¿Las nuevas sentencias del TSJ restablecen el orden constitucional en Venezuela?

José Ignacio Hernández, Prodavinci

Pocas horas después de que en la madrugada del 1 de abril el Consejo de Defensa de la Nación “exhortara” a la Sala Constitucional a “revisar” las sentencias Nro. 155 y 156, la Sala cumplió el exhorto, según anuncian medios de comunicación.

¿Implica esto que se restableció el orden constitucional en Venezuela? Todo lo contrario.

Como las sentencias no han sido publicadas, sino solo sus reseñas en la página del TSJ, me permito efectuar algunas consideraciones preliminares y puntuales.

A) El Consejo de Defensa de la Nación, dominado por el gobierno, no tiene atribuciones para solicitar a la Sala Constitucional la revisión de sus sentencias. En realidad, ningún órgano puede hacer eso pues, en teoría, la Sala Constitucional es autónoma. Con lo cual, todo este nuevo episodio de la crisis venezolana se origina con una nueva violación a la Constitución.

B) Al haber cumplido diligentemente el “exhorto”, la Sala Constitucional pone en evidencia que sigue instrucciones o “exhortos” del Gobierno, ahora, a través del Consejo.

La ausencia de separación de poderes queda, en este sentido, aún más en evidencia.

C) Con sus “aclaratorias”, la Sala Constitucional violó el Artículo 252 del Código de Procedimiento Civil: después de dictada la sentencia, ésta no podrá ser revocada ni reformada. Y cualquier aclaratoria debe ser solicitada el día de la publicación de la sentencia o al día siguiente. Lo que obviamente no pasó aquí, pues la Sala aclaró de “oficio” sus sentencias para cambiarlas.

Basta leer la jurisprudencia de la Sala para ver cómo ella misma ha reiterado que no puede modificar sus sentencias.

D) Según leo en los medios, lo que la Sala hizo fue “suprimir” algunos párrafos de las citadas sentencias.  En el caso de la sentencia Nro. 155, se “suprimió” lo relativo a la inmunidad parlamentaria y a las facultades extraordinarias del Presidente para cambiar Leyes. En la sentencia Nro. 156, se “aclaro”  lo que la Sala Constitucional quiso decir al “asumir” las funciones de la Asamblea.

Ninguna de esas supresiones y aclaratorias modifica la situación actual.

En efecto, en cuanto a la inmunidad parlamentaria, la sentencia Nro. 155 lo que había hecho era ratificar la realidad actual, esto es, que la inmunidad parlamentaria prevista en el Artículo 200 de la Constitución ha sido desconocida, como ya comente aquí en Prodavinci. Además, ya la Sala ha calificado supuestos delitos cometidos por los Diputados ordenando abrir investigaciones penales, todo ello en contra del Artículo 200.

En cuanto a las “facultades extraordinarias” del Presidente, la sentencia, nuevamente, lo que hizo fue ratificar lo que es una realidad: ya el Presidente ha ejercido “facultades extraordinarias” en contra de la Constitución con el “permiso” de la Sala, por ejemplo, dictando la Ley de presupuesto, como también expliqué aquí en Prodavinci.

Finalmente, y aun cuando no sé sabe qué “aclaró” la Sala en relación con el ejercicio de las funciones de la Asamblea, nuevamente, lo que hizo la sentencia Nro. 156 fue poner en blanco y negro lo que era ya una realidad:

la Sala Constitucional ha usurpado funciones de la Asamblea, por ejemplo, designando a rectores del Consejo Nacional Electoral o permitiendo al Tribunal Supremo de Justicia recibir la memoria y cuenta de los Ministros.

De manera tal que estas aclaratorias no cambian nada.

No lo hacen, pues la ruptura del orden constitucional en Venezuela no fue causada por esas sentencias, sino que fue resultado de un largo proceso que arrancó en 2015. Como se diría en criollo, esas sentencias fueron las gotas que derramaron el vaso. Pero el vaso ya estaba lleno.

E) ¿Cambia en algo esas aclaratorias las declaraciones de la Fiscal? Para nada. De hecho, podrían ser interpretadas como un reconocimiento de que, en efecto, las sentencias Nro. 155 y 156 –como muchas otras sentencias más– violaron la Constitución y tuvieron que ser enmendadas. Con lo cual,

la Fiscalía sigue teniendo elementos para iniciar las investigaciones por lo que consideró como ruptura del orden constitucional.

José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y Profesor de la UCV y UCAB.

Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Habló la jueza Mariela Casado: “Quiero que la ministra Varela me explique por qué mi hermana está muerta y Wilmito en la playa”

Redacción Runrun.es

Jueces, ministros, un  gobernador y un ex director del Sebin formarían parte de la red de conexiones de “Wilmito” con el chavismo. Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del estado Bolívar, a quien el pran mandó a matar en el 2010, habló desde el exilio

“Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera”, dijo luego de conocer que el pran quien planificó el sicariato en el que fue asesinada por error su hermana María Gabriela Casado, se encuentra en libertad por un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada

“Él no es un delincuente cualquiera, él es un asesino nato y sanguinario”, fue lo primero que dijo sobre “Wilmito”, la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del Estado Bolívar, al responder el teléfono desde cualquier país del mundo.

Ella lo sabe bien, lo conoció, lo vio convertirse en pran de la cárcel de Vista Hermosa, fue testigo de cómo arrodilló al sistema de judicial, junto a su familia vivió en carne propia el impacto de las balas del Wilmer José Brizuela Vera, y lo sigue padeciendo siete años después cada semana, cuando acude a terapia con un sicólogo.

En el 2010 tuvo que dejar el país después del asesinato de su hermana, María Gabriela Casado, para huir del alcance de Brizuela Vera, su verdugo, y proteger a sus hijos. No tenía opciones, su condición de máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar no le proporcionaba ninguna seguridad.

Así lo entendió unos días después del homicidio, cuando un amigo criminólogo la llevó a Caracas a hablar con el comisario Wilmer Flores Trosel, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en ese entonces.

Doctora le recomiendo que se vaya del país. Yo… el Estado no le puede garantizar su seguridad”, le confesó Flores Trosel en una mezcla de preocupación y honestidad.

El jefe policial le confió, además, que meses antes había recibido en su despacho de la avenida Urdaneta a “Wilmito” -para ese momento prófugo de la justicia-. Llegó en compañía de la dirigente chavista y líder de los círculos bolivarianos, Lina Ron.

Para ese momento, junio del 2010, Hugo Chávez era el Presidente de la República, y Tareck El Aissami era el ministro de Relaciones Interiores y Justicia. Ambos se comunicaron telefónicamente con Casado y le ofrecieron la posibilidad de refugiarse en una embajada con un cargo administrativo. Tampoco ellos se arriesgaron a comprometer al Estado garantizando la seguridad de una jueza.

Un pran con línea directa con la gobernación de Bolívar

Mariela Casado conoció a “Wilmito” en el 2006 cuando ella era jueza de la corte de apelaciones y él cumplía condena por el secuestro de un empresario de Ciudad Bolívar.

“Estaba preso desde el 2005 y ya había sido condenado antes por porte ilícito de armas. La condena por el secuestro se dio en el 2006 y yo fui la juez ponente que ratificó la sentencia de 10 años, eso quiere decir que le correspondía salir en el 2015 por ese caso”, explicó.

“Desde 2006 se hizo pran. No se conocía esa figura en Venezuela. Antes de eso el Estado tenía control en los penales. Fui juez de primera instancia y visité centros de reclusión, como Tocuyito. Y se podía entrar y hacer requisas. A finales de ese año “Wilmito” dijo en una reunión ante autoridades de seguridad de la región: <no voy a entregar las armas porque las armas son las que me dan a mi el poder>”, relató la ex jueza.

Recordó que hasta ese momento el líder de Vista Hermosa era Oswaldo Martínez Ojeda, el jefe de la primera megabanda que hubo en el país, dedicada al robo de blindados en todo el territorio nacional y a quien se le imputa el asesinato de más de una docena de funcionarios de cuerpos de seguridad. “Él era la autoridad ahí, un hombre también sanguinario que infundía terror. Pero a este no le gustaba la visibilidad, como sí le gustaba a Brizuela”, comentó Casado.

A Martínez Ojeda lo trasladan a Carabobo y así comenzó el pranato de “Wilmito”. La ex jueza recuerda que:

“Desde ese momento no se pudo entrar más al penal de Vista Hermosa. Se convirtió en un búnker. Los alguaciles no podían entregar boletas de excarcelación o traslado. Ya habían sacado al personal penitenciario de las instalaciones. Los funcionarios de prisiones tenían que despachar desde un toldo que colocaron afuera de la cárcel”.

–Estaban en la calle, trabajando en la calle, todo el mundo los veía, todo el mundo lo sabía ¿y nadie, ninguna autoridad hacía nada?

–No, nada. Hay oficios del comandante de la GNB del destacamento de la cárcel donde decía que no sabía qué hacer con el Wilmito, que salía y entraba y que con el cuento de los juegos deportivos salía y se quedaba. Iba al bingo Calipso, donde -por cierto- escondieron los carros que usaron para matar a mi hermana.

Mariela Casado recuerda que en su condición de presidenta del Circuito Judicial enviaba al TSJ, al MRIJ y al destacamento de la GNB informes sobre las fiestas que programaba el pran en Vista Hermosa y nadie respondía.

Según el relato de quien fue la máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar, luego ocurrieron una serie de hechos irregulares. “Se hacían reuniones en el comando de la Guardia Nacional y ya se comenzaban a manejar los intereses del pran”.

–¿Puede explicarse mejor, cómo se manejaban los intereses de Brizuela?

–En las reuniones sobre las políticas de seguridad de la región se hablaba de las exigencias de “Wilmito”. Incluso había una persona que era un enlace entre la gobernación y la cárcel, que solo se entrevistaba con “Wilmito”. La relación, supongo, empieza por tener a un tipo que mantuviera el control y evitara las huelgas en la cárcel. La GN temía tomar alguna decisión que molestara al pran.

¿Enlace de la gobernación? ¿Quién era el gobernador?

–Rangel Gómez (Francisco). Siempre ha sido Rangel Gómez. Pero incluso, ya después el pran no le permitió entrar más a la cárcel al representante de la gobernación.

A estas demostraciones de poder le siguieron las fiestas en el penal, la presencia de grupos musicales y la apertura de un restaurante. “Desde cosas insignificantes como esas hasta permitir o no el ingreso, salida y traslados de reclusos. Pero uno de los hechos más escandalosos fue la fuga de los asesinos de Carolina Di Lucca. Todo el mundo en Bolívar sabe que se fueron por la puerta caminando”, aseguró Casado.

Carolina Di Lucca era hija del coronel Roberto Di Lucca, jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones N5, de Bolívar, y fue asesinada en mayo de 2006 en venganza porque su padre decomisó 2.700 kilos de cocaína a un grupo delictivo integrado por miembros del ELN y el hampa común.

Chávez lamentó el asesinato en una cadena, casi todos los responsables fueron detenidos, pero poco después lograron fugarse de cárceles de Bolívar. Al militar lo sacaron del país y lo enviaron a la embajada de Guyana.

“No te puedo hablar de justicia porque es una palabra que se perdió, con esa fuga se perdió. El director del internado decía que no podía ir en contra de las políticas de Brizuela. Al Estado nunca le ha interesado lo que tiene que ver con los centros penitenciarios”, dijo la ex jueza.

Jefe del Sebin, jueces y alguaciles en el círculo de “Wilmito”

María Gabriela Casado, profesora de la Universidad de Oriente, de 37 años de edad, fue asesinada el 17 de junio del 2010 por varios sicarios que le efectuaron tres disparos. “La muerte de mi hermana fue la destrucción de su vida y de todos nosotros. Yo llevo un puñal en mi espalda, porque nunca se me va a quitar de encima saber que ese era mi lugar y no el de ella”, dice la ex jueza.

Por el sicariato de Casado fueron imputadas 11 personas, entre ellas Roisy Wilmary Brizuela Macuare, hermana de “Wilmito” y Reinaldo José Figarella Zambrano. “Ella, la hermana de Wilmito, tenía una relación sentimental con Juan Carlos Figarella Díaz, diputado a la Asamblea Legislativa del estado Bolívar por el PSUV, que los protegía”, explicó Mariela Casado.

El diputado Figarella Díaz, quien también fue alcalde del municipio Sucre del estado Bolívar, fue asesinado en abril del 2012, en un supuesto intento de robo.

Otro de los imputados por su participación en el crimen fue Rafael Ventura Pérez Ytao, quien se desempeñaba como alguacil del circuito judicial penal de Bolívar. En la investigación se estableció que entre el 19 de junio (dos días después del homicidio) y el 25 de julio hubo 19 llamadas entre los teléfonos de Pérez Ytao y “Wilmito”, la mayoría coincidía con las fechas de las audiencias de los imputados por el homicidio.

El rastreo de llamadas fue también lo que permitió a los investigadores del Cicpc establecer la autoría intelectual de Wilmer Brizuela en el sicariato (delito establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada). Para ese momento el pran se encontraba recluido en la mínima de Tocuyito, en Carabobo, pues en el 2009 se vio involucrado en una presunta fuga.

En la revisión de los números telefónicos de los que disponía el pran para la fecha, no solo se encontró el cruce de llamadas con los responsables del sicariato. “También había una llamada del comisario (Luis Enrique) Hernández Sanguino, director del Sebin en Bolívar”.

–¿El director del Sebin llamaba al pran por teléfono?

–Sí, lo llamó el mismo día del asesinato de mi hermana. Primero me llamó a mí para darme el pésame, porque yo no estaba en Ciudad Bolívar ese día, y después se comunicó con Brizuela. Yo supongo que para confirmarle que se habían equivocado y que yo estaba viva. La fiscalía determinó este recorrido telefónico.

–¿Y qué pasó después, se comprobó si había relación entre el comisario Hernández Sanguino y el pran?

–Eso se quedó así. Al comisario lo mataron un tiempo después.

El comisario Luis Enrique Hernández Sanguino fue asesinado en diciembre de 2013. Su cuerpo fue localizado con varios impactos de bala en un sector de Parque Caiza, luego de permanecer desaparecido durante 16 días. Las autoridades nunca informaron de su desaparición.

El funcionario había dejado el Sebin y se desempeñaba como jefe de Seguridad del Banco de Venezuela.

–Además del comisario, y el alguacil ¿consiguieron alguna otra vinculación telefónica entre “Wilmito” y funcionarios del Estado?

–Hay un juez que sigue activo en Bolívar. El día anterior al asesinato de mi hermana y el mismo día del crimen uno de los imputados por el homicidio se comunicó con él.

Mariela Casado también describió como sospechoso que dos días antes del asesinato (el 15 de junio de 2010) un juez de ejecución otorgó la libertad al autor material del sicariato, Luis Ramón Acosta Vriggs. “Además por el homicidio nunca fue imputado un hombre apodado “El Ciego”, que estuvo entre los atacantes de mi hermana y controla la minería en El Callao y Tumeremo”, agregó.

“Allí vine a darme cuenta de que la corrupción no se entiende como un acto que conlleva sangre. Creen que es solo recibir dinero. Yo decía cada quien con su conciencia. Y pensaba: ‘a mí no me iba a pasar nada, porque yo estoy dando ejemplo’. Conmigo no hay corrupción, pero no, resulta que casi todos mis compañeros estaban involucrados en corrupción y yo era un estorbo”.

Lo vieron en Ciudad Bolívar en los días de los saqueos

En enero de 2014, Brizuela fue condenado finalmente a 14 años y 10 meses de prisión por los delitos de cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir. Todos referidos al asesinato de Mariela Casado, ocurrido en 2010.

Aunque le asignaron como sitio de reclusión la cárcel de Vista Hermosa, el pran permaneció en Tocuyito, estado Carabobo.

En diciembre de 2015, “Wilmito” acudió a un torneo de rugby en el marco del proyecto Alcatraz de la Hacienda Santa Teresa, como parte de la delegación que representaba al Internado Judicial de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón. Aunque no jugó, era el líder del equipo.

–¿Cómo se enteró de que Brizuela estaba en libertad?

–Algunos familiares y amigos me llamaron en los días de los saqueos en Ciudad Bolívar (entre el 16 y el 18 de diciembre de 2016) y me dijeron: “lo soltaron y está aquí”. Incluso pensé que se lo habían llevado para allá para ayudarlos a controlar los saqueos.

Un abogado amigo de Casado pudo verificar que la juez de ejecución del estado Carabobo no había otorgado ningún beneficio a “Wilmito”, ni tenía conocimiento de que estuviera en libertad.

Sin embargo, un documento que circuló en las redes sociales, con el título de acta de traslado, confirma que el domingo 18 de diciembre de 2016, Wilmer Brizuela recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada, que otorga la ministro de Servicio Penitenciario. Esta medida de libertad condicional autorizaba su traslado al centro de régimen especial Simón Bolívar, ubicado en Caracas. Pero considerando el poder del pran, no es descabellado que su destino hubiera sido su tierra natal: el estado Bolívar.

No obstante, Brizuela no tenía la opción de optar a un Régimen de Confianza Tutelado por su condición de reincidente en prisión y por estar sentenciado por un delito (homicidio) con excepciones para el otorgamiento de beneficios. En su caso se violaron los artículos 162, 482 y 488 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp)

Además el pran podría haber desacatado la condición de permanecer en centro de reclusión especial en El Paraíso, Caracas, pues además de ser visto en Ciudad Bolívar –a 589 kilómetros de la capital de Venezuela– también habría sido víctima de un incidente ocurrido en Playa Parguito, en la isla de Margarita.

Funcionarios de Protección Civil informaron que un hombre identificado como Wilmer José Brizuela Vera fue herido durante un atentado, junto a tres miembros de su familia el sábado 18 de febrero de 2017 en Margarita. Cuatro días después funcionarios del ministerio de Servicio Penitenciario desmintieron el hecho filtrando información extraoficial a algunos periodistas.

–¿Qué sintió usted cuando confirmó que la ministra Iris Varela le había otorgado un beneficio a Brizuela y éste se encontraba en las playas de Margarita?

–Lo que quiero es que la ministra, el Estado, nos expliquen a mi familia y a mí por qué mi hermana está muerta y “Wilmito” está en la playa vacacionando. Mi hermana era una persona valiosa, una docente talentosa, sobreviviente de cáncer, que amaba la vida.

La ex jueza recuerda que sus dos hijos presenciaron el asesinato de su tía y hasta hoy arrastran secuelas sicológicas de esa experiencia. “Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera. Yo era una juez y hoy no soy nadie. Además me obligaron a irme de mi tierra porque no hay quien nos garantice la vida a mí y a mis hijos”.

A pesar de lo ocurrido, Mariela Casado dice que no quiere ser tratada como una víctima. “No me gusta el término víctima. Lo que se conoce como víctima en el derecho, en Venezuela es nada. Porque si “Wilmito” anda en la calle y a “El Ciego” no lo han aprehendido, entonces nosotros, y mi hermana, no tenemos derechos”, aseguró la ex jueza de 57 años.

–¿Cuál es la razón por la que Brizuela la manda a matar?

–Después de la fuga, en 2009, “Wilmito” se entrega en Caracas y allí un tribunal de control le asigna como sitio de reclusión la cárcel de Tocuyito, pero no se pronuncia sobre la fuga. Pero su causa seguía en Bolívar.

En abril del 2010 a él lo trasladan a Ciudad Bolívar para la audiencia y el juez le dicta una medida privativa por la fuga y mantiene como sitio de reclusión Tocuyito, en Carabobo. Eso lo enfureció, porque él quería volver a Vista Hermosa. Al salir de la audiencia comenzó a gritar: “Maldita la Casado, me las va a pagar,” y también amenazó al juez. En junio ocurrió el atentado donde muere mi hermana.

La ex presidenta del Circuito Judicial recuerda que hubo protestas y huelgas en su contra, además de disparos contra la sede del Palacio de Justicia en esa ocasión. Ya en 2006, Casado le había negado un beneficio procesal a Brizuela.

“Aunque yo había decidido inhibirme en las decisiones que tuvieran que ver con Brizuela, en todas las reuniones de seguridad de la región yo insistía en que era inaceptable que un preso de 25 años tuviera arrodillado a un estado. Ponía calcomanías a los carros para el cobro de vacuna, salía y entraba. Estoy segura que de allí salía la información para él”, explicó Casado.

Lea también: “Wilmito” sentenciado por sicariato, secuestro y robo de blindado recibió beneficio de Iris Varela

–¿Usted tiene idea de quién protegía a Brizuela dentro del Gobierno?

–El Ministerio de Relaciones Interiores y la Gobernación de Bolívar. Fíjate que cuando se fugan los implicados en el caso Di Lucca, el ministro Pedro Carreño y el viceministro Tareck El Aissami entraron solos al internado a hablar con “Wilmito”. “Wilmito”, así como Yonny Bolívar (asesino de Adriana Urquiola), a quien conocí cuando estaba en El Dorado, tenían acceso directo a los ministros.

Pran “Wilmito” tiene su orquesta de salsa, que opera desde la cárcel http://elinformadorweb.net/colmo-pran-wilmito-orquesta-salsa-opera-desde-la-carcel/

“Nunca perdonaré a los corruptos. A los jueces que se venden por un viaje. No entienden que son tan asesinos como ¨Wilmito¨. Mi hermana era la mitad de mi vida, a mi me quitaron la mitad de mi vida”, dijo entre lágrimas, la ex jueza que aceptó por un tiempo la oferta de Hugo Chávez, y se incorporó al personal de una embajada en Centroamérica en comisión de servicio hasta el 2015.

¿Qué puede pasar con la inmunidad parlamentaria, tras el anuncio de Maduro?

José I. Hernández (*), Prodavinci

Una de las más amenazas recientes formuladas desde el gobierno apunta a la posibilidad de levantar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional.

Las declaraciones del gobierno sobre esta nueva amenaza resultan bastante confusas. No está de más, por ello, tratar de esclarecer lo que puede pasar con la inmunidad parlamentaria.

La nueva amenaza

El miércoles 31 de agosto del 2016, el gobierno informó que, junto a un equipo de juristas, estudia la posibilidad de dictar un Decreto en el marco de la emergencia económica, a los fines de levantar la inmunidad de los “cargos públicos”, previa consulta con la Sala Constitucional. También el gobierno informó que va a “incubar” una demanda contra el Presidente de la Asamblea Nacional.

Entendiendo la amenaza

Desde un punto de vista jurídico, esta nueva amenaza resulta muy difícil de comprender por las grandes imprecisiones sobre las que está basada.

Veamos.

Lo primero que hay que aclarar es que la inmunidad no es de “cargos públicos” en general. La inmunidad, por el contrario, es una garantía específica de los diputados de la Asamblea Nacional, de acuerdo con el Artículo 200 de la Constitución.

Asimismo, es preciso aclarar que el Presidente de la República no puede levantar la inmunidad parlamentaria. Por el contrario, de acuerdo con el citado Artículo 200, sólo la Asamblea Nacional puede levantar (o allanar) esa inmunidad.

Por último, no existe tal cosa como “incubar” una demanda. Quizás el gobierno quiso referirse a otra palabra: “incoar”, que entre otras cosas significa iniciar un proceso judicial mediante una demanda.

Aclarados estos enredos, ahora sí podemos entender el contenido de esta nueva amenaza: el Gobierno pretende iniciar juicios penales contra diputados de la Asamblea Nacional —como es el caso del Presidente de esa Asamblea— desconociendo la inmunidad parlamentaria.

¿Qué es la inmunidad parlamentaria?

La inmunidad parlamentaria es una garantía especial que protege el ejercicio de la función parlamentaria por parte de los diputados proclamados de la Asamblea Nacional.

De conformidad con la Constitución, esa garantía tiene 3 elementos que la identifican.

En primer lugar, la inmunidad sólo aplica para hechos cometidos en el ejercicio de la función parlamentaria. Además, en segundo lugar, sólo aplica a procesos penales. Finalmente, condiciona el inicio esos procesos penales a dos condiciones concurrentes:

1) Que el Tribunal Supremo de Justicia considere que hay méritos jurídicos para iniciar el juicio penal.

2) La Asamblea Nacional autorice, políticamente, el inicio de ese juicio. Esto último es lo que se conoce como el “allanamiento de la inmunidad parlamentaria”, y es una decisión que únicamente puede ser tomada por la Asamblea.

El propósito de esa inmunidad es garantizar el buen funcionamiento de la Asamblea Nacional, evitando que, por retaliaciones políticas, se inicien juicios penales contra diputados. Por ello, la inmunidad no es un cheque en blanco.

Por ejemplo, la inmunidad no protege al diputado que en estado de embriaguez atropella a una persona, pero sí protege al diputado que acusa al gobierno de corrupción, que llama a una protesta o que protege el funcionamiento de la Asamblea Nacional frente a indebidas intromisiones de otros órganos del Poder Público.

El intento inconstitucional por desconocer
la inmunidad parlamentaria

Esta nueva amenaza del gobierno implicaría una violación a la Constitución, así como el desconocimiento de la función parlamentaria de la Asamblea.

El gobierno no puede, ni siquiera en el marco del estado de excepción, levantar la inmunidad parlamentaria, pues desconocería que, de acuerdo con el artículo 200 constitucional, sólo la Asamblea puede hacerlo. Por eso, tampoco la Sala Constitucional podría habilitar al gobierno para violar el Artículo 200 de la Constitución.

Sin embargo, hay que señalar que en la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional, la inmunidad parlamentaria ha sido reducida de tal forma que, en la práctica, su utilidad se ha mermado. Y no es de extrañar que nuevas “interpretaciones” de la Asamblea reduzcan, hasta hacerla desaparecer, esta especial garantía.

De acuerdo con la Sala Constitucional, la inmunidad parlamentaria sólo aplica a los diputados que estén efectivamente incorporados al ejercicio de la función parlamentaria en la Asamblea. Por eso se ha negado la aplicación de la inmunidad a diputados suplentes.

Asimismo, la Sala ha insistido que la inmunidad sólo aplica a hechos cometidos específicamente en ejercicio de la función parlamentaria, lo que podría incluso limitar la inmunidad a las actuaciones realizadas dentro de la sede de la Asamblea Nacional, en el marco de sus sesiones.

Se trata de un razonamiento bastante primitivo, que ignora un dato básico: el diputado es representante del pueblo durante todo el mandato para el cual fue electo, con independencia de que actúe fuera del seno de la Asamblea.

Esta última limitación podría llegar a desvirtuar completamente el sentido de la inmunidad parlamentaria, al considerarse que los diputados sí pueden ser enjuiciados —e incluso, privados de libertad— por actuaciones que no sean consecuencia de deliberaciones dentro de la Asamblea, incluyendo opiniones y comentarios realizados.

De esa manera la Sala Constitucional podría interpretar que la inmunidad parlamentaria no aplica para los supuestos delitos de desacato que, a su decir, han cometido los diputados, o para los supuestos delitos cometidos fuera del recinto de la Asamblea Nacional, incluso mediante opiniones.

Esta amenaza podría ser preludio de un nuevo episodio del conflicto contra la Asamblea Nacional, que incorporaría un elemento sumamente peligroso para el orden democrático y constitucional: desconocer la inmunidad parlamentaria con base en argumentos jurídicos bastante primitivos, permitiendo no sólo el enjuiciamiento sino, además, la privación de libertad de diputados, como consecuencia de una acción de retaliación política.

(*) Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y de la UCAB

El matrimonio del muerto

Abog. José Carlos Blanco Rodríguez, Primicia

Decía el ilustre filósofo Bertrand Russell que, en ocasiones, por razones de justicia se debe ignorar lo que ordenan las leyes. Este es uno de los principales problemas que enfrenta el Derecho, cuando su aplicación conduce a resultados que para la gente común parecen inmorales o injustos.

Canaima, la gran novela guayanesa de Rómulo Gallegos, narra un suceso, que sirve perfectamente para entender el eterno dilema entre el derecho y la justicia; me refiero al matrimonio del muerto.

En el capítulo IX se cuenta que, José Gregorio Ardavin se encontraba gravemente enfermo y, antes de morir, quería casarse con la india Rosa, compañera de vida y madre de sus hijos. Entonces, manda a llamar a Apolonio Alcaraván, que era la autoridad competente para presenciar el matrimonio, quien en ese momento se encontraba conversando con Marcos Vargas, protagonista de la novela.

El asunto era urgente, porque si José Gregorio fallecía sin casarse, sus bienes pasarían a manos de un hermano de mala conducta que no se los merecía.

Pero cuando llegan a casa del enfermo, este había fallecido.

-Aquí no hay nada que hacer- dijo el funcionario.

-Espere un momento- replicó Marcos. -No es posible que por una simple fórmula se cometa esta injusticia. ¿Qué se hace amigo?

Contestó Apolonio: “El difunto tuvo la culpa, por no resolver antes su matrimonio con la India. Ahora la ley protege al legítimo heredero, que es el hermano, con todo lo maluco que sea. Ya eso es clavo pasado”.

-Todavía no- le dijo Marcos, hay un remedio: ¡Casar al muerto!

Y valiéndose de ciertas artimañas, y dos testigos que engañaron, diciéndoles que no podían acercarse al enfermo, porqué padecía un mal contagioso, casaron al difunto con la india Rosa, que apenas sabía escribir su nombre en el acta de matrimonio.

Palabras más, palabras menos, este es el episodio del matrimonio del muerto. He invitado a reflexionar sobre esta historia en mis clases de Derecho, y la mayoría de los estudiantes están de acuerdo en que Apolonio Alcaraván y Marcos Vargas hicieron lo correcto, porque ya conocían la voluntad del difunto.

Sin embargo, otros consideran que cometieron un delito al realizar un acto falso, y lo dos deberían estar presos. La cosa es más complicada de lo que parece. Ilustres representantes del pensamiento jurídico señalan que, cuando se deja de aplicar el derecho invocando la justicia en un caso particular, se comete una injusticia general, pues se viola el principio de la universalidad de las leyes.

El Estado debe velar porque las leyes se les apliquen a todos por igual, y si los funcionarios encargados de hacerlo no cumplen con ese deber, “favorecen” a quienes no le aplican la ley y son injustos con todos los demás.

Luce muy buena la actuación de Apolonio Alcaraván y Marcos Vargas al casar al muerto para que herede la esposa. Pero visto desde otra óptica, constituye una injusticia con las personas que en igual situación que la india Rosa se quedaron sin heredar, porque no tuvieron a un Marcos Vargas ni a un Apolonio Alcaraván, que hicieran la vista gorda ante el imperio de la ley.

Pero el asunto se enreda más, porque desacatar la ley invocando a la justicia, puede utilizarse para cosas buenas y para cosas malas.

En la novela, mientras Marcos Vargas buscaba a los testigos, Apolonio Alcaraván, que no era ningún santo, aprovechando el analfabetismo de la india Rosa, le hizo firmar un documento donde se hacía propietario de un lote de ganado que pastaba en la cercanía. Es decir, no salió tan bien la heredera, ganó la finca pero perdió el ganado.

Comencé este artículo citando a Bertrand Russell, quien justificaba que en ocasiones, por razones de justicia se puede desaplicar el derecho, ahora termino citando a José Ortega y Gasset que, en sus consideraciones sobre la crisis del Derecho, decía:

“A fuerza de hablar de justicia se ha aniquilado el Ius, el Derecho, porque no se ha respetado su esencia que es, la inexorabilidad y la invariabilidad”

Una polémica de ayer y hoy, donde siempre surgirán posiciones encontradas y opiniones diferentes. Y usted amable lector, ¿Cómo ve este problema? ¿Está de acuerdo con el matrimonio del muerto?.

7 vías constitucionales para salir de la crisis

Rosalinda Hernández, El Estímulo

José Vicente Haro, abogado constitucional explica cómo Venezuela puede salir de la crisis por mecanismos legales contemplados en la Constitución.

Abogado constitucionalista, José Vicente Haro.

Como un acto desesperado e inconstitucional que trata de arrebatar competencias a la Asamblea Nacional, -AN- calificó el abogado constitucionalista, José Vicente Haro la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ) de sustituir la voluntad del pueblo, sin percatarse que ante semejante pronunciamiento lo que logra es deslegitimarse como Poder.

Para el jurista enderezar el rumbo del país debe ser prioritario y ello se alcanza asumiendo un cambio democrático que está señalado en la Constitución Nacional.

Existen siete mecanismos expresados en la carta magna, para la transformación que Venezuela requiere,  aseguró  Haro, frente a “la peor situación política, económica y social que ha vivido el país desde la Independencia”.

-La renuncia presidencial-

Esta es la peor situación política, económica y social que ha vivido el país desde la Independencia”

Es un acto jurídico que puede solicitarse al presidente de la República a través de las vías institucionales, constitucionales y democráticas, a fin de favorecer un cambio pacífico de gobierno, dijo Haro.

La renuncia es un acto “personalísimo” y depende de la voluntad expresa del funcionario (el Presidente) que puede querer renunciar o no.

-El abandono del cargo-

Significa el abandono del ejercicio del poder, -la Presidencia de la República- sin que medie un acto formal, un acto por escrito o manifestación de voluntad. Algo parecido a lo que sucedió con Marcos Pérez Jiménez (1958), o lo que pasó en Perú con Alberto Fujimori cuando abandonó la Presidencia.

En este caso, el abandono del cargo produce la vacante absoluta en la Presidencia y se puede convocar a elecciones conforme lo establece la Constitución.

-La destitución del cargo-

La destitución del presidente de la República, está contemplada en el artículo 233 de la Constitución. Esta posibilidad se puede dar en virtud de las pruebas presentadas ante el -TSJ-, y a la opinión pública, en donde se ha tratado de comprobar que Nicolás Maduro tiene la nacionalidad colombiana, o no cumple con los requisitos establecidos por la Constitución en los artículos 41 y 227,(ser venezolano por nacimiento).

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Para Haro, se ve poco probable esta salida, recordando que  la sentencia de la Sala Constitucional del 7 de agosto del 2013, ya hizo un pronunciamiento “muy vago” del tema de la nacionalidad de Nicolás Maduro.

-El referendo revocatorio-

Es un tema que está siendo impulsado por varios factores de la oposición venezolana y se presenta como “muy atractivo”.

El revocatorio al mandato presidencial, está contemplado en los artículos 72 y 233 de la Constitución, y puede solicitarlo cualquier ciudadano o grupo político.

El referendo revocatorio del mandato presidencial puede ser convocado ya porque la mitad del periodo presidencial se cumplió el 10 de enero del 2016.

La resolución para convocar a un revocatorio, -detalló Haro- no solo exige la firma de los venezolanos sino también la huella y el respaldo del 20% de los electores inscritos en el registro civil y electoral, que da un aproximado de 3 millones 900 mil firmas y huellas.

Esas firmas y huellas para un referendo revocatorio no pueden ser recolectadas por los ciudadanos, solo lo puede hacer el Consejo Nacional Electoral, -CNE- en los puntos y lugares que designe a nivel nacional.

Una vez escogidas las fechas y puntos de recolección, también se escogerá a las personas encargadas de la recaudación de las firmas. El lapso para está recolección es de 3 días, “de no llegarse a recoger en este lapso, queda improcedente la convocatoria al referendo”, dijo el abogado.

Si el revocatorio se realiza dentro de los lapsos establecidos –antes del 10 de enero del 2017- el Presidente de la Asamblea Nacional asumiría temporalmente la Presidencia de la República, y el CNE convoca en el mes siguiente a unas elecciones presidenciales; pero si el referendo revocatorio se realiza luego del lapso establecido, sería el vicepresidente ejecutivo quien se encargue de la Presidencia por el tiempo que reste de mandato; es decir, hasta el 10 de enero del 2019, explicó Haro.

El referendo puede ser convocado por cualquier grupo de venezolanos, partidos políticos o la AN. Una vez concluida la recolección de firmas y la revisión de todas las firmas y huellas dentro de los 15 días siguientes a la recolección. El CNE verificará si se cuenta con el número requerido, para convocarlo dentro de los 90 días siguientes de la verificación.

Es necesario que un número mayor o igual de venezolanos que votó en las últimas elecciones presidenciales del 13 de abril del 2013, se pronuncien a favor de la revocación del mandato.

Es decir, se requiere más de 7 millones 580 mil votos para lograr que se revoque el mandato presidencial, si no se logran esa cantidad o más de votos, quedará sin efecto la revocación del mandato solicitado.

-Enjuiciamiento del presidente de la República-

Se requieren más de 7 millones 580 mil votos para lograr que se revoque el mandato presidencial

El artículo 233 de la Constitución Nacional, establece el enjuiciamiento presidencial, lo que originaría una vacante absoluta en el cargo y se activaría la convocatoria a unas elecciones presidenciales.

En el caso venezolano, no ha habido voluntad jurídica, ni política por parte del Ministerio Público, de hacer las investigaciones correspondientes a las distintas denuncias que cursan en contra del Jefe de Estado. Tampoco ha existido interés del TSJ de instar a la Fiscalía General de la República a que presente conclusiones sobre si debe o no admitirse una querella en contra del Presidente.

Es poco probable que por la vía del enjuiciamiento del Presidente de la República, pueda haber un cambio constitucional de gobierno en el país.

-La enmienda constitucional-

La enmienda está prevista en la Constitución. Permite suprimir, modificar o agregar uno o más artículos a la Carta Magna, que no alteren su principio y estructura fundamental.

El procedimiento a seguir para la discusión y aprobación de una enmienda constitucional, es el mismo que para los proyectos de Ley; es decir, el procedimiento de formación de las leyes a que se refiere el artículo 130 del reglamento de interior y de debates de la Asamblea Nacional, señaló Haro.

Para la aprobación de la enmienda, es necesario el consentimiento, por referendo, del pueblo, a través de un proceso que debe ser convocado por el CNE dentro del mes siguiente a la fecha de recibida por el órgano electoral, como lo establece la Constitución.

Una vez sea aprobada la enmienda -por la AN y el pueblo-, el presidente de la República tiene la obligación de promulgarla y publicarla en Gaceta Oficial, en un lapso de 10 días a partir de su recepción para su ejecútese. De negarse, la AN puede sancionarla según lo establece el artículo 216 constitucional.

Si el presidente en vez de promulgarla, envía la enmienda a la Sala Constitucional del TSJ para que se pronuncie sobre su constitucionalidad o no, ahí se corre de nuevo el riesgo que la Sala Constitucional en una sentencia que se consideraría “improcedente e inconstitucional”, declare que a pesar de ser votada por el pueblo está enmienda empezaría a surtir efecto a partir del 2019, explicó el constitucionalista.

“Desde el punto de vista jurídico debo manifestar de manera categórica que la Sala Constitucional del TSJ no tienen competencia, facultad, no tienen legitimidad, ni potestad para pronunciarse sobre una enmienda constitucional o pretender interpretarla en un sentido distinto al aprobado por el pueblo, es el pueblo quien tienen la última palabra”, resaltó Haro.

Luego de un proceso de votación ni el TSJ, ni el CNE, ni el Presidente de la República pueden cambiar la voluntad del soberano. De tal manera que de aprobarse la enmienda antes de enero del 2017, para diciembre del 2016, se debe estar llamando a unas elecciones presidenciales en el país.

-La reforma constitucional-

Para iniciar un proceso de reforma constitucional, se debe contar con la mitad más uno de los diputados, quórum que actualmente posee la bancada de oposición en la AN.

La reforma requiere tres discusiones: Una primera discusión –de aspectos generales- puede incluir el tema del recorte presidencial, entre otros. En la segunda discusión, se debate título por título y luego en el tercer debate, se hace artículo por artículo.

En caso de contar el bloque opositor con las dos terceras partes para la aprobación, la reforma sería sancionada y se remite al CNE para ser sometida a referéndum.

Luego de aprobada en el referéndum, será el Presidente de la República quien le da el ejecútese, según el artículo 346 de la Constitución. Si en 10 días el Presidente no la ha promulgado, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional le pondrá el ejecútese de Ley.

-La Asamblea Constituyente-

El TSJ al sustituir la voluntad del pueblo con semejante pronunciamiento, lo que logra es deslegitimarse como Poder

Está contemplada en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución.

Existen dos vías para su convocatoria; la primera, es a través del llamado que haga la Asamblea Nacional con las dos terceras partes de sus integrantes. El bloque opositor no cuenta con esas dos terceras partes.

La otra convocatoria la puede hacer el pueblo organizado, a través de la recolección de firmas en los lugares que se desee realizar. En este tipo de proceso constituyente, no aplican las normas establecidas por el CNE en materia de referendo revocatorio.

Sobre el tiempo de convocatoria y realización de una asamblea constituyente,        -explicó Haro- que para la constituyente del 1.999, los lapsos fueron extensos porque el mecanismo no estaba contemplado en la anterior Constitución (1961).

Afirmó el abogado constitucionalista que de todos los mecanismos analizados, la Asamblea Constituyente es el elemento constitucional y democrático para un cambio de gobierno, tomando en cuenta los resultados positivos que se pueden obtener.

Análisis del decreto de estado de excepción en varios municipios del estado Táchira

Abog. Juditas Delany Torrealba Dugarte

Con la entrada en vigencia, del Decreto 1950 sobre el estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia, Libertad y Rafael Urdaneta publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.194 de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 21 de agosto de 2015, finalmente en términos coloquiales “se hundió el botón de emergencia” que el gobierno oficial, desde la época de la Asamblea Nacional Constituyente, había considerado como un mecanismo extremo que debería contar con todas las garantías constitucionales y fundamentales que, como se señalaba, no habían sido respetadas en gobiernos anteriores siendo los estados de emergencia declarados con la Constitución de 1961 instrumentos potencialmente atentatorios y letales, ejemplificando siempre con el más representativo de todos acaecido los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como “EL CARACAZO”, que representaba la auténtica muestra de la declaratoria de un estado de excepción arbitrario cargado de medidas de altas policía, que había violado el derecho humano fundamental de la vida.

“Se está en presencia de un decreto que se fundamenta en “la mala fama” de una institución jurídica que, ejecutada en un plano de igualdad, transparencia y previsión, podría remediar situaciones anormales y de conflicto”.

Fue este factor que ante la discusión de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en el seno de la constituyente, se quiso redimensionar la figura que tan satanizada había sido en la Constitución Nacional de 1961, al eliminar “la suspensión sino solo hablar de restricción, argumentando que esta última era una limitación parcial mas no total como en el caso de suspender que era absoluto” y, por ende, se quiso tomar nuevos mecanismos que constituciones como la Española y de experiencia más cercana por la situación geopolítica ofrecía Colombia a través de su Constitución de 1991 y su famosa ley 137 de 1994 que, en muchos aspectos, la Constitución de 1999 y su posterior Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE) del año 2001 adoptaron como fuente de inspiración.

Dado que en opinión particular al ser Colombia un país con una historia de múltiples excepcionalidades aporta a nivel Iberoamericano una de las mejores normas sobre el tema, siendo una tendencia poco usual la existencia de leyes especializadas a nivel del Derecho Comparado, en vista que el Poder Ejecutivo en su contexto tradicional siempre ha considerado a los estados de excepción como situaciones impredecibles que la existencia de una ley especial que rija sus límites sería un piedra de tranca a las medidas que de excepción podrían ser tomadas, de allí que esta tendencia acogida por Venezuela convirtió a los estados de excepción en una figura prácticamente inaplicable por la responsabilidad y compromiso que ameritaba en aras de garantizar la seguridad, dignidad e integridad de los ciudadanos y demás pobladores.

“El decreto de estado de excepción no contiene medidas que se fundamenten en la seguridad de los ciudadanos”

Por ello, el intento de abrogar la Ley Orgánica de Estados de Excepción (LOEE) y cambiar el contenido consagrado en la Constitución de 1999 en la propuesta de reforma constitucional, buscaba hacer del estado de excepción un instrumento más accesible para el establecimiento de medidas. Sin embargo, la no aprobación de la reforma constitucional dejó inalterable la figura y la convirtió en una institución intocable.

Ante la existencia de figuras como estado de emergencia y alarma consagradas en Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres del 2001, en sus artículos 4 numerales 3 y 4, era flexible ante situaciones de desastres naturales o de índole similar, se recurriera a esta figura (disfrazando un estado de excepción) y no activar a los estados de excepción y sus tipos (alarma, emergencia económica, conmoción interior y exterior) por los lineamientos y medidas que la misma representaban; sin embargo, la situaciones de utilizar la figura del estado de excepción “disfrazado” desapareció y llevó finalmente a adoptar de manera directa a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

“El decreto no ofrece claridad sobre las normas extraordinarias que suspenden a las leyes ordinarias, en el marco de la restricción de las garantías constitucionales que deben ser aseguradoras de justicia y de equidad”.

Habría que preguntarse ¿El decreto de estados de excepción vigente desde el 21 de agosto del 2015, se desarrolla entre los límites constitucionales y legales permitidos en Venezuela?

Análisis crítico

Es un hecho notoriamente GRAVE que se omitió la mención de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE) en los artículos que señalan qué GARANTÍAS JAMÁS pueden ser restringidas, todo fundamentando en los artículos 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como:

1. La vida.
2. El reconocimiento a la personalidad jurídica.
3. La protección de la familia.
4. La igualdad ante la ley.
5. La nacionalidad.
6. La libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas.
7. La integridad personal física, psíquica y moral.
8. No ser sometido a esclavitud o servidumbre.
9. La libertad de pensamiento, conciencia y religión.
10. La legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales.
11. El debido proceso.
12. El amparo constitucional.
13. La participación, el sufragio y el acceso a la función pública.
14. La información.

“Hay un estado de incertidumbre y sobre todo de inseguridad jurídica, que a lo largo del decreto es palpable”.

Dado que aunque las garantías restringidas no enumeran a ninguna de las anteriores, no podía tampoco permitirse que en el ejercicio de restricción de otras garantías, estas se vulneraran haciendo énfasis en algunas de gran preponderancia en la situación en el eje fronterizo como protección a la familia, igualdad ante la ley, nacionalidad, integridad física, psíquica y moral; debido proceso e información.

Respecto a la nacionalidad, es un factor de suma importancia dado que todo aquello que se hiciera en detrimento de una nacionalidad, sin las debidas previsiones, podría considerarse una práctica xenofóbica.

“La vergonzosa redacción, motivación y aplicabilidad de este decreto, contiene lagunas y criterios genéricos”.

Es notorio destacar que el decreto fue anunciado el día viernes 21 de agosto del 2015 por alocución televisiva, pero su contenido finalmente fue conocido prácticamente 24 horas después entrando en vigencia sin haber conocido los pobladores, organismos públicos o ciudadanos residenciados y domiciliados en los respectivos municipios. Esta situación vulneró el DERECHO CONSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN, estipulado en el numeral 14 del artículo 7, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, “omitido” por el Poder Ejecutivo Nacional.

Sobre los considerandos

El Decreto 1.950 sobre estado de excepción, se conforma de 5 considerandos que llevan a exponer los motivos que acarrean la declaratoria de la figura mencionada.

En el primero, se habla que de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo, se presenta una amenaza compleja bajo la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas al paramilitarismo, narcotráfico y el contrabando de extracción que afectan la paz, la convivencia, y el acceso de bienes y servicios del pueblo venezolano.

“El responsable de la ejecución del decreto junto con el ministerio en materia de Interior, Justicia y Paz, así como con la delegación otorgada por el Presidente de la República, es el gobernador del estado Táchira”.

En el segundo considerando, se manifiesta que ante las prácticas delictivas se habían presentado en los puestos fronterizos hechos de violencia en contra de funcionarios y ciudadanos venezolanos, llegando al límite por medio de un ataque el día 19 de agosto de 2015 al sufrir funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ataque en el cumplimiento de sus funciones.

“El decreto contiene el deber de cooperación, que obliga a los habitantes de esos municipios a colaborar hasta en acciones extraordinarias”.

El tercer considerando habla de otros hechos delictivos como es el caso del tráfico de moneda venezolana, y contra los bienes adquiridos en contra de las divisas, así como el tráfico ilícito de mercancías producidas e importadas por Venezuela que ante su práctica afecta gravemente la economía de la nación.

“¿Cuáles parámetros del decreto garantizan un trato digno en los desalojos?”

En el cuarto considerando se hace mención al deber que tiene el Estado venezolano en defender y asegurar la vida digna de sus ciudadanos a través del enaltecimiento de fundamentos constitucionales para el goce de un ambiente pleno de estabilidad y tranquilidad.

“¿En el decreto se cumplen los extremos legales en materia de migración y extranjería, ante la presencia de extranjeros ilegales?”

Y, finalmente, en el último considerando se hace alusión a que ante la existencia de amenazas objetivas se disponen de los medios jurídicos para garantizar la máxima estabilidad de la República, mediante la restricción temporal de medidas para la tutela de los derechos y garantías del pueblo venezolano, estos son los motivos que constituyen a la vigencia de dicho estado de excepción.

Sobre los artículos del decreto de estado de excepción

Comentario artículo 1

Se hace mención sobre el tipo de estado de excepción, no menciona de manera literal su tipo, pero al citar el articulo 10, numeral 1, se refiere al ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA y hace alusión a medidas oportunas para atender la situación propiciada por el contrabando de extracción, la violencia delictiva acompañada y los delitos conexos; no obstante, ya se presentan en este artículo contradicciones dado que en el considerando se mencionaban otros hechos delictivos como el paramilitarismo y el narcotráfico. Y aunque hace mención al término “delitos conexos”, habría que preguntarse ¿acaso un decreto de emergencia económica es el mecanismo idóneo para atender factores vinculados a otro tipo de conductas?

“Son varias interrogantes que el decreto deja en el vacío jurídico y que cercenan la seguridad jurídica”.

Realmente en opinión particular la complejidad de la zona fronteriza con la presencia de pobladores extranjeros, algunos calificados de “desplazados”, “solicitantes de refugio”, “refugiados”, ciudadanos extranjeros en condición de transeúntes, o residentes, genera y hasta los famosos venezolanos “objetados” ante su dudosa condición de venezolanos, hacen que no hubiera sido un solo decreto de estado de excepción suficiente para el manejo de las circunstancias presentes ahí.

“¿Bajo cuáles criterios se puede justificar el desalojo?”.

Al contrario, debieron dictarse 3 decretos en los que estuviera presente la conmoción exterior ante la afectación que las medidas podían traer con Colombia; uno de conmoción interior ante las medidas que estaban generando los focos de violencia y delincuencia organizada; y, finalmente, el de emergencia económica.

Comentario artículo 2

Como consecuencia del decreto, en este artículo se señalan cuáles garantías son las que quedan restringidas; en este caso, se mencionan 6 consagradas en los artículos 4748505368 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Inviolabilidad del hogar doméstico, la inviolabilidad de las comunicaciones, libertad de tránsito, derecho de reunión, derecho de manifestar y la libertad a la actividad económica.

“El decreto es muy genérico, no define ni determina las condiciones que deban medirse en los temas de nacionalidad. Esto es un fuerte agravio porque podría enmarcarse en una práctica xenofóbica”.

De este modo se establecen en 6 numerales, en los que aparentemente estarían consagrados los lineamientos que deberían acogerse con ocasión, el estado de excepción.

“El decreto no describe cómo manejar el procedimiento de expulsión o deportación, en el estado de excepción”.

En el numeral 1, se menciona lo concerniente a la inspección y revisión por los organismos públicos del lugar, de habitación, estadía o reunión de personas naturales y, en el caso de las personas jurídicas (sociedades mercantiles, asociaciones u otro tipo figura), la misma tiene como finalidad llevar registros para ejecutar o investigar la perpetración de delitos o ilícitos administrativos, y enumera una serie actuaciones contra la vida, integridad libertad o patrimonio; así como ilicitudes relacionadas con afección de la paz, el orden público, la fe pública, el orden socioeconómico, la identidad, y orden migratorio y delitos conexos.

Habría que preguntar ¿un decreto de estados de excepción orientado a la emergencia económica, era la figura idónea para estipular la investigación de todo este tipo de delitos?

En opinión particular el decreto debió establecer cuáles delitos -con su tipo- iban a ser observados en estas investigaciones, dado que en el ejercicio ordinario del Debido Proceso, no podía en esta clase de estado de excepción limitarse en su totalidad la garantía que sobre otros tipos delictivos se tienen ante situaciones ordinarias.

“El decreto de estado de excepción, no establece la relación directa entre el problema económico y la aplicación de procedimientos atinentes a migración”.

Sobre la orden judicial existen aseveraciones importantes al respecto, dado que aun limitando dicha garantía, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción estipula que no se puede limitar en un estado de excepción (artículo 7) el debido proceso. Y debe recordarse que una de las fases del proceso penal es la fase de investigación. Aparentemente la restricción de una orden judicial, es atinente a la figura del debido proceso y, aunque se menciona en el último aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, hay que denotar si se hace énfasis en una norma procesal.

“Se ha debido permitir el ejercicio conjunto de la Defensoría del Pueblo y las demás organizaciones en materia de protección de derechos humanos (nacional e internacional), especialmente cuando detentan formación técnica ante situaciones de riesgo, pandemias y de extrema confusión”.

¿Se está haciendo alusión al debido proceso? Debe mencionarse que el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que deberá levantarse un acta correspondiente. Sin embargo, establece las excepciones para la aplicabilidad de la redacción de esta acta como es en el caso de impedir la perpetración o continuidad de un delito, o cuando se trate de personas que se persiguen para su aprehensión.

Pero habría que preguntarse ¿todas las condiciones de los municipios fronterizos estaban dadas para realizar dichas inspecciones, sin el cumplimiento de una orden judicial?

En el numeral 2, en lo que se refiere a la restricción del tránsito de bienes y mercancías, y ante la limitación del tránsito que aparentemente no fue una simple “restricción”, si no se orientó propiamente a la “suspensión” con el cierre de la frontera totalmente en los referidos municipios, la misma no es constitucional ni legal dado que menoscaba la finalidad de los estados de excepción consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y, por ende, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en el tema de requisición de equipajes y vehículos.

“Habría que evaluar si la Defensoría del Pueblo se encuentra capacitada para proteger los derechos de los deportados”.

Es notorio señalar que el decreto omitió mencionar los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que se refieren a las requisiciones, dado que el mismo es claro al señalar que debe haber una orden previa del Presidente de la República o de la autoridad, competente designada -dada por escrito- determinando la clase, cantidad de la prestación y expedirse una constancia inmediata a las personas, enfatizando que ante la terminación del estado de excepción los mismos serán devueltos sin perjuicio de las indemnizaciones pertinentes; y en caso de no poder restituir los bienes, los mismos serán pagados a su valor total con base al precio que tenían al momento de la requisición.

“Niños, adolescentes, ancianos, refugiados, personas con discapacidad y mujeres, -ante la ejecución del decreto- pueden verse en riesgo”.

Si esta situación no se cumple conforme a lo señalado, se está en presencia de actos confiscatorios que atentan de manera flagrante a la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En el numeral 3, se le otorga a los ministerios con materia de Defensa y de Justicia la posibilidad -mediante resolución conjunta- de establecer la restricción de transito de bienes y de personas en los municipios, así como el cumplimiento de determinados requisitos y la obligación de informar el cambio de domicilio o residencia, la salida de la República o el ingreso a ella, el traslado de bienes y pertenencias, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

“El decreto no indica quiénes son los defensores delegados, ni las materias a ser protegidas, en situaciones de vulnerabilidad”.

¿Pero habría que preguntarse cuáles requisitos son los exigidos? ¿Acaso no sea crea inseguridad jurídica no saber de manera certera el contenido de la resolución conjunta? Todos estos requisitos debieron ser estipulados en el decreto respectivo.

En el numeral 4, no se permiten las reuniones públicas sin la autorización del funcionario a quien se delega el presente decreto.

¿Cómo quedan garantías como la libertad de conciencia, pensamiento y religión, consagradas en el artículo 7, numeral 9 de la LOEE, si los habitantes de dichos municipios quisieran recurrir a los templos conforme a su creencia?

“El decreto excluye la labor de las organizaciones no gubernamentales, en la protección y defensa de los derechos humanos, ya que atribuye estrictamente esa protección y defensa a la Defensoría del Pueblo”.

¿Cómo quedan los Consejos Comunales o comunas que quieran reunirse de manera urgente, si al tener esta limitante no se les estaría vulnerando el Derecho a la participación que el artículo 7, numeral 13, que la LOEE estipula?

Aunado a esto, la titularidad del funcionario ejecutor del decreto recae en una multiplicidad de funcionarios quienes –ciertamente- crean una contradicción de funciones no determinadas con claridad, por el mismo decreto.

“En el decreto se debió establecer cómo iba a llevarse a cabo la coordinación entre las autoridades y cuáles medidas iban a ser adoptadas”.

En el numeral 5, el derecho a manifestar pacíficamente -y sin armas- solo podrá ejercerse previa autorización del funcionario, emitida a solicitud de los manifestantes con 15 días de anticipación a la fecha fijada; sin embargo, la libertad de pensamiento estipulada en la LOEE al tener que esperar tanto tiempo para su desenvolvimiento, se vería cercenada.

En el numeral 6, los ministerios con competencia en materia de comercio, junto con los ministerios con competencia en materia de alimentación, agricultura, tierras y salud, podrán establecer normas especiales para la disposición, traslado, almacenamiento, comercialización, distribución y producción de bienes esenciales o de primera necesidad, o regulaciones para su racionamiento, así como restringir el ejercicio de determinadas actividades económicas.

“El decreto debió incluir los montos así como el tipo de operaciones y transacciones a ser limitadas, tomando en cuenta que se sigue creando una gran incertidumbre al no tener realmente claras las limitaciones económicas de papel moneda en esos municipios”.

Al leer este numeral nuevamente, se observa que se cercena el derecho a la información porque ¿cuáles normas serán aplicadas? Ha debido enumerarse las acciones que se iban a limitar en su ejercicio, como actividad económica, tomando en cuenta que al generalizar a solo expresar “actividades económicas” denotaría estar en presencia propiamente en una “suspensión del ejercicio de la actividad económica”.

Comentario artículo 3

Destaca que el Presidente podrá dictar “otras medidas” de orden social, económico y político que estime conveniente ante las circunstancias de conformidad con los artículos 337338 y 339, para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Este artículo se torna ampliamente peligroso, tomando en cuenta que abre la posibilidad de declarar, teniendo como base el decreto, “otro tipo” de decretos que pueden ir creando medidas y estados de excepción continuados, siendo una forma de no cumplir con una de las características de los estados de excepción, como es propiamente la temporalidad, dado que se dice que el decreto de estados de excepción podría ser prácticamente derogado o dejado sin efectos, si se dictaran estos decretos que buscan establecer la normalidad.

Comentario artículo 4

El ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, podrá establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda de curso legal o efectivo.

También se podrán establecer restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, o restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país. Eso quiere decir que se limitan los montos de dinero a los que van a acceder los habitantes de estos municipios.

El decreto debió incluir los montos así como el tipo de operaciones y transacciones a ser limitadas, tomando en cuenta que se sigue creando una gran incertidumbre al no tener realmente claras las limitaciones económicas de papel moneda en esos municipios.

Comentario artículo 5

Llama poderosamente la atención el término “suspender”, dado que se entiende que no se permitirá el porte de armas. El término “prohibición” hubiera sido de mejor aplicabilidad, dado que si la suspensión de garantías “aparentemente” no es constitucional, el uso del término “suspensión” genera dudas. En el caso de armas orgánicas, son las que legamente portan los órganos de seguridad y de defensa.

Comentario artículo 6

Señala el deber de coordinación y ejecución de las autoridades competentes, para el mantenimiento de la paz social y el orden público, ante el despliegue de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) en vigencia desde julio del 2015, que busca atacar “El paramilitarismo y sus prácticas” a través de Zonas de Alto Impacto. Sin embargo, se debió establecer cómo iba a llevarse a cabo la referida coordinación y cuáles medidas iban a ser adoptadas.

Comentario artículo 7

El decreto excluye la labor de las organizaciones no gubernamentales, en la protección y defensa de los derechos humanos, ya que atribuye estrictamente la protección y defensa de los derechos humanos a la Defensoría del Pueblo y demás defensores delegados, pero no se indica quiénes son los defensores delegados, ni las materias a ser protegidas, puesto que en los referidos contextos hay individuos en situaciones de vulnerabilidad como niños y adolescentes, ancianos, refugiados, personas con discapacidad y mujeres, quienes ante la ejecución del decreto pueden verse en riesgo.

Se ha debido permitir el ejercicio conjunto de la Defensoría del Pueblo y las demás organizaciones en materia de protección de derechos humanos (nacional e internacional), especialmente cuando detentan formación técnica ante situaciones de riesgo, pandemias y de extrema confusión, circunstancia que habría que evaluar si la Defensoría del Pueblo se encuentra capacitada -de modo individual- para cumplir ese rol.

Comentario artículo 8

Acerca de los controles migratorios, es una muestra notoria que en el decreto hay visos claros de que el Servicio Administrativo de Migración y Extranjería (SAIME) establecerá mecanismos junto con otros organismos competentes, para que hubiera eficiencia es estos controles; no obstante, la poca explicación sobre las medidas y mecanismos usados se convierte en un mecanismo atentatorio conforme a la LEY DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN publicada en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 37944 de fecha 24 de marzo de 2004, que establece la necesidad de cumplir un procedimiento administrativo para la deportación o expulsión del Estado venezolano.

“El decreto abre la posibilidad de declarar “otro tipo” de medidas y estados de excepción continuados”.

El decreto de estado de excepción, no establece la relación directa entre el problema económico y la aplicación de procedimientos atinentes a migración. En el mismo sentido hay que tomar en cuenta que en materia de refugiados, asilados y solicitantes, también habría que medir el status legal de estas personas y que, por ende, en la revisión de esos controles migratorios debe tomarse en cuenta la garantía de los mismos.

“Ha debido enumerarse las acciones que se iban a limitar como actividad económica, tomando en cuenta que al generalizar a solo expresar “actividades económicas” denotaría estar en presencia propiamente en una “suspensión del ejercicio de la actividad económica”.

Este aspecto del decreto es muy genérico, no define ni determina las condiciones que deban medirse en los temas de nacionalidad, como garantía susceptible de limitación o restricción. Esto es un fuerte agravio porque podría enmarcarse en una práctica xenofóbica, sobre todo al no describirse cómo manejar el procedimiento de expulsión o deportación -en el estado de estado de excepción- dado que, aun existiendo acuerdos o no con Colombia en este ámbito, debió establecerse cuáles medidas iban a ser adoptadas en este tema.

Comentario artículo 9

Estipula que los órganos de seguridad ciudadana y policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, podrán desalojar las ocupaciones ilegales cuando se verifique que se encuentran en bienes públicos o bienes afectos a un servicio público en los municipios fronterizos.

La LOEE 2001 -o en el caso de la materia migratoria- al establecerse el referido desalojo debe tomarse en cuenta que la ley en materia de migración y extranjería del 2004, aparte que estipula un (1) da el derecho de trasladar los bienes adquiridos.

El decreto estipula que los procedimientos se cumplirán conforme al debido proceso, pero se vuelve a mencionar el artículo 7, numeral 11 de la LOEE, que menciona las garantías que no son susceptibles de restricción.

Con relación a la legalidad de la ocupación de viviendas por los extranjeros, ¿qué se define como ocupación ilegal en el caso de un ciudadano venezolano? ¿Bajo cuáles criterios se puede justificar el desalojo? ¿Los terrenos donde se encuentran las ocupaciones realmente son bienes públicos o afectos a un servicio público

Aunque se estipula la presencia del Ministerio Publico y la Defensoría del Pueblo ¿qué parámetros garantizan un trato digno en un desalojo? ¿Se cumplen los extremos legales en materia de migración y extranjería ante la presencia de extranjeros ilegales?

“La titularidad del funcionario ejecutor del decreto, recae en una multiplicidad de funcionarios quienes –ciertamente- crean una contradicción de funciones no determinadas con claridad”.

Son varias interrogantes que el decreto deja en el vacío jurídico y que cercenan la seguridad jurídica.

Comentario artículo 10

Señala el deber de coordinación y colaboración entre los poderes públicos, los órganos de seguridad, defensa y la policía administrativa, que trabajarán para el logro de las medidas en este decreto.

Sin embargo, se le atribuye al Ministerio Publico y a los tribunales penales la función de velar porque no se presenten actos de impunidad e injusticia en el ejercicio que les corresponda, conforme a sus atribuciones de ejecución del presente decreto, garantizando la ejecución estricta de la ley.

“Al suspender la garantía del derecho de reunión, ¿cómo quedan la libertad de conciencia, pensamiento y religión, si los habitantes de dichos municipios quisieran recurrir a los templos conforme a su creencia?”.

No obstante, es en este sentido que debería -en su referida condición- observar cabalmente los actos que los órganos de seguridad, defensa y fuerza armada ejecuten, porque la anuencia de los actos que pudieran generar responsabilidad también acarrearía responsabilidad conjunta.

Comentario artículo 11

Con la designación del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Táchira, como responsable de las acciones de índole estratégico militar que con ocasión a este decreto se ejecuten en coordinación del funcionario que se le delega la ejecución directa de este decreto, en este caso es el gobernador del estado Táchira, se ejercerán de forma unificada y coordinada las acciones de orden público y de seguridad ciudadana; es decir, todos los planes y lineamientos de seguridad y defensa emanan directamente del Comandante de la ZODI en el estado Táchira.

Comentario artículo 12

Indica el deber de cooperar conforme al artículo 17 de la LOEE. Al respecto, hay que decir que el artículo 18 de la LOEE señala que el incumplimiento al deber de colaboración de personas naturales y jurídicas, pueden acarrear sanciones de tipo penal o administrativo. Si el incumplimiento fuera por parte de los funcionarios públicos, podrán ser suspendidos de sus cargos. El deber de cooperación obliga a los habitantes y ciudadanos de esos municipios a colaborar hasta en acciones extraordinarias, sin perjuicio de la indemnización a que hubiere lugar. Es decir, los ciudadanos son obligados a este deber pleno.

Comentarios artículos 13 y 17

Se concatenan ambos artículos dado que en una suerte de error de técnica legislativa, se repite prácticamente que el responsable de la ejecución del decreto junto con el ministerio en materia de Interior, Justicia y Paz, así como con la delegación otorgada por el Presidente de la República, recae sobre el gobernador del estado Táchira.

Comentarios artículos 14 y 15

Se refieren a los controles; al ejercido por la Asamblea Nacional -denominado control político- y el que realiza la propia Sala Constitucional de oficio -denominado control jurisdiccional- teniendo en ambos casos 8 días para su pronunciamiento.

“Se está en presencia de actos confiscatorios que atentan de manera flagrante contra la Constitución”.

Debe tomarse en cuenta que en los artículos 26 y 31, respectivamente, se fundamentan los respectivos controles; no obstante, aunque fue omitido por el decreto existe de conformidad al artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción la posibilidad que los particulares durante los 5 primeros días del lapso establecido en el artículo 33 de la LOEE, consignar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los alegatos y elementos de convicción que sirvan para demostrar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del decreto que declare el estado de excepción, y que el máximo tribunal acuerde su prórroga o aumente el número de garantías restringidas.

Así mismo, no debe dejarse de lado los controles que internacionalmente puedan intentarse ante la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dado que con la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los únicos mecanismos que pueden activarse serían ante este tipo de organizaciones.

Comentarios artículos 16 y 18

Sobre la vigencia del decreto, al ser un estado de emergencia económica inicialmente tiene una duración de 60 días continuos, aspecto que si se calcula desde el 21 de agosto del 2015 tomando como fecha la Gaceta Oficial Extraordinaria, el decreto tendría una duración inicial hasta el 21 de octubre del 2015; y finalmente, hasta el 21 de diciembre del 2015 si el mismo fuera prorrogable.

Por último, el artículo 18 estableció que el mismo entrará en vigencia desde la fecha de publicación en Gaceta Oficial, y si la misma tiene como fecha 21 de agosto del 2015, esa es la fecha de su vigencia.

Consideraciones finales

Puedo afirmar que vergonzosamente la redacción, motivación y aplicabilidad de este decreto, no deja de tener las mismas lagunas y criterios genéricos que caracterizaban a los decretos anteriores a la vigencia de normativa constitucional vigente.

“A la terminación del estado de excepción, ¿los bienes retenidos serán devueltos a sus propietarios?”.

La omisión del artículo 7 de la LOEE, el criterio de dejar abierto y con discrecionalidad a los diversos órganos y entes de la Administración Pública y demás poderes públicos en las facultades otorgadas, la adopción de algunas medidas que no son descritas, la indirecta restricción de garantías no restringibles como el Debido Proceso, la nacionalidad, la participación y la comunicación, manifiestan expresamente que los esfuerzos realizados por el constituyente y el legislador de la LOEE en 1999 y 2001, respectivamente, se omiten creando un estado de incertidumbre y sobre todo de inseguridad jurídica, que a lo largo del decreto es palpable.

“¿Un decreto de estados de excepción orientado a la emergencia económica, era la figura idónea para investigar los delitos que señala el gobierno que ocurren en la frontera?”.

Aunque el artículo 21 de la LOEE manifiesta que “El decreto que declare el estado de excepción suspende temporalmente, en las leyes vigentes, los artículos incompatibles con las medidas dictadas en dicho decreto”, al no tener claro qué tipo de decreto es -porque tipificándose como de emergencia económica sus medidas se inclinan a otras clases constituyendo una situación compleja- no existe una total claridad sobre las nuevas normas extraordinarias que suspenden a las leyes ordinarias contrarias en el marco de la restricción de las garantías constitucionales, pero que deben ser aseguradoras de justicia y equidad.

“Debieron dictarse 3 decretos en los que estuviera presente la conmoción exterior ante la afectación que las medidas podían traer con Colombia; otro de conmoción interior ante las medidas que estaban generando los focos de violencia y delincuencia organizada; y, finalmente, el de emergencia económica”.

Por tanto, la LOEE en su rol de norma generadora de límites para la redacción del decreto, solo fue tomada en cuenta en lo que fue conveniente generando desconocimiento parcial de la misma, menguando la opción de crear un decreto de estado de excepción junto con medidas que se fundamentaran en la seguridad de los ciudadanos.

Se está en presencia de un decreto que se fundamenta en “la mala fama” de una institución jurídica que, ejecutada en un plano de igualdad, transparencia y previsión, podría remediar situaciones anormales y de conflicto.

LOS 10 ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE TRABAJO (RNET)

José Javier García P., PricewaterhouseCoopers

El 7 de mayo del 2015, fue publicado en Gaceta Oficial N° 40.655 la Resolución N° 9.108 referente al Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) establecido en el artículo 519 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadores, donde se regula lo siguiente:

1) Están obligadas a inscribirse en el RNET todas las entidades de trabajo públicas, privadas, de propiedad social y mixta dentro de los 120 días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución en Gaceta Oficial. Las entidades de trabajo que ya están inscritas en el Registro Nacional de Empresas y Establecimientos deberán ingresar al RNET y actualizar sus datos dentro de los 90 días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución en Gaceta Oficial.

2) Para obtener el Certificado Electrónico del Número de Identificación Laboral (NIL), la entidad de trabajo deberá inscribirse en el RNET llenando la planilla correspondiente en el portal web http://www.mppst.gob.ve.

3) Para poder inscribirse en el RNET la entidad de trabajo deberá estar inscrita previamente en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (“IVSS”), el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (“BANAVIH”) y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (“INCES”).

4) Las entidades de trabajo deberá suministrar los datos de las plantas, sucursales o agencias que posea, al momento de su registro en el RNET. Si el inicio de las operaciones de estos establecimientos es posterior al proceso de inscripción ante el RNET, la entidad de trabajo deberá cargar los datos correspondientes dentro de los 15 días hábiles siguientes al inicio de operaciones. Igualmente, están obligadas a actualizar cualquier modificación en la información suministrada originalmente en el RNET, llenando la Solicitud de “Actualización de Datos de la Entidad de Trabajo”.

5) Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la culminación de cada trimestre del año calendario, las entidades de trabajo privadas deberán suministrar información relativa al desarrollo del proceso social de trabajo, las condiciones de trabajo, de salud y seguridad laboral, así como los datos de seguridad social, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.

6) La constancia de solvencia laboral la otorgará el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo mediante certificación electrónica emanada por el RNET.

7) Los órganos, entes y empresas del Estado sólo podrán celebrar contratos, convenios o acuerdos y cualquier tipo de actuación de carácter legal, financiero o contractual con los Representantes Legales de las Entidades de Trabajo privadas inscritas y solventes en el RNET.

8) La solicitud de la solvencia laboral podrá ser realizada por la entidad de trabajo o por cualquier interesado, a través del RNET. La consulta de la condición de solvencia que posea la entidad de trabajo será de carácter público y de libre acceso por parte de los órganos, entes y empresas del Estado, así como por las instituciones que conforman el sistema financiero público.

9) Cuando el sistema del RNET haga constar la condición de insolvente, se generará como consecuencia automática la revocatoria del Certificado Electrónico de la Solvencia Laboral emitido con anterioridad. Se establece que la situación de insolvencia será generada cuando la entidad de trabajo:

a – Incumpla una Resolución del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo o cualquier otro acto o decisión dictada por éste en el ámbito de sus competencias;

b – Se niegue a cumplir efectivamente la providencia administrativa o cautelar de reenganche, restitución de la situación jurídica infringida y pago de salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir, así como cualquier otra orden o decisión que dicte la Inspectoría del Trabajo en el ámbito de sus competencias;

c – Desacate cualquier ordenamiento realizado por los funcionarios competentes en materia de supervisión, inspección y fiscalización del proceso social de trabajo y de la seguridad social;

d – Incumpla cualquier ordenamiento o requerimiento dictado por el IVSS, el Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laborales (INPSASEL), el INCES o el BANAVIH.

e – Incumpla una decisión de los tribunales con competencia en materia del trabajo o la seguridad social;

f – No efectúe oportunamente el pago de las cotizaciones y demás aportes al Sistema de Seguridad Social;

g – Menoscabe los derechos de libertad sindical, negociación colectiva voluntaria o de huelga;

h – Incurra en cualquier otra causal prevista en las leyes, reglamentos, decretos y demás actos administrativos de efectos generales.

10) La condición de solvencia laboral podrá ser consultada directamente en el portal web www.mppst.gob.ve. Cuando una persona que tenga información de que alguna entidad de trabajo esté bajo la condición de solvencia, haya incurrido en algún hecho o irregularidad que pudiera generar la condición de insolvencia, podrá notificarlo al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, a través de cualquiera de sus unidades o por medio electrónico mediante los correos que a tal fin se dispongan en el portal web.

Aquí el texto completo de la Resolución: http://wp.me/p2i0kq-ZF