INFORME 2016 DEL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE VIOLENCIA

A- La situación social de Venezuela

Este 2016 ha sido conflictivo en Venezuela y la expansión de la violencia es un claro indicador de ese proceso social y político: en Venezuela se ha expandido la violencia, en sus modalidades y en su gravedad.

El proceso de destrucción de la institucionalidad, que desde hace más de una década hemos podido documentar y denunciar, adquirió en el 2016 una dimensión mayor con la partidización abierta del sistema de justicia, en especial del Tribunal Supremo de Justicia, y su transformación en una herramienta del Poder Ejecutivo, para desconocer y someter al Poder Legislativo, pretendiendo anular sus funciones constitucionales de legislación y control.

Lo que a inicios del año se veía como una posibilidad de balance de poderes y convivencia, capaz de fomentar la institucionalidad, se transformó en un enfrentamiento, el cual, unido al bloqueo de los mecanismos electorales previstos para dirimir los conflictos de poder, las elecciones de gobernadores y la solicitud de referendo revocatorio, han peligrosamente cerrado los caminos para los procesos pacíficos de resolución de conflictos.

Ese contexto institucional ha debilitado de una manera notable el sentido de una vida social regida por normas, acuerdos y leyes. La parcialización política y social del sistema judicial afecta no sólo el acceso a la justicia de algunos, sino el rol de la ley y de la norma como reguladora de la vida social en todos los ciudadanos y abre las puertas a la violencia social y política.

En este 2016 hemos tenido también un proceso de empobrecimiento generalizado de la sociedad. Salvo una élite muy restringida y con acceso a recursos especiales que se ha enriquecido, todos los demás grupos sociales, profesionales y obreros, profesores y estudiantes, clase media y sectores populares, han sufrido un deterioro dramático en la capacidad de compra de sus salarios. A pesar que el salario ha aumentado varias veces en este año, los servicios que pueden adquirirse o los bienes que pueden comprarse con ese dinero, se redujeron notablemente.

La escasez de productos y de servicios ha fomentado la conflictividad en la sociedad, la población ha sido sometida a largas colas y otros requisitos arbitrarios que se les imponen para poder acceder a los alimentos cada vez más costosos; en este contexto surgen comportamientos y grupos delictivos que compiten por conseguir esos bienes o servicios.

La carencia o deficiencia de los servicios básicos como la electricidad, el agua, el gas para cocinar, ha propiciado conflictos en diversas regiones del país, bien sea por las disputas por adquirirlos o el incremento de los precios que deben pagarse cuando no se obtienen de manera regular: el costo del camión cisterna para llenar los tanques de agua o el costo de la bombona de gas cuando falta el suministro y que no se consigue, ha empobrecido más a la población.

Esta situación de arbitrariedad en el poder, empobrecimiento y escasez ha promovido el incremento de la violencia en el país, pero sobre todo ha provocado una nueva situación en este año 2016: la aparición generalizada de la violencia por hambre.

B- Las limitaciones en la determinación de las muertes violentas

En cualquier sociedad es muy difícil conocer cuál es la cifra real de delitos, casi siempre está subestimada, pero es mucho más engorroso cuando no hay transparencia en la información, ni la voluntad de superar los escollos y dificultades, sino, bien por el contrario, el propósito sostenido de ocultarle a la sociedad la magnitud de la grave enfermedad que padece.

En la estadística de cualquier país una parte de los delitos queda sin registrar, inclusive hay subregistro de aquellos tan graves como el homicidio. En Venezuela en 2016 eso se ha hecho evidente ante la opinión pública: ¿Dónde, en cuál estadística hubiesen quedado registradas las 12 víctimas de la violencia oficial sepultadas en las fosas comunes en Barlovento? ¿Se hubieran contado esos muertos sin la denuncia sostenida de los familiares? ¿Cuántas otras víctimas, quizá menos numerosas, de uno o dos cadáveres, pueden estar en la misma situación y quedan sin registro?

Ante esa dificultad real, que se acrecienta por la censura oficial, las universidades nacionales participantes en el OVV hemos trabajado durante una década buscando formas alternativas e independientes de información, combinando datos primarios con fuentes secundarias y proyecciones estadísticas.

En este 2016 nuestras fuentes de información se han ampliado y mejorado, y en la actualidad se analiza y procesa información en seis ciudades distintas con grupos de investigación de seis universidades: en San Cristóbal con la UCAT, en Cumaná con la UDO, en Barquisimeto con la UCLA, en Ciudad Guayana con la UCAB, en Mérida con la ULA y en Caracas con la UCV.

A fin de mejorar la calidad de nuestra información, hemos solicitado y contado con la asesoría del equipo de Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) para certificar los procedimientos empleados por el OVV para la predicción de muertes violentas en el país. Adicionalmente, el OVV adelantará para el 2017, con asistencia de HRDAG, un proyecto de uso de la metodología conocida como Estimación por Sistema Múltiples (Multiple System Estimation), que en el ámbito internacional se ha venido utilizando en situaciones de dictaduras o de guerras para estimar las muertes invisibilizadas.

Como resultado de esas revisiones, en este año se produjeron unos cambios en nuestra metodología, a fin de hacer más fácil y más abierta la comprensión de la información sobre violencia letal en el país. Para ello hemos reforzado la utilización de las fuentes primarias de datos.

C- Los pronósticos para el 2016

Contando con fuentes primarias oficiales y con las informaciones de terreno recabadas en los seis observatorios regionales de violencia, para este año 2016 estimamos una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes y un total de 28.479 fallecidos en todo el territorio nacional, que deriva de la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimamos en 18.230 casos; las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.281 muertos; y los 4.968 fallecidos incluidos en los casos de muertes violentas consideradas en averiguación, por no haber tenido una intencionalidad conocida.

Con una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes, Venezuela se ubica en el segundo lugar de los países con mayor violencia letal en el mundo.

En primer lugar calculamos que, al igual que el 2015, se volverá a ubicar El Salvador, con una tasa de alrededor de los 100 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 103); y en tercer lugar se situará Honduras, con una tasa cercana a los 60 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 56).

Nuestros estimados indican que al finalizar el 2016, Venezuela tendría una tasa de muertes letales 3,6 veces mayor que las de Colombia y Brasil. Colombia continúa su proceso de disminución de los homicidios, y con una tasa de 25,3 al finalizar este año, igualaría a la tasa de 25,1 que ha venido presentando Brasil.

D- Los rasgos de la violencia en el 2016

En este año podemos resaltar la presencia de cuatro procesos sociales violentos en Venezuela:

El delito se hizo más violento

En el 2016 aumentó el uso de un armamento más poderoso y letal por parte de los delincuentes. Un aspecto que llamó mucho la atención fue la proliferación del uso de granadas en enfrentamientos con los cuerpos policiales, situaciones de secuestros y en conflictos a lo interno de las prisiones. El uso de armamento de guerra permitió no solo enfrentamientos abiertos en batallas defensivas con las fuerzas de seguridad, sino el pase a la ofensiva con emboscadas y ataques a las sedes policiales.

La otra evidencia de ese proceso es el incremento de los asesinatos a grupos de varias personas al mismo tiempo. Lo que se ha conocido como masacres, porque resultan tres, cuatro o hasta más de siete víctimas fatales en el mismo evento. Si bien en la mayoría de los homicidios hay una sola víctima, la expansión de la violencia ha tenido como expresión estos asesinatos colectivos perpetrados por bandas delincuenciales o cuerpos de seguridad.

Las masacres de Tumeremo, Cariaco o Barlovento son una expresión conocida, pero los estimados nuestros es que en el 2016 ocurrieron al menos 22 asesinatos múltiples en cada mes calendario. Una cifra preocupante que muestra la expansión de la violencia en el país.

La respuesta policial y militar se hizo más violenta

La incorporación de nuevos delincuentes y el ejercicio de mayor violencia por ellos ha tenido una respuesta policial y militar de mayor envergadura y letalidad, que ha sido cuestionada por actuaciones violentas que pueden calificar como ajusticiamientos y abuso de poder. Si bien la población acosada por los delincuentes y la violencia requería una acción represiva y de contención por parte de las autoridades, ahora teme y ve con tristeza e impotencia los abusos que se han cometido bajo la pretensión de lucha contra las bandas criminales.

En nuestros estimados de los años anteriores, habíamos calculado que el 65% de los casos clasificados como de resistencia a la autoridad eran fatales. Este año, a partir las cifras primarias que disponemos de nuestros estudios, nos muestran que ese porcentaje se incrementó de una manera importante y para el 2016 estimamos que al menos el 80% de los casos de resistencia a la autoridad concluyeron en muertes.

En estas condiciones los delincuentes perciben que la actuación policial es violenta, los condena a la muerte y, por tanto, responden en consecuencia, haciendo más violenta la sociedad. Tanto el delito como la acción de respuesta de las autoridades se volvieron letales.

Aparece el delito por hambre

El empobrecimiento y la escasez de los alimentos ha llevado a respuestas muy variadas en la sociedad: unos deciden hurgar en la basura para poder alimentarse, otros deciden robar los alimentos o a las personas para poder conseguir dinero y comprar comida.

Históricamente el delito en Venezuela se había motivado por la búsqueda de un consumo suntuario, unos zapatos de marca o un teléfono celular. En el 2016 ocurrió un cambio y los Observatorios Regionales pudieron detectar un incremento generalizado de los robos por hambre.

Se incrementan los robos colectivos; los saqueos a negocios y transporte de alimentos, han sido una modalidad violenta que se ha incrementado en el país y aunque hay casos que han alcanzado notoriedad, como lo saqueos en Cumaná en junio, en San Cristóbal en julio, o en Ciudad Bolívar en diciembre, son muchos más frecuentes y generalizados.

En diversas zonas del país, el transporte de alimentos sólo puede hacerse en camiones que se movilizan escoltados por unidades del ejército para evitar lo saqueos de las poblaciones que atraviesan en su recorrido; y aun así hay casos donde los cuerpos militares no han podido evitar el asalto de la población que busca comida.

Se incrementó el delito amateur

Aunque hay delincuentes profesionales que roban la comida, la mayoría de las personas que cometen estos delitos no son delincuentes regulares. No se dedican al delito, tienen otros oficios y empleos, pero pueden cometer un delito transitoriamente, en el camino de regreso del trabajo; ya que su salario no le alcanza, se convierten en delincuentes amateurs; en general son actores solitarios, pues actuar con otros sería reconocer su nueva condición que todavía no quieren aceptar.

Sus acciones son pequeñas, pero su número se hace cada vez más grande, por lo tanto existe la posibilidad que muchos de ellos decidan aceptar esa identidad y pasen a convertirse en profesionales e integrar las bandas delictivas.

E.- El deterioro del sistema de justicia penal

El deterioro del sistema de justicia penal ha llevado a una desconfianza notable de la población en sus componentes. Los varios estudios de percepción de la seguridad que hemos realizado en las universidades, señalan que menos del 10% de la población considera como buenos o confiables la policía, los tribunales o las penitenciarías.

Durante el año 2016 se deterioró la función social de la policía

Las policías y los cuerpos de seguridad han padecido un gran deterioro durante este año.

En primer lugar, los policías continúan siendo víctimas del delito y la violencia, se han convertido en un objetivo del delito: Estimamos que al finalizar el año 2016 tendremos en Caracas un promedio de 2,5 policías o funcionarios asesinados en cada semana.

Adicionalmente, y en el resto de estados centrales, un promedio de 1 policía muerto por semana. El deterioro se refleja también en una disminución de la capacidad operativa de la policía. Las policías han mermado en su personal, pues, durante este año, fue muy notable la renuncia de los funcionarios policiales a sus cargos públicos.

El crecimiento de los riesgos y la reducción práctica de lo que compran sus sueldos, ha hecho que buena parte de ellos renuncien para ir a engrosar la seguridad privada.

Al mismo tiempo, se ha observado un aumento del número de policías involucrados en el delito. En este año se ha observado un incremento de su acción fuera de la ley, desde su participación en robos y extorsión comunes, hasta su colaboración con las bandas organizadas.

Los registros de prensa de todas las regiones y los partes policiales, reflejan sistemáticamente las informaciones de los funcionarios transformados en delincuentes usando su investidura policial para cometer las fechorías y que son apresados por otros agentes de seguridad, lo cual los ha convertido en depredadores de la comunidad que deben proteger.

Adicionalmente, se incrementaron las denuncias sobre la acción extrajudicial y delictiva de funcionarios y cuerpos policiales en sus funciones de seguridad. En este año 2016 se incrementaron las denuncias de ejecuciones a personas realizadas por funcionarios policiales y militares en la denominada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), lo cual coincide con el incremento de víctimas fatales calificadas en la estadística como resultado de un acto de resistencia a la autoridad.

Se estableció un sistema carcelario paralelo a las prisiones

Las penurias y los enfrentamientos violentos en las cárceles que se dan entre las bandas para controlar los penales y las rentas económicas que de allí derivan, se mantuvieron durante todo el año y a pesar de los reiterados esfuerzos de los defensores de los derechos humanos y de las autoridades.

Lo singular de este proceso en Venezuela es que paralelo al sistema penitenciario formal se ha creado una estructura de reclusión temporal que equipara en magnitud de internos a los que se encuentran en las cárceles. Estos centros de detención provisional no fueron diseñados, ni tienen las instalaciones físicas, para albergar miles de reclusos y de manera permanente.

Algunos detenidos llevan varios años en esos centros temporales y, aunque ya tienen sentencia y orden de traslado a las cárceles por un juez, no son admitidos en las cárceles formales por las autoridades penitenciarias.

Se incrementó la politización del sistema de administración de justicia

En este año se redujo la legitimidad del sistema de justicia por su parcialización política y su pérdida de capacidad operativa. El mecanismo de designación de los nuevos magistrados y las actuaciones a lo largo del año le restaron legitimidad a un sistema de justicia que debe mostrarse al servicio de toda la ciudadanía, sin
distinciones sociales o políticas.

Esta conflictividad y parcialidad, así como los bajos sueldos, han llevado a la renuncia formal o al retiro práctico de funcionarios judiciales de sus obligaciones cotidianas, pues deben buscar otras formas de obtener ingresos.

F- Las respuestas de la ciudadanía a la violencia

Ante tales niveles de empobrecimiento y violencia delincuencial y oficial, se ha provocado una respuesta de la ciudadanía, que podemos agrupar en 4 procesos sociales.

F.1- La violencia incrementó el miedo y la pérdida de libertad

El miedo de la población venezolana a ser víctima del delito y la violencia se ha generalizado a todos los sectores sociales, pero afecta de manera más grave a los sectores pobres y de clase media que deben moverse a pie o en el transporte público por las ciudades y calles del país.

Las encuestas y los grupos focales que durante este año realizamos desde las universidades nacionales, han registrado ese sentimiento de temor permanente y callado que tiene la población. Como consecuencia de ese miedo, se han generalizado también las medidas personales para la reducción del riesgo, lo cual ha llevado al encierro de la población, a la renuncia del espacio público y los cambios de hábitos de socialización, educación y trabajo.

Las calles de las ciudades se vacían al anochecer, el transporte público se reduce y las personas se resguardan en sus casas. En algunas ciudades los grupos delincuenciales ordenan toques de queda forzados. Estas acciones que en los años anteriores estaban limitadas a pequeños espacios y ocurrían de manera encubierta, pasaron en el 2016 a ocupar avenidas principales y de manera abierta.

Esto dejó de ser un fenómeno exclusivo de las zonas de frontera o las ciudades, y se extendió a poblados pequeños y zonas turísticas, los cuales perdieron dinamismo y han sufrido un impacto económico adicional, pues los pescadores artesanales se resguardan por miedo a que les roben sus botes o motores, y los visitantes se abstienen de ir a las playas por temor a ser víctimas de los asaltos colectivos.

Una de las áreas donde con mayor impacto se ha sentido este fenómeno fue en el transporte público y colectivo: ocho de cada diez venezolanos tiene miedo de ser víctima del delito en los autobuses en las ciudades o en las carreteras interurbanas.

Por ese miedo, este año muchos venezolanos optaran por renunciar a viajar en las noches o madrugadas por muchas carreteras y autopistas, las cuales se tornaron más solitarias y se hicieron más propensas a la actuación del delito.

F.2- La violencia produjo desplazamiento territorial de la población

La violencia y el miedo a ser víctima de la violencia han propiciado el desplazamiento de la población a otras zonas, otras ciudades y otros países. Lo que por un tiempo fue un fenómeno exclusivo de las zonas fronterizas, en 2016 se pudo observar en las zonas centrales del país. Los territorios controlados por las bandas se ampliaron y de igual modo la amenaza, el sometimiento y la extorsión de la población.

Ante la ausencia de protección de las autoridades, y dado que la inhibición no resulta suficiente para protegerse, las familias han decidido trasladarse completamente o al menos a sus hijos, hacia otros lugares, con la esperanza de obtener mayor seguridad.

Estos desplazamientos por la violencia de las bandas y en algunos casos, de los cuerpos policiales, se incrementaron durante el 2016. Aunque no es sencillo cuantificarlos, pues pueden confundirse con las mudanzas por motivos económicos, se ha podido registrar una mayor movilidad territorial que, dependiendo de las condiciones de las familias, se da a lo interno de la ciudad, entre ciudades o hacia fuera del país.

En el 2016 se registró un fenómeno de abundante retorno de migrantes de primera o segunda generación a sus países de origen, y no sólo a Europa, sino también en América Latina, a Colombia, Ecuador, Perú o República Dominicana, tanto por las carencias económicas, como por el temor y la desprotección que sienten ante la violencia.

F.3- La violencia incrementó los linchamientos

Por la reiterada victimización que se ha vivido durante más de una década, y el sentimiento de desamparo, muchas personas han decidido tomar la justicia por mano propia y han pasado al acto, agrediendo físicamente, y en algunos casos, hasta causando la muerte a presuntos delincuentes y hasta personas inocentes.

En este año observamos 4 aspectos relevantes.

El primero, es un incremento en la magnitud de estos linchamientos, si bien en años anteriores había ocurrido el fenómeno, se registraba como algo aislado; en el 2016 se ha visto un incremento importante, registrándose cada semana entre 1 y 3 linchamientos con víctimas fatales.

El segundo, es que su ocurrencia se ha generalizado en el país, llamando la atención su notable incremento en ciertas zonas como el estado Monagas.

El tercero, en los estudios de años anteriores se había observado que los linchamientos tenían como víctimas a personas que habían cometido crímenes horribles, asesinos o violadores, mientras que en el 2016 se observó intentos de linchamiento de personas que cometían delitos menores, hasta ladronzuelos inexpertos, que han recibido un fuerte castigo corporal como resultado del cansancio y la ira de la población.

Y, finalmente, los observatorios han registrado una actitud más tolerante y cómplice de la policía, que se retira o retrasa su intervención para permitir que la población proceda con el linchamiento.

F.4- La violencia incrementó el sicariato

Quienes deciden no tomar la justicia por sus propias manos, pueden encomendar a otros que realicen dichas tareas. Las tareas del sicario pueden ser desde intimidar al otro para facilitar una negociación hasta ejercer una venganza en respuesta al daño recibido.

Las bandas delincuenciales la utilizan, pero también los ciudadanos que se sienten desprotegidos y sin esperanza de obtener reparación o justicia. En este año 2016 pudimos registrar que cada semana se cometieron entre 1 y 4 asesinatos que, por su forma de ejecución, podían ser clasificados como sicariatos o muertes por encargo.

G- Llamado final

Las universidades nacionales agrupadas en el Observatorio Venezolano de Violencia, queremos reiterar nuestra convicción que esta dolorosa situación de violencia y criminalidad que vive la sociedad venezolana, no es una irreversible maldición del destino sino el resultado de políticas públicas equivocadas.

Con la voluntad y cooperación de los venezolanos, de todos los sectores sociales y de todos los colores políticos, podemos modificarla y construir una sociedad democrática donde se respeten los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de todas las personas.

“El Estado venezolano participa directamente en el narcotráfico”

Douglas Farah es experto en crimen organizado internacional y habló de los nexos entre Venezuela, Irán y Argentina.

Carolina Bellocq, El Observador (Uruguay)

Cuando los legisladores estadounidenses quisieron comprender mejor por qué Barack Obama había librado una orden que declaraba a Venezuela una “amenaza para la seguridad”, organizaron una sesión extraordinaria del subcomité de Asuntos para Latinoamérica del Senado.

Allí escucharon a diversos expertos que expusieron sobre Venezuela y argumentaron por qué EEUU debía estar atento a lo que sucede en ese país. Uno de los ponentes fue Douglas Farah, presidente de la consultora IBI y miembro del Centro de Asesoramiento y Estrategia Internacional, quien en entrevista con El Observador abundó en sus denuncias sobre el crimen organizado en Venezuela, los vínculos de ese gobierno con grupos delictivos transnacionales y las relaciones con Irán y Argentina.

En su comparecencia ante el Congreso estadounidense usted afirmó que el Estado venezolano esponsorea el crimen y tiene vínculos con organizaciones terroristas. ¿A qué se refiere?

“Hay importantes testimonios de antiguos chavistas, declaraciones de muchos diplomáticos e investigaciones periodísticas, sobre los vínculos del gobierno venezolano con Hezbollah y las FARC”.

Quiero decir que el Estado, como tal, directamente participa en actividades criminales y en el apoyo a terroristas, principalmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Hezbollah iraní. Participa de modo directo en el narcotráfico, esa es la principal actividad criminal.

Algunos altos mandos del gobierno venezolano participan de modo directo en esta actividad criminal, que tiene protección pública.

¿Cómo ha evolucionado esta situación tras la muerte de Hugo Chávez y la llegada al poder de Nicolás Maduro?

Últimamente las autoridades nacionales se han involucrado más en el tráfico de cocaína, dado que las rentas por petróleo y otras fuentes de ingresos están cayendo y necesitan ingresos de modo desesperado.

Creo que la relación institucional –de gobierno– con Hezbollah y con Irán se ha enfriado, y las FARC están ahora en otra dinámica con su proceso de paz. Así que la relación ahora pasa más por el crimen y tal vez menos por el terrorismo.

¿Por qué Venezuela tendría interés en introducir a Irán y a Rusia en la región?

“Los iraníes le pidieron a Chávez que consiguiera que Argentina los ayudara con su plan nuclear”.

Porque Hugo Chávez y el liderazgo iraní, especialmente el expresidente Mahmud Ahmadineyad, compartían la convicción profunda de que la revolución bolivariana y la iraní tienen un mismo fin: un nuevo orden mundial donde el “imperio”, o EEUU, esté herido de muerte y no sea una superpotencia.

Desarrollaron una doctrina común de Guerra Periférica donde dejaron explícita su predisposición a usar armas de destrucción masiva contra EEUU. A su modo de ver, es una alianza antiimperialista.

Rusia sigue la misma lógica y en América Latina la “antigua izquierda” –la que impulsó la insurrección armada, no la izquierda democrática moderna– siente nostalgia por la ex Unión Soviética. Esto le ha dado a Rusia una entrada y, como tiene armas que son bienvenidas por estos grupos, se vuelve a entusiasmar con su influencia en la región.

Ante el Congreso, usted aseguró que Venezuela era un puente entre Irán y Argentina. ¿Por qué Caracas tendría semejante interés? ¿Cómo funcionó ese puente?

“Chávez y Mahmud Ahmadineyad, compartían la convicción profunda de que la revolución bolivariana y la iraní tienen un mismo fin: un nuevo orden mundial”.

El gobierno de Fernández de Kirchner, y Cristina misma, se movió muy cerca de Chávez una vez que Néstor Kirchner falleció. Los iraníes le pidieron a Chávez que consiguiera que Argentina los ayudara con su plan nuclear.

¿Por qué? Porque antes de los bombardeos de la AMIA en 1994, el principal socio en materia nuclear de Irán era Argentina.

La decisión del entonces mandatario Carlos Saúl Menem de cortar en 1992 con esa cooperación (para la que EEUU y Europa presionaron) fue, según la investigación del fallecido fiscal Alberto Nisman, “un factor detonante” del atentado a la AMIA en 1994. Entonces, Irán necesitaba ayuda y sabía que había un país que ya conocía su tecnología, Argentina.

Al mismo tiempo, Argentina padecía una crisis energética y necesitaba petróleo de modo desesperado. Irán tenía petróleo pero no lo podía vender por las sanciones. Estaban dadas las condiciones para una hermosa relación.

¿Cuál es la evidencia del apoyo del gobierno de Venezuela al grupo terrorista Hezbollah? ¿Y de los vínculos entre ese grupo y las FARC, y entre las FARC y Venezuela?

Hay muchos casos judiciales ya resueltos que arrojan muchísima información sobre el modo en que Hezbollah y las FARC hacen negocios juntos. La Operación Titán y el Banco Canadiense Libanés son dos ejemplos.

“El gobierno venezolano participa de modo directo en el narcotráfico, esa es la principal actividad criminal”

También hay importantes testimonios de antiguos chavistas, declaraciones de muchos diplomáticos e investigaciones periodísticas  sobre los vínculos del gobierno con esa agrupación extremista.

Antonio Salas, el periodista español que escribió el libro El Palestino luego de haberse infiltrado para investigar estos asuntos, divulgó mucho material sobre esto también.

Los viajes “diplomáticos” de los narcosobrinos

 

Una investigación realizada por Vértice confirmó que los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, conocidos como los “narcosobrinos”, usaron pasaportes diplomáticos emitidos por la Cancillería de Venezuela para viajar a los países donde conspiraron para traficar cocaína. Entre los destinos: Puerto Príncipe, Tegucigalpa, Miami, Fort Lauderdale, Madrid, Ciudad de Panamá, Bogotá y Medellín.

Maibort Petit, Vértice

(Nueva York, EEUU) – Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas viajaron con el pasaporte regular en un vuelo charter a bordo del avión siglas YV2030 desde Caracas a Puerto Príncipe, el 10 de noviembre del 2015.

A las 7 de la mañana Campo Flores, tenido como hijo de crianza de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores —y ahijado del presidente Nicolás Maduro— y su primo, atravesaron la estación de seguridad del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, sin ningún tipo de restricciones. Llevaban consigo una panela de cocaína de alto valor, que según la DEA, registra entre 95 y 97% de pureza.

Para abordar el jet privado, Campo Flores usó su pasaporte venezolano número 066981222.

La aeronave, piloteada por Pedro Miguel Rodríguez, quien es efectivo de la Fuerza Aérea venezolana, destacado en Bolivia, esperó unos minutos antes de arrancar.

De acuerdo a la confesión hecha por Campo Flores a la DEA, durante aquella mañana del 10 de noviembre del 2015, solo su personal de seguridad estaba al tanto de la operación que se estaba llevando a cabo, ya que decidieron no informar a la familia sobre los negocios de tráfico de drogas que llevaban a cabo a nivel internacional.

Campo Flores y su primo Flores de Freitas llevaban poco equipaje visible. Este último usó su pasaporte venezolano número 066981222 para abandonar el país. Los otros pasajeros, entre quienes se encontraban el empresario Marco Tulio Uzcátegui y los ciudadanos Jesfrán Moreno y Pablo Urbano, igualmente usaron documentos regulares de identificación venezolanos.

Arribaron a Puerto Príncipe a las 9 de la mañana. Al bajar del avión, Campo Flores y Flores de Freitas hicieron uso de pasaportes diplomáticos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, numerados con las series 005886069 y 001435773, respectivamente.

Con ellos evadieron las requisas, las colas y la aduana. En Haití los pasaportes diplomáticos venezolanos aun son respetados, no obstante, aquel día las autoridades de la isla estaban al tanto de las actividades ilícitas de los dos visitantes y el gobierno haitiano había ordenado a sus órganos de seguridad colaborar con los agentes de la DEA para capturar, infraganti, a los jóvenes que estaban dando los últimos toques a una operación que incluía el envío de droga proveniente de las Farc a Estados Unidos, vía Honduras.

Un informe del ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Pierre Richard Casimir, da fe de que el gobierno caribeño colaboraba con la DEA para capturar a los sujetos que tenían órdenes de arresto en la ciudad de Nueva York.

Cuando Campo Flores y Flores de Freitas pisaron suelo haitiano, salieron apresurados del avión y de inmediato tomaron rumbo hacia un hotel cercano al aeropuerto Internacional Toussaint Louverture. Se trataba de la primera incursión de Campo Flores y Flores de Freitas a la nación haitiana, o al menos eso es lo que registran sus récords de viaje desde abril 12 del 2007 (Campo Flores) y 2 de agosto del 2008 (Flores de Freitas), fechas en la cuales obtuvieron sus primeros pasaportes venezolanos regulares.

Un puñado de dólares

Efraín Campo Flores ha llevado una vida que está muy lejos de ser limitada y modesta. Por el contrario, sus hábitos y costumbres rayaron en la ostentación: privilegios, viajes en jets privados y una fortuna que le permitió comprar carros de lujo, entre ellos un Ferrari del 2015, cuyo precio no baja de 280.000 dólares.

Su parentesco con el presidente de Venezuela le permitía pasar sin control alguno y según los dictados de su conveniencia por las estaciones de seguridad de los aeropuertos venezolanos. Iba y venía en un mismo día a Miami, compraba costosas prendas de vestir. Un informe del gobierno estadounidense da cuenta de los onerosos gastos en los que incurría el hoy reo de la justicia norteamericana antes de ser arrestado en Haití.

Dentro de las contradicciones observadas en las declaraciones que Campo Flores ha hecho a funcionarios de la DEA y las entregadas por sus abogados a la corte, y que han quedado registradas en el informe del despacho a cargo de Preet Bharara, destaca el haber afirmado que había hecho jugosos negocios en el área petrolera que le habían permitido ganancias superiores a los “10 mil millones”, posiblemente de bolívares, lo que equivale a unos 10 millones de dólares al cambio libre de mil bolívares por dólar.

No obstante, cuando los agentes de la DEA lo interrogaron dijo que había entrado en el negocio del narcotráfico porque no tenía ni 10 mil dólares a su nombre.

Otro aspecto que llama la atención es que Efraín Campo Flores juró ante el juez, Paul Crotty, que era abogado y que vivía modestamente en Caracas con su familia. Pero a los agentes de la DEA les dijo que su intención era ganarse unos miles de dólares en la operación de tráfico de droga para luego irse a vivir a Estados Unidos con su esposa e hijos.

Un informe que reposa en la fiscalía plantea discordancia entre lo dicho antes y después del arresto, lo que le informó al juez Crotty y lo planteado en la declaración jurada entregada por su abogado a la corte el 12 de mayo del 2016.

Aparece, además, en ese informe que Campo Flores no es casado, que tiene un hijo de siete años, que se crió bajo la tutela del presidente Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores, que es militante activo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que trabajó en el Parlamento Latinoamericano entre 2008 y 2011, que posee un pasaporte diplomático y que tiene negocios en Panamá.

En ese informe aparecen dos direcciones relacionadas con Campo Flores. La primera, en el edificio Diamante III, apartamento 04, avenida Las Fuentes de El Paraíso, Caracas.

Otra dirección suministrada por el familiar de Cilia Flores es Boulevard Libertador, parroquia Sucre, sector primero, plan de la Silsa, a la derecha de la calle Ezequiel Zamora. Al frente la calle 5 de julio. A la izquierda, la vereda y la iglesia Santo Cristo adjunto a la iglesia Santo Cristo, casa sin número.

Dice que en materia laboral fue registrado en el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales, IVSS, por el Parlamento Latinoamericano, cuyo número patronal es D18407377, el día 29 de diciembre del 2011 con un salario de 755 bolívares. Y que su estatus de asegurado es cesante. La primera afiliación fue el 1 de febrero de 2008 y la fecha de contingencia el 25 de agosto de 2046.

Viajero especial

Campo Flores solía salir de Venezuela en vuelos privados con su cédula de identidad venezolana número 18.330.183,
 o con su pasaporte venezolano número 081303148. Un informe en poder de Vértice señala, sin embargo, que el familiar de la primera dama venezolana viajó en varias ocasiones usando el pasaporte que lo acreditaba como diplomático venezolano, aunque no se desempeñaba como tal.

Uno de los primeros viajes fue a Bogotá, Colombia, el 16 de marzo del 2012, en el vuelo de Avianca AVA 081 (Sello 4M8Q3-Q8M3) usando su pasaporte diplomático  número 005886069. El regreso a Caracas tres días más tarde, el 19 de marzo de 2012, lo hizo en el vuelo de Avianca AVA080 y entró con ese mismo documento.

También usó su pasaporte diplomático para viajar a Madrid, España, en el vuelo de Iberia IBB6674, el 8 de diciembre del 2011. Regresó a Venezuela el 27 de diciembre del 2011 en el vuelo de Iberia IBE 6673.

Antes había viajado a Bogotá con su pasaporte diplomático el 3 de agosto del 2008, en el vuelo de Avianca AVA095 Caracas-Bogotá y regresó a Venezuela dos meses  después, el 10 de octubre del 2008.

Efraín Campo Flores viajó desde Caracas a Tegucigalpa, Honduras, el 3 de octubre del 2015, en vuelo privado con el Cessna 550 Citation II, siglas YV570T, registrado en Venezuela.

De Tegucigalpa se trasladó al interior de esa nación centroamericana, específicamente a San Pedro Sula, para sostener una reunión con un grupo de individuos que aparecen reseñados en la acusación hecha por el gobierno de Estados Unidos en su contra.

A la cita acudió otro de los imputados por la fiscalía de Nueva York, el ciudadano hondureño Roberto de Jesús Soto García. Y también un testigo cooperante de la DEA, conocido como CW1 quien fue asesinado en Honduras tres semanas después de la captura de los sobrinos de Cilia Flores ocurrida el 10 de noviembre del 2015.

Campo Flores regresó a Caracas el 4 de octubre en el mismo avión YV570T desde San Pedro Sula.

El informe confidencial de los vuelos de los llamados narcosobrinos señala además que el ahijado del presidente Nicolás Maduro realizó dos viajes a Florida, Estados Unidos.

El primero de ellos tuvo lugar el 17 de enero del 2015, cuando abordó un avión privado en Caracas a las 5 de la tarde rumbo a Miami.

El avión, un Dassault Falcon 50 de 1987 con las siglas N26WJ, es propiedad de la firma Falcon 50 181 Holdings Inc, registrada en Wilmington, Delaware.

Allí permaneció por espacio de diez días. Regresó a Maiquetía en el vuelo charter N162DA, en una aeronave Rotorway registrada para ese entonces a nombre de la firma Point West Business Solutions LLC, de Grangury, Texas. Horas más tarde regresó a Miami en el mismo avión.

Luego utilizó el vuelo privado N99TH, registrado a nombre de Alpine Aviation Inc., de Provo, Utah, para regresar desde Miami a Barquisimeto –en el centro occidente de Venezuela- el 31 de enero del 2015.

Negocios en Panamá

El hoy acusado de conspirar para trasladar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos estableció en marzo del 2014 una empresa en Panamá.

Antes de concretar el registro de la compañía y los detalles logísticos de la misma, Campo Flores viajó a Ciudad de Panamá desde Maiquetía en un vuelo comercial de Santa Bárbara Airlines número SBA1340, el 1 de diciembre del 2014 y regresó el día 6 de diciembre.

El 28 de enero del 2014 viajó nuevamente a Ciudad de Panamá, en vuelo comercial de Conviasa VCV7208. Luego se trasladó desde Panamá a Medellín y desde esa ciudad colombiana a Caracas el día 2 de febrero del 2014, en el vuelo de Copa Airlines CMP638.

Se trasladó nuevamente desde Caracas a Panamá en el vuelo de Conviasa VCV7208, el 21 de abril del 2014, para regresar el 25 de ese mismo mes en el vuelo de la misma aerolínea identificado como CO7209.

El 21 de mayo regresó a Ciudad de Panamá en el vuelo de Conviasa VCV7208 para retornar a Caracas en el vuelo de la línea aérea del estado venezolano V07209.

Las fechas de estos vuelos coinciden con los registros de la empresa de Transporte Herfra S.A., creada en Panamá el 31 de marzo de 2014. El número del registro es 830045 y su estatus hasta la actualidad es vigente. Esta empresa es una sociedad anónima con jurisdicción en Provincia de Panamá.

En la hoja de registro aparece Efraín Antonio Campo Flores como director y presidente; su tío (hermano de la primera dama Cilia Flores) Hernes Merquiades Flores –cédula de identidad 3.989.593- como secretario; y el abogado panameño, Oscar Torres Pinzón y Shelby Gem, como suscriptores.

En una confesión hecha por Campo Flores a la DEA, el 10 de noviembre de 2015, el ahijado de Nicolás Maduro dijo que poseía 20 taxis en Panamá que le generaban 800 dólares a la semana y que viajaba con frecuencia a ese país en busca del dinero que producía el negocio.

No explicó por qué no usaba el sistema financiero para hacerse de los réditos. Tampoco dio detalles de por qué la empresa solo manejaba efectivo, pero esa es la razón que alega Campo Flores para justificar el hecho de “gastar” mucho dinero en boletos de avión y viáticos para trasladarse continuamente a suelo panameño.

Los viajes del otro Flores

El sobrino de Cilia Flores coacusado por delitos de narcotráfico, Franqui Francisco Flores de Freitas, también ha gozado de los privilegios y el poder político que le otorgan el formar parte de la familia presidencial venezolana. Lo que sí hay que admitir es que su poder parece ubicarse en menor medida que el de su primo e hijo adoptivo de la pareja presidencial venezolana.

Eso, sin embargo, no le impidió obtener un pasaporte diplomático por primera vez en 2007 que utilizó para viajar a Panamá.

En las declaraciones juradas de Flores de Freitas a la DEA y en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se observan muchas contradicciones, especialmente las relacionadas a su situación personal antes de ser arrestado.

Flores de Freitas confesó el 12 de mayo del 2016 al juez Paul Crotty, que solo había cursado hasta el cuarto año de bachillerato y que tenía una empresa de alimentos refrigerados que distribuía comida a restaurantes de Caracas, y esa misma información aparece en los documentos presentados por su abogado, David M. Rody, de la firma Sidley Austin LLP.

No obstante, en un informe que reposa en la fiscalía de Nueva York aparece un dato que llama la atención: “Franqui Francisco Flores de Freitas, (el demandado) se graduó como ingeniero de sistemas en la Unefa en el 2013. Es comerciante, militante del Psuv”.

En ese mismo documento se puede leer que Flores de Freitas posee dos direcciones en Caracas. Una residencial en El Junquito, Barrio Buenos Aires/calle Bicentenario. Frente calle el Manguito. Sector el Manguito, al lado del dispensario Menca de Leoni, casa sin número y otra de un local comercial ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, CCCT, PB, local 43-b, Caracas.

Otro dato que aparece en el documento es que Flores de Freitas es trabajador activo de DIGITAL CCT C.A., RIF J294314813, número patronal: O91117294. Ingresó a trabajar en esa empresa el 1 de abril del 2011. Según los datos de afiliación su último salario fue 1.712,70 bolívares. Su estatus actual como asegurado es activo. Fecha de la primera afiliación: 1 de abril de 2011; fecha de contingencia, 14 de agosto del 2045.

La empresa donde supuestamente trabajaba Flores de Freitas se dedica a la reparación de teléfonos celulares, consolas de videojuegos y equipos de última generación; además de la venta de videojuegos y accesorios para celulares. Su sede es en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, CCCT, Planta Baja, Local 43-B, en Caracas.

Asimismo aparece la siguiente dirección en el reporte oficial: Caracas Dtto. Capital Municipio Bolivariano Libertador, parroquia Sucre, sector primero, plan de la Silsa, derecha calle Ezequiel Zamora. Frente calle 5 de julio. Izquierda vereda la iglesia Santo Cristo, adjunto a la iglesia Santo Cristo, casa sin número.

Junto a su primo, Flores de Freitas viajó el 6 noviembre de 2015, pocos días antes de su captura, en el vuelo charter YV57OT desde Caracas a Tegucigalpa, Honduras. De ese viaje regresó al día siguiente, el 7 de noviembre, en el mismo jet privado. Salió con su pasaporte venezolano e ingresó con su pasaporte diplomático.

El mes anterior, el día 3 de octubre de 2015, había viajado desde el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, en el vuelo charter YV570T, para regresar en el mismo avión el día 4 de octubre en horas de la noche.

Para salir del país, Flores de Freitas usaba su pasaporte regular venezolano y para llegar a los países que visitaba, usaba el diplomático.

Disfrutando en el imperio

En el informe del gobierno norteamericano dice que Flores de Freitas viajó a Estados Unidos en un vuelo de Dynamic Airways 2D0406 que salió de Maiquetía el 23 de agosto del 2015, rumbo a Fort Lauderdale, Florida. Regresó en la misma nave, el 9 de septiembre del 2015.

Flores de Freitas viajó a Miami, la ciudad del sol en el estado de la Florida, pero en esta ocasión lo hizo vía Ciudad de Panamá. El 1 de diciembre de 2014 tomó el vuelo comercial de Santa Bárbara Airlines SBA1340 con destino a Ciudad de Panamá, luego se trasladó a Miami a donde llegó el 3 de diciembre. Regresó a Caracas en el vuelo de Santa Bárbara SBR1525 siguiendo la ruta Miami-Maiquetía.

Franqui Francisco Flores de Freitas hizo dos viajes a Panamá unos meses antes de irse a Estados Unidos. El informe dice que salió desde Caracas el 16 de Julio del 2014 en el vuelo de Conviasa VO7208 y regresó a Maiquetía el 9 de Julio en el vuelo de la misma aerolínea V07209. También por Conviasa viajó a Panamá el 21 de mayo del 2014 (vuelo VCV7208) y regresó en el vuelo VO7209, el 24 de mayo del 2014.

Del mismo modo, el informe refiere que Flores de Freitas hizo el trayecto Panamá-Medellín-Caracas. La salida fue el 28 de enero del 2014, en vuelo de Conviasa VCV7208 desde Caracas a Ciudad de Panamá. Luego se fue a Medellín y regresó a Caracas en el vuelo de Copa Airlines CMP 638, el 2 de febrero del 2014.

También se registra un viaje hecho por el acusado el 16 de marzo del 2012 en la ruta Caracas-Bogotá, realizado con la línea Avianca, vuelo AVA08, con retorno a Maiquetía el 19 de marzo, en el vuelo AVA080 de Avianca. Asimismo hay otro viaje reseñado el 19 de agosto del 2009, Caracas-Bogotá (vuelo AVA081) con retorno por Avianca el 28 de agosto del 2009, en el vuelo AVA078.

 

Los delitos de la Guardia Nacional: del robo al tráfico de drogas

Javier Ignacio Mayorca, Revista Clímax

En apenas seis meses de 2016 han sido aprehendidos 89 funcionarios del componente militar. Los homicidios se combinan con delitos de naturaleza militar, como la sustracción de armas de los cuarteles

El 19 de mayo, cuando apenas despuntaba el sol, corrió un revuelo en las instalaciones del destacamento 351 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en San Fernando de Apure.

Había desaparecido un fusil AK103 asignado a un sargento primero que, además de escolta de otros sargentos de esa misma unidad, era vigilante de las personas que permanecen detenidas en la instalación por distintos delitos. La sustracción del arma presumiblemente ocurrió cuando el uniformado que la utilizaba la guardó luego de finalizar su turno.

Tres sargentos fueron detenidos mientras se llevaban a cabo las averiguaciones. Otro militar, de apellido Conde, desapareció del cuartel. La presunción de que podía tener el arma fue confirmada por uno de los investigados, que supuestamente decidió delatarlo tres días después.

A partir de entonces se inició una cacería que llevó a los investigadores hasta la población de Calabozo, en Guárico. Allí se solicitó la ayuda de la policía municipal para vigilar todas las entradas y salidas de la población, en la búsqueda de un Ford Fiesta que supuestamente era usado por el guardia en fuga.

Luego de las 2 pm los policías municipales alertaron a la GN que los ocupantes del vehículo compacto fueron avistados cuando iban a encontrarse con otros hombres que viajaban en una camioneta Hyundai Tucson azul. Eran presumiblemente integrantes de la megabanda conocida como “Tren de Aragua”.

La venta del fusil a los delincuentes fue abortada cuando uno de los guardias que participaba en la negociación quiso desistir a última hora. Ya ellos sabían que la sustracción de un arma de guerra es un delito militar, y que probablemente la fiscalía castrense adelantaba una pesquisa contra todos los uniformados que estaban esa noche en el destacamento.

En ese momento se escuchó una detonación en el interior del Fiesta. De la cabina del auto salió herido el sargento primero Jesús Álvarez, quien fue atendido en el servicio médico de una instalación militar. El sargento Conde, de 25 años de edad, optó por entregarse días después ante un fiscal del Ministerio Público Militar en Guárico. Iba con su mamá y otros familiares. Pero del fusil no se tienen mayores pistas. Solo que fue entregado a un antisocial conocido como Omar.

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Este es apenas uno de los 31 casos conocidos durante el primer semestre en los que aparecen implicados efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Este componente de la Fuerza Armada Nacional (FAN) actualmente posee más de 60.000 integrantes, incluidos los miembros de la llamada Guardia del Pueblo, una unidad creada para que labore como “policía de proximidad”.

Las cifras sobre los efectivos de la GNB procesados por diversos delitos son un secreto. No obstante, una revisión de todos los partes enviados por el Ministerio Público y de diversas minutas conocidas de manera extraoficial revela que fueron aprehendidos por lo menos 89 uniformados.

La estadística, aunque parcial, hace de la GN el cuerpo de seguridad y castrense que más efectivos ha perdido por detenciones durante el primer semestre del año. Lo sigue de lejos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 66.

Expuestos a las tentaciones

La GN juega un papel fundamental en los planes de seguridad del Ejecutivo. Solamente en Caracas son desplegados por el comando de zona más de 1500 efectivos cada vez que se anuncia una operación Liberación del Pueblo, o en cualquiera de los dispositivos para la vigilancia de la ciudadanía durante asuetos como Carnaval o Semana Santa.

Esto hace que sus integrantes estén más expuestos a la comisión de ilícitos que los de otros componentes. La mayor parte de las detenciones reportadas entre enero y junio, 31 caso, fue por homicidio. Los otros delitos más atribuidos a los guardias fueron hurtos y tráfico de drogas, 17 y 12 respectivamente. También hubo siete detenidos por extorsiones e igual número por robos genéricos.

La GN además ha sido criticada por su actuación sesgada. Por ejemplo, sus efectivos fueron grabados por aficionados cuando juntaron fuerzas con miembros de colectivos para atacar a manifestantes y periodistas en la avenida Urdaneta, el 2 de junio. También cuando se excedieron en el rigor de trato al presidente de la Asamblea Nacional (AN) Henry Ramos, y le revisaron su equipaje en el aeropuerto Caracas cuando regresaba de Estados Unidos.

El parlamentario indignado observó que los guardias no aplican la misma receta cuando llegan otros generales y miembros del oficialismo. “A ustedes la gente ni les tiene miedo, ni los quiere ni los respeta. Pusieron a la Fuerza Armada por el suelo”, les increpó en las mesas de revisión.

El comandante de la fuerza Néstor Reverol —recientemente sustituido por el general Antonio Benavides— calificó de “cobardía” los señalamientos de Ramos.

“Es muy fácil envalentonarse, acusar de contrabandistas y periqueros a nuestros funcionarios”, declaró.

Reverol, sin embargo, está consciente de las consecuencias que ha traído el crecimiento desproporcionado de las filas de la GN. Luego de su designación para la comandancia general de la fuerza, en octubre de 2014, exhortó por escrito a los distintos jefes de unidades para que aplicaran mecanismos más rigurosos a la hora de captar y seleccionar nuevos reclutas.

Ese mismo año corrió en varias dependencias del componente un radiograma:

“Este comando ha observado con preocupación a oficiales y guardias nacionales involucrados en hechos de corrupción y otros actos contrarios a la moral y las buenas costumbres que deben caracterizar a quien decide seguir la honrosa carrera de armas”.

El texto ordenaba a los jefes de esas unidades llevar a cabo “todas las acciones de comando” necesarias para que tales hechos no se repitiesen.

Tal parece que el mandato no fue escuchado. En junio, cuatro efectivos de ese cuerpo adscritos a la unidad Antidrogas del aeropuerto de Maiquetía fueron detenidos por tener una supuesta participación en el traslado en un jet de Aeroméxico de 600 kilos de cocaína. Otros cinco guardias quedaron tras las rejas en Zulia, cuando supuestamente intentaban llevar a Colombia miles de litros de combustible.

También hay guardias involucrados en delitos que no tienen ese grado de organización. En un peaje de Táchira, la policía regional apresó a los guardias del pueblo Jesús Alberto Cañizárez y Carlos Julián Rivero, quienes supuestamente tenían en su poder un teléfono celular robado recientemente.

Instancias sin control

Según el general retirado de ese mismo cuerpo Régulo Díaz Vega, la GN padece severos problemas de control en la actualidad. Este oficial, quien llegó a ser subcontralor general de la FAN, señaló que las medidas correctivas se toman “cuando es descubierta o denunciada una operación” ilegal.

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“Hoy en día, como todos son cómplices necesarios, se tapan unos con otros. Nadie, por lo menos, pregunta al subalterno por qué tiene un teléfono de última generación”, sostuvo.

Indicó que la fuerza posee mecanismos institucionales para prevenir los ilícitos, pero que se encuentra “cooptados” por la jerarquía.

“Hay un primer órgano de control que son los consejos disciplinarios. Actúan a pedido de los comandantes naturales del pelotón, la compañía o el destacamento cuando la falta cometida excede la capacidad de sanción permitida a esos comandantes. Pero en la actualidad, como hay conchupancia superior/subalterno este mecanismo de sanción está disminuido”, explicó.

Un general de división ya retirado, que llegó a ocupar altos cargos de esa fuerza, dijo a condición de anonimato que el incremento de detenciones en esa fuerza tiene una relación directa con la falta de filtros en las etapas de reclutamiento y selección.

“El sistema educativo de la GN fue violentado. Antes, para ser un guardia debía ser bachiller y pasar año y medio en las escuelas de guardias. Esto fue obviado en los últimos años al crear la Guardia del Pueblo, que son reservistas con pocos meses de formación y los lanzan a la calle, sin habérseles efectuado pruebas de selección”, alertó.

Son estos guardias los que engrosan la lista de detenidos en delitos contra la propiedad. En marzo, por ejemplo, dos sujetos robaron una moto en San Fernando de Apure. Pero el vehículo se les apagó poco después. Cuando otros guardias los apresaron se dieron cuenta de que uno de los asaltantes era un sargento primero, de 25 años de edad y compañero de su propio cuartel.

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Otros terminan aliados a algunas de las megabandas que han surgido en todo el país. Tal fue el caso de Willy Solórzano, de 26 años de edad, egresado de la escuela de orden público de la GN en Cagua, quien fue detenido en diciembre de 2014 y enviado a Ramo Verde porque supuestamente era cuñado de José Tovar Colina, alias Picure, líder de la banda “Tren del Llano”.

La fiscalía militar le imputó rebelión, pero los defensores del guardia lograron convencer al juez militar de que la banda del Picure no era un movimiento armado contra la estabilidad del país sino un “azote para las comunidades del municipio Mellado de Guárico”. Este argumento fue comprado y Solórzano fue condenado por delitos contra la seguridad de la FANB, previa admisión del cargo.

Hoy Solórzano cuenta los días en Ramo Verde para salir en libertad.

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Los bachaqueros son peligrosos delincuentes

Sala de Información

“En el bachaqueo policías, militares, malandros, políticos, mafiosos y hasta el comercio formal, se dan la mano. El bachaqueo es producto de un gobierno absolutamente irresponsable y mentiroso. El bachaqueo es el resultado del mercado negro, la sofisticación crematística de la unión cívico-militar”. Elides Rojas

Los bachaqueros y colectivos se apropian de los espacios y coartan las posibilidades de personas dispuestas a hacer filas por horas con tal de adquirir artículos al precio legal. Ante cualquier cuestionamiento, las amenazas se convierten en represalias para aquel que solo exige su derecho.

Así lo relató Norkis Arias en un excelente trabajo para la revista Clímax, titulado “Bachaqueros: los más malandros de las colas”

En cada línea, Arias hurga en las experiencias trágicas de muchas víctimas de estos especímenes que no tienen contención gubernamental, quizás porque forma parte del “negocio”.

Eward Castillo le “robaba” los martes al trabajo, para acompañar a su madre a la cola del supermercado Éxito de Los Teques.

“Cuando en la zona se enteran de que van a llegar camiones a descargar, aparecen los colectivos en motos y secuestran el local. Se meten y se llevan lo que quieren, y dejan las sobras para los que hemos estado haciendo cola por horas”, relató el joven de 26 años.

Un día, la tropelía lo llenó de valor y enfrentó a un motorizado. Le reclamó su derecho a comprar comida. “La disputa se elevó a unos empujones y Edward estaba dispuesto entrarse a puños, pero su adversario se alzó la camisa para dejar al descubierto una pistola. Esa amenaza lo hizo tragar grueso y desistir. Instinto de supervivencia…”

Esa violencia reiterada, la que humilla y desmoviliza, es práctica común en cada centro que venta alimentos.

Es la necesidad que se encuentra con la avaricia y la viveza sin mezclarse”, dice el reportaje de Clímax.

Y lo grafica señalando que “Mientras el que necesita madruga para probar suerte en supermercados, farmacias y establecimientos “a ver si” consigue algo para comer, el vivo se aprovecha y lo amedrenta para desaparecer la “justicia” del léxico local. Esa palabra está moribunda”

Por otra parte, la reventa de productos regulados –que cuenta con la complicidad por omisión (presuntamente) del gobierno- por encima de su precio legal, se ha convertido en una actividad económica usual.

“Se ha sofisticado hasta alcanzar un estatus delictivo con modus operandi propio que se ha esparcido como maldición por todo el país”.

A Alicia Ortiz su esposo la deja a las 3:30 de la madrugada en el supermercado Unicasa de El Paraíso, para comprar y llevar a algo casa… si la suerte también madrugó y la acompaña.

“Madrugo porque antes del amanecer un hombre con cicatrices en el rostro nos quita la cédula a un número arbitrario de personas en la cola. Él es uno de los líderes de bachaqueros y, horas más tarde, cuando la Guardia nos pide las cédulas laminadas, el tipo les entrega las requisadas junto con las de otras personas que no se encuentran en el lugar”. ¿Hay o no complicidad?

Los ausentes son bachaqueros que van apareciendo paulatinamente y se incorporan a la fila

Alicia comentó a Clímax que “Casi nunca le protestamos al tipo porque después te pueden sacar de la cola o hacer algo peor”.

A veces quita 50 cédulas, a veces 80. Depende de cuántos números vayan a repartir ese día en el mercado. Y a esas les agrega como 100 más que es la de su gente”, contó.

Son delincuentes

Ingrid Cabrera le contó a Norkis Arias que en el Central Madeirense de La Alameda en Santa Fe, una bachaquera llegaba y se metía de primera en la cola. A quien revirara, le mostraba un cuchillo que escondía en su pantalón.

“Ya esa mujer –agregó Ingrid- no se aparece más por aquí. Llegó una más brava y la corrió, pero la intimidación es la misma. Es mejor dejarse colear a terminar bañado en sangre”.

Los vigilantes, en los centros comerciales, tienen un camión lleno de “bachaco vivencias”.

“Te cuento pero no me saques”, dijo uno en el Unicentro el Marqués: “Grisapas (guirisapas), insultos, golpes y bombas lacrimógenas, son comunes aquí”.

“Eso se ve aquí todos los días. La gente duerme desde la 1 de la mañana del día anterior y cuando amanece, llegan los bachaqueros y les dicen que tienen gente adelante”

“Se ponen 20 bachaqueros de primeros, después una persona que hizo su cola, 20 bachaqueros más, otra persona normal y así. Es mejor no reclamar. Hay gente que lo ha hecho, pero terminan sacándolos de la cola. No los dejan comprar, los amenazan y si no hacen caso le caen a coñazos”.

En su trabajo periodístico, Arias señaló que “Se trata de la supervivencia del más apto. Unos someten y otros se dejan someter. Hay que suprimir la dignidad y aceptar la injusticia para evitar la violencia en un territorio donde reina la impunidad

Mafia arrecha

El Correo del Caroní, en investigación de la periodista María Ramírez, reflejó en sus páginas el saqueo de un camión de embutidos que descargaría mercancía en la panadería La Marquesa, en Puerto Ordaz.

Miriam Muñoz, trabajadora del local, contó que abrió la puerta trasera para recibir la mercancía. El chofer abría las puertas del camión cava y en ese momento observó que un grupo de personas que se habían aglomerado para hacer colas en locales cercanos, que habitualmente amanecen con tumultos para comprar productos regulados, corrían hacia el camión.

“La gente que hacía cola en Génesis vino corriendo cuando abrían la puerta del camión, así que cerré el portón y me metí”.

En el video captado por un trabajador, se observa a más de 30 personas robando la mercancía con la ayuda de otros quienes tiraban desde el interior jamones y quesos, mientras el chofer del camión caminaba de un lado a otro sin saber qué hacer. En unos 5 minutos todo terminó.

Los locales cercanos a la panadería La Marquesa estuvieron cerrados en las primeras horas de la mañana, tras el saqueo. FOTO: Correo del Caroní

Además de la cava con embutidos, al chofer de un camión que iba a surtir leche “le quitaron como tres cajas de leche porque arrancó”, dijo la trabajadora.

Los bachaqueros son delincuentes organizados

“Hace como tres semanas estaba en una cola, en un supermercado en la calle 72, esperando que abrieran el acceso, porque había detergente. De repente, llegaron 6 personas obligando a los primeros en la fila a ceder sus puestos porque ellos iban delante. La gente se molestó y empezó a reclamarles, pero estos sacaron cuchillos y navajas, amenazando quienes estábamos esperando”.

Este es el testimonio de un cliente quien contó que “No es la primera vez que ocurre. Siempre son los mismos, y nadie dice nada, ni los policías que organizan la cola, ni los gerentes de la tienda“.

En un reportaje para Panorama, la periodista Keila Vílchez señaló que en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, esta acción se llama “Asociación para delinquir”.

Pero este no es el único delito. Los bachaqueros incurren en porte y uso ilícito de armas blancas y de fuego, especulación, alteración de la paz ciudadana y, al menos, otros 10 delitos.

Para el penalista Luis Prieto entrevistado por Vilchez,

“Muchas de estas personas forman parte de bandas de bachaqueros. Son delincuentes organizados, se asocian para delinquir. Cuando hablamos de delincuencia organizada, se trata de un grupo de 3 o más personas que se asocian por cierto tiempo, cometiendo un delito para obtener un beneficio económico para ellos o para un tercero; y esto está penado”.

Agregó que la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 37, establece que “Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado -por el solo hecho de la asociación- con prisión de 6 a 10 años”.

Según Prieto, “Estas bandas, que incluso se sectorizan según la ubicación de los supermercados, operan amenazando al cliente natural de estos locales. Generalmente, hay uno que suministra el dinero, quien los traslada, quienes hacen la cola y compran. Este delito es muy dañino, porque no se trata del pequeño revendedor, quien también incurre en un delito, sino que estos grupos muchas veces cuentan con complicidad interna en los supermercados y en los propios centros de distribución de los alimentos”.

El reportaje de Panorama señala que los relatos de los compradores lo confirman y, además, denuncian la vinculación de los cuerpos policiales.

Ricardo González, residente de la avenida La Limpia, confesó que “Hace varias semanas, vi con indignación cómo un policía metió a un grupo de 15 bachaqueros en la cola de las personas de la tercera edad, que yo estaba haciendo, para comprar unas afeitadoras. Lo peor, es que fui a buscar al funcionario porque, como siempre, los bachaqueros se quieren meter a la fuerza y pensé que el policía lo iba a impedir. Pues no. Se apartaron del grupo, hablaron algo y metió a la gente”.

Añadió el penalista que “Los policías que sean cómplices de estas organizaciones delictivas están cometiendo un delito de corrupción propia. Cuando un funcionario pide dinero para permitir que se cometa un acto delictivo, subsume su conducta en delitos tipificados en la Ley contra la Corrupción“.

También señaló que esa conducta es causal de destitución, según la Ley del Estatuto de la Función Policial, que en su artículo 97 prevé la destitución por la  “Comisión intencional o por imprudencia, negligencia o impericia graves, de un hecho delictivo que afecte la prestación del servicio policial o la credibilidad y respetabilidad de la función policial“.

Por su parte el comisario Biagio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público, declaró que tienen a más de 20 funcionarios con expedientes abiertos por estar presuntamente involucrados en las redes del bachaqueo.

“Estos grupos infringen el derecho al libre desenvolvimiento que tiene todo venezolano, contemplado en la Constitución en su artículo 20. Y que es sancionado en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp), en los delitos contra la libertad individual, en el artículo 175:”Cualquiera que, sin autoridad o derecho para ello, por medio de amenazas, violencias u otros apremios ilegítimos, forzare a una persona a ejecutar un acto a que la ley no la obliga o a tolerarlo o le impidiere ejecutar alguno que no le está prohibido por la misma, será penado con prisión de quince días a treinta meses”.

Los bachaqueros causan riñas, portan ilegalmente armas blancas y de fuego, sobornan, coñacean, ejercen violencia sicológica y –en casos- han asesinado.

“Estos grupos cometen delitos graves. Estas personas deben ser castigadas severamente“, precisó el jurista Prieto.

A ello deben añadirse otros delitos tales como especulación, acaparamiento, contrabando de extracción, alteración fraudulenta de precios, alteración de productos para cometer fraude con su venta, venta de productos vencidos y desestabilización económica. “Son delitos castigados con penas de 5 a 14 años de cárcel”.

Es importante destacar que el gobierno tiene todo un andamiaje jurídico para someter a estas bandas. ¿Tiene voluntad política para hacerlo?

Los bachaqueros son malandros

¿No son criminales aquellos quienes atentan contra la vida de los ciudadanos? ¿Y qué hace un bachaquero cuando especula con los alimentos y los medicamentos del pueblo?

Son preguntas que se hace el jurista Salomón Benshimol. “Hablamos de alimentos de la dieta básica y medicamentos que sirven para brindar salud a quienes viven en Venezuela, ya que esos delincuentes juegan con el hambre y la salud del pueblo y también con su buena fe y la necesidad de adquirirlos para poder subsistir”.

Agregó que “Eso continuará si no se ataca el problema de la complicidad de los funcionarios policiales y de comerciantes inescrupulosos, de los empleados de los puntos de venta de alimentos o medicamentos”.

“El bachaqueo –dijo Benshimol– es un enorme negocio que cuenta con militares, policías, comerciantes y toda una mafia que cobra su parte”.

Agregó que los bachaqueros son delincuentes y homicidas en potencia.

Según el diputado Eduardo Labrador, “Los  bachaqueros  se  han convertido  en  lanza y  cuchillo  contra  su  propio  pueblo, destruyendo la  base  fundamental de  la  convivencia y el sustento  nacional”.

Agregó que ya  es  la  hora  de prohibir, actuar y desmantelar al  bachaquero,  al  que  vende abiertamente en  las  vías  públicas,  al  que vende clandestinamente  en  su casa,  todos  por  igual  son  parte de  la cadena.

“Es necesario  hacer  sentir la  ley a estos delincuentes que le hacen daño a la sociedad,  no perdamos  tiempo  conciliando la  paz en medio  del caos  de  los bachaqueros,  impongamos  el  orden desde  el  imperio de  las leyes y  sobrevendrá  el  bienestar”, agregó el diputado.

Los bachaqueros son una plaga

El gobernador de  Anzoátegui, Nelson Moreno, aseguró en VTV que “Los bachaqueros son una epidemia, son un virus,  los bachaqueros son delincuentes, no podemos convalidar ni convivir con los bachaqueros, son una plaga de la sociedad y tienen que ser tratados como delincuentes, allí están los traficantes de drogas articulados, allí están los asesinos, allí están los ladrones, allí están los traficantes de armas, todos están articulados con el crimen organizado para imponer su ley, para vender cupos, para comprar cupos, para utilizar objetos para cortarle la cara a una dama, para cortar a un ciudadano, para crear el terror en las colas y ellos reinar. Los bachaqueros están propiciando violencia”

El gobernador denunció que bandas delictivas –asociadas al bachaqueo- están saqueando camiones y amedrentando a los propietarios de las empresas.

Por su parte, la presidenta de la cámara municipal de Puerto La Cruz, afirmó que “Los bachaqueros son unos delincuentes y tenemos que atacarlos, para acabar con la reventa de alimentos a sobreprecio”,

Para el Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, “El bachaquero es un delincuente, está al margen de la ley. Nadie en su sano juicio puede apoyar o defender a quienes contribuyen con el daño a la economía venezolana. Nadie puede asociarse a un bachaquero”.

El bachaquero es escoria social

Geovanni Peña, venezolano de a pie. chavista y víctima del bachaqueo, afirmó que “El bachaquero es nefando. Atroz. Los bachaqueros son delincuentes, andan asaltando con sus sobreprecios. Son tan despreciables que su misma clase social los ve como ladrones de siete suelas. El bachaquero afecta a su propia familia que es tildada de ladrones”.

Agregó que el Bachaquero es un delincuente, un mafioso, un sinvergüenza que roba al pueblo y pulveriza las finanzas de todos.

“El bachaquero, con su avaricia, le hace daño al pueblo venezolano. Hay que acabar con esta escoria social que arremete contra sus inocentes semejantes”.

Bachaqueros asesinos

El 26 de mayo un joven fue asesinado en Charallave por bachaqueros durante una riña en una cola para comprar productos regulados.

La víctima acudió en horas de la madrugada a un supermercado para abastecerse de productos regulados. Le tocó el puesto número 20 en la fila.

Un grupo de bachaqueros que controlaba la cola le entregó otro. Cuando el joven reclamó, los revendedores lo agredieron en múltiples ocasiones con un arma blanca, matándolo. Luego tiraron su cadáver a la quebrada de Charallave.

Ni con el pétalo de una rosa

Sin duda los venezolanos desprecian a los bachaqueros. A pesar de ello, no se atreve a neutralizarlos. Ni la sociedad civil, ni las autoridades.

Miedo, complicidad, negocio redondo, vaya usted a saber.

Lo cierto es que este país hoy está controlado por lo peor que ha parido en su historia. Y allí también están los bachaqueros.

Lo que llama la atención, es que si en la población hay el convencimiento de que los bachaqueros, además de ser delincuentes, le arrancan la comida a la gente, siendo el pobre la víctima más lesionada, entonces ¿por qué los saqueos son contra los comerciantes y no contra los bachaqueros que están abarrotados de mercancía acaparada?

“Bachaqueros: delincuentes y estafadores, un cáncer en aumento”. David Goncalves

En Sala de Información, también:

– Este es el brutal negocio del bachaqueo http://tinyurl.com/grdh578

– “Las bachaqueras me amenazaron y persiguieron hasta el carro. Me cayeron a golpes y se llevaron mis compras” http://wp.me/p2i0kq-13F

– “Los bachaqueros hicieron disparos al aire y nosotros, aterrados, estábamos dentro del supermercado” http://wp.me/p2i0kq-13F

– “Los bachaqueros rompen las piezas sanitarias de los baños, rayan las paredes y dejan restos de comida por todos lados” http://wp.me/p2i0kq-13F

– “No son vecinos ni gente humilde que viene a buscar comida. Son bachaqueros con armas y sin temor a la autoridad” http://wp.me/p2i0kq-13F

El bachaqueo es la nueva forma de lavar dinero del narcotráfico

Ronna Rísquez, Runrunes

El bachaqueo llegó a las grandes ligas del crimen organizado. Este delito aparentemente “inofensivo” se convirtió en una nueva forma de lavar dinero proveniente del tráfico de drogas y la corrupción.

La revelación -aunque visto el crecimiento acelerado de esta “prometedora” práctica no debería sorprender- la hizo Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid) y experta en materia de drogas.

En el foro Tráfico de Drogas Ilícitas en Venezuela, organizado por la ONG Paz Activa, Camero explicó que:

“El bachaqueo es utilizado por los operadores de los traficantes de droga para legitimar sus ganancias”.

Informes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), identifican al bachaqueo como un mecanismo para el lavado de dinero.

Funcionarios de esta dependencia observaron que los incrementos desproporcionados en los fondos de las cuentas de las personas dedicadas al comercio de mercancía, conocido como bachaqueo, estaban relacionados con dinero de la venta de drogas.

Una investigación realizada en bancos de Maracaibo arrojó que “en Zulia el bachaqueo es la principal forma de lavar de dinero de la droga”, dijo Mildred Camero. En este caso el intercambio comercial constante sirve para mezclar dinero proveniente del narcotráfico con dinero legítimo, agregó la experta.

Mildred Camero.

La comercialización y contrabando de productos básicos ya no es simplemente un delito orientado a la obtención de dinero de manera fácil, donde grupos organizados se aprovechan del control de precios y juegan con las necesidades de la población.

La compra de mercancía para el bachaqueo requiere de una gran inversión de dinero y esto fue visto como un filón por los narcotraficantes que necesitan justificar las ganancias que obtienen de la venta de drogas.

“Este dinero lo invierten en la compra de productos básicos, que luego distribuyen a los bachaqueros y a cambio reciben el dinero legitimado, productor de la comercialización de bienes de consumo masivo. Así limpian su fondos”, explicó la ex presidenta de la Conacuid.

Camero agregó que en Carabobo también ha sido detectado el uso del bachaqueo para lavar dinero de la corrupción, incluso se han creado empresas de maletín para facilitar las operaciones y ocultar la identidad de los verdaderos dueños del negocio.

La experta explicó que el funcionamiento de estas estructuras solo es posible con el respaldo del poder político y económico.

El puente de la cocaína

“La República Bolivariana de Venezuela es considerada por la comunidad internacional y por los organismo multilaterales, que rigen la materia, como el principal puente de la salida de la droga desde Suramérica hacia otros continentes”, dijo, sin dudar, Mildred Camero, para luego dar detalles, en un mapa, de los destinos frecuentes de la droga que sale La Guaira, Puerto Cabello, Güiria y otros rincones del territorio venezolano.

La ex jueza explicó:

“En Venezuela, el tráfico de drogas a nivel internacional, está en manos de ciertos grupos que ejercen funciones de seguridad nacional. En otras palabras, son miembros de nuestras fuerzas armadas, de los cuatro componentes y cuerpos policiales civiles”.

En su presentación Camero dejó claro que “la situación política, económica y social, así como la corrupción, la inseguridad, el desabastecimiento y escasez, la falta de una atención sanitaria; sin duda alguna ha contribuido en los últimos años, en un incremento del tráfico y consumo de drogas en el país nunca antes visto. Ha sido de tal magnitud este fenómeno, que nuestro sistema financiero está en riesgo de ser utilizado como plataforma para legitimar capitales (lavado de dinero), comprometiendo sin duda alguna la reputación del Sistema Bancario y Financiero Venezolano”.

Insistió en que las bandas dedicadas al microtráfico, extorsión, sicariato y homicidios, deben ser consideradas grupos de crimen organizado. Además, Camero comparó la estructura de las bandas delictivas en Venezuela con el funcionamiento de las “maras” de El Salvador.

La experta destacó tres aspectos claves en la lucha contra el tráfico de drogas en Venezuela: El combate al narcotráfico debe ser considerado una política de Estado, las Zonas de Paz deben ser eliminadas y las bandas deben ser desarmadas.

Luis Cedeño, Director de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado, insistió en que:

“Es de imperiosa necesidad de depurar las altas esferas de las FANB y GNB de elementos que contribuyen activamente como miembros de los carteles internacionales de la droga, y construir un entramado legal que permita el escrutinio cercano de aquellos más vulnerables a ser corrompidos por el delito organizado vinculado a los mercados de la drogas ilegales”.

En el foro también participaron los periodistas Javier Ignacio Mayorca, Ángela Vera Lefeld y Gustavo Azócar.

Este es el sistema de espionaje chavista con tecnología norteamericana

La maquinaria de espionaje opera con la última tecnología de inteligencia artificial creada por una transnacional epítome del imperialismo capitalista.

Los archivos del espionaje chavista, muestran un mundo paralelo de comunicaciones secretas obtenidas por una maquinaria de hackers militares y civiles, bajo orden directa del presidente Maduro.

Casto Ocando, Vértice

Ilustraciones: Andrea Phillips

El presidente venezolano Nicolás Maduro sabe cuántas mujeres le escriben a diario al teléfono móvil del líder opositor Henrique Capriles Radonski. Y las fotos que recibe. Y con quiénes se reúne cada día. Y sobre qué hablan en privado una buena parte de los más destacados dirigentes de oposición en Venezuela como Henry Ramos Allup y Julio Borges. Y cuáles son las vías de la oposición para comunicarse con operadores chavistas como Jorge Arreaza y Elvis Amoroso. O la información de identidad del círculo familiar de la Fiscal General Luisa Ortega.

Centenares de conversaciones y documentos filtrados por primera vez de los archivos del espionaje chavista, muestran un mundo paralelo de comunicaciones secretas e íntimas, obtenidas por una maquinaria de hackers militares y civiles bajo orden directa del Presidente Maduro, que utilizan todos los recursos tecnológicos, incluyendo tecnología de punta diseñada por firmas norteamericanas, para penetrar los secretos de la oposición pero también de altos funcionarios de su propio gobierno, una operación que según sus detractores, viola preceptos legales y constitucionales que en teoría protegen el derecho a la privacidad en Venezuela.

En este edificio blanco rectangular, ubicado frente al Palacio Presidencial de Miraflores, en el noroeste de Caracas, Venezuela, opera uno de los “bunkers” del gobierno de Nicolás Maduro que espía masivamente las comunicaciones privadas de miles de venezolanos.

De acuerdo a documentos internos del Centro de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) y testimonios de personas involucradas en sus operaciones, a los que tuvo acceso en exclusiva Vértice, el gobierno venezolano vigila, interviene y almacena simultáneamente las comunicaciones de centenares de políticos opositores, periodistas, activistas y sus familiares, utilizando para estas labores un pequeño ejército de oficiales del Ejército, la Armada, Aviación, la Guardia Nacional y la Guardia Marina.

Estos oficiales, que recibieron un entrenamiento especial en inteligencia tecnológica y contrainteligencia con la ayuda de asesores rusos, chinos y cubanos, se encuentran bajo el mando del mayor general Gustavo González López, uno de los militares sancionados por Washington, acusado de cometer graves violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.

El masivo monitoreo ordenado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, de conversaciones telefónicas, chats, correos electrónicos y millones de mensajes en las redes sociales, que requiere de una enorme capacidad de procesamiento de datos, ha sido posible gracias al uso de una tecnología de punta desarrollada no por los tradicionales aliados de Venezuela como Rusia, China o Cuba, sino por una firma multinacional norteamericana, epítome del capitalismo globalizado.

Además de organizar y almacenar la data obtenida en llamadas telefónicas, chats de Blackberry, correos electrónicos, conversaciones grabadas mediante el tradicional uso de micrófonos y la información suministrada por miles de “patriotas cooperantes” o espías civiles que operan dentro y fuera del país, los expertos del CESPPA rastrean y analizan constantemente miles de portales de internet y de redes sociales como Twitter y Facebook, para detectar posibles patrones de comportamiento de la oposición, e identificar enemigos con nombre y apellido.

Para llevar a cabo esta compleja tarea, el CESPPA se vale de un avanzado sistema informático, que curiosamente no fue concebido ni en laboratorios cubanos ni rusos sino en el corazón del Imperio enemigo.

Uno de los sofisticados sistemas informáticos usado por el CESPPA para procesar miles de millones de bytes por segundo es conocido como Watson, una plataforma desarrollada por IBM en honor al fundador de la firma Thomas J. Watson, como un cerebro artificial capaz de procesar grandes cantidades de data no estructurada, a través de un complejo proceso de razonamiento automático, que permite identificar patrones y tendencias, establecer relaciones, y responder a preguntas específicas utilizando gráficos complejos basados en la información contenida en la data.

El sistema Watson es capaz de realizar un análisis inteligente de la personalidad de un target, a partir de su interacción en redes sociales como Twitter. El análisis aquí presentado, corresponde al de la cuenta de Twitter del Editor en Jefe de Vértice, Casto Ocando.

Por ejemplo, el sistema es capaz de identificar los temas predominantes y hasta elaborar un perfil psicológico de la personalidad a partir de conversaciones, chats o redes sociales de la persona investigada. También permite establecer un mapa de relaciones a partir de las llamadas telefónicas o correos electrónicos, y básicamente ayudar a deducir si la persona puede representar un “peligro” para la estabilidad política del régimen, a partir de lo que habla, y con quiénes habla en sus comunicaciones.

El complejo software, desarrollado por IBM en sus laboratorios de investigación ubicados en Sillicon Alley, Nueva York, aplica “más de 100 técnicas diferentes” para procesar, analizar, organizar información almacenada en una base de datos creada a partir de una enorme cantidad de data en bruto, para identificar patrones o tendencias y ofrecer las respuestas más “inteligentes” a preguntas formuladas al sistema.

Según IBM, “Cuando Watson tiene frente una pregunta, más de 100 algoritmos analizan la pregunta de diferente manera y buscan muchas posibles respuestas; todo al mismo tiempo. Mientras tanto, otro conjunto de algoritmos evalúa todas las respuestas y les asigna un puntaje; por cada respuesta posible Watson encuentra evidencia para aprobar o refutar cada pregunta; todo en menos de tres segundos”.

Aunque originalmente la aplicación de IBM no nació para ser usada como poderosa herramienta por regímenes autoritarios como el de Venezuela, tuvo aplicaciones tempranas para fines de inteligencia.

Por ejemplo, la tecnología fue empleada en 2002 en Croacia con aprobación del gobierno norteamericano para combatir el terrorismo y la migración ilegal, una prioridad para Washington tras los ataques terroristas de Septiembre de 2001. El sistema se usó para analizar el flujo masivo de data proveniente de comunicaciones interceptadas de posibles grupos vinculados a Al Qaida en la región.

Para ese momento, Watson era famoso en los círculos de la inteligencia occidental por su capacidad de ofrecer en tres segundos un perfil gráfico en forma de diagrama, mapa u organigrama el perfil de un objetivo, con toda la data disponible, incluyendo conversaciones, transacciones financieras y mensajes personales.

El Sistema Watson  mostró una capacidad inusitada en el 2011, cuando compitió en el popular programa televisivo de preguntas Jeopardy!, contra competidores que habían ganado previamente, obteniendo el primer lugar y un premio de $1 millón.

Durante su participación en el programa, la computadora del sistema Watson tuvo acceso a una base de datos de 4 terabytes con más de 200 millones de páginas de data estructurada y no estructurada, incluyendo toda la data del portal Wikipedia, pero sin acceso a internet. Watson superó de forma consistente a todos los oponentes contra quienes se enfrentó, respondiendo preguntas complejas en cuestión de segundos.

A principios del 2013, Watson abrió nuevas posibilidades de aplicaciones a campos como el educacional, negocios y salud, para desarrollar nuevas estrategias en la cura del cáncer o la creación de nuevos mercados para nacientes iniciativas empresariales.

Sin embargo, el sistema ha sido aprovechado por los cuerpos de seguridad venezolanos, que lo utilizan para identificar todas las relaciones familiares, profesionales, políticas, o de amistad de una persona o target específico; así como sus llamadas, mensajes, correos electrónicos, chats, publicaciones, finanzas, bienes, procesos judiciales, viajes, intereses, hobbies y cualquier otra información sobre la cual exista al menos un pieza de información susceptible de ser almacenada digitalmente.

“Me han intervenido todo”, dijo a Vértice la dirigente opositora María Corina Machado. “Conversaciones privadas con mi madre y otras personas (…) teléfonos, correos electrónicos, redes sociales. Y estas conversaciones han sido divulgadas por funcionarios del Estado en medios que son públicos, en algunos casos editando, alterando y cambiándoles totalmente el sentido”, aseguró.

Para funcionar óptimamente, el sistema debe ser nutrido con la mayor cantidad posible de información utilizando todas las fuentes disponibles, incluyendo transcripciones de llamadas y correos intervenidos, transacciones financieras, mensajes de texto y de chats, y agendas telefónicas con la información de los contactos de las personas investigadas, una tarea en la que participan expertos y analistas para ayudar a optimizar la data.

De acuerdo a documentos en poder de Vértice, en el CESPPA el sistema Watson es alimentado por un grupo de 131 analistas, que introducen diario toneladas de información recabada de diversas fuentes gracias a la maquinaria de espionaje del gobierno de Maduro.

El equipo de coordinación estaba dirigido en el 2015 por el teniente técnico Osleiym Omar Andrade, un ex oficial de la Casa Militar de Maduro, que se especializó en informática en la Universidad Politécnica de Madrid e ingresó a las Fuerzas Armadas en el 2003.

Una licencia para operar legalmente el sistema Watson de IBM puede costar $3 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones de Paul Ward, profesor de Ingeniería de Software de la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá.

Vértice trató de confirmar si el gobierno venezolano había adquirido la licencia para utilizar el sistema Watson directamente de la transnacional tecnológica, pero varias llamadas telefónicas y correos electrónicos enviados a Lia Davis, Directora de Comunicaciones del Sistema Watson de IBM en Washington DC y Nueva York, no fueron respondidos.

Documentos que describen las operaciones del CESPPA muestran el uso intensivo del sistema. De acuerdo a un “Informe de Avance sobre el Sistema Watson”, con fecha 23 de abril del 2014, el sistema estaba siendo usado para trabajar sobre un número inicial de 50 objetivos en ese momento, cuando se comenzó a alimentar la base de datos del espionaje chavista. Los servidores operativos se encontraban en Islandia, de acuerdo a los documentos filtrados.

Cronograma de actividades CESSPA para las sesiones de entrenamiento y operación del sistema Watson.

El reporte de avance detalló que el proceso de identificación y procesamiento de objetivos mediante el sistema Watson estaba coordinado por un grupo técnico bajo la responsabilidad de un experto en computación de origen no militar.

Las tareas de los técnicos del CESPPA se centraron en utilizar la infraestructura del sistema Watson para llevar a cabo el “proceso de captura de objetivos”, y dirigir las “acciones especiales sobre el sistema”, entre ellas “ubicar a alguien”, u ordenar operaciones de “escucha” a otros objetivos.

La operación inicial del sistema de IBM por parte del CESPPA, que tuvo lugar en la última semana de marzo del 2014, abarcó los siguientes pasos:

  • Definir las autorizaciones para indicar teléfonos objetivos.
  • Definición de categorías para los objetivos.
  • Definición del perfil de los analistas del Sistema Watson.
  • Definición de protocolos de seguridad par analistas, asesores y otros involucrados.
  • Entrevistas a los analistas propuestos.
  • Definición, información y adiestramiento en los protocolos de recepción, envío, tipos de medios y otros.
  • Acondicionamiento especial de los equipos informáticos.
  • Entrenamiento a los analistas en el Sistema Watson.

Las agendas telefónicas de las personas espiadas, permiten elaborar un mapa detallado de relaciones y contactos utilizando el sistema Watson.

Cuando el sistema comenzó a operar efectivamente, se incorporaron otras instrucciones a los operadores:

  • Carga inicial de objetivos (mínimo 50).
  • Ajustes de operaciones.
  • Entrega de primer informe.
  • Ajustes al modelo de informe.
  • Informes periódicos.
  • Asesoría de alto nivel.
  • Proceso de captura de objetivos.
  • Informes eventuales según importancia del tema. Y finalmente,
  • Acciones especiales sobre el sistema (ej. Ubicar a alguien, escucha otros).

El informe llamó la atención sobre la inconveniencia de mantener los servidores donde se almacenaba la base de datos en Islandia, en lugar de tenerlos físicamente en las instalaciones del CESPPA, para “tener el control y administración de dichos servidores”.

Entre las primeras listas de objetivos cuyos teléfonos debían ser intervenidos, se incluyeron 10 nombres de activistas, opositores y periodistas:

  • Leopoldo López, ex candidato presidencial y fundador del partido Voluntad Popular, actualmente el más destaado preso político del régimen venezolano. Según la lista del CESPPA, López se comunicaba desde prisión con un teléfono Blackberry modelo 9320.
  • Diana de Agostino de Ramos, esposa del dirigente opositor Henry Ramos Allup, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que usaba un teléfono marca Blackberry, modelo 8310;
  • Nelson Bocaranda, reputado periodista y director del portal runrun.es, que se comunicaba con un teléfono Samsung S4;
  • Alfonso Marquina, diputado opositor a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo, que operaba un teléfono celular marca Samsung;
  • Liliana de los Angeles Hernández, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo y miembro de la organización paragua opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD);
  • Adriana Pichardo Bello, politóloga y activista opositora en el estado Aragua, en el centro de Venezuela, con un teléfono Samsung S3;
  • Y los ciudadanos Luis Enrique García, Traina Johana González Rocca, Juan Guillermo y Jesus Eduardo Bellorín González.

En una lista separada, se propusieron otros nombres para ser procesados e intervenidos:

  • Lilian Tintori y Diana Lopez, esposa y hermana, respectivamente, del dirigente Leopoldo López.
  • Rosa y Clara Scarrano, esposa y hermana del alcalde opositor Enzo Scarrano, en prisión por razones políticas desde marzo de 2014.
  • Patricia Ceballos, esposa del también alcalde opositor Daniel Ceballos, encarcelado junto a Leopoldo López desde marzo de 2014.
  • María Bolívar Lucchese y Vicenzo Bolívar, esposa y cuñado de Salvatore Lucchese, ex jefe policial opositor que permanence detenido por razones políticas junto a Leopoldo López y Enzo Scarrano.
  • Y la periodista Del Valle Canelón, cuya cobertura informativa ha sido crítica de la administración chavista.

El alcance del sistema Watson de IBM ha otorgado al gobierno de Maduro, en teoría, un poder de vigilancia sin precedentes y de legalidad cuestionable.

“La arbitrariedad en el uso de estos recursos de inteligencia para otro tipo de tareas y no para proteger la seguridad de la nación, sin ningún tipo de balance o contrapoder, es profundamente preocupante. Es el ejercicio arbitrario del poder, y puede generar prácticas mafiosas”, indicó Carlos Correa, director de Espacio Público, una organización sin fines de lucro que monitores las libertades civiles y de información en Venezuela.

Desde su creación, el CESPPA no ha estado exento de controversia. Fue creado formalmente el 7 de octubre del 2013 por decreto del presidente Nicolás Maduro. Originalmente se establecieron como objetivos centrales del centro la unificación de la información sobre seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores, y la discrecionalidad de calificar como reservada o clasificada cualquier tipo de información en función de la seguridad de la “patria”.

Adicionalmente, el decreto precisó que la información que debía recabar el CESPPA iba a concentrarse fundamentalmente en “la actividad enemiga interna y externa”, y sujetó sus funciones a los requerimientos de “la Dirección Político-Militar de la Revolución Boliviariana”, lo cual convertía al organismo de seguridad en una herramienta del chavismo para combatir a grupos opositores o “enemigos”.

“El término ‘enemigo’ (…) es utilizado sólo en casos de Guerra y se refiere a enemigos externos. Cuando se habla de enemigos internos se trata entonces de los ciudadanos”, subrayó en un comunicado el independiente Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que cuestionó el CESPPA como un organismo que podía incurriren la censura informativa y atentar contra la libertad de expresión en Venezuela.

En una segunda redacción del decreto, apenas dos semanas después de haber sido creado el CESPPA, suavizó el lenguaje y eliminó las menciones a “enemigos internos”, aclarando que el organismo iba a estar bajo responsabilidad directa del Presidente de la República, y no de la “revolución”.

Sin embargo, cuatro meses después, el 13 de febrero del 2014, cuando fue publicado el reglamento del CESPPA, las críticas arreciaron. No sólo su director, el general Gustavo González López, era al mismo tiempo el jefe de los servicios de inteligencia (Sebin) de Maduro, sino que las funciones del organismo prácticamente no tenían límite en cuanto al espionaje y seguimiento de todo lo que pudiera ser considerado, discrecionalmente, como una amenaza a la revolución.

“El CESPPA nació como un organismo capaz de meter sus narices en todas partes, casi con impunidad. No hay nada que se le asemeje en la era democrática, ni siquiera en la década de los 60, con la paranoia que generó la ofensiva guerrillera en Venezuela apoyada desde Cuba”, dijo a Vértice el coronel retirado Claudio García, que trabajó en la otrora Dirección de Inteligencia Militar (DIM), hoy conocida como Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en la época pre-Chávez.

“Todo lo que hace el CESPPA es muestra de un aparato represivo de intimidación y persecusión que llega incluso a meterse en tu vida privada para ser manipulada y usada por el gobierno para sus propios fines”, dijo Carlos Vecchio, dirigente del partido Voluntad Popular, que dirige el prisionero político Leopoldo López.

Para llevar a cabo esta compleja tarea, el CESPPA se vale de un avanzado sistema informático, que curiosamente no fue concebido ni en laboratorios cubanos ni rusos sino en el corazón del Imperio enemigo.

El periodista Juan José Farías colaboró con este reportaje.