuela, Moreno dejó atrás un pasado que incluye acusaciones de extorsión y tráfico de influencias y su arresto en 1989 bajo sospecha de matar a un adolescente, según documentos oficiales y personas familiarizadas con sus antecedentes.

Reuters no encontró evidencia de que Moreno haya sido juzgado o condenado por algún crimen.

En un breve intercambio de mensajes de texto con Reuters el 7 de noviembre, Moreno dijo que las acusaciones de haber cumplido un tiempo en prisión, un viejo rumor en Venezuela, fueron “inventadas” por la “prensa amarillista”.

Aunque ofreció conceder una entrevista a Reuters, luego no respondió las solicitudes para agendar una, ni tampoco a preguntas adicionales vía mensaje de texto sobre su carrera y otros episodios en los que fue acusado de malos manejos.

Ni el TSJ ni el Gobierno de Maduro respondieron a otras solicitudes de comentarios.

Documentos que incluyen un reporte de inteligencia de 2006 de la división de seguridad del Tribunal y un fallo de la máxima corte en contra de Moreno, indican que en el pasado el magistrado fue acusado de estar del lado equivocado de la ley.

En 1989 estuvo involucrado en un tiroteo, y luego en 2007 fue destituido de su cargo de juez en un tribunal menor, por lo que el TSJ de ese momento dijo fue una liberación inapropiada de dos sospechosos de asesinato.

Los adversarios de Maduro sostienen que Moreno ha sido instrumental para apuntalar a un Gobierno que es percibido como cada vez más autoritario.

En los últimos meses, el TSJ ha enviado a cinco alcaldes de la oposición a la cárcel y aprobó la destitución de la fiscal general, que huyó del país a mediados de agosto, uniéndose al creciente éxodo de críticos de Maduro. [nL2N1L9152]

En mayo, el Tribunal presidido por Moreno dio luz verde para que Maduro procediera con las elecciones que dieron origen a la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano legislativo todopoderoso que ha reemplazado a la Asamblea Nacional, y que para muchos, consolidó el talante autocrático del Gobierno socialista.

Al menos 125 personas murieron en los cuatro meses de protestas que se produjeron después de que el poder judicial buscara neutralizar en marzo a la Asamblea.

Luis Velázquez Alvaray

“La mayor afrenta que se le puede hacer a un pueblo es poner a un criminal a dirigir la justicia”, dijo Luis Velázquez Alvaray, un exjuez venezolano que investigó a Moreno en representación del Tribunal Supremo, una década antes de que Maduro lo eligiera para dirigir la máxima corte.

Velázquez agregó que durante su pesquisa encontró un registro del arresto de Moreno emitido después del asesinato del adolescente en 1989. También dijo que investigó una llamada telefónica en la que otro juez, en un caso separado, grabó a Moreno presuntamente presionándolo para que liberara a un sospechoso de traficar armas y droga.

El presidente del Tribunal no es el primer alto funcionario venezolano acusado de abuso de poder.

A principios de año, el gobierno de los Estados Unidos señaló al vicepresidente Tareck El Aissami por narcotráfico y sancionó al propio Maduro acusándolo de “abusar deliberada y repetidamente de los derechos de los ciudadanos” con tácticas represivas. [nL1N1FY1S5]

También sancionó a Moreno y a otros siete jueces del máximo órgano judicial por presuntamente usurpar las funciones del Poder Legislativo y “restringir los derechos y frustrar la voluntad del pueblo venezolano”. [nL2N1IK2NF]

El Gobierno de Venezuela ha desestimado las acusaciones y criticado las sanciones, que prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar negocios con cualquiera de los funcionarios y congelan los activos que los empleados públicos puedan tener en las jurisdicciones de Estados Unidos.

El vicepresidente, El Aissami, ha negado reiteradamente tener cualquier lazo con el narcotráfico y sostiene que Washington lanza “provocaciones miserables” y “viles agresiones”.

Bajo el mandato de Chávez, y ahora con Maduro, el país petrolero, que alguna vez fue uno de los más prósperos de Latinoamérica y que cuenta con las mayores reservas de crudo mundiales, se precipitó hacia una profunda crisis económica que fracturó la estabilidad social.

Después de una votación en octubre en la que los candidatos del oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) vencieron en la mayoría de las gobernaciones, el presidente ha ganado nuevos bríos para desestimar las acusaciones de fraude que lanzaron sus adversarios y defender la legitimidad de su Gobierno.

“Yo no soy un dictador”, dijo Maduro tras la contienda. “Yo tengo bigote, me parezco a (Iósif) Stalin, pero no soy Stalin”, agregó refiriéndose al dictador soviético.

UN HOMICIDIO “RESUELTO”

Existe muy poco en los registros públicos sobre la juventud de Moreno. Nació el 31 de diciembre de 1965 en la ciudad oriental de El Tigre, según documentos fiscales y electorales públicos.

A fines de la década de 1980 registros judiciales, de inteligencia y artículos de periódicos, indican que trabajó como guardaespaldas del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. No está claro cómo se convirtió en escolta o se vinculó al entorno de seguridad del presidente.

Esa época, marcada también por una alta inflación aunque lejos de los estratosféricos niveles actuales, preparó el escenario para la eventual llegada al poder de Chávez, un militar con ideales izquierdistas descontento con el statu quo.

El aumento del enfado y las dificultades económicas produjeron disturbios en 1989, en un episodio conocido como “El Caracazo” donde cientos de personas murieron.

La noche del 26 de abril de ese año, Moreno y otros dos guardaespaldas de Pérez se encontraban en Parque Central, un barrio de clase media de la capital Caracas, según un artículo publicado dos días después en El Nacional, entonces uno de los principales periódicos venezolanos.

Por razones que no están claras, estalló una pelea. Rubén Gil Márquez, un estudiante de 19 años, ingresó a la refriega con un bate de béisbol, dijo el periódico. Los guardaespaldas abrieron fuego contra Gil.

“Escoltas presidenciales mataron a un joven”, se lee en el titular de la portada, sobre una imagen de la madre de Gil, Carmen Romelia Márquez de Gómez, llorando.

La policía arrestó a Moreno, de acuerdo con el periódico, personas familiarizadas con el incidente y un informe de inteligencia preparado hace una década por la división de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia.

Una foto de su arresto, incluida en el informe y fechada la semana después del asesinato, muestra que Moreno fue detenido por una investigación de “homicidio”.

Reuters revisó una copia del informe que el TSJ encargó en el 2006. El Tribunal de 32 miembros ya se mostraba alineado con el Gobierno socialista en ese momento por los nombramientos hechos por Chávez, pero varios jueces habían comenzado a cuestionar la designación de Moreno como juez de control en un tribunal menor.

El informe, que no se había hecho público antes, fue firmado por Luis Enrique Villoria García, director general de la división de seguridad del Tribunal en ese momento.

Reuters no pudo contactar a Villoria para discutir la copia del documento de 19 páginas revisado, al que parece que le falta una página.

Pero los datos allí mostrados sobre el homicidio y la destitución de Moreno del tribunal en 2007 fueron confirmados independientemente por personas familiarizadas con su contenido, que incluyen a un alto funcionario del Gobierno, tres exmagistrados del TSJ y tres altos exfuncionarios de inteligencia.

Detalles importantes sobre el caso de homicidio y el arresto de Moreno siguen sin estar claros. En particular, Reuters no pudo encontrar ningún documento que explicara si Moreno fue juzgado, sentenciado o encarcelado.

El informe señaló que estuvo encarcelado hasta algún momento en 1990, y cita un número de caso criminal por un cargo de homicidio contra él (522755), pero Reuters no pudo encontrar ningún archivo asociado con el caso.

Reuters tampoco pudo acceder a un archivo judicial central en Caracas y el TSJ no respondió a las solicitudes de permiso para revisar el registro.

La madre de Gil murió hace una década, según personas cercanas a la familia.

Dos personas cercanas a Gil relataron a Reuters que los testigos y familiares dijeron en el momento de la pelea que Moreno disparó el tiro que mató al joven.

Estas personas, que pidieron el anonimato por temor a represalias, agregaron que Gil había sido miembro de una pandilla y que una rivalidad no especificada con Moreno había desencadenado la pelea.

Una persona, que dice haber visto el cuerpo de Gil en una morgue de Caracas, dijo que el joven recibió un disparo en la espalda. El certificado de defunción de Gil, revisado por Reuters, cita el disparo como la causa de la muerte.

Tres personas cercanas a la familia dijeron que prosiguió una causa legal tras la muerte de Gil, pero ninguno de ellos sabía qué sucedió con el caso. “He querido denunciarlo durante años, pero tengo demasiado miedo”, dijo una de estas personas.

Moreno nunca ha negado, confirmado o discutido el asesinato de Gil públicamente.

Según una persona cercana a Moreno que habló bajo condición de anonimato, el magistrado le dijo a amigos y colegas que el asesinato fue en defensa propia. Otra persona, que también pidió no ser identificada, dijo a Reuters que Moreno aseguró que cualquier consecuencia legal del asesinato había sido “resuelta”.

En algún momento de 1990 Moreno fue liberado de la cárcel, según el informe de inteligencia, que agrega que Moreno recibió “ilegalmente un beneficio procesal”, sin agregar más detalles sobre la liberación.

En el intercambio de mensajes de texto con Reuters, Moreno disputó la afirmación de que estuvo en la cárcel, diciendo que, como otros detalles del reporte, “tampoco es verdad”. No aclaró ni se refirió directamente a otros pormenores del reporte.

“CASOS POLÍTICOS”

Una vez libre, Moreno obtuvo un título de abogado en la Universidad Santa María, en Caracas. Trabajó como alguacil en el ínterin, según su biografía oficial.

Mientras Moreno estudiaba, Chávez dirigió en 1992 un fallido intento de golpe de Estado contra el gobierno del cada vez más impopular Pérez. Chávez fue encarcelado, pero liberado en 1994 gracias al trabajo de Cilia Flores, una polémica abogada ferviente de las causas de la izquierda.

En la próxima década, Flores se convirtió en una cercana colaboradora de Chávez y jefa de la Asamblea Nacional. También es amiga de Moreno. No está claro como lo conoció, pero años antes Flores también había estudiado derecho en la Santa María.

El Gobierno no respondió a las solicitudes para conversar con Flores y Reuters no pudo contactarla fuera de los canales del Gobierno.

Al terminar su carrera de derecho en 1995, Moreno ejerció dos años como abogado antes de conseguir un empleo como asesor legal en la corporación Alas de Venezuela C.A., propietaria de la aerolínea local Aeropostal.

En ese momento, Chávez había ganado un creciente apoyo de la clase trabajadora venezolana y estaba en camino de ganar las elecciones presidenciales de 1998. Moreno ya estaba alardeando de sus estrechos vínculos con Flores y otros “chavistas” en ascenso.

“Se aseguró que todo el mundo supiera sobre esa relación”, dijo Nelson Ramiz, quien era el propietario de Aeropostal pero que luego cedió el control de la aerolínea y se mudó a Miami en el 2007, luego de una disputa con los reguladores.

Después de tres años en la aerolínea, Moreno trabajó como asesor legal de la policía metropolitana en Sucre, un municipio en el este de Caracas. También comenzó a asesorar a la Asamblea Nacional y se convirtió en juez auxiliar para un distrito en el noreste del país.

Durante el resto de la década de 1990, Moreno alternó su trabajo como abogado y juez, y en ocasiones desempeñada ambos cargos casi al mismo tiempo. No es inusual en Venezuela, que algunos abogados trabajen casi en forma simultánea como jueces.

Pero la elección de algunos de los casos de Moreno generó lo que los críticos consideraron conflictos de intereses. En un episodio, defendió a un sospechoso en un prominente juicio de homicidio, y luego, como juez escuchó cargos relacionados contra otro sospechoso.

Ambos casos están relacionados con muertes por disparos ocurridas durante un fallido golpe de Estado contra Chávez en abril del 2002.

Durante el golpe, se registraron disparos cuando los partidarios de la oposición marchaban hacia el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia. Más tarde, testigos dijeron que vieron a francotiradores en azoteas, pistoleros en un puente y agentes de la policía con armas de fuego en medio del tiroteo.

Cuando la violencia cesó, 19 personas estaban muertas.

Críticos y seguidores de los gobiernos de Chávez y Maduro aún cuestionan el evento, que ha alimentado años de controversia y juicios.

Richard Peñalver, un partidario del chavismo acusado de ser uno de los tiradores, contrató a Moreno como su abogado defensor. En el 2003, Moreno aseguró la absolución de Peñalver, una victoria para el lado progubernamental.

Poco después, pero esta vez como juez de instrucción, Moreno accedió a dirimir si se debía presentar un caso contra Iván Simonovis, un excomisario de la policía de Caracas que enfrentaba cargos relacionados con cuatro de las muertes.

Adversarios de Gobierno argumentaron que los cargos fueron manipulados y que Simonovis se estaba convirtiendo en un chivo expiatorio. También percibieron un conflicto relacionado a Moreno, debido a su papel en exonerar a Peñalver.

Aunque la defensa le pidió a Moreno que se recusara, según uno de los abogados y un miembro de la familia Simonovis, él se negó y envió el caso a un juicio donde Simonovis fue condenado al año siguiente y sentenciado a 30 años de prisión.

Al excomisario, quien está bajo arresto domiciliario por sufrir de una enfermedad, no le está permitido, según los términos de la sentencia, conversar su caso con Reuters.

Pocos jueces estuvieron dispuestos a escuchar el polémico caso.

“Ninguno de nosotros quería hacerse cargo de casos políticos”, dijo a Reuters un exjuez del TSJ. “Aunque Maikel sí, para congraciarse” con el Gobierno de Chávez.

Moreno se estaba acercando cada vez más a figuras de poder, sobre todo a la influyente Flores y a su novio: el confidente y futuro sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. El magistrado y la poderosa pareja empezaron a tener contacto regular, dijo el exjuez.

Fue entonces cuando Moreno comenzó a ejercer su poder sobre otros jueces.

En el 2004, Luis Meléndez, un juez de Caracas, grabó una conversación telefónica en la que Moreno dijo estaba llamando en nombre de José Vicente Rangel, entonces vicepresidente del país.

Preocupado por una llamada previa que había recibido de Moreno, Meléndez grabó la segunda conversación y la entregó a los inspectores internos de la judicatura.

En una copia de la grabación a la que tuvo acceso Reuters, se escucha a Moreno presionando a Meléndez para que libere a Saúl Cordero, un presunto criminal acusado en ese entonces de tráfico de drogas y armas.

Reuters también revisó una transcripción de la llamada impresa en una hoja con el membrete del Tribunal Supremo como parte de la investigación que se le siguió a Moreno en 2006.

“Lo importante es que esté afuera”, dijo Moreno a Meléndez. “Lo que se le tenga que hacer”.

Un alto funcionario del Gobierno y otra persona familiarizada con la grabación dijeron que era auténtica.

Saul Cordero, director de la policía municipal de Caroní (Estado Bolívar) durante la gestión del alcalde José Ramón López.

No quedó claro si Meléndez liberó a Cordero. Pero el acusado nunca fue juzgado por estos cargos y eventualmente fue nombrado jefe de la policía por un alcalde progubernamental en el municipio Caroní, al sur de Venezuela.

Reuters no logró contactar a Cordero, Meléndez ni a Rangel, para que hicieran comentarios.

“GRAVES ERRORES JUDICIALES INEXCUSABLES”

En 2006 la llamada telefónica y el polémico papel de Moreno en los juicios por los sucesos del 2002 eran cada vez más conocidos en los círculos judiciales, según jueces, abogados y otros funcionarios en ese momento activos. El Tribunal Supremo ordenó a su división de seguridad que lo investigara.

El informe de inteligencia resultante sacó a la luz alegatos que acabaron con la primera etapa de Moreno como juez.

El informe sostuvo que los esfuerzos de Moreno para afectar resultados judiciales fueron más allá de sólo presionar a sus colegas.

Citó el testimonio de numerosos testigos que alegaban que Moreno participó en una presunta banda de extorsión -conocida como “Los Enanos”- que se aseguraba pagos de los acusados a cambio de sentencias indulgentes o absoluciones.

Sin embargo, Moreno nunca fue acusado por nada relacionado con supuesta extorsión.

Pero su comportamiento, advirtió el informe, era una amenaza para los tribunales, Chávez y “la Revolución”.

En el 2007, el Tribunal Supremo encontró a Moreno en desacato y lo destituyó como juez de un tribunal de apelaciones. Citando “graves errores judiciales inexcusables”, la máxima corte determinó que Moreno había liberado indebidamente a dos sospechosos de asesinatos, de acuerdo con su fallo.

Reuters no pudo determinar los motivos que llevaron a Moreno a liberar a los dos sospechosos.

A pesar de su expulsión, Moreno mantuvo la calma, según personas que conversaron con él en ese momento. Aliados como Maduro, a quien Chávez nombró como ministro de Relaciones Exteriores, lo ayudarían.

“Maduro y Cilia me protegerán”, dijo Moreno a Ramiz, de acuerdo con el exdueño de la aerolínea, que recuerda una charla con el magistrado poco después de su destitución. Ambos habían mantenido la amistad incluso luego de que Moreno dejara Aeropostal.

Casi de inmediato, Maduro envió a Moreno a un puesto diplomático en Roma. Luego de un año, Maduro lo despachó a Trinidad y Tobago, un país caribeño más cercano a su hogar, en donde ocupó un cargo de negocios en la embajada de Venezuela hasta el 2010. Más tarde, Moreno regresó a Caracas y estudió un doctorado.

Chávez, afectado por el cáncer, murió en marzo del 2013. Maduro, entonces en la vicepresidencia, sucedió a Chávez al siguiente mes, y semanas más tarde, se casó con Flores, que se convirtió así en su primera dama.

Con sus aliados en el poder, Moreno revivió una carrera judicial que según tres jueces superiores habría permanecido moribunda sin esa conexión de alto nivel, dado su arresto por el asesinato en 1989 y su posterior expulsión del sistema judicial.

La Constitución venezolana de 1999, reescrita por Chávez, establece que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia debe “gozar de buena reputación”.

En el 2014, Maduro incorporó a Moreno, ya con un nuevo doctorado en derecho constitucional, en el máximo tribunal.

Desde ese momento, la influencia de Moreno creció.

En febrero del 2017, Maduro lo nombró presidente de la máxima corte, lo que enfureció a sus críticos, incluida Gabriela Ramírez, la entonces defensora del pueblo.

Ramírez intentó infructuosamente desmontar el nombramiento, citando los cargos por los que había sido Moreno expulsado del tribunal de apelaciones.

Con Moreno como líder de la justicia, el TSJ procedió a desechar todos los recursos legales presentados en la máxima corte del país que han desafiado la autoridad de Maduro.

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Con reporte adicional de María Ramírez en Bolívar, Deisy Buitrago, Alexandra Ulmer, Corina Pons, Brian Ellsworth, Andrew Cawthorne y Andreína Aponte en Caracas, Victoria Bryan en Berlín, Stephanie Nebehay en Ginebra y Jorge Pineda en Santo Domingo.

Editado por Brian Ellsworth, Andrew Cawthorne, Paulo Prada y Michael Williams.

Escrito en español por Eyanir Chinea y Deisy Buitrago.

Editado en español por Pablo Garibian.

La Crueldad

Alberto Barrera Tyszka, Prodavinci

Ahora pareciera que cada noticia necesita una ambulancia. No es posible ver y escuchar lo que ocurre y no dar un alarido. Cada vez tenemos más sangre que palabras. El gobierno ha terminado convirtiendo la violencia en su único espectáculo.

El chavismo pasará a la historia como el poder que disfrutó ejerciendo el terror.

Frente a la simple idea de estar cada vez más obligados a negociar, el oficialismo reacciona con una saña todavía mayor: la represión con cinismo, la violencia celebrada, la brutalidad como goce.

Solo así puede explicarse el infierno sistematizado que estamos viviendo y viendo día a día en el país. Las detenciones arbitrarias, el robo a los manifestantes, las golpizas salvajes y en cayapa a cualquiera que se descuide sobre la calle, los juicios express y las condenas por traición a la patria, los traslados a los distintos reclusorios, las torturas, los asesinatos… no es una “violencia desmedida”.

Por desgracia es todo lo contrario: es una violencia perfectamente medida, administrada con rigor, ordenada y ejecutada militantemente. Los excesos de los uniformados no son un desorden. Son un orden. Una orden.

Pero, luego, la violencia permanece y adquiere otra forma terrible: se convierte en humor, en festejo, en placer.

Creo que nunca antes en el país, al menos en la historia política del siglo XX, tuvimos un gobierno que celebrara de esta manera la muerte. El oficialismo ha logrado alcanzar un grado de delirio inconmensurable.

Promueve que perseguir, detener, saquear, golpear, torturar o matar estudiantes, es una virtud. Cuando Maduro condecora al Coronel Lugo está, en el fondo, practicando un rito fúnebre.

Es un acto que no solo permite sino que además honra la violencia sobre la ciudadanía, que enaltece los golpes sobre la experiencia de la democracia. Es otra manera de bailar delante de los cadáveres. Es otra forma de decir “no me importa nada”.

Esta es la única oferta que hoy el chavismo le hace al país: la crueldad. Este es su programa político. Se deleitan con el dolor ajeno.

Demuestran que el país, en el fondo, no les duele. Que el afecto no es su problema. Que son capaces de ejecutar a cualquiera sin remordimientos. Eso hacen con la Fiscal, con Roberto Picón, con todos los detenidos, con quienes salgan a manifestar…

Siguiendo la misma lógica bélica, los cuerpos de seguridad también se comportan como un ejército en territorio enemigo, extranjero. Vienen a saquear y a liquidar, tienen que arrasar con todo. Por eso son crueles y celebran su crueldad. La expone. La muestran con orgullo. No solo creen que es necesaria. Piensan incluso que es buena, noble. Por eso premian sus propios crímenes.

Después de casi 20 años, por desgracia hemos encontrado el gran logro de la revolución: la crueldad. El hombre nuevo es un refrito de lo peor del hombre viejo.

El hombre nuevo es un delincuente con carnet. El hombre nuevo es un asesino con charreteras.

El hombre nuevo no se conmueve con nada. Disfruta el dolor de los otros. Cree que el sadismo también es bolivariano. Se ríe de todo lo que pasa. Nunca pregunta. Dispara primero y, después, vuelve a disparar.