El oscuro papel de las cabezas del Complejo Editorial Maneiro

“Cabezas” (por Hugo su director) y “Coronado” (por Luis, mano derecha del anterior) son dos apellidos de evocación cefálica que se revelan claves en una trama de negociados tejida alrededor de la empresa que el Estado venezolano creó en el 2013 para centralizar los suministros de papel imprenta importado a medios y editoriales. La privatización tras bambalinas de su razón de ser, se consuma a través de redes de parientes en funciones ejecutiva, manipulación de las tasas cambiarias, vínculos con intermediarios privilegiados, y otras maniobras que permiten comprobar que el papel aguanta todo.

Roberto Deniz, ArmandoInfo

El Complejo Editorial Alfredo Maneiro (Ceam) nació hace poco más de tres años. Enclavada en Los Flores de Catia, en el oeste de Caracas, en su sede se decide –mediante la asignación de provisiones de papel imprenta- la suerte que corren desde periódicos longevos a nuevas empresas editoriales.

Comenzó como un sueño del comandante Hugo Chávez”, relató una voz en off de un video institucional de la empresa. Si acaso fue un sueño presidencial, cristalizaría con cierto retraso. Porque el decreto que dio origen al nuevo ente se expidió cuando ya habían pasado dos meses del deceso de Chávez y cuando Nicolás Maduro escasamente completaba su primer mes como mandatario.

La partida de nacimiento del Ceam está en la Gaceta Oficial número 40.168 del 16 de mayo de 2013. Entonces quedó adscrito al Ministerio de Comunicación e Información (Minci) y alineado a la superestructura del Sistema Nacional Bolivariano de Información y Comunicación (Sibci), a cargo de la “producción, distribución y comercialización de diversos productos impresos, destinados a la información, divulgación, propaganda y publicidad, tales como: periódicos, libros, revistas, folletos, afiches y afiches desplegables, tanto para el consumo nacional como para la exportación”.

Por disposición presidencial, el Ceam también quedó facultado para participar en la “fabricación, comercialización, importación, exportación, modificación y restauración de insumos, partes, piezas y equipos de impresión y reproducción” justo cuando los periódicos independientes y la industria gráfica empezaban a tambalearse por la imposibilidad de importar papel y otros insumos por los retrasos de la antigua Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a la hora de pagar los dólares.

Hugo Cabezas, presidente del Complejo Editorial “Alfredo Maneiro”

Era el comienzo de un negocio monopólico, manejado con opacidad y dirigido desde sus inicios por Hugo Cabezas, ex gobernador del estado de Trujillo, ex ministro del despacho de la Presidencia y ex director de la antigua Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex).

“Hemos decidido simplemente abrogarnos y adherirnos al derecho que nos da el ser una sociedad anónima que simplemente se reserva el derecho de venderle papel periódico a quien consideremos sea nuestra prioridad, no prioridad de Hugo Cabezas, sino prioridad por el tiraje que tengan estas instituciones”, declaró Cabezas en abril del 2016.

El funcionario reaccionaba a la sorpresiva inspección a las instalaciones del Ceam realizada por diputados de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional (AN), desde enero dominada por la oposición.

Pero en su respuesta no está toda la verdad detrás de las actividades del Ceam y del negocio del papel, que en Venezuela podría suponer más de 100.000 toneladas anuales.

Esta familia coronó

El control estatal de la importación de papel levantó un mercado paralelo o de bachaqueros, como reveló una investigación publicada en febrero del 2016 en Armando.info. (http://armando.info/historias/6011=el-papel-prensallega-a-las-redes-de-los-bachaqueros).

Nuevas evidencias permiten comprobar que no se trata de una simple distorsión espontánea en el sistema, sino de un esquema conectado a las cabezas del Ceam. Pero ni en febrero ni ahora, ese ente o el propio Hugo Cabezas han atendido a los llamados que solicitan respuestas sobre estas y otras irregularidades.

Propietarios de periódicos, empresarios de la industria gráfica, impresores y directivos de editoriales, reconocen que desde el año pasado irrumpieron en el mercado empresas “desconocidas” que ofrecían el papel importado por el Ceam.

Son varias y aparecen repentinamente intentando dejar pocos rastros. “Llamaban directamente a los dueños o jefes de compra de los medios”, aseguró un propietario de periódico.

Una de esas compañías fantasmales es Proyectos y Ejecuciones Guian C.A, domiciliada en Maturín, estado de Monagas.

El expediente de la empresa que yace en el Registro Mercantil indica que está dedicada a la “explotación mercantil del ramo de construcción de obras de ingeniería civil, movimientos de tierra, drenajes, proyectos, cálculos, estudios topográficos, urbanismo, puentes, pilotajes, mantenimiento básico de edificaciones, plazas, avenidas, vías rurales, plantas de tratamiento de aguas, viviendas, edificaciones industriales, obras civiles menores, refractarios, soldadura en general, electricidad industrial, transporte de equipos, productos, enseres y materiales, alquiler de vehículos, y transporte de personal, alquiler de todo tipo de maquinarias, servicios de mantenimiento y reparación de obras civiles, pintura, desmonte, reforestación y jardinería, recolección de basura, impermeabilización, mantenimiento y reparación química de tanques y en general cualquier otra actividad de licito comercio o relacionado con lo anteriormente descrito”.

Pero a finales del año pasado a las cuentas bancarias de Proyectos y Ejecuciones Guian C.A ingresó dinero proveniente de empresas necesitadas de papel prensa y otros tipos de papel traído por el Ceam.

Los depósitos no son casualidad. Proyectos y Ejecuciones Guían C.A está relacionada con Luis Coronado Viaje, hombre de confianza de Hugo Cabezas y directivo del Ceam hasta enero de este año, de acuerdo a los registros en línea del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

“Luis Coronado era la mano derecha de Hugo Cabezas”, coinciden varios empresarios que dependen de los despachos del Ceam. Los apellidos Coronado Viaje se repiten en uno de los socios de Proyectos y Ejecuciones Guían C.A. Se trata de Ana Coronado Viaje, quien actualmente es la vicepresidenta de la empresa.

El otro socio y presidente de la compañía es Luis Guillermo González Regardiz, que también tiene una sociedad con Luis Coronado Viaje, Raquel Coronado Viaje y Rubén José Coronado Viaje, los tres ligados al Ceam y Hugo Cabezas desde hace tiempo, en la Cooperativa Coronela Manuela Sáenz R.L.

La cabeza sabe lo que hacen las manos

Varios datos confirman la cercanía de los Coronado Viaje y Hugo Cabezas. Luis Coronado Viaje fue director de finanzas de la Gobernación de Trujillo en la gestión de Cabezas entre 2008 y 2012.

Raquel Coronado Viaje fue directora de recursos humanos de la Gobernación y Rubén José Coronado Viaje dirigió la Fundación Regional Niño Simón, dependiente del gobierno regional. Años después los tres llegarían al Ceam de la mano del mismo Cabezas. Raquel Coronado Viaje figuró como directora suplente del Ceam en la junta directiva que se oficializó el 22 de julio del 2013 (Gaceta Oficial 40.212), poco más de un mes después de que el entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, designara a Hugo Cabezas como presidente del organismo recién creado.

Rubén José Coronado Viaje ingresó al Ceam el 1 de febrero de 2014, de acuerdo al IVSS, mientras que Luis Coronado Viaje, comenzó desde 2013 en la Oficina de Administración y Finanzas del Ceam, tal y como recoge la Memoria y Cuenta de ese año del Minci.

En enero del 2014 Nicolás Maduro nombró a Hugo Cabezas como ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. “He decidido convocar a un hombre que lo conocí hace muchos años en las luchas estudiantiles, sociales, y que fue un extraordinario ministro de la presidencia del presidente Hugo Chávez en su momento, se trata de Hugo Cabezas, ex gobernador de Trujillo, y le he dicho que asuma el ministerio de la presidencia”.

Su designación como ministro apareció en la Gaceta Oficial número 40.330 del 9 de enero de 2014. En cuestión de días, y en su doble condición de ministro y presidente del Ceam, tomó decisiones que beneficiaron a los Coronado Viaje.

El 22 de enero nombró a Raquel Coronado Viaje como directora general de la Oficina de Recursos Humanos del ministerio, el 31 de enero el Ceam pasó del Minci al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gobierno – justamente bajo responsabilidad de Cabezas- y el 11 de febrero ascendió a Luis Coronado Viaje al puesto de director general de Operaciones del Ceam.

El bachaqueo por las coimas

De acuerdo al testimonio de los empresarios que prestaron sus testimonios bajo condición de reserva de sus nombres, el pago a Proyectos y Ejecuciones Guian C.A funcionaba como una especie de “coima” , “comisión” o “alcabala”.

El papel que trajo Maneiro comenzó a regarse, es el mismo fenómeno del bachaqueo” , sostuvo una de las fuentes consultadas.

Explicó que el precio del papel era “bastante más elevado” que el fijado por el Ceam, pero “más barato que calculado al dólar paralelo” , lo que hacía atractivo el intercambio. “En el último trimestre del 2015 comenzó lo del pago por fuera, las coimas”, insistió.

A Proyectos y Ejecuciones Guian C.A el negocio parece haberle funcionado. El 3 de diciembre del 2015 el capital de la compañía ascendió a 3,135 millones de bolívares –unos 3.000 dólares, al cambio paralelo del mercado negro-, un incremento de 2.222% con respecto a los135.000 bolívares –unos 135 dólares a la parida negra de 2016- con que se fundó el 3 de julio de 2007.

“Hubo periódicos que hacían negocios a través de Luis Coronado Viaje, tenía contactos con los periódicos”, reconoció un directivo de un medio impreso. A Luis Coronado Viaje se le contactó para conocer su versión, pero desechó esa posibilidad indicando que estaba fuera del país.

Un propietario de periódico también reconoció el esquema de reventa. “Nos llamaban empresas desconocidas ofreciendo el periódico, el papel importado por Maneiro, a un precio mayor al de Maneiro, pero menor al del mercado del dólar libre, ¿Cómo tenían acceso a ese papel?”, se preguntó.

Los intermediarios de Panamá y Miami

En el negocio del Ceam hay más intermediarios. Son los que adquieren el papel a las papeleras en el exterior, especialmente canadienses, y luego se lo revenden a la compañía estatal. “El Ceam no hace licitaciones internacionales”, precisó un empresario.

El registro fotográfico de la inspección que realizaron los diputados de la AN a las instalaciones del Ceam, arrojó algunas pistas.

En las etiquetas de las bobinas de papel almacenadas está el nombre de la importadora: Morichal Corp. Morichal Corp fue registrada en Panamá en el 2007 con un capital de 1 millón de dólares por el bufete Rodrigo Molina Ortega y Asociados, una firma legal que al estilo de la ya famosa Mossack Fonseca, cuyos documentos se filtraron en la investigación periodística Panamá Papers, se dedica al registro de empresas para clientes que buscan los beneficios fiscales del istmo.

Quienes hacen las veces de directores de esas empresas suelen ser empleados del agente registrador, quien cobra por ese servicio, pero siempre a nombre de un beneficiario final (beneficiary owner) que suele permanecer oculto.

En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) venezolano, Morichal Corp aparece inscrita como una sociedad extranjera “sin domicilio ni filial en Venezuela” y apenas cuenta con un trabajador en su nómina. La persona de contacto y el nombre detrás del número telefónico venezolano que aparece en las facturas emitidas por la empresa panameña al Ceam, es Thierry Dumoulin Pereira.

En diciembre del 2014 el presidente del Ceam convocó a los empresarios de la industria gráfica a una reunión en el Hotel Eurobuilding, en Caracas, y les pidió “prepagar” en bolívares la importación de la mercancía que Dumoulin Pereira y Morichal Corp había negociado frente a los proveedores canadienses.

Las facturas prueban que en agosto del 2015 Morichal Corp vendió al Ceam “papel recubierto brillante (glasé)” por un valor de 1.195 dólares la tonelada y que en enero de este año le despachó papel bond de distinto “gramaje” en 1.250 dólares la tonelada, en una factura que suma casi 4,2 millones de dólares.

Aunque en los mercados internacionales los precios varían según las cantidades a comprar, las condiciones de pago, y la disponibilidad y procedencia del producto, varias fuentes consultadas coinciden en que esos precios de Morichal Corp son elevados.

“Esos productos comprados a las papeleras debieron salir entre 600 y 800 dólares por tonelada”, apuntó una fuente.

Carlos Prosperi, uno de los diputados que visitó en abril de este año las instalaciones del Ceam como integrante de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, también sospecha que los intermediarios encarecen la compra.

“Lo que llegamos a creer y presumir es que hay un gran sobreprecio y por eso se les compra a los brokers e intermediarios, y no directamente a los molinos en Chile o Canadá”.

Morichal Corp no estaba en el negocio, asumió eso por contactos con el gobierno”, señaló otro de los empresarios de la industria gráfica nacional.

El historial empresarial de Thierry Dumoulin Pereira, muestra que durante años ha sido proveedor de numerosos organismos públicos mediante la Asociación Cooperativa La Fuente 4598699 R.L, de la que fue socio fundador en el 2004.

Según el RNC, entre 2005 y 2011, esa cooperativa -cuyo promedio anual de trabajadores es de apenas 5 personas- suministró a entes como el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Interior y Justicia, el Seniat, la Alcaldía del Municipio Libertador, la Universidad Bolivariana y la Corporación Venezolana de Petróleo, entre otros, productos de limpieza, papel higiénico, electrodomésticos, equipos electrónicos y aires acondicionados.

También se encargó de realizar obras como la “recuperación de la plaza Martí” en el centro de Caracas, la construcción de un galpón en la instalación militar de Fuerte Tiuna y la “recuperación integral de módulos de Barrio Adentro”, por citar algunas.

De acuerdo al expediente que reposa en el Registro Público, Dumoulin Pereira renunció a la Asociación Cooperativa La Fuente 4598699 R.L en marzo de 2010. No obstante, en el IVSS está registrado como trabajador de la cooperativa desde el 8 de abril del 2016.

Las oficinas de la Asociación Cooperativa La Fuente 4598699 R.L y Morichal Corp, el proveedor de papel para el Ceam, también parecen estar conectadas por su ubicación. Ambas están en el piso 14 de la Torre Miranda del Edificio Multicentro Empresarial del Este, en Caracas.

Además de Morichal Corp, el Ceam le ha comprado papel prensa, al menos, a otro intermediario. Se llama FS Paper Trading, está domiciliado en Coral Springs, en la ciudad de Miami, y su propietario es el venezolano Frank Siegel, relacionado con una familia que durante años se ha movido en el negocio de la importación de papel prensa.

De acuerdo a una factura emitida por la papelera canadiense Resolute Forest Products, FS Paper Trading compró en agosto del año pasado 4.010 toneladas de papel prensa en 600 dólares cada una destinada para revender al CEAM.

“Tanto que criticamos al imperio, tanto que hablamos de los Estados Unidos y resulta que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro le está comprando a unos brokers que están dentro de los Estados Unidos, lo que nos lleva a pensar es que hay un gran negocio con el papel prensa”, criticó el parlamentario.

Aunque las restricciones económicas de Venezuela han obligado a numerosas empresas a trabajar con la figura de los intermediarios para poder comprar en el exterior, los manejos del Ceam levantan sospechas en el sector.

Si se trae el producto de Canadá, por qué lo negocian con un trader en Panamá o en Miami. ¿Qué molinos hay ahí para comprar el papel periódico en esos países?”, observó uno de los empresarios consultados.

Añadió que una compañía que atiende la demanda de unos 150 periódicos, entre estatales e independientes, podría negociar directamente con las papeleras mejores precios sobre la base de ese volumen.

Propietarios de periódicos que han logrado comprar papel prensa al Ceam, indicaron que en los últimos meses el precio rondó los 20.000 bolívares por tonelada, pero Hugo Cabezas anunció en marzo pasado que la tonelada de papel prensa se elevaría a 47.754 bolívares, debido a los efectos de las sucesivas devaluaciones del bolívar.

“Sabemos que de acuerdo a las últimas facturaciones de Maneiro, el kilogramo de papel estaría en 42 bolívares; cuando uno multiplica y divide eso, nos da un monto por el orden de 4.000 y pico de dólares por cada tonelada, es un monto exorbitante” , denunció el diputado Prosperi.

Jugando con el diferencial cambiario

El desconcierto cambiario de la economía venezolana, le ha permitido al Ceam jugar con los precios y cotizaciones para sus clientes.

“Nosotros importamos a 13 bolívares y nacionalizamos a 200 bolívares”, dijo Hugo Cabezas, según reseñó el Correo del Orinoco el 2 de marzo de este año, tras reunirse con algunos dueños de medios impresos y anunciar ajustes en los precios de la tonelada de papel prensa.

Pero las Declaraciones de Aduana (DUA) relacionadas con las facturas de Morichal Corp, incluyendo una de enero del 2016, muestran que el tipo de cambio utilizado para nacionalizar la mercancía fue el preferencial de 6,30 bolívares por dólar. Los empresarios de la industria gráfica lo saben.

A finales del 2014 acordaron con el Ceam “prepagar” en bolívares una mercancía al tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar. La carga debía llegar en los primeros meses del 2015, pero no fue sino hasta agosto de ese año cuando empezaron a recibir parte de los pedidos.

Para entregar la mercancía, el Ceam exigió el pago de un diferencial que estaba asociado al uso de un nuevo tipo de cambio en la importación, aunque el producto fue comprado a 6,30.

“Inicialmente el papel se compró a 20 bolívares por kilo, pero luego recalcularon a más de 40 bolívares por kilo. Según la Declaración de Aduana se adquirió a 6,30, no se justificaba el aumento, aunque aún era a un precio por debajo del dólar paralelo”, detalló uno de los empresarios que participó de la negociación.

Las cotizaciones envidas por el Ceam a las compañías muestran que en diciembre del 2014 la tonelada de papel bond se había fijado en 18.765 bolívares y que para julio del 2015, cuando el Ceam comenzó a entregar la mercancía, el precio de los mil kilogramos de papel bond se había disparado a los 44.286 bolívares.

Mientras decenas de periódicos han dejado de circular definitivamente en los últimos meses y otros tantos han sufrido recortes en su circulación. o se han visto obligados a reajustar su diseño para sobrevivir en el mercado, el rol oficial del Ceam en el manejo del papel prensa continúa.

En septiembre llegarán al país poco más mil toneladas de papel prensa que Morichal Corp, el intermediario registrado en Panamá, compró en Canadá como parte de una negociación que alcanzaría las 30.000 toneladas para abastecer el mercado en los próximos meses.

Imágenes vía web.

Los viajes “diplomáticos” de los narcosobrinos

 

Una investigación realizada por Vértice confirmó que los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, conocidos como los “narcosobrinos”, usaron pasaportes diplomáticos emitidos por la Cancillería de Venezuela para viajar a los países donde conspiraron para traficar cocaína. Entre los destinos: Puerto Príncipe, Tegucigalpa, Miami, Fort Lauderdale, Madrid, Ciudad de Panamá, Bogotá y Medellín.

Maibort Petit, Vértice

(Nueva York, EEUU) – Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas viajaron con el pasaporte regular en un vuelo charter a bordo del avión siglas YV2030 desde Caracas a Puerto Príncipe, el 10 de noviembre del 2015.

A las 7 de la mañana Campo Flores, tenido como hijo de crianza de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores —y ahijado del presidente Nicolás Maduro— y su primo, atravesaron la estación de seguridad del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, sin ningún tipo de restricciones. Llevaban consigo una panela de cocaína de alto valor, que según la DEA, registra entre 95 y 97% de pureza.

Para abordar el jet privado, Campo Flores usó su pasaporte venezolano número 066981222.

La aeronave, piloteada por Pedro Miguel Rodríguez, quien es efectivo de la Fuerza Aérea venezolana, destacado en Bolivia, esperó unos minutos antes de arrancar.

De acuerdo a la confesión hecha por Campo Flores a la DEA, durante aquella mañana del 10 de noviembre del 2015, solo su personal de seguridad estaba al tanto de la operación que se estaba llevando a cabo, ya que decidieron no informar a la familia sobre los negocios de tráfico de drogas que llevaban a cabo a nivel internacional.

Campo Flores y su primo Flores de Freitas llevaban poco equipaje visible. Este último usó su pasaporte venezolano número 066981222 para abandonar el país. Los otros pasajeros, entre quienes se encontraban el empresario Marco Tulio Uzcátegui y los ciudadanos Jesfrán Moreno y Pablo Urbano, igualmente usaron documentos regulares de identificación venezolanos.

Arribaron a Puerto Príncipe a las 9 de la mañana. Al bajar del avión, Campo Flores y Flores de Freitas hicieron uso de pasaportes diplomáticos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, numerados con las series 005886069 y 001435773, respectivamente.

Con ellos evadieron las requisas, las colas y la aduana. En Haití los pasaportes diplomáticos venezolanos aun son respetados, no obstante, aquel día las autoridades de la isla estaban al tanto de las actividades ilícitas de los dos visitantes y el gobierno haitiano había ordenado a sus órganos de seguridad colaborar con los agentes de la DEA para capturar, infraganti, a los jóvenes que estaban dando los últimos toques a una operación que incluía el envío de droga proveniente de las Farc a Estados Unidos, vía Honduras.

Un informe del ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Pierre Richard Casimir, da fe de que el gobierno caribeño colaboraba con la DEA para capturar a los sujetos que tenían órdenes de arresto en la ciudad de Nueva York.

Cuando Campo Flores y Flores de Freitas pisaron suelo haitiano, salieron apresurados del avión y de inmediato tomaron rumbo hacia un hotel cercano al aeropuerto Internacional Toussaint Louverture. Se trataba de la primera incursión de Campo Flores y Flores de Freitas a la nación haitiana, o al menos eso es lo que registran sus récords de viaje desde abril 12 del 2007 (Campo Flores) y 2 de agosto del 2008 (Flores de Freitas), fechas en la cuales obtuvieron sus primeros pasaportes venezolanos regulares.

Un puñado de dólares

Efraín Campo Flores ha llevado una vida que está muy lejos de ser limitada y modesta. Por el contrario, sus hábitos y costumbres rayaron en la ostentación: privilegios, viajes en jets privados y una fortuna que le permitió comprar carros de lujo, entre ellos un Ferrari del 2015, cuyo precio no baja de 280.000 dólares.

Su parentesco con el presidente de Venezuela le permitía pasar sin control alguno y según los dictados de su conveniencia por las estaciones de seguridad de los aeropuertos venezolanos. Iba y venía en un mismo día a Miami, compraba costosas prendas de vestir. Un informe del gobierno estadounidense da cuenta de los onerosos gastos en los que incurría el hoy reo de la justicia norteamericana antes de ser arrestado en Haití.

Dentro de las contradicciones observadas en las declaraciones que Campo Flores ha hecho a funcionarios de la DEA y las entregadas por sus abogados a la corte, y que han quedado registradas en el informe del despacho a cargo de Preet Bharara, destaca el haber afirmado que había hecho jugosos negocios en el área petrolera que le habían permitido ganancias superiores a los “10 mil millones”, posiblemente de bolívares, lo que equivale a unos 10 millones de dólares al cambio libre de mil bolívares por dólar.

No obstante, cuando los agentes de la DEA lo interrogaron dijo que había entrado en el negocio del narcotráfico porque no tenía ni 10 mil dólares a su nombre.

Otro aspecto que llama la atención es que Efraín Campo Flores juró ante el juez, Paul Crotty, que era abogado y que vivía modestamente en Caracas con su familia. Pero a los agentes de la DEA les dijo que su intención era ganarse unos miles de dólares en la operación de tráfico de droga para luego irse a vivir a Estados Unidos con su esposa e hijos.

Un informe que reposa en la fiscalía plantea discordancia entre lo dicho antes y después del arresto, lo que le informó al juez Crotty y lo planteado en la declaración jurada entregada por su abogado a la corte el 12 de mayo del 2016.

Aparece, además, en ese informe que Campo Flores no es casado, que tiene un hijo de siete años, que se crió bajo la tutela del presidente Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores, que es militante activo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que trabajó en el Parlamento Latinoamericano entre 2008 y 2011, que posee un pasaporte diplomático y que tiene negocios en Panamá.

En ese informe aparecen dos direcciones relacionadas con Campo Flores. La primera, en el edificio Diamante III, apartamento 04, avenida Las Fuentes de El Paraíso, Caracas.

Otra dirección suministrada por el familiar de Cilia Flores es Boulevard Libertador, parroquia Sucre, sector primero, plan de la Silsa, a la derecha de la calle Ezequiel Zamora. Al frente la calle 5 de julio. A la izquierda, la vereda y la iglesia Santo Cristo adjunto a la iglesia Santo Cristo, casa sin número.

Dice que en materia laboral fue registrado en el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales, IVSS, por el Parlamento Latinoamericano, cuyo número patronal es D18407377, el día 29 de diciembre del 2011 con un salario de 755 bolívares. Y que su estatus de asegurado es cesante. La primera afiliación fue el 1 de febrero de 2008 y la fecha de contingencia el 25 de agosto de 2046.

Viajero especial

Campo Flores solía salir de Venezuela en vuelos privados con su cédula de identidad venezolana número 18.330.183,
 o con su pasaporte venezolano número 081303148. Un informe en poder de Vértice señala, sin embargo, que el familiar de la primera dama venezolana viajó en varias ocasiones usando el pasaporte que lo acreditaba como diplomático venezolano, aunque no se desempeñaba como tal.

Uno de los primeros viajes fue a Bogotá, Colombia, el 16 de marzo del 2012, en el vuelo de Avianca AVA 081 (Sello 4M8Q3-Q8M3) usando su pasaporte diplomático  número 005886069. El regreso a Caracas tres días más tarde, el 19 de marzo de 2012, lo hizo en el vuelo de Avianca AVA080 y entró con ese mismo documento.

También usó su pasaporte diplomático para viajar a Madrid, España, en el vuelo de Iberia IBB6674, el 8 de diciembre del 2011. Regresó a Venezuela el 27 de diciembre del 2011 en el vuelo de Iberia IBE 6673.

Antes había viajado a Bogotá con su pasaporte diplomático el 3 de agosto del 2008, en el vuelo de Avianca AVA095 Caracas-Bogotá y regresó a Venezuela dos meses  después, el 10 de octubre del 2008.

Efraín Campo Flores viajó desde Caracas a Tegucigalpa, Honduras, el 3 de octubre del 2015, en vuelo privado con el Cessna 550 Citation II, siglas YV570T, registrado en Venezuela.

De Tegucigalpa se trasladó al interior de esa nación centroamericana, específicamente a San Pedro Sula, para sostener una reunión con un grupo de individuos que aparecen reseñados en la acusación hecha por el gobierno de Estados Unidos en su contra.

A la cita acudió otro de los imputados por la fiscalía de Nueva York, el ciudadano hondureño Roberto de Jesús Soto García. Y también un testigo cooperante de la DEA, conocido como CW1 quien fue asesinado en Honduras tres semanas después de la captura de los sobrinos de Cilia Flores ocurrida el 10 de noviembre del 2015.

Campo Flores regresó a Caracas el 4 de octubre en el mismo avión YV570T desde San Pedro Sula.

El informe confidencial de los vuelos de los llamados narcosobrinos señala además que el ahijado del presidente Nicolás Maduro realizó dos viajes a Florida, Estados Unidos.

El primero de ellos tuvo lugar el 17 de enero del 2015, cuando abordó un avión privado en Caracas a las 5 de la tarde rumbo a Miami.

El avión, un Dassault Falcon 50 de 1987 con las siglas N26WJ, es propiedad de la firma Falcon 50 181 Holdings Inc, registrada en Wilmington, Delaware.

Allí permaneció por espacio de diez días. Regresó a Maiquetía en el vuelo charter N162DA, en una aeronave Rotorway registrada para ese entonces a nombre de la firma Point West Business Solutions LLC, de Grangury, Texas. Horas más tarde regresó a Miami en el mismo avión.

Luego utilizó el vuelo privado N99TH, registrado a nombre de Alpine Aviation Inc., de Provo, Utah, para regresar desde Miami a Barquisimeto –en el centro occidente de Venezuela- el 31 de enero del 2015.

Negocios en Panamá

El hoy acusado de conspirar para trasladar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos estableció en marzo del 2014 una empresa en Panamá.

Antes de concretar el registro de la compañía y los detalles logísticos de la misma, Campo Flores viajó a Ciudad de Panamá desde Maiquetía en un vuelo comercial de Santa Bárbara Airlines número SBA1340, el 1 de diciembre del 2014 y regresó el día 6 de diciembre.

El 28 de enero del 2014 viajó nuevamente a Ciudad de Panamá, en vuelo comercial de Conviasa VCV7208. Luego se trasladó desde Panamá a Medellín y desde esa ciudad colombiana a Caracas el día 2 de febrero del 2014, en el vuelo de Copa Airlines CMP638.

Se trasladó nuevamente desde Caracas a Panamá en el vuelo de Conviasa VCV7208, el 21 de abril del 2014, para regresar el 25 de ese mismo mes en el vuelo de la misma aerolínea identificado como CO7209.

El 21 de mayo regresó a Ciudad de Panamá en el vuelo de Conviasa VCV7208 para retornar a Caracas en el vuelo de la línea aérea del estado venezolano V07209.

Las fechas de estos vuelos coinciden con los registros de la empresa de Transporte Herfra S.A., creada en Panamá el 31 de marzo de 2014. El número del registro es 830045 y su estatus hasta la actualidad es vigente. Esta empresa es una sociedad anónima con jurisdicción en Provincia de Panamá.

En la hoja de registro aparece Efraín Antonio Campo Flores como director y presidente; su tío (hermano de la primera dama Cilia Flores) Hernes Merquiades Flores –cédula de identidad 3.989.593- como secretario; y el abogado panameño, Oscar Torres Pinzón y Shelby Gem, como suscriptores.

En una confesión hecha por Campo Flores a la DEA, el 10 de noviembre de 2015, el ahijado de Nicolás Maduro dijo que poseía 20 taxis en Panamá que le generaban 800 dólares a la semana y que viajaba con frecuencia a ese país en busca del dinero que producía el negocio.

No explicó por qué no usaba el sistema financiero para hacerse de los réditos. Tampoco dio detalles de por qué la empresa solo manejaba efectivo, pero esa es la razón que alega Campo Flores para justificar el hecho de “gastar” mucho dinero en boletos de avión y viáticos para trasladarse continuamente a suelo panameño.

Los viajes del otro Flores

El sobrino de Cilia Flores coacusado por delitos de narcotráfico, Franqui Francisco Flores de Freitas, también ha gozado de los privilegios y el poder político que le otorgan el formar parte de la familia presidencial venezolana. Lo que sí hay que admitir es que su poder parece ubicarse en menor medida que el de su primo e hijo adoptivo de la pareja presidencial venezolana.

Eso, sin embargo, no le impidió obtener un pasaporte diplomático por primera vez en 2007 que utilizó para viajar a Panamá.

En las declaraciones juradas de Flores de Freitas a la DEA y en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se observan muchas contradicciones, especialmente las relacionadas a su situación personal antes de ser arrestado.

Flores de Freitas confesó el 12 de mayo del 2016 al juez Paul Crotty, que solo había cursado hasta el cuarto año de bachillerato y que tenía una empresa de alimentos refrigerados que distribuía comida a restaurantes de Caracas, y esa misma información aparece en los documentos presentados por su abogado, David M. Rody, de la firma Sidley Austin LLP.

No obstante, en un informe que reposa en la fiscalía de Nueva York aparece un dato que llama la atención: “Franqui Francisco Flores de Freitas, (el demandado) se graduó como ingeniero de sistemas en la Unefa en el 2013. Es comerciante, militante del Psuv”.

En ese mismo documento se puede leer que Flores de Freitas posee dos direcciones en Caracas. Una residencial en El Junquito, Barrio Buenos Aires/calle Bicentenario. Frente calle el Manguito. Sector el Manguito, al lado del dispensario Menca de Leoni, casa sin número y otra de un local comercial ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, CCCT, PB, local 43-b, Caracas.

Otro dato que aparece en el documento es que Flores de Freitas es trabajador activo de DIGITAL CCT C.A., RIF J294314813, número patronal: O91117294. Ingresó a trabajar en esa empresa el 1 de abril del 2011. Según los datos de afiliación su último salario fue 1.712,70 bolívares. Su estatus actual como asegurado es activo. Fecha de la primera afiliación: 1 de abril de 2011; fecha de contingencia, 14 de agosto del 2045.

La empresa donde supuestamente trabajaba Flores de Freitas se dedica a la reparación de teléfonos celulares, consolas de videojuegos y equipos de última generación; además de la venta de videojuegos y accesorios para celulares. Su sede es en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, CCCT, Planta Baja, Local 43-B, en Caracas.

Asimismo aparece la siguiente dirección en el reporte oficial: Caracas Dtto. Capital Municipio Bolivariano Libertador, parroquia Sucre, sector primero, plan de la Silsa, derecha calle Ezequiel Zamora. Frente calle 5 de julio. Izquierda vereda la iglesia Santo Cristo, adjunto a la iglesia Santo Cristo, casa sin número.

Junto a su primo, Flores de Freitas viajó el 6 noviembre de 2015, pocos días antes de su captura, en el vuelo charter YV57OT desde Caracas a Tegucigalpa, Honduras. De ese viaje regresó al día siguiente, el 7 de noviembre, en el mismo jet privado. Salió con su pasaporte venezolano e ingresó con su pasaporte diplomático.

El mes anterior, el día 3 de octubre de 2015, había viajado desde el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, en el vuelo charter YV570T, para regresar en el mismo avión el día 4 de octubre en horas de la noche.

Para salir del país, Flores de Freitas usaba su pasaporte regular venezolano y para llegar a los países que visitaba, usaba el diplomático.

Disfrutando en el imperio

En el informe del gobierno norteamericano dice que Flores de Freitas viajó a Estados Unidos en un vuelo de Dynamic Airways 2D0406 que salió de Maiquetía el 23 de agosto del 2015, rumbo a Fort Lauderdale, Florida. Regresó en la misma nave, el 9 de septiembre del 2015.

Flores de Freitas viajó a Miami, la ciudad del sol en el estado de la Florida, pero en esta ocasión lo hizo vía Ciudad de Panamá. El 1 de diciembre de 2014 tomó el vuelo comercial de Santa Bárbara Airlines SBA1340 con destino a Ciudad de Panamá, luego se trasladó a Miami a donde llegó el 3 de diciembre. Regresó a Caracas en el vuelo de Santa Bárbara SBR1525 siguiendo la ruta Miami-Maiquetía.

Franqui Francisco Flores de Freitas hizo dos viajes a Panamá unos meses antes de irse a Estados Unidos. El informe dice que salió desde Caracas el 16 de Julio del 2014 en el vuelo de Conviasa VO7208 y regresó a Maiquetía el 9 de Julio en el vuelo de la misma aerolínea V07209. También por Conviasa viajó a Panamá el 21 de mayo del 2014 (vuelo VCV7208) y regresó en el vuelo VO7209, el 24 de mayo del 2014.

Del mismo modo, el informe refiere que Flores de Freitas hizo el trayecto Panamá-Medellín-Caracas. La salida fue el 28 de enero del 2014, en vuelo de Conviasa VCV7208 desde Caracas a Ciudad de Panamá. Luego se fue a Medellín y regresó a Caracas en el vuelo de Copa Airlines CMP 638, el 2 de febrero del 2014.

También se registra un viaje hecho por el acusado el 16 de marzo del 2012 en la ruta Caracas-Bogotá, realizado con la línea Avianca, vuelo AVA08, con retorno a Maiquetía el 19 de marzo, en el vuelo AVA080 de Avianca. Asimismo hay otro viaje reseñado el 19 de agosto del 2009, Caracas-Bogotá (vuelo AVA081) con retorno por Avianca el 28 de agosto del 2009, en el vuelo AVA078.

 

El Ministerio de Alimentación es un cuartel de amigos

Arysbell Arismendi, Armando Info

Las manos de 36 oficiales del Ejército pusieron el rancho morado en el despacho encargado de importar, producir y distribuir, los alimentos que se volvieron escasos en Venezuela. Por esas manos pasaron cerca de cien mil millones de dólares durante los tres años del Gobierno de Nicolás Maduro. Sus cargos se asignaron como parte de un continuo enroque entre tres promociones castrenses.

De tenientes coroneles a mayores generales

En el Gobierno de Nicolás Maduro no ha habido distinciones con respecto a las jerarquías militares y los nombramientos en posiciones clave dentro del Ministerio de Alimentación.

Un grupo de al menos 36 oficiales superiores del Ejército se convirtió en una élite que concentró en los últimos tres años designaciones; no solo para los cargos de ministro y viceministros, sino para otros como los de directores principales y suplentes de juntas directivas de nueve empresas públicas que, durante el período, manejaron un poco más de 500 mil millones de bolívares para una actividad principal: la importación, producción y distribución de alimentos en Venezuela.

Una investigación realizada a partir de la revisión de más de 1.250 documentos públicos (https://www.dropbox.com/s/khfqrvsrytgj7rs/Base%20de%20datos.xlsx?dl=0) -entre ellos Gacetas Oficiales y Memorias y Cuentas del Ministerio de Alimentación, difundidas entre enero de 2013 y mayo de 2016, y las listas de graduados de la Academia Militar de Venezuela– permitió identificar los nombramientos de los integrantes de ese grupo selecto que, además de tener responsabilidades en las compras y ventas, tuvo otras misiones como las de diseñar y evaluar las políticas públicas en materia alimentaria.

El cruce de información reveló que 12 de los 36 militares fueron designados por compañeros de promoción que ostentaban, en su condición de ministros, la titularidad del órgano ejecutivo. Algunos de los oficiales llegaron a tener hasta cuatro cargos directivos al mismo tiempo y otros han circulado por al menos nueve posiciones en los tres años que acumula Maduro en el poder.

Las importaciones públicas de alimentos se transformaron, en la última década, en una parte esencial de la estrategia gubernamental para atender las necesidades de la población. Lo que comenzó con la presidencia del fallecido Hugo Chávez –durante la cual se quintuplicaron a partir de 2010 con respecto a 2005– continuó con la gestión de su discípulo político.

Solo en 2015 las compras más allá de la frontera sobrepasaron los 5 millones de toneladas. Según datos oficiales, este número representa la cifra más alta de los últimos doce años.

La dependencia de productos extranjeros ha sido criticada no solo por detractores del gobierno, sino también por expertos y por industriales nacionales que se han quejado de que no han dispuesto de divisas para cancelar deudas con proveedores internacionales lo que, según han afirmado, les ha impedido producir dentro del país al ritmo que necesitan.

Hoy, con el descenso de los precios petroleros, la compra de alimentos por parte de los venezolanos se ha transformado en un calvario. Los saqueos se han convertido en un fenómeno común y cientos de miles de ciudadanos moran en larguísimas filas con la esperanza de conseguir algo para servir en la mesa, no comen para dejar a sus hijos o esperan por una bolsa de comida con cuatro o cinco productos subsidiados:

“La poca disponibilidad se debe a los controles de precio, a las expropiaciones de las unidades agrícolas que ahora están en manos del Estado con nada o muy poco que producir; al control del tipo de cambio y a las dificultades para la importación de materia primas impuestas al sector privado”, dijo Alejandro Gutiérrez, economista y fundador del Centro de Investigaciones Agroalimentarias, quien en el corto plazo solo avizora como única solución nuevas y masivas importaciones para apañar lo que muchos califican de crisis humanitaria. Si ocurre como pronostica, el Ministerio de Alimentación y sus funcionarios estarán en el centro del asunto.

Los favorecidos

Maduro no solo mantuvo la estrategia de las importaciones sino también la tradición que inició su padre político de designar militares al frente del Ministerio de Alimentación.

Durante su gestión ha nombrado a cinco oficiales al frente del despacho: Félix Ramón Osorio Guzmán, Hebert Josué García Plaza, Yván José Bello Rojas, Carlos Alberto Osorio Zambrano y Rodolfo Clemente Marco Torres.

Uno de ellos está prófugo de la justicia –García Plaza fue acusado por el Ministerio Público de comprar tres barcos españoles con sobreprecio, cuando se desempeñaba como presidente de la compañía estatal Bolipuertos– y los otros tres están siendo investigados por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que los acusa por el desvío de dos mil millones de dólares en compras alimentarias.

A Marco Torres, de hecho, le dieron voto de censura por no comparecer ante la plenaria, pero la decisión fue desconocida por Maduro. El Presidente le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia desestimar el dictamen de los parlamentarios y el Poder Judicial aceptó.

Cada uno de ellos incluyó a compañeros de promoción en puestos claves de la nómina ministerial.

Cuando Félix Osorio asumió el poder en 2013 –su segundo mandato después de haber ocupado la misma posición con Chávez– militarizó la conducción de la productora y distribuidora de alimentos Pdval y colocó a oficiales como miembros principales o suplentes, de seis de los ocho cargos de la junta directiva de la compañía.

Dos de los seleccionados, Luis Moreno Machado y Luis Fernández Abreu, habían compartido formación con el entonces coronel como parte de la promoción “José Trinidad Morán”, egresada de la Academia Militar 23 años antes. Osorio conocía de cerca cómo era el manejo y la operatividad de la compañía.

En 2010, cuando desempeñaba su primer mandato como titular de la cartera alimentaria, tres gerentes de la empresa fueron aprehendidos por la descomposición de al menos 130 mil toneladas de alimentos. Para la fecha, Pdval estaba adscrita a la petrolera estatal Pdvsa, a cargo de Rafael Ramírez, y debido a la irregularidad fue transferida a la Vicepresidencia de la República y luego al Ministerio de Alimentación.

En su momento, el entonces coronel calificó las denuncias de “manipulación mediática” y afirmó que la cantidad de productos descompuestos no era “notoria” en comparación con lo comercializado por la compañía. El caso, sin embargo, fue investigado por el Ministerio Público y tres directivos fueron acusados de delito de boicot y peculado doloso.

La Contraloría General de la República, por su parte, todavía no ha emitido un acto conclusivo. “Se trata de una investigación muy engorrosa”, reconoció el contralor Manuel Galindo en abril de 2016.

Osorio también incluyó a otro compañero de promoción en otra vacantes del organigrama ministerial: José Dionisio Moreno Oliva quien -junto con Moreno Machado- fue designado como parte de la junta directiva de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La Casa.

Entre 2013 y 2014, esa fue la empresa de alimentos que más recursos públicos recibió al obtener 11 y 12% del presupuesto nacional aprobado por el parlamento para esos años.

El presidente de la compañía también había sido su compañero de generación de la Academia Militar: Manuel Barroso. No era un desconocido para la opinión pública: había sido presidente de Cadivi por seis años –el órgano encargado de la administración de divisas– y Maduro había decidido apartarlo del cargo en medio de las crecientes denuncias de corrupción en la asignación de dólares preferenciales para empresas de maletín y el cual ha sido considerado como uno de los mayores escándalos de irregularidades administrativas de la historia de la República.

Una investigación del diario El Nacional de 2014 reveló que Barroso y Osorio –quien también formaba parte de la directiva de Cadivi– habían aprobado en 2012 más de 17 millones de dólares para la importadora Alimentos Venenceres de año y medio de existencia que tenía entre sus accionistas a un miembro retirado de la misma promoción de la dupla, la José Trinidad Morán: Carlos Arias Delgado.

En su momento, sus representantes negaron que la suya fuera una compañía espejo.

Práctica repetida

Exministro Félix Osorio//Fotografía VTV.

Quienes siguieron a Osorio repitieron la práctica. El mayor general García Plaza incluyó a dos antiguos condiscípulos en la dirección de evaluación y seguimiento de políticas públicas del ministerio, y en la junta directiva de Mercal empresa responsable de la venta de alimentos en mercados abiertos.

El coronel Yván José Bello Rojas designó a otros cuatro en el ministerio y en la presidencia y junta directiva de la Red de Abastos Bicentenario, empresa pública que según los balances comerciales mostrados en las memorias y cuentas, ha estado en déficit durante dos años consecutivos por un monto de 687 millones de bolívares en 2014 y por 3.419 millones en 2015. Este último número supera en más de dos tercios su capital social.

En junio de 2015, Carlos Osorio Zambrano nombró a Heber Aguilar Suárez presidente de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Alimentos, Cval, consorcio agroalimentario intervenido un año antes para la optimización de los procesos productivos y el abastecimiento oportuno de productos agrícolas para la población.

A principios de 2016, Suárez fue detenido junto a la administradora de la compañía por legitimación de capitales. Se les acusó del desvío de bienes, fondos públicos y alimentos del pueblo, hacia redes de comercialización privada.

La última designación la hizo el recién ascendido general de división, Marco Torres, quien el pasado 24 de mayo le otorgó a su compañero de promoción, Luis Alberto Medina Ramírez, la presidencia de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, una súper compañía a la que ahora estarán adscritas las 15 empresas de alimentos del Estado. En los próximos meses -y así lo ordena el decreto 2.325 del Ejecutivo- desaparecerán La Casa, Cval y Corpo-pdmercal.

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano dedicada a la discusión de seguridad y defensa de la nación, afirmó que en la gestión de Maduro se ha consolidado la militarización de la administración pública:

“Los militares controlan 32% de los ministerios más importantes de Venezuela, por la cuantía de los montos que manejan y de las dimensiones de las competencias que realizan”.

La abogada lamentó que –como debería suceder en cualquier país con control democrático– la FAN no reporte y aclare cuántos de sus efectivos están en comisión de servicio en los despachos gubernamentales.

Los reciclados

En el gobierno de Maduro también resaltan los casos de quienes han ostentado más de un cargo directivo al mismo tiempo en el Ministerio de Alimentación: el mayor Anderson José Medina Delgado, el teniente coronel Rafael Martín Hidalgo Belisario, el coronel Luis Rafael Moreno Machado y el general de brigada Valmore Ascanio Lugo Yépez, han ocupado múltiples funciones tanto en el despacho como en la presidencia y juntas directivas de las empresas públicas.

Moreno Machado, de la promoción de Félix Osorio, fue nombrado Superintendente Nacional de Silos y Depósitos Agrícolas en abril de 2013. Luego, en julio y en menos de una semana, lo designaron miembro principal del consejo directivo de Fundaproal, director principal de la junta directiva de La Casa y director principal de la junta directiva de Pdval.

El coronel debía, entonces, disponer de su tiempo para: inspeccionar, vigilar, fiscalizar y sancionar sobre actividades de almacenamiento, acondicionamiento y actividades conexas de los depósitos agrícolas; aprobar y hacer cumplir el presupuesto de ingresos y egresos, de la fundación de programas estratégicos que tiene como objetivo garantizar la alimentación a poblaciones desfavorecidas; y definir, controlar y supervisar las estrategias y actuaciones, convenios y contratos, de las empresas de alimentos.

Las responsabilidades del general Lugo Yépez al frente de la dirección general de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del ministerio de Alimentación, tuvieron que ser compartidas con las de la Vicepresidencia de La Casa, compañía que para 2014 estaba presidida por su compañero de grado y ministro Hebert García Plaza.

El teniente coronel Hidalgo Belisario, por su parte, fue designado Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, director principal de la junta directiva de Pdval, director principal de la junta directiva de Logicasa y director suplente de la junta directiva de la Red de Abastos Bicentenario, cargos que se fueron sumando en tan solo tres meses.

En septiembre de ese mismo año, Medina Delgado –graduado junto a Bello Rojas en 1993– inició funciones como presidente de la Red de Abastos Bicentenario y en octubre fue nombrado director principal de la junta directiva de Logicasa.

El mayor no duró más de ocho meses en el cargo y fue sustituido en abril de 2015 por la detención de tres de sus gerentes en la sucursal del estado Anzoátegui, quienes incurrieron en el desvío de los alimentos distribuidos por la red de supermercados en esa entidad.

El Gobierno informó a principios de 2016 que un total de 49 empleados de la compañía han sido arrestados por corrupción. Otros funcionarios, durante la gestión de Maduro, han llegado a pasearse por un laberinto de hasta nueve cargos públicos en un período de tres años.

Es así como el coronel Johan Alexander Hernández Lárez ha sido Viceministro de Producción Alimentaria; director y miembro principal de las juntas directivas de Pdval y de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas; integrante de la junta administradora del Complejo García Hermanos S.A, expropiado en 2010; director principal de la junta directiva de La Casa; y presidente de la Red de Abastos Bicentenario, Corpo-pdmercal y de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Alimentos, Cval, cargo que desempeña desde enero de 2016.

Los investigados

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional no solo ha responsabilizado a Félix Osorio, a Carlos Osorio y a Marco Torres, por la crisis alimentaria sino también por presuntos actos de corrupción que habrían sido cometidos por ellos mientras estaban al frente del despacho y de la principal empresa importadora de alimentos, la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La Casa.

A Carlos Osorio se le acusa de haber beneficiado a familiares de su esposa con la compra de alimentos, a través de una empresa de maletín, y a Marco Torres de avalar órdenes de compra con sobreprecio, mientras ambos ostentaban la presidencia del conglomerado.

A principios de 2016, los militares fueron citados para rendir cuentas ante la plenaria, pero ninguno asistió. La inasistencia fue amparada luego por el Tribunal Supremo de Justicia que, días después de que el Parlamento aprobara el voto de censura contra Marco Torres, inhabilitó a la Asamblea Nacional para remover a los ministros del Gobierno.

El 28 de junio de 2016, la cabeza del Poder Judicial admitió una demanda de Carlos Osorio y prohibió a los miembros de la Comisión de Contraloría, diputados Carlos Berrizbeitia e Ismael García, difundir “contenido vilipendioso” sobre el general.

El mismo fallo se aplicó al portal http://www.cuentasclarasdigital.com (http://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/portada), responsable de haber publicado los datos de los nombres, montos y empresas vinculadas al supuesto entramado de corrupción.

El presidente Nicolás Maduro salió en defensa de Marco Torres y aseveró que la moción parlamentaria era un ataque contra la Misión Alimentación, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y el heroico esfuerzo por satisfacer las necesidades de los venezolanos a pesar de la caída en los ingresos petroleros.

“Le digo al señor Ramos Allup que al ministro no lo remueve nadie”, sentenció en una frase dirigida al presidente del parlamento.

Osorio, por su parte, no contó con el aval público del Jefe de Estado pero aprovechó su cuenta en la red social Twitter para expresarse frente a lo que calificó como un engaño de la burguesía:

“Con esa misma fortaleza que mi Comandante Chávez nos enseñó a tener, sostendré mi moral en alto y defenderé la patria y su legado ahora más que ayer (…) mi demanda contra los ciudadanos Tablante, García y Berrizbeitia, obedece a no seguir permitiendo más injurias a mi reputación y honor”.

El diputado Berrizbeitia señaló en declaraciones a Armando.info que las investigaciones parten de las denuncias introducidas en la anterior Comisión de Contraloría y que no fueron procesadas: “Son más de 20 los procesos que no se abrieron”, aseguró. Entre 2010 y 2015, la comisión estuvo presidida por el actual diputado por el partido de gobierno, Pedro Carreño, quien se graduó con Carlos Osorio en la promoción militar “Lucas Carvajal” de 1985.

“En los últimos 10 años, la compra de alimentos se ha vuelto un negocio cambiario. Y, tanto en el Gobierno de Chávez como de Maduro, las compras se han realizado sin ningún tipo de supervisión: no ha habido control previo ni posterior del gasto; tampoco ha sido una licitación internacional o consulta de precio. Las compras han sido hechas de forma discrecional”.

El parlamentario opositor aseguró, además, que manejan pruebas sobre a qué personas y empresas, y por cuánto dinero, benefició el general Marco Torres como presidente de La Casa, en 2008.

El ministro habría firmado órdenes de compra, con tarifas que casi duplicaban los precios internacionales de las toneladas de pollo y carne, para el momento de la transacción.

La Comisión solicitará a la Fiscalía General de la República abrir una investigación contra Carlos Osorio por la sospecha de que, junto a sus cuñados y otros empresarios, incurrió en los delitos de pago de sobornos y comisiones a funcionarios, sobrefacturación, tráfico de influencia, compra de comida vencida, entre otras imputaciones, para la conformación de una red de corrupción que buscaba enriquecerse con el diferencial cambiario aplicado a las compras de alimentos.

La petición incluye que el exministro sea citado a declarar y que mientras duren las averiguaciones, sean confiscados los bienes y congeladas las cuentas bancarias relacionadas con el caso.

Armando.info intentó contactar al ministro Rodolfo Marco Torres, al exministro Carlos Osorio y al diputado Pedro Carreño. De igual forma, se le solicitó al Ministerio del Poder Popular para la Defensa información sobre los funcionarios militares en comisión de servicio dentro de la administración pública.

Hasta la fecha de publicación de este reportaje, las solicitudes no han sido respondidas.

Los delitos de la Guardia Nacional: del robo al tráfico de drogas

Javier Ignacio Mayorca, Revista Clímax

En apenas seis meses de 2016 han sido aprehendidos 89 funcionarios del componente militar. Los homicidios se combinan con delitos de naturaleza militar, como la sustracción de armas de los cuarteles

El 19 de mayo, cuando apenas despuntaba el sol, corrió un revuelo en las instalaciones del destacamento 351 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en San Fernando de Apure.

Había desaparecido un fusil AK103 asignado a un sargento primero que, además de escolta de otros sargentos de esa misma unidad, era vigilante de las personas que permanecen detenidas en la instalación por distintos delitos. La sustracción del arma presumiblemente ocurrió cuando el uniformado que la utilizaba la guardó luego de finalizar su turno.

Tres sargentos fueron detenidos mientras se llevaban a cabo las averiguaciones. Otro militar, de apellido Conde, desapareció del cuartel. La presunción de que podía tener el arma fue confirmada por uno de los investigados, que supuestamente decidió delatarlo tres días después.

A partir de entonces se inició una cacería que llevó a los investigadores hasta la población de Calabozo, en Guárico. Allí se solicitó la ayuda de la policía municipal para vigilar todas las entradas y salidas de la población, en la búsqueda de un Ford Fiesta que supuestamente era usado por el guardia en fuga.

Luego de las 2 pm los policías municipales alertaron a la GN que los ocupantes del vehículo compacto fueron avistados cuando iban a encontrarse con otros hombres que viajaban en una camioneta Hyundai Tucson azul. Eran presumiblemente integrantes de la megabanda conocida como “Tren de Aragua”.

La venta del fusil a los delincuentes fue abortada cuando uno de los guardias que participaba en la negociación quiso desistir a última hora. Ya ellos sabían que la sustracción de un arma de guerra es un delito militar, y que probablemente la fiscalía castrense adelantaba una pesquisa contra todos los uniformados que estaban esa noche en el destacamento.

En ese momento se escuchó una detonación en el interior del Fiesta. De la cabina del auto salió herido el sargento primero Jesús Álvarez, quien fue atendido en el servicio médico de una instalación militar. El sargento Conde, de 25 años de edad, optó por entregarse días después ante un fiscal del Ministerio Público Militar en Guárico. Iba con su mamá y otros familiares. Pero del fusil no se tienen mayores pistas. Solo que fue entregado a un antisocial conocido como Omar.

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Este es apenas uno de los 31 casos conocidos durante el primer semestre en los que aparecen implicados efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Este componente de la Fuerza Armada Nacional (FAN) actualmente posee más de 60.000 integrantes, incluidos los miembros de la llamada Guardia del Pueblo, una unidad creada para que labore como “policía de proximidad”.

Las cifras sobre los efectivos de la GNB procesados por diversos delitos son un secreto. No obstante, una revisión de todos los partes enviados por el Ministerio Público y de diversas minutas conocidas de manera extraoficial revela que fueron aprehendidos por lo menos 89 uniformados.

La estadística, aunque parcial, hace de la GN el cuerpo de seguridad y castrense que más efectivos ha perdido por detenciones durante el primer semestre del año. Lo sigue de lejos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 66.

Expuestos a las tentaciones

La GN juega un papel fundamental en los planes de seguridad del Ejecutivo. Solamente en Caracas son desplegados por el comando de zona más de 1500 efectivos cada vez que se anuncia una operación Liberación del Pueblo, o en cualquiera de los dispositivos para la vigilancia de la ciudadanía durante asuetos como Carnaval o Semana Santa.

Esto hace que sus integrantes estén más expuestos a la comisión de ilícitos que los de otros componentes. La mayor parte de las detenciones reportadas entre enero y junio, 31 caso, fue por homicidio. Los otros delitos más atribuidos a los guardias fueron hurtos y tráfico de drogas, 17 y 12 respectivamente. También hubo siete detenidos por extorsiones e igual número por robos genéricos.

La GN además ha sido criticada por su actuación sesgada. Por ejemplo, sus efectivos fueron grabados por aficionados cuando juntaron fuerzas con miembros de colectivos para atacar a manifestantes y periodistas en la avenida Urdaneta, el 2 de junio. También cuando se excedieron en el rigor de trato al presidente de la Asamblea Nacional (AN) Henry Ramos, y le revisaron su equipaje en el aeropuerto Caracas cuando regresaba de Estados Unidos.

El parlamentario indignado observó que los guardias no aplican la misma receta cuando llegan otros generales y miembros del oficialismo. “A ustedes la gente ni les tiene miedo, ni los quiere ni los respeta. Pusieron a la Fuerza Armada por el suelo”, les increpó en las mesas de revisión.

El comandante de la fuerza Néstor Reverol —recientemente sustituido por el general Antonio Benavides— calificó de “cobardía” los señalamientos de Ramos.

“Es muy fácil envalentonarse, acusar de contrabandistas y periqueros a nuestros funcionarios”, declaró.

Reverol, sin embargo, está consciente de las consecuencias que ha traído el crecimiento desproporcionado de las filas de la GN. Luego de su designación para la comandancia general de la fuerza, en octubre de 2014, exhortó por escrito a los distintos jefes de unidades para que aplicaran mecanismos más rigurosos a la hora de captar y seleccionar nuevos reclutas.

Ese mismo año corrió en varias dependencias del componente un radiograma:

“Este comando ha observado con preocupación a oficiales y guardias nacionales involucrados en hechos de corrupción y otros actos contrarios a la moral y las buenas costumbres que deben caracterizar a quien decide seguir la honrosa carrera de armas”.

El texto ordenaba a los jefes de esas unidades llevar a cabo “todas las acciones de comando” necesarias para que tales hechos no se repitiesen.

Tal parece que el mandato no fue escuchado. En junio, cuatro efectivos de ese cuerpo adscritos a la unidad Antidrogas del aeropuerto de Maiquetía fueron detenidos por tener una supuesta participación en el traslado en un jet de Aeroméxico de 600 kilos de cocaína. Otros cinco guardias quedaron tras las rejas en Zulia, cuando supuestamente intentaban llevar a Colombia miles de litros de combustible.

También hay guardias involucrados en delitos que no tienen ese grado de organización. En un peaje de Táchira, la policía regional apresó a los guardias del pueblo Jesús Alberto Cañizárez y Carlos Julián Rivero, quienes supuestamente tenían en su poder un teléfono celular robado recientemente.

Instancias sin control

Según el general retirado de ese mismo cuerpo Régulo Díaz Vega, la GN padece severos problemas de control en la actualidad. Este oficial, quien llegó a ser subcontralor general de la FAN, señaló que las medidas correctivas se toman “cuando es descubierta o denunciada una operación” ilegal.

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“Hoy en día, como todos son cómplices necesarios, se tapan unos con otros. Nadie, por lo menos, pregunta al subalterno por qué tiene un teléfono de última generación”, sostuvo.

Indicó que la fuerza posee mecanismos institucionales para prevenir los ilícitos, pero que se encuentra “cooptados” por la jerarquía.

“Hay un primer órgano de control que son los consejos disciplinarios. Actúan a pedido de los comandantes naturales del pelotón, la compañía o el destacamento cuando la falta cometida excede la capacidad de sanción permitida a esos comandantes. Pero en la actualidad, como hay conchupancia superior/subalterno este mecanismo de sanción está disminuido”, explicó.

Un general de división ya retirado, que llegó a ocupar altos cargos de esa fuerza, dijo a condición de anonimato que el incremento de detenciones en esa fuerza tiene una relación directa con la falta de filtros en las etapas de reclutamiento y selección.

“El sistema educativo de la GN fue violentado. Antes, para ser un guardia debía ser bachiller y pasar año y medio en las escuelas de guardias. Esto fue obviado en los últimos años al crear la Guardia del Pueblo, que son reservistas con pocos meses de formación y los lanzan a la calle, sin habérseles efectuado pruebas de selección”, alertó.

Son estos guardias los que engrosan la lista de detenidos en delitos contra la propiedad. En marzo, por ejemplo, dos sujetos robaron una moto en San Fernando de Apure. Pero el vehículo se les apagó poco después. Cuando otros guardias los apresaron se dieron cuenta de que uno de los asaltantes era un sargento primero, de 25 años de edad y compañero de su propio cuartel.

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Otros terminan aliados a algunas de las megabandas que han surgido en todo el país. Tal fue el caso de Willy Solórzano, de 26 años de edad, egresado de la escuela de orden público de la GN en Cagua, quien fue detenido en diciembre de 2014 y enviado a Ramo Verde porque supuestamente era cuñado de José Tovar Colina, alias Picure, líder de la banda “Tren del Llano”.

La fiscalía militar le imputó rebelión, pero los defensores del guardia lograron convencer al juez militar de que la banda del Picure no era un movimiento armado contra la estabilidad del país sino un “azote para las comunidades del municipio Mellado de Guárico”. Este argumento fue comprado y Solórzano fue condenado por delitos contra la seguridad de la FANB, previa admisión del cargo.

Hoy Solórzano cuenta los días en Ramo Verde para salir en libertad.

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Ciudad Guayana: de milagro de planificación a ejemplo de destrucción

María de Los Ángeles Ramírez Cabello, Revista Clímax

Fotos: William Urdaneta

Ciudad Guayana ya no es la cité de oro que fue: patrón de planificación urbanística lo mismo que modelo productivo junto a las empresas básicas del sur. Su panorama actual es más que desolador: pobreza, herrumbre, improvisación y una ideología —chavista— que minó todo espacio de desarrollo.

Héctor Goitia recorre la ciudad entera a diario. Volanteando su taxi se maravilla de la grandeza del río Caroní, cuando atraviesa el puente homónimo desde su residencia en una invasión de la estropeada San Félix.

Disfruta su portento en las caídas de agua del parque Cachamay —que se observan desde la avenida Guayana. Bordea la emblemática sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en donde al menos una vez a la semana se cruza con protestas y continúa su largo camino de huecos, deterioro y mengua, hasta llegar a las empresas básicas que detrás de sus estructuras de acero guardan la desventura de un anhelo frustrado.

Él como muchos en Guayana no entiende qué pasó ni por qué el milagro que representó esta ciudad, en la margen sur del río Orinoco, ha sido derruido sin recato. Su resumida vida dibuja solo un añico del quebranto de la única ciudad de Venezuela planificada, cuya piedra fundacional fue colocada el 02 de julio de 1961, tras la fusión política-administrativa de Puerto Ordaz y San Félix, las más pobladas del estado Bolívar.

El crecimiento desordenado, obras en promesas y el estancamiento productivo de su motor industrial son en la actualidad algunos de los puntos frágiles de la urbe, cuyo levantamiento fue pilotado por el Plan Maestro de Desarrollo Urbano para Santo Tomé de Guayana, elaborado por profesionales del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) en 1962.

Así como Brasilia en Brasil, Ciudad Guayana fue dibujada en lienzos en blanco. Sus grandes avenidas, su conexión con San Félix, sus perfectas cuadras y la ubicación distante de las industrias del hierro, el acero y el aluminio con líneas férreas en sus márgenes fueron planificadas y llevadas a la realidad al calco.

Al cobijo de la CVG, creada en 1960, el proyecto de un polo de desarrollo en una zona bendita por su proximidad con los reservorios de minerales y metales y el río Orinoco se desarrolló de forma exitosa, tanto que sus tres objetivos primigenios se cumplieron, algunos con reservas: el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní, en donde se produce 70% de la energía eléctrica que mueve al país; el desarrollo del emporio industrial con la creación inicial de Alcasa en 1960 y Sidor en 1964; y la creación del centro poblacional que se cristalizó con la fundación de Ciudad Guayana en lo que para entonces era un espacio despoblado.

Hoy la ciudad atraviesa una de sus peores crisis, en medio de una discusión sobre el agotamiento del planeamiento urbano y el mando asumido —entretanto— por la improvisación. Colapso del sistema de transporte; resguardos de terrenos a granel por el congelamiento de los grandes desarrollos habitacionales que por años dinamizaron la ciudad o invasiones, en su defecto; pérdida de la estética urbana y falta de visión bosquejan hoy el plano.

Pobreza general en el polo

En 1960, la función de Ciudad Guayana como polo de desarrollo apuntaba a la creación de empleo, al surgimiento de una alternativa económica no petrolera y al desarrollo urbano, en el marco de una visión global de país.

“Se cumplió con aquello de ser útil al país y cruzamos fronteras a Colombia y a Brasil al suministrarles energía limpia. Solo en las industrias de Guayana, se generaba 40% del Producto Interno Bruto no petrolero, resaltó Waldo Negrón, ingeniero químico llegado de Maracaibo a Guayana en 1969 cuando la ciudad, recuerda, era pujante y atraía a nacionales y extranjeros de todo el mundo, que siguieron llegando cautivados por una ciudad que en su interior atesoraba cascadas de agua en los parques La Llovizna y Cachamay, obras portentosas como la central hidroeléctrica Antonio José de Sucre en Macagua, una mirada única al oscuro río Caroní y las deslumbrantes estructuras de las empresas básicas.

Al cierre del 2014, la radiografía socioeconómica es totalmente aciaga. 72,7% de la población de Puerto Ordaz vive en pobreza general, de modo que no es capaz de cubrir el costo de la cesta básica, integrada por alimentos y servicios, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones para la Productividad, la Educación y la Vida (Ciepv) de la Universidad Católica Andrés Bello, campus Guayana (UCAB).

La pérdida del timón gerencial y la preeminencia del factor ideológico chavista en las empresas básicas de Guayana con la inyección de experimentos sociales, como la cogestión y el control obrero, extinguió los resquicios de productividad y la capacidad de aporte al país —que se descuidó además por la confianza en la renta petrolera como fuente inagotable de recursos.

En el 2014, de acuerdo con las Memorias y Cuentas del Ministerio de Industrias las pérdidas alcanzaron a más de 20 mil millones de bolívares entre el sector hierro-acero y aluminio.

“Leopoldo Sucre Figarella era gobernador y Rómulo Betancourt, presidente. Crean el municipio Caroní, se crea la ciudad y la CVG, una de las cinco corporaciones más exitosas de América Latina y de las 30 más importantes del mundo, capaz de planificar, dirigir, construir. Pero la visión cambió y de ser un ente omnipresente, si hoy quitas a la CVG, la gente no se daría cuenta, perdió los roles que tenía”, dijo.

Al entrar a las empresas básicas, no existen fronteras entre el partido político y el espíritu empresarial de una industria. La política penetró y los colores y las imágenes en la empresa son las mismas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). No hay división.

Las industrias se convirtieron en máquinas de empleo, a costa de su rendimiento. Pero no siempre fue así.

El investigador José María Fernández explicó que entre 2004 y 2007 las industrias de Guayana, en manos estatales, alcanzaron resultados positivos porque “gozaban de autonomía, respetaron la gerencia de expertos en las áreas cuya meta era la producción, aumentaron los precios internacionales de los commodities, tenían ganancias y podían invertir en mantenimiento y actualización tecnológica”.

Ordenación territorial

El descalabro de las industrias es un espejo de lo que ocurre en el resto de Ciudad Guayana y sus servicios. A las cinco de la tarde, las colas para tomar un bus destartalado o, con suerte, alguna de las unidades rojas administradas por la Alcaldía de Caroní o la Gobernación de Bolívar son kilométricas. Otros con menos suerte deben abordar camionetas, conocidas como “perreras”.

Más de 50 buses de tránsito rápido —BRT, por sus siglas en inglés— con capacidad para transportar 180 personas permanecen estacionados en el Aeropuerto Internacional Manuel Piar, mientras el gobierno regional pisa el acelerador para construir 21 estaciones, que apenas empezó a edificar después de la llegada de las unidades, en febrero de 2015.

Polos comerciales como Alta Vista muestran hoy su peor cara por el descuido urbanístico de la ciudad y la falta de planificación de su ordenamiento, planeado con detalle en el Programa de Desarrollo Urbano Local (PDUL), engavetado hace un par de años.

La proliferación de resguardos de tierras, invasiones y construcciones residenciales no permisadas también ha sido una constante en los últimos años, a lo que se suma la falta de urbanismos y servicios. Fernando Roa lo vive desde que se levanta.

Llegó a Ciudad Guayana, desde su natal San Cristóbal, hace más de 30 años. Para ingresar a su vivienda en Villa La Paragua —al oeste de la ciudad— hay que atravesar un pasaje de huecos, enlodados por las lluvias de los últimos días.

Es beneficiario de la Gran Misión Vivienda, su casa del programa gubernamental carece de sistemas de aguas blancas y negras, y un servicio eléctrico de calidad, pese a estar a pocos kilómetros del poderoso en generación hidroeléctrica, río Caroní.

“La ciudad está sujeta a improvisaciones. No sabemos para dónde va y la respuesta es obvia, tenemos un caos”, expresó la docente investigadora de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), Ana Jorge, quien lideró el proyecto “Modelo de gestión local para avanzar hacia el desarrollo sustentable” del municipio Caroní, realizado durante dos años por un grupo de académicos a través del método de la prospectiva estratégica.

El estudio —que culminó recientemente— muestra las secuelas de la improvisación. “No planificamos el desarrollo, nuestras autoridades ejecutan un presupuesto, de allí los resultados. Éramos una ciudad urbano-industrial y ese cometido se estaba cumpliendo. Desde el 2007 los informes del Ministerio de Industria reflejan que nuestras empresas están disminuyendo la producción, así que lo que éramos ya no lo somos, ya no sabemos qué somos, tenemos que repensar nuestra ciudad”.

El estudio arrojó en la dimensión sobre estructura y funcionamiento del estado; Derechos Humanos, transparencia pública y participación ciudadana, asociatividad y diálogo social que en Ciudad Guayana hay violación de los Derechos Humanos en todas las áreas; hay opacidad en la gestión pública y contradicción de las estadísticas con fines propagandísticos y los espacios para la participación son limitados y solo favorecen la participación de los grupos adeptos al gobierno, lo que ha ocasionado que el diálogo social sea inexistente.

En cuanto a la economía local, persiste el cierre de las empresas privadas ante el “acoso y hostigamiento” y sigue siendo baja la inversión pública, que no responde a la planificación para el desarrollo, pues se limita a gastos corrientes.

“La inversión privada es la menor en el histórico y se limita a construcción comercial y residencial”.

Aunque la baja generación de empleos y el deterioro del poder adquisitivo ha abierto la puerta a innumerables emprendimientos en Ciudad Guayana, el estudio destaca que “las actividades emergentes no logran consolidarse por las precarias condiciones socioeconómicas y la inseguridad jurídica”.

En materia de ambiente, ordenación del territorio y calidad de vida, la investigación confirma “el deterioro progresivo en manejo de desechos urbanos, tratamiento de aguas servidas, potabilización y protección de áreas de alto valor ambiental”.

“La gestión no valora la planificación, se tiene desactualizado el marco de ordenación territorial generando condiciones para rezonificación y ocupación de zonas de riesgo ambiental”.

Despertar ciudadano

La urbanista María Nuria de Cesaris explicó que el PDUL contiene las previsiones de requerimientos y servicios de la ciudad hasta 2026, que considera se dejaron de lado en perjuicio de los intereses colectivos de los guayaneses. “Ha habido mucha ineficiencia y eso ha dado paso a la improvisación”.

El déficit de servicios sociales, espacios de recreación y crecimiento anárquico de la población, “metiendo casas por cualquier lado cuando existen terrenos determinados para construir”, a la par del trabajo no colaborativo entre las instituciones públicas devienen deterioro de la planificación, expresó la experta.

Bajo ese crepúsculo, sin embargo, grupos como el Plan Urbe, del que Cesaris es miembro, que apuesta al proyecto “Más P: más plazas, más parques y paseos”, empiezan a despertar tratando de incidir en la calidad de vida de su propia comunidad.

Muraleja.

La reserva de emprendimientos sociales que aspiran a una mejor ciudad es vasta y cada vez más entusiasta con iniciativas como el Festival de Espiritualidad en el Cine Venezolano (Fescive), los Arborizadores Voluntarios Urbanos de Guayana (AVUG), Ecocívico, Muraleja, FundArte, los Cachamay y Llovizna runners, entre muchos otros apasionados culturales, deportivos y ambientales.

Su apuesta es por una ciudad próspera, que respete el valor de su gente, que atraiga inversiones y cambios positivos y que, finalmente, sepulte la improvisación.

Los bachaqueros son peligrosos delincuentes

Sala de Información

“En el bachaqueo policías, militares, malandros, políticos, mafiosos y hasta el comercio formal, se dan la mano. El bachaqueo es producto de un gobierno absolutamente irresponsable y mentiroso. El bachaqueo es el resultado del mercado negro, la sofisticación crematística de la unión cívico-militar”. Elides Rojas

Los bachaqueros y colectivos se apropian de los espacios y coartan las posibilidades de personas dispuestas a hacer filas por horas con tal de adquirir artículos al precio legal. Ante cualquier cuestionamiento, las amenazas se convierten en represalias para aquel que solo exige su derecho.

Así lo relató Norkis Arias en un excelente trabajo para la revista Clímax, titulado “Bachaqueros: los más malandros de las colas”

En cada línea, Arias hurga en las experiencias trágicas de muchas víctimas de estos especímenes que no tienen contención gubernamental, quizás porque forma parte del “negocio”.

Eward Castillo le “robaba” los martes al trabajo, para acompañar a su madre a la cola del supermercado Éxito de Los Teques.

“Cuando en la zona se enteran de que van a llegar camiones a descargar, aparecen los colectivos en motos y secuestran el local. Se meten y se llevan lo que quieren, y dejan las sobras para los que hemos estado haciendo cola por horas”, relató el joven de 26 años.

Un día, la tropelía lo llenó de valor y enfrentó a un motorizado. Le reclamó su derecho a comprar comida. “La disputa se elevó a unos empujones y Edward estaba dispuesto entrarse a puños, pero su adversario se alzó la camisa para dejar al descubierto una pistola. Esa amenaza lo hizo tragar grueso y desistir. Instinto de supervivencia…”

Esa violencia reiterada, la que humilla y desmoviliza, es práctica común en cada centro que venta alimentos.

Es la necesidad que se encuentra con la avaricia y la viveza sin mezclarse”, dice el reportaje de Clímax.

Y lo grafica señalando que “Mientras el que necesita madruga para probar suerte en supermercados, farmacias y establecimientos “a ver si” consigue algo para comer, el vivo se aprovecha y lo amedrenta para desaparecer la “justicia” del léxico local. Esa palabra está moribunda”

Por otra parte, la reventa de productos regulados –que cuenta con la complicidad por omisión (presuntamente) del gobierno- por encima de su precio legal, se ha convertido en una actividad económica usual.

“Se ha sofisticado hasta alcanzar un estatus delictivo con modus operandi propio que se ha esparcido como maldición por todo el país”.

A Alicia Ortiz su esposo la deja a las 3:30 de la madrugada en el supermercado Unicasa de El Paraíso, para comprar y llevar a algo casa… si la suerte también madrugó y la acompaña.

“Madrugo porque antes del amanecer un hombre con cicatrices en el rostro nos quita la cédula a un número arbitrario de personas en la cola. Él es uno de los líderes de bachaqueros y, horas más tarde, cuando la Guardia nos pide las cédulas laminadas, el tipo les entrega las requisadas junto con las de otras personas que no se encuentran en el lugar”. ¿Hay o no complicidad?

Los ausentes son bachaqueros que van apareciendo paulatinamente y se incorporan a la fila

Alicia comentó a Clímax que “Casi nunca le protestamos al tipo porque después te pueden sacar de la cola o hacer algo peor”.

A veces quita 50 cédulas, a veces 80. Depende de cuántos números vayan a repartir ese día en el mercado. Y a esas les agrega como 100 más que es la de su gente”, contó.

Son delincuentes

Ingrid Cabrera le contó a Norkis Arias que en el Central Madeirense de La Alameda en Santa Fe, una bachaquera llegaba y se metía de primera en la cola. A quien revirara, le mostraba un cuchillo que escondía en su pantalón.

“Ya esa mujer –agregó Ingrid- no se aparece más por aquí. Llegó una más brava y la corrió, pero la intimidación es la misma. Es mejor dejarse colear a terminar bañado en sangre”.

Los vigilantes, en los centros comerciales, tienen un camión lleno de “bachaco vivencias”.

“Te cuento pero no me saques”, dijo uno en el Unicentro el Marqués: “Grisapas (guirisapas), insultos, golpes y bombas lacrimógenas, son comunes aquí”.

“Eso se ve aquí todos los días. La gente duerme desde la 1 de la mañana del día anterior y cuando amanece, llegan los bachaqueros y les dicen que tienen gente adelante”

“Se ponen 20 bachaqueros de primeros, después una persona que hizo su cola, 20 bachaqueros más, otra persona normal y así. Es mejor no reclamar. Hay gente que lo ha hecho, pero terminan sacándolos de la cola. No los dejan comprar, los amenazan y si no hacen caso le caen a coñazos”.

En su trabajo periodístico, Arias señaló que “Se trata de la supervivencia del más apto. Unos someten y otros se dejan someter. Hay que suprimir la dignidad y aceptar la injusticia para evitar la violencia en un territorio donde reina la impunidad

Mafia arrecha

El Correo del Caroní, en investigación de la periodista María Ramírez, reflejó en sus páginas el saqueo de un camión de embutidos que descargaría mercancía en la panadería La Marquesa, en Puerto Ordaz.

Miriam Muñoz, trabajadora del local, contó que abrió la puerta trasera para recibir la mercancía. El chofer abría las puertas del camión cava y en ese momento observó que un grupo de personas que se habían aglomerado para hacer colas en locales cercanos, que habitualmente amanecen con tumultos para comprar productos regulados, corrían hacia el camión.

“La gente que hacía cola en Génesis vino corriendo cuando abrían la puerta del camión, así que cerré el portón y me metí”.

En el video captado por un trabajador, se observa a más de 30 personas robando la mercancía con la ayuda de otros quienes tiraban desde el interior jamones y quesos, mientras el chofer del camión caminaba de un lado a otro sin saber qué hacer. En unos 5 minutos todo terminó.

Los locales cercanos a la panadería La Marquesa estuvieron cerrados en las primeras horas de la mañana, tras el saqueo. FOTO: Correo del Caroní

Además de la cava con embutidos, al chofer de un camión que iba a surtir leche “le quitaron como tres cajas de leche porque arrancó”, dijo la trabajadora.

Los bachaqueros son delincuentes organizados

“Hace como tres semanas estaba en una cola, en un supermercado en la calle 72, esperando que abrieran el acceso, porque había detergente. De repente, llegaron 6 personas obligando a los primeros en la fila a ceder sus puestos porque ellos iban delante. La gente se molestó y empezó a reclamarles, pero estos sacaron cuchillos y navajas, amenazando quienes estábamos esperando”.

Este es el testimonio de un cliente quien contó que “No es la primera vez que ocurre. Siempre son los mismos, y nadie dice nada, ni los policías que organizan la cola, ni los gerentes de la tienda“.

En un reportaje para Panorama, la periodista Keila Vílchez señaló que en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, esta acción se llama “Asociación para delinquir”.

Pero este no es el único delito. Los bachaqueros incurren en porte y uso ilícito de armas blancas y de fuego, especulación, alteración de la paz ciudadana y, al menos, otros 10 delitos.

Para el penalista Luis Prieto entrevistado por Vilchez,

“Muchas de estas personas forman parte de bandas de bachaqueros. Son delincuentes organizados, se asocian para delinquir. Cuando hablamos de delincuencia organizada, se trata de un grupo de 3 o más personas que se asocian por cierto tiempo, cometiendo un delito para obtener un beneficio económico para ellos o para un tercero; y esto está penado”.

Agregó que la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 37, establece que “Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado -por el solo hecho de la asociación- con prisión de 6 a 10 años”.

Según Prieto, “Estas bandas, que incluso se sectorizan según la ubicación de los supermercados, operan amenazando al cliente natural de estos locales. Generalmente, hay uno que suministra el dinero, quien los traslada, quienes hacen la cola y compran. Este delito es muy dañino, porque no se trata del pequeño revendedor, quien también incurre en un delito, sino que estos grupos muchas veces cuentan con complicidad interna en los supermercados y en los propios centros de distribución de los alimentos”.

El reportaje de Panorama señala que los relatos de los compradores lo confirman y, además, denuncian la vinculación de los cuerpos policiales.

Ricardo González, residente de la avenida La Limpia, confesó que “Hace varias semanas, vi con indignación cómo un policía metió a un grupo de 15 bachaqueros en la cola de las personas de la tercera edad, que yo estaba haciendo, para comprar unas afeitadoras. Lo peor, es que fui a buscar al funcionario porque, como siempre, los bachaqueros se quieren meter a la fuerza y pensé que el policía lo iba a impedir. Pues no. Se apartaron del grupo, hablaron algo y metió a la gente”.

Añadió el penalista que “Los policías que sean cómplices de estas organizaciones delictivas están cometiendo un delito de corrupción propia. Cuando un funcionario pide dinero para permitir que se cometa un acto delictivo, subsume su conducta en delitos tipificados en la Ley contra la Corrupción“.

También señaló que esa conducta es causal de destitución, según la Ley del Estatuto de la Función Policial, que en su artículo 97 prevé la destitución por la  “Comisión intencional o por imprudencia, negligencia o impericia graves, de un hecho delictivo que afecte la prestación del servicio policial o la credibilidad y respetabilidad de la función policial“.

Por su parte el comisario Biagio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público, declaró que tienen a más de 20 funcionarios con expedientes abiertos por estar presuntamente involucrados en las redes del bachaqueo.

“Estos grupos infringen el derecho al libre desenvolvimiento que tiene todo venezolano, contemplado en la Constitución en su artículo 20. Y que es sancionado en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp), en los delitos contra la libertad individual, en el artículo 175:”Cualquiera que, sin autoridad o derecho para ello, por medio de amenazas, violencias u otros apremios ilegítimos, forzare a una persona a ejecutar un acto a que la ley no la obliga o a tolerarlo o le impidiere ejecutar alguno que no le está prohibido por la misma, será penado con prisión de quince días a treinta meses”.

Los bachaqueros causan riñas, portan ilegalmente armas blancas y de fuego, sobornan, coñacean, ejercen violencia sicológica y –en casos- han asesinado.

“Estos grupos cometen delitos graves. Estas personas deben ser castigadas severamente“, precisó el jurista Prieto.

A ello deben añadirse otros delitos tales como especulación, acaparamiento, contrabando de extracción, alteración fraudulenta de precios, alteración de productos para cometer fraude con su venta, venta de productos vencidos y desestabilización económica. “Son delitos castigados con penas de 5 a 14 años de cárcel”.

Es importante destacar que el gobierno tiene todo un andamiaje jurídico para someter a estas bandas. ¿Tiene voluntad política para hacerlo?

Los bachaqueros son malandros

¿No son criminales aquellos quienes atentan contra la vida de los ciudadanos? ¿Y qué hace un bachaquero cuando especula con los alimentos y los medicamentos del pueblo?

Son preguntas que se hace el jurista Salomón Benshimol. “Hablamos de alimentos de la dieta básica y medicamentos que sirven para brindar salud a quienes viven en Venezuela, ya que esos delincuentes juegan con el hambre y la salud del pueblo y también con su buena fe y la necesidad de adquirirlos para poder subsistir”.

Agregó que “Eso continuará si no se ataca el problema de la complicidad de los funcionarios policiales y de comerciantes inescrupulosos, de los empleados de los puntos de venta de alimentos o medicamentos”.

“El bachaqueo –dijo Benshimol– es un enorme negocio que cuenta con militares, policías, comerciantes y toda una mafia que cobra su parte”.

Agregó que los bachaqueros son delincuentes y homicidas en potencia.

Según el diputado Eduardo Labrador, “Los  bachaqueros  se  han convertido  en  lanza y  cuchillo  contra  su  propio  pueblo, destruyendo la  base  fundamental de  la  convivencia y el sustento  nacional”.

Agregó que ya  es  la  hora  de prohibir, actuar y desmantelar al  bachaquero,  al  que  vende abiertamente en  las  vías  públicas,  al  que vende clandestinamente  en  su casa,  todos  por  igual  son  parte de  la cadena.

“Es necesario  hacer  sentir la  ley a estos delincuentes que le hacen daño a la sociedad,  no perdamos  tiempo  conciliando la  paz en medio  del caos  de  los bachaqueros,  impongamos  el  orden desde  el  imperio de  las leyes y  sobrevendrá  el  bienestar”, agregó el diputado.

Los bachaqueros son una plaga

El gobernador de  Anzoátegui, Nelson Moreno, aseguró en VTV que “Los bachaqueros son una epidemia, son un virus,  los bachaqueros son delincuentes, no podemos convalidar ni convivir con los bachaqueros, son una plaga de la sociedad y tienen que ser tratados como delincuentes, allí están los traficantes de drogas articulados, allí están los asesinos, allí están los ladrones, allí están los traficantes de armas, todos están articulados con el crimen organizado para imponer su ley, para vender cupos, para comprar cupos, para utilizar objetos para cortarle la cara a una dama, para cortar a un ciudadano, para crear el terror en las colas y ellos reinar. Los bachaqueros están propiciando violencia”

El gobernador denunció que bandas delictivas –asociadas al bachaqueo- están saqueando camiones y amedrentando a los propietarios de las empresas.

Por su parte, la presidenta de la cámara municipal de Puerto La Cruz, afirmó que “Los bachaqueros son unos delincuentes y tenemos que atacarlos, para acabar con la reventa de alimentos a sobreprecio”,

Para el Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, “El bachaquero es un delincuente, está al margen de la ley. Nadie en su sano juicio puede apoyar o defender a quienes contribuyen con el daño a la economía venezolana. Nadie puede asociarse a un bachaquero”.

El bachaquero es escoria social

Geovanni Peña, venezolano de a pie. chavista y víctima del bachaqueo, afirmó que “El bachaquero es nefando. Atroz. Los bachaqueros son delincuentes, andan asaltando con sus sobreprecios. Son tan despreciables que su misma clase social los ve como ladrones de siete suelas. El bachaquero afecta a su propia familia que es tildada de ladrones”.

Agregó que el Bachaquero es un delincuente, un mafioso, un sinvergüenza que roba al pueblo y pulveriza las finanzas de todos.

“El bachaquero, con su avaricia, le hace daño al pueblo venezolano. Hay que acabar con esta escoria social que arremete contra sus inocentes semejantes”.

Bachaqueros asesinos

El 26 de mayo un joven fue asesinado en Charallave por bachaqueros durante una riña en una cola para comprar productos regulados.

La víctima acudió en horas de la madrugada a un supermercado para abastecerse de productos regulados. Le tocó el puesto número 20 en la fila.

Un grupo de bachaqueros que controlaba la cola le entregó otro. Cuando el joven reclamó, los revendedores lo agredieron en múltiples ocasiones con un arma blanca, matándolo. Luego tiraron su cadáver a la quebrada de Charallave.

Ni con el pétalo de una rosa

Sin duda los venezolanos desprecian a los bachaqueros. A pesar de ello, no se atreve a neutralizarlos. Ni la sociedad civil, ni las autoridades.

Miedo, complicidad, negocio redondo, vaya usted a saber.

Lo cierto es que este país hoy está controlado por lo peor que ha parido en su historia. Y allí también están los bachaqueros.

Lo que llama la atención, es que si en la población hay el convencimiento de que los bachaqueros, además de ser delincuentes, le arrancan la comida a la gente, siendo el pobre la víctima más lesionada, entonces ¿por qué los saqueos son contra los comerciantes y no contra los bachaqueros que están abarrotados de mercancía acaparada?

“Bachaqueros: delincuentes y estafadores, un cáncer en aumento”. David Goncalves

En Sala de Información, también:

– Este es el brutal negocio del bachaqueo http://tinyurl.com/grdh578

– “Las bachaqueras me amenazaron y persiguieron hasta el carro. Me cayeron a golpes y se llevaron mis compras” http://wp.me/p2i0kq-13F

– “Los bachaqueros hicieron disparos al aire y nosotros, aterrados, estábamos dentro del supermercado” http://wp.me/p2i0kq-13F

– “Los bachaqueros rompen las piezas sanitarias de los baños, rayan las paredes y dejan restos de comida por todos lados” http://wp.me/p2i0kq-13F

– “No son vecinos ni gente humilde que viene a buscar comida. Son bachaqueros con armas y sin temor a la autoridad” http://wp.me/p2i0kq-13F

Guía rápida para entender a los CLAP

El Estímulo

El presidente Nicolás Maduro ha puesto todas sus fuerzas y energías en empoderar a estas figuras, no contempladas en la normativa jurídica. Acá explicamos brevemente la composición de estos grupos que, en dos meses, parecen pasar a dominar la distribución de productos clave para la alacena del venezolano.

Los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), creados en abril de 2016, son grupos de tendencia oficialista, cuyo objetivo es “monitorear en tiempo real la distribución de alimentos en las comunidades organizadas para combatir la guerra económica, y garantizar que los alimentos lleguen directo al Pueblo”, de acuerdo a palabras del presidente Maduro.

En la práctica son milicianos chavistas que funcionan como filtro, encargados de racionar los productos básicos.

¿Quiénes los conforman?

De acuerdo a un video del propio Partido Socialista Unido de Venezuela, los CLAP están conformados por miembros de las Unidad de Batalla Bolívar-Chávez -células partidistas que se encargan de propagar la doctrina chavista-, miembros del Frente Francisco de Miranda -el ala radical del chavismo-, una representante de Unamujer -una organización feminista pro-gubernamental- y miembros del Consejo Comunal.

¿Qué figura jurídica ampara a los CLAP?

Los Comités no son organizaciones enmarcadas en la Ley del Poder Popular, pues fueron creadas a posteriori. Sin embargo, el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica les confiere, en el apartado 11 del artículo 2, plenas facultades para organizar y mantener el orden público junto a militares, policías, consejos comunales y otros brazos del llamado “Poder Popular”.

¿Quién dirige los CLAP?

Freddy Bernal, quien viene de ser el zar policial de Venezuela, fue designado el 12 de mayo como Jefe Nacional de los CLAP. Bernal fungió como Alcalde del Municipio Libertador entre 200 y 2008 y también ha estado ligado a los Círculos Bolivarianos y los Colectivos chavistas, fuerzas de choque armadas para la defensa de la “Revolución”.

¿Por qué los CLAP han cobrado protagonismo?

Los CLAP se han encargado de la distribución de “bolsas de comida” con productos regulados en sectores populares con el gobierno local chavista (como, por ejemplo, el municipio Libertador del Distrito Capital). El presidente Nicolás Maduro los considera “fundamentales para derrotar el acaparamiento y la guerra económica” pues, en su teoría, eliminarán intermediarios, “usureros y bachaqueros” (aunque en realidad lo que eliminan es la cadena natural entre distribuidor y punto de venta). Fue un enfrentamiento entre miembros de un CLAP y compradores lo que desató los sucesos del jueves 2 de junio 2016 en la avenida Fuerzas Armadas de Caracas, pues pretendían recoger la distribución de productos regulados de bodegas y negocios para asignarlas directamente.

¿Quién abastece a los CLAP?

Al carecer de norma jurídica, no queda claro quién debe abastecer a estos comités. Sin embargo, en la práctica han tomado el inventario de los establecimientos oficiales (Pdval, Mercal) para armar sus bolsas. La Superintendencia de Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital había acordado en asambleas del Poder Popular desviar toda la distribución de productos regulados a estos grupos. La medida fue suspendida.

¿Quién garantiza transparencia en la gestión de los CLAP?

A pesar de las declaraciones del Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, de que los CLAP no limitan su alcance a afectos al gobierno, ya existen denuncias de venta de cupos para las bolsas de comida y negación de las mismas a personas simpatizantes de la oposición. Nuevamente, su limbo legal les concede una libertad de acción que, como denuncia Consecomercio, da la impresión de que son organismos de tipo político y no económico.