¿Qué puede pasar con la inmunidad parlamentaria, tras el anuncio de Maduro?

José I. Hernández (*), Prodavinci

Una de las más amenazas recientes formuladas desde el gobierno apunta a la posibilidad de levantar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional.

Las declaraciones del gobierno sobre esta nueva amenaza resultan bastante confusas. No está de más, por ello, tratar de esclarecer lo que puede pasar con la inmunidad parlamentaria.

La nueva amenaza

El miércoles 31 de agosto del 2016, el gobierno informó que, junto a un equipo de juristas, estudia la posibilidad de dictar un Decreto en el marco de la emergencia económica, a los fines de levantar la inmunidad de los “cargos públicos”, previa consulta con la Sala Constitucional. También el gobierno informó que va a “incubar” una demanda contra el Presidente de la Asamblea Nacional.

Entendiendo la amenaza

Desde un punto de vista jurídico, esta nueva amenaza resulta muy difícil de comprender por las grandes imprecisiones sobre las que está basada.

Veamos.

Lo primero que hay que aclarar es que la inmunidad no es de “cargos públicos” en general. La inmunidad, por el contrario, es una garantía específica de los diputados de la Asamblea Nacional, de acuerdo con el Artículo 200 de la Constitución.

Asimismo, es preciso aclarar que el Presidente de la República no puede levantar la inmunidad parlamentaria. Por el contrario, de acuerdo con el citado Artículo 200, sólo la Asamblea Nacional puede levantar (o allanar) esa inmunidad.

Por último, no existe tal cosa como “incubar” una demanda. Quizás el gobierno quiso referirse a otra palabra: “incoar”, que entre otras cosas significa iniciar un proceso judicial mediante una demanda.

Aclarados estos enredos, ahora sí podemos entender el contenido de esta nueva amenaza: el Gobierno pretende iniciar juicios penales contra diputados de la Asamblea Nacional —como es el caso del Presidente de esa Asamblea— desconociendo la inmunidad parlamentaria.

¿Qué es la inmunidad parlamentaria?

La inmunidad parlamentaria es una garantía especial que protege el ejercicio de la función parlamentaria por parte de los diputados proclamados de la Asamblea Nacional.

De conformidad con la Constitución, esa garantía tiene 3 elementos que la identifican.

En primer lugar, la inmunidad sólo aplica para hechos cometidos en el ejercicio de la función parlamentaria. Además, en segundo lugar, sólo aplica a procesos penales. Finalmente, condiciona el inicio esos procesos penales a dos condiciones concurrentes:

1) Que el Tribunal Supremo de Justicia considere que hay méritos jurídicos para iniciar el juicio penal.

2) La Asamblea Nacional autorice, políticamente, el inicio de ese juicio. Esto último es lo que se conoce como el “allanamiento de la inmunidad parlamentaria”, y es una decisión que únicamente puede ser tomada por la Asamblea.

El propósito de esa inmunidad es garantizar el buen funcionamiento de la Asamblea Nacional, evitando que, por retaliaciones políticas, se inicien juicios penales contra diputados. Por ello, la inmunidad no es un cheque en blanco.

Por ejemplo, la inmunidad no protege al diputado que en estado de embriaguez atropella a una persona, pero sí protege al diputado que acusa al gobierno de corrupción, que llama a una protesta o que protege el funcionamiento de la Asamblea Nacional frente a indebidas intromisiones de otros órganos del Poder Público.

El intento inconstitucional por desconocer
la inmunidad parlamentaria

Esta nueva amenaza del gobierno implicaría una violación a la Constitución, así como el desconocimiento de la función parlamentaria de la Asamblea.

El gobierno no puede, ni siquiera en el marco del estado de excepción, levantar la inmunidad parlamentaria, pues desconocería que, de acuerdo con el artículo 200 constitucional, sólo la Asamblea puede hacerlo. Por eso, tampoco la Sala Constitucional podría habilitar al gobierno para violar el Artículo 200 de la Constitución.

Sin embargo, hay que señalar que en la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional, la inmunidad parlamentaria ha sido reducida de tal forma que, en la práctica, su utilidad se ha mermado. Y no es de extrañar que nuevas “interpretaciones” de la Asamblea reduzcan, hasta hacerla desaparecer, esta especial garantía.

De acuerdo con la Sala Constitucional, la inmunidad parlamentaria sólo aplica a los diputados que estén efectivamente incorporados al ejercicio de la función parlamentaria en la Asamblea. Por eso se ha negado la aplicación de la inmunidad a diputados suplentes.

Asimismo, la Sala ha insistido que la inmunidad sólo aplica a hechos cometidos específicamente en ejercicio de la función parlamentaria, lo que podría incluso limitar la inmunidad a las actuaciones realizadas dentro de la sede de la Asamblea Nacional, en el marco de sus sesiones.

Se trata de un razonamiento bastante primitivo, que ignora un dato básico: el diputado es representante del pueblo durante todo el mandato para el cual fue electo, con independencia de que actúe fuera del seno de la Asamblea.

Esta última limitación podría llegar a desvirtuar completamente el sentido de la inmunidad parlamentaria, al considerarse que los diputados sí pueden ser enjuiciados —e incluso, privados de libertad— por actuaciones que no sean consecuencia de deliberaciones dentro de la Asamblea, incluyendo opiniones y comentarios realizados.

De esa manera la Sala Constitucional podría interpretar que la inmunidad parlamentaria no aplica para los supuestos delitos de desacato que, a su decir, han cometido los diputados, o para los supuestos delitos cometidos fuera del recinto de la Asamblea Nacional, incluso mediante opiniones.

Esta amenaza podría ser preludio de un nuevo episodio del conflicto contra la Asamblea Nacional, que incorporaría un elemento sumamente peligroso para el orden democrático y constitucional: desconocer la inmunidad parlamentaria con base en argumentos jurídicos bastante primitivos, permitiendo no sólo el enjuiciamiento sino, además, la privación de libertad de diputados, como consecuencia de una acción de retaliación política.

(*) Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y de la UCAB

El matrimonio del muerto

Abog. José Carlos Blanco Rodríguez, Primicia

Decía el ilustre filósofo Bertrand Russell que, en ocasiones, por razones de justicia se debe ignorar lo que ordenan las leyes. Este es uno de los principales problemas que enfrenta el Derecho, cuando su aplicación conduce a resultados que para la gente común parecen inmorales o injustos.

Canaima, la gran novela guayanesa de Rómulo Gallegos, narra un suceso, que sirve perfectamente para entender el eterno dilema entre el derecho y la justicia; me refiero al matrimonio del muerto.

En el capítulo IX se cuenta que, José Gregorio Ardavin se encontraba gravemente enfermo y, antes de morir, quería casarse con la india Rosa, compañera de vida y madre de sus hijos. Entonces, manda a llamar a Apolonio Alcaraván, que era la autoridad competente para presenciar el matrimonio, quien en ese momento se encontraba conversando con Marcos Vargas, protagonista de la novela.

El asunto era urgente, porque si José Gregorio fallecía sin casarse, sus bienes pasarían a manos de un hermano de mala conducta que no se los merecía.

Pero cuando llegan a casa del enfermo, este había fallecido.

-Aquí no hay nada que hacer- dijo el funcionario.

-Espere un momento- replicó Marcos. -No es posible que por una simple fórmula se cometa esta injusticia. ¿Qué se hace amigo?

Contestó Apolonio: “El difunto tuvo la culpa, por no resolver antes su matrimonio con la India. Ahora la ley protege al legítimo heredero, que es el hermano, con todo lo maluco que sea. Ya eso es clavo pasado”.

-Todavía no- le dijo Marcos, hay un remedio: ¡Casar al muerto!

Y valiéndose de ciertas artimañas, y dos testigos que engañaron, diciéndoles que no podían acercarse al enfermo, porqué padecía un mal contagioso, casaron al difunto con la india Rosa, que apenas sabía escribir su nombre en el acta de matrimonio.

Palabras más, palabras menos, este es el episodio del matrimonio del muerto. He invitado a reflexionar sobre esta historia en mis clases de Derecho, y la mayoría de los estudiantes están de acuerdo en que Apolonio Alcaraván y Marcos Vargas hicieron lo correcto, porque ya conocían la voluntad del difunto.

Sin embargo, otros consideran que cometieron un delito al realizar un acto falso, y lo dos deberían estar presos. La cosa es más complicada de lo que parece. Ilustres representantes del pensamiento jurídico señalan que, cuando se deja de aplicar el derecho invocando la justicia en un caso particular, se comete una injusticia general, pues se viola el principio de la universalidad de las leyes.

El Estado debe velar porque las leyes se les apliquen a todos por igual, y si los funcionarios encargados de hacerlo no cumplen con ese deber, “favorecen” a quienes no le aplican la ley y son injustos con todos los demás.

Luce muy buena la actuación de Apolonio Alcaraván y Marcos Vargas al casar al muerto para que herede la esposa. Pero visto desde otra óptica, constituye una injusticia con las personas que en igual situación que la india Rosa se quedaron sin heredar, porque no tuvieron a un Marcos Vargas ni a un Apolonio Alcaraván, que hicieran la vista gorda ante el imperio de la ley.

Pero el asunto se enreda más, porque desacatar la ley invocando a la justicia, puede utilizarse para cosas buenas y para cosas malas.

En la novela, mientras Marcos Vargas buscaba a los testigos, Apolonio Alcaraván, que no era ningún santo, aprovechando el analfabetismo de la india Rosa, le hizo firmar un documento donde se hacía propietario de un lote de ganado que pastaba en la cercanía. Es decir, no salió tan bien la heredera, ganó la finca pero perdió el ganado.

Comencé este artículo citando a Bertrand Russell, quien justificaba que en ocasiones, por razones de justicia se puede desaplicar el derecho, ahora termino citando a José Ortega y Gasset que, en sus consideraciones sobre la crisis del Derecho, decía:

“A fuerza de hablar de justicia se ha aniquilado el Ius, el Derecho, porque no se ha respetado su esencia que es, la inexorabilidad y la invariabilidad”

Una polémica de ayer y hoy, donde siempre surgirán posiciones encontradas y opiniones diferentes. Y usted amable lector, ¿Cómo ve este problema? ¿Está de acuerdo con el matrimonio del muerto?.

7 vías constitucionales para salir de la crisis

Rosalinda Hernández, El Estímulo

José Vicente Haro, abogado constitucional explica cómo Venezuela puede salir de la crisis por mecanismos legales contemplados en la Constitución.

Abogado constitucionalista, José Vicente Haro.

Como un acto desesperado e inconstitucional que trata de arrebatar competencias a la Asamblea Nacional, -AN- calificó el abogado constitucionalista, José Vicente Haro la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ) de sustituir la voluntad del pueblo, sin percatarse que ante semejante pronunciamiento lo que logra es deslegitimarse como Poder.

Para el jurista enderezar el rumbo del país debe ser prioritario y ello se alcanza asumiendo un cambio democrático que está señalado en la Constitución Nacional.

Existen siete mecanismos expresados en la carta magna, para la transformación que Venezuela requiere,  aseguró  Haro, frente a “la peor situación política, económica y social que ha vivido el país desde la Independencia”.

-La renuncia presidencial-

Esta es la peor situación política, económica y social que ha vivido el país desde la Independencia”

Es un acto jurídico que puede solicitarse al presidente de la República a través de las vías institucionales, constitucionales y democráticas, a fin de favorecer un cambio pacífico de gobierno, dijo Haro.

La renuncia es un acto “personalísimo” y depende de la voluntad expresa del funcionario (el Presidente) que puede querer renunciar o no.

-El abandono del cargo-

Significa el abandono del ejercicio del poder, -la Presidencia de la República- sin que medie un acto formal, un acto por escrito o manifestación de voluntad. Algo parecido a lo que sucedió con Marcos Pérez Jiménez (1958), o lo que pasó en Perú con Alberto Fujimori cuando abandonó la Presidencia.

En este caso, el abandono del cargo produce la vacante absoluta en la Presidencia y se puede convocar a elecciones conforme lo establece la Constitución.

-La destitución del cargo-

La destitución del presidente de la República, está contemplada en el artículo 233 de la Constitución. Esta posibilidad se puede dar en virtud de las pruebas presentadas ante el -TSJ-, y a la opinión pública, en donde se ha tratado de comprobar que Nicolás Maduro tiene la nacionalidad colombiana, o no cumple con los requisitos establecidos por la Constitución en los artículos 41 y 227,(ser venezolano por nacimiento).

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Para Haro, se ve poco probable esta salida, recordando que  la sentencia de la Sala Constitucional del 7 de agosto del 2013, ya hizo un pronunciamiento “muy vago” del tema de la nacionalidad de Nicolás Maduro.

-El referendo revocatorio-

Es un tema que está siendo impulsado por varios factores de la oposición venezolana y se presenta como “muy atractivo”.

El revocatorio al mandato presidencial, está contemplado en los artículos 72 y 233 de la Constitución, y puede solicitarlo cualquier ciudadano o grupo político.

El referendo revocatorio del mandato presidencial puede ser convocado ya porque la mitad del periodo presidencial se cumplió el 10 de enero del 2016.

La resolución para convocar a un revocatorio, -detalló Haro- no solo exige la firma de los venezolanos sino también la huella y el respaldo del 20% de los electores inscritos en el registro civil y electoral, que da un aproximado de 3 millones 900 mil firmas y huellas.

Esas firmas y huellas para un referendo revocatorio no pueden ser recolectadas por los ciudadanos, solo lo puede hacer el Consejo Nacional Electoral, -CNE- en los puntos y lugares que designe a nivel nacional.

Una vez escogidas las fechas y puntos de recolección, también se escogerá a las personas encargadas de la recaudación de las firmas. El lapso para está recolección es de 3 días, “de no llegarse a recoger en este lapso, queda improcedente la convocatoria al referendo”, dijo el abogado.

Si el revocatorio se realiza dentro de los lapsos establecidos –antes del 10 de enero del 2017- el Presidente de la Asamblea Nacional asumiría temporalmente la Presidencia de la República, y el CNE convoca en el mes siguiente a unas elecciones presidenciales; pero si el referendo revocatorio se realiza luego del lapso establecido, sería el vicepresidente ejecutivo quien se encargue de la Presidencia por el tiempo que reste de mandato; es decir, hasta el 10 de enero del 2019, explicó Haro.

El referendo puede ser convocado por cualquier grupo de venezolanos, partidos políticos o la AN. Una vez concluida la recolección de firmas y la revisión de todas las firmas y huellas dentro de los 15 días siguientes a la recolección. El CNE verificará si se cuenta con el número requerido, para convocarlo dentro de los 90 días siguientes de la verificación.

Es necesario que un número mayor o igual de venezolanos que votó en las últimas elecciones presidenciales del 13 de abril del 2013, se pronuncien a favor de la revocación del mandato.

Es decir, se requiere más de 7 millones 580 mil votos para lograr que se revoque el mandato presidencial, si no se logran esa cantidad o más de votos, quedará sin efecto la revocación del mandato solicitado.

-Enjuiciamiento del presidente de la República-

Se requieren más de 7 millones 580 mil votos para lograr que se revoque el mandato presidencial

El artículo 233 de la Constitución Nacional, establece el enjuiciamiento presidencial, lo que originaría una vacante absoluta en el cargo y se activaría la convocatoria a unas elecciones presidenciales.

En el caso venezolano, no ha habido voluntad jurídica, ni política por parte del Ministerio Público, de hacer las investigaciones correspondientes a las distintas denuncias que cursan en contra del Jefe de Estado. Tampoco ha existido interés del TSJ de instar a la Fiscalía General de la República a que presente conclusiones sobre si debe o no admitirse una querella en contra del Presidente.

Es poco probable que por la vía del enjuiciamiento del Presidente de la República, pueda haber un cambio constitucional de gobierno en el país.

-La enmienda constitucional-

La enmienda está prevista en la Constitución. Permite suprimir, modificar o agregar uno o más artículos a la Carta Magna, que no alteren su principio y estructura fundamental.

El procedimiento a seguir para la discusión y aprobación de una enmienda constitucional, es el mismo que para los proyectos de Ley; es decir, el procedimiento de formación de las leyes a que se refiere el artículo 130 del reglamento de interior y de debates de la Asamblea Nacional, señaló Haro.

Para la aprobación de la enmienda, es necesario el consentimiento, por referendo, del pueblo, a través de un proceso que debe ser convocado por el CNE dentro del mes siguiente a la fecha de recibida por el órgano electoral, como lo establece la Constitución.

Una vez sea aprobada la enmienda -por la AN y el pueblo-, el presidente de la República tiene la obligación de promulgarla y publicarla en Gaceta Oficial, en un lapso de 10 días a partir de su recepción para su ejecútese. De negarse, la AN puede sancionarla según lo establece el artículo 216 constitucional.

Si el presidente en vez de promulgarla, envía la enmienda a la Sala Constitucional del TSJ para que se pronuncie sobre su constitucionalidad o no, ahí se corre de nuevo el riesgo que la Sala Constitucional en una sentencia que se consideraría “improcedente e inconstitucional”, declare que a pesar de ser votada por el pueblo está enmienda empezaría a surtir efecto a partir del 2019, explicó el constitucionalista.

“Desde el punto de vista jurídico debo manifestar de manera categórica que la Sala Constitucional del TSJ no tienen competencia, facultad, no tienen legitimidad, ni potestad para pronunciarse sobre una enmienda constitucional o pretender interpretarla en un sentido distinto al aprobado por el pueblo, es el pueblo quien tienen la última palabra”, resaltó Haro.

Luego de un proceso de votación ni el TSJ, ni el CNE, ni el Presidente de la República pueden cambiar la voluntad del soberano. De tal manera que de aprobarse la enmienda antes de enero del 2017, para diciembre del 2016, se debe estar llamando a unas elecciones presidenciales en el país.

-La reforma constitucional-

Para iniciar un proceso de reforma constitucional, se debe contar con la mitad más uno de los diputados, quórum que actualmente posee la bancada de oposición en la AN.

La reforma requiere tres discusiones: Una primera discusión –de aspectos generales- puede incluir el tema del recorte presidencial, entre otros. En la segunda discusión, se debate título por título y luego en el tercer debate, se hace artículo por artículo.

En caso de contar el bloque opositor con las dos terceras partes para la aprobación, la reforma sería sancionada y se remite al CNE para ser sometida a referéndum.

Luego de aprobada en el referéndum, será el Presidente de la República quien le da el ejecútese, según el artículo 346 de la Constitución. Si en 10 días el Presidente no la ha promulgado, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional le pondrá el ejecútese de Ley.

-La Asamblea Constituyente-

El TSJ al sustituir la voluntad del pueblo con semejante pronunciamiento, lo que logra es deslegitimarse como Poder

Está contemplada en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución.

Existen dos vías para su convocatoria; la primera, es a través del llamado que haga la Asamblea Nacional con las dos terceras partes de sus integrantes. El bloque opositor no cuenta con esas dos terceras partes.

La otra convocatoria la puede hacer el pueblo organizado, a través de la recolección de firmas en los lugares que se desee realizar. En este tipo de proceso constituyente, no aplican las normas establecidas por el CNE en materia de referendo revocatorio.

Sobre el tiempo de convocatoria y realización de una asamblea constituyente,        -explicó Haro- que para la constituyente del 1.999, los lapsos fueron extensos porque el mecanismo no estaba contemplado en la anterior Constitución (1961).

Afirmó el abogado constitucionalista que de todos los mecanismos analizados, la Asamblea Constituyente es el elemento constitucional y democrático para un cambio de gobierno, tomando en cuenta los resultados positivos que se pueden obtener.

Análisis del decreto de estado de excepción en varios municipios del estado Táchira

Abog. Juditas Delany Torrealba Dugarte

Con la entrada en vigencia, del Decreto 1950 sobre el estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia, Libertad y Rafael Urdaneta publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.194 de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 21 de agosto de 2015, finalmente en términos coloquiales “se hundió el botón de emergencia” que el gobierno oficial, desde la época de la Asamblea Nacional Constituyente, había considerado como un mecanismo extremo que debería contar con todas las garantías constitucionales y fundamentales que, como se señalaba, no habían sido respetadas en gobiernos anteriores siendo los estados de emergencia declarados con la Constitución de 1961 instrumentos potencialmente atentatorios y letales, ejemplificando siempre con el más representativo de todos acaecido los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como “EL CARACAZO”, que representaba la auténtica muestra de la declaratoria de un estado de excepción arbitrario cargado de medidas de altas policía, que había violado el derecho humano fundamental de la vida.

“Se está en presencia de un decreto que se fundamenta en “la mala fama” de una institución jurídica que, ejecutada en un plano de igualdad, transparencia y previsión, podría remediar situaciones anormales y de conflicto”.

Fue este factor que ante la discusión de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en el seno de la constituyente, se quiso redimensionar la figura que tan satanizada había sido en la Constitución Nacional de 1961, al eliminar “la suspensión sino solo hablar de restricción, argumentando que esta última era una limitación parcial mas no total como en el caso de suspender que era absoluto” y, por ende, se quiso tomar nuevos mecanismos que constituciones como la Española y de experiencia más cercana por la situación geopolítica ofrecía Colombia a través de su Constitución de 1991 y su famosa ley 137 de 1994 que, en muchos aspectos, la Constitución de 1999 y su posterior Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE) del año 2001 adoptaron como fuente de inspiración.

Dado que en opinión particular al ser Colombia un país con una historia de múltiples excepcionalidades aporta a nivel Iberoamericano una de las mejores normas sobre el tema, siendo una tendencia poco usual la existencia de leyes especializadas a nivel del Derecho Comparado, en vista que el Poder Ejecutivo en su contexto tradicional siempre ha considerado a los estados de excepción como situaciones impredecibles que la existencia de una ley especial que rija sus límites sería un piedra de tranca a las medidas que de excepción podrían ser tomadas, de allí que esta tendencia acogida por Venezuela convirtió a los estados de excepción en una figura prácticamente inaplicable por la responsabilidad y compromiso que ameritaba en aras de garantizar la seguridad, dignidad e integridad de los ciudadanos y demás pobladores.

“El decreto de estado de excepción no contiene medidas que se fundamenten en la seguridad de los ciudadanos”

Por ello, el intento de abrogar la Ley Orgánica de Estados de Excepción (LOEE) y cambiar el contenido consagrado en la Constitución de 1999 en la propuesta de reforma constitucional, buscaba hacer del estado de excepción un instrumento más accesible para el establecimiento de medidas. Sin embargo, la no aprobación de la reforma constitucional dejó inalterable la figura y la convirtió en una institución intocable.

Ante la existencia de figuras como estado de emergencia y alarma consagradas en Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres del 2001, en sus artículos 4 numerales 3 y 4, era flexible ante situaciones de desastres naturales o de índole similar, se recurriera a esta figura (disfrazando un estado de excepción) y no activar a los estados de excepción y sus tipos (alarma, emergencia económica, conmoción interior y exterior) por los lineamientos y medidas que la misma representaban; sin embargo, la situaciones de utilizar la figura del estado de excepción “disfrazado” desapareció y llevó finalmente a adoptar de manera directa a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

“El decreto no ofrece claridad sobre las normas extraordinarias que suspenden a las leyes ordinarias, en el marco de la restricción de las garantías constitucionales que deben ser aseguradoras de justicia y de equidad”.

Habría que preguntarse ¿El decreto de estados de excepción vigente desde el 21 de agosto del 2015, se desarrolla entre los límites constitucionales y legales permitidos en Venezuela?

Análisis crítico

Es un hecho notoriamente GRAVE que se omitió la mención de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE) en los artículos que señalan qué GARANTÍAS JAMÁS pueden ser restringidas, todo fundamentando en los artículos 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como:

1. La vida.
2. El reconocimiento a la personalidad jurídica.
3. La protección de la familia.
4. La igualdad ante la ley.
5. La nacionalidad.
6. La libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas.
7. La integridad personal física, psíquica y moral.
8. No ser sometido a esclavitud o servidumbre.
9. La libertad de pensamiento, conciencia y religión.
10. La legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales.
11. El debido proceso.
12. El amparo constitucional.
13. La participación, el sufragio y el acceso a la función pública.
14. La información.

“Hay un estado de incertidumbre y sobre todo de inseguridad jurídica, que a lo largo del decreto es palpable”.

Dado que aunque las garantías restringidas no enumeran a ninguna de las anteriores, no podía tampoco permitirse que en el ejercicio de restricción de otras garantías, estas se vulneraran haciendo énfasis en algunas de gran preponderancia en la situación en el eje fronterizo como protección a la familia, igualdad ante la ley, nacionalidad, integridad física, psíquica y moral; debido proceso e información.

Respecto a la nacionalidad, es un factor de suma importancia dado que todo aquello que se hiciera en detrimento de una nacionalidad, sin las debidas previsiones, podría considerarse una práctica xenofóbica.

“La vergonzosa redacción, motivación y aplicabilidad de este decreto, contiene lagunas y criterios genéricos”.

Es notorio destacar que el decreto fue anunciado el día viernes 21 de agosto del 2015 por alocución televisiva, pero su contenido finalmente fue conocido prácticamente 24 horas después entrando en vigencia sin haber conocido los pobladores, organismos públicos o ciudadanos residenciados y domiciliados en los respectivos municipios. Esta situación vulneró el DERECHO CONSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN, estipulado en el numeral 14 del artículo 7, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, “omitido” por el Poder Ejecutivo Nacional.

Sobre los considerandos

El Decreto 1.950 sobre estado de excepción, se conforma de 5 considerandos que llevan a exponer los motivos que acarrean la declaratoria de la figura mencionada.

En el primero, se habla que de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo, se presenta una amenaza compleja bajo la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas al paramilitarismo, narcotráfico y el contrabando de extracción que afectan la paz, la convivencia, y el acceso de bienes y servicios del pueblo venezolano.

“El responsable de la ejecución del decreto junto con el ministerio en materia de Interior, Justicia y Paz, así como con la delegación otorgada por el Presidente de la República, es el gobernador del estado Táchira”.

En el segundo considerando, se manifiesta que ante las prácticas delictivas se habían presentado en los puestos fronterizos hechos de violencia en contra de funcionarios y ciudadanos venezolanos, llegando al límite por medio de un ataque el día 19 de agosto de 2015 al sufrir funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ataque en el cumplimiento de sus funciones.

“El decreto contiene el deber de cooperación, que obliga a los habitantes de esos municipios a colaborar hasta en acciones extraordinarias”.

El tercer considerando habla de otros hechos delictivos como es el caso del tráfico de moneda venezolana, y contra los bienes adquiridos en contra de las divisas, así como el tráfico ilícito de mercancías producidas e importadas por Venezuela que ante su práctica afecta gravemente la economía de la nación.

“¿Cuáles parámetros del decreto garantizan un trato digno en los desalojos?”

En el cuarto considerando se hace mención al deber que tiene el Estado venezolano en defender y asegurar la vida digna de sus ciudadanos a través del enaltecimiento de fundamentos constitucionales para el goce de un ambiente pleno de estabilidad y tranquilidad.

“¿En el decreto se cumplen los extremos legales en materia de migración y extranjería, ante la presencia de extranjeros ilegales?”

Y, finalmente, en el último considerando se hace alusión a que ante la existencia de amenazas objetivas se disponen de los medios jurídicos para garantizar la máxima estabilidad de la República, mediante la restricción temporal de medidas para la tutela de los derechos y garantías del pueblo venezolano, estos son los motivos que constituyen a la vigencia de dicho estado de excepción.

Sobre los artículos del decreto de estado de excepción

Comentario artículo 1

Se hace mención sobre el tipo de estado de excepción, no menciona de manera literal su tipo, pero al citar el articulo 10, numeral 1, se refiere al ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA y hace alusión a medidas oportunas para atender la situación propiciada por el contrabando de extracción, la violencia delictiva acompañada y los delitos conexos; no obstante, ya se presentan en este artículo contradicciones dado que en el considerando se mencionaban otros hechos delictivos como el paramilitarismo y el narcotráfico. Y aunque hace mención al término “delitos conexos”, habría que preguntarse ¿acaso un decreto de emergencia económica es el mecanismo idóneo para atender factores vinculados a otro tipo de conductas?

“Son varias interrogantes que el decreto deja en el vacío jurídico y que cercenan la seguridad jurídica”.

Realmente en opinión particular la complejidad de la zona fronteriza con la presencia de pobladores extranjeros, algunos calificados de “desplazados”, “solicitantes de refugio”, “refugiados”, ciudadanos extranjeros en condición de transeúntes, o residentes, genera y hasta los famosos venezolanos “objetados” ante su dudosa condición de venezolanos, hacen que no hubiera sido un solo decreto de estado de excepción suficiente para el manejo de las circunstancias presentes ahí.

“¿Bajo cuáles criterios se puede justificar el desalojo?”.

Al contrario, debieron dictarse 3 decretos en los que estuviera presente la conmoción exterior ante la afectación que las medidas podían traer con Colombia; uno de conmoción interior ante las medidas que estaban generando los focos de violencia y delincuencia organizada; y, finalmente, el de emergencia económica.

Comentario artículo 2

Como consecuencia del decreto, en este artículo se señalan cuáles garantías son las que quedan restringidas; en este caso, se mencionan 6 consagradas en los artículos 4748505368 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Inviolabilidad del hogar doméstico, la inviolabilidad de las comunicaciones, libertad de tránsito, derecho de reunión, derecho de manifestar y la libertad a la actividad económica.

“El decreto es muy genérico, no define ni determina las condiciones que deban medirse en los temas de nacionalidad. Esto es un fuerte agravio porque podría enmarcarse en una práctica xenofóbica”.

De este modo se establecen en 6 numerales, en los que aparentemente estarían consagrados los lineamientos que deberían acogerse con ocasión, el estado de excepción.

“El decreto no describe cómo manejar el procedimiento de expulsión o deportación, en el estado de excepción”.

En el numeral 1, se menciona lo concerniente a la inspección y revisión por los organismos públicos del lugar, de habitación, estadía o reunión de personas naturales y, en el caso de las personas jurídicas (sociedades mercantiles, asociaciones u otro tipo figura), la misma tiene como finalidad llevar registros para ejecutar o investigar la perpetración de delitos o ilícitos administrativos, y enumera una serie actuaciones contra la vida, integridad libertad o patrimonio; así como ilicitudes relacionadas con afección de la paz, el orden público, la fe pública, el orden socioeconómico, la identidad, y orden migratorio y delitos conexos.

Habría que preguntar ¿un decreto de estados de excepción orientado a la emergencia económica, era la figura idónea para estipular la investigación de todo este tipo de delitos?

En opinión particular el decreto debió establecer cuáles delitos -con su tipo- iban a ser observados en estas investigaciones, dado que en el ejercicio ordinario del Debido Proceso, no podía en esta clase de estado de excepción limitarse en su totalidad la garantía que sobre otros tipos delictivos se tienen ante situaciones ordinarias.

“El decreto de estado de excepción, no establece la relación directa entre el problema económico y la aplicación de procedimientos atinentes a migración”.

Sobre la orden judicial existen aseveraciones importantes al respecto, dado que aun limitando dicha garantía, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción estipula que no se puede limitar en un estado de excepción (artículo 7) el debido proceso. Y debe recordarse que una de las fases del proceso penal es la fase de investigación. Aparentemente la restricción de una orden judicial, es atinente a la figura del debido proceso y, aunque se menciona en el último aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, hay que denotar si se hace énfasis en una norma procesal.

“Se ha debido permitir el ejercicio conjunto de la Defensoría del Pueblo y las demás organizaciones en materia de protección de derechos humanos (nacional e internacional), especialmente cuando detentan formación técnica ante situaciones de riesgo, pandemias y de extrema confusión”.

¿Se está haciendo alusión al debido proceso? Debe mencionarse que el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que deberá levantarse un acta correspondiente. Sin embargo, establece las excepciones para la aplicabilidad de la redacción de esta acta como es en el caso de impedir la perpetración o continuidad de un delito, o cuando se trate de personas que se persiguen para su aprehensión.

Pero habría que preguntarse ¿todas las condiciones de los municipios fronterizos estaban dadas para realizar dichas inspecciones, sin el cumplimiento de una orden judicial?

En el numeral 2, en lo que se refiere a la restricción del tránsito de bienes y mercancías, y ante la limitación del tránsito que aparentemente no fue una simple “restricción”, si no se orientó propiamente a la “suspensión” con el cierre de la frontera totalmente en los referidos municipios, la misma no es constitucional ni legal dado que menoscaba la finalidad de los estados de excepción consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y, por ende, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en el tema de requisición de equipajes y vehículos.

“Habría que evaluar si la Defensoría del Pueblo se encuentra capacitada para proteger los derechos de los deportados”.

Es notorio señalar que el decreto omitió mencionar los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que se refieren a las requisiciones, dado que el mismo es claro al señalar que debe haber una orden previa del Presidente de la República o de la autoridad, competente designada -dada por escrito- determinando la clase, cantidad de la prestación y expedirse una constancia inmediata a las personas, enfatizando que ante la terminación del estado de excepción los mismos serán devueltos sin perjuicio de las indemnizaciones pertinentes; y en caso de no poder restituir los bienes, los mismos serán pagados a su valor total con base al precio que tenían al momento de la requisición.

“Niños, adolescentes, ancianos, refugiados, personas con discapacidad y mujeres, -ante la ejecución del decreto- pueden verse en riesgo”.

Si esta situación no se cumple conforme a lo señalado, se está en presencia de actos confiscatorios que atentan de manera flagrante a la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En el numeral 3, se le otorga a los ministerios con materia de Defensa y de Justicia la posibilidad -mediante resolución conjunta- de establecer la restricción de transito de bienes y de personas en los municipios, así como el cumplimiento de determinados requisitos y la obligación de informar el cambio de domicilio o residencia, la salida de la República o el ingreso a ella, el traslado de bienes y pertenencias, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

“El decreto no indica quiénes son los defensores delegados, ni las materias a ser protegidas, en situaciones de vulnerabilidad”.

¿Pero habría que preguntarse cuáles requisitos son los exigidos? ¿Acaso no sea crea inseguridad jurídica no saber de manera certera el contenido de la resolución conjunta? Todos estos requisitos debieron ser estipulados en el decreto respectivo.

En el numeral 4, no se permiten las reuniones públicas sin la autorización del funcionario a quien se delega el presente decreto.

¿Cómo quedan garantías como la libertad de conciencia, pensamiento y religión, consagradas en el artículo 7, numeral 9 de la LOEE, si los habitantes de dichos municipios quisieran recurrir a los templos conforme a su creencia?

“El decreto excluye la labor de las organizaciones no gubernamentales, en la protección y defensa de los derechos humanos, ya que atribuye estrictamente esa protección y defensa a la Defensoría del Pueblo”.

¿Cómo quedan los Consejos Comunales o comunas que quieran reunirse de manera urgente, si al tener esta limitante no se les estaría vulnerando el Derecho a la participación que el artículo 7, numeral 13, que la LOEE estipula?

Aunado a esto, la titularidad del funcionario ejecutor del decreto recae en una multiplicidad de funcionarios quienes –ciertamente- crean una contradicción de funciones no determinadas con claridad, por el mismo decreto.

“En el decreto se debió establecer cómo iba a llevarse a cabo la coordinación entre las autoridades y cuáles medidas iban a ser adoptadas”.

En el numeral 5, el derecho a manifestar pacíficamente -y sin armas- solo podrá ejercerse previa autorización del funcionario, emitida a solicitud de los manifestantes con 15 días de anticipación a la fecha fijada; sin embargo, la libertad de pensamiento estipulada en la LOEE al tener que esperar tanto tiempo para su desenvolvimiento, se vería cercenada.

En el numeral 6, los ministerios con competencia en materia de comercio, junto con los ministerios con competencia en materia de alimentación, agricultura, tierras y salud, podrán establecer normas especiales para la disposición, traslado, almacenamiento, comercialización, distribución y producción de bienes esenciales o de primera necesidad, o regulaciones para su racionamiento, así como restringir el ejercicio de determinadas actividades económicas.

“El decreto debió incluir los montos así como el tipo de operaciones y transacciones a ser limitadas, tomando en cuenta que se sigue creando una gran incertidumbre al no tener realmente claras las limitaciones económicas de papel moneda en esos municipios”.

Al leer este numeral nuevamente, se observa que se cercena el derecho a la información porque ¿cuáles normas serán aplicadas? Ha debido enumerarse las acciones que se iban a limitar en su ejercicio, como actividad económica, tomando en cuenta que al generalizar a solo expresar “actividades económicas” denotaría estar en presencia propiamente en una “suspensión del ejercicio de la actividad económica”.

Comentario artículo 3

Destaca que el Presidente podrá dictar “otras medidas” de orden social, económico y político que estime conveniente ante las circunstancias de conformidad con los artículos 337338 y 339, para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Este artículo se torna ampliamente peligroso, tomando en cuenta que abre la posibilidad de declarar, teniendo como base el decreto, “otro tipo” de decretos que pueden ir creando medidas y estados de excepción continuados, siendo una forma de no cumplir con una de las características de los estados de excepción, como es propiamente la temporalidad, dado que se dice que el decreto de estados de excepción podría ser prácticamente derogado o dejado sin efectos, si se dictaran estos decretos que buscan establecer la normalidad.

Comentario artículo 4

El ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, podrá establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda de curso legal o efectivo.

También se podrán establecer restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, o restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país. Eso quiere decir que se limitan los montos de dinero a los que van a acceder los habitantes de estos municipios.

El decreto debió incluir los montos así como el tipo de operaciones y transacciones a ser limitadas, tomando en cuenta que se sigue creando una gran incertidumbre al no tener realmente claras las limitaciones económicas de papel moneda en esos municipios.

Comentario artículo 5

Llama poderosamente la atención el término “suspender”, dado que se entiende que no se permitirá el porte de armas. El término “prohibición” hubiera sido de mejor aplicabilidad, dado que si la suspensión de garantías “aparentemente” no es constitucional, el uso del término “suspensión” genera dudas. En el caso de armas orgánicas, son las que legamente portan los órganos de seguridad y de defensa.

Comentario artículo 6

Señala el deber de coordinación y ejecución de las autoridades competentes, para el mantenimiento de la paz social y el orden público, ante el despliegue de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) en vigencia desde julio del 2015, que busca atacar “El paramilitarismo y sus prácticas” a través de Zonas de Alto Impacto. Sin embargo, se debió establecer cómo iba a llevarse a cabo la referida coordinación y cuáles medidas iban a ser adoptadas.

Comentario artículo 7

El decreto excluye la labor de las organizaciones no gubernamentales, en la protección y defensa de los derechos humanos, ya que atribuye estrictamente la protección y defensa de los derechos humanos a la Defensoría del Pueblo y demás defensores delegados, pero no se indica quiénes son los defensores delegados, ni las materias a ser protegidas, puesto que en los referidos contextos hay individuos en situaciones de vulnerabilidad como niños y adolescentes, ancianos, refugiados, personas con discapacidad y mujeres, quienes ante la ejecución del decreto pueden verse en riesgo.

Se ha debido permitir el ejercicio conjunto de la Defensoría del Pueblo y las demás organizaciones en materia de protección de derechos humanos (nacional e internacional), especialmente cuando detentan formación técnica ante situaciones de riesgo, pandemias y de extrema confusión, circunstancia que habría que evaluar si la Defensoría del Pueblo se encuentra capacitada -de modo individual- para cumplir ese rol.

Comentario artículo 8

Acerca de los controles migratorios, es una muestra notoria que en el decreto hay visos claros de que el Servicio Administrativo de Migración y Extranjería (SAIME) establecerá mecanismos junto con otros organismos competentes, para que hubiera eficiencia es estos controles; no obstante, la poca explicación sobre las medidas y mecanismos usados se convierte en un mecanismo atentatorio conforme a la LEY DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN publicada en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 37944 de fecha 24 de marzo de 2004, que establece la necesidad de cumplir un procedimiento administrativo para la deportación o expulsión del Estado venezolano.

“El decreto abre la posibilidad de declarar “otro tipo” de medidas y estados de excepción continuados”.

El decreto de estado de excepción, no establece la relación directa entre el problema económico y la aplicación de procedimientos atinentes a migración. En el mismo sentido hay que tomar en cuenta que en materia de refugiados, asilados y solicitantes, también habría que medir el status legal de estas personas y que, por ende, en la revisión de esos controles migratorios debe tomarse en cuenta la garantía de los mismos.

“Ha debido enumerarse las acciones que se iban a limitar como actividad económica, tomando en cuenta que al generalizar a solo expresar “actividades económicas” denotaría estar en presencia propiamente en una “suspensión del ejercicio de la actividad económica”.

Este aspecto del decreto es muy genérico, no define ni determina las condiciones que deban medirse en los temas de nacionalidad, como garantía susceptible de limitación o restricción. Esto es un fuerte agravio porque podría enmarcarse en una práctica xenofóbica, sobre todo al no describirse cómo manejar el procedimiento de expulsión o deportación -en el estado de estado de excepción- dado que, aun existiendo acuerdos o no con Colombia en este ámbito, debió establecerse cuáles medidas iban a ser adoptadas en este tema.

Comentario artículo 9

Estipula que los órganos de seguridad ciudadana y policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, podrán desalojar las ocupaciones ilegales cuando se verifique que se encuentran en bienes públicos o bienes afectos a un servicio público en los municipios fronterizos.

La LOEE 2001 -o en el caso de la materia migratoria- al establecerse el referido desalojo debe tomarse en cuenta que la ley en materia de migración y extranjería del 2004, aparte que estipula un (1) da el derecho de trasladar los bienes adquiridos.

El decreto estipula que los procedimientos se cumplirán conforme al debido proceso, pero se vuelve a mencionar el artículo 7, numeral 11 de la LOEE, que menciona las garantías que no son susceptibles de restricción.

Con relación a la legalidad de la ocupación de viviendas por los extranjeros, ¿qué se define como ocupación ilegal en el caso de un ciudadano venezolano? ¿Bajo cuáles criterios se puede justificar el desalojo? ¿Los terrenos donde se encuentran las ocupaciones realmente son bienes públicos o afectos a un servicio público

Aunque se estipula la presencia del Ministerio Publico y la Defensoría del Pueblo ¿qué parámetros garantizan un trato digno en un desalojo? ¿Se cumplen los extremos legales en materia de migración y extranjería ante la presencia de extranjeros ilegales?

“La titularidad del funcionario ejecutor del decreto, recae en una multiplicidad de funcionarios quienes –ciertamente- crean una contradicción de funciones no determinadas con claridad”.

Son varias interrogantes que el decreto deja en el vacío jurídico y que cercenan la seguridad jurídica.

Comentario artículo 10

Señala el deber de coordinación y colaboración entre los poderes públicos, los órganos de seguridad, defensa y la policía administrativa, que trabajarán para el logro de las medidas en este decreto.

Sin embargo, se le atribuye al Ministerio Publico y a los tribunales penales la función de velar porque no se presenten actos de impunidad e injusticia en el ejercicio que les corresponda, conforme a sus atribuciones de ejecución del presente decreto, garantizando la ejecución estricta de la ley.

“Al suspender la garantía del derecho de reunión, ¿cómo quedan la libertad de conciencia, pensamiento y religión, si los habitantes de dichos municipios quisieran recurrir a los templos conforme a su creencia?”.

No obstante, es en este sentido que debería -en su referida condición- observar cabalmente los actos que los órganos de seguridad, defensa y fuerza armada ejecuten, porque la anuencia de los actos que pudieran generar responsabilidad también acarrearía responsabilidad conjunta.

Comentario artículo 11

Con la designación del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Táchira, como responsable de las acciones de índole estratégico militar que con ocasión a este decreto se ejecuten en coordinación del funcionario que se le delega la ejecución directa de este decreto, en este caso es el gobernador del estado Táchira, se ejercerán de forma unificada y coordinada las acciones de orden público y de seguridad ciudadana; es decir, todos los planes y lineamientos de seguridad y defensa emanan directamente del Comandante de la ZODI en el estado Táchira.

Comentario artículo 12

Indica el deber de cooperar conforme al artículo 17 de la LOEE. Al respecto, hay que decir que el artículo 18 de la LOEE señala que el incumplimiento al deber de colaboración de personas naturales y jurídicas, pueden acarrear sanciones de tipo penal o administrativo. Si el incumplimiento fuera por parte de los funcionarios públicos, podrán ser suspendidos de sus cargos. El deber de cooperación obliga a los habitantes y ciudadanos de esos municipios a colaborar hasta en acciones extraordinarias, sin perjuicio de la indemnización a que hubiere lugar. Es decir, los ciudadanos son obligados a este deber pleno.

Comentarios artículos 13 y 17

Se concatenan ambos artículos dado que en una suerte de error de técnica legislativa, se repite prácticamente que el responsable de la ejecución del decreto junto con el ministerio en materia de Interior, Justicia y Paz, así como con la delegación otorgada por el Presidente de la República, recae sobre el gobernador del estado Táchira.

Comentarios artículos 14 y 15

Se refieren a los controles; al ejercido por la Asamblea Nacional -denominado control político- y el que realiza la propia Sala Constitucional de oficio -denominado control jurisdiccional- teniendo en ambos casos 8 días para su pronunciamiento.

“Se está en presencia de actos confiscatorios que atentan de manera flagrante contra la Constitución”.

Debe tomarse en cuenta que en los artículos 26 y 31, respectivamente, se fundamentan los respectivos controles; no obstante, aunque fue omitido por el decreto existe de conformidad al artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción la posibilidad que los particulares durante los 5 primeros días del lapso establecido en el artículo 33 de la LOEE, consignar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los alegatos y elementos de convicción que sirvan para demostrar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del decreto que declare el estado de excepción, y que el máximo tribunal acuerde su prórroga o aumente el número de garantías restringidas.

Así mismo, no debe dejarse de lado los controles que internacionalmente puedan intentarse ante la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dado que con la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los únicos mecanismos que pueden activarse serían ante este tipo de organizaciones.

Comentarios artículos 16 y 18

Sobre la vigencia del decreto, al ser un estado de emergencia económica inicialmente tiene una duración de 60 días continuos, aspecto que si se calcula desde el 21 de agosto del 2015 tomando como fecha la Gaceta Oficial Extraordinaria, el decreto tendría una duración inicial hasta el 21 de octubre del 2015; y finalmente, hasta el 21 de diciembre del 2015 si el mismo fuera prorrogable.

Por último, el artículo 18 estableció que el mismo entrará en vigencia desde la fecha de publicación en Gaceta Oficial, y si la misma tiene como fecha 21 de agosto del 2015, esa es la fecha de su vigencia.

Consideraciones finales

Puedo afirmar que vergonzosamente la redacción, motivación y aplicabilidad de este decreto, no deja de tener las mismas lagunas y criterios genéricos que caracterizaban a los decretos anteriores a la vigencia de normativa constitucional vigente.

“A la terminación del estado de excepción, ¿los bienes retenidos serán devueltos a sus propietarios?”.

La omisión del artículo 7 de la LOEE, el criterio de dejar abierto y con discrecionalidad a los diversos órganos y entes de la Administración Pública y demás poderes públicos en las facultades otorgadas, la adopción de algunas medidas que no son descritas, la indirecta restricción de garantías no restringibles como el Debido Proceso, la nacionalidad, la participación y la comunicación, manifiestan expresamente que los esfuerzos realizados por el constituyente y el legislador de la LOEE en 1999 y 2001, respectivamente, se omiten creando un estado de incertidumbre y sobre todo de inseguridad jurídica, que a lo largo del decreto es palpable.

“¿Un decreto de estados de excepción orientado a la emergencia económica, era la figura idónea para investigar los delitos que señala el gobierno que ocurren en la frontera?”.

Aunque el artículo 21 de la LOEE manifiesta que “El decreto que declare el estado de excepción suspende temporalmente, en las leyes vigentes, los artículos incompatibles con las medidas dictadas en dicho decreto”, al no tener claro qué tipo de decreto es -porque tipificándose como de emergencia económica sus medidas se inclinan a otras clases constituyendo una situación compleja- no existe una total claridad sobre las nuevas normas extraordinarias que suspenden a las leyes ordinarias contrarias en el marco de la restricción de las garantías constitucionales, pero que deben ser aseguradoras de justicia y equidad.

“Debieron dictarse 3 decretos en los que estuviera presente la conmoción exterior ante la afectación que las medidas podían traer con Colombia; otro de conmoción interior ante las medidas que estaban generando los focos de violencia y delincuencia organizada; y, finalmente, el de emergencia económica”.

Por tanto, la LOEE en su rol de norma generadora de límites para la redacción del decreto, solo fue tomada en cuenta en lo que fue conveniente generando desconocimiento parcial de la misma, menguando la opción de crear un decreto de estado de excepción junto con medidas que se fundamentaran en la seguridad de los ciudadanos.

Se está en presencia de un decreto que se fundamenta en “la mala fama” de una institución jurídica que, ejecutada en un plano de igualdad, transparencia y previsión, podría remediar situaciones anormales y de conflicto.

LOS 10 ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE TRABAJO (RNET)

José Javier García P., PricewaterhouseCoopers

El 7 de mayo del 2015, fue publicado en Gaceta Oficial N° 40.655 la Resolución N° 9.108 referente al Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) establecido en el artículo 519 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadores, donde se regula lo siguiente:

1) Están obligadas a inscribirse en el RNET todas las entidades de trabajo públicas, privadas, de propiedad social y mixta dentro de los 120 días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución en Gaceta Oficial. Las entidades de trabajo que ya están inscritas en el Registro Nacional de Empresas y Establecimientos deberán ingresar al RNET y actualizar sus datos dentro de los 90 días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución en Gaceta Oficial.

2) Para obtener el Certificado Electrónico del Número de Identificación Laboral (NIL), la entidad de trabajo deberá inscribirse en el RNET llenando la planilla correspondiente en el portal web http://www.mppst.gob.ve.

3) Para poder inscribirse en el RNET la entidad de trabajo deberá estar inscrita previamente en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (“IVSS”), el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (“BANAVIH”) y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (“INCES”).

4) Las entidades de trabajo deberá suministrar los datos de las plantas, sucursales o agencias que posea, al momento de su registro en el RNET. Si el inicio de las operaciones de estos establecimientos es posterior al proceso de inscripción ante el RNET, la entidad de trabajo deberá cargar los datos correspondientes dentro de los 15 días hábiles siguientes al inicio de operaciones. Igualmente, están obligadas a actualizar cualquier modificación en la información suministrada originalmente en el RNET, llenando la Solicitud de “Actualización de Datos de la Entidad de Trabajo”.

5) Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la culminación de cada trimestre del año calendario, las entidades de trabajo privadas deberán suministrar información relativa al desarrollo del proceso social de trabajo, las condiciones de trabajo, de salud y seguridad laboral, así como los datos de seguridad social, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.

6) La constancia de solvencia laboral la otorgará el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo mediante certificación electrónica emanada por el RNET.

7) Los órganos, entes y empresas del Estado sólo podrán celebrar contratos, convenios o acuerdos y cualquier tipo de actuación de carácter legal, financiero o contractual con los Representantes Legales de las Entidades de Trabajo privadas inscritas y solventes en el RNET.

8) La solicitud de la solvencia laboral podrá ser realizada por la entidad de trabajo o por cualquier interesado, a través del RNET. La consulta de la condición de solvencia que posea la entidad de trabajo será de carácter público y de libre acceso por parte de los órganos, entes y empresas del Estado, así como por las instituciones que conforman el sistema financiero público.

9) Cuando el sistema del RNET haga constar la condición de insolvente, se generará como consecuencia automática la revocatoria del Certificado Electrónico de la Solvencia Laboral emitido con anterioridad. Se establece que la situación de insolvencia será generada cuando la entidad de trabajo:

a – Incumpla una Resolución del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo o cualquier otro acto o decisión dictada por éste en el ámbito de sus competencias;

b – Se niegue a cumplir efectivamente la providencia administrativa o cautelar de reenganche, restitución de la situación jurídica infringida y pago de salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir, así como cualquier otra orden o decisión que dicte la Inspectoría del Trabajo en el ámbito de sus competencias;

c – Desacate cualquier ordenamiento realizado por los funcionarios competentes en materia de supervisión, inspección y fiscalización del proceso social de trabajo y de la seguridad social;

d – Incumpla cualquier ordenamiento o requerimiento dictado por el IVSS, el Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laborales (INPSASEL), el INCES o el BANAVIH.

e – Incumpla una decisión de los tribunales con competencia en materia del trabajo o la seguridad social;

f – No efectúe oportunamente el pago de las cotizaciones y demás aportes al Sistema de Seguridad Social;

g – Menoscabe los derechos de libertad sindical, negociación colectiva voluntaria o de huelga;

h – Incurra en cualquier otra causal prevista en las leyes, reglamentos, decretos y demás actos administrativos de efectos generales.

10) La condición de solvencia laboral podrá ser consultada directamente en el portal web www.mppst.gob.ve. Cuando una persona que tenga información de que alguna entidad de trabajo esté bajo la condición de solvencia, haya incurrido en algún hecho o irregularidad que pudiera generar la condición de insolvencia, podrá notificarlo al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, a través de cualquiera de sus unidades o por medio electrónico mediante los correos que a tal fin se dispongan en el portal web.

Aquí el texto completo de la Resolución: http://wp.me/p2i0kq-ZF

RESOLUCIÓN Nº 9.108 QUE REGULA EL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE TRABAJO (RNET)

Gaceta Oficial Nº 40.655 del 7 de mayo de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 30 de marzo de 2015

204°, 156º y 16°

RESOLUCIÓN N° 9.108

El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo,

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS,

según Decretos Nros. 729 y 818 publicados en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela Nros. 40.330 y 40.401, respectivamente, de fechas 9 de enero de 2014 y 29 de abril de 2014, en su orden, en ejercicio de la competencias establecidas en los numerales 1, 3, 19 y 27 del Artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 500, numeral 1, y 520 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en concordancia con lo dispuesto en los Artículos 40 del Decreto N° 1.612 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional y 13, 30, 31, 38, 45 y 53, numeral 1, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos;

CONSIDERANDO

Que el pueblo venezolano, en revolución bolivariana, bajo la dirección de nuestro amado Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez Frías, mediante referéndum, reconoció con rango constitucional al trabajo como proceso social fundamental para alcanzar los fines esenciales del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia,

CONSIDERANDO

Que a partir de ese reconocimiento constitucional, el proceso social de trabajo deja de ser la estrategia para la acumulación de capital en manos de la burguesía y se constituye en la estrategia fundamental para consolidar la libertad, la independencia y la soberanía nacional como esencia de la Patria; alcanzar la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo,

CONSIDERANDO

Que es deber del pueblo constituido en Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, adoptar las medidas necesarias para la correcta aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, para proteger, estabilizar y desarrollar el proceso social de trabajo, en función de la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan las necesidades de la población, mediante la justa distribución de la riqueza,

CONSIDERANDO

Que el Artículo 519 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, prevé que el Ministerio del Poder Popular del Proceso Social de Trabajo tendrá un Registro Nacional de Entidades de Trabajo, para llevar los datos en materia de trabajo y de seguridad social de todas las entidades de trabajo del país, y en el cual se hará constar todo lo referente a las solvencias laborales,

CONSIDERANDO

Que la Solvencia Laboral constituye un requisito indispensable para que los órganos, entes y empresas del Estado puedan celebrar contratos, convenios o acuerdos y cualquier tipo de actuación de carácter legal, financiera o contractual con los Representantes Legales de las entidades de trabajo en función de la estabilidad y desarrollo del proceso social de trabajo,

CONSIDERANDO

Que la gestión pública está al servicio del pueblo y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, debe simplificar sus trámites administrativos desarrollando sistemas automatizados que optimicen los tiempos de respuestas, en función de garantizar la satisfacción de las necesidades sociales.

RESUELVE

REGULAR EL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE TRABAJO

TÍTULO I

DEL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE TRABAJO (RNET)

Registro Nacional de Entidades de Trabajo

Artículo 1. El Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), es de carácter obligatorio para todas las entidades de trabajo del país públicas, privadas, de propiedad social y mixta. En el registro se llevarán los datos en materia de proceso social de trabajo y de seguridad social, y se hará constar todo lo referente a las solvencias laborales.

El registro dependerá administrativamente de la Dirección de Registro Nacional de Entidades de Trabajo adscrita a la Dirección General del Despacho del Ministro o Ministra. El funcionamiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) se realizará en forma automatizada, tendrá carácter único, público y obligatorio, para la consolidación y concentración de los datos que en materia de proceso social de trabajo y de seguridad social aporten las entidades de trabajo del país, cuya información servirá de base para la constancia de solvencia o insolvencia laboral.

Ámbito de aplicación

Artículo 2. Todas las entidades de trabajo del país públicas, privadas, de propiedad social y mixta establecidas en el Artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, están obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET).

Registro

Artículo 3. A los fines de efectuar la inscripción en el Registro, la entidad de trabajo llenará la planilla electrónica correspondiente a través del sistema automatizado del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), la cual estará disponible en el portal web del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo http://www.mpppst.gob.ve a fin de obtener el Número de Identificación Laboral (NIL), que se emitirá a través de un Certificado Electrónico.

Requisitos

Artículo 4. Para efectuar la inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), la entidad de trabajo deberá estar previamente inscrita ante las instituciones del Sistema de Seguridad Social, a saber: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (BANAVIH). Igualmente, deberá suministrar todos los datos e información sobre el proceso social de trabajo y seguridad social que le sea requerida por el sistema automatizado. Adicionalmente, se requiere la previa inscripción de la entidad de trabajo ante el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).

Validación

Artículo 5. El Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), validará, de manera inmediata, a través del sistema de interoperabilidad con los órganos y entes del Estado, la información suministrada por la entidad de trabajo que solicite su inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET).

Número de Identificación Laboral (NIL)

Artículo 6. El sistema de Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) generará de manera automática el “Certificado Electrónico del Número de Identificación Laboral (NIL)”, luego de validada la información suministrada por las entidades de trabajo.

Agencias, plantas o sucursales

Artículo 7. En el caso de que la entidad de trabajo posea agencias, plantas o sucursales, deberá suministrar los datos e información de cada una de ellas al momento de su registro. Si el inicio de las operaciones de la agencia, planta o sucursal ocurre con posterioridad al proceso de inscripción ante el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), la entidad de trabajo deberá cargar los datos correspondientes dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al inicio de operaciones.

Actualización del registro

Artículo 8. Las entidades de trabajo están obligadas a actualizar cualquier modificación en la información suministrada originalmente en el sistema automatizado del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), llenando la Solicitud de “Actualización de Datos de la Entidad de Trabajo”.

Declaración trimestral

Artículo 9. Las entidades de trabajo privada, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la culminación de cada trimestre del año calendario, deberá suministrar la información relativa al desarrollo del proceso social de trabajo, a condiciones de trabajo, de salud y seguridad laboral, así como los datos de seguridad social, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.

 TÍTULO II

DE LA SOLVENCIA LABORAL

Solvencia Laboral

Artículo 10. La solvencia laboral es el cumplimiento por parte de las entidades de trabajo de todas sus obligaciones a favor de sus trabajadores y trabajadoras y con los organismos encargados de recaudar las cotizaciones asociadas a los regímenes prestacionales del Sistema de Seguridad Social, así como el acatamiento de las órdenes e instrucciones destinadas a la protección del proceso social de trabajo emanadas de los órganos o entes públicos que consta el Registro Nacional de Entidades de Trabajo. La constancia de solvencia laboral la otorgará el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo mediante certificación electrónica emanada del sistema del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET).

Obligatoriedad de la Solvencia Laboral

Artículo 11. Los órganos, entes y empresas del Estado sólo podrán celebrar contratos, convenios o acuerdos y cualquier tipo de actuación de carácter legal, financiero o contractual con los Representantes Legales de las Entidades de Trabajo privadas inscritas y solventes en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo.

Certificado Electrónico de la Solvencia Laboral

Artículo 12. La solicitud de constancia de solvencia laboral será realizada por la entidad de trabajo o cualquier interesado a través del sistema del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), el cual estará disponible en el portal web del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST): www.mpppst.oob.ve.

La consulta de la condición que posea la entidad de trabajo será de carácter público, y de libre acceso por parte de los órganos, entes y empresas del Estado, así como por las instituciones que conforman el sistema financiero público.

Estatus solvente

Artículo 13. El sistema del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), una vez verificado el estado de solvencia en materia de proceso social de trabajo y de seguridad social de la entidad de trabajo, lo hará constar mediante certificación electrónica.

Estatus insolvente

Artículo 14. El sistema del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), cuando verifique algún incumplimiento de las obligaciones derivadas del desarrollo del proceso social de trabajo, en materia de condiciones de participación en el proceso social de trabajo, de salud y de seguridad laboral, así como de seguridad social por parte de la entidad de trabajo privada, generará de manera automática el estatus de insolvente. El sistema Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), indicará en pantalla la situación por la cual está insolvente la entidad de trabajo privada.

Situación de Insolvencia

Artículo 15. La situación de insolvencia será generada cuando la entidad de trabajo:

a) Incumpla una Resolución del Ministro o Ministra del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo o cualquier otro acto o decisión dictada por éste o ésta en el ámbito de sus competencias;

b) Se niegue a cumplir efectivamente la providencia administrativa o cautelar de reenganche, restitución de la situación jurídica infringida y pago de salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir, así como cualquier otra orden o decisión que dicte la Inspectoría del Trabajo en el ámbito de sus competencias;

c) Desacate cualquier ordenamiento realizado por los funcionarios competentes en materia de supervisión, inspección y fiscalización del proceso social de trabajo y de la seguridad social;

d) Incumpla cualquier ordenamiento o requerimiento dictado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); el Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laborales (INPSASEL); el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES); y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIT), en el ámbito de sus competencias.

e) Incumpla una decisión de los tribunales con competencia en materia del trabajo o la seguridad social;

f) No efectúe oportunamente el pago de las cotizaciones y demás aportes al Sistema de Seguridad Social;

g) Menoscabe los derechos de libertad sindical, negociación colectiva voluntaria o de huelga.

h) Cuando la entidad de trabajo incurra en cualquier otra causal prevista en las leyes, reglamentos, decretos y demás actos administrativos de efecto generales.

Modificación del estatus de solvencia laboral

Artículo 16. El sistema del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), cuando haga constar la condición de insolvente, generará como consecuencia automática la revocatoria del Certificado Electrónico de la Solvencia Laboral emitido con anterioridad. El Ministro o Ministra del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo a solicitud de un órgano o ente del Ejecutivo Nacional, por razones de interés público nacional, garantía, estabilidad y desarrollo del proceso social de trabajo, podrá otorgar, de manera temporal y excepcional, una dispensa de la Solvencia Laboral a aquellas entidades de trabajo que se encuentren insolventes, en cuyo caso se establecerán compromisos para que en un plazo perentorio la entidad de trabajo regularice su situación de insolvencia. Tal situación se hará constar en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNLT).

Consulta de la solvencia laboral

Artículo 17. La condición de solvencia laboral podrá ser consultada directamente en el portal web www.mpppst.qob.ve. Cuando una persona tenga información de que alguna entidad de trabajo que esté bajo la condición de solvencia, haya incurrido en algún hecho o irregularidad que pudiera generar la condición de insolvencia podrá notificarlo al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, a través de cualquiera de sus unidades desconcentradas territorialmente o por medio electrónico mediante los correos que a tal fin se dispongan en el portal web.

Desacato en materia de supervisión e inspección del trabajo

Artículo 18. Cuando la entidad de trabajo desacate las órdenes impartidas por los funcionarios o funcionarias competentes en materia de supervisión, inspección y fiscalización, relativas al cumplimiento de obligaciones derivadas del proceso social de trabajo y de la seguridad social, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST), hará constar de inmediato la situación de insolvencia en el sistema de Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET).

Desacato a las decisiones

Artículo 19. Cuando la entidad de trabajo desacate cualquier decisión definitivamente firme emanada de los tribunales con competencia en materia del trabajo o seguridad social, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST), hará constar de inmediato la situación de insolvencia en el sistema de Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET).

Subsanación

Artículo 20. La entidad de trabajo deberá subsanar la situación de insolvencia, a los fines de hacer constar la situación de solvencia en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET). Contra la negativa de emisión del Certificado Electrónico de Solvencia Laboral, el afectado podrá interponer los recursos previstos en la legislación vigente.

TÍTULO III

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIA Y FINAL

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA

Las entidades de trabajo inscritas en el Registro Nacional de Empresas y Establecimientos (RNEE) de conformidad con la Resolución N° 8.100, del 29 de noviembre de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.064 del 4 de diciembre de 2012, deberán ingresar al Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) a objeto de actualizar sus datos dentro de un lapso de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la publicación de esta Resolución.

SEGUNDA

Las entidades de trabajo establecidas en el Artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, están obligadas a realizar su inscripción dentro de los ciento veinte (120) días hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución.

TERCERA

La presente Resolución no deroga la Resolución conjunta emanada de los Ministerios de Energía y Minas (hoy Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería) y del Trabajo Nros. 034 y 2.203, respectivamente, del 1° de marzo de 2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.411, de fecha 25 del mismo mes y año, mediante la cual se dispuso que el entonces Ministerio del Trabajo (hoy Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo) certificará mediante solvencia, el cumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas transportistas de hidrocarburos inflamables y combustibles, a los fines de que éstas puedan ejercer actividades o celebrar contratos con las empresas distribuidoras mayoristas.

CUARTA

Queda encargado de la ejecución de la presente Resolución el Director o Directora General del Despacho del Ministro o Ministra del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Se deroga la Resolución N° 4.524, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.402, del 21 de marzo 2006, con reforma parcial de acuerdo a la Resolución N° 8.100 del 29 de noviembre de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.064 del 4 de diciembre de 2012 y la Resolución N° 4.525 del 22 de marzo de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.403 del 22 de marzo de 2006.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS, MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Según decretos Nros. 729 y 818 de fechas 09/01/2014 y 29/04/2014, gacetas oficiales Nros. 40.330 y 40.401 de fechas 09/11I/2014 y 29/04/2014.

¿Pueden los gobernadores prohibir las colas para adquirir bienes?

José Ignacio Hernández, Prodavinci

Nuevamente las colas de consumidores, especialmente en los supermercados, han generado una respuesta legal: prohibir o restringir esas colas.

Según informaron algunos medios de comunicación, la gobernación del estado Falcón prohibió “colas nocturnas” en ese Estado, para evitar “vender el cupo en la cola”. Por su parte, la gobernación del estado Bolívar también prohibió las colas nocturnas en comercios que expenden alimentos.

La medida se fundamentó en que “buena parte de las personas que diariamente acuden a los comercios de alimentos son revendedores que compran lo que no necesitan para su consumo”.

La gobernación de Yaracuy, igualmente, prohibió pernoctar afuera de comercios, pues “la mayoría son personas que alteran el orden público, compran y luego revenden a precios especulativos”.

No he leído ninguno de los actos de las gobernaciones que establecen esta prohibición. Sin embargo, con lo hechos narrados en la prensa, puedo concluir que los gobernadores no pueden prohibir las colas de personas en establecimientos comerciales. Veamos.

  1. La cola y el libre tránsito. Las medidas comentadas afectan a los espacios públicos en los cuales están emplazados los comercios, como las calles. Pues bien, como son espacios públicos, todo ciudadano tiene derecho a transitar libremente en ellos. Es decir, hay un derecho de uso general sobre las calles y demás espacios públicos, que se extiende al derecho a permanecer en esos espacios, incluso, para hacer colas (aun cuando la cola sea por causas ajenas a las personas).

Luego, estas medidas de las gobernaciones están afectando el derecho ciudadano al libre tránsito. Además, también limitan —indirectamente— el derecho de acceso a bienes, dado que la prohibición de las colas se fundamenta -como vimos- en la necesidad de limitar el consumo para evitar conductas consideradas ilícitas, como la “reventa”.

Esto último es además indebido. Al eliminar las colas nocturnas para prevenir la realización de ilícitos, se está afectando a quienes legítimamente intentan adquirir bienes.

  1. Las gobernaciones no pueden limitar derechos fundamentales, salvo norma Legal habilitante. Las gobernaciones dictan actos administrativos que tienen un rango infra legal. Por ello, la prohibición de colas estaría contenida en actos administrativos. Sin embargo, las gobernaciones no pueden dictar actos que limiten derechos fundamentales,  como la libertad de tránsito, pues esas limitaciones solo pueden estar establecidas en la Ley.

Lo que debemos preguntarnos entonces es si los Estados pueden tener Leyes que permitan prohibir colas de consumidores para evitar ilícitos.

  1. Los estados no tienen competencia en materia de protección al consumidor. Ni siquiera mediante Ley podrían los Estados prohibir hacer colas como medida para evitar ilícitos, pues los Estados no tienen competencia para regular el consumo.

En efecto, según la Constitución, la regulación del consumidor es competencia del Poder Nacional (artículo 156). Con lo cual, la regulación de las colas de consumidores sólo podría ser acordada por el Poder Nacional, tanto más cuando se trata de la limitación al derecho al libre tránsito.

Con lo cual, ni siquiera mediante Ley podrían las gobernaciones regular las colas de consumidores, pues esa materia es competencia del Poder Nacional.

  1. Las colas y el orden público. Asunto del todo distinto es que las colas de consumidores puedan alterar el orden público, por ejemplo, con ruidos molestos o afectando el tránsito. En ese caso, sin embargo, no serían los Estados quienes podrían intervenir sino los Municipios, al tratarse de un asunto propio de la vida local.

Pero nótese que no se trata de prohibir las colas para evitar ilícitos económicos, sino de regular situaciones concretas de posible alteración del orden público.

  1. Atendiendo a las consecuencias y no a las causas. Más allá de lo antes dicho, este tipo de medidas ratifica que la atención de ciertas políticas suele colocarse en las consecuencias —las colas— y no en las causas —las restricciones a la oferta de bienes, como los alimentos. Y como no se identifica adecuadamente esa causa, entonces, se adoptan medidas que paradójicamente agravan las condiciones que causan colas, lo que terminará generando más colas.

Pues si se prohíbe hacer colas de noche —lo que es inconstitucional, según lo visto— entonces los consumidores tendrán que hacer más colas de día.

Hay que tomar en cuenta, como explica el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que la cola es un mecanismo de racionamiento del consumo, pues difiere en el tiempo el acceso a los bienes. La cola, además, incrementa el costo de adquisición del bien por el tiempo invertido en ello.

Con lo cual, estas medidas de las gobernaciones lo que terminan es racionando el consumo, al obligar a las personas a hacer cola, únicamente, de día, incrementando todavía más el costo de adquisición.

Con ello se ignora que el problema no son las colas, sino la restricción del consumo como consecuencia de erradas políticas públicas, como ha explicado Angel Alayón.

Y prohibir las colas nocturnas es, simplemente, parte del problema que genera esas colas.