La otra sentencia de David Natera Febres

|MAR 21, 2018|

Esta es la historia de cómo procesaron y condenaron al director de un diario que hizo seguimiento a un caso de corrupción estatal en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Es, hasta la fecha, el único editor venezolano cuyo proceso ya produjo un fallo en su contra. Pero dos años después, se enfrenta a una sentencia que le pesa más: el riesgo inminente del cierre del diario Correo del Caroní.

FOTOGRAFÍAS: GABRIELA CARRERA

 

El 9 de marzo de 2016, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, decenas de pobladores protestaban, por sexto día consecutivo, en la carretera que comunica el sur de Venezuela con Brasil. Exigían que les entregaran los cadáveres de al menos 17 mineros que, el viernes 5 de marzo, habían sido masacrados en una mina cercana.

Eran las 10:00 de la noche y en el diario Correo del Caroní, a cuatro horas de ese municipio, los periodistas se preparaban una vez más para ir a Tumeremo. Pero otros se alistaban, también, para cubrir un hecho que podía cambiar el curso del periódico: el Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar había retomado la causa en contra del director del periódico, David Natera Febres, después de un receso de dos años y medio, durante el cual el proceso debía de haber prescrito.

En la avalancha de noticias, el juicio en contra del editor de 75 años parecía otro aluvión. Eran dos pautas cruciales las que se conversaban en la sala de redacción: la masacre de Tumeremo, que había sido catalogada como “virtual” por el gobernador del estado Bolívar, el general Francisco Rangel Gómez, y la audiencia en la que se decidiría si Natera era responsable de los delitos de difamación agravada e injuria por permitir la publicación de reportajes sobre hechos de corrupción en la estatal procesadora de mineral de hierro, Ferrominera Orinoco.

El escándalo de la masacre, perpetrada por bandas armadas contra civiles que suelen terminar enterrados en fosas comunes, movilizó a figuras de peso como Luisa Ortega Díaz y Tarek William Saab, fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente, y pronto el pueblo minero llamó la atención de la prensa nacional e internacional.

En la redacción del Correo del Caroní, hasta entonces único rotativo con 39 años de trayectoria en la región, la cobertura de Tumeremo ocupaba, por decisión editorial, a toda la plantilla de periodistas. Al único vehículo operativo, una camioneta roja Chevrolet pickup, le reparaban fallas para el traslado hasta el pueblo minero. Sería un viaje ida y vuelta, por seguridad, y porque no había presupuesto para pernoctar.

En paralelo, en el tribunal penal de Puerto Ordaz, se decidía la suerte del editor del periódico. Mañana, tarde y noche, durante el 8 y 9 de marzo, David Natera Febres, junto a su hijo, su abogado y varios periodistas —nosotros, porque yo cubría la fuente sindical en el diario—, estuvimos ahí para escuchar los alegatos del acusante. Sin aire acondicionado, ni ventiladores, el calor nos ahogaba.

A las 11:00 de la noche, todo indicaba que se produciría la sentencia.

La primera vez que David Natera visitó los tribunales de Puerto Ordaz en condición de acusado ocurrió en julio de 2013, cuando fue notificado de una primera demanda. Habían transcurrido seis meses del seguimiento informativo a una investigación adelantada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la Ferrominera.

Los primeros artículos publicados por el Correo del Caroní informaron los avances del procedimiento del gobierno contra empresas intermediarias en la comercialización de mineral de hierro. En los registros legales de esas compañías, con razones sociales ajenas al negocio minero, figuraban apellidos de conocidos empresarios de Guayana, entre ellos el de Yamal Mustafá, contratista de la Gobernación del estado Bolívar y director del diario regional Primicia.

Las detenciones de los gerentes de la estatal se produjeron en junio de 2016. En cadena nacional, el recién electo Nicolás Maduro, embarcado en una efímera lucha contra la corrupción, anunció la captura del entonces presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, y de otros cinco gerentes de la compañía.

La fotografía completa de la historia la supimos un mes después, cuando el entonces diputado Andrés Velásquez, del partido opositor La Causa Radical, compartió con la redacción del Correo del Caroní un documento de la Dgcim. Las transcripciones de los interrogatorios, publicadas a partir del 11 de julio, conectaron cabos sueltos en el seguimiento de la historia. Confirmó, por ejemplo, que Yamal Mustafá sirvió de intermediario en la transferencia de 3.9 millones de dólares en el pago de sobornos al general de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Juan Carlos Álvarez Dionisi, a quien apodaban “El Tiburón”.

La publicación de ese informe, con páginas completas durante una semana, fue el detonante para la presentación de dos acciones judiciales contra Natera Febres: una penal y otra civil. La demanda civil, el 18 de julio de 2013, coincidió con la captura de Mustafá, quien fue detenido e imputado por ser presunto cooperador en los delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.

A pesar de su encarcelamiento, los tribunales admitieron la demanda penal (el 23 de julio) y la civil por daños y perjuicios (el 25 de julio), en la que solicitaba el pago de una multa (126 millones de dólares al cambio oficial de la época) y el embargo de los bienes del editor.

En sus alegatos, Mustafá sostuvo que su detención fue motivada por una “campaña de descrédito” que Natera y el Correo del Caroní emprendieron en su contra: una estrategia de “real malicia”. Pero en dos años y ocho meses, la audiencia de juicio fue constantemente diferida sin que él se presentara y todos los recursos presentados por la defensa fueron negados. Durante ese período, el contratista estuvo detenido en la sede de la Dgcim en Ciudad Bolívar y, antes, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en Caracas.

El sobrino de Mustafá, Manuel Mustafá, era el propietario de dos de la docena de empresas que en 2012 entraron para servir como intermediarios en la venta de hierro, una figura prohibida en el decreto de nacionalización del mineral. Los fiscales del Ministerio Público acusaron al director de Primicia de haberlo utilizado como testaferro en negocios de contrabando de mineral de hierro y extorsión en el seno de la compañía estatal. Un caso que produjo pérdidas estimadas de 1.113 millones de dólares para la Ferrominera Orinoco que, según los cálculos del periodista Joseph Poliszuk, hubiesen alcanzado para llenar 1.321 maletas como la de Guido Antonini Wilson, el empresario venezolano célebre por su llegada a Argentina en 2007 con una valija de 790 mil dólares, o el equivalente a las inversiones requeridas para, cuando menos, incrementar en un 50 por ciento la producción en CVG Bauxilum.

A las 11:00 de la noche del 10 de marzo de 2016, David Natera destacaba en la sala del Tribunal Penal Sexto de Juicio. Vestía pantalón, camisa blanca y mocasines negros, como el día anterior. Es un traje que suele usar con frecuencia.

Tal como pidió, su esposa no le acompañaba. Le asistía su abogado y amigo, Eliécer Calzadilla; su hijo, David José; el jefe de redacción del diario, Oscar Murillo; y el abogado Morris Sierralta.

—¿Estás escuchando, David? —refunfuñó Calzadilla.

—Ajá.

—Que tú tienes, coño, que reconocer, en los años que te quedan, que tienes que aprovechar Daytona (en Florida, Estados Unidos), sus playas, aprovechar tus vainas. Esto ya es historia, tú no puedes componer ni siquiera Villa Antillana (urbanización de Puerto Ordaz). ¡Tienes que posponer Venezuela!

Calzadilla protestó durante los dos días de juicio por la terquedad de Natera de permanecer en Ciudad Guayana como un centinela. Solo en noviembre de 2015, Natera había viajado a Estados Unidos para someterse a una operación. Llevaba tres años sin salir del país porque “no se puede descansar”. Y como repite siempre: “Yo soy de los que no se van”. La respuesta de Calzadilla siempre era la misma: “Esto ya no se compone”, “No estarías aquí”. Pero Natera callaba. Permaneció callado ambos días.

Ese 9 de marzo, Natera no refutó ni sentenció, como suele hacerlo. Se expresa con oraciones cortas, moviendo las manos con cadencia de punto y aparte, que uno completa y le da sentido si le conoce. Esos días solo sonrió con sarcasmo durante la exposición de la parte acusadora: una abogada que con frecuencia gritaba y, con ademanes histriónicos, se negaba a leer el contenido de los trabajos periodísticos que, en nuestra opinión, desmontaban el caso.

Escuché mi nombre dos veces en esa exposición. La primera porque aparecía entre los contactos telefónicos de “El Tiburón” y, la segunda, cuando expusieron las razones por las cuales demandaban penalmente al editor y no a la autora de las notas periodísticas. “Es un acto de cobardía del ‘editor’ David Natera Febres manipular a jóvenes periodistas para pretender descargar en ellos la responsabilidad de las acciones delictivas que, de manera reiterada y agravada, están cometiendo. Es un daño que le está haciendo tanto a ellos, a quienes pretende utilizar como carne de cañón para eludir responsabilidades, como al periodismo en general, y por esta razón decidí excluir de esta acusación a la joven periodista Clavel Rangel, quien está siendo vilmente manipulada por el editor de este medio de comunicación en decadencia”.

Durante todo el martes la exposición de motivos se centró en la lectura de titulares y la firma en el cabezal del periódico (donde resaltaban: “Director: David Natera Febres”), omitiendo la firma y el contenido de las notas que habíamos publicado con los hallazgos de la investigación. Natera no intervino ni dijo una palabra en esos dos días. Fue su decisión para no convalidar a tribunales que, desde un principio, calificó como corruptos.

Los alguaciles no permitieron grabar, ni tomar fotos, aunque se trataba de un juicio oral y público. Era una sala con piso de granito, mesas de madera  y juego de cuatro bancos de madera a la derecha y a la izquierda. El único ventilador estaba cerca del juez Beltrán Lira, conocido en Guayana, entre otros casos, por haber dictado orden de captura contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, Rubén González, en 2009, un episodio emblemático de criminalización de la libertad sindical y de la protesta.

Lira estaba de buen humor. Se trataba, además, de un encuentro estelar porque desde 2013 era la primera vez que Natera y Mustafá coincidían en una audiencia. Tres meses antes, en diciembre de 2015, el empresario había obtenido una medida sustitutiva de libertad luego de que la Corte de Apelaciones fallara a su favor y en contra de los fiscales que, en julio de ese año, congelaron su libertad. Así que el juez se permitió bromear y tratar de resumir la lectura de los alegatos expuestos por los abogados de Mustafá, los mismos que defendieron a directivos de Sidor acusados de corrupción en 2011 por el caso conocido como la “mafia de la cabillas”.

David Natera Febres estudió derecho, pero siempre su obsesión fue el periodismo. Lo atribuye, de pronto, a una coincidencia histórica: nació en 1941 en Ciudad Bolívar, a 50 metros de la casa del Congreso de Angostura, donde el libertador Simón Bolívar dio su histórico discurso en 1819. También, a 200 metros del río Orinoco y de la casa del Correo del Orinoco, el periódico del siglo XIX cuyo lema era “Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público”.

Así se presenta. “No hablamos de cuestiones incoherentes cuando hablamos de un compromiso histórico”. Y eso último es casi su mantra. El compromiso es la respuesta a su permanencia en el negocio editorial, aunque hace años que el Correo del Caroní y TV Guayana, dos de las empresas de Editorial Roderick (cuyo nombre concedió en honor al impresor del Correo del Orinoco), solo generen pérdidas.

Comenzó a escribir a los 16 años y en 1977 fundó el Correo del Caroní en el barrio Villa Colombia, en el centro de Puerto Ordaz. Esperó días para que el encendido de la rotativa coincidiera con la fundación del histórico periódico del que tomó el nombre. Allí vivió durante dos años, a un cuarto de distancia de la rotativa, en el pequeño galpón amarillo que hoy, 40 años después, se mantiene intacto entre el centro comercial Venezuela y el mercado de Villa Colombia.

Desde entonces ha sido un hombre de medios, propietario de un diario que acaparó toda la publicidad y propaganda, tanto privada como estatal, en los años dorados de la entonces pujante Ciudad Guayana. Ser el único periódico de la zona, hizo del Correo el principal lugar para anunciar y eso le permitió a Natera amasar una fortuna, tener aviones, hacer viajes y asumir posiciones de poder, lo que le valió el mote, entre gente de confianza, de Ciudadano Kane, en referencia a la película de Orson Welles inspirada en el magnate de la prensa estadounidense William Randolph Hearst. “Con graves diferencias éticas, déjate de vaina”, le respondió al escritor venezolano Rafael Pineda cuando en un telegrama le apodó así. De esa bonanza, y de ir vendiendo propiedades, es que hoy el periódico y la televisora subsisten en operaciones mínimas.

Sus detractores —no pocos— han visto en David Natera a un hombre soberbio y poderoso, que no se mezcla con la clase empresarial de Guayana. “Yo los conozco, son los de siempre”, dice. Es presidente del Bloque de Prensa Venezolano, una agrupación de dueños de los otrora medios impresos del país, y fue vicepresidente para la región de la Sociedad Interamericana de Prensa, en cuya tarima se propuso siempre adversar a Hugo Chávez y calificar al suyo como un régimen, mucho antes de que Venezuela fuese reconocida como dictadura. Sin embargo, no convalidó el golpe de Estado de 2002 y es célebre un video de Rangel Gómez usando las cámaras de  TV Guayana colocándose a la orden de la transición, de modo que Natera no es un hombre fácil de encasillar. Es, en general, un hombre contrapoder que no le gusta compartir sus propios espacios.

Tampoco es la primera vez que se enfrenta a intereses locales. En la década de los 90, las publicaciones del Correo del Caroní lo encararon con el llamado “Grupo chino” del partido Acción Democrática, a quienes La Causa R calificaba de corruptos. Famosa fue aquella campaña en paredes de Ciudad Guayana donde lo acusaron a él y a su familia también de ladrones. “Allí perdí mi libertad. Hubo que contratar guardaespaldas y perdí libertad. Por eso yo los conozco, son la misma gente —insiste—. Los mismos corruptos”. Su paso por la política fue breve e irreversible cuando le tocó ocupar por unos meses la presidencia del Consejo Legislativo del estado Bolívar, entre 1979 y 1980.

En la época dorada del diario, cuando grandes anunciantes como Cantv, Movistar y Ternium pagaban páginas completas, Natera llegó a conceder publicidad por precios simbólicos al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss), el sindicato de la Siderúrgica del Orinoco, solo para que hicieran contrapeso al consorcio ítalo-argentino que se apropió de Sidor en su exigencia de condiciones justas de trabajo. Pero así como ese gesto, en su expediente también aparece el cierre del diario El Pueblo cuando, quizás por coincidencia, un grupo de trabajadores se organizó para instalar un sindicato. En algún momento, el gobierno de Chávez se encargó, también, de auditarle hasta el último bolívar y sus cuentas bancarias fuera del país, en la búsqueda de algún rastro de ilegalidad. La detención de uno de sus sobrinos, el más cercano, piloto de uno de sus aviones, posó la mirada sobre él cuando aquel fue detenido en Estados Unidos por haber prestado su cuenta bancaria al narcotráfico. Pese a la exhaustiva búsqueda e intentos de vincularle, el gobierno jamás pudo demostrarle nada al editor. Él presenta cada capítulo de esa historia reciente como una batalla ética ganada. Y esta, la de la sentencia, no es siquiera la más importante.

El día más difícil para David Natera no fue el 11 de marzo de 2016, cuando lo declararon culpable de difamación agravada e injuria en forma continuada. Ni los días subsiguientes en los que no ha podido salir del país, ni las presentaciones mensuales en la comisaría, ni la violación de sus derechos políticos al ser excluido del registro electoral. Ha sido el día que el Correo del Caroní dejó de circular en su versión impresa, apagando temporalmente la rotativa GOSS Community. “Mi máquina… todos los días la veo y se la encomiendo a la Santísima Trinidad porque, desde que la arrancamos, mi mamá estuvo presente”.

Unos meses antes, el 31 de julio de 2015, el Correo pasó a convertirse en semanario impreso. Aquel miércoles de edición y montaje, para la preparación de lo que entonces ya era un diario que había cambiado de estándar a tabloide y con menos páginas, David Natera contemplaba la maqueta en la pantalla en absoluto silencio y con ira. Fue el preludio de la portada que circuló la última semana de noviembre de 2016, con una promesa que luego no se pudo cumplir: “El régimen que impera en Venezuela limita e impide la circulación de la prensa independiente, controlando la importación y suministro de papel para eliminar a los periódicos que no se doblegan ante la vergonzosa dictadura informativa. La preservación de papel es vital para las conquistas democráticas. Correo del Caroní circulará de nuevo el próximo año”.

La rotativa permanece apagada. Dos bobinas están en la parte trasera del periódico, esperando el momento definitivo para anunciar el fin de una era. Ahora la “resistencia” es digital, pero no es una idea que Natera defienda, ni admire, aunque ya grandes diarios hayan dado el paso. Se niega a usar Whatsapp, Twitter, Facebook. Tampoco responde mensajes de texto, solo llamadas telefónicas y correos electrónicos. El editor sueña con volver a imprimir en la rotativa. “No es un sueño, eso será así”.

En los últimos cuatro años, el periódico ha limitado sus funciones y su plantilla de periodistas y trabajadores. De poco más de 100 personas, hoy no están en nómina ni 30. Un cuerpo de cuatro editores y cuatro periodistas trabajan remota y directamente en la sede del diario en Villa Colombia.

La función de guardabarreras, propia de editores, quizás Natera la maduró con la experiencia de los años, lo suficiente como para dar libertad y aceptar el debate en momentos cruciales. Aunque todos conocemos sus maneras casi invisibles de ejercer su influencia, en mis 10 años en el periódico jamás le vi editar una portada o mandar a cambiar un titular antes de su impresión; ni siquiera vigilar el proceso, salvo en las ediciones aniversario cuando se quedaba hasta la impresión del último ejemplar para vigilar que el color fuese óptimo.

Por eso, David Natera nunca preguntó con qué íbamos a titular aquellos días de las publicaciones sobre Ferrominera Orinoco, aunque las discusiones entre jefe de redacción y periodistas eran intensas. Tampoco hubo mención a si estábamos en la dirección correcta en aquellos días de tensión, cuando tras cada reportaje aparecían dos páginas encontradas en el diario de Mustafá, amenazando con represalias o intentos de intimidación.

Sin embargo, la sentencia que el juez leyó en 11 minutos, el 11 de marzo de 2016, a las 12:55 de la madrugada, estableció otra cosa:

“(…) Si bien es cierto que los reportajes a los que se viene haciendo referencia no son suscritos por el querellado, no es menos cierto que constituye un hecho notorio que el lector del diario Correo del Caroní se circunscribe en la persona de David Natera Febres, recayendo sobre él mismo la responsabilidad de editar o limitar lo que debe considerarse como un hecho noticioso en el cual no se emiten juicios de valor. 

Es por eso que quien se pronuncia debe hacer una reflexión: los medios de comunicación social tienen un compromiso ineludible con los valores supremos a los cuales se contrae el artículo 2 de nuestra Carta Magna, así como también la obligación de informar en procura del respectivo equilibrio de esos valores, ello con el debido respeto de los derechos humanos a cualquier persona, dado que aún ni el delincuente más vil tiene derechos que deben ser tutelados. Más aún cuando el honor y la reputación trascienden del plano personal al plano familiar, no olvidemos que el mayor legado a nuestros hijos es el honor, el decoro y el respeto en una sociedad de iguales. Es así como en esta oportunidad el Tribunal Sexto en funciones de juicio declara la culpabilidad y responsabilidad del ciudadano David Natera Febres en la comisión de los delitos de difamación agravada e injuria en forma continuada, en consecuencia lo condena a cuatro años de prisión y una multa de mil ciento veintisiete unidades tributarias”.

El 13 de diciembre de 2016 fue declarado sin lugar el recurso de casación intentado contra la sentencia de la Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por Maikel Moreno. La orden de prisión fue suspendida por decisión del Tribunal de Ejecución, siempre y cuando Natera permanezca en el país, se presente mensualmente y pague la multa. Le sigue ahora la activación del juicio civil que podría concluir en un embargo de bienes.

David Natera Febres va cada mes a la sede de la policía a tomarse una fotografía. En la pantalla de su teléfono muestra una seguidilla de retratos en los que, cabeza alta, posa bajo el letrero de la comandancia, como si se tratara de un delincuente más.

—Tenía que estar aquí —me dijo cuando lo entrevisté para escribir esta historia, a comienzos de febrero de 2018—. Esto es un emplazamiento diario. Yo no me voy. Tengo que estar, yo soy de los aquí, de los que no se van. Mi compromiso histórico es este y, realmente, estoy orgulloso de eso.

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Esta historia forma parte de Crónicas insumisas, un microsite del Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, en alianza con la Embajada de Canadá, La vida de nos, la ONG y El Anexo. Visite el proyecto completo en este enlace.

Marco Jurídico de los Condominios en Venezuela

Abog. Yelitze Cortez

La norma por excelencia y que debemos aplicar en las comunidades sometidas al régimen de propiedad horizontal (condominios), sea residencial o comercial, es la Ley de Propiedad Horizontal -que data de 1958- con una ligera reforma en 1983, en la que el legislador contempló los aspectos que consideró para el buen funcionamiento de las comunidades que se rigen por la propiedad horizontal.

La actividad legislativa en materia de propiedad horizontal o también llamado condominios, en nuestro país ha sido escasa. Diversos proyectos han sido trabajados por abogados especialistas en el área; sin embargo hasta la fecha no tenemos una ley cónsona con la realidad, lo que hace un poco cuesta arriba el manejo de los condominios en Venezuela

La dinámica y el constante cambio en toda sociedad, nos lleva a complementar la norma, con la doctrina y la jurisprudencia.

Las decisiones que han tomado los jueces como órganos de administración de justicia, nos van a complementar la toma de decisiones y que suplirán aquellos aspectos que no contempló la Ley de Propiedad Horizontal.

Por último. y no menos importante, la opinión importantísima de abogados con experiencia en esta materia tan especial y que tiene pocos profesionales que se dedican a ella.

La propiedad horizontal se maneja con diversos instrumentos jurídicos, no solo la ley especial que rige la materia, sino otros cuerpos normativos en los que nos vamos a apoyar en el manejo de las situaciones que, en el quehacer cotidiano, se nos presentan en los inmuebles sometidos a este régimen:

Código Civil de Venezuela [1]

Por tratarse de obligaciones civiles, le es aplicable a la vida en condominio. El código, si bien no tiene un capítulo específico que abarque la propiedad horizontal, contiene en su articulado una serie de normas aplicables a las relaciones en los condominios. Veamos algunas:

Mandato

Encontramos en el Título XI, capítulo I, las normas relacionadas con el Mandato, la naturaleza de este contrato, las obligaciones del mandatario, las obligaciones del mandante, culminando en el articulo 1.712 con la normativa relacionada con la extinción del Mandato.

Dispone el artículo 1.684 que “El Mandato es un contrato por el que una persona se obliga gratuitamente, o mediante salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que la ha encargado de ello”.

Comunidad

Prevista en el Titulo IV, veamos algunos artículos aplicables en materia de Propiedad Horizontal.

Artículo 760, primer aparte: “El concurso de los comuneros, tanto en las ventajas como en las cargas de la comunidad, será proporcional a las respectivas cuotas”.

Artículo 761: “Cada comunero puede servirse de las cosas comunes, con tal que no las emplee de un modo contrario al destino fijado por el uso, y de que no se sirva de ellas contra el interés de la comunidad, o de modo que impida a los demás comuneros servirse de ellas según sus derechos”.

Artículo 762: “Cada comunero tiene derecho de obligar a los demás a que contribuyan con su porción a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común, salvo a éstos la facultad de libertarse de tal deber con el abandono de su derecho en la cosa común”.

Artículo 763: “Ninguno de los comuneros podrá hacer innovaciones en la cosa común, aunque reporte a todos ventaja, si los demás no consienten en ello, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente”.

Artículo 764: “Para la administración y mejor disfrute de la cosa común, pero nunca para impedir la partición, serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los comuneros, aun para la minoría de parecer contrario.

No hay mayoría sino cuando los votos que concurren al acuerdo representan más de la mitad de los intereses que constituyen el objeto de la comunidad.

Si no se forma mayoría, o si el resultado de estos acuerdos fuese gravemente perjudicial a la cosa común, la autoridad judicial puede tomar las medidas oportunas y aun nombrar, en caso necesario, un administrador”.

Ley Orgánica del Trabajo [2]

Todos los trabajadores del condominio están protegidos por la Ley Orgánica del Trabajo, salvo los Trabajadores Residenciales (los encargados del aseo y limpieza del inmueble) quienes tienen un artículo en esta ley y tienen además la protección que les brinda la ley especial que los rige, en este caso la Ley para la Dignificación de Trabajadores Residenciales, que se menciona más adelante.

La Ley de Propiedad Horizontal no dispone nada acerca del Trabajador Residencial, antes llamado “conserje”. Este nombre fue eliminado en la oportunidad de promulgarse la ley especial que rige a este tipo de trabajadores, muy común en todo condominio.

La Ley Orgánica del Trabajo prescribe en el Título IV -De las Modalidades Especiales de Condiciones de Trabajo- y dispone en el artículo 206: “Los trabajadores residenciales, se regirán por la Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales, en todo lo aplicable a la materia laboral; y por esta ley, en cuanto les favorezca”.

Ley de Propiedad Horizontal [3]

Esta es la norma por excelencia y ley especial, para los inmuebles sometidos a la propiedad horizontal.

Contiene la normativa por la que los condominios deben regirse y fue sancionada en 1983. Tiene el Reglamento Parcial N° 1 de la Ley de Propiedad Horizontal [4]

Consta de 47 artículos y tres de disposiciones finales.

Ley  Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales [5]

La Ley Orgánica del Trabajo prevé la normativa aplicable a los trabajadores del condominio, sin especificar un capítulo especial destinado a ellos, sino que simplemente por ser trabajadores están sujetos al amparo de esta ley.

Los antes denominados “Conserjes”, se unieron en registros y reuniones para solicitar que se garantizaran los derechos y las reivindicaciones que, a su juicio, faltaban para este segmento de trabajadores con régimen especial por cuanto consideraban que estaban siendo sobre explotados por sus patronos; en este caso, las comunidades de propietarios.

Nace así una ley especial para ellos que viene, a juicio de la exposición de motivos de la misma norma, a “reivindicar” y proteger a estos trabajadores desprovistos de protección en las relaciones de trabajo.

Es una novísima ley que recoge la normativa legal aplicable a los trabajadores encargados del aseo y de la limpieza de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal y que sean destinados a vivienda.

Recoge una serie de artículos que definen de manera clara las funciones de este trabajador, su contratación, el plan de trabajo a seguir entre otros de interés. Es un trabajador que, aparte del articulado contenido en la Ley Orgánica del Trabajo, tiene en este cuerpo normativo todo cuanto le es aplicable por ser un trabajador del condominio.

Se observa un excesivo manto protector que -en muchas ocasiones- tiende a perjudicar; si no, a entorpecer la relación armoniosa que debe prevalecer entre las partes de trabajo en esta relación, por haberse excedido el legislador en la sobreprotección de estos trabajadores.

Ley Orgánica de Precios Justos [6]

Es un cuerpo normativo al que están sometidos los prestadores de servicios vinculados con el condominio, tales como empresas de vigilancia, de mantenimiento de ascensores y piscinas, y administradores de condominio, entre otros proveedores de servicios.

Contiene la relación de los derechos individuales de las personas en el acceso a bienes y servicios, su órgano rector es la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos.

Esta ley recoge prevé el Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a seguir por cualquier condómino que sienta lesionado su derecho por parte de un proveedor de servicios.

Tiene un órgano controlador que enumera una serie de infracciones cometidas, con sanciones en multas que van entre 500 UT y 50.000 UT,  así como la responsabilidad penal que incluye  prisión de cinco (05) y ocho (08)  años para el delito de Usura.

Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio [7]

La sociedad evoluciona y con ella la necesidad de adaptar normas que coadyuven a lograr la armonía entre los miembros de una comunidad.

Este es un tema que genera controversias, porque tenemos -por un lado- a las personas que consideran a “los animales” como motivo de discordia, desaseo y molestia en la comunidad; y por otro, a quienes consideran a “las mascotas” como un miembro más de la familia.

Solo en la forma de llamarlos, podemos percibir la manera en que se puede concebir a una mascota dentro de determinado grupo social.

Numerosos estudios demuestran que la presencia de una mascota en nuestro hogar tiene un impacto positivo en la salud física y mental de las personas, Sin duda las mascotas mejoran nuestra calidad de vida, de allí que muchas familias opten por tener una y es muy común ver animales domésticos en los edificios residenciales.

Se estima que aproximadamente 65 % de la población convive con -al menos- una mascota en el hogar. Este amplio porcentaje pudiera indicarnos que tener un animal de compañía, es más beneficioso que perjudicial.

Esta ley nos orienta y guía el camino a seguir cuando tenemos mascotas en el condominio y a dónde acudir en caso de diferencias con vecinos, ocasionados con la propiedad o tenencia de animales domésticos en nuestra comunidad.

Esta ley prevé sanciones al propietario, o quien detente una mascota, con multas que van desde 40 unidades tributarias (40 UT) a 100 unidades tributarias (100 UT) dependiendo si son Infracciones leves -como la no recolección de excretas durante su permanencia en áreas de uso común-  o si se trata de infracciones graves como el abandono del animal, adicional a las sanciones accesorias que trae la ley para el infractor de la norma, como es el trabajo comunitario.

Ordenanzas sobre Convivencia Ciudadana

Cada municipio tiene, dentro de su autonomía normativa, la potestad de aprobar ordenanzas que velen por la convivencia ciudadana.

Las ordenanzas  tienen por objeto consolidar las bases de la convivencia ciudadana, evitar la anarquía y propender en relaciones armoniosas en las comunidades.

La doctrina patria nos indica, en estudio jurídico del Dr. Allan Brewer-Carías [8], lo siguiente:

Los municipios tienen autonomía normativa; es decir, se dictan su propio ordenamiento en las materias de su competencia. Por ello, las ordenanzas en nuestro país tienen carácter de leyes locales… (Omissis).

Es decir, las normas que los concejos producen tienen carácter de ley en relación con las materias propias de la competencia municipal”.

A diario, se reciben quejas y solicitudes de intervención por parte de las personas, por infracciones menores propias de la vida comunitaria, que son atendidas en las alcaldías, que es la primera instancia a donde acuden quienes sienten lesionados sus derechos, en temas relacionados con la convivencia.

Documento de Condominio

Considerado por muchos como “la cédula de identidad del condominio”, es la agrupación de normas creadas por el constructor del inmueble destinado a ser enajenado bajo el régimen de propiedad horizontal.

Es un documento fundamental para el desarrollo de la actividad de administración en todo condominio, sea residencial o comercial, y su regulación la tenemos en el artículo 26 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Contiene una serie de normas relacionada con la administración del inmueble y   sostiene su primacía en dos artículos, específicamente el relacionado con la participación, como lo la Consulta Escrita y la Asamblea de Copropietarios.

Merece particular mención aclarar que es un documento elaborado por particulares; es decir, el legislador no interviene para nada en su formación, de allí que deba tenerse mucho cuidado con la normativa que este instrumento contenga, que no debe lesionar derechos de los propietarios y no debe ir contra la norma.

Solo puede ser modificado por unanimidad por parte de la comunidad de propietarios y, necesariamente, debe estar registrado ante la Oficina de Registro Inmobiliario de la jurisdicción donde se encuentre el inmueble.

Reglamento de Condominio

Dispone la Ley de Propiedad Horizontal que este documento  debe hacerse acompañar al Documento de Condominio. A diferencia de éste último, puede modificarse por mayoría en Asamblea.

En este reglamento podemos plasmar todas aquellas normas de uso de áreas comunes, convivencia, régimen especial de áreas comunes y otros de interés comunitario.

No exige tanta formalidad en cuanto a quórum, de allí que sea viable tener un reglamento actualizado, con el cuidado de que el mismo debemos registrarlo para que tenga efectos ante terceros.

Ley de Justicia de Paz [9]

Es un mecanismo abierto y flexible de descentralización a las comunidades y grupos vecinales organizados, que transfiere de los municipios a los ciudadanos -a través de las instancias y organizaciones del Poder Popular- la competencia de la justicia de paz comunal, a los fines de coadyuvar en la convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad.

Esta ley promueve el Arbitraje, la Conciliación y la Mediación, para lograr la armonía en relaciones familiares, convivencia vecinal y comunitaria.

El Juez de Paz, como órgano auxiliar de la justicia municipal tiene, en atención a lo contenido en el artículo 8, plena competencia en relación con conflictos vecinales.

Según un estudio jurídico elaborado por el abogado José Gregorio Delgado [10] “Estamos en presencia de un servicio municipal de carácter social, que se concreta por la participación de los ciudadanos y las organizaciones de la comunidad, para lograr la resolución de conflictos y la convivencia en la comunidad municipal mediante el acceso al sistema de justicia, la protección de los derechos vecinales y la participación ciudadana en la administración de la justicia.

La justicia de paz comunal es importante como mecanismo alternativo de la solución de los conflictos y la convivencia social en el ámbito territorial local, para establecer la corresponsabilidad de los vecinos en la defensa de los intereses vecinales, mediante la participación ciudadana y comunitaria”.

Es importante destacar que también es aplicable a los condominios la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), que contiene información esencial para los condominios, puesto que éstos tienen -como Entidad de Trabajo- trabajadores bajo su dependencia; y no solo los trabajadores residenciales (antes conserjes), sino cualquier trabajador que preste servicios y que mantenga una relación de trabajo con el edificio.

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1) Código Civil de Venezuela. Gaceta Oficial 2.990, del 26 de julio de 1982.

2) Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.076, del 7 de mayo del 2012.

3) Ley de Propiedad Horizontal Gaceta Oficial 3.241 del 18 de agosto de 1983.

4) Reglamento Parcial N° 1 de la Ley de Propiedad Horizontal. Gaceta Oficial N° 34.831, del 31 de octubre de 1991.

5) Ley Especial para la dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales. Gaceta Oficial 39.668, del 6 de mayo del 2011.

6) Ley Orgánica de Precios Justos. Gaceta Oficial 40.787, del 12/11/2015.

7) Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio. Gaceta Oficial 39.338, del 04/01/2010.

8) El Régimen Municipal en Venezuela. Colección estudios administrativos N° 2. Editorial Jurídica Venezolana. Allan Brewer-Carías, Autonomía Normativa p-16.

9) Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal. Gaceta Oficial Número 39.913 del 2 de mayo del 2012,

10) Delgado, José Gregorio. Justicia de Paz, una competencia municipal participativa. Programa de apoyo a la gestión de los gobiernos municipales. www.paggmunicipal.net

Intereses moratorios a aplicar en la deuda de la planilla de liquidación en condominios: ¿Interés mercantil o civil?

Daniel Natale (*) Revista Venezolana de Derecho Mercantil, Nro. 4, 2020. Pp 541-548

En todo inmueble regido bajo Ley de Propiedad Horizontal (LPH), cada uno de los copropietarios tiene un porcentaje asignado que refleja su grado de participación en los gastos comunes.

Este porcentaje es llamado por la Ley de Propiedad Horizontal, alícuota y se encuentra en el artículo 7; a su vez, determinada en el documento de condominio del inmueble.

La planilla de liquidación del condominio, o como se conoce comúnmente el recibo de condominio, refleja los gastos comunes que se dividen entre todos los copropietarios proporcionalmente a la alícuota asignada.

Cuando se emite el recibo de condominio para su cobro, surge un problema que en los últimos años ha ido en aumento por diversas razones: la morosidad. Es decir, el retraso del deudor en realizar el pago oportunamente.

Cuando un deudor entra en mora, se abre la posibilidad de cobrarle intereses moratorios; y este es otro problema de gran relevancia que surge en los inmuebles regidos bajo la LPH.

Este punto de tanta importancia, como el cobro de intereses.

Algunos se preguntarán por qué se habla sobre condominios, que es esencialmente derecho civil.

La razón es que consideramos que, en algunos casos, el derecho sobre condominios y el derecho mercantil están estrechamente relacionados.

En esta oportunidad, más que una relación entre ambas ramas, analizamos una confusión relacionada con el derecho mercantil.

Como mencionamos al inicio, toda deuda pecuniaria que presente un retraso se considera que está en mora.

Esta situación de mora otorga la posibilidad de cobrar intereses moratorios.

Existen otros tipos de intereses como los compensatorios, que en algunos casos tienden a confundirse, que no son el objeto del presente trabajo. Nos limitaremos a mencionar que, básicamente, los intereses compensatorios son los que se cobran en una deuda pecuniaria como contraprestación del uso del dinero.

Escuchamos con mucha frecuencia que los intereses aplicables a deuda del condominio, es decir a la mora en el pago del recibo de condominio, es el 12%; al preguntar si eso es anual o mensual, son pocos los que pueden dar una respuesta acertada.

Al preguntar de dónde viene ese número, nos responden escuetamente, ¡de la ley!

Los más atrevidos indican que está establecido en la LPH.

Aunado a esto, en los últimos años, y debido a la grave situación económica que vivimos en Venezuela se ha hecho práctica común aplicar incluso un número porcentual mucho mayor al 12 %.

Para aplicar adecuadamente los intereses moratorios a una deuda de condominio, debemos analizar si es una relación de carácter civil o mercantil.

En nuestra opinión, la relación que existe entre los condóminos es de carácter civil. De igual manera, la relación existente entre todos los condóminos y la administradora, es de carácter civil.

En este punto, se crea un problema ya que para muchos esta es una relación comercial, dando esto pie a la errónea aplicación de los intereses moratorios.

La administración de condominios, no está calificada como una actividad comercial, según nuestro Código de Comercio vigente.

Aunado a esto, existe jurisprudencia que establece el carácter civil o mercantil del ejercicio de las profesiones liberales tales como las de abogados, administradores, ingenieros y contadores.

Ahora bien, habiendo establecido que la relación entre la administradora y el inmueble que administra es una relación civil, podemos pasar a analizar dónde encontramos los intereses que podemos aplicar al retraso en el marco de esa relación.

En materia civil, nos remitimos al artículo 1.746 de nuestro Código Civil que estipula:

“El interés es legal o convencional. El interés legal es el tres por ciento anual. El interés convencional no tiene más límites que los que fueren designados por Ley especial; salvo que, no limitándolo la Ley, exceda en una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, caso en el cual será reducido por el Juez a dicho interés corriente, si lo solicita el deudor. El interés convencional debe comprobarse por escrito cuando no es admisible la prueba de testigos para comprobar la obligación principal. El interés del dinero prestado con garantía hipotecaria no podrá exceder en ningún caso del uno por ciento mensual”.

Como se puede apreciar claramente, estipula que los intereses legales son del 3 % anual, lo que equivale al 0.25 % mensual. Este es el interés que se debe aplicar a una deuda de condominio por su clara esencia civilista.

Al ver el número porcentual que se puede aplicar a una deuda de condominio, podemos darnos una idea del porqué de la gran morosidad existente; ya que así se proceda a cobrar judicialmente, y se aplique esos intereses, serán irrisorios los montos que se puedan cobrar.

El citado artículo de nuestro Código Civil menciona los intereses convencionales, que retomaremos más adelante.

Ahora bien, visto lo que establece nuestro Código Civil, pasamos a indagar qué establece nuestro Código de Comercio al respecto, en el artículo 108:

“Las deudas mercantiles de sumas de dinero líquidas y exigibles devengan de pleno derecho el interés corriente en el mercado, siempre que éste no exceda del doce por ciento anual”.

Aquí es donde surgen los problemas.

No sabemos de dónde o porqué, en materia de condominios, se presume que el interés moratorio a cobrar es del 12 % anual, que se traduce en 1 % mensual.

Y es precisamente en este punto, que se basa la publicación del presente trabajo en esta respetada revista de Derecho Mercantil.

En esta ocasión, la relación es una diferencia. Esta diferencia entre el derecho civil y el derecho mercantil es muy clara.

En esta oportunidad analizamos esta diferencia, que por alguna razón se tiende a confundir con el derecho mercantil.

Vemos con gran preocupación como muchas personas, y -peor aún- muchas administradoras, pretenden cobrar el 12 % anual de interés moratorio sobre deudas de condominios, invocando para ello –erróneamente- el artículo 108 del Código de Comercio.

También, y como anécdota, comentamos que en una oportunidad nos argumentaron que la relación entre la comunidad de un inmueble y su administradora del condominio era comercial, ya que la Ley de Propiedad Horizontal hablaba de los libros que hay que llevar, tal y como establece el Código de Comercio.

Esa es otra mala interpretación tanto de la LPH, como de nuestro Código de Comercio, ya que son dos situaciones diferentes y libros diferentes con finalidades diferentes.

Un inmueble regido bajo Ley de Propiedad Horizontal no tiene, ni requiere de libros de Mayor e Inventario.

La administradora como persona jurídica, muy probablemente como sociedad mercantil registrada, debe cumplir con ese requisito formal ante el registro mercantil competente; pero ese hecho, no hace que la relación con la comunidad de un inmueble regido bajo la Ley de Propiedad Horizontal, sea de carácter mercantil.

Retomando el tema principal sobre los intereses, reiteramos que los intereses moratorios que se pueden aplicar al retraso del pago de las planillas de liquidación del condominio, conocidas como recibo de condominio, son por el 3% anual: que es lo mismo, el 0.25% mensual.

Dicho lo anterior, hay una excepción en el mismo artículo 1.746 del Código Civil. Allí menciona que el interés puede ser legal o convencional. En otras palabras, puede ser convenido o acordado entre las partes, dentro de las limitaciones que establezca la propia ley.

En nuestra opinión, la única manera legal que una administradora pueda cobrar el 12 % anual al moroso de un inmueble bajo propiedad horizontal, es que haya sido pactado o convenido entre la comunidad -a través de una asamblea- y la administradora, y esté claramente expresado en el contrato de servicios de administración de condominios. Este criterio ha sido mencionado reiteradamente en la jurisprudencia patria y fue ratificado de manera vinculante por la Sala Constitucional.

Vale la pena mencionar que dichos intereses pertenecen a la comunidad, no a la administradora como lamentablemente hemos visto en algunos casos.

Si no está claramente expresado en el contrato de servicios, se debe aplicar el interés legal del 3 % anual.

Sea cual sea el interés a aplicar y debido a la debacle económica que ha sufrido Venezuela en los últimos años estos intereses son irrisorios, insignificantes y no representan una presión o castigo para el moroso.

Y esto, a su vez, ha llevado a algunas administradoras y Juntas de Condominio a ser creativos al momento de cobrar la morosidad. Creando –en algunos casos- y aplicando figuras como pronto pago, indexación, dolarización, en muchos casos al margen de la ley.

En cuanto a los intereses moratorios, que en la mayoría de los casos son cobrados erróneamente, basados en el Código de Comercio, se le suma que en algunas oportunidades se incurre en el anatocismo legal, que no es otra cosa que el cobro de intereses sobre intereses; de igual manera, en algunos casos, se incurre en usura, que es cobrar por encima de los intereses establecidos y permitidos por la ley.

Es imperativo que las administradoras de condominios tengan un conocimiento claro que, a pesar de ser una sociedad mercantil registrada (en el caso que lo sean), no necesariamente ese hecho convierte su relación con los inmuebles administrados en una relación mercantil; por tanto, no pueden cobrar intereses moratorios a la tasa establecida en mencionado artículo 108 de nuestro Código de Comercio.

A pesar que sabemos que la jurisdicción mercantil es atrayente, en el caso de la administración de condominios es –esencialmente- una relación de carácter civil.

Esto es particularmente cierto en los inmuebles residenciales, bien sean permanentes o vacacionales, ya que el recibo de condominio no refleja una actividad económica, no refleja una ganancia o lucro; por el contrario, simplemente refleja los gastos ocasionados para mantener el respectivo inmueble.

De igual manera aplica a los inmuebles comerciales (centros comerciales) regidos por la Ley de Propiedad Horizontal.

En estos últimos, como su nombre lo indica, puede que exista una actividad comercial; incluso que el inmueble perciba algún tipo de ganancia o lucro por alguna razón; pero esa actividad no es de la administradora, por lo que la relación entre esta y la comunidad (asamblea de copropietarios) de ese inmueble comercial, seguirá siendo una relación de índole civil.

Para concluir, deseamos recalcar la importancia de diferenciar y poder establecer claramente el tipo de relación jurídica que pueda existir; en este caso, civil o mercantil.

Ambas ramas del derecho son de suma importancia en nuestra vida diaria.

Debemos tener claro que no todo acto o negocio jurídico realizado por un comerciante, lo convierte necesariamente en un acto de comercio.

Las administradoras de condominios y los condóminos, deben tener esta diferencia muy clara para evitar más problemas a la comunidad, de los que normalmente existen en los condominios.

Bibliografía:

Natale, Daniel, “Convocatorias de Asambleas en los Condominios. Relación con el Derecho Mercantil”, Revista Venezolana de Derecho Mercantil. N° 3, (2019).

Gaceta Oficial N° 475 Extraordinaria, 21 de diciembre de 1955.

Gaceta Oficial Nº 2.990 Extraordinaria, 26 de julio de 1982.

Gaceta Oficial N° 3.241 Extraordinaria, 18 de agosto de 1983.

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia N° 646, 23 de mayo del 2012.

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia N° 960, 23 de Julio del 2015.

(*) Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con Diplomado en Convivencia y Participación Ciudadana (UCAB); Especialista en Derecho Mercantil (Tesis en elaboración-UCAB); profesor de Derecho Condominial (electiva) en pregrado en la Universidad Católica Andrés Bello, en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, Colegio de Abogados del Estado Carabobo, Colegio de Abogado del Estado Zulia, en la Cámara Inmobiliaria del estado Anzoátegui y en la Universidad de Carabobo.

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El Plagio Académico

Mario Castro Villegas, docente universitario.

Antes de hablar de plagio, es forzoso hablar del fraude académico.

Este se expresa como toda conducta antiética, cuyo propósito es defraudar para obtener un beneficio o una ventaja desleal.

Se manifiesta –entre otras acciones- a través del engaño, la mentira, el cohecho, la falsificación, la suplantación, el sabotaje, la mala conducta profesional y –por supuesto- el plagio.

En el tema que nos ocupa, plagio (plagium, plagiare, plagiator) deriva del griego «plagios», que significa dolo y califica a quienes cometen hurto intelectual a través de medios fraudulentos.

Por ello, el plagio es despreciable.

Significa que quien lo comete ha tenido la intención dolosa de hacerlo, no se ha sentido intimidado por las sanciones morales y las legales y –además- se siente confirmado en su ego ante la posibilidad de que le sea reconocida una autoría que no le pertenece.

Esta reprochable conducta, se expresa a través de un abanico que va desde la tramposa reproducción parcial a una total; en cualquier caso -sin  importar la dimensión del hecho ni el daño- despoja al autor de su condición original, para ser usurpada por el plagiario como creación ilegítima con pretensiones de propia.

El alumno que plagia espera que se le reconozca un derecho que no tiene, porque su titularidad está condicionada a la satisfacción de un requisito fundamental que no cumple: ser el verdadero autor. Eso lo equipara a lo que hacen los estafadores: obtener de los estafados un trato beneficioso que no les corresponde.

En síntesis, el plagio académico es un fraude cometido -con toda conciencia e intención- que despoja (parcial o total) a un autor de textos, ideas, métodos, mecanismos, diseños, opiniones y todo lo que puede ser considerado como propiedad intelectual ajena, y suplanta su autoría para adjudicársela como propia.

Es un engaño con el que el plagiador busca un beneficio inmerecido.

QUÉ ES COMO DELITO

El plagio es un delito autónomo tipificado en la Ley sobre el Derecho de Autor, que no admite justificación ni atenuación por su condición de consciente, intencional y fraudulento.

Este delito se perfecciona cuando quien lo comete exterioriza la suplantación dolosa de un autor, aún cuando no sepa de quién se trata, y espera ser reconocido como tal.

El plagiador está consciente de que con su hecho se apropia de una autoría que no es suya y, a pesar de ello, comete el delito. Es la plena conciencia de que la obra que falsea es ajena, no la ha creado ni le pertenece.

PROTECCIÓN JURÍDICA

El derecho de autor está protegido por la Constitución, por leyes nacionales, y por tratados, pactos y convenios suscritos por Venezuela.

Es así como la Constitución, en su artículo 98, prevé que “la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluye la protección legal de los derechos del autor”.

Agrega que “El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia”.

Por su parte la Ley sobre el Derecho de Autor, en su artículo 1°, “… protege los derechos de los autores sobre todas las obras del ingenio de carácter creador, ya sean de índole literaria, científica o artística, cualesquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino”.

¿Y cuáles son esas obras?

El artículo 2° establece que son “… los libros, folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos, incluidos los programas de computación, así como su documentación técnica y manuales de uso; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado por escrito o en otra forma; las composiciones musicales con o sin palabras…”

Añade que también “…las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía; las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales; las ilustraciones y cartas geográficas; los planos, obras plásticas y croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y, en fin, toda producción literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento”.

Adicionalmente, el artículo 3° prevé que también están protegidas las “…obras del ingenio distintas de la obra original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, así como también las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyen creaciones personales”.

La autoría intelectual también se encuentra resguardada por los siguientes instrumentos jurídicos internacionales, suscritos por Venezuela:

* Convenio de París para la Protección de Obras Literarias.

* Convención Universal sobre el Derecho de Autor.

* Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.

* Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para Protección a los Autores de Obras Literarias, Artísticas o Científicas.

POR QUÉ DEBE IMPORTARNOS EL PLAGIO

Porque es un plaga que azota el ámbito académico.

Es una realidad que lesiona la honestidad, la integridad, el apego a valores compartidos que permiten el funcionamiento del sistema educativo y que -a través del tiempo- ha desarrollado en el país una cultura fraudulenta desde la primaria.

ALGUNAS FORMAS EN QUE EL ALUMNO INCURRE EN PLAGIO

Mediante el plagio el alumno –ante un requerimiento académico- disfraza los textos, ideas, entrevistas y opiniones de las fuentes, cambiando algunas palabras, oraciones y el tipo de letra; en casos, incorporando algunas faltas de ortografía, eliminando el lenguaje técnico, modificando el inicio de párrafos y –en otros- transcribiendo la información para excluir códigos de seguridad.

Con ese encubrimiento procura que se le reconozcan como propios, los análisis y argumentos solicitados por el docente.

En ese momento está violando normas de derecho, normas éticas y poniendo en riesgo el resultado de su evaluación si es descubierto por el docente.

También es frecuente que el alumno plagiador cite lo dicho por un autor y exprese que está de acuerdo con su opinión, pretendiendo que ello sea un “análisis” a valorar por el docente.

En otro caso, el alumno cita a un autor y luego inicia un análisis de la cita, pero con los mismos argumentos del autor –cambiando palabras- para hacerlos pasar como propios.

Otra situación se configura cuando el alumno realiza entrevistas y utiliza lo dicho por el entrevistado para dar argumentos como si fueran propios.

En ocasiones más descaradas el alumno simplemente copia y pega un texto, sin transformación alguna, y también lo hace pasar como propio.

Por otra parte, es importante resaltar la experiencia del docente para detectar el estilo de redacción del estudiante. Cuando se encuentra ante un trabajo presentado, le llama la atención una morfosintaxis que no es propia de estudiantes (salvo excepciones muy contadas); en especial, de quienes cursan los primeros semestres o años.

El docente sabe que ese no es el estilo habitual que tiene un estudiante al redactar. Allí se encienden las alarmas.

Con relación a los párrafos anteriores y según Andrea Romano (2016: “El discurso de Melania Trump fue plagio”), “…la probabilidad de que ante una exigencia de cátedra, el alumno luego de investigar redacte 16 palabras consecutivas (esto es aproximadamente la extensión de una oración mediana) como propias y que ello en lugar de plagio sea “simple coincidencia”, es de menos de una en 1 millón de millones”.

OTRAS FORMAS DE FRAUDE ACADÉMICO INCLUIDO EL PLAGIO

Gustavo Peña, vicerrector académico de la Ucab, en una exposición síncrona (vía Zoom Ucab) acerca del tema, el viernes 9/10/20, a las 2:00 p.m., señaló las acciones fraudulentas cometidas con mayor frecuencia en las evaluaciones en el marco de las clases presenciales, como de las correspondientes a las clases a distancia.

Actos administrativos

– Presentar justificativos falsos –o poco creíbles- para cambiar fecha de evaluaciones o para justificar inasistencias que generaron la pérdida de una evaluación o de una materia.

– Firmar la lista de asistencia en nombre de un compañero de clases inasistente.

– Permitir ser incluido en una lista de asistencia sin haber asistido.

– Incluir a un compañero en un trabajo en equipo, al que nunca aportó esfuerzo.

– Presentar un examen o un trabajo, en nombre de otro.

– Utilizar el sistema de evaluación de profesores, para evaluar falsamente.

– Evaluar a un docente sin nunca haber asistido a clases.

– Confabularse con otros para perjudicar a un docente a través del sistema de evaluación.

En exámenes

– Copiar las respuestas dadas por otros compañeros.

– Copiar y pegar diferentes fuentes bibliográficas o clases.

– Realizar reuniones en red, para discutir las respuestas de una evaluación.

– Justificaciones falsas relativas a la conectividad, para solicitar más tiempo o para lograr una nueva oportunidad.

– Utilizar herramientas no permitidas –como programas estadísticos- para responder un examen.

– Informar de accidentes personales falsos para solicitar más tiempo o para lograr una nueva oportunidad.

– Utilizar dispositivos electrónicos para buscar las respuestas.

– Enviar las respuestas a un compañero o dejar que las copie.

– Facilitar o permitir que otra persona realice el examen.

– Fotografiar un examen y enviarlo a otra persona para recibir las respuestas.

En foros o tareas evaluadas

– Copiar y pegar de diversas fuentes bibliográficas.

– Copiar y pegar de diferentes estudiantes, quienes respondieron en otro momento.

– Copiar y pegar de informes de semestres anteriores.

– Copiar y pegar de informes de grupos de otra sección.

En la redacción de trabajos o de tareas

– Copiar o parafrasear parte de otros trabajos, sin la correspondiente cita.

– Copiar trabajos anteriores y presentarlos como nuevos.

– Copiar parcial o totalmente el trabajo de otro y hacerlo pasar como propio.

– Prestar un trabajo para que alguien lo copie.

– Bajar un trabajo de internet y presentarlo como propio.

– Utilizar lo dicho por un autor sin citarlo.

– Pagar por un trabajo a quien ofrece ese servicio.

POR QUÉ SE PRODUCE EL PLAGIO

¿El alumno está consciente de la importancia de la autonomía interpretativa, de su ejercicio intelectual, de analizar y argumentar acerca de temas y de problemas?

¿Reconoce lo enriquecedor que es para su formación académica que aprenda cómo aportar ideas propias a las asignaciones docentes?

¿Es una reacción al sentir que el entorno académico privilegia –en casos- cantidad por calidad, en las asignaciones docentes?

¿Acaso muestra una deficiente formación en valores propios de la familia, de la academia y de la sociedad?

¿El plagio será el resultado de flojera intelectual?

¿Es consecuencia del desconocimiento acerca de los derechos de autor?

¿Es consecuencia de un mundo académico más competitivo, en el que se persigue la recompensa?

¿El entorno académico aporta causas y condiciones que contribuyen al plagio?

Copiar y pegar se ha convertido en una conducta pretendida como normal, entre muchos estudiantes.

Estas son las causas más recurrentes:

1) Desde la primaria el plagio ha sido estimulado. A los alumnos les asignan trabajos y -en muchos casos- les indican las páginas de los libros, o direcciones web, donde se encuentra la información. Lo que hacen es copiar y presentar la asignación como propia, a la que el docente recompensa con una nota.

Esta recompensa, legitima el plagio e internaliza en el alumno la convicción de que es así como se hace y de que no comete un ilícito.

Por otra parte, estimula al alumno a no pensar; con ello, desnaturaliza el propósito de la formación académica.

Para Sergio Castro Becerra (2016, “Nueva Denuncia de Plagio”), “El alumno copia y pega porque es más fácil y cómodo que hacer el trabajo por sí mismo”.

2) Hay plagios que son difíciles de detectar; en especial cuando al docente no se le encienden las alarmas y -por ello- no verifica la autenticidad del producto académico solicitado al alumno.

3) Los plagiadores desarrollan capacidad para descubrir los puntos ciegos de los docentes (falta de recursos para verificar fuentes, desinformación, inexperiencia, mínimo esfuerzo, indiferencia, deseo de ser aceptado por los alumnos…).

4) Algunos estudiantes –al plagiar- sienten que es el camino más corto (mínimo esfuerzo) para resolver rápidamente un requerimiento de cátedra y con “apego” a lo solicitado por el docente.

También sienten que demuestran su habilidad para hacerlo y –a la vez- obtienen la recompensa de una nota favorable.

5) Para muchos alumnos el plagio es una manera de retar la autoridad académica y de tener la satisfacción de haberla derrotado. No se sienten intimidados por las sanciones morales ni las legales.

6) El alumno desmotivado infravalora el requerimiento del docente, lo considera irrelevante y –en consecuencia- le da un mateo a la investigación a través del copia y pega.

Especialmente cuando no tiene sólida formación académica, arrastra vicios desde la primaria y la secundaria, y no ha tenido interés real por esforzarse en aprender ya que siente que todo lo tiene disponible en internet, que la web “piensa” por él.

Entonces, ¿para qué investigar y aprender, cuando puede “investigar” sólo para aprobar una asignación docente?

A esa desmotivación se suma que muchas veces no tiene clara conciencia de que estudia para adquirir herramientas cognitivas que pueda monetizar en el futuro y no porque los padres se lo exigen para que “sea alguien en la vida”.

7) Según Regueiro (2015: “La motivación e implicación en los deberes escolares a lo largo de la escolaridad obligatoria”) “… la motivación, la implicación y el interés de los estudiantes para cumplir con sus asignaciones de cátedra, decrece en la medida en que avanza a los cursos superiores; es decir, genera una gran emoción en los primeros años y adquiere menos importancia conforme avanza en la estructura académica. De ahí el interés por resolverlas en poco tiempo y el plagio les brinda esa oportunidad”.

Es decir, a medida que avanza el alumno siente que más que aprender lo que necesita es cumplir con requisitos para culminar sus estudios.

8) A pesar de ser una realidad extendida en el ámbito académico –en todos sus niveles- y preocupación frecuente de directivos y de docentes, no existe hasta ahora una congruente política de formación (que aglutine lo intelectual, lo ético y lo legal), para producir estrategias de formación eficaz antiplagio y –por tanto- de alumnos éticamente responsables.

9) Algunos argumentan que “no sabían” que era delito; otros, que eso es lo que hacían en otros niveles de la educación formal y que –además- los docentes lo evaluaban y le colocaban nota.

Al respecto el Código Civil, en su artículo 2, es determinante: “La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento”.

10) Para el alumno plagiador, a veces no hay consecuencias; y si las hay, no son las eficaces para castigar y para evitar casos futuros. En ocasiones, la sanción se circunscribe a una llamada de atención sin consecuencias reales.

Esa falta de sanciones se debe –en líneas generales- a la lasitud de las instituciones educativas, a la falta de reglamentos, a la incapacidad directiva y –en muchos casos- a la complicidad (por acción u omisión) de integrantes de la comunidad académica.

 “Esa complicidad convierte al plagio en silencioso, con demasiada frecuencia.

Desde la incapacidad de detectarlo a tiempo, hasta la complicidad no sólo de docentes sino la institucional que -para evitar el escándalo- lo oculta o lo disimula, y no lo pesquisa.

Por eso el plagio es tan peligroso, porque es callado, sigiloso. Si fuera sonoro sería más fácil de evitar” (Romano et al., 2016).

El alumno, al comparar los riesgos y los beneficios de plagiar, no se siente en peligro y considera a los segundos muy por encima de los primeros.

Esa ausencia de consecuencias reales, también envía un mensaje a la comunidad estudiantil, que refuerza su cultura de plagiar.

Como agregado a las diez causas señaladas, varios modelos metodológicos (Agüello, 2009; Caldevilla, 2010; Egaña, 2012; Morató, 2012) identifican las más recurrentes del copia y pega.

Vivian Abenshushan y Luigi Amara (2012, “El Plagio como una de las Bellas Artes”), resumen las causas del plagio académico así:

“* El plagiador está convencido de que no será descubierto.

* Siente que el fácil hacerlo con éxito.

* La mala distribución que el alumno hace de su tiempo para cumplir con los requerimientos académicos.

* El desconocimiento de las normas para citar; la carencia de competencias para investigar y redactar.

* El exceso de trabajos asignados a los alumnos, que exige un sobre esfuerzo del docente para leer en profundidad los trabajos y hacer adecuado seguimiento al uso de las fuentes en cada uno.

* Ese exceso de trabajos que se asignan, también ha incrementado en los alumnos la tentación de recurrir al atajo del plagio.

* La poca claridad de las instrucciones dadas a la hora de solicitar trabajos.

* La descoordinación entre los profesores para hacer seguimiento a los plagiadores.

* La evaluación docente de los trabajos de forma superficial y poco razonada.

* Un sistema universitario que premia el resultado por encima del proceso.

* Un modelo que convierte la capacitación para un trabajo en el objetivo prioritario de la educación, dejando poco espacio y reconocimiento para metaaprender, crear y pensar.

* El cambio de modelo en la universidad, que ahora considera al estudiante como cliente y a su aprendizaje como fast food.

* La facilidad y anonimato que confieren las TIC a la hora de plagiar.

* La idea, muy enraizada entre los más jóvenes, de que todo cuanto hay en la web es de todo el mundo y se puede utilizar, compartir, apropiar y difundir de la manera que se desee.

* Los modelos y esquemas sociales basados en la cultura de la reproducción, más que en la reproducción y producción de la cultura.

* El paradigma social de ver y hacer diversas cosas en muy poco tiempo, con lo que se amplían los límites de la acción pero se reduce su profundidad.

* Los ejemplos casi diarios de fraude y falta de ética, en numerosos ámbitos de la vida del país.

* El empobrecimiento de la relación profesor-alumno a causa –principalmente- de la masificación de las aulas. Una mayor y mejor relación interpersonal, reduce la incidencia del plagio académico.

* La presión del entorno para obtener buenas notas.

*  Y –posiblemente la más importante- la falta de modelaje social que apoye el ético desempeño académico”.

Para el polaco Zygmunt Bauman (1999: “Modernidad líquida”): “La ausencia de normas, el menosprecio por el esfuerzo, la «modernidad líquida», un entorno en el que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para solidificarse; un medio en el que el olvido y la renuncia a toda planificación a largo plazo es condición imprescindible para el éxito, constituyen un biotipo idóneo para el desarrollo del plagio académico”.

EFECTOS

Para el estudiante

A) Limita y ralentiza la posibilidad de crear, de innovar, de aportar con autonomía de pensamiento. Si no desarrolla independencia intelectual, analítica y argumental, se conformará con copiar y pegar.

B) Imposibilita el desarrollo del pensamiento crítico, puesto que no contrasta información.

C) Disminuye considerablemente la posibilidad de alcanzar competencias; por tanto, sus habilidades profesionales serán limitadas al no desarrollar capacidad de investigación.

D) Coloca en riesgo su futuro profesional, en un mercado de trabajo cada vez más competitivo. Al no desarrollar su capacidad para analizar, comprender y contrastar información, será difícil que obtenga densidad cognitiva que pueda monetizar en el mercado laboral.

E) Legitima y fortalece una conducta censurable, que tendrá impacto nocivo en su desempeño académico, social y laboral.

Uno de esos impactos académicos se manifiesta cuando un docente sanciona el plagio y la reacción del alumno –en casos- es agresiva contra él por cuanto “los demás profesores no nos quitan puntos por eso. ¿Por qué usted sí?”

F) Se convierte en modelo multiplicador de esa conducta.

Para los docentes

A) Dificulta, en gran medida, el desarrollo en los alumnos de habilidades para investigar.

B) Se hace cuesta arriba enseñar a los alumnos a cultivar una creciente capacidad de pensar con independencia intelectual y juicio crítico.

C) Entorpece la formación que imparte a sus estudiantes para que amplíen la capacidad de entender, valorar y discriminar información aplicativa a la solución de problemas.

D) La complicidad por acción u omisión al no sancionar el plagio, repercute en los docentes quienes sí lo hacen.

El alumno que obtiene una nota deficiente por plagio no asume su responsabilidad y culpa al docente, por cuanto considera que si otros profesores no lo sancionan, “eso no deben hacerlo los demás”. Es decir, el alumno supone que tiene derecho al plagio académico, se arropa en el manto de la ausencia de sanción y reacciona contra el docente quien sí lo hace.

Esto lo refleja el alumno cuando le toca evaluarlo, sin importarle el daño que le causa al profesor una inmerecida “venganza” a través de una valoración negativa.

SANCIONES

La Ley sobre el Derecho de Autor, en su artículo 119, ordena castigo “… con prisión de seis (6) a dieciocho (18) meses, a todo aquel que con intención y sin el consentimiento del autor, utilice en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente, obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas, equiparadas a la fotografía; o distribuya ejemplares de obras del ingenio protegidas por esta Ley…”.

En su artículo 120 fija en cuatro (4) años la pena de prisión para quien “… con intención y sin derecho reproduzca en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente, obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas equiparadas a la fotografía; o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga de cualquier otra manera en circulación reproducciones ilícitas de las obras del ingenio o productos protegidos por esta Ley”.

Igual pena establece el artículo 121, para quien “…intencionalmente y sin derecho, reproduzca o copie, por cualquier medio, la actuación de un intérprete o ejecutante, o un fonograma, o una emisión de radiodifusión, en todo o en parte, sin autorización expresa del titular del derecho respectivo… o a quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga de cualquier otra manera en circulación dichas reproducciones o copias”.

Por su parte el artículo 122 destaca que las penas “…se aumentarán en la mitad cuando los delitos sean cometidos respecto de una obra, producto o producción no destinados a la divulgación, o con usurpación de paternidad, o con deformación, mutilación u otra modificación de la obra, producto o producción que ponga en peligro su decoro o la reputación de una de las personas protegidas por la Ley”.

Vale destacar que el artículo 124 otorga al juez la facultad para “… decretar la publicación por la prensa de la sentencia a costa del reo…”.

Para esta ley cuyo un ámbito de validez es todo el territorio nacional, el plagio es un delito.

Al momento de cerrar estas líneas, no fue posible acceder a los reglamentos disciplinarios de –al menos- las seis primeras universidades del país (salvo la Ucab) para conocer cómo abordan el tema.

En su caso, no existe un reglamento específico que contemple el plagio.

Lo disponible es el “Reglamento Sobre el Régimen Disciplinario Aplicable a los Alumnos” (vigente desde el 22-10-19), que trata -de manera genérica- la conducta plagiaria como una falta.

En su artículo 5, numeral 1, establece que una de las infracciones sancionadas con suspensión de hasta por dos meses, es “Incurrir en conductas fraudulentas que comprometan la integridad de cualquier tipo de evaluación”.

Por otra parte, el artículo 6, numeral 1, determina -en los casos de alumnos de postgrado- la negativa de reinscripción hasta por dos períodos académicos consecutivos, cuando presenten “…como propio una idea o trabajo autoría de terceros, sea en forma parcial o total, con o sin consentimiento del autor”.

Y en el artículo 7, numeral 9, sanciona con expulsión por el resto del período académico y hasta por un máximo de cuatro (4) años, el hecho de “Presentar como propio un trabajo o idea de autoría de terceros, sea en forma parcial o total, con o sin consentimiento del autor, cuando aquél sea requisito final para obtener el título o grado correspondiente”.

Ahora bien, ¿cuál de estas normas debe ser aplicada en el caso de plagio en la Ucab?

En aparente respuesta a esta interrogante, el artículo 8 afirma que “El ejercicio de la potestad sancionatoria respetará la debida proporcionalidad entre la infracción cometida y la cuantificación de la sanción impuesta. A tal fin también se podrá considerar la reparación del daño causado, la aceptación de la responsabilidad y la reincidencia entre infracciones similares”.

Recordemos que el plagio es un delito autónomo que no admite justificación ni atenuación por su condición de consciente, intencional y fraudulento.

Vale señalar que el artículo 10 expresa que “La aplicación de la sanción disciplinaria es independiente de las sanciones de otra naturaleza que podrían derivarse de la conducta realizada por el alumno”.

Añade que “No constituye sanción disciplinaria la calificación de aplazado en la actividad o evaluación en la que se perpetró la falta que dé origen al procedimiento disciplinario”.

Al respecto, este artículo no especifica quién estaría legitimado para accionar el debido proceso y lograr la ejecución de esas “sanciones de otra naturaleza”.

Como ejercicio imaginario de la aplicación de este artículo 10, es válido preguntarse si en todas las instituciones académicas:

– ¿Está legitimado el docente?

– La institución educativa, en su propósito y obligación de preservar la integridad ética y jurídica que reviste al derecho de autor, ¿debe notificar a los autores plagiados y a las editoriales, cuando se comete plagio?

– Si la institución no sanciona el plagio, ¿se habrá convertido en cómplice por omisión del delito y –en consecuencia- nació para los autores plagiados y las editoriales el derecho a accionar contra el plagiador y contra la institución?

CIERRE

Estas líneas no han tenido la pretensión de presentar fórmulas mágicas para evitar o neutralizar el plagio académico, puesto que cada institución debe desarrollar mecanismos propios al efecto.

Lo cierto es que el plagio ocurre en las instituciones educativas; y por tanto, estas no pueden pretender que el problema sea resuelto solamente por los docentes.

La cultura de plagio académico es del tiempo que se vive; y en todas sus causas, muestra la forma como se agrupan los falsos valores, la falta de controles apropiados y la ineficaz aplicación de sanciones.

Es por ello que para cualquier institución educativa, el plagio tiene que ser una conducta muy cuestionable y severamente sancionada; pero también debe prevenirla.

No basta con producir normas punitivas (necesarias por supuesto) ante un problema social de profundas y gruesas raíces, que se manifiesta solamente en las instituciones educativas.

Se trata de desarrollar e internalizar en directivos, docentes y alumnos, una cultura activa antiplagio; y ello, también debe reflejarse en la malla curricular de cada nivel académico. No solo como un tema de las cátedras de Metodología.

Al respecto, es importante hacer referencia a lo afirmado por Gustavo Peña Torbay, vicerrector académico de la Ucab, en el documento “Confiabilidad, validez y significancia de las calificaciones en la evaluación a distancia”.

Allí afirma que “…desde la Escuela se debe preparar una campaña formativa para explicar cómo debe citar textualmente, hacer paráfrasis, respetar las fuentes en productos audiovisuales, periodísticos y gráficos a través de ejemplos que puedan ser de referencia para los estudiantes”.

Si el plagio tiene identidad propia, pues así hay que entenderlo y combatirlo.

Cuando las instituciones académicas reconceptualicen el plagio en su condición de delito autónomo y en función del daño que causa –especialmente a los valores éticos, al desarrollo de la autonomía intelectual y a los principios que sustentan a la enseñanza, y actúen en consecuencia- entonces podrá hablarse del inicio de un cambio en esta perniciosa cultura social.

ALGUNAS HERRAMIENTAS ANTIPLAGIO EN LA WEB

* Plagium (http://www.plagium.com/)

* The Plagiarism Checker (http://www.dustball.com/cs/verificador.plagio/)

* Viper (https://www.scanmyessay.com/)

* SmallSeoTools (https://smallseotools.com/es/plagiarism-checker/)

* Plagiarisma (http://plagiarisma.net/es/)

* Edubirdie (https://edubirdie.com/detector-de-plagio)

* Turnitin (https://www.turnitin.com/es)

* Plagius (https://www.plagius.com/es)

* Plag (https://www.plag.es/)

* Dupli Checker (https://www.duplichecker.com/)

* Paper Checker (https://www.paperrater.com/free_paper_grader)

* Prepostseo (https://www.prepostseo.com/es/plagiarism-checker)

* Unicheck (https://unicheck.com/es-es/free-plagiarism-checker-online)

* Compilatio (https://www.compilatio.net/es/)

FUENTES CONSULTADAS

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ARISTEGUI, Carmen, Irving Huerta, Sebastián Barragán, Juan Omar Fierro y Rafael Cabrera (2016): “Peña Nieto, de plagiador a presidente”, en http://aristeguinoticias.com/2108/mexico/pena-nieto-de-plagiador-a-presidente/

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Decreto que suspende el pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de los utilizados como vivienda principal

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 6.522 Extraordinario, lunes 23 de marzo de 2020 N° 6.522 Extraordinario.

Decreto Nº 4.169, dictado en el marco del Estado de Alarma para atender la emergencia sanitaria del Coronavirus (Covid-19), que suspende el pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal.

NICOLÁS MADURO MOROS, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO

Que con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, en cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y en los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 83 y 226, así como los numerales 2, 7 11 y 24 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenados con la Disposición Final Primera del Decreto N° 4.160 de fecha 13 de marzo de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.519 extraordinario, de la misma fecha, mediante el cual fue declarado el Estado de Alarma para atender la Emergencia Sanitaria del CORONAVIRUS (COVID-19),

CONSIDERANDO

Que en fecha 12 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia la enfermedad infecciosa producida por el virus conocido como CORONAVIRUS (COVID-19), que afecta a todos los continentes.

CONSIDERANDO

Que el gobierno de los Estados Unidos de América ha dictado medidas coercitivas injustificadas que atentan contra la estabilidad económica del Estado Venezolano, que dificultan las transacciones y afectan la disponibilidad de recursos que requiere el Sistema Público Nacional financiero y de salud, para hacer frente a este tipo de calamidades.

CONSIDERANDO

Que como efecto de la pandemia producida por el virus Covid-19 se ha reducido significativamente la actividad comercial de todos los sectores productivos del país, generando para los comerciantes prestadores de servicios y la familia venezolana que acceden al sector inmobiliario mediante el arrendamiento de espacios, dificultades para materializar el pago de los cánones de arrendamiento, lo que amerita una acción inmediata por parte del Estado venezolano, para asegurar la continuidad y viabilidad del funcionamiento de este sector.

Se dicta el siguiente,

DECRETO N° 03 EN EL MARCO DEL ESTADO DE ALARMA PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19), POR MEDIO DEL QUE SE SUSPENDE EL PAGO DE LOS CÁNONES DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE USO COMERCIAL Y DE AQUELLOS UTILIZADOS COMO VIVIENDA PRINCIPAL.

Artículo 1°. Se suspende hasta el 1° de septiembre de 2020 el pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal, a fin de aliviar la situación económica de los arrendatarios y arrendatarias por efecto de la pandemia mundial del coronavirus COVID-19.

En el plazo previsto en este artículo no resultará exigible al arrendatario o arrendataria el pago de los cánones de arrendamiento que correspondan, ni los cánones vencidos a la fecha aún no pagados, ni otros conceptos pecuniarios acordados en los respectivos contratos de arrendamiento inmobiliario.

Artículo 2°. Por un lapso de hasta seis (6) meses, contados a partir de la publicación de este Decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, se suspende la aplicación del artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.

Por el mismo período, se suspende la aplicación de la causal de desalojo establecida en el literal “a” del artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.

Artículo 3°. Las partes de los respectivos contratos de arrendamiento podrán acordar, mediante consenso, términos especiales de la relación arrendaticia en el plazo a que refiere este Decreto a los fines de adaptarla a la suspensión de pagos; para lo cual podrán fijar los parámetros de reestructuración de pagos o refinanciamiento que correspondan. En ningún caso, podrá obligarse al arrendatario o arrendataria a pagar el monto íntegro de los cánones y demás conceptos acumulados de manera inmediata al término del plazo de suspensión.

Si las partes no alcanzaren un acuerdo acerca de la reestructuración de pagos o el refinanciamiento del contrato de arrendamiento, someterán sus diferencias a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI), en el caso de los inmuebles destinados a uso como vivienda principal, y a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) cuando se trate de inmuebles comerciales, para dirimir estos conflictos y en caso de ser necesario intermediarán en el establecimiento de las nuevas condiciones que temporalmente aplicarán para las partes.

Artículo 4°. Los Ministerios del Poder Popular: para Hábitat y Vivienda, y de Comercio Nacional, según corresponda en función de sus competencias materiales, quedan facultados para desarrollar el contenido de este Decreto.

Artículo 5°. La suspensión a que se refiere este Decreto será desaplicada en aquellos casos de reinicio de la actividad comercial, con anterioridad al término máximo previsto en este Decreto; así como a los establecimientos comerciales que por la naturaleza de su actividad y de conformidad con los lineamientos impartidos por el Ejecutivo Nacional, se encuentren operando o prestando servicio activo de conformidad con alguna de las excepciones establecidas al cese de actividades decretado con ocasión al Estado de Alarma.

El Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional establecerá mediante Resolución los términos con base a los cuales procederá la desaplicación excepcional a que se refiere este artículo.

Artículo 6°. El Ejecutivo Nacional por órgano de la Vicepresidencia Sectorial de Economía podrá evaluar con los arrendatarios y arrendadores, debidamente organizados, mecanismos que propendan al sostenimiento del equilibrio económico, garantizando la justicia social y velando por el bienestar de los venezolanos y venezolanas ante la afectación por la pandemia mundial del coronavirus COVID-19.

Artículo 7°.- El Vicepresidente Sectorial de Economía queda encargado de la ejecución de este Decreto.

Artículo 8°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil veinte. Años 209° de la Independencia, 161° de la Federación y 21° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese, (L.S.)

Nicolás Maduro Moros

¿Qué pasó el 5 de enero? Análisis de Gerardo Blyde

Abogado Gerardo Blyde, doctor en derecho constitucional.

El siguiente análisis, se fundamenta en lo dispuesto en la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

A) ¿Cuál es el procedimiento para la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional?

  • La Asamblea Nacional elige de su seno un Presidente, dos Vicepresidentes (todos deben ser diputados), un Secretario y un Sub-secretario (no diputados). (Art.194 CN).
  • El Reglamento Interior y de Debates establece requisitos y procedimientos para la instalación. (Art. 221 CN).
  • El quórum mínimo de funcionamiento debe ser la mayoría absoluta de los diputados miembros de la Asamblea Nacional (Art. 221 CN).

Cuando no se establece expresamente la necesidad de un quórum distinto, esta es la regla aplicable para todas las sesiones incluyendo la sesión de instalación.

  • La Sesión de Instalación se realizará sin convocatoria previa el 5 de Enero a las 11 de la mañana (o el día posterior más inmediato posible) para elegir nueva Junta Directiva e iniciar el período anual de sesiones. (Art. 2 RIyD).
  • Si no hubiere el quórum constitucionalmente requerido, los diputados presentes se constituirán en Comisión Preparatoria para tomar las medidas necesarias para lograr una sesión de instalación válida. Esta comisión preparatoria será presidida por el último Presidente o quien deba suplirlo (primer o segundo Vicepresidentes) y, en ausencia de todos, de un diputado electo por los presentes (esta elección no puede ocurrir sin quórum, por lo que es inaplicable de manera supletoria esta norma para una sesión de instalación sin la presencia de al menos uno de los tres miembros de la Junta Directiva saliente. La norma está concebida para cuando habiendo quórum tenga que nombrarse un director de debates para elegir una nueva Junta Directiva en ausencia en la sesión de instalación de los tres miembros de la Junta Directiva saliente). El requisito constitucional de existencia de quórum es ineludible para que el cuerpo legislativo pueda tomar cualquier decisión. (Art.12 RIyD).
  • Habiendo quórum, el Presidente saliente dirigirá el debate para la elección de la nueva Junta Directiva. En su ausencia lo debe suplir el primer vicepresidente y en ausencia de éste, el segundo vicepresidente. Si no está presente ninguno y existe el quórum (mayoría absoluta de los miembros) los diputados elegirán de entre ellos a un director del debate. (Art. 11 RIyD).
  • El Director de Debate designará a un diputado para que actúe de Secretario accidental en la sesión de instalación (Art.11 RIyD).
  • En la sesión de instalación se realizarán las postulaciones de los candidatos a Presidente y dos vicepresidentes en una sola oportunidad, y se podrá realizar una sola ratificación de las postulaciones (Art. 8 RIyD).
  • Resultarán electos los postulados que obtengan la mitad más uno de los votos de los diputados presentes en la sesión de instalación. (Art. 7 RIyD).
  • El Presidente electo prestará juramento para el cargo ante el cuerpo legislativo y, seguidamente, tomará juramento al resto de la Junta Directiva. Los invitará a tomar posesión de sus cargos y declarará instalada la Asamblea Nacional para el período legislativo que corresponda. (Art. 9 RIyD).

B) ¿Qué sucedió el 5 de enero del 2020?

B.1. En la sede de la Asamblea Nacional (con presencia de la fracción del Psuv y algunos diputados disidentes de la mayoría parlamentaria).

  1. Un grupo de diputados a la Asamblea Nacional pudieron ingresar al salón de sesiones de la Asamblea Nacional.
  2. Ese grupo de diputados no fue suficiente para constituir el quórum constitucional de funcionamiento válido de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea Nacional.
  3. No permitieron el ingreso al Palacio Federal Legislativo y mucho menos al salón de sesiones, del diputado Juan Guaidó a quien le correspondía como presidente saliente dirigir el debate en la sesión de instalación y de la mayoría de los diputados, utilizando para ellos medios de fuerza.
  4. El primer y segundo vicepresidentes se retiraron del salón de sesiones ante la falta de quórum y ante la ausencia del presidente saliente y de la mayoría de los diputados, a quienes se les impidió por la fuerza su ingreso.
  5. Sin quórum, los diputados presentes en el salón de sesión eligieron de su seno a un director de debates y pretendieron instalar la sesión.
  6. Al no haber quórum y no estar presentes ningún miembro de la directiva saliente, no era posible elegir a un director de debates válidamente.
  7. Al no haber quórum y no estar presentes ningún miembro de la directiva saliente, no era posible tampoco constituirse en una comisión preparatoria para que esta realizara lo pertinente para lograr el quórum.
  8. Sin quórum y con un director de debates inconstitucional e ilegalmente nombrado, presentaron a tres postulados para integrar la junta directiva y a dos personas fuera del seno de la Asamblea Nacional para los cargos de secretario y subsecretario.
  9. Sometieron a votación de los presentes la postulación y declararon ganadores a los írritamente postulados.
  10. En violación del artículo 191 de la Constitución Nacional, votaron en esa írrita reunión (pretendida sesión) personas que había perdido su condición de diputados al haber aceptado ocupar cargos públicos distintos al de diputados, no exceptuados constitucionalmente.
  11. Aún con la incorporación de estos ciudadanos que ya no son diputados a la Asamblea Nacional por mandato constitucional, no reunieron el quórum mínimo válido para sesionar.

B.2. En la sede alterna y externa, ante la imposibilidad de acceder a la sede natural por obstrucción realizada por mandato del régimen que ocupa indebidamente y por la fuerza el ejecutivo nacional, sucedió lo siguiente:

  1. En aplicación del Reglamento de Interior y Debates la Junta Directiva saliente convocó a la sede del diario El Nacional a los diputados miembros de la Asamblea Nacional para realizar la sesión de instalación y elección de nueva Junta Directiva. (Art. 1 RIyD).
  2. Se constató la existencia del quórum mínimo de funcionamiento de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea Nacional, por lo que se declaró constitucional y legalmente constituido el cuerpo legislativo e iniciada la sesión.
  3. El presidente saliente Juan Guaidó asumió la dirección del debate y nombró al diputado Stalin González como secretario accidental de la sesión.
  4. La diputada Delsa Solórzano realizó la postulación de los tres miembros que ocuparían la nueva Junta Directiva.
  5. El director de debates sometió la única propuesta de postulados a votación de los diputados.
  6. Uno a uno los diputados votaron a viva voz por cada uno de los postulados para presidente y vicepresidentes de la Asamblea Nacional.
  7. Resultaron todos los postulados ganadores con cien votos de los diputados presentes lo que constituye mucho más de los votos mínimos requeridos para su elección.
  8. El director de debates y presidente saliente Juan Guaidó resultó reelecto para un nuevo período legislativo como Presidente de la AN. Los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia resultaron electos para los cargos de primer y segundo vicepresidentes respectivamente.
  9. El presidente reelecto tomó juramento delante del cuerpo legislativo y luego les tomó juramento a los dos vicepresidentes.
  10. Se postularon, se eligieron y juramentaron válidamente tanto al secretario como al subsecretario de la Asamblea Nacional para el nuevo período legislativo.
  11. El presidente declaró instalada la Asamblea Nacional e iniciado el nuevo periodo legislativo.

Conclusiones:

  1. Sólo hubo una sesión válida de instalación y elección de nueva Junta Directiva, la celebrada el la sede externa ad hoc y dirigida por el presidente saliente que resultó reelecto. Esta es la única sesión que se realizó el 5 de enero del 2020, pues contó con el quórum constitucional necesario para su instalación y desarrollo.
  2. Las actuaciones realizadas por un grupo de diputados en la sede del parlamento nacional no pueden ser calificadas de sesión. No hubo sesión. No contaban con el quórum constitucional para poder instalarse como sesión y mucho menos para poder tomar decisiones en nombre del cuerpo legislativo nacional.
  3. Adicionalmente pretendieron incorporarse y además votar ciudadanos que ya no son diputados por haber perdido su condición al haber aceptado otros cargos públicos.
  4. No existen dos Juntas Directivas de la Asamblea Nacional. La única Junta Directiva constitucional y legalmente electa, está constituida por Juan Guaidó como Presidente y por los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia como primer y segundo vicepresidentes, respectivamente.

De izquierda a derecha: Juan Pablo Guanipa, Primer Vicepresidente; Juan Guaidó, Presidente; Carlos Berrizbeitia, Segundo Vicepresidente.

Reflexiones adicionales:

Nicolás Maduro en alocución ante los medios de comunicación, dijo reconocer a la inexistente Junta Directiva producto de la inexistente sesión que se pretendió celebrar en la sede oficial de la Asamblea Nacional.

¿Qué sucedió con el desacato declarado por el TSJ y que ellos mismos alegan está vigente?

¿Cómo los diputados del partido de Maduro supuestamente votaron en esa írrita sesión existiendo el desacato que ellos señalan declarado por su TSJ?

La orden del TSJ consiste en reponer en sus cargos a la primera Junta Directiva de la Asamblea Nacional presidida por el diputado Henry Ramos y que, hasta tanto esto no se cumpla, la Asamblea Nacional está en desacato.

¿Desacataron los diputados del Psuv el mandato de su TSJ, si consideran válida su írrita reunión de diputados sin quórum?

¿Desacató también Maduro el mandato de su TSJ al reconocer a una pretendida Junta Directiva distinta a la Junta Directiva inicial presidida por Henry Ramos?

Gerardo Blyde
06-01-20

Instructivo para las Asambleas Populares para la Promoción de la Asamblea Nacional Constituyente

DIRIGIDO A: CONSEJOS COMUNALES Y ESTRUCTURAS DE BASE DEL PSUV

Introducción:

* La mayoría del país quiere PAZ y la vía es la Constituyente para lograr el diálogo nacional.

* La Constituyente crea el Estado Comunal. La base del poder es el poder COMUNAL, para elegir los venezolanos deben ser parte activa de las comunas, una nueva forma de VOTAR que dará más poder al pueblo.

* La Constituyente es la base para enfrentar la guerra económica, con ella vendrá un nuevo modelo de propiedad privada, la propiedad privada comunal. Con participación absoluta del estado en la inversión privada para controlar desvíos.

* La Constituyente logrará la geometría de poder COMUNAL, el poder para los Consejos Comunales, queda atrás el modelo de Alcaldías y Gobernaciones corruptas.

* La Constituyente eliminará las distorsiones de la mal llamada Autonomía Universitaria.

* La Constituyente dará más apoyo a los organismos de seguridad del estado para acabar con la impunidad, se corregirán restricciones que limitan a los cuerpos de seguridad a lograr una eficaz labor en función de la seguridad de la patria.

* La Constituyente velará por los valores Bolivarianos de nuestras futuras generaciones, es por ello que el Estado Padre será el principal programa con rango Constitucional para la educación y formación de los niños, niñas y adolescentes.

* La Constituyente establecerá los lineamientos para una adecuada regulación y control de los medios de comunicación, así como al nuevo fenómeno de las redes sociales, en función de lograr una información más veraz, ética y sin distorsiones (utilizar ejemplo de la República Popular China).

* Mientras esté instalada la Asamblea Nacional Constituyente no podrán fijarse ni ejecutarse elecciones de ningún tipo en todo el territorio nacional.

* La Asamblea Nacional Constituyente podrá remover a funcionarios electos y reemplazarlos -si fuera necesario- por los que designe la mayoría de la ANC plenamente en funciones.

Para aclarar:

* Esta Asamblea Nacional Constituyente, como la de 1999, no disolverá los poderes, sino que coexistirá con ellos, pero es SUPRA CONSTITUCIONAL; por ello, podrá crear instancias para no detener y/o agilizar el funcionamiento de la nación.

* Su duración no está determinada, lo definirá la misma Asamblea Nacional Constituyente en sus primeros meses de debate.

¿Cómo estará conformada la Asamblea Nacional Constituyente?

* La Asamblea la conformarán 500 constituyentes. Todos serán elegidos mediante el voto, otros por las circunscripciones y los propuestos que serán presentados al electorado por los sectores productivos, empresariales, campesinos, laborales, educativos, entre otros.

* El ciudadano va a tener el doble voto, el hecho de que vote por quien es candidato, por ejemplo, por el proceso productivo, no significa que no vote uninominalmente también por otros ciudadanos que él decida y que no esté vinculado a ninguno de los sectores.

¿Qué se utilizará como guía electoral?

Se alistan los “kinos” para escoger a sus candidatos territoriales en la contienda del próximo 30 de julio. Esta estrategia estará dirigida, en su mayoría, para las 24 ciudades capitales donde los electores, además de seleccionar un candidato nominal, lo harán también por la lista.

NOTA DE SALA DE INFORMACIÓN

Luego de que este documento interno del Psuv se filtró a los medios informativos, el doctor en Derecho Allan Brewer-Carías opinó en su cuenta de Twitter lo siguiente:

«¿Por qué NO a la Asamblea Nacional Constituyente?

Porque es para crear el estado comunal, para eliminar el estado de derecho federal y con ello a los estados y municipios.

Es para estructurar el poder comunal (¿geometría del poder?) para dar todo el poder a los Consejos Comunales.

Es para eliminar los estados y los municipios, para dejar atrás el modelo de alcaldías y gobernaciones.

Es para eliminar la democracia representativa y el sufragio universal, directo y secreto, para elegir representantes.

Es para crear una “nueva forma de votar”, designando integrantes de comunas sin sufragio universal, directo y secreto.

Porque la elección de los integrantes de los consejos comunales, NO darán más poder al pueblo sino al partido de gobierno.

Es para eliminar la propiedad privada. Es falso que pueda haber una “propiedad privada-comunal” como se ofrece.

Es para eliminar libertad económica. Falso que pueda haber inversión privada con participación absoluta del Estado.

Porque con la eliminación de la propiedad y la iniciativa privada, no se pueden resolver los problemas económicos del país.

Porque el problema económico no se puede resolver con una economía totalmente controlada por el Estado y su burocracia.

Es para eliminar autonomía universitaria, someter la libertad de cátedra y crear un pensamiento único totalitario.

Es para hacer más agresivos a los organismos de seguridad y para asegurar su absoluta y total impunidad.

Es para eliminar las restricciones para proteger DDHH en la actuación de los organismos de seguridad.

Es para eliminar toda la educación privada y el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.

Es para crear un fantasmagórico Estado Padre, como principal programa con constitucional sustituyendo a la familia.

Es para crear un usurpador “Estado Padre,” que decidirá sobre educación y formación de los niños y adolescentes.

Es para asegurar que el “Estado Padre” le arrebate a los padres sus derechos a decidir cómo educar a sus hijos.

Es para eliminar la libertad de expresión de pensamiento, regulando y controlando a los medios de comunicación.

Es para regular y controlar el uso de las redes sociales, e intervenir y restringir acceso y uso a internet.

Es para aplicar en Venezuela, en materia de control de la libertad de expresión, “el ejemplo de República Popular China”.

Porque su duración no está pre-determinada, la definirá la misma ANC y puede ser indefinida: un gobierno asambleario.

Porque mientras esté funcionando, no podrán fijarse ni ejecutarse elecciones de ningún tipo en todo el territorio nacional.

Porque confirma la falsa oferta del CNE de convocar a elecciones regionales para fin del 2017, que no se podrán realizar.

Porque la ANC podrá disolver todos los poderes, removiendo incluso a todos los funcionarios electos; es decir, los diputados a la Asamblea Nacional.

Porque la Constituyente podrá reemplazar a todos los funcionarios electos, por los que ella misma designe arbitrariamente.

Porque la Constituyente que se quiere elegir se pretende que sea «Supra Constitucional», violando y sobre la Constitución de 1999.

Porque la Constituyente que se quiere elegir llevará al país a un período impreciso de gobierno asambleario, sin límites.»

¿Las nuevas sentencias del TSJ restablecen el orden constitucional en Venezuela?

José Ignacio Hernández, Prodavinci

Pocas horas después de que en la madrugada del 1 de abril el Consejo de Defensa de la Nación “exhortara” a la Sala Constitucional a “revisar” las sentencias Nro. 155 y 156, la Sala cumplió el exhorto, según anuncian medios de comunicación.

¿Implica esto que se restableció el orden constitucional en Venezuela? Todo lo contrario.

Como las sentencias no han sido publicadas, sino solo sus reseñas en la página del TSJ, me permito efectuar algunas consideraciones preliminares y puntuales.

A) El Consejo de Defensa de la Nación, dominado por el gobierno, no tiene atribuciones para solicitar a la Sala Constitucional la revisión de sus sentencias. En realidad, ningún órgano puede hacer eso pues, en teoría, la Sala Constitucional es autónoma. Con lo cual, todo este nuevo episodio de la crisis venezolana se origina con una nueva violación a la Constitución.

B) Al haber cumplido diligentemente el “exhorto”, la Sala Constitucional pone en evidencia que sigue instrucciones o “exhortos” del Gobierno, ahora, a través del Consejo.

La ausencia de separación de poderes queda, en este sentido, aún más en evidencia.

C) Con sus “aclaratorias”, la Sala Constitucional violó el Artículo 252 del Código de Procedimiento Civil: después de dictada la sentencia, ésta no podrá ser revocada ni reformada. Y cualquier aclaratoria debe ser solicitada el día de la publicación de la sentencia o al día siguiente. Lo que obviamente no pasó aquí, pues la Sala aclaró de “oficio” sus sentencias para cambiarlas.

Basta leer la jurisprudencia de la Sala para ver cómo ella misma ha reiterado que no puede modificar sus sentencias.

D) Según leo en los medios, lo que la Sala hizo fue “suprimir” algunos párrafos de las citadas sentencias.  En el caso de la sentencia Nro. 155, se “suprimió” lo relativo a la inmunidad parlamentaria y a las facultades extraordinarias del Presidente para cambiar Leyes. En la sentencia Nro. 156, se “aclaro”  lo que la Sala Constitucional quiso decir al “asumir” las funciones de la Asamblea.

Ninguna de esas supresiones y aclaratorias modifica la situación actual.

En efecto, en cuanto a la inmunidad parlamentaria, la sentencia Nro. 155 lo que había hecho era ratificar la realidad actual, esto es, que la inmunidad parlamentaria prevista en el Artículo 200 de la Constitución ha sido desconocida, como ya comente aquí en Prodavinci. Además, ya la Sala ha calificado supuestos delitos cometidos por los Diputados ordenando abrir investigaciones penales, todo ello en contra del Artículo 200.

En cuanto a las “facultades extraordinarias” del Presidente, la sentencia, nuevamente, lo que hizo fue ratificar lo que es una realidad: ya el Presidente ha ejercido “facultades extraordinarias” en contra de la Constitución con el “permiso” de la Sala, por ejemplo, dictando la Ley de presupuesto, como también expliqué aquí en Prodavinci.

Finalmente, y aun cuando no sé sabe qué “aclaró” la Sala en relación con el ejercicio de las funciones de la Asamblea, nuevamente, lo que hizo la sentencia Nro. 156 fue poner en blanco y negro lo que era ya una realidad:

la Sala Constitucional ha usurpado funciones de la Asamblea, por ejemplo, designando a rectores del Consejo Nacional Electoral o permitiendo al Tribunal Supremo de Justicia recibir la memoria y cuenta de los Ministros.

De manera tal que estas aclaratorias no cambian nada.

No lo hacen, pues la ruptura del orden constitucional en Venezuela no fue causada por esas sentencias, sino que fue resultado de un largo proceso que arrancó en 2015. Como se diría en criollo, esas sentencias fueron las gotas que derramaron el vaso. Pero el vaso ya estaba lleno.

E) ¿Cambia en algo esas aclaratorias las declaraciones de la Fiscal? Para nada. De hecho, podrían ser interpretadas como un reconocimiento de que, en efecto, las sentencias Nro. 155 y 156 –como muchas otras sentencias más– violaron la Constitución y tuvieron que ser enmendadas. Con lo cual,

la Fiscalía sigue teniendo elementos para iniciar las investigaciones por lo que consideró como ruptura del orden constitucional.

José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y Profesor de la UCV y UCAB.

Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Habló la jueza Mariela Casado: “Quiero que la ministra Varela me explique por qué mi hermana está muerta y Wilmito en la playa”

Redacción Runrun.es

Jueces, ministros, un  gobernador y un ex director del Sebin formarían parte de la red de conexiones de “Wilmito” con el chavismo. Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del estado Bolívar, a quien el pran mandó a matar en el 2010, habló desde el exilio

“Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera”, dijo luego de conocer que el pran quien planificó el sicariato en el que fue asesinada por error su hermana María Gabriela Casado, se encuentra en libertad por un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada

“Él no es un delincuente cualquiera, él es un asesino nato y sanguinario”, fue lo primero que dijo sobre “Wilmito”, la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del Estado Bolívar, al responder el teléfono desde cualquier país del mundo.

Ella lo sabe bien, lo conoció, lo vio convertirse en pran de la cárcel de Vista Hermosa, fue testigo de cómo arrodilló al sistema de judicial, junto a su familia vivió en carne propia el impacto de las balas del Wilmer José Brizuela Vera, y lo sigue padeciendo siete años después cada semana, cuando acude a terapia con un sicólogo.

En el 2010 tuvo que dejar el país después del asesinato de su hermana, María Gabriela Casado, para huir del alcance de Brizuela Vera, su verdugo, y proteger a sus hijos. No tenía opciones, su condición de máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar no le proporcionaba ninguna seguridad.

Así lo entendió unos días después del homicidio, cuando un amigo criminólogo la llevó a Caracas a hablar con el comisario Wilmer Flores Trosel, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en ese entonces.

Doctora le recomiendo que se vaya del país. Yo… el Estado no le puede garantizar su seguridad”, le confesó Flores Trosel en una mezcla de preocupación y honestidad.

El jefe policial le confió, además, que meses antes había recibido en su despacho de la avenida Urdaneta a “Wilmito” -para ese momento prófugo de la justicia-. Llegó en compañía de la dirigente chavista y líder de los círculos bolivarianos, Lina Ron.

Para ese momento, junio del 2010, Hugo Chávez era el Presidente de la República, y Tareck El Aissami era el ministro de Relaciones Interiores y Justicia. Ambos se comunicaron telefónicamente con Casado y le ofrecieron la posibilidad de refugiarse en una embajada con un cargo administrativo. Tampoco ellos se arriesgaron a comprometer al Estado garantizando la seguridad de una jueza.

Un pran con línea directa con la gobernación de Bolívar

Mariela Casado conoció a “Wilmito” en el 2006 cuando ella era jueza de la corte de apelaciones y él cumplía condena por el secuestro de un empresario de Ciudad Bolívar.

“Estaba preso desde el 2005 y ya había sido condenado antes por porte ilícito de armas. La condena por el secuestro se dio en el 2006 y yo fui la juez ponente que ratificó la sentencia de 10 años, eso quiere decir que le correspondía salir en el 2015 por ese caso”, explicó.

“Desde 2006 se hizo pran. No se conocía esa figura en Venezuela. Antes de eso el Estado tenía control en los penales. Fui juez de primera instancia y visité centros de reclusión, como Tocuyito. Y se podía entrar y hacer requisas. A finales de ese año “Wilmito” dijo en una reunión ante autoridades de seguridad de la región: <no voy a entregar las armas porque las armas son las que me dan a mi el poder>”, relató la ex jueza.

Recordó que hasta ese momento el líder de Vista Hermosa era Oswaldo Martínez Ojeda, el jefe de la primera megabanda que hubo en el país, dedicada al robo de blindados en todo el territorio nacional y a quien se le imputa el asesinato de más de una docena de funcionarios de cuerpos de seguridad. “Él era la autoridad ahí, un hombre también sanguinario que infundía terror. Pero a este no le gustaba la visibilidad, como sí le gustaba a Brizuela”, comentó Casado.

A Martínez Ojeda lo trasladan a Carabobo y así comenzó el pranato de “Wilmito”. La ex jueza recuerda que:

“Desde ese momento no se pudo entrar más al penal de Vista Hermosa. Se convirtió en un búnker. Los alguaciles no podían entregar boletas de excarcelación o traslado. Ya habían sacado al personal penitenciario de las instalaciones. Los funcionarios de prisiones tenían que despachar desde un toldo que colocaron afuera de la cárcel”.

–Estaban en la calle, trabajando en la calle, todo el mundo los veía, todo el mundo lo sabía ¿y nadie, ninguna autoridad hacía nada?

–No, nada. Hay oficios del comandante de la GNB del destacamento de la cárcel donde decía que no sabía qué hacer con el Wilmito, que salía y entraba y que con el cuento de los juegos deportivos salía y se quedaba. Iba al bingo Calipso, donde -por cierto- escondieron los carros que usaron para matar a mi hermana.

Mariela Casado recuerda que en su condición de presidenta del Circuito Judicial enviaba al TSJ, al MRIJ y al destacamento de la GNB informes sobre las fiestas que programaba el pran en Vista Hermosa y nadie respondía.

Según el relato de quien fue la máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar, luego ocurrieron una serie de hechos irregulares. “Se hacían reuniones en el comando de la Guardia Nacional y ya se comenzaban a manejar los intereses del pran”.

–¿Puede explicarse mejor, cómo se manejaban los intereses de Brizuela?

–En las reuniones sobre las políticas de seguridad de la región se hablaba de las exigencias de “Wilmito”. Incluso había una persona que era un enlace entre la gobernación y la cárcel, que solo se entrevistaba con “Wilmito”. La relación, supongo, empieza por tener a un tipo que mantuviera el control y evitara las huelgas en la cárcel. La GN temía tomar alguna decisión que molestara al pran.

¿Enlace de la gobernación? ¿Quién era el gobernador?

–Rangel Gómez (Francisco). Siempre ha sido Rangel Gómez. Pero incluso, ya después el pran no le permitió entrar más a la cárcel al representante de la gobernación.

A estas demostraciones de poder le siguieron las fiestas en el penal, la presencia de grupos musicales y la apertura de un restaurante. “Desde cosas insignificantes como esas hasta permitir o no el ingreso, salida y traslados de reclusos. Pero uno de los hechos más escandalosos fue la fuga de los asesinos de Carolina Di Lucca. Todo el mundo en Bolívar sabe que se fueron por la puerta caminando”, aseguró Casado.

Carolina Di Lucca era hija del coronel Roberto Di Lucca, jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones N5, de Bolívar, y fue asesinada en mayo de 2006 en venganza porque su padre decomisó 2.700 kilos de cocaína a un grupo delictivo integrado por miembros del ELN y el hampa común.

Chávez lamentó el asesinato en una cadena, casi todos los responsables fueron detenidos, pero poco después lograron fugarse de cárceles de Bolívar. Al militar lo sacaron del país y lo enviaron a la embajada de Guyana.

“No te puedo hablar de justicia porque es una palabra que se perdió, con esa fuga se perdió. El director del internado decía que no podía ir en contra de las políticas de Brizuela. Al Estado nunca le ha interesado lo que tiene que ver con los centros penitenciarios”, dijo la ex jueza.

Jefe del Sebin, jueces y alguaciles en el círculo de “Wilmito”

María Gabriela Casado, profesora de la Universidad de Oriente, de 37 años de edad, fue asesinada el 17 de junio del 2010 por varios sicarios que le efectuaron tres disparos. “La muerte de mi hermana fue la destrucción de su vida y de todos nosotros. Yo llevo un puñal en mi espalda, porque nunca se me va a quitar de encima saber que ese era mi lugar y no el de ella”, dice la ex jueza.

Por el sicariato de Casado fueron imputadas 11 personas, entre ellas Roisy Wilmary Brizuela Macuare, hermana de “Wilmito” y Reinaldo José Figarella Zambrano. “Ella, la hermana de Wilmito, tenía una relación sentimental con Juan Carlos Figarella Díaz, diputado a la Asamblea Legislativa del estado Bolívar por el PSUV, que los protegía”, explicó Mariela Casado.

El diputado Figarella Díaz, quien también fue alcalde del municipio Sucre del estado Bolívar, fue asesinado en abril del 2012, en un supuesto intento de robo.

Otro de los imputados por su participación en el crimen fue Rafael Ventura Pérez Ytao, quien se desempeñaba como alguacil del circuito judicial penal de Bolívar. En la investigación se estableció que entre el 19 de junio (dos días después del homicidio) y el 25 de julio hubo 19 llamadas entre los teléfonos de Pérez Ytao y “Wilmito”, la mayoría coincidía con las fechas de las audiencias de los imputados por el homicidio.

El rastreo de llamadas fue también lo que permitió a los investigadores del Cicpc establecer la autoría intelectual de Wilmer Brizuela en el sicariato (delito establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada). Para ese momento el pran se encontraba recluido en la mínima de Tocuyito, en Carabobo, pues en el 2009 se vio involucrado en una presunta fuga.

En la revisión de los números telefónicos de los que disponía el pran para la fecha, no solo se encontró el cruce de llamadas con los responsables del sicariato. “También había una llamada del comisario (Luis Enrique) Hernández Sanguino, director del Sebin en Bolívar”.

–¿El director del Sebin llamaba al pran por teléfono?

–Sí, lo llamó el mismo día del asesinato de mi hermana. Primero me llamó a mí para darme el pésame, porque yo no estaba en Ciudad Bolívar ese día, y después se comunicó con Brizuela. Yo supongo que para confirmarle que se habían equivocado y que yo estaba viva. La fiscalía determinó este recorrido telefónico.

–¿Y qué pasó después, se comprobó si había relación entre el comisario Hernández Sanguino y el pran?

–Eso se quedó así. Al comisario lo mataron un tiempo después.

El comisario Luis Enrique Hernández Sanguino fue asesinado en diciembre de 2013. Su cuerpo fue localizado con varios impactos de bala en un sector de Parque Caiza, luego de permanecer desaparecido durante 16 días. Las autoridades nunca informaron de su desaparición.

El funcionario había dejado el Sebin y se desempeñaba como jefe de Seguridad del Banco de Venezuela.

–Además del comisario, y el alguacil ¿consiguieron alguna otra vinculación telefónica entre “Wilmito” y funcionarios del Estado?

–Hay un juez que sigue activo en Bolívar. El día anterior al asesinato de mi hermana y el mismo día del crimen uno de los imputados por el homicidio se comunicó con él.

Mariela Casado también describió como sospechoso que dos días antes del asesinato (el 15 de junio de 2010) un juez de ejecución otorgó la libertad al autor material del sicariato, Luis Ramón Acosta Vriggs. “Además por el homicidio nunca fue imputado un hombre apodado “El Ciego”, que estuvo entre los atacantes de mi hermana y controla la minería en El Callao y Tumeremo”, agregó.

“Allí vine a darme cuenta de que la corrupción no se entiende como un acto que conlleva sangre. Creen que es solo recibir dinero. Yo decía cada quien con su conciencia. Y pensaba: ‘a mí no me iba a pasar nada, porque yo estoy dando ejemplo’. Conmigo no hay corrupción, pero no, resulta que casi todos mis compañeros estaban involucrados en corrupción y yo era un estorbo”.

Lo vieron en Ciudad Bolívar en los días de los saqueos

En enero de 2014, Brizuela fue condenado finalmente a 14 años y 10 meses de prisión por los delitos de cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir. Todos referidos al asesinato de Mariela Casado, ocurrido en 2010.

Aunque le asignaron como sitio de reclusión la cárcel de Vista Hermosa, el pran permaneció en Tocuyito, estado Carabobo.

En diciembre de 2015, “Wilmito” acudió a un torneo de rugby en el marco del proyecto Alcatraz de la Hacienda Santa Teresa, como parte de la delegación que representaba al Internado Judicial de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón. Aunque no jugó, era el líder del equipo.

–¿Cómo se enteró de que Brizuela estaba en libertad?

–Algunos familiares y amigos me llamaron en los días de los saqueos en Ciudad Bolívar (entre el 16 y el 18 de diciembre de 2016) y me dijeron: “lo soltaron y está aquí”. Incluso pensé que se lo habían llevado para allá para ayudarlos a controlar los saqueos.

Un abogado amigo de Casado pudo verificar que la juez de ejecución del estado Carabobo no había otorgado ningún beneficio a “Wilmito”, ni tenía conocimiento de que estuviera en libertad.

Sin embargo, un documento que circuló en las redes sociales, con el título de acta de traslado, confirma que el domingo 18 de diciembre de 2016, Wilmer Brizuela recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada, que otorga la ministro de Servicio Penitenciario. Esta medida de libertad condicional autorizaba su traslado al centro de régimen especial Simón Bolívar, ubicado en Caracas. Pero considerando el poder del pran, no es descabellado que su destino hubiera sido su tierra natal: el estado Bolívar.

No obstante, Brizuela no tenía la opción de optar a un Régimen de Confianza Tutelado por su condición de reincidente en prisión y por estar sentenciado por un delito (homicidio) con excepciones para el otorgamiento de beneficios. En su caso se violaron los artículos 162, 482 y 488 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp)

Además el pran podría haber desacatado la condición de permanecer en centro de reclusión especial en El Paraíso, Caracas, pues además de ser visto en Ciudad Bolívar –a 589 kilómetros de la capital de Venezuela– también habría sido víctima de un incidente ocurrido en Playa Parguito, en la isla de Margarita.

Funcionarios de Protección Civil informaron que un hombre identificado como Wilmer José Brizuela Vera fue herido durante un atentado, junto a tres miembros de su familia el sábado 18 de febrero de 2017 en Margarita. Cuatro días después funcionarios del ministerio de Servicio Penitenciario desmintieron el hecho filtrando información extraoficial a algunos periodistas.

–¿Qué sintió usted cuando confirmó que la ministra Iris Varela le había otorgado un beneficio a Brizuela y éste se encontraba en las playas de Margarita?

–Lo que quiero es que la ministra, el Estado, nos expliquen a mi familia y a mí por qué mi hermana está muerta y “Wilmito” está en la playa vacacionando. Mi hermana era una persona valiosa, una docente talentosa, sobreviviente de cáncer, que amaba la vida.

La ex jueza recuerda que sus dos hijos presenciaron el asesinato de su tía y hasta hoy arrastran secuelas sicológicas de esa experiencia. “Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera. Yo era una juez y hoy no soy nadie. Además me obligaron a irme de mi tierra porque no hay quien nos garantice la vida a mí y a mis hijos”.

A pesar de lo ocurrido, Mariela Casado dice que no quiere ser tratada como una víctima. “No me gusta el término víctima. Lo que se conoce como víctima en el derecho, en Venezuela es nada. Porque si “Wilmito” anda en la calle y a “El Ciego” no lo han aprehendido, entonces nosotros, y mi hermana, no tenemos derechos”, aseguró la ex jueza de 57 años.

–¿Cuál es la razón por la que Brizuela la manda a matar?

–Después de la fuga, en 2009, “Wilmito” se entrega en Caracas y allí un tribunal de control le asigna como sitio de reclusión la cárcel de Tocuyito, pero no se pronuncia sobre la fuga. Pero su causa seguía en Bolívar.

En abril del 2010 a él lo trasladan a Ciudad Bolívar para la audiencia y el juez le dicta una medida privativa por la fuga y mantiene como sitio de reclusión Tocuyito, en Carabobo. Eso lo enfureció, porque él quería volver a Vista Hermosa. Al salir de la audiencia comenzó a gritar: “Maldita la Casado, me las va a pagar,» y también amenazó al juez. En junio ocurrió el atentado donde muere mi hermana.

La ex presidenta del Circuito Judicial recuerda que hubo protestas y huelgas en su contra, además de disparos contra la sede del Palacio de Justicia en esa ocasión. Ya en 2006, Casado le había negado un beneficio procesal a Brizuela.

“Aunque yo había decidido inhibirme en las decisiones que tuvieran que ver con Brizuela, en todas las reuniones de seguridad de la región yo insistía en que era inaceptable que un preso de 25 años tuviera arrodillado a un estado. Ponía calcomanías a los carros para el cobro de vacuna, salía y entraba. Estoy segura que de allí salía la información para él”, explicó Casado.

Lea también: “Wilmito” sentenciado por sicariato, secuestro y robo de blindado recibió beneficio de Iris Varela

–¿Usted tiene idea de quién protegía a Brizuela dentro del Gobierno?

–El Ministerio de Relaciones Interiores y la Gobernación de Bolívar. Fíjate que cuando se fugan los implicados en el caso Di Lucca, el ministro Pedro Carreño y el viceministro Tareck El Aissami entraron solos al internado a hablar con “Wilmito”. “Wilmito”, así como Yonny Bolívar (asesino de Adriana Urquiola), a quien conocí cuando estaba en El Dorado, tenían acceso directo a los ministros.

Pran “Wilmito” tiene su orquesta de salsa, que opera desde la cárcel http://elinformadorweb.net/colmo-pran-wilmito-orquesta-salsa-opera-desde-la-carcel/

“Nunca perdonaré a los corruptos. A los jueces que se venden por un viaje. No entienden que son tan asesinos como ¨Wilmito¨. Mi hermana era la mitad de mi vida, a mi me quitaron la mitad de mi vida”, dijo entre lágrimas, la ex jueza que aceptó por un tiempo la oferta de Hugo Chávez, y se incorporó al personal de una embajada en Centroamérica en comisión de servicio hasta el 2015.

¿Qué puede pasar con la inmunidad parlamentaria, tras el anuncio de Maduro?

José I. Hernández (*), Prodavinci

Una de las más amenazas recientes formuladas desde el gobierno apunta a la posibilidad de levantar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional.

Las declaraciones del gobierno sobre esta nueva amenaza resultan bastante confusas. No está de más, por ello, tratar de esclarecer lo que puede pasar con la inmunidad parlamentaria.

La nueva amenaza

El miércoles 31 de agosto del 2016, el gobierno informó que, junto a un equipo de juristas, estudia la posibilidad de dictar un Decreto en el marco de la emergencia económica, a los fines de levantar la inmunidad de los “cargos públicos”, previa consulta con la Sala Constitucional. También el gobierno informó que va a “incubar” una demanda contra el Presidente de la Asamblea Nacional.

Entendiendo la amenaza

Desde un punto de vista jurídico, esta nueva amenaza resulta muy difícil de comprender por las grandes imprecisiones sobre las que está basada.

Veamos.

Lo primero que hay que aclarar es que la inmunidad no es de “cargos públicos” en general. La inmunidad, por el contrario, es una garantía específica de los diputados de la Asamblea Nacional, de acuerdo con el Artículo 200 de la Constitución.

Asimismo, es preciso aclarar que el Presidente de la República no puede levantar la inmunidad parlamentaria. Por el contrario, de acuerdo con el citado Artículo 200, sólo la Asamblea Nacional puede levantar (o allanar) esa inmunidad.

Por último, no existe tal cosa como “incubar” una demanda. Quizás el gobierno quiso referirse a otra palabra: “incoar”, que entre otras cosas significa iniciar un proceso judicial mediante una demanda.

Aclarados estos enredos, ahora sí podemos entender el contenido de esta nueva amenaza: el Gobierno pretende iniciar juicios penales contra diputados de la Asamblea Nacional —como es el caso del Presidente de esa Asamblea— desconociendo la inmunidad parlamentaria.

¿Qué es la inmunidad parlamentaria?

La inmunidad parlamentaria es una garantía especial que protege el ejercicio de la función parlamentaria por parte de los diputados proclamados de la Asamblea Nacional.

De conformidad con la Constitución, esa garantía tiene 3 elementos que la identifican.

En primer lugar, la inmunidad sólo aplica para hechos cometidos en el ejercicio de la función parlamentaria. Además, en segundo lugar, sólo aplica a procesos penales. Finalmente, condiciona el inicio esos procesos penales a dos condiciones concurrentes:

1) Que el Tribunal Supremo de Justicia considere que hay méritos jurídicos para iniciar el juicio penal.

2) La Asamblea Nacional autorice, políticamente, el inicio de ese juicio. Esto último es lo que se conoce como el “allanamiento de la inmunidad parlamentaria”, y es una decisión que únicamente puede ser tomada por la Asamblea.

El propósito de esa inmunidad es garantizar el buen funcionamiento de la Asamblea Nacional, evitando que, por retaliaciones políticas, se inicien juicios penales contra diputados. Por ello, la inmunidad no es un cheque en blanco.

Por ejemplo, la inmunidad no protege al diputado que en estado de embriaguez atropella a una persona, pero sí protege al diputado que acusa al gobierno de corrupción, que llama a una protesta o que protege el funcionamiento de la Asamblea Nacional frente a indebidas intromisiones de otros órganos del Poder Público.

El intento inconstitucional por desconocer
la inmunidad parlamentaria

Esta nueva amenaza del gobierno implicaría una violación a la Constitución, así como el desconocimiento de la función parlamentaria de la Asamblea.

El gobierno no puede, ni siquiera en el marco del estado de excepción, levantar la inmunidad parlamentaria, pues desconocería que, de acuerdo con el artículo 200 constitucional, sólo la Asamblea puede hacerlo. Por eso, tampoco la Sala Constitucional podría habilitar al gobierno para violar el Artículo 200 de la Constitución.

Sin embargo, hay que señalar que en la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional, la inmunidad parlamentaria ha sido reducida de tal forma que, en la práctica, su utilidad se ha mermado. Y no es de extrañar que nuevas “interpretaciones” de la Asamblea reduzcan, hasta hacerla desaparecer, esta especial garantía.

De acuerdo con la Sala Constitucional, la inmunidad parlamentaria sólo aplica a los diputados que estén efectivamente incorporados al ejercicio de la función parlamentaria en la Asamblea. Por eso se ha negado la aplicación de la inmunidad a diputados suplentes.

Asimismo, la Sala ha insistido que la inmunidad sólo aplica a hechos cometidos específicamente en ejercicio de la función parlamentaria, lo que podría incluso limitar la inmunidad a las actuaciones realizadas dentro de la sede de la Asamblea Nacional, en el marco de sus sesiones.

Se trata de un razonamiento bastante primitivo, que ignora un dato básico: el diputado es representante del pueblo durante todo el mandato para el cual fue electo, con independencia de que actúe fuera del seno de la Asamblea.

Esta última limitación podría llegar a desvirtuar completamente el sentido de la inmunidad parlamentaria, al considerarse que los diputados sí pueden ser enjuiciados —e incluso, privados de libertad— por actuaciones que no sean consecuencia de deliberaciones dentro de la Asamblea, incluyendo opiniones y comentarios realizados.

De esa manera la Sala Constitucional podría interpretar que la inmunidad parlamentaria no aplica para los supuestos delitos de desacato que, a su decir, han cometido los diputados, o para los supuestos delitos cometidos fuera del recinto de la Asamblea Nacional, incluso mediante opiniones.

Esta amenaza podría ser preludio de un nuevo episodio del conflicto contra la Asamblea Nacional, que incorporaría un elemento sumamente peligroso para el orden democrático y constitucional: desconocer la inmunidad parlamentaria con base en argumentos jurídicos bastante primitivos, permitiendo no sólo el enjuiciamiento sino, además, la privación de libertad de diputados, como consecuencia de una acción de retaliación política.

(*) Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y de la UCAB