De cómo un juez destituido se convirtió en el principal artífice judicial del presidente de Venezuela

Girish Gupta, REUTERS

En marzo pasado, Maikel Moreno conmocionó a su país cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que preside anuló los poderes de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, y se los adjudicó.

Incluso en una nación acostumbrada a la agitación política, la decisión desencadenó protestas masivas que llevaron a Moreno y a su corte de 32 miembros a suspender parcialmente la medida tres días después.

El juego de poderes ilustró el rol de Moreno como brazo ejecutor clave de la administración socialista de Nicolás Maduro, calificada como una dictadura por un número creciente de gobiernos, desde Francia y Estados Unidos hasta algunos vecinos sudamericanos como Colombia y Perú.

Bajo la tutela del guardaespaldas de 51 años devenido en juez, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha invalidado casi todas las leyes importantes aprobadas por el Parlamento.

Sin embargo, el pasado de Moreno sigue siendo desconocido, incluso para la mayoría de los venezolanos. Para rastrear su trayectoria, Reuters examinó documentos y entrevistó a socios, colegas y amigos en cinco países

La imagen que emerge es la de un jurista que, aprovechando sus conexiones personales y manejando casos políticamente sensibles que otros abogados y jueces rechazaron, se fue acercando a Maduro y a otros miembros de la “Revolución Bolivariana” lanzada por el fallecido líder Hugo Chávez.

En su ascenso al pedestal judicial de Venezuela, Moreno dejó atrás un pasado que incluye acusaciones de extorsión y tráfico de influencias y su arresto en 1989 bajo sospecha de matar a un adolescente, según documentos oficiales y personas familiarizadas con sus antecedentes.

Reuters no encontró evidencia de que Moreno haya sido juzgado o condenado por algún crimen.

En un breve intercambio de mensajes de texto con Reuters el 7 de noviembre, Moreno dijo que las acusaciones de haber cumplido un tiempo en prisión, un viejo rumor en Venezuela, fueron “inventadas” por la “prensa amarillista”.

Aunque ofreció conceder una entrevista a Reuters, luego no respondió las solicitudes para agendar una, ni tampoco a preguntas adicionales vía mensaje de texto sobre su carrera y otros episodios en los que fue acusado de malos manejos.

Ni el TSJ ni el Gobierno de Maduro respondieron a otras solicitudes de comentarios.

Documentos que incluyen un reporte de inteligencia de 2006 de la división de seguridad del Tribunal y un fallo de la máxima corte en contra de Moreno, indican que en el pasado el magistrado fue acusado de estar del lado equivocado de la ley.

En 1989 estuvo involucrado en un tiroteo, y luego en 2007 fue destituido de su cargo de juez en un tribunal menor, por lo que el TSJ de ese momento dijo fue una liberación inapropiada de dos sospechosos de asesinato.

Los adversarios de Maduro sostienen que Moreno ha sido instrumental para apuntalar a un Gobierno que es percibido como cada vez más autoritario.

En los últimos meses, el TSJ ha enviado a cinco alcaldes de la oposición a la cárcel y aprobó la destitución de la fiscal general, que huyó del país a mediados de agosto, uniéndose al creciente éxodo de críticos de Maduro. [nL2N1L9152]

En mayo, el Tribunal presidido por Moreno dio luz verde para que Maduro procediera con las elecciones que dieron origen a la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano legislativo todopoderoso que ha reemplazado a la Asamblea Nacional, y que para muchos, consolidó el talante autocrático del Gobierno socialista.

Al menos 125 personas murieron en los cuatro meses de protestas que se produjeron después de que el poder judicial buscara neutralizar en marzo a la Asamblea.

Luis Velázquez Alvaray

“La mayor afrenta que se le puede hacer a un pueblo es poner a un criminal a dirigir la justicia”, dijo Luis Velázquez Alvaray, un exjuez venezolano que investigó a Moreno en representación del Tribunal Supremo, una década antes de que Maduro lo eligiera para dirigir la máxima corte.

Velázquez agregó que durante su pesquisa encontró un registro del arresto de Moreno emitido después del asesinato del adolescente en 1989. También dijo que investigó una llamada telefónica en la que otro juez, en un caso separado, grabó a Moreno presuntamente presionándolo para que liberara a un sospechoso de traficar armas y droga.

El presidente del Tribunal no es el primer alto funcionario venezolano acusado de abuso de poder.

A principios de año, el gobierno de los Estados Unidos señaló al vicepresidente Tareck El Aissami por narcotráfico y sancionó al propio Maduro acusándolo de “abusar deliberada y repetidamente de los derechos de los ciudadanos” con tácticas represivas. [nL1N1FY1S5]

También sancionó a Moreno y a otros siete jueces del máximo órgano judicial por presuntamente usurpar las funciones del Poder Legislativo y “restringir los derechos y frustrar la voluntad del pueblo venezolano”. [nL2N1IK2NF]

El Gobierno de Venezuela ha desestimado las acusaciones y criticado las sanciones, que prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar negocios con cualquiera de los funcionarios y congelan los activos que los empleados públicos puedan tener en las jurisdicciones de Estados Unidos.

El vicepresidente, El Aissami, ha negado reiteradamente tener cualquier lazo con el narcotráfico y sostiene que Washington lanza “provocaciones miserables” y “viles agresiones”.

Bajo el mandato de Chávez, y ahora con Maduro, el país petrolero, que alguna vez fue uno de los más prósperos de Latinoamérica y que cuenta con las mayores reservas de crudo mundiales, se precipitó hacia una profunda crisis económica que fracturó la estabilidad social.

Después de una votación en octubre en la que los candidatos del oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) vencieron en la mayoría de las gobernaciones, el presidente ha ganado nuevos bríos para desestimar las acusaciones de fraude que lanzaron sus adversarios y defender la legitimidad de su Gobierno.

“Yo no soy un dictador”, dijo Maduro tras la contienda. “Yo tengo bigote, me parezco a (Iósif) Stalin, pero no soy Stalin”, agregó refiriéndose al dictador soviético.

UN HOMICIDIO “RESUELTO”

Existe muy poco en los registros públicos sobre la juventud de Moreno. Nació el 31 de diciembre de 1965 en la ciudad oriental de El Tigre, según documentos fiscales y electorales públicos.

A fines de la década de 1980 registros judiciales, de inteligencia y artículos de periódicos, indican que trabajó como guardaespaldas del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. No está claro cómo se convirtió en escolta o se vinculó al entorno de seguridad del presidente.

Esa época, marcada también por una alta inflación aunque lejos de los estratosféricos niveles actuales, preparó el escenario para la eventual llegada al poder de Chávez, un militar con ideales izquierdistas descontento con el statu quo.

El aumento del enfado y las dificultades económicas produjeron disturbios en 1989, en un episodio conocido como “El Caracazo” donde cientos de personas murieron.

La noche del 26 de abril de ese año, Moreno y otros dos guardaespaldas de Pérez se encontraban en Parque Central, un barrio de clase media de la capital Caracas, según un artículo publicado dos días después en El Nacional, entonces uno de los principales periódicos venezolanos.

Por razones que no están claras, estalló una pelea. Rubén Gil Márquez, un estudiante de 19 años, ingresó a la refriega con un bate de béisbol, dijo el periódico. Los guardaespaldas abrieron fuego contra Gil.

“Escoltas presidenciales mataron a un joven”, se lee en el titular de la portada, sobre una imagen de la madre de Gil, Carmen Romelia Márquez de Gómez, llorando.

La policía arrestó a Moreno, de acuerdo con el periódico, personas familiarizadas con el incidente y un informe de inteligencia preparado hace una década por la división de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia.

Una foto de su arresto, incluida en el informe y fechada la semana después del asesinato, muestra que Moreno fue detenido por una investigación de “homicidio”.

Reuters revisó una copia del informe que el TSJ encargó en el 2006. El Tribunal de 32 miembros ya se mostraba alineado con el Gobierno socialista en ese momento por los nombramientos hechos por Chávez, pero varios jueces habían comenzado a cuestionar la designación de Moreno como juez de control en un tribunal menor.

El informe, que no se había hecho público antes, fue firmado por Luis Enrique Villoria García, director general de la división de seguridad del Tribunal en ese momento.

Reuters no pudo contactar a Villoria para discutir la copia del documento de 19 páginas revisado, al que parece que le falta una página.

Pero los datos allí mostrados sobre el homicidio y la destitución de Moreno del tribunal en 2007 fueron confirmados independientemente por personas familiarizadas con su contenido, que incluyen a un alto funcionario del Gobierno, tres exmagistrados del TSJ y tres altos exfuncionarios de inteligencia.

Detalles importantes sobre el caso de homicidio y el arresto de Moreno siguen sin estar claros. En particular, Reuters no pudo encontrar ningún documento que explicara si Moreno fue juzgado, sentenciado o encarcelado.

El informe señaló que estuvo encarcelado hasta algún momento en 1990, y cita un número de caso criminal por un cargo de homicidio contra él (522755), pero Reuters no pudo encontrar ningún archivo asociado con el caso.

Reuters tampoco pudo acceder a un archivo judicial central en Caracas y el TSJ no respondió a las solicitudes de permiso para revisar el registro.

La madre de Gil murió hace una década, según personas cercanas a la familia.

Dos personas cercanas a Gil relataron a Reuters que los testigos y familiares dijeron en el momento de la pelea que Moreno disparó el tiro que mató al joven.

Estas personas, que pidieron el anonimato por temor a represalias, agregaron que Gil había sido miembro de una pandilla y que una rivalidad no especificada con Moreno había desencadenado la pelea.

Una persona, que dice haber visto el cuerpo de Gil en una morgue de Caracas, dijo que el joven recibió un disparo en la espalda. El certificado de defunción de Gil, revisado por Reuters, cita el disparo como la causa de la muerte.

Tres personas cercanas a la familia dijeron que prosiguió una causa legal tras la muerte de Gil, pero ninguno de ellos sabía qué sucedió con el caso. “He querido denunciarlo durante años, pero tengo demasiado miedo”, dijo una de estas personas.

Moreno nunca ha negado, confirmado o discutido el asesinato de Gil públicamente.

Según una persona cercana a Moreno que habló bajo condición de anonimato, el magistrado le dijo a amigos y colegas que el asesinato fue en defensa propia. Otra persona, que también pidió no ser identificada, dijo a Reuters que Moreno aseguró que cualquier consecuencia legal del asesinato había sido “resuelta”.

En algún momento de 1990 Moreno fue liberado de la cárcel, según el informe de inteligencia, que agrega que Moreno recibió “ilegalmente un beneficio procesal”, sin agregar más detalles sobre la liberación.

En el intercambio de mensajes de texto con Reuters, Moreno disputó la afirmación de que estuvo en la cárcel, diciendo que, como otros detalles del reporte, “tampoco es verdad”. No aclaró ni se refirió directamente a otros pormenores del reporte.

“CASOS POLÍTICOS”

Una vez libre, Moreno obtuvo un título de abogado en la Universidad Santa María, en Caracas. Trabajó como alguacil en el ínterin, según su biografía oficial.

Mientras Moreno estudiaba, Chávez dirigió en 1992 un fallido intento de golpe de Estado contra el gobierno del cada vez más impopular Pérez. Chávez fue encarcelado, pero liberado en 1994 gracias al trabajo de Cilia Flores, una polémica abogada ferviente de las causas de la izquierda.

En la próxima década, Flores se convirtió en una cercana colaboradora de Chávez y jefa de la Asamblea Nacional. También es amiga de Moreno. No está claro como lo conoció, pero años antes Flores también había estudiado derecho en la Santa María.

El Gobierno no respondió a las solicitudes para conversar con Flores y Reuters no pudo contactarla fuera de los canales del Gobierno.

Al terminar su carrera de derecho en 1995, Moreno ejerció dos años como abogado antes de conseguir un empleo como asesor legal en la corporación Alas de Venezuela C.A., propietaria de la aerolínea local Aeropostal.

En ese momento, Chávez había ganado un creciente apoyo de la clase trabajadora venezolana y estaba en camino de ganar las elecciones presidenciales de 1998. Moreno ya estaba alardeando de sus estrechos vínculos con Flores y otros “chavistas” en ascenso.

“Se aseguró que todo el mundo supiera sobre esa relación”, dijo Nelson Ramiz, quien era el propietario de Aeropostal pero que luego cedió el control de la aerolínea y se mudó a Miami en el 2007, luego de una disputa con los reguladores.

Después de tres años en la aerolínea, Moreno trabajó como asesor legal de la policía metropolitana en Sucre, un municipio en el este de Caracas. También comenzó a asesorar a la Asamblea Nacional y se convirtió en juez auxiliar para un distrito en el noreste del país.

Durante el resto de la década de 1990, Moreno alternó su trabajo como abogado y juez, y en ocasiones desempeñada ambos cargos casi al mismo tiempo. No es inusual en Venezuela, que algunos abogados trabajen casi en forma simultánea como jueces.

Pero la elección de algunos de los casos de Moreno generó lo que los críticos consideraron conflictos de intereses. En un episodio, defendió a un sospechoso en un prominente juicio de homicidio, y luego, como juez escuchó cargos relacionados contra otro sospechoso.

Ambos casos están relacionados con muertes por disparos ocurridas durante un fallido golpe de Estado contra Chávez en abril del 2002.

Durante el golpe, se registraron disparos cuando los partidarios de la oposición marchaban hacia el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia. Más tarde, testigos dijeron que vieron a francotiradores en azoteas, pistoleros en un puente y agentes de la policía con armas de fuego en medio del tiroteo.

Cuando la violencia cesó, 19 personas estaban muertas.

Críticos y seguidores de los gobiernos de Chávez y Maduro aún cuestionan el evento, que ha alimentado años de controversia y juicios.

Richard Peñalver, un partidario del chavismo acusado de ser uno de los tiradores, contrató a Moreno como su abogado defensor. En el 2003, Moreno aseguró la absolución de Peñalver, una victoria para el lado progubernamental.

Poco después, pero esta vez como juez de instrucción, Moreno accedió a dirimir si se debía presentar un caso contra Iván Simonovis, un excomisario de la policía de Caracas que enfrentaba cargos relacionados con cuatro de las muertes.

Adversarios de Gobierno argumentaron que los cargos fueron manipulados y que Simonovis se estaba convirtiendo en un chivo expiatorio. También percibieron un conflicto relacionado a Moreno, debido a su papel en exonerar a Peñalver.

Aunque la defensa le pidió a Moreno que se recusara, según uno de los abogados y un miembro de la familia Simonovis, él se negó y envió el caso a un juicio donde Simonovis fue condenado al año siguiente y sentenciado a 30 años de prisión.

Al excomisario, quien está bajo arresto domiciliario por sufrir de una enfermedad, no le está permitido, según los términos de la sentencia, conversar su caso con Reuters.

Pocos jueces estuvieron dispuestos a escuchar el polémico caso.

“Ninguno de nosotros quería hacerse cargo de casos políticos”, dijo a Reuters un exjuez del TSJ. “Aunque Maikel sí, para congraciarse” con el Gobierno de Chávez.

Moreno se estaba acercando cada vez más a figuras de poder, sobre todo a la influyente Flores y a su novio: el confidente y futuro sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. El magistrado y la poderosa pareja empezaron a tener contacto regular, dijo el exjuez.

Fue entonces cuando Moreno comenzó a ejercer su poder sobre otros jueces.

En el 2004, Luis Meléndez, un juez de Caracas, grabó una conversación telefónica en la que Moreno dijo estaba llamando en nombre de José Vicente Rangel, entonces vicepresidente del país.

Preocupado por una llamada previa que había recibido de Moreno, Meléndez grabó la segunda conversación y la entregó a los inspectores internos de la judicatura.

En una copia de la grabación a la que tuvo acceso Reuters, se escucha a Moreno presionando a Meléndez para que libere a Saúl Cordero, un presunto criminal acusado en ese entonces de tráfico de drogas y armas.

Reuters también revisó una transcripción de la llamada impresa en una hoja con el membrete del Tribunal Supremo como parte de la investigación que se le siguió a Moreno en 2006.

“Lo importante es que esté afuera”, dijo Moreno a Meléndez. “Lo que se le tenga que hacer”.

Un alto funcionario del Gobierno y otra persona familiarizada con la grabación dijeron que era auténtica.

Saul Cordero, director de la policía municipal de Caroní (Estado Bolívar) durante la gestión del alcalde José Ramón López.

No quedó claro si Meléndez liberó a Cordero. Pero el acusado nunca fue juzgado por estos cargos y eventualmente fue nombrado jefe de la policía por un alcalde progubernamental en el municipio Caroní, al sur de Venezuela.

Reuters no logró contactar a Cordero, Meléndez ni a Rangel, para que hicieran comentarios.

“GRAVES ERRORES JUDICIALES INEXCUSABLES”

En 2006 la llamada telefónica y el polémico papel de Moreno en los juicios por los sucesos del 2002 eran cada vez más conocidos en los círculos judiciales, según jueces, abogados y otros funcionarios en ese momento activos. El Tribunal Supremo ordenó a su división de seguridad que lo investigara.

El informe de inteligencia resultante sacó a la luz alegatos que acabaron con la primera etapa de Moreno como juez.

El informe sostuvo que los esfuerzos de Moreno para afectar resultados judiciales fueron más allá de sólo presionar a sus colegas.

Citó el testimonio de numerosos testigos que alegaban que Moreno participó en una presunta banda de extorsión -conocida como “Los Enanos”- que se aseguraba pagos de los acusados a cambio de sentencias indulgentes o absoluciones.

Sin embargo, Moreno nunca fue acusado por nada relacionado con supuesta extorsión.

Pero su comportamiento, advirtió el informe, era una amenaza para los tribunales, Chávez y “la Revolución”.

En el 2007, el Tribunal Supremo encontró a Moreno en desacato y lo destituyó como juez de un tribunal de apelaciones. Citando “graves errores judiciales inexcusables”, la máxima corte determinó que Moreno había liberado indebidamente a dos sospechosos de asesinatos, de acuerdo con su fallo.

Reuters no pudo determinar los motivos que llevaron a Moreno a liberar a los dos sospechosos.

A pesar de su expulsión, Moreno mantuvo la calma, según personas que conversaron con él en ese momento. Aliados como Maduro, a quien Chávez nombró como ministro de Relaciones Exteriores, lo ayudarían.

“Maduro y Cilia me protegerán”, dijo Moreno a Ramiz, de acuerdo con el exdueño de la aerolínea, que recuerda una charla con el magistrado poco después de su destitución. Ambos habían mantenido la amistad incluso luego de que Moreno dejara Aeropostal.

Casi de inmediato, Maduro envió a Moreno a un puesto diplomático en Roma. Luego de un año, Maduro lo despachó a Trinidad y Tobago, un país caribeño más cercano a su hogar, en donde ocupó un cargo de negocios en la embajada de Venezuela hasta el 2010. Más tarde, Moreno regresó a Caracas y estudió un doctorado.

Chávez, afectado por el cáncer, murió en marzo del 2013. Maduro, entonces en la vicepresidencia, sucedió a Chávez al siguiente mes, y semanas más tarde, se casó con Flores, que se convirtió así en su primera dama.

Con sus aliados en el poder, Moreno revivió una carrera judicial que según tres jueces superiores habría permanecido moribunda sin esa conexión de alto nivel, dado su arresto por el asesinato en 1989 y su posterior expulsión del sistema judicial.

La Constitución venezolana de 1999, reescrita por Chávez, establece que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia debe “gozar de buena reputación”.

En el 2014, Maduro incorporó a Moreno, ya con un nuevo doctorado en derecho constitucional, en el máximo tribunal.

Desde ese momento, la influencia de Moreno creció.

En febrero del 2017, Maduro lo nombró presidente de la máxima corte, lo que enfureció a sus críticos, incluida Gabriela Ramírez, la entonces defensora del pueblo.

Ramírez intentó infructuosamente desmontar el nombramiento, citando los cargos por los que había sido Moreno expulsado del tribunal de apelaciones.

Con Moreno como líder de la justicia, el TSJ procedió a desechar todos los recursos legales presentados en la máxima corte del país que han desafiado la autoridad de Maduro.

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Con reporte adicional de María Ramírez en Bolívar, Deisy Buitrago, Alexandra Ulmer, Corina Pons, Brian Ellsworth, Andrew Cawthorne y Andreína Aponte en Caracas, Victoria Bryan en Berlín, Stephanie Nebehay en Ginebra y Jorge Pineda en Santo Domingo.

Editado por Brian Ellsworth, Andrew Cawthorne, Paulo Prada y Michael Williams.

Escrito en español por Eyanir Chinea y Deisy Buitrago.

Editado en español por Pablo Garibian.

Habló la jueza Mariela Casado: “Quiero que la ministra Varela me explique por qué mi hermana está muerta y Wilmito en la playa”

Redacción Runrun.es

Jueces, ministros, un  gobernador y un ex director del Sebin formarían parte de la red de conexiones de “Wilmito” con el chavismo. Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del estado Bolívar, a quien el pran mandó a matar en el 2010, habló desde el exilio

“Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera”, dijo luego de conocer que el pran quien planificó el sicariato en el que fue asesinada por error su hermana María Gabriela Casado, se encuentra en libertad por un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada

“Él no es un delincuente cualquiera, él es un asesino nato y sanguinario”, fue lo primero que dijo sobre “Wilmito”, la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del Estado Bolívar, al responder el teléfono desde cualquier país del mundo.

Ella lo sabe bien, lo conoció, lo vio convertirse en pran de la cárcel de Vista Hermosa, fue testigo de cómo arrodilló al sistema de judicial, junto a su familia vivió en carne propia el impacto de las balas del Wilmer José Brizuela Vera, y lo sigue padeciendo siete años después cada semana, cuando acude a terapia con un sicólogo.

En el 2010 tuvo que dejar el país después del asesinato de su hermana, María Gabriela Casado, para huir del alcance de Brizuela Vera, su verdugo, y proteger a sus hijos. No tenía opciones, su condición de máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar no le proporcionaba ninguna seguridad.

Así lo entendió unos días después del homicidio, cuando un amigo criminólogo la llevó a Caracas a hablar con el comisario Wilmer Flores Trosel, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en ese entonces.

Doctora le recomiendo que se vaya del país. Yo… el Estado no le puede garantizar su seguridad”, le confesó Flores Trosel en una mezcla de preocupación y honestidad.

El jefe policial le confió, además, que meses antes había recibido en su despacho de la avenida Urdaneta a “Wilmito” -para ese momento prófugo de la justicia-. Llegó en compañía de la dirigente chavista y líder de los círculos bolivarianos, Lina Ron.

Para ese momento, junio del 2010, Hugo Chávez era el Presidente de la República, y Tareck El Aissami era el ministro de Relaciones Interiores y Justicia. Ambos se comunicaron telefónicamente con Casado y le ofrecieron la posibilidad de refugiarse en una embajada con un cargo administrativo. Tampoco ellos se arriesgaron a comprometer al Estado garantizando la seguridad de una jueza.

Un pran con línea directa con la gobernación de Bolívar

Mariela Casado conoció a “Wilmito” en el 2006 cuando ella era jueza de la corte de apelaciones y él cumplía condena por el secuestro de un empresario de Ciudad Bolívar.

“Estaba preso desde el 2005 y ya había sido condenado antes por porte ilícito de armas. La condena por el secuestro se dio en el 2006 y yo fui la juez ponente que ratificó la sentencia de 10 años, eso quiere decir que le correspondía salir en el 2015 por ese caso”, explicó.

“Desde 2006 se hizo pran. No se conocía esa figura en Venezuela. Antes de eso el Estado tenía control en los penales. Fui juez de primera instancia y visité centros de reclusión, como Tocuyito. Y se podía entrar y hacer requisas. A finales de ese año “Wilmito” dijo en una reunión ante autoridades de seguridad de la región: <no voy a entregar las armas porque las armas son las que me dan a mi el poder>”, relató la ex jueza.

Recordó que hasta ese momento el líder de Vista Hermosa era Oswaldo Martínez Ojeda, el jefe de la primera megabanda que hubo en el país, dedicada al robo de blindados en todo el territorio nacional y a quien se le imputa el asesinato de más de una docena de funcionarios de cuerpos de seguridad. “Él era la autoridad ahí, un hombre también sanguinario que infundía terror. Pero a este no le gustaba la visibilidad, como sí le gustaba a Brizuela”, comentó Casado.

A Martínez Ojeda lo trasladan a Carabobo y así comenzó el pranato de “Wilmito”. La ex jueza recuerda que:

“Desde ese momento no se pudo entrar más al penal de Vista Hermosa. Se convirtió en un búnker. Los alguaciles no podían entregar boletas de excarcelación o traslado. Ya habían sacado al personal penitenciario de las instalaciones. Los funcionarios de prisiones tenían que despachar desde un toldo que colocaron afuera de la cárcel”.

–Estaban en la calle, trabajando en la calle, todo el mundo los veía, todo el mundo lo sabía ¿y nadie, ninguna autoridad hacía nada?

–No, nada. Hay oficios del comandante de la GNB del destacamento de la cárcel donde decía que no sabía qué hacer con el Wilmito, que salía y entraba y que con el cuento de los juegos deportivos salía y se quedaba. Iba al bingo Calipso, donde -por cierto- escondieron los carros que usaron para matar a mi hermana.

Mariela Casado recuerda que en su condición de presidenta del Circuito Judicial enviaba al TSJ, al MRIJ y al destacamento de la GNB informes sobre las fiestas que programaba el pran en Vista Hermosa y nadie respondía.

Según el relato de quien fue la máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar, luego ocurrieron una serie de hechos irregulares. “Se hacían reuniones en el comando de la Guardia Nacional y ya se comenzaban a manejar los intereses del pran”.

–¿Puede explicarse mejor, cómo se manejaban los intereses de Brizuela?

–En las reuniones sobre las políticas de seguridad de la región se hablaba de las exigencias de “Wilmito”. Incluso había una persona que era un enlace entre la gobernación y la cárcel, que solo se entrevistaba con “Wilmito”. La relación, supongo, empieza por tener a un tipo que mantuviera el control y evitara las huelgas en la cárcel. La GN temía tomar alguna decisión que molestara al pran.

¿Enlace de la gobernación? ¿Quién era el gobernador?

–Rangel Gómez (Francisco). Siempre ha sido Rangel Gómez. Pero incluso, ya después el pran no le permitió entrar más a la cárcel al representante de la gobernación.

A estas demostraciones de poder le siguieron las fiestas en el penal, la presencia de grupos musicales y la apertura de un restaurante. “Desde cosas insignificantes como esas hasta permitir o no el ingreso, salida y traslados de reclusos. Pero uno de los hechos más escandalosos fue la fuga de los asesinos de Carolina Di Lucca. Todo el mundo en Bolívar sabe que se fueron por la puerta caminando”, aseguró Casado.

Carolina Di Lucca era hija del coronel Roberto Di Lucca, jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones N5, de Bolívar, y fue asesinada en mayo de 2006 en venganza porque su padre decomisó 2.700 kilos de cocaína a un grupo delictivo integrado por miembros del ELN y el hampa común.

Chávez lamentó el asesinato en una cadena, casi todos los responsables fueron detenidos, pero poco después lograron fugarse de cárceles de Bolívar. Al militar lo sacaron del país y lo enviaron a la embajada de Guyana.

“No te puedo hablar de justicia porque es una palabra que se perdió, con esa fuga se perdió. El director del internado decía que no podía ir en contra de las políticas de Brizuela. Al Estado nunca le ha interesado lo que tiene que ver con los centros penitenciarios”, dijo la ex jueza.

Jefe del Sebin, jueces y alguaciles en el círculo de “Wilmito”

María Gabriela Casado, profesora de la Universidad de Oriente, de 37 años de edad, fue asesinada el 17 de junio del 2010 por varios sicarios que le efectuaron tres disparos. “La muerte de mi hermana fue la destrucción de su vida y de todos nosotros. Yo llevo un puñal en mi espalda, porque nunca se me va a quitar de encima saber que ese era mi lugar y no el de ella”, dice la ex jueza.

Por el sicariato de Casado fueron imputadas 11 personas, entre ellas Roisy Wilmary Brizuela Macuare, hermana de “Wilmito” y Reinaldo José Figarella Zambrano. “Ella, la hermana de Wilmito, tenía una relación sentimental con Juan Carlos Figarella Díaz, diputado a la Asamblea Legislativa del estado Bolívar por el PSUV, que los protegía”, explicó Mariela Casado.

El diputado Figarella Díaz, quien también fue alcalde del municipio Sucre del estado Bolívar, fue asesinado en abril del 2012, en un supuesto intento de robo.

Otro de los imputados por su participación en el crimen fue Rafael Ventura Pérez Ytao, quien se desempeñaba como alguacil del circuito judicial penal de Bolívar. En la investigación se estableció que entre el 19 de junio (dos días después del homicidio) y el 25 de julio hubo 19 llamadas entre los teléfonos de Pérez Ytao y “Wilmito”, la mayoría coincidía con las fechas de las audiencias de los imputados por el homicidio.

El rastreo de llamadas fue también lo que permitió a los investigadores del Cicpc establecer la autoría intelectual de Wilmer Brizuela en el sicariato (delito establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada). Para ese momento el pran se encontraba recluido en la mínima de Tocuyito, en Carabobo, pues en el 2009 se vio involucrado en una presunta fuga.

En la revisión de los números telefónicos de los que disponía el pran para la fecha, no solo se encontró el cruce de llamadas con los responsables del sicariato. “También había una llamada del comisario (Luis Enrique) Hernández Sanguino, director del Sebin en Bolívar”.

–¿El director del Sebin llamaba al pran por teléfono?

–Sí, lo llamó el mismo día del asesinato de mi hermana. Primero me llamó a mí para darme el pésame, porque yo no estaba en Ciudad Bolívar ese día, y después se comunicó con Brizuela. Yo supongo que para confirmarle que se habían equivocado y que yo estaba viva. La fiscalía determinó este recorrido telefónico.

–¿Y qué pasó después, se comprobó si había relación entre el comisario Hernández Sanguino y el pran?

–Eso se quedó así. Al comisario lo mataron un tiempo después.

El comisario Luis Enrique Hernández Sanguino fue asesinado en diciembre de 2013. Su cuerpo fue localizado con varios impactos de bala en un sector de Parque Caiza, luego de permanecer desaparecido durante 16 días. Las autoridades nunca informaron de su desaparición.

El funcionario había dejado el Sebin y se desempeñaba como jefe de Seguridad del Banco de Venezuela.

–Además del comisario, y el alguacil ¿consiguieron alguna otra vinculación telefónica entre “Wilmito” y funcionarios del Estado?

–Hay un juez que sigue activo en Bolívar. El día anterior al asesinato de mi hermana y el mismo día del crimen uno de los imputados por el homicidio se comunicó con él.

Mariela Casado también describió como sospechoso que dos días antes del asesinato (el 15 de junio de 2010) un juez de ejecución otorgó la libertad al autor material del sicariato, Luis Ramón Acosta Vriggs. “Además por el homicidio nunca fue imputado un hombre apodado “El Ciego”, que estuvo entre los atacantes de mi hermana y controla la minería en El Callao y Tumeremo”, agregó.

“Allí vine a darme cuenta de que la corrupción no se entiende como un acto que conlleva sangre. Creen que es solo recibir dinero. Yo decía cada quien con su conciencia. Y pensaba: ‘a mí no me iba a pasar nada, porque yo estoy dando ejemplo’. Conmigo no hay corrupción, pero no, resulta que casi todos mis compañeros estaban involucrados en corrupción y yo era un estorbo”.

Lo vieron en Ciudad Bolívar en los días de los saqueos

En enero de 2014, Brizuela fue condenado finalmente a 14 años y 10 meses de prisión por los delitos de cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir. Todos referidos al asesinato de Mariela Casado, ocurrido en 2010.

Aunque le asignaron como sitio de reclusión la cárcel de Vista Hermosa, el pran permaneció en Tocuyito, estado Carabobo.

En diciembre de 2015, “Wilmito” acudió a un torneo de rugby en el marco del proyecto Alcatraz de la Hacienda Santa Teresa, como parte de la delegación que representaba al Internado Judicial de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón. Aunque no jugó, era el líder del equipo.

–¿Cómo se enteró de que Brizuela estaba en libertad?

–Algunos familiares y amigos me llamaron en los días de los saqueos en Ciudad Bolívar (entre el 16 y el 18 de diciembre de 2016) y me dijeron: “lo soltaron y está aquí”. Incluso pensé que se lo habían llevado para allá para ayudarlos a controlar los saqueos.

Un abogado amigo de Casado pudo verificar que la juez de ejecución del estado Carabobo no había otorgado ningún beneficio a “Wilmito”, ni tenía conocimiento de que estuviera en libertad.

Sin embargo, un documento que circuló en las redes sociales, con el título de acta de traslado, confirma que el domingo 18 de diciembre de 2016, Wilmer Brizuela recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada, que otorga la ministro de Servicio Penitenciario. Esta medida de libertad condicional autorizaba su traslado al centro de régimen especial Simón Bolívar, ubicado en Caracas. Pero considerando el poder del pran, no es descabellado que su destino hubiera sido su tierra natal: el estado Bolívar.

No obstante, Brizuela no tenía la opción de optar a un Régimen de Confianza Tutelado por su condición de reincidente en prisión y por estar sentenciado por un delito (homicidio) con excepciones para el otorgamiento de beneficios. En su caso se violaron los artículos 162, 482 y 488 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp)

Además el pran podría haber desacatado la condición de permanecer en centro de reclusión especial en El Paraíso, Caracas, pues además de ser visto en Ciudad Bolívar –a 589 kilómetros de la capital de Venezuela– también habría sido víctima de un incidente ocurrido en Playa Parguito, en la isla de Margarita.

Funcionarios de Protección Civil informaron que un hombre identificado como Wilmer José Brizuela Vera fue herido durante un atentado, junto a tres miembros de su familia el sábado 18 de febrero de 2017 en Margarita. Cuatro días después funcionarios del ministerio de Servicio Penitenciario desmintieron el hecho filtrando información extraoficial a algunos periodistas.

–¿Qué sintió usted cuando confirmó que la ministra Iris Varela le había otorgado un beneficio a Brizuela y éste se encontraba en las playas de Margarita?

–Lo que quiero es que la ministra, el Estado, nos expliquen a mi familia y a mí por qué mi hermana está muerta y “Wilmito” está en la playa vacacionando. Mi hermana era una persona valiosa, una docente talentosa, sobreviviente de cáncer, que amaba la vida.

La ex jueza recuerda que sus dos hijos presenciaron el asesinato de su tía y hasta hoy arrastran secuelas sicológicas de esa experiencia. “Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera. Yo era una juez y hoy no soy nadie. Además me obligaron a irme de mi tierra porque no hay quien nos garantice la vida a mí y a mis hijos”.

A pesar de lo ocurrido, Mariela Casado dice que no quiere ser tratada como una víctima. “No me gusta el término víctima. Lo que se conoce como víctima en el derecho, en Venezuela es nada. Porque si “Wilmito” anda en la calle y a “El Ciego” no lo han aprehendido, entonces nosotros, y mi hermana, no tenemos derechos”, aseguró la ex jueza de 57 años.

–¿Cuál es la razón por la que Brizuela la manda a matar?

–Después de la fuga, en 2009, “Wilmito” se entrega en Caracas y allí un tribunal de control le asigna como sitio de reclusión la cárcel de Tocuyito, pero no se pronuncia sobre la fuga. Pero su causa seguía en Bolívar.

En abril del 2010 a él lo trasladan a Ciudad Bolívar para la audiencia y el juez le dicta una medida privativa por la fuga y mantiene como sitio de reclusión Tocuyito, en Carabobo. Eso lo enfureció, porque él quería volver a Vista Hermosa. Al salir de la audiencia comenzó a gritar: “Maldita la Casado, me las va a pagar,” y también amenazó al juez. En junio ocurrió el atentado donde muere mi hermana.

La ex presidenta del Circuito Judicial recuerda que hubo protestas y huelgas en su contra, además de disparos contra la sede del Palacio de Justicia en esa ocasión. Ya en 2006, Casado le había negado un beneficio procesal a Brizuela.

“Aunque yo había decidido inhibirme en las decisiones que tuvieran que ver con Brizuela, en todas las reuniones de seguridad de la región yo insistía en que era inaceptable que un preso de 25 años tuviera arrodillado a un estado. Ponía calcomanías a los carros para el cobro de vacuna, salía y entraba. Estoy segura que de allí salía la información para él”, explicó Casado.

Lea también: “Wilmito” sentenciado por sicariato, secuestro y robo de blindado recibió beneficio de Iris Varela

–¿Usted tiene idea de quién protegía a Brizuela dentro del Gobierno?

–El Ministerio de Relaciones Interiores y la Gobernación de Bolívar. Fíjate que cuando se fugan los implicados en el caso Di Lucca, el ministro Pedro Carreño y el viceministro Tareck El Aissami entraron solos al internado a hablar con “Wilmito”. “Wilmito”, así como Yonny Bolívar (asesino de Adriana Urquiola), a quien conocí cuando estaba en El Dorado, tenían acceso directo a los ministros.

Pran “Wilmito” tiene su orquesta de salsa, que opera desde la cárcel http://elinformadorweb.net/colmo-pran-wilmito-orquesta-salsa-opera-desde-la-carcel/

“Nunca perdonaré a los corruptos. A los jueces que se venden por un viaje. No entienden que son tan asesinos como ¨Wilmito¨. Mi hermana era la mitad de mi vida, a mi me quitaron la mitad de mi vida”, dijo entre lágrimas, la ex jueza que aceptó por un tiempo la oferta de Hugo Chávez, y se incorporó al personal de una embajada en Centroamérica en comisión de servicio hasta el 2015.

El oscuro papel de las cabezas del Complejo Editorial Maneiro

“Cabezas” (por Hugo su director) y “Coronado” (por Luis, mano derecha del anterior) son dos apellidos de evocación cefálica que se revelan claves en una trama de negociados tejida alrededor de la empresa que el Estado venezolano creó en el 2013 para centralizar los suministros de papel imprenta importado a medios y editoriales. La privatización tras bambalinas de su razón de ser, se consuma a través de redes de parientes en funciones ejecutiva, manipulación de las tasas cambiarias, vínculos con intermediarios privilegiados, y otras maniobras que permiten comprobar que el papel aguanta todo.

Roberto Deniz, ArmandoInfo

El Complejo Editorial Alfredo Maneiro (Ceam) nació hace poco más de tres años. Enclavada en Los Flores de Catia, en el oeste de Caracas, en su sede se decide –mediante la asignación de provisiones de papel imprenta- la suerte que corren desde periódicos longevos a nuevas empresas editoriales.

Comenzó como un sueño del comandante Hugo Chávez”, relató una voz en off de un video institucional de la empresa. Si acaso fue un sueño presidencial, cristalizaría con cierto retraso. Porque el decreto que dio origen al nuevo ente se expidió cuando ya habían pasado dos meses del deceso de Chávez y cuando Nicolás Maduro escasamente completaba su primer mes como mandatario.

La partida de nacimiento del Ceam está en la Gaceta Oficial número 40.168 del 16 de mayo de 2013. Entonces quedó adscrito al Ministerio de Comunicación e Información (Minci) y alineado a la superestructura del Sistema Nacional Bolivariano de Información y Comunicación (Sibci), a cargo de la “producción, distribución y comercialización de diversos productos impresos, destinados a la información, divulgación, propaganda y publicidad, tales como: periódicos, libros, revistas, folletos, afiches y afiches desplegables, tanto para el consumo nacional como para la exportación”.

Por disposición presidencial, el Ceam también quedó facultado para participar en la “fabricación, comercialización, importación, exportación, modificación y restauración de insumos, partes, piezas y equipos de impresión y reproducción” justo cuando los periódicos independientes y la industria gráfica empezaban a tambalearse por la imposibilidad de importar papel y otros insumos por los retrasos de la antigua Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a la hora de pagar los dólares.

Hugo Cabezas, presidente del Complejo Editorial “Alfredo Maneiro”

Era el comienzo de un negocio monopólico, manejado con opacidad y dirigido desde sus inicios por Hugo Cabezas, ex gobernador del estado de Trujillo, ex ministro del despacho de la Presidencia y ex director de la antigua Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex).

“Hemos decidido simplemente abrogarnos y adherirnos al derecho que nos da el ser una sociedad anónima que simplemente se reserva el derecho de venderle papel periódico a quien consideremos sea nuestra prioridad, no prioridad de Hugo Cabezas, sino prioridad por el tiraje que tengan estas instituciones”, declaró Cabezas en abril del 2016.

El funcionario reaccionaba a la sorpresiva inspección a las instalaciones del Ceam realizada por diputados de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional (AN), desde enero dominada por la oposición.

Pero en su respuesta no está toda la verdad detrás de las actividades del Ceam y del negocio del papel, que en Venezuela podría suponer más de 100.000 toneladas anuales.

Esta familia coronó

El control estatal de la importación de papel levantó un mercado paralelo o de bachaqueros, como reveló una investigación publicada en febrero del 2016 en Armando.info. (http://armando.info/historias/6011=el-papel-prensallega-a-las-redes-de-los-bachaqueros).

Nuevas evidencias permiten comprobar que no se trata de una simple distorsión espontánea en el sistema, sino de un esquema conectado a las cabezas del Ceam. Pero ni en febrero ni ahora, ese ente o el propio Hugo Cabezas han atendido a los llamados que solicitan respuestas sobre estas y otras irregularidades.

Propietarios de periódicos, empresarios de la industria gráfica, impresores y directivos de editoriales, reconocen que desde el año pasado irrumpieron en el mercado empresas “desconocidas” que ofrecían el papel importado por el Ceam.

Son varias y aparecen repentinamente intentando dejar pocos rastros. “Llamaban directamente a los dueños o jefes de compra de los medios”, aseguró un propietario de periódico.

Una de esas compañías fantasmales es Proyectos y Ejecuciones Guian C.A, domiciliada en Maturín, estado de Monagas.

El expediente de la empresa que yace en el Registro Mercantil indica que está dedicada a la “explotación mercantil del ramo de construcción de obras de ingeniería civil, movimientos de tierra, drenajes, proyectos, cálculos, estudios topográficos, urbanismo, puentes, pilotajes, mantenimiento básico de edificaciones, plazas, avenidas, vías rurales, plantas de tratamiento de aguas, viviendas, edificaciones industriales, obras civiles menores, refractarios, soldadura en general, electricidad industrial, transporte de equipos, productos, enseres y materiales, alquiler de vehículos, y transporte de personal, alquiler de todo tipo de maquinarias, servicios de mantenimiento y reparación de obras civiles, pintura, desmonte, reforestación y jardinería, recolección de basura, impermeabilización, mantenimiento y reparación química de tanques y en general cualquier otra actividad de licito comercio o relacionado con lo anteriormente descrito”.

Pero a finales del año pasado a las cuentas bancarias de Proyectos y Ejecuciones Guian C.A ingresó dinero proveniente de empresas necesitadas de papel prensa y otros tipos de papel traído por el Ceam.

Los depósitos no son casualidad. Proyectos y Ejecuciones Guían C.A está relacionada con Luis Coronado Viaje, hombre de confianza de Hugo Cabezas y directivo del Ceam hasta enero de este año, de acuerdo a los registros en línea del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

“Luis Coronado era la mano derecha de Hugo Cabezas”, coinciden varios empresarios que dependen de los despachos del Ceam. Los apellidos Coronado Viaje se repiten en uno de los socios de Proyectos y Ejecuciones Guían C.A. Se trata de Ana Coronado Viaje, quien actualmente es la vicepresidenta de la empresa.

El otro socio y presidente de la compañía es Luis Guillermo González Regardiz, que también tiene una sociedad con Luis Coronado Viaje, Raquel Coronado Viaje y Rubén José Coronado Viaje, los tres ligados al Ceam y Hugo Cabezas desde hace tiempo, en la Cooperativa Coronela Manuela Sáenz R.L.

La cabeza sabe lo que hacen las manos

Varios datos confirman la cercanía de los Coronado Viaje y Hugo Cabezas. Luis Coronado Viaje fue director de finanzas de la Gobernación de Trujillo en la gestión de Cabezas entre 2008 y 2012.

Raquel Coronado Viaje fue directora de recursos humanos de la Gobernación y Rubén José Coronado Viaje dirigió la Fundación Regional Niño Simón, dependiente del gobierno regional. Años después los tres llegarían al Ceam de la mano del mismo Cabezas. Raquel Coronado Viaje figuró como directora suplente del Ceam en la junta directiva que se oficializó el 22 de julio del 2013 (Gaceta Oficial 40.212), poco más de un mes después de que el entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, designara a Hugo Cabezas como presidente del organismo recién creado.

Rubén José Coronado Viaje ingresó al Ceam el 1 de febrero de 2014, de acuerdo al IVSS, mientras que Luis Coronado Viaje, comenzó desde 2013 en la Oficina de Administración y Finanzas del Ceam, tal y como recoge la Memoria y Cuenta de ese año del Minci.

En enero del 2014 Nicolás Maduro nombró a Hugo Cabezas como ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. “He decidido convocar a un hombre que lo conocí hace muchos años en las luchas estudiantiles, sociales, y que fue un extraordinario ministro de la presidencia del presidente Hugo Chávez en su momento, se trata de Hugo Cabezas, ex gobernador de Trujillo, y le he dicho que asuma el ministerio de la presidencia”.

Su designación como ministro apareció en la Gaceta Oficial número 40.330 del 9 de enero de 2014. En cuestión de días, y en su doble condición de ministro y presidente del Ceam, tomó decisiones que beneficiaron a los Coronado Viaje.

El 22 de enero nombró a Raquel Coronado Viaje como directora general de la Oficina de Recursos Humanos del ministerio, el 31 de enero el Ceam pasó del Minci al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gobierno – justamente bajo responsabilidad de Cabezas- y el 11 de febrero ascendió a Luis Coronado Viaje al puesto de director general de Operaciones del Ceam.

El bachaqueo por las coimas

De acuerdo al testimonio de los empresarios que prestaron sus testimonios bajo condición de reserva de sus nombres, el pago a Proyectos y Ejecuciones Guian C.A funcionaba como una especie de “coima” , “comisión” o “alcabala”.

El papel que trajo Maneiro comenzó a regarse, es el mismo fenómeno del bachaqueo” , sostuvo una de las fuentes consultadas.

Explicó que el precio del papel era “bastante más elevado” que el fijado por el Ceam, pero “más barato que calculado al dólar paralelo” , lo que hacía atractivo el intercambio. “En el último trimestre del 2015 comenzó lo del pago por fuera, las coimas”, insistió.

A Proyectos y Ejecuciones Guian C.A el negocio parece haberle funcionado. El 3 de diciembre del 2015 el capital de la compañía ascendió a 3,135 millones de bolívares –unos 3.000 dólares, al cambio paralelo del mercado negro-, un incremento de 2.222% con respecto a los135.000 bolívares –unos 135 dólares a la parida negra de 2016- con que se fundó el 3 de julio de 2007.

“Hubo periódicos que hacían negocios a través de Luis Coronado Viaje, tenía contactos con los periódicos”, reconoció un directivo de un medio impreso. A Luis Coronado Viaje se le contactó para conocer su versión, pero desechó esa posibilidad indicando que estaba fuera del país.

Un propietario de periódico también reconoció el esquema de reventa. “Nos llamaban empresas desconocidas ofreciendo el periódico, el papel importado por Maneiro, a un precio mayor al de Maneiro, pero menor al del mercado del dólar libre, ¿Cómo tenían acceso a ese papel?”, se preguntó.

Los intermediarios de Panamá y Miami

En el negocio del Ceam hay más intermediarios. Son los que adquieren el papel a las papeleras en el exterior, especialmente canadienses, y luego se lo revenden a la compañía estatal. “El Ceam no hace licitaciones internacionales”, precisó un empresario.

El registro fotográfico de la inspección que realizaron los diputados de la AN a las instalaciones del Ceam, arrojó algunas pistas.

En las etiquetas de las bobinas de papel almacenadas está el nombre de la importadora: Morichal Corp. Morichal Corp fue registrada en Panamá en el 2007 con un capital de 1 millón de dólares por el bufete Rodrigo Molina Ortega y Asociados, una firma legal que al estilo de la ya famosa Mossack Fonseca, cuyos documentos se filtraron en la investigación periodística Panamá Papers, se dedica al registro de empresas para clientes que buscan los beneficios fiscales del istmo.

Quienes hacen las veces de directores de esas empresas suelen ser empleados del agente registrador, quien cobra por ese servicio, pero siempre a nombre de un beneficiario final (beneficiary owner) que suele permanecer oculto.

En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) venezolano, Morichal Corp aparece inscrita como una sociedad extranjera “sin domicilio ni filial en Venezuela” y apenas cuenta con un trabajador en su nómina. La persona de contacto y el nombre detrás del número telefónico venezolano que aparece en las facturas emitidas por la empresa panameña al Ceam, es Thierry Dumoulin Pereira.

En diciembre del 2014 el presidente del Ceam convocó a los empresarios de la industria gráfica a una reunión en el Hotel Eurobuilding, en Caracas, y les pidió “prepagar” en bolívares la importación de la mercancía que Dumoulin Pereira y Morichal Corp había negociado frente a los proveedores canadienses.

Las facturas prueban que en agosto del 2015 Morichal Corp vendió al Ceam “papel recubierto brillante (glasé)” por un valor de 1.195 dólares la tonelada y que en enero de este año le despachó papel bond de distinto “gramaje” en 1.250 dólares la tonelada, en una factura que suma casi 4,2 millones de dólares.

Aunque en los mercados internacionales los precios varían según las cantidades a comprar, las condiciones de pago, y la disponibilidad y procedencia del producto, varias fuentes consultadas coinciden en que esos precios de Morichal Corp son elevados.

“Esos productos comprados a las papeleras debieron salir entre 600 y 800 dólares por tonelada”, apuntó una fuente.

Carlos Prosperi, uno de los diputados que visitó en abril de este año las instalaciones del Ceam como integrante de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, también sospecha que los intermediarios encarecen la compra.

“Lo que llegamos a creer y presumir es que hay un gran sobreprecio y por eso se les compra a los brokers e intermediarios, y no directamente a los molinos en Chile o Canadá”.

Morichal Corp no estaba en el negocio, asumió eso por contactos con el gobierno”, señaló otro de los empresarios de la industria gráfica nacional.

El historial empresarial de Thierry Dumoulin Pereira, muestra que durante años ha sido proveedor de numerosos organismos públicos mediante la Asociación Cooperativa La Fuente 4598699 R.L, de la que fue socio fundador en el 2004.

Según el RNC, entre 2005 y 2011, esa cooperativa -cuyo promedio anual de trabajadores es de apenas 5 personas- suministró a entes como el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Interior y Justicia, el Seniat, la Alcaldía del Municipio Libertador, la Universidad Bolivariana y la Corporación Venezolana de Petróleo, entre otros, productos de limpieza, papel higiénico, electrodomésticos, equipos electrónicos y aires acondicionados.

También se encargó de realizar obras como la “recuperación de la plaza Martí” en el centro de Caracas, la construcción de un galpón en la instalación militar de Fuerte Tiuna y la “recuperación integral de módulos de Barrio Adentro”, por citar algunas.

De acuerdo al expediente que reposa en el Registro Público, Dumoulin Pereira renunció a la Asociación Cooperativa La Fuente 4598699 R.L en marzo de 2010. No obstante, en el IVSS está registrado como trabajador de la cooperativa desde el 8 de abril del 2016.

Las oficinas de la Asociación Cooperativa La Fuente 4598699 R.L y Morichal Corp, el proveedor de papel para el Ceam, también parecen estar conectadas por su ubicación. Ambas están en el piso 14 de la Torre Miranda del Edificio Multicentro Empresarial del Este, en Caracas.

Además de Morichal Corp, el Ceam le ha comprado papel prensa, al menos, a otro intermediario. Se llama FS Paper Trading, está domiciliado en Coral Springs, en la ciudad de Miami, y su propietario es el venezolano Frank Siegel, relacionado con una familia que durante años se ha movido en el negocio de la importación de papel prensa.

De acuerdo a una factura emitida por la papelera canadiense Resolute Forest Products, FS Paper Trading compró en agosto del año pasado 4.010 toneladas de papel prensa en 600 dólares cada una destinada para revender al CEAM.

“Tanto que criticamos al imperio, tanto que hablamos de los Estados Unidos y resulta que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro le está comprando a unos brokers que están dentro de los Estados Unidos, lo que nos lleva a pensar es que hay un gran negocio con el papel prensa”, criticó el parlamentario.

Aunque las restricciones económicas de Venezuela han obligado a numerosas empresas a trabajar con la figura de los intermediarios para poder comprar en el exterior, los manejos del Ceam levantan sospechas en el sector.

Si se trae el producto de Canadá, por qué lo negocian con un trader en Panamá o en Miami. ¿Qué molinos hay ahí para comprar el papel periódico en esos países?”, observó uno de los empresarios consultados.

Añadió que una compañía que atiende la demanda de unos 150 periódicos, entre estatales e independientes, podría negociar directamente con las papeleras mejores precios sobre la base de ese volumen.

Propietarios de periódicos que han logrado comprar papel prensa al Ceam, indicaron que en los últimos meses el precio rondó los 20.000 bolívares por tonelada, pero Hugo Cabezas anunció en marzo pasado que la tonelada de papel prensa se elevaría a 47.754 bolívares, debido a los efectos de las sucesivas devaluaciones del bolívar.

“Sabemos que de acuerdo a las últimas facturaciones de Maneiro, el kilogramo de papel estaría en 42 bolívares; cuando uno multiplica y divide eso, nos da un monto por el orden de 4.000 y pico de dólares por cada tonelada, es un monto exorbitante” , denunció el diputado Prosperi.

Jugando con el diferencial cambiario

El desconcierto cambiario de la economía venezolana, le ha permitido al Ceam jugar con los precios y cotizaciones para sus clientes.

“Nosotros importamos a 13 bolívares y nacionalizamos a 200 bolívares”, dijo Hugo Cabezas, según reseñó el Correo del Orinoco el 2 de marzo de este año, tras reunirse con algunos dueños de medios impresos y anunciar ajustes en los precios de la tonelada de papel prensa.

Pero las Declaraciones de Aduana (DUA) relacionadas con las facturas de Morichal Corp, incluyendo una de enero del 2016, muestran que el tipo de cambio utilizado para nacionalizar la mercancía fue el preferencial de 6,30 bolívares por dólar. Los empresarios de la industria gráfica lo saben.

A finales del 2014 acordaron con el Ceam “prepagar” en bolívares una mercancía al tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar. La carga debía llegar en los primeros meses del 2015, pero no fue sino hasta agosto de ese año cuando empezaron a recibir parte de los pedidos.

Para entregar la mercancía, el Ceam exigió el pago de un diferencial que estaba asociado al uso de un nuevo tipo de cambio en la importación, aunque el producto fue comprado a 6,30.

“Inicialmente el papel se compró a 20 bolívares por kilo, pero luego recalcularon a más de 40 bolívares por kilo. Según la Declaración de Aduana se adquirió a 6,30, no se justificaba el aumento, aunque aún era a un precio por debajo del dólar paralelo”, detalló uno de los empresarios que participó de la negociación.

Las cotizaciones envidas por el Ceam a las compañías muestran que en diciembre del 2014 la tonelada de papel bond se había fijado en 18.765 bolívares y que para julio del 2015, cuando el Ceam comenzó a entregar la mercancía, el precio de los mil kilogramos de papel bond se había disparado a los 44.286 bolívares.

Mientras decenas de periódicos han dejado de circular definitivamente en los últimos meses y otros tantos han sufrido recortes en su circulación. o se han visto obligados a reajustar su diseño para sobrevivir en el mercado, el rol oficial del Ceam en el manejo del papel prensa continúa.

En septiembre llegarán al país poco más mil toneladas de papel prensa que Morichal Corp, el intermediario registrado en Panamá, compró en Canadá como parte de una negociación que alcanzaría las 30.000 toneladas para abastecer el mercado en los próximos meses.

Imágenes vía web.

Los viajes “diplomáticos” de los narcosobrinos

 

Una investigación realizada por Vértice confirmó que los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, conocidos como los “narcosobrinos”, usaron pasaportes diplomáticos emitidos por la Cancillería de Venezuela para viajar a los países donde conspiraron para traficar cocaína. Entre los destinos: Puerto Príncipe, Tegucigalpa, Miami, Fort Lauderdale, Madrid, Ciudad de Panamá, Bogotá y Medellín.

Maibort Petit, Vértice

(Nueva York, EEUU) – Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas viajaron con el pasaporte regular en un vuelo charter a bordo del avión siglas YV2030 desde Caracas a Puerto Príncipe, el 10 de noviembre del 2015.

A las 7 de la mañana Campo Flores, tenido como hijo de crianza de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores —y ahijado del presidente Nicolás Maduro— y su primo, atravesaron la estación de seguridad del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, sin ningún tipo de restricciones. Llevaban consigo una panela de cocaína de alto valor, que según la DEA, registra entre 95 y 97% de pureza.

Para abordar el jet privado, Campo Flores usó su pasaporte venezolano número 066981222.

La aeronave, piloteada por Pedro Miguel Rodríguez, quien es efectivo de la Fuerza Aérea venezolana, destacado en Bolivia, esperó unos minutos antes de arrancar.

De acuerdo a la confesión hecha por Campo Flores a la DEA, durante aquella mañana del 10 de noviembre del 2015, solo su personal de seguridad estaba al tanto de la operación que se estaba llevando a cabo, ya que decidieron no informar a la familia sobre los negocios de tráfico de drogas que llevaban a cabo a nivel internacional.

Campo Flores y su primo Flores de Freitas llevaban poco equipaje visible. Este último usó su pasaporte venezolano número 066981222 para abandonar el país. Los otros pasajeros, entre quienes se encontraban el empresario Marco Tulio Uzcátegui y los ciudadanos Jesfrán Moreno y Pablo Urbano, igualmente usaron documentos regulares de identificación venezolanos.

Arribaron a Puerto Príncipe a las 9 de la mañana. Al bajar del avión, Campo Flores y Flores de Freitas hicieron uso de pasaportes diplomáticos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, numerados con las series 005886069 y 001435773, respectivamente.

Con ellos evadieron las requisas, las colas y la aduana. En Haití los pasaportes diplomáticos venezolanos aun son respetados, no obstante, aquel día las autoridades de la isla estaban al tanto de las actividades ilícitas de los dos visitantes y el gobierno haitiano había ordenado a sus órganos de seguridad colaborar con los agentes de la DEA para capturar, infraganti, a los jóvenes que estaban dando los últimos toques a una operación que incluía el envío de droga proveniente de las Farc a Estados Unidos, vía Honduras.

Un informe del ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Pierre Richard Casimir, da fe de que el gobierno caribeño colaboraba con la DEA para capturar a los sujetos que tenían órdenes de arresto en la ciudad de Nueva York.

Cuando Campo Flores y Flores de Freitas pisaron suelo haitiano, salieron apresurados del avión y de inmediato tomaron rumbo hacia un hotel cercano al aeropuerto Internacional Toussaint Louverture. Se trataba de la primera incursión de Campo Flores y Flores de Freitas a la nación haitiana, o al menos eso es lo que registran sus récords de viaje desde abril 12 del 2007 (Campo Flores) y 2 de agosto del 2008 (Flores de Freitas), fechas en la cuales obtuvieron sus primeros pasaportes venezolanos regulares.

Un puñado de dólares

Efraín Campo Flores ha llevado una vida que está muy lejos de ser limitada y modesta. Por el contrario, sus hábitos y costumbres rayaron en la ostentación: privilegios, viajes en jets privados y una fortuna que le permitió comprar carros de lujo, entre ellos un Ferrari del 2015, cuyo precio no baja de 280.000 dólares.

Su parentesco con el presidente de Venezuela le permitía pasar sin control alguno y según los dictados de su conveniencia por las estaciones de seguridad de los aeropuertos venezolanos. Iba y venía en un mismo día a Miami, compraba costosas prendas de vestir. Un informe del gobierno estadounidense da cuenta de los onerosos gastos en los que incurría el hoy reo de la justicia norteamericana antes de ser arrestado en Haití.

Dentro de las contradicciones observadas en las declaraciones que Campo Flores ha hecho a funcionarios de la DEA y las entregadas por sus abogados a la corte, y que han quedado registradas en el informe del despacho a cargo de Preet Bharara, destaca el haber afirmado que había hecho jugosos negocios en el área petrolera que le habían permitido ganancias superiores a los “10 mil millones”, posiblemente de bolívares, lo que equivale a unos 10 millones de dólares al cambio libre de mil bolívares por dólar.

No obstante, cuando los agentes de la DEA lo interrogaron dijo que había entrado en el negocio del narcotráfico porque no tenía ni 10 mil dólares a su nombre.

Otro aspecto que llama la atención es que Efraín Campo Flores juró ante el juez, Paul Crotty, que era abogado y que vivía modestamente en Caracas con su familia. Pero a los agentes de la DEA les dijo que su intención era ganarse unos miles de dólares en la operación de tráfico de droga para luego irse a vivir a Estados Unidos con su esposa e hijos.

Un informe que reposa en la fiscalía plantea discordancia entre lo dicho antes y después del arresto, lo que le informó al juez Crotty y lo planteado en la declaración jurada entregada por su abogado a la corte el 12 de mayo del 2016.

Aparece, además, en ese informe que Campo Flores no es casado, que tiene un hijo de siete años, que se crió bajo la tutela del presidente Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores, que es militante activo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que trabajó en el Parlamento Latinoamericano entre 2008 y 2011, que posee un pasaporte diplomático y que tiene negocios en Panamá.

En ese informe aparecen dos direcciones relacionadas con Campo Flores. La primera, en el edificio Diamante III, apartamento 04, avenida Las Fuentes de El Paraíso, Caracas.

Otra dirección suministrada por el familiar de Cilia Flores es Boulevard Libertador, parroquia Sucre, sector primero, plan de la Silsa, a la derecha de la calle Ezequiel Zamora. Al frente la calle 5 de julio. A la izquierda, la vereda y la iglesia Santo Cristo adjunto a la iglesia Santo Cristo, casa sin número.

Dice que en materia laboral fue registrado en el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales, IVSS, por el Parlamento Latinoamericano, cuyo número patronal es D18407377, el día 29 de diciembre del 2011 con un salario de 755 bolívares. Y que su estatus de asegurado es cesante. La primera afiliación fue el 1 de febrero de 2008 y la fecha de contingencia el 25 de agosto de 2046.

Viajero especial

Campo Flores solía salir de Venezuela en vuelos privados con su cédula de identidad venezolana número 18.330.183,
 o con su pasaporte venezolano número 081303148. Un informe en poder de Vértice señala, sin embargo, que el familiar de la primera dama venezolana viajó en varias ocasiones usando el pasaporte que lo acreditaba como diplomático venezolano, aunque no se desempeñaba como tal.

Uno de los primeros viajes fue a Bogotá, Colombia, el 16 de marzo del 2012, en el vuelo de Avianca AVA 081 (Sello 4M8Q3-Q8M3) usando su pasaporte diplomático  número 005886069. El regreso a Caracas tres días más tarde, el 19 de marzo de 2012, lo hizo en el vuelo de Avianca AVA080 y entró con ese mismo documento.

También usó su pasaporte diplomático para viajar a Madrid, España, en el vuelo de Iberia IBB6674, el 8 de diciembre del 2011. Regresó a Venezuela el 27 de diciembre del 2011 en el vuelo de Iberia IBE 6673.

Antes había viajado a Bogotá con su pasaporte diplomático el 3 de agosto del 2008, en el vuelo de Avianca AVA095 Caracas-Bogotá y regresó a Venezuela dos meses  después, el 10 de octubre del 2008.

Efraín Campo Flores viajó desde Caracas a Tegucigalpa, Honduras, el 3 de octubre del 2015, en vuelo privado con el Cessna 550 Citation II, siglas YV570T, registrado en Venezuela.

De Tegucigalpa se trasladó al interior de esa nación centroamericana, específicamente a San Pedro Sula, para sostener una reunión con un grupo de individuos que aparecen reseñados en la acusación hecha por el gobierno de Estados Unidos en su contra.

A la cita acudió otro de los imputados por la fiscalía de Nueva York, el ciudadano hondureño Roberto de Jesús Soto García. Y también un testigo cooperante de la DEA, conocido como CW1 quien fue asesinado en Honduras tres semanas después de la captura de los sobrinos de Cilia Flores ocurrida el 10 de noviembre del 2015.

Campo Flores regresó a Caracas el 4 de octubre en el mismo avión YV570T desde San Pedro Sula.

El informe confidencial de los vuelos de los llamados narcosobrinos señala además que el ahijado del presidente Nicolás Maduro realizó dos viajes a Florida, Estados Unidos.

El primero de ellos tuvo lugar el 17 de enero del 2015, cuando abordó un avión privado en Caracas a las 5 de la tarde rumbo a Miami.

El avión, un Dassault Falcon 50 de 1987 con las siglas N26WJ, es propiedad de la firma Falcon 50 181 Holdings Inc, registrada en Wilmington, Delaware.

Allí permaneció por espacio de diez días. Regresó a Maiquetía en el vuelo charter N162DA, en una aeronave Rotorway registrada para ese entonces a nombre de la firma Point West Business Solutions LLC, de Grangury, Texas. Horas más tarde regresó a Miami en el mismo avión.

Luego utilizó el vuelo privado N99TH, registrado a nombre de Alpine Aviation Inc., de Provo, Utah, para regresar desde Miami a Barquisimeto –en el centro occidente de Venezuela- el 31 de enero del 2015.

Negocios en Panamá

El hoy acusado de conspirar para trasladar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos estableció en marzo del 2014 una empresa en Panamá.

Antes de concretar el registro de la compañía y los detalles logísticos de la misma, Campo Flores viajó a Ciudad de Panamá desde Maiquetía en un vuelo comercial de Santa Bárbara Airlines número SBA1340, el 1 de diciembre del 2014 y regresó el día 6 de diciembre.

El 28 de enero del 2014 viajó nuevamente a Ciudad de Panamá, en vuelo comercial de Conviasa VCV7208. Luego se trasladó desde Panamá a Medellín y desde esa ciudad colombiana a Caracas el día 2 de febrero del 2014, en el vuelo de Copa Airlines CMP638.

Se trasladó nuevamente desde Caracas a Panamá en el vuelo de Conviasa VCV7208, el 21 de abril del 2014, para regresar el 25 de ese mismo mes en el vuelo de la misma aerolínea identificado como CO7209.

El 21 de mayo regresó a Ciudad de Panamá en el vuelo de Conviasa VCV7208 para retornar a Caracas en el vuelo de la línea aérea del estado venezolano V07209.

Las fechas de estos vuelos coinciden con los registros de la empresa de Transporte Herfra S.A., creada en Panamá el 31 de marzo de 2014. El número del registro es 830045 y su estatus hasta la actualidad es vigente. Esta empresa es una sociedad anónima con jurisdicción en Provincia de Panamá.

En la hoja de registro aparece Efraín Antonio Campo Flores como director y presidente; su tío (hermano de la primera dama Cilia Flores) Hernes Merquiades Flores –cédula de identidad 3.989.593- como secretario; y el abogado panameño, Oscar Torres Pinzón y Shelby Gem, como suscriptores.

En una confesión hecha por Campo Flores a la DEA, el 10 de noviembre de 2015, el ahijado de Nicolás Maduro dijo que poseía 20 taxis en Panamá que le generaban 800 dólares a la semana y que viajaba con frecuencia a ese país en busca del dinero que producía el negocio.

No explicó por qué no usaba el sistema financiero para hacerse de los réditos. Tampoco dio detalles de por qué la empresa solo manejaba efectivo, pero esa es la razón que alega Campo Flores para justificar el hecho de “gastar” mucho dinero en boletos de avión y viáticos para trasladarse continuamente a suelo panameño.

Los viajes del otro Flores

El sobrino de Cilia Flores coacusado por delitos de narcotráfico, Franqui Francisco Flores de Freitas, también ha gozado de los privilegios y el poder político que le otorgan el formar parte de la familia presidencial venezolana. Lo que sí hay que admitir es que su poder parece ubicarse en menor medida que el de su primo e hijo adoptivo de la pareja presidencial venezolana.

Eso, sin embargo, no le impidió obtener un pasaporte diplomático por primera vez en 2007 que utilizó para viajar a Panamá.

En las declaraciones juradas de Flores de Freitas a la DEA y en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se observan muchas contradicciones, especialmente las relacionadas a su situación personal antes de ser arrestado.

Flores de Freitas confesó el 12 de mayo del 2016 al juez Paul Crotty, que solo había cursado hasta el cuarto año de bachillerato y que tenía una empresa de alimentos refrigerados que distribuía comida a restaurantes de Caracas, y esa misma información aparece en los documentos presentados por su abogado, David M. Rody, de la firma Sidley Austin LLP.

No obstante, en un informe que reposa en la fiscalía de Nueva York aparece un dato que llama la atención: “Franqui Francisco Flores de Freitas, (el demandado) se graduó como ingeniero de sistemas en la Unefa en el 2013. Es comerciante, militante del Psuv”.

En ese mismo documento se puede leer que Flores de Freitas posee dos direcciones en Caracas. Una residencial en El Junquito, Barrio Buenos Aires/calle Bicentenario. Frente calle el Manguito. Sector el Manguito, al lado del dispensario Menca de Leoni, casa sin número y otra de un local comercial ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, CCCT, PB, local 43-b, Caracas.

Otro dato que aparece en el documento es que Flores de Freitas es trabajador activo de DIGITAL CCT C.A., RIF J294314813, número patronal: O91117294. Ingresó a trabajar en esa empresa el 1 de abril del 2011. Según los datos de afiliación su último salario fue 1.712,70 bolívares. Su estatus actual como asegurado es activo. Fecha de la primera afiliación: 1 de abril de 2011; fecha de contingencia, 14 de agosto del 2045.

La empresa donde supuestamente trabajaba Flores de Freitas se dedica a la reparación de teléfonos celulares, consolas de videojuegos y equipos de última generación; además de la venta de videojuegos y accesorios para celulares. Su sede es en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, CCCT, Planta Baja, Local 43-B, en Caracas.

Asimismo aparece la siguiente dirección en el reporte oficial: Caracas Dtto. Capital Municipio Bolivariano Libertador, parroquia Sucre, sector primero, plan de la Silsa, derecha calle Ezequiel Zamora. Frente calle 5 de julio. Izquierda vereda la iglesia Santo Cristo, adjunto a la iglesia Santo Cristo, casa sin número.

Junto a su primo, Flores de Freitas viajó el 6 noviembre de 2015, pocos días antes de su captura, en el vuelo charter YV57OT desde Caracas a Tegucigalpa, Honduras. De ese viaje regresó al día siguiente, el 7 de noviembre, en el mismo jet privado. Salió con su pasaporte venezolano e ingresó con su pasaporte diplomático.

El mes anterior, el día 3 de octubre de 2015, había viajado desde el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, en el vuelo charter YV570T, para regresar en el mismo avión el día 4 de octubre en horas de la noche.

Para salir del país, Flores de Freitas usaba su pasaporte regular venezolano y para llegar a los países que visitaba, usaba el diplomático.

Disfrutando en el imperio

En el informe del gobierno norteamericano dice que Flores de Freitas viajó a Estados Unidos en un vuelo de Dynamic Airways 2D0406 que salió de Maiquetía el 23 de agosto del 2015, rumbo a Fort Lauderdale, Florida. Regresó en la misma nave, el 9 de septiembre del 2015.

Flores de Freitas viajó a Miami, la ciudad del sol en el estado de la Florida, pero en esta ocasión lo hizo vía Ciudad de Panamá. El 1 de diciembre de 2014 tomó el vuelo comercial de Santa Bárbara Airlines SBA1340 con destino a Ciudad de Panamá, luego se trasladó a Miami a donde llegó el 3 de diciembre. Regresó a Caracas en el vuelo de Santa Bárbara SBR1525 siguiendo la ruta Miami-Maiquetía.

Franqui Francisco Flores de Freitas hizo dos viajes a Panamá unos meses antes de irse a Estados Unidos. El informe dice que salió desde Caracas el 16 de Julio del 2014 en el vuelo de Conviasa VO7208 y regresó a Maiquetía el 9 de Julio en el vuelo de la misma aerolínea V07209. También por Conviasa viajó a Panamá el 21 de mayo del 2014 (vuelo VCV7208) y regresó en el vuelo VO7209, el 24 de mayo del 2014.

Del mismo modo, el informe refiere que Flores de Freitas hizo el trayecto Panamá-Medellín-Caracas. La salida fue el 28 de enero del 2014, en vuelo de Conviasa VCV7208 desde Caracas a Ciudad de Panamá. Luego se fue a Medellín y regresó a Caracas en el vuelo de Copa Airlines CMP 638, el 2 de febrero del 2014.

También se registra un viaje hecho por el acusado el 16 de marzo del 2012 en la ruta Caracas-Bogotá, realizado con la línea Avianca, vuelo AVA08, con retorno a Maiquetía el 19 de marzo, en el vuelo AVA080 de Avianca. Asimismo hay otro viaje reseñado el 19 de agosto del 2009, Caracas-Bogotá (vuelo AVA081) con retorno por Avianca el 28 de agosto del 2009, en el vuelo AVA078.

 

El Ministerio de Alimentación es un cuartel de amigos

Arysbell Arismendi, Armando Info

Las manos de 36 oficiales del Ejército pusieron el rancho morado en el despacho encargado de importar, producir y distribuir, los alimentos que se volvieron escasos en Venezuela. Por esas manos pasaron cerca de cien mil millones de dólares durante los tres años del Gobierno de Nicolás Maduro. Sus cargos se asignaron como parte de un continuo enroque entre tres promociones castrenses.

De tenientes coroneles a mayores generales

En el Gobierno de Nicolás Maduro no ha habido distinciones con respecto a las jerarquías militares y los nombramientos en posiciones clave dentro del Ministerio de Alimentación.

Un grupo de al menos 36 oficiales superiores del Ejército se convirtió en una élite que concentró en los últimos tres años designaciones; no solo para los cargos de ministro y viceministros, sino para otros como los de directores principales y suplentes de juntas directivas de nueve empresas públicas que, durante el período, manejaron un poco más de 500 mil millones de bolívares para una actividad principal: la importación, producción y distribución de alimentos en Venezuela.

Una investigación realizada a partir de la revisión de más de 1.250 documentos públicos (https://www.dropbox.com/s/khfqrvsrytgj7rs/Base%20de%20datos.xlsx?dl=0) -entre ellos Gacetas Oficiales y Memorias y Cuentas del Ministerio de Alimentación, difundidas entre enero de 2013 y mayo de 2016, y las listas de graduados de la Academia Militar de Venezuela– permitió identificar los nombramientos de los integrantes de ese grupo selecto que, además de tener responsabilidades en las compras y ventas, tuvo otras misiones como las de diseñar y evaluar las políticas públicas en materia alimentaria.

El cruce de información reveló que 12 de los 36 militares fueron designados por compañeros de promoción que ostentaban, en su condición de ministros, la titularidad del órgano ejecutivo. Algunos de los oficiales llegaron a tener hasta cuatro cargos directivos al mismo tiempo y otros han circulado por al menos nueve posiciones en los tres años que acumula Maduro en el poder.

Las importaciones públicas de alimentos se transformaron, en la última década, en una parte esencial de la estrategia gubernamental para atender las necesidades de la población. Lo que comenzó con la presidencia del fallecido Hugo Chávez –durante la cual se quintuplicaron a partir de 2010 con respecto a 2005– continuó con la gestión de su discípulo político.

Solo en 2015 las compras más allá de la frontera sobrepasaron los 5 millones de toneladas. Según datos oficiales, este número representa la cifra más alta de los últimos doce años.

La dependencia de productos extranjeros ha sido criticada no solo por detractores del gobierno, sino también por expertos y por industriales nacionales que se han quejado de que no han dispuesto de divisas para cancelar deudas con proveedores internacionales lo que, según han afirmado, les ha impedido producir dentro del país al ritmo que necesitan.

Hoy, con el descenso de los precios petroleros, la compra de alimentos por parte de los venezolanos se ha transformado en un calvario. Los saqueos se han convertido en un fenómeno común y cientos de miles de ciudadanos moran en larguísimas filas con la esperanza de conseguir algo para servir en la mesa, no comen para dejar a sus hijos o esperan por una bolsa de comida con cuatro o cinco productos subsidiados:

“La poca disponibilidad se debe a los controles de precio, a las expropiaciones de las unidades agrícolas que ahora están en manos del Estado con nada o muy poco que producir; al control del tipo de cambio y a las dificultades para la importación de materia primas impuestas al sector privado”, dijo Alejandro Gutiérrez, economista y fundador del Centro de Investigaciones Agroalimentarias, quien en el corto plazo solo avizora como única solución nuevas y masivas importaciones para apañar lo que muchos califican de crisis humanitaria. Si ocurre como pronostica, el Ministerio de Alimentación y sus funcionarios estarán en el centro del asunto.

Los favorecidos

Maduro no solo mantuvo la estrategia de las importaciones sino también la tradición que inició su padre político de designar militares al frente del Ministerio de Alimentación.

Durante su gestión ha nombrado a cinco oficiales al frente del despacho: Félix Ramón Osorio Guzmán, Hebert Josué García Plaza, Yván José Bello Rojas, Carlos Alberto Osorio Zambrano y Rodolfo Clemente Marco Torres.

Uno de ellos está prófugo de la justicia –García Plaza fue acusado por el Ministerio Público de comprar tres barcos españoles con sobreprecio, cuando se desempeñaba como presidente de la compañía estatal Bolipuertos– y los otros tres están siendo investigados por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que los acusa por el desvío de dos mil millones de dólares en compras alimentarias.

A Marco Torres, de hecho, le dieron voto de censura por no comparecer ante la plenaria, pero la decisión fue desconocida por Maduro. El Presidente le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia desestimar el dictamen de los parlamentarios y el Poder Judicial aceptó.

Cada uno de ellos incluyó a compañeros de promoción en puestos claves de la nómina ministerial.

Cuando Félix Osorio asumió el poder en 2013 –su segundo mandato después de haber ocupado la misma posición con Chávez– militarizó la conducción de la productora y distribuidora de alimentos Pdval y colocó a oficiales como miembros principales o suplentes, de seis de los ocho cargos de la junta directiva de la compañía.

Dos de los seleccionados, Luis Moreno Machado y Luis Fernández Abreu, habían compartido formación con el entonces coronel como parte de la promoción “José Trinidad Morán”, egresada de la Academia Militar 23 años antes. Osorio conocía de cerca cómo era el manejo y la operatividad de la compañía.

En 2010, cuando desempeñaba su primer mandato como titular de la cartera alimentaria, tres gerentes de la empresa fueron aprehendidos por la descomposición de al menos 130 mil toneladas de alimentos. Para la fecha, Pdval estaba adscrita a la petrolera estatal Pdvsa, a cargo de Rafael Ramírez, y debido a la irregularidad fue transferida a la Vicepresidencia de la República y luego al Ministerio de Alimentación.

En su momento, el entonces coronel calificó las denuncias de “manipulación mediática” y afirmó que la cantidad de productos descompuestos no era “notoria” en comparación con lo comercializado por la compañía. El caso, sin embargo, fue investigado por el Ministerio Público y tres directivos fueron acusados de delito de boicot y peculado doloso.

La Contraloría General de la República, por su parte, todavía no ha emitido un acto conclusivo. “Se trata de una investigación muy engorrosa”, reconoció el contralor Manuel Galindo en abril de 2016.

Osorio también incluyó a otro compañero de promoción en otra vacantes del organigrama ministerial: José Dionisio Moreno Oliva quien -junto con Moreno Machado- fue designado como parte de la junta directiva de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La Casa.

Entre 2013 y 2014, esa fue la empresa de alimentos que más recursos públicos recibió al obtener 11 y 12% del presupuesto nacional aprobado por el parlamento para esos años.

El presidente de la compañía también había sido su compañero de generación de la Academia Militar: Manuel Barroso. No era un desconocido para la opinión pública: había sido presidente de Cadivi por seis años –el órgano encargado de la administración de divisas– y Maduro había decidido apartarlo del cargo en medio de las crecientes denuncias de corrupción en la asignación de dólares preferenciales para empresas de maletín y el cual ha sido considerado como uno de los mayores escándalos de irregularidades administrativas de la historia de la República.

Una investigación del diario El Nacional de 2014 reveló que Barroso y Osorio –quien también formaba parte de la directiva de Cadivi– habían aprobado en 2012 más de 17 millones de dólares para la importadora Alimentos Venenceres de año y medio de existencia que tenía entre sus accionistas a un miembro retirado de la misma promoción de la dupla, la José Trinidad Morán: Carlos Arias Delgado.

En su momento, sus representantes negaron que la suya fuera una compañía espejo.

Práctica repetida

Exministro Félix Osorio//Fotografía VTV.

Quienes siguieron a Osorio repitieron la práctica. El mayor general García Plaza incluyó a dos antiguos condiscípulos en la dirección de evaluación y seguimiento de políticas públicas del ministerio, y en la junta directiva de Mercal empresa responsable de la venta de alimentos en mercados abiertos.

El coronel Yván José Bello Rojas designó a otros cuatro en el ministerio y en la presidencia y junta directiva de la Red de Abastos Bicentenario, empresa pública que según los balances comerciales mostrados en las memorias y cuentas, ha estado en déficit durante dos años consecutivos por un monto de 687 millones de bolívares en 2014 y por 3.419 millones en 2015. Este último número supera en más de dos tercios su capital social.

En junio de 2015, Carlos Osorio Zambrano nombró a Heber Aguilar Suárez presidente de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Alimentos, Cval, consorcio agroalimentario intervenido un año antes para la optimización de los procesos productivos y el abastecimiento oportuno de productos agrícolas para la población.

A principios de 2016, Suárez fue detenido junto a la administradora de la compañía por legitimación de capitales. Se les acusó del desvío de bienes, fondos públicos y alimentos del pueblo, hacia redes de comercialización privada.

La última designación la hizo el recién ascendido general de división, Marco Torres, quien el pasado 24 de mayo le otorgó a su compañero de promoción, Luis Alberto Medina Ramírez, la presidencia de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, una súper compañía a la que ahora estarán adscritas las 15 empresas de alimentos del Estado. En los próximos meses -y así lo ordena el decreto 2.325 del Ejecutivo- desaparecerán La Casa, Cval y Corpo-pdmercal.

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano dedicada a la discusión de seguridad y defensa de la nación, afirmó que en la gestión de Maduro se ha consolidado la militarización de la administración pública:

“Los militares controlan 32% de los ministerios más importantes de Venezuela, por la cuantía de los montos que manejan y de las dimensiones de las competencias que realizan”.

La abogada lamentó que –como debería suceder en cualquier país con control democrático– la FAN no reporte y aclare cuántos de sus efectivos están en comisión de servicio en los despachos gubernamentales.

Los reciclados

En el gobierno de Maduro también resaltan los casos de quienes han ostentado más de un cargo directivo al mismo tiempo en el Ministerio de Alimentación: el mayor Anderson José Medina Delgado, el teniente coronel Rafael Martín Hidalgo Belisario, el coronel Luis Rafael Moreno Machado y el general de brigada Valmore Ascanio Lugo Yépez, han ocupado múltiples funciones tanto en el despacho como en la presidencia y juntas directivas de las empresas públicas.

Moreno Machado, de la promoción de Félix Osorio, fue nombrado Superintendente Nacional de Silos y Depósitos Agrícolas en abril de 2013. Luego, en julio y en menos de una semana, lo designaron miembro principal del consejo directivo de Fundaproal, director principal de la junta directiva de La Casa y director principal de la junta directiva de Pdval.

El coronel debía, entonces, disponer de su tiempo para: inspeccionar, vigilar, fiscalizar y sancionar sobre actividades de almacenamiento, acondicionamiento y actividades conexas de los depósitos agrícolas; aprobar y hacer cumplir el presupuesto de ingresos y egresos, de la fundación de programas estratégicos que tiene como objetivo garantizar la alimentación a poblaciones desfavorecidas; y definir, controlar y supervisar las estrategias y actuaciones, convenios y contratos, de las empresas de alimentos.

Las responsabilidades del general Lugo Yépez al frente de la dirección general de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del ministerio de Alimentación, tuvieron que ser compartidas con las de la Vicepresidencia de La Casa, compañía que para 2014 estaba presidida por su compañero de grado y ministro Hebert García Plaza.

El teniente coronel Hidalgo Belisario, por su parte, fue designado Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, director principal de la junta directiva de Pdval, director principal de la junta directiva de Logicasa y director suplente de la junta directiva de la Red de Abastos Bicentenario, cargos que se fueron sumando en tan solo tres meses.

En septiembre de ese mismo año, Medina Delgado –graduado junto a Bello Rojas en 1993– inició funciones como presidente de la Red de Abastos Bicentenario y en octubre fue nombrado director principal de la junta directiva de Logicasa.

El mayor no duró más de ocho meses en el cargo y fue sustituido en abril de 2015 por la detención de tres de sus gerentes en la sucursal del estado Anzoátegui, quienes incurrieron en el desvío de los alimentos distribuidos por la red de supermercados en esa entidad.

El Gobierno informó a principios de 2016 que un total de 49 empleados de la compañía han sido arrestados por corrupción. Otros funcionarios, durante la gestión de Maduro, han llegado a pasearse por un laberinto de hasta nueve cargos públicos en un período de tres años.

Es así como el coronel Johan Alexander Hernández Lárez ha sido Viceministro de Producción Alimentaria; director y miembro principal de las juntas directivas de Pdval y de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas; integrante de la junta administradora del Complejo García Hermanos S.A, expropiado en 2010; director principal de la junta directiva de La Casa; y presidente de la Red de Abastos Bicentenario, Corpo-pdmercal y de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Alimentos, Cval, cargo que desempeña desde enero de 2016.

Los investigados

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional no solo ha responsabilizado a Félix Osorio, a Carlos Osorio y a Marco Torres, por la crisis alimentaria sino también por presuntos actos de corrupción que habrían sido cometidos por ellos mientras estaban al frente del despacho y de la principal empresa importadora de alimentos, la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La Casa.

A Carlos Osorio se le acusa de haber beneficiado a familiares de su esposa con la compra de alimentos, a través de una empresa de maletín, y a Marco Torres de avalar órdenes de compra con sobreprecio, mientras ambos ostentaban la presidencia del conglomerado.

A principios de 2016, los militares fueron citados para rendir cuentas ante la plenaria, pero ninguno asistió. La inasistencia fue amparada luego por el Tribunal Supremo de Justicia que, días después de que el Parlamento aprobara el voto de censura contra Marco Torres, inhabilitó a la Asamblea Nacional para remover a los ministros del Gobierno.

El 28 de junio de 2016, la cabeza del Poder Judicial admitió una demanda de Carlos Osorio y prohibió a los miembros de la Comisión de Contraloría, diputados Carlos Berrizbeitia e Ismael García, difundir “contenido vilipendioso” sobre el general.

El mismo fallo se aplicó al portal http://www.cuentasclarasdigital.com (http://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/portada), responsable de haber publicado los datos de los nombres, montos y empresas vinculadas al supuesto entramado de corrupción.

El presidente Nicolás Maduro salió en defensa de Marco Torres y aseveró que la moción parlamentaria era un ataque contra la Misión Alimentación, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y el heroico esfuerzo por satisfacer las necesidades de los venezolanos a pesar de la caída en los ingresos petroleros.

“Le digo al señor Ramos Allup que al ministro no lo remueve nadie”, sentenció en una frase dirigida al presidente del parlamento.

Osorio, por su parte, no contó con el aval público del Jefe de Estado pero aprovechó su cuenta en la red social Twitter para expresarse frente a lo que calificó como un engaño de la burguesía:

“Con esa misma fortaleza que mi Comandante Chávez nos enseñó a tener, sostendré mi moral en alto y defenderé la patria y su legado ahora más que ayer (…) mi demanda contra los ciudadanos Tablante, García y Berrizbeitia, obedece a no seguir permitiendo más injurias a mi reputación y honor”.

El diputado Berrizbeitia señaló en declaraciones a Armando.info que las investigaciones parten de las denuncias introducidas en la anterior Comisión de Contraloría y que no fueron procesadas: “Son más de 20 los procesos que no se abrieron”, aseguró. Entre 2010 y 2015, la comisión estuvo presidida por el actual diputado por el partido de gobierno, Pedro Carreño, quien se graduó con Carlos Osorio en la promoción militar “Lucas Carvajal” de 1985.

“En los últimos 10 años, la compra de alimentos se ha vuelto un negocio cambiario. Y, tanto en el Gobierno de Chávez como de Maduro, las compras se han realizado sin ningún tipo de supervisión: no ha habido control previo ni posterior del gasto; tampoco ha sido una licitación internacional o consulta de precio. Las compras han sido hechas de forma discrecional”.

El parlamentario opositor aseguró, además, que manejan pruebas sobre a qué personas y empresas, y por cuánto dinero, benefició el general Marco Torres como presidente de La Casa, en 2008.

El ministro habría firmado órdenes de compra, con tarifas que casi duplicaban los precios internacionales de las toneladas de pollo y carne, para el momento de la transacción.

La Comisión solicitará a la Fiscalía General de la República abrir una investigación contra Carlos Osorio por la sospecha de que, junto a sus cuñados y otros empresarios, incurrió en los delitos de pago de sobornos y comisiones a funcionarios, sobrefacturación, tráfico de influencia, compra de comida vencida, entre otras imputaciones, para la conformación de una red de corrupción que buscaba enriquecerse con el diferencial cambiario aplicado a las compras de alimentos.

La petición incluye que el exministro sea citado a declarar y que mientras duren las averiguaciones, sean confiscados los bienes y congeladas las cuentas bancarias relacionadas con el caso.

Armando.info intentó contactar al ministro Rodolfo Marco Torres, al exministro Carlos Osorio y al diputado Pedro Carreño. De igual forma, se le solicitó al Ministerio del Poder Popular para la Defensa información sobre los funcionarios militares en comisión de servicio dentro de la administración pública.

Hasta la fecha de publicación de este reportaje, las solicitudes no han sido respondidas.

Los delitos de la Guardia Nacional: del robo al tráfico de drogas

Javier Ignacio Mayorca, Revista Clímax

En apenas seis meses de 2016 han sido aprehendidos 89 funcionarios del componente militar. Los homicidios se combinan con delitos de naturaleza militar, como la sustracción de armas de los cuarteles

El 19 de mayo, cuando apenas despuntaba el sol, corrió un revuelo en las instalaciones del destacamento 351 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en San Fernando de Apure.

Había desaparecido un fusil AK103 asignado a un sargento primero que, además de escolta de otros sargentos de esa misma unidad, era vigilante de las personas que permanecen detenidas en la instalación por distintos delitos. La sustracción del arma presumiblemente ocurrió cuando el uniformado que la utilizaba la guardó luego de finalizar su turno.

Tres sargentos fueron detenidos mientras se llevaban a cabo las averiguaciones. Otro militar, de apellido Conde, desapareció del cuartel. La presunción de que podía tener el arma fue confirmada por uno de los investigados, que supuestamente decidió delatarlo tres días después.

A partir de entonces se inició una cacería que llevó a los investigadores hasta la población de Calabozo, en Guárico. Allí se solicitó la ayuda de la policía municipal para vigilar todas las entradas y salidas de la población, en la búsqueda de un Ford Fiesta que supuestamente era usado por el guardia en fuga.

Luego de las 2 pm los policías municipales alertaron a la GN que los ocupantes del vehículo compacto fueron avistados cuando iban a encontrarse con otros hombres que viajaban en una camioneta Hyundai Tucson azul. Eran presumiblemente integrantes de la megabanda conocida como “Tren de Aragua”.

La venta del fusil a los delincuentes fue abortada cuando uno de los guardias que participaba en la negociación quiso desistir a última hora. Ya ellos sabían que la sustracción de un arma de guerra es un delito militar, y que probablemente la fiscalía castrense adelantaba una pesquisa contra todos los uniformados que estaban esa noche en el destacamento.

En ese momento se escuchó una detonación en el interior del Fiesta. De la cabina del auto salió herido el sargento primero Jesús Álvarez, quien fue atendido en el servicio médico de una instalación militar. El sargento Conde, de 25 años de edad, optó por entregarse días después ante un fiscal del Ministerio Público Militar en Guárico. Iba con su mamá y otros familiares. Pero del fusil no se tienen mayores pistas. Solo que fue entregado a un antisocial conocido como Omar.

Imagen vía web.

Este es apenas uno de los 31 casos conocidos durante el primer semestre en los que aparecen implicados efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Este componente de la Fuerza Armada Nacional (FAN) actualmente posee más de 60.000 integrantes, incluidos los miembros de la llamada Guardia del Pueblo, una unidad creada para que labore como “policía de proximidad”.

Las cifras sobre los efectivos de la GNB procesados por diversos delitos son un secreto. No obstante, una revisión de todos los partes enviados por el Ministerio Público y de diversas minutas conocidas de manera extraoficial revela que fueron aprehendidos por lo menos 89 uniformados.

La estadística, aunque parcial, hace de la GN el cuerpo de seguridad y castrense que más efectivos ha perdido por detenciones durante el primer semestre del año. Lo sigue de lejos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 66.

Expuestos a las tentaciones

La GN juega un papel fundamental en los planes de seguridad del Ejecutivo. Solamente en Caracas son desplegados por el comando de zona más de 1500 efectivos cada vez que se anuncia una operación Liberación del Pueblo, o en cualquiera de los dispositivos para la vigilancia de la ciudadanía durante asuetos como Carnaval o Semana Santa.

Esto hace que sus integrantes estén más expuestos a la comisión de ilícitos que los de otros componentes. La mayor parte de las detenciones reportadas entre enero y junio, 31 caso, fue por homicidio. Los otros delitos más atribuidos a los guardias fueron hurtos y tráfico de drogas, 17 y 12 respectivamente. También hubo siete detenidos por extorsiones e igual número por robos genéricos.

La GN además ha sido criticada por su actuación sesgada. Por ejemplo, sus efectivos fueron grabados por aficionados cuando juntaron fuerzas con miembros de colectivos para atacar a manifestantes y periodistas en la avenida Urdaneta, el 2 de junio. También cuando se excedieron en el rigor de trato al presidente de la Asamblea Nacional (AN) Henry Ramos, y le revisaron su equipaje en el aeropuerto Caracas cuando regresaba de Estados Unidos.

El parlamentario indignado observó que los guardias no aplican la misma receta cuando llegan otros generales y miembros del oficialismo. “A ustedes la gente ni les tiene miedo, ni los quiere ni los respeta. Pusieron a la Fuerza Armada por el suelo”, les increpó en las mesas de revisión.

El comandante de la fuerza Néstor Reverol —recientemente sustituido por el general Antonio Benavides— calificó de “cobardía” los señalamientos de Ramos.

“Es muy fácil envalentonarse, acusar de contrabandistas y periqueros a nuestros funcionarios”, declaró.

Reverol, sin embargo, está consciente de las consecuencias que ha traído el crecimiento desproporcionado de las filas de la GN. Luego de su designación para la comandancia general de la fuerza, en octubre de 2014, exhortó por escrito a los distintos jefes de unidades para que aplicaran mecanismos más rigurosos a la hora de captar y seleccionar nuevos reclutas.

Ese mismo año corrió en varias dependencias del componente un radiograma:

“Este comando ha observado con preocupación a oficiales y guardias nacionales involucrados en hechos de corrupción y otros actos contrarios a la moral y las buenas costumbres que deben caracterizar a quien decide seguir la honrosa carrera de armas”.

El texto ordenaba a los jefes de esas unidades llevar a cabo “todas las acciones de comando” necesarias para que tales hechos no se repitiesen.

Tal parece que el mandato no fue escuchado. En junio, cuatro efectivos de ese cuerpo adscritos a la unidad Antidrogas del aeropuerto de Maiquetía fueron detenidos por tener una supuesta participación en el traslado en un jet de Aeroméxico de 600 kilos de cocaína. Otros cinco guardias quedaron tras las rejas en Zulia, cuando supuestamente intentaban llevar a Colombia miles de litros de combustible.

También hay guardias involucrados en delitos que no tienen ese grado de organización. En un peaje de Táchira, la policía regional apresó a los guardias del pueblo Jesús Alberto Cañizárez y Carlos Julián Rivero, quienes supuestamente tenían en su poder un teléfono celular robado recientemente.

Instancias sin control

Según el general retirado de ese mismo cuerpo Régulo Díaz Vega, la GN padece severos problemas de control en la actualidad. Este oficial, quien llegó a ser subcontralor general de la FAN, señaló que las medidas correctivas se toman “cuando es descubierta o denunciada una operación” ilegal.

Imagen vía web.

“Hoy en día, como todos son cómplices necesarios, se tapan unos con otros. Nadie, por lo menos, pregunta al subalterno por qué tiene un teléfono de última generación”, sostuvo.

Indicó que la fuerza posee mecanismos institucionales para prevenir los ilícitos, pero que se encuentra “cooptados” por la jerarquía.

“Hay un primer órgano de control que son los consejos disciplinarios. Actúan a pedido de los comandantes naturales del pelotón, la compañía o el destacamento cuando la falta cometida excede la capacidad de sanción permitida a esos comandantes. Pero en la actualidad, como hay conchupancia superior/subalterno este mecanismo de sanción está disminuido”, explicó.

Un general de división ya retirado, que llegó a ocupar altos cargos de esa fuerza, dijo a condición de anonimato que el incremento de detenciones en esa fuerza tiene una relación directa con la falta de filtros en las etapas de reclutamiento y selección.

“El sistema educativo de la GN fue violentado. Antes, para ser un guardia debía ser bachiller y pasar año y medio en las escuelas de guardias. Esto fue obviado en los últimos años al crear la Guardia del Pueblo, que son reservistas con pocos meses de formación y los lanzan a la calle, sin habérseles efectuado pruebas de selección”, alertó.

Son estos guardias los que engrosan la lista de detenidos en delitos contra la propiedad. En marzo, por ejemplo, dos sujetos robaron una moto en San Fernando de Apure. Pero el vehículo se les apagó poco después. Cuando otros guardias los apresaron se dieron cuenta de que uno de los asaltantes era un sargento primero, de 25 años de edad y compañero de su propio cuartel.

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Otros terminan aliados a algunas de las megabandas que han surgido en todo el país. Tal fue el caso de Willy Solórzano, de 26 años de edad, egresado de la escuela de orden público de la GN en Cagua, quien fue detenido en diciembre de 2014 y enviado a Ramo Verde porque supuestamente era cuñado de José Tovar Colina, alias Picure, líder de la banda “Tren del Llano”.

La fiscalía militar le imputó rebelión, pero los defensores del guardia lograron convencer al juez militar de que la banda del Picure no era un movimiento armado contra la estabilidad del país sino un “azote para las comunidades del municipio Mellado de Guárico”. Este argumento fue comprado y Solórzano fue condenado por delitos contra la seguridad de la FANB, previa admisión del cargo.

Hoy Solórzano cuenta los días en Ramo Verde para salir en libertad.

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Ciudad Guayana: de milagro de planificación a ejemplo de destrucción

María de Los Ángeles Ramírez Cabello, Revista Clímax

Fotos: William Urdaneta

Ciudad Guayana ya no es la cité de oro que fue: patrón de planificación urbanística lo mismo que modelo productivo junto a las empresas básicas del sur. Su panorama actual es más que desolador: pobreza, herrumbre, improvisación y una ideología —chavista— que minó todo espacio de desarrollo.

Héctor Goitia recorre la ciudad entera a diario. Volanteando su taxi se maravilla de la grandeza del río Caroní, cuando atraviesa el puente homónimo desde su residencia en una invasión de la estropeada San Félix.

Disfruta su portento en las caídas de agua del parque Cachamay —que se observan desde la avenida Guayana. Bordea la emblemática sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en donde al menos una vez a la semana se cruza con protestas y continúa su largo camino de huecos, deterioro y mengua, hasta llegar a las empresas básicas que detrás de sus estructuras de acero guardan la desventura de un anhelo frustrado.

Él como muchos en Guayana no entiende qué pasó ni por qué el milagro que representó esta ciudad, en la margen sur del río Orinoco, ha sido derruido sin recato. Su resumida vida dibuja solo un añico del quebranto de la única ciudad de Venezuela planificada, cuya piedra fundacional fue colocada el 02 de julio de 1961, tras la fusión política-administrativa de Puerto Ordaz y San Félix, las más pobladas del estado Bolívar.

El crecimiento desordenado, obras en promesas y el estancamiento productivo de su motor industrial son en la actualidad algunos de los puntos frágiles de la urbe, cuyo levantamiento fue pilotado por el Plan Maestro de Desarrollo Urbano para Santo Tomé de Guayana, elaborado por profesionales del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) en 1962.

Así como Brasilia en Brasil, Ciudad Guayana fue dibujada en lienzos en blanco. Sus grandes avenidas, su conexión con San Félix, sus perfectas cuadras y la ubicación distante de las industrias del hierro, el acero y el aluminio con líneas férreas en sus márgenes fueron planificadas y llevadas a la realidad al calco.

Al cobijo de la CVG, creada en 1960, el proyecto de un polo de desarrollo en una zona bendita por su proximidad con los reservorios de minerales y metales y el río Orinoco se desarrolló de forma exitosa, tanto que sus tres objetivos primigenios se cumplieron, algunos con reservas: el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní, en donde se produce 70% de la energía eléctrica que mueve al país; el desarrollo del emporio industrial con la creación inicial de Alcasa en 1960 y Sidor en 1964; y la creación del centro poblacional que se cristalizó con la fundación de Ciudad Guayana en lo que para entonces era un espacio despoblado.

Hoy la ciudad atraviesa una de sus peores crisis, en medio de una discusión sobre el agotamiento del planeamiento urbano y el mando asumido —entretanto— por la improvisación. Colapso del sistema de transporte; resguardos de terrenos a granel por el congelamiento de los grandes desarrollos habitacionales que por años dinamizaron la ciudad o invasiones, en su defecto; pérdida de la estética urbana y falta de visión bosquejan hoy el plano.

Pobreza general en el polo

En 1960, la función de Ciudad Guayana como polo de desarrollo apuntaba a la creación de empleo, al surgimiento de una alternativa económica no petrolera y al desarrollo urbano, en el marco de una visión global de país.

“Se cumplió con aquello de ser útil al país y cruzamos fronteras a Colombia y a Brasil al suministrarles energía limpia. Solo en las industrias de Guayana, se generaba 40% del Producto Interno Bruto no petrolero, resaltó Waldo Negrón, ingeniero químico llegado de Maracaibo a Guayana en 1969 cuando la ciudad, recuerda, era pujante y atraía a nacionales y extranjeros de todo el mundo, que siguieron llegando cautivados por una ciudad que en su interior atesoraba cascadas de agua en los parques La Llovizna y Cachamay, obras portentosas como la central hidroeléctrica Antonio José de Sucre en Macagua, una mirada única al oscuro río Caroní y las deslumbrantes estructuras de las empresas básicas.

Al cierre del 2014, la radiografía socioeconómica es totalmente aciaga. 72,7% de la población de Puerto Ordaz vive en pobreza general, de modo que no es capaz de cubrir el costo de la cesta básica, integrada por alimentos y servicios, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones para la Productividad, la Educación y la Vida (Ciepv) de la Universidad Católica Andrés Bello, campus Guayana (UCAB).

La pérdida del timón gerencial y la preeminencia del factor ideológico chavista en las empresas básicas de Guayana con la inyección de experimentos sociales, como la cogestión y el control obrero, extinguió los resquicios de productividad y la capacidad de aporte al país —que se descuidó además por la confianza en la renta petrolera como fuente inagotable de recursos.

En el 2014, de acuerdo con las Memorias y Cuentas del Ministerio de Industrias las pérdidas alcanzaron a más de 20 mil millones de bolívares entre el sector hierro-acero y aluminio.

“Leopoldo Sucre Figarella era gobernador y Rómulo Betancourt, presidente. Crean el municipio Caroní, se crea la ciudad y la CVG, una de las cinco corporaciones más exitosas de América Latina y de las 30 más importantes del mundo, capaz de planificar, dirigir, construir. Pero la visión cambió y de ser un ente omnipresente, si hoy quitas a la CVG, la gente no se daría cuenta, perdió los roles que tenía”, dijo.

Al entrar a las empresas básicas, no existen fronteras entre el partido político y el espíritu empresarial de una industria. La política penetró y los colores y las imágenes en la empresa son las mismas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). No hay división.

Las industrias se convirtieron en máquinas de empleo, a costa de su rendimiento. Pero no siempre fue así.

El investigador José María Fernández explicó que entre 2004 y 2007 las industrias de Guayana, en manos estatales, alcanzaron resultados positivos porque “gozaban de autonomía, respetaron la gerencia de expertos en las áreas cuya meta era la producción, aumentaron los precios internacionales de los commodities, tenían ganancias y podían invertir en mantenimiento y actualización tecnológica”.

Ordenación territorial

El descalabro de las industrias es un espejo de lo que ocurre en el resto de Ciudad Guayana y sus servicios. A las cinco de la tarde, las colas para tomar un bus destartalado o, con suerte, alguna de las unidades rojas administradas por la Alcaldía de Caroní o la Gobernación de Bolívar son kilométricas. Otros con menos suerte deben abordar camionetas, conocidas como “perreras”.

Más de 50 buses de tránsito rápido —BRT, por sus siglas en inglés— con capacidad para transportar 180 personas permanecen estacionados en el Aeropuerto Internacional Manuel Piar, mientras el gobierno regional pisa el acelerador para construir 21 estaciones, que apenas empezó a edificar después de la llegada de las unidades, en febrero de 2015.

Polos comerciales como Alta Vista muestran hoy su peor cara por el descuido urbanístico de la ciudad y la falta de planificación de su ordenamiento, planeado con detalle en el Programa de Desarrollo Urbano Local (PDUL), engavetado hace un par de años.

La proliferación de resguardos de tierras, invasiones y construcciones residenciales no permisadas también ha sido una constante en los últimos años, a lo que se suma la falta de urbanismos y servicios. Fernando Roa lo vive desde que se levanta.

Llegó a Ciudad Guayana, desde su natal San Cristóbal, hace más de 30 años. Para ingresar a su vivienda en Villa La Paragua —al oeste de la ciudad— hay que atravesar un pasaje de huecos, enlodados por las lluvias de los últimos días.

Es beneficiario de la Gran Misión Vivienda, su casa del programa gubernamental carece de sistemas de aguas blancas y negras, y un servicio eléctrico de calidad, pese a estar a pocos kilómetros del poderoso en generación hidroeléctrica, río Caroní.

“La ciudad está sujeta a improvisaciones. No sabemos para dónde va y la respuesta es obvia, tenemos un caos”, expresó la docente investigadora de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), Ana Jorge, quien lideró el proyecto “Modelo de gestión local para avanzar hacia el desarrollo sustentable” del municipio Caroní, realizado durante dos años por un grupo de académicos a través del método de la prospectiva estratégica.

El estudio —que culminó recientemente— muestra las secuelas de la improvisación. “No planificamos el desarrollo, nuestras autoridades ejecutan un presupuesto, de allí los resultados. Éramos una ciudad urbano-industrial y ese cometido se estaba cumpliendo. Desde el 2007 los informes del Ministerio de Industria reflejan que nuestras empresas están disminuyendo la producción, así que lo que éramos ya no lo somos, ya no sabemos qué somos, tenemos que repensar nuestra ciudad”.

El estudio arrojó en la dimensión sobre estructura y funcionamiento del estado; Derechos Humanos, transparencia pública y participación ciudadana, asociatividad y diálogo social que en Ciudad Guayana hay violación de los Derechos Humanos en todas las áreas; hay opacidad en la gestión pública y contradicción de las estadísticas con fines propagandísticos y los espacios para la participación son limitados y solo favorecen la participación de los grupos adeptos al gobierno, lo que ha ocasionado que el diálogo social sea inexistente.

En cuanto a la economía local, persiste el cierre de las empresas privadas ante el “acoso y hostigamiento” y sigue siendo baja la inversión pública, que no responde a la planificación para el desarrollo, pues se limita a gastos corrientes.

“La inversión privada es la menor en el histórico y se limita a construcción comercial y residencial”.

Aunque la baja generación de empleos y el deterioro del poder adquisitivo ha abierto la puerta a innumerables emprendimientos en Ciudad Guayana, el estudio destaca que “las actividades emergentes no logran consolidarse por las precarias condiciones socioeconómicas y la inseguridad jurídica”.

En materia de ambiente, ordenación del territorio y calidad de vida, la investigación confirma “el deterioro progresivo en manejo de desechos urbanos, tratamiento de aguas servidas, potabilización y protección de áreas de alto valor ambiental”.

“La gestión no valora la planificación, se tiene desactualizado el marco de ordenación territorial generando condiciones para rezonificación y ocupación de zonas de riesgo ambiental”.

Despertar ciudadano

La urbanista María Nuria de Cesaris explicó que el PDUL contiene las previsiones de requerimientos y servicios de la ciudad hasta 2026, que considera se dejaron de lado en perjuicio de los intereses colectivos de los guayaneses. “Ha habido mucha ineficiencia y eso ha dado paso a la improvisación”.

El déficit de servicios sociales, espacios de recreación y crecimiento anárquico de la población, “metiendo casas por cualquier lado cuando existen terrenos determinados para construir”, a la par del trabajo no colaborativo entre las instituciones públicas devienen deterioro de la planificación, expresó la experta.

Bajo ese crepúsculo, sin embargo, grupos como el Plan Urbe, del que Cesaris es miembro, que apuesta al proyecto “Más P: más plazas, más parques y paseos”, empiezan a despertar tratando de incidir en la calidad de vida de su propia comunidad.

Muraleja.

La reserva de emprendimientos sociales que aspiran a una mejor ciudad es vasta y cada vez más entusiasta con iniciativas como el Festival de Espiritualidad en el Cine Venezolano (Fescive), los Arborizadores Voluntarios Urbanos de Guayana (AVUG), Ecocívico, Muraleja, FundArte, los Cachamay y Llovizna runners, entre muchos otros apasionados culturales, deportivos y ambientales.

Su apuesta es por una ciudad próspera, que respete el valor de su gente, que atraiga inversiones y cambios positivos y que, finalmente, sepulte la improvisación.