Informe del Secretario General de la OEA, ante el Consejo Permanente, sobre la situación de Venezuela

23 de junio del 2016

Señor Presidente, Embajadores, Representantes, Colegas:

Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y en mi calidad de Secretario General, solicito al Consejo Permanente que realice “una apreciación colectiva de la situación” en Venezuela y adopte “las decisiones que estime conveniente”.

En este sentido, me permito presentarles las razones por las cuales estimo que existe una grave alteración del orden constitucional en ese pais. Una buena parte de la información que presentaré, ya con anterioridad incluí en mi carta al Presidente del Consejo Permanente el 30 de mayo.

Hoy presentaré un informe actualizado, dado el rápido deterioro de la crisis en Venezuela.

La defensa de la democracia es uno de los principales mandatos de la OEA y la base fundamental de las relaciones internacionales en las Américas.

Estos principios están claramente plasmados

En la Carta de la Organización de Estados Americanos,

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

En la resolución de la Asamblea General AG/RES. 1080, “Democracia representativa”,

Y en la Carta Democrática Interamericana que es la verdadera Constitución de las Américas.

Estos no son documentos que nos hayan sido impuestos.

Como Estados Miembros hemos elegido firmarlos, unirnos al consenso sobre los principios que definen quiénes somos, en qué creemos y cómo interactuamos unos con otros.

Las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen solo cuando es conveniente.

Si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos estar dispuestos a actuar.

Si existen claras violaciones, nuestra obligación es señalarlas, En particular cuando se enfrenta una situación difícil.

Los temas que vamos a debatir hoy día están claramente delineados en la Carta Democrática Interamericana.

Es conforme a estas normas que consideramos que se ha alterado el orden democrático en Venezuela.

En el artículo 3 de la Carta se enumeran los elementos esenciales de la democracia:

El “respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto[…]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

En el artículo 4 se delinean los componentes esenciales para el ejercicio de la democracia:

“la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.

En mi informe del 30 de mayo se exponen claramente los argumentos de que ha ocurrido una alteración del orden constitucional que trastoca el orden democrático en un Estado Miembro.

Hoy, les pido que consideren las vidas, la salud y la seguridad del pueblo venezolano a la luz de estos compromisos.

El Consejo Permanente debería tomar las medidas necesarias para atender a la crisis humanitaria sin precedentes e innecesaria que sufre Venezuela.

El Consejo debería expresarse claramente sobre los prisioneros políticos y los informes persistentes de tortura.

El Consejo debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un referendo revocatorio

Es conforme a estos principios que debemos decidir actuar o no.

Como decía Desmond Tutu: “si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

La democracia es el gobierno del pueblo.

Aquellos que han elegido representar al pueblo, lo hacen para encauzar la voz de los ciudadanos en los procesos decisorios del Estado.

El Gobierno lo hace a través de la legitimidad que le ha conferido el pueblo, los ciudadanos.

Es un servicio al público; una vocación de servicio para el bien común.

No es un negocio en donde las personas buscan un beneficio o el poder.

La ética política nos conmina a ser coherentes con nuestras palabras y nuestras acciones.

Es mucha la tensión entre la ética y la política como para ensalzar a los líderes sin abusar del poder que se les confiere.

Cuando los Gobiernos y los políticos no cumplen con estas normas, vemos que los ciudadanos se frustran con sus líderes políticos.

Al perder la confianza en sus representantes electos, los ciudadanos harán que sus voces sean escuchadas.

Lo que hemos atestiguado en Venezuela es la pérdida del propósito moral y ético de la política.

El Gobierno se ha olvidado defender el bien mayor, el bien colectivo.

Venezuela tiene una de las más grandes reservas de petróleo del planeta, así como vastas tierras fértiles y una gran cantidad de recursos minerales.

El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo.

El enfrentamiento entre las ramas de Gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura de la gobernabilidad, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país.

La inflación ha llegado a 720%.

El PIB disminuirá un 8% más en 2016.

La deuda externa ha alcanzado los 130.000 millones de dólares; es decir, el equivalente de casi seis años de exportaciones de petróleo.

Venezuela ocupa el noveno lugar mundial con la peor tasa de desempleo.

El 73% de los hogares y el 76% de los venezolanos vivieron en la pobreza en 2015.

Después de lo que fue el 12º aumento desde que el Gobierno fue electo en 2013, el salario mínimo equivale aproximadamente a 13,75 dólares al mes.

Eso es menos de 50 centavos de dólar por día.

La falla sistemática del tipo de cambio controlado ha ocasionado que la moneda haya perdido el 99% de su valor desde 2013.

Las empresas internacionales han cerrado sus puertas porque nadie puede pagar.

La población enfrenta una escasez de alimentos y medicamentos sin precedente en todo el país.

Esta crisis está alcanzando un punto crucial.

Estos problemas no los causan fuerzas externas.

La situación que enfrenta Venezuela hoy día es el resultado de las acciones que han emprendido y siguen emprendiendo quienes están en el poder.

Venezuela podría y debería ser uno de los países más prósperos e influyentes en la región.

Pero más bien es un Estado plagado de corrupción, pobreza y violencia

La población sufre las consecuencias.

Es mucho más redituable para los negocios vender dólares subsidiados en el mercado negro que reabastecer los anaqueles de las tiendas.

La escasez de alimentos e insumos alcanzó el 82,8% en enero de este año.

Desde 2003, más de 150 productos alimenticios han sido puestos en la lista de precios fijos que ha establecido unilateralmente el Poder Ejecutivo.

En principio, los aumentos en los precios iban a la par de la inflación.

Sin embargo, desde 2007 la brecha entre costos de producción y precios fijos ha crecido exponencialmente y, en consecuencia, muchos negocios han cerrado sus puertas.

A fin de responder a esta escasez creada, el Estado ha intervenido cada vez más en la producción de alimentos, incluyendo a través de la expropiación o nacionalización:

De productores de café,

De ingenios azucareros,

De productores de arroz y pasta,

De Agriozlena, la principal compañía distribuidora de semillas,

De Lácteos Los Andes, el principal productor de lácteos,

De más de 10,000 hectáreas de ranchos ganaderos y lecheros

De por lo menos 5 productores de harina de maíz,

De dos fabricantes de aceites y

De la empresa Polar, la principal cadena de supermercados de Venezuela.

Esta escasez provocada por el Gobierno también ha dado lugar a una economía de mercado informal o “negro” de productos regulados.

Las comunidades más pobres fuera de la capital son las más afectadas.

El 87% de los venezolanos declaran que no tiene el suficiente dinero para comprar los alimentos que necesitan.

Se requerirían 16 salarios mínimos para alimentar debidamente a una familia.

Un cuarto de la población vive con menos de dos comidas al día.

La desnutrición afecta a los más vulnerables. Y las tasas de mortalidad infantil están aumentando a la par que los problemas de crecimiento entre los niños.

La falta de agua y electricidad se ha tornado común.

La única presa hidroeléctrica del país ha alcanzado niveles críticos, pues el agua apenas llega a cinco pies arriba del nivel en el que las turbinas simple y sencillamente dejaría de funcionar.

Ante esta falta de energía, las oficinas de Gobierno e instituciones públicas solo abren tres días a la semana.

La falta de insumos básicos y sustancias químicas, como el cloro para tratamiento de agua, ha dado lugar a un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua.

El sistema de salud en Venezuela enfrenta serios problemas al no haber equipo, ni doctores, ni medicinas.

Los servicios médicos se encuentran debilitados por el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento y actualización de los recursos y equipo técnico, lo que agrava todavía más la escasez de medicinas e insumos.

Los pacientes que requieren tratamiento deben aportar todo: desde papel higiénico, jeringas, medicinas y hasta frazadas.

Y cuando se les acaban estos insumos se interrumpe su tratamiento.

La inestabilidad ha dado lugar a la emigración en masa de profesionales de la salud. Incluso ha cerrado la mayoría de los hospitales cuyo personal era de origen cubano.

En enero de 2016, la Cámara de la Industria Farmacéutica reconoció una deuda de 6.000 millones de dólares con proveedores internacionales.

Las farmacias solo pueden surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados.

El 27 de enero de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró una emergencia nacional en el sistema de salud.

El 5 de abril de 2016, la Asamblea Nacional promulgó una ley especial para “atender la crisis humanitaria en salud”.

Con esta legislación se permitiría al Gobierno venezolano buscar asistencia internacional para responder a la crisis de salud. El 9 de junio la Corte Suprema la declaró inconstitucional.

La situación ha pasado de ser desesperada.

La violencia ha estado aumentando en las últimas semanas a medida que la escasez se hace intolerable.

Se han reportado más de 250 casos de saqueo este año en todo el país.

Los transportes de alimentos o bebidas fueron el blanco en el 81% de los casos de saqueo en sus rutas de distribución.

El 19% restante ocurrió en centros comerciales y almacenes.

Los embarques de alimentos ahora van acompañados de guardias armados, leales al Ejecutivo, protegiendo así las limitadas raciones de ciudadanos hambrientos.

El martes pasado, mientras nos encontrábamos reunidos en la Asamblea General en República Dominicana, en Cumaná, más de 100 tiendas fueron saqueadas y destruidas, y se reportaron por lo menos 3 muertes.

En el estado de Trujillo, las manifestaciones ocurren todos los días pues la gente protesta por la falta de servicios básicos del Gobierno.

Esto incluye la trágica muerte de una niña de cuatro años en un tiroteo afuera de un mercado en Guatire; son estos daños irreparables del aumento de la violencia.

La falta completa de confianza en el aparato de seguridad estatal sirve de incentivo para que las comunidades tomen la justicia en sus manos.

La fiscalía ha abierto investigaciones en torno a 74 asesinatos presuntamente cometidos por tales grupos en los primeros cuatro meses de este año.

Los índices de violencia y delincuencia han alcanzado niveles históricos.

Las estadísticas oficiales del Gobierno, que no son publicadas con regularidad, indican que en 2015 ocurrieron 58,1 homicidios por cada 100,000 personas.

La sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100,000 personas.

En 2015, el número de muertes violentas fue superior en Venezuela que el registrado en Afganistán.

El 66,7% de la población se siente muy insegura o en cierta forma insegura.

La escala de la victimización también ha aumentado drásticamente. En 2013, 54,2% de la población decía que ni ellos ni ningún familiar habían sido víctimas de un delito. En 2015, esa cifra bajó a 10,6%.

La penalización del Estado también es motivo de preocupación creciente.

Tres de cada cuatro venezolanos dijeron en una encuesta nacional que no creían que la policía podía protegerlos.

La policía, la Guardia Nacional, los jueces, los fiscales y el personal carcelario están involucrados de manera tácita o expresa en la delincuencia organizada, incluso en secuestros, asesinatos, robos o narcotráfico.

La fuerza paramilitar establecida por el Gobierno para reprimir la delincuencia organizada, ha sido acusada de ejecuciones sumarias.

No hay datos oficiales sobre las personas que mueren a manos de las fuerzas de seguridad.

En los últimos cuatro años murieron 1320 integrantes de fuerzas policiales y militares; de ellos, 75% no estaban de servicio en el momento de su muerte.

Este año ya se han notificado más de 109 muertes de integrantes de fuerzas policiales y de seguridad desde el 1 de enero.

Venezuela está en un estado perpetuo de lucha civil.

El colapso de una gestión de gobierno responsable y efectiva se ve exacerbado por la corrupción endémica que plaga al Gobierno.

Un estudio reciente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional suscitó preocupación en torno a gastos del Gobierno, que ascienden a 69.000 millones de dólares por presunta corrupción.

Dos ex integrantes del gabinete del difunto presidente Hugo Chávez han presentado quejas por la desaparición de ingresos derivados del petróleo del orden de los 300.000 millones de dólares.

Transparencia International clasifica a Venezuela en el lugar 158 entre 168 países evaluados en lo que se refiere a la corrupción. Esta es la posición más baja en el continente americano.

Los países que están por debajo, es decir, Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán e Iraq, son regímenes ilegítimos o países devastados por guerras prolongadas.

El Gobierno ha perdido la confianza del público, con 75% de los venezolanos consideran que hay corrupción generalizada.

Los derechos civiles y políticos son una clase de derechos que protegen las libertades individuales.

Garantizan la participación de las personas en los procesos de adopción de decisiones que las afectan, sin discriminación y sin represión.

El gobierno venezolano ha creado un esquema de persecución política en contra de quienes expresan opiniones contrarias.

Hay prensa libre cuando la prensa realiza una sana cobertura de las noticias políticas, se garantiza la seguridad de los periodistas y la prensa está protegida de presiones jurídicas o económicas indebidas.

En Venezuela, los medios de comunicación son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición de viajar, a censura indirecta y al acoso.

Los persiguen por publicar noticias o artículos con una óptica crítica del Gobierno.

Disposiciones poco precisas relacionadas con la “incitación al odio”, la “intolerancia” o la “incitación a la violencia” que se han usado de manera discrecional para iniciar procedimientos administrativos contra medios de comunicación que cuestionan o impugnan la propaganda del Gobierno, crean un ambiente de autocensura.

Las licencias de difusión están controladas por medio de un proceso opaco y discrecional, y con frecuencia se las suspende o no se las renueva.

La empresa estatal Corporación Maneiro controla el acceso al papel periódico.

Se acusa a empresarios supuestamente vinculados al Gobierno de comprar medios de comunicación, dándole a la cobertura periodística un tono favorable al Gobierno.

A las personas que han acudido a declarar ante esta institución que representamos sobre los retos que enfrentan en Venezuela, su Gobierno las llama “traidores de la patria”.

Una persona que no está de acuerdo con las medidas tomadas por un Gobierno elegido democráticamente no es un traidor.

La política es una discusión de ideas en busca del bien común.

Cuando el hombre que te acusa de ser traidor a la patria también controla las fuerzas armadas, los órganos de inteligencia, la policía nacional y el poder judicial, se trata de un acto abierto de intimidación.

La falta de un auténtico diálogo político ha llevado a los ciudadanos a salir a la calle a protestar para hacerse oír.

La penalización de protestas para acallar las críticas es la acción de un Estado autoritario.

Las tendencias en Venezuela han sido perturbadoras, a la vez que se está usando a los tribunales y a los juicios penales en medida creciente como arma de persecución política.

En Venezuela, las protestas públicas suelen ser reprimidas con fuerza excesiva.

El enero de 2015, autoriza explícitamente el uso de armas de fuego para controlar encuentros públicos y protestas pacíficas.

Esto contradice directamente la propia Constitución de Venezuela.

En 2013, cuando el Presidente Nicolás Maduro asumió el cargo, según el Foro Penal Venezolano había 11 presos políticos.

Entre enero de 2014 y el 31 de mayo de 2016 se denunciaron al Foro 4253 detenciones, arrestos o encarcelamientos.

Todos ellos vinculados a diversas protestas y críticas contra el Gobierno de Venezuela.

Actualmente hay 1986 personas a quienes se les aplican medidas restrictivas.

Otras 94 están en la cárcel.

Son Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre otros.

También son las personas utilizadas para hacer propaganda, los chivos expiatorios de los fracasos de la política del Gobierno.

Ese es el caso de Manny, un hombre de 54 años, con dos hijos. También era Director General de la cadena de supermercados Día Día.

El 2 de febrero de 2015, Manny fue arrestado, sin orden de arresto, afuera del Palacio de Miraflores, cuando salía de una reunión con el Vicepresidente de Seguridad Alimentaria.

Al cabo de 51 días de detención en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en El Helicoide, Manny fue acusado de delitos tales como acaparamiento, agravación de la escasez de alimentos e intentos de desestabilizar la economía.

El día de su arresto, las fuerzas de seguridad del Gobierno ocuparon los supermercados Día Día.

En noviembre de 2015, Manny fue liberado del centro de detención y se le siguen aplicando medidas restrictivas.

Este domingo pasado, Francisco Marquez Lara y Gabriel San Miguel fueron detenidos arbitrariamente por la Guardia Nacional mientras viajaban al Estado de Portuguesa para apoyar el proceso de referendo revocatorio.

Han sido interogados extensivamente por la policia y por el servicio de inteligencia, sin la presencia de sus abogados.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha encontrado más de 300 casos de detención arbitraria en Venezuela.

Desde 2014 se han denunciado al Foro Penal Venezolano 145 casos de castigo cruel e inhumano, incluida la tortura.

Gerardo es uno de los 120 estudiantes que fueron arrestados por la Guardia Nacional Bolivariana, sin orden de arresto, el 8 de mayo de 2014, en Chacao, Caracas. Formaba parte de un grupo de estudiantes que hicieron un campamento como medio de protesta pacífica junto a la sede del PNUD en Chacao.

El 21 de agosto 2014, varios oficiales sacaron a Gerardo de su celda. Lo esposaron a un caño, colgando del techo, donde lo dejaron más de 12 horas, con las muñecas envueltas con periódicos y cinta adhesiva para reducir al mínimo las marcas.

Fue golpeado violentamente, sufirendo serias lesiones en las piernas y en la espalda.

Lo acusaron de delitos menores de narcotráfico pero nunca se presentaron pruebas de su delito.

Gerardo fue detenido durante 17 meses, permaneciendo bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

En agosto de 2015, Joselyn, de 23 años, fue arrestada en el estado Falcón y permaneció detenida en una cárcel de máxima seguridad en Corco, donde compartía una celda con otros nueve presos.

Debido a la temperatura agobiante, los presos solían dormir desnudos, y de comer les daban solamente alimentos podridos.

Durante su permanencia en la cárcel, Joselyn sufrió violaciones sexuales y graves golpizas, tanto en el momento de su arresto como durante su detención.

Un mes más tarde le avisaron a la familia de Joselyn que la estaban poniendo en libertad a fin de que recibiera atención médica adecuada para sus graves lesiones.

Daniel tiene 18 años. El 18 de mayo, fue arrestado por el SEBIN, alegándose que había participado en protestas a favor del referéndum.

Durante el período en que estuvo encarcelado, a Daniel le propinaron duras golpizas y le aplicaron la picana eléctrica.

Otras seis personas que fueron arrestadas junto con Daniel declararon que se les aplicó un trato similar, con golpizas, amenazas de violación y picana eléctrica.

Daniel sigue incomunicado en El Helicoide, sede del SEBIN.

Debemos recordar que, cuando hablamos de presos políticos, no son simplemente cifras y estadísticas.

Son personas…

Tienen un rostro, un nombre y una historia…

Son madres, padres, hermanas, hermanos, hijos, hijas y cónyuges…

Son ciudadanos a quienes les importa el futuro de su país…

Tener presos políticos es claramente un acto de un régimen autoritario…

No puede haber diálogo cuando un gobierno detiene y encarcela arbitrariamente a quienes se expresan en su contra.

Eso no es democracia.

Estos relatos son solo unos pocos de los miles de relatos de ciudadanos venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente debido a sus ideas. No sus actos, sino sus ideas.

No basta con que no haya alimentos.

No basta con que no haya hospitales ni medicamentos.

No basta con que el nivel de delitos violentos se encuentre entre los más altos del mundo.

Cuando los ciudadanos se organizan para expresar su preocupación, los reprimen implacablemente.

El pueblo venezolano se enfrenta a un Gobierno que ya no le rinde cuentas.

Un Gobierno que ya no protege los derechos de los ciudadanos.

Un Gobierno que ya no es democrático.

La función misma del Gobierno se ha incumplido.

La separación de poderes es uno de los elementos más fundamentales de una democracia.

Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen cada uno su propio conjunto de responsabilidades y atribuciones, para prevenir la concentración del poder y disponer de mecanismos de control y equilibrio.

En Venezuela hemos sido testigos de un esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para impedir e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional.

El ejecutivo repetidamente ha empleado intervenciones inconstitucionales en contra de la legislatura, con la connivencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Las evidencias son claras.

Después de los comicios del 6 de diciembre y antes de la instalación del período de sesiones de la nueva legislatura, 13 de los 32 magistrados y 21 suplentes del Tribunal Supremo prestaron juramento mediante nombramientos partidistas.

Como resultado, una cadena de decisiones posteriores del Tribunal Supremo ha adoptado un modelo de bloquear cada una de las leyes promulgadas por la Asamblea Nacional.

Estas resoluciones han incluido una serie de decisiones para impedir que tres diputados ocupen sus escaños y así reducir la mayoría calificada de la oposición a una mayoría simple.

Invalidando la legislatura, el Tribunal Supremo aprobó dos decretos ejecutivos que declararon un estado de emergencia y un estado de emergencia económica, lo que concentró el poder en manos del ejecutivo y estableció límites arbitrarios a la autoridad de la legislatura sobre los contratos públicos, los altos funcionarios y el presupuesto.

Estos decretos ejecutivos también se han prorrogado dos veces.

El Tribunal Supremo ha determinado, además:

Limitar las funciones de auditoría de la legislatura, con lo cual se elimina la rendición de cuentas externa del Gobierno.

Eliminar la facultad de la legislatura para revocar los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo.

Impedir que cualquier enmienda constitucional sea aplicable al actual Presidente.

Declarar inconstitucionales y por ende inválidas las leyes para reformar el Banco Central, el Tribunal Supremo, enmendar el Reglamento Interior y de Debates del Congreso y la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad.

Bloquear la liberación de presos políticos detenidos por el Gobierno y

Prohibir las protestas no autorizadas en los alrededores del Consejo Nacional Electoral y ordenar que la Guardia Nacional y la Policía Nacional repriman “las protestas violentas”.

Por último, el Tribunal Supremo expidió un fallo oficial el 14 de junio para restringir las facultades de la Asamblea Nacional, pues afirma que se está extralimitando al pretender usurpar funciones del Ejecutivo.

El activismo del Tribunal Supremo se ha disparado con el número de fallos en el período de febrero a marzo de 2016, al pasar de dos a 252.

Entre el 5 de enero y el 24 de mayo se registraron nueve apelaciones. Todas las decisiones se han dispuesto a favor del poder ejecutivo.

Estos ejemplos demuestran claramente la falta de independencia del poder judicial.

El sistema tripartito de la democracia ha fracasado y el poder judicial ha sido cooptado por el ejecutivo.

Más del 60% de los jueces de los tribunales de primera instancia pueden ser destituidos de sus cargos, sin el debido proceso, si una comisión del Tribunal Supremo así lo decide.

La provisionalidad y la temporalidad de jueces y fiscales debilita aún más la independencia judicial y las posibilidades de imparcialidad.

A su vez, la falta misma de credibilidad en el poder judicial desalienta a los candidatos calificados de intentar obtener puestos en la judicatura.

La falta de independencia del poder judicial socava el acceso de los ciudadanos a la justicia.

En una encuesta reciente, solamente el 31% de las personas que respondieron aseveraron tener confianza en su sistema nacional de justicia.

La legitimidad de un Gobierno requiere la confianza de su ciudadanía.

En 1999, el entonces Presidente Hugo Chávez consagró la figura del referendo revocatorio en la Constitución de Venezuela como un vehículo para asegurar la “democracia participativa y protagonista”.

Este proceso está previsto en la Constitución.

En Venezuela, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

El artículo 72 señala que se puede convocar a un referendo revocatorio “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria”.

Si el referendo da como resultado la revocación del Presidente durante los primeros cuatro años, entonces “se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.

Si el plebiscito se lleva a cabo después de los primeros cuatro años, el Vicepresidente Ejecutivo asumirá la presidencia durante el período restante.

Debido a la falta de claridad en el proceso, incluso es imposible confirmar estas fechas.

Para activar el proceso revocatorio se requieren las firmas del 1% de electores que soliciten un referendo. Luego esa activación tiene que ser apoyada por al menos el 20% del público elector.

Si la Junta Nacional Electoral puede verificar los resultados, el Consejo Nacional Electoral convoca el referendo presidencial.

Para revocar el mandato presidencial la tasa de participación electoral debe ser superior al 25% y el número votos válidos debe ser igual o mayor al número de votos con los cuales se eligió al Presidente.

Nadie está por encima de la Constitución.

En agosto de 2004, cuando el Presidente Hugo Chávez enfrentó un referendo revocatorio el 59,1% del público votó en contra de su destitución.

Es responsabilidad del Presidente y del Consejo Nacional Electoral implementar este proceso, de conformidad con sus deberes legislativos y constitucionales.

Seguir un procedimiento previsto en la Constitución no es un golpe de Estado;

Por el contrario, negar, postergar u obstruir este proceso por cualquier vía es un abuso de poder y un trastorno patente del orden democrático.

El Consejo Electoral no ha proporcionado las garantías necesarias para la celebración del referendo revocatorio.

Se han expresado numerosas quejas sobre intentos deliberados de demorar activamente el proceso, entre ellas: demoras en la entrega de las planillas requeridas para reunir el 1% de firmas; retrasos en la verificación y validación del 1% de firmas; creación de cuatro requisitos nuevos de digitalización, verificación, transcripción y auditoría, y amenazas de difundir públicamente los nombres de quienes firmen en favor del referendo.

La coalición de la oposición ha presentado más de diez veces la cantidad de firmas que se requieren para iniciar el primer paso en el proceso.

Tras varios meses de retraso, el proceso de validación se inició apenas esta semana.

A través de un proceso opaco, el Consejo repetidamente ha incumplido sus propios plazos y ha actuado en violación de sus propias reglas.

Adicionalmente, cuatro de los cinco miembros del Consejo Electoral están vinculados con el partido en el poder, el PSUV.

Estos vínculos ponen en entredicho la capacidad de la mayoría de los miembros para decidir de manera independiente e imparcial.

Bajo estas circunstancias excepcionales, es imperativo que el proceso sea implementado de manera oportuna y transparente por una institución neutral que mantenga la confianza pública.

Los grupos que abogan por un referendo revocatorio han cumplido hasta ahora sus responsabilidades en este proceso.

El Gobierno y el Consejo Electoral no lo han hecho. La celebración del referendo revocatorio en 2016 es la única manera constitucional de resolver la crisis política en Venezuela.

Como miembros del sistema interamericano, todos queremos lo mismo:

Una solución pacífica a la crisis en Venezuela.

La vuelta al orden democrático.

El fin de la crisis humanitaria.

Estabilidad, alimentación, salud y seguridad adecuados.

El objetivo hoy es no castigar ni sancionar a Venezuela.

Estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y ayudarlo a volver al camino de la democracia – en ese sentido apoyo la idea de que se constituya un grupo de países amigos de la OEA.

Así pues, hoy les solicito a ustedes, miembros del Consejo Permanente, que consideren las recomendaciones que les he planteado:

Que se lleve a cabo antes del final de 2016 el referendo revocatorio previsto en la Constitución.

Que se libere de inmediato a todos los presos políticos.

Que los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias y empiecen a trabajar juntos de inmediato para responder a la crisis humanitaria.

Que todos los poderes del Gobierno trabajen juntos para recuperar la estabilidad y la seguridad en el país.

Que el poder ejecutivo cese de inmediato sus esfuerzos por desconocer a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y que se implementen y apliquen todas las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional.

Que se nombre a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso transparente acordado conjuntamente por los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno.

Que se establezca un ente independiente para combatir la corrupción, compuesto por expertos internacionales, facultado para hacer frente a la situación financiera en Venezuela.

Y, por último, afrecemos apoyo técnico a la Comisión de la Verdad y solititamos que se asegure la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sí, la democracia requiere diálogo.

Pero para que este diálogo sea eficaz, debe ir acompañado de acciones.

La democracia no tiene nacionalidad

La democracia es más que una elección; es más que contar votos en las urnas.

Es libertad.

Libertad de expresión, de asociación, de reunión.

Una ciudadanía empoderada.

Una judicatura independiente.

Una estructura de seguridad que tenga la confianza del pueblo y que le rinda cuentas.

Es el ejercicio legítimo del poder dentro del Estado de derecho.

Los Gobiernos democráticos tienen una responsabilidad hacia sus ciudadanos.

La responsabilidad de proveer seguridad, dar acceso a las necesidades básicas, proteger los derechos humanos.

Y rendir cuentas.

Asi que les pido considerar las vidas, la salud y la seguridad del pueblo venezolano.

El Consejo Permanente debería adoptar las medidas necesarias para abordar la crisis humanitaria inédita e innecesaria en Venezuela.

Debería expresarse respecto a los presos políticos y los persistentes informes de tortura.

Debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su solicitud de un referendo revocatorio.

El Consejo Permanente debe mantenerse del lado correcto de la historia y defender a un pueblo que necesita voz.

Solo volviendo a un ejercicio legítimo y responsable del poder, podrá Venezuela volver a la senda de la paz y de la prosperidad.

Los bachaqueros son peligrosos delincuentes

Sala de Información

“En el bachaqueo policías, militares, malandros, políticos, mafiosos y hasta el comercio formal, se dan la mano. El bachaqueo es producto de un gobierno absolutamente irresponsable y mentiroso. El bachaqueo es el resultado del mercado negro, la sofisticación crematística de la unión cívico-militar”. Elides Rojas

Los bachaqueros y colectivos se apropian de los espacios y coartan las posibilidades de personas dispuestas a hacer filas por horas con tal de adquirir artículos al precio legal. Ante cualquier cuestionamiento, las amenazas se convierten en represalias para aquel que solo exige su derecho.

Así lo relató Norkis Arias en un excelente trabajo para la revista Clímax, titulado “Bachaqueros: los más malandros de las colas”

En cada línea, Arias hurga en las experiencias trágicas de muchas víctimas de estos especímenes que no tienen contención gubernamental, quizás porque forma parte del “negocio”.

Eward Castillo le “robaba” los martes al trabajo, para acompañar a su madre a la cola del supermercado Éxito de Los Teques.

“Cuando en la zona se enteran de que van a llegar camiones a descargar, aparecen los colectivos en motos y secuestran el local. Se meten y se llevan lo que quieren, y dejan las sobras para los que hemos estado haciendo cola por horas”, relató el joven de 26 años.

Un día, la tropelía lo llenó de valor y enfrentó a un motorizado. Le reclamó su derecho a comprar comida. “La disputa se elevó a unos empujones y Edward estaba dispuesto entrarse a puños, pero su adversario se alzó la camisa para dejar al descubierto una pistola. Esa amenaza lo hizo tragar grueso y desistir. Instinto de supervivencia…”

Esa violencia reiterada, la que humilla y desmoviliza, es práctica común en cada centro que venta alimentos.

Es la necesidad que se encuentra con la avaricia y la viveza sin mezclarse”, dice el reportaje de Clímax.

Y lo grafica señalando que “Mientras el que necesita madruga para probar suerte en supermercados, farmacias y establecimientos “a ver si” consigue algo para comer, el vivo se aprovecha y lo amedrenta para desaparecer la “justicia” del léxico local. Esa palabra está moribunda”

Por otra parte, la reventa de productos regulados –que cuenta con la complicidad por omisión (presuntamente) del gobierno- por encima de su precio legal, se ha convertido en una actividad económica usual.

“Se ha sofisticado hasta alcanzar un estatus delictivo con modus operandi propio que se ha esparcido como maldición por todo el país”.

A Alicia Ortiz su esposo la deja a las 3:30 de la madrugada en el supermercado Unicasa de El Paraíso, para comprar y llevar a algo casa… si la suerte también madrugó y la acompaña.

“Madrugo porque antes del amanecer un hombre con cicatrices en el rostro nos quita la cédula a un número arbitrario de personas en la cola. Él es uno de los líderes de bachaqueros y, horas más tarde, cuando la Guardia nos pide las cédulas laminadas, el tipo les entrega las requisadas junto con las de otras personas que no se encuentran en el lugar”. ¿Hay o no complicidad?

Los ausentes son bachaqueros que van apareciendo paulatinamente y se incorporan a la fila

Alicia comentó a Clímax que “Casi nunca le protestamos al tipo porque después te pueden sacar de la cola o hacer algo peor”.

A veces quita 50 cédulas, a veces 80. Depende de cuántos números vayan a repartir ese día en el mercado. Y a esas les agrega como 100 más que es la de su gente”, contó.

Son delincuentes

Ingrid Cabrera le contó a Norkis Arias que en el Central Madeirense de La Alameda en Santa Fe, una bachaquera llegaba y se metía de primera en la cola. A quien revirara, le mostraba un cuchillo que escondía en su pantalón.

“Ya esa mujer –agregó Ingrid- no se aparece más por aquí. Llegó una más brava y la corrió, pero la intimidación es la misma. Es mejor dejarse colear a terminar bañado en sangre”.

Los vigilantes, en los centros comerciales, tienen un camión lleno de “bachaco vivencias”.

“Te cuento pero no me saques”, dijo uno en el Unicentro el Marqués: “Grisapas (guirisapas), insultos, golpes y bombas lacrimógenas, son comunes aquí”.

“Eso se ve aquí todos los días. La gente duerme desde la 1 de la mañana del día anterior y cuando amanece, llegan los bachaqueros y les dicen que tienen gente adelante”

“Se ponen 20 bachaqueros de primeros, después una persona que hizo su cola, 20 bachaqueros más, otra persona normal y así. Es mejor no reclamar. Hay gente que lo ha hecho, pero terminan sacándolos de la cola. No los dejan comprar, los amenazan y si no hacen caso le caen a coñazos”.

En su trabajo periodístico, Arias señaló que “Se trata de la supervivencia del más apto. Unos someten y otros se dejan someter. Hay que suprimir la dignidad y aceptar la injusticia para evitar la violencia en un territorio donde reina la impunidad

Mafia arrecha

El Correo del Caroní, en investigación de la periodista María Ramírez, reflejó en sus páginas el saqueo de un camión de embutidos que descargaría mercancía en la panadería La Marquesa, en Puerto Ordaz.

Miriam Muñoz, trabajadora del local, contó que abrió la puerta trasera para recibir la mercancía. El chofer abría las puertas del camión cava y en ese momento observó que un grupo de personas que se habían aglomerado para hacer colas en locales cercanos, que habitualmente amanecen con tumultos para comprar productos regulados, corrían hacia el camión.

“La gente que hacía cola en Génesis vino corriendo cuando abrían la puerta del camión, así que cerré el portón y me metí”.

En el video captado por un trabajador, se observa a más de 30 personas robando la mercancía con la ayuda de otros quienes tiraban desde el interior jamones y quesos, mientras el chofer del camión caminaba de un lado a otro sin saber qué hacer. En unos 5 minutos todo terminó.

Los locales cercanos a la panadería La Marquesa estuvieron cerrados en las primeras horas de la mañana, tras el saqueo. FOTO: Correo del Caroní

Además de la cava con embutidos, al chofer de un camión que iba a surtir leche “le quitaron como tres cajas de leche porque arrancó”, dijo la trabajadora.

Los bachaqueros son delincuentes organizados

“Hace como tres semanas estaba en una cola, en un supermercado en la calle 72, esperando que abrieran el acceso, porque había detergente. De repente, llegaron 6 personas obligando a los primeros en la fila a ceder sus puestos porque ellos iban delante. La gente se molestó y empezó a reclamarles, pero estos sacaron cuchillos y navajas, amenazando quienes estábamos esperando”.

Este es el testimonio de un cliente quien contó que “No es la primera vez que ocurre. Siempre son los mismos, y nadie dice nada, ni los policías que organizan la cola, ni los gerentes de la tienda“.

En un reportaje para Panorama, la periodista Keila Vílchez señaló que en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, esta acción se llama “Asociación para delinquir”.

Pero este no es el único delito. Los bachaqueros incurren en porte y uso ilícito de armas blancas y de fuego, especulación, alteración de la paz ciudadana y, al menos, otros 10 delitos.

Para el penalista Luis Prieto entrevistado por Vilchez,

“Muchas de estas personas forman parte de bandas de bachaqueros. Son delincuentes organizados, se asocian para delinquir. Cuando hablamos de delincuencia organizada, se trata de un grupo de 3 o más personas que se asocian por cierto tiempo, cometiendo un delito para obtener un beneficio económico para ellos o para un tercero; y esto está penado”.

Agregó que la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 37, establece que “Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado -por el solo hecho de la asociación- con prisión de 6 a 10 años”.

Según Prieto, “Estas bandas, que incluso se sectorizan según la ubicación de los supermercados, operan amenazando al cliente natural de estos locales. Generalmente, hay uno que suministra el dinero, quien los traslada, quienes hacen la cola y compran. Este delito es muy dañino, porque no se trata del pequeño revendedor, quien también incurre en un delito, sino que estos grupos muchas veces cuentan con complicidad interna en los supermercados y en los propios centros de distribución de los alimentos”.

El reportaje de Panorama señala que los relatos de los compradores lo confirman y, además, denuncian la vinculación de los cuerpos policiales.

Ricardo González, residente de la avenida La Limpia, confesó que “Hace varias semanas, vi con indignación cómo un policía metió a un grupo de 15 bachaqueros en la cola de las personas de la tercera edad, que yo estaba haciendo, para comprar unas afeitadoras. Lo peor, es que fui a buscar al funcionario porque, como siempre, los bachaqueros se quieren meter a la fuerza y pensé que el policía lo iba a impedir. Pues no. Se apartaron del grupo, hablaron algo y metió a la gente”.

Añadió el penalista que “Los policías que sean cómplices de estas organizaciones delictivas están cometiendo un delito de corrupción propia. Cuando un funcionario pide dinero para permitir que se cometa un acto delictivo, subsume su conducta en delitos tipificados en la Ley contra la Corrupción“.

También señaló que esa conducta es causal de destitución, según la Ley del Estatuto de la Función Policial, que en su artículo 97 prevé la destitución por la  “Comisión intencional o por imprudencia, negligencia o impericia graves, de un hecho delictivo que afecte la prestación del servicio policial o la credibilidad y respetabilidad de la función policial“.

Por su parte el comisario Biagio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público, declaró que tienen a más de 20 funcionarios con expedientes abiertos por estar presuntamente involucrados en las redes del bachaqueo.

“Estos grupos infringen el derecho al libre desenvolvimiento que tiene todo venezolano, contemplado en la Constitución en su artículo 20. Y que es sancionado en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp), en los delitos contra la libertad individual, en el artículo 175:”Cualquiera que, sin autoridad o derecho para ello, por medio de amenazas, violencias u otros apremios ilegítimos, forzare a una persona a ejecutar un acto a que la ley no la obliga o a tolerarlo o le impidiere ejecutar alguno que no le está prohibido por la misma, será penado con prisión de quince días a treinta meses”.

Los bachaqueros causan riñas, portan ilegalmente armas blancas y de fuego, sobornan, coñacean, ejercen violencia sicológica y –en casos- han asesinado.

“Estos grupos cometen delitos graves. Estas personas deben ser castigadas severamente“, precisó el jurista Prieto.

A ello deben añadirse otros delitos tales como especulación, acaparamiento, contrabando de extracción, alteración fraudulenta de precios, alteración de productos para cometer fraude con su venta, venta de productos vencidos y desestabilización económica. “Son delitos castigados con penas de 5 a 14 años de cárcel”.

Es importante destacar que el gobierno tiene todo un andamiaje jurídico para someter a estas bandas. ¿Tiene voluntad política para hacerlo?

Los bachaqueros son malandros

¿No son criminales aquellos quienes atentan contra la vida de los ciudadanos? ¿Y qué hace un bachaquero cuando especula con los alimentos y los medicamentos del pueblo?

Son preguntas que se hace el jurista Salomón Benshimol. “Hablamos de alimentos de la dieta básica y medicamentos que sirven para brindar salud a quienes viven en Venezuela, ya que esos delincuentes juegan con el hambre y la salud del pueblo y también con su buena fe y la necesidad de adquirirlos para poder subsistir”.

Agregó que “Eso continuará si no se ataca el problema de la complicidad de los funcionarios policiales y de comerciantes inescrupulosos, de los empleados de los puntos de venta de alimentos o medicamentos”.

“El bachaqueo –dijo Benshimol– es un enorme negocio que cuenta con militares, policías, comerciantes y toda una mafia que cobra su parte”.

Agregó que los bachaqueros son delincuentes y homicidas en potencia.

Según el diputado Eduardo Labrador, “Los  bachaqueros  se  han convertido  en  lanza y  cuchillo  contra  su  propio  pueblo, destruyendo la  base  fundamental de  la  convivencia y el sustento  nacional”.

Agregó que ya  es  la  hora  de prohibir, actuar y desmantelar al  bachaquero,  al  que  vende abiertamente en  las  vías  públicas,  al  que vende clandestinamente  en  su casa,  todos  por  igual  son  parte de  la cadena.

“Es necesario  hacer  sentir la  ley a estos delincuentes que le hacen daño a la sociedad,  no perdamos  tiempo  conciliando la  paz en medio  del caos  de  los bachaqueros,  impongamos  el  orden desde  el  imperio de  las leyes y  sobrevendrá  el  bienestar”, agregó el diputado.

Los bachaqueros son una plaga

El gobernador de  Anzoátegui, Nelson Moreno, aseguró en VTV que “Los bachaqueros son una epidemia, son un virus,  los bachaqueros son delincuentes, no podemos convalidar ni convivir con los bachaqueros, son una plaga de la sociedad y tienen que ser tratados como delincuentes, allí están los traficantes de drogas articulados, allí están los asesinos, allí están los ladrones, allí están los traficantes de armas, todos están articulados con el crimen organizado para imponer su ley, para vender cupos, para comprar cupos, para utilizar objetos para cortarle la cara a una dama, para cortar a un ciudadano, para crear el terror en las colas y ellos reinar. Los bachaqueros están propiciando violencia”

El gobernador denunció que bandas delictivas –asociadas al bachaqueo- están saqueando camiones y amedrentando a los propietarios de las empresas.

Por su parte, la presidenta de la cámara municipal de Puerto La Cruz, afirmó que “Los bachaqueros son unos delincuentes y tenemos que atacarlos, para acabar con la reventa de alimentos a sobreprecio”,

Para el Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, “El bachaquero es un delincuente, está al margen de la ley. Nadie en su sano juicio puede apoyar o defender a quienes contribuyen con el daño a la economía venezolana. Nadie puede asociarse a un bachaquero”.

El bachaquero es escoria social

Geovanni Peña, venezolano de a pie. chavista y víctima del bachaqueo, afirmó que “El bachaquero es nefando. Atroz. Los bachaqueros son delincuentes, andan asaltando con sus sobreprecios. Son tan despreciables que su misma clase social los ve como ladrones de siete suelas. El bachaquero afecta a su propia familia que es tildada de ladrones”.

Agregó que el Bachaquero es un delincuente, un mafioso, un sinvergüenza que roba al pueblo y pulveriza las finanzas de todos.

“El bachaquero, con su avaricia, le hace daño al pueblo venezolano. Hay que acabar con esta escoria social que arremete contra sus inocentes semejantes”.

Bachaqueros asesinos

El 26 de mayo un joven fue asesinado en Charallave por bachaqueros durante una riña en una cola para comprar productos regulados.

La víctima acudió en horas de la madrugada a un supermercado para abastecerse de productos regulados. Le tocó el puesto número 20 en la fila.

Un grupo de bachaqueros que controlaba la cola le entregó otro. Cuando el joven reclamó, los revendedores lo agredieron en múltiples ocasiones con un arma blanca, matándolo. Luego tiraron su cadáver a la quebrada de Charallave.

Ni con el pétalo de una rosa

Sin duda los venezolanos desprecian a los bachaqueros. A pesar de ello, no se atreve a neutralizarlos. Ni la sociedad civil, ni las autoridades.

Miedo, complicidad, negocio redondo, vaya usted a saber.

Lo cierto es que este país hoy está controlado por lo peor que ha parido en su historia. Y allí también están los bachaqueros.

Lo que llama la atención, es que si en la población hay el convencimiento de que los bachaqueros, además de ser delincuentes, le arrancan la comida a la gente, siendo el pobre la víctima más lesionada, entonces ¿por qué los saqueos son contra los comerciantes y no contra los bachaqueros que están abarrotados de mercancía acaparada?

“Bachaqueros: delincuentes y estafadores, un cáncer en aumento”. David Goncalves

En Sala de Información, también:

– Este es el brutal negocio del bachaqueo http://tinyurl.com/grdh578

– “Las bachaqueras me amenazaron y persiguieron hasta el carro. Me cayeron a golpes y se llevaron mis compras” http://wp.me/p2i0kq-13F

– “Los bachaqueros hicieron disparos al aire y nosotros, aterrados, estábamos dentro del supermercado” http://wp.me/p2i0kq-13F

– “Los bachaqueros rompen las piezas sanitarias de los baños, rayan las paredes y dejan restos de comida por todos lados” http://wp.me/p2i0kq-13F

– “No son vecinos ni gente humilde que viene a buscar comida. Son bachaqueros con armas y sin temor a la autoridad” http://wp.me/p2i0kq-13F

Este es el sistema de espionaje chavista con tecnología norteamericana

La maquinaria de espionaje opera con la última tecnología de inteligencia artificial creada por una transnacional epítome del imperialismo capitalista.

Los archivos del espionaje chavista, muestran un mundo paralelo de comunicaciones secretas obtenidas por una maquinaria de hackers militares y civiles, bajo orden directa del presidente Maduro.

Casto Ocando, Vértice

Ilustraciones: Andrea Phillips

El presidente venezolano Nicolás Maduro sabe cuántas mujeres le escriben a diario al teléfono móvil del líder opositor Henrique Capriles Radonski. Y las fotos que recibe. Y con quiénes se reúne cada día. Y sobre qué hablan en privado una buena parte de los más destacados dirigentes de oposición en Venezuela como Henry Ramos Allup y Julio Borges. Y cuáles son las vías de la oposición para comunicarse con operadores chavistas como Jorge Arreaza y Elvis Amoroso. O la información de identidad del círculo familiar de la Fiscal General Luisa Ortega.

Centenares de conversaciones y documentos filtrados por primera vez de los archivos del espionaje chavista, muestran un mundo paralelo de comunicaciones secretas e íntimas, obtenidas por una maquinaria de hackers militares y civiles bajo orden directa del Presidente Maduro, que utilizan todos los recursos tecnológicos, incluyendo tecnología de punta diseñada por firmas norteamericanas, para penetrar los secretos de la oposición pero también de altos funcionarios de su propio gobierno, una operación que según sus detractores, viola preceptos legales y constitucionales que en teoría protegen el derecho a la privacidad en Venezuela.

En este edificio blanco rectangular, ubicado frente al Palacio Presidencial de Miraflores, en el noroeste de Caracas, Venezuela, opera uno de los “bunkers” del gobierno de Nicolás Maduro que espía masivamente las comunicaciones privadas de miles de venezolanos.

De acuerdo a documentos internos del Centro de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) y testimonios de personas involucradas en sus operaciones, a los que tuvo acceso en exclusiva Vértice, el gobierno venezolano vigila, interviene y almacena simultáneamente las comunicaciones de centenares de políticos opositores, periodistas, activistas y sus familiares, utilizando para estas labores un pequeño ejército de oficiales del Ejército, la Armada, Aviación, la Guardia Nacional y la Guardia Marina.

Estos oficiales, que recibieron un entrenamiento especial en inteligencia tecnológica y contrainteligencia con la ayuda de asesores rusos, chinos y cubanos, se encuentran bajo el mando del mayor general Gustavo González López, uno de los militares sancionados por Washington, acusado de cometer graves violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.

El masivo monitoreo ordenado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, de conversaciones telefónicas, chats, correos electrónicos y millones de mensajes en las redes sociales, que requiere de una enorme capacidad de procesamiento de datos, ha sido posible gracias al uso de una tecnología de punta desarrollada no por los tradicionales aliados de Venezuela como Rusia, China o Cuba, sino por una firma multinacional norteamericana, epítome del capitalismo globalizado.

Además de organizar y almacenar la data obtenida en llamadas telefónicas, chats de Blackberry, correos electrónicos, conversaciones grabadas mediante el tradicional uso de micrófonos y la información suministrada por miles de “patriotas cooperantes” o espías civiles que operan dentro y fuera del país, los expertos del CESPPA rastrean y analizan constantemente miles de portales de internet y de redes sociales como Twitter y Facebook, para detectar posibles patrones de comportamiento de la oposición, e identificar enemigos con nombre y apellido.

Para llevar a cabo esta compleja tarea, el CESPPA se vale de un avanzado sistema informático, que curiosamente no fue concebido ni en laboratorios cubanos ni rusos sino en el corazón del Imperio enemigo.

Uno de los sofisticados sistemas informáticos usado por el CESPPA para procesar miles de millones de bytes por segundo es conocido como Watson, una plataforma desarrollada por IBM en honor al fundador de la firma Thomas J. Watson, como un cerebro artificial capaz de procesar grandes cantidades de data no estructurada, a través de un complejo proceso de razonamiento automático, que permite identificar patrones y tendencias, establecer relaciones, y responder a preguntas específicas utilizando gráficos complejos basados en la información contenida en la data.

El sistema Watson es capaz de realizar un análisis inteligente de la personalidad de un target, a partir de su interacción en redes sociales como Twitter. El análisis aquí presentado, corresponde al de la cuenta de Twitter del Editor en Jefe de Vértice, Casto Ocando.

Por ejemplo, el sistema es capaz de identificar los temas predominantes y hasta elaborar un perfil psicológico de la personalidad a partir de conversaciones, chats o redes sociales de la persona investigada. También permite establecer un mapa de relaciones a partir de las llamadas telefónicas o correos electrónicos, y básicamente ayudar a deducir si la persona puede representar un “peligro” para la estabilidad política del régimen, a partir de lo que habla, y con quiénes habla en sus comunicaciones.

El complejo software, desarrollado por IBM en sus laboratorios de investigación ubicados en Sillicon Alley, Nueva York, aplica “más de 100 técnicas diferentes” para procesar, analizar, organizar información almacenada en una base de datos creada a partir de una enorme cantidad de data en bruto, para identificar patrones o tendencias y ofrecer las respuestas más “inteligentes” a preguntas formuladas al sistema.

Según IBM, “Cuando Watson tiene frente una pregunta, más de 100 algoritmos analizan la pregunta de diferente manera y buscan muchas posibles respuestas; todo al mismo tiempo. Mientras tanto, otro conjunto de algoritmos evalúa todas las respuestas y les asigna un puntaje; por cada respuesta posible Watson encuentra evidencia para aprobar o refutar cada pregunta; todo en menos de tres segundos”.

Aunque originalmente la aplicación de IBM no nació para ser usada como poderosa herramienta por regímenes autoritarios como el de Venezuela, tuvo aplicaciones tempranas para fines de inteligencia.

Por ejemplo, la tecnología fue empleada en 2002 en Croacia con aprobación del gobierno norteamericano para combatir el terrorismo y la migración ilegal, una prioridad para Washington tras los ataques terroristas de Septiembre de 2001. El sistema se usó para analizar el flujo masivo de data proveniente de comunicaciones interceptadas de posibles grupos vinculados a Al Qaida en la región.

Para ese momento, Watson era famoso en los círculos de la inteligencia occidental por su capacidad de ofrecer en tres segundos un perfil gráfico en forma de diagrama, mapa u organigrama el perfil de un objetivo, con toda la data disponible, incluyendo conversaciones, transacciones financieras y mensajes personales.

El Sistema Watson  mostró una capacidad inusitada en el 2011, cuando compitió en el popular programa televisivo de preguntas Jeopardy!, contra competidores que habían ganado previamente, obteniendo el primer lugar y un premio de $1 millón.

Durante su participación en el programa, la computadora del sistema Watson tuvo acceso a una base de datos de 4 terabytes con más de 200 millones de páginas de data estructurada y no estructurada, incluyendo toda la data del portal Wikipedia, pero sin acceso a internet. Watson superó de forma consistente a todos los oponentes contra quienes se enfrentó, respondiendo preguntas complejas en cuestión de segundos.

A principios del 2013, Watson abrió nuevas posibilidades de aplicaciones a campos como el educacional, negocios y salud, para desarrollar nuevas estrategias en la cura del cáncer o la creación de nuevos mercados para nacientes iniciativas empresariales.

Sin embargo, el sistema ha sido aprovechado por los cuerpos de seguridad venezolanos, que lo utilizan para identificar todas las relaciones familiares, profesionales, políticas, o de amistad de una persona o target específico; así como sus llamadas, mensajes, correos electrónicos, chats, publicaciones, finanzas, bienes, procesos judiciales, viajes, intereses, hobbies y cualquier otra información sobre la cual exista al menos un pieza de información susceptible de ser almacenada digitalmente.

“Me han intervenido todo”, dijo a Vértice la dirigente opositora María Corina Machado. “Conversaciones privadas con mi madre y otras personas (…) teléfonos, correos electrónicos, redes sociales. Y estas conversaciones han sido divulgadas por funcionarios del Estado en medios que son públicos, en algunos casos editando, alterando y cambiándoles totalmente el sentido”, aseguró.

Para funcionar óptimamente, el sistema debe ser nutrido con la mayor cantidad posible de información utilizando todas las fuentes disponibles, incluyendo transcripciones de llamadas y correos intervenidos, transacciones financieras, mensajes de texto y de chats, y agendas telefónicas con la información de los contactos de las personas investigadas, una tarea en la que participan expertos y analistas para ayudar a optimizar la data.

De acuerdo a documentos en poder de Vértice, en el CESPPA el sistema Watson es alimentado por un grupo de 131 analistas, que introducen diario toneladas de información recabada de diversas fuentes gracias a la maquinaria de espionaje del gobierno de Maduro.

El equipo de coordinación estaba dirigido en el 2015 por el teniente técnico Osleiym Omar Andrade, un ex oficial de la Casa Militar de Maduro, que se especializó en informática en la Universidad Politécnica de Madrid e ingresó a las Fuerzas Armadas en el 2003.

Una licencia para operar legalmente el sistema Watson de IBM puede costar $3 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones de Paul Ward, profesor de Ingeniería de Software de la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá.

Vértice trató de confirmar si el gobierno venezolano había adquirido la licencia para utilizar el sistema Watson directamente de la transnacional tecnológica, pero varias llamadas telefónicas y correos electrónicos enviados a Lia Davis, Directora de Comunicaciones del Sistema Watson de IBM en Washington DC y Nueva York, no fueron respondidos.

Documentos que describen las operaciones del CESPPA muestran el uso intensivo del sistema. De acuerdo a un “Informe de Avance sobre el Sistema Watson”, con fecha 23 de abril del 2014, el sistema estaba siendo usado para trabajar sobre un número inicial de 50 objetivos en ese momento, cuando se comenzó a alimentar la base de datos del espionaje chavista. Los servidores operativos se encontraban en Islandia, de acuerdo a los documentos filtrados.

Cronograma de actividades CESSPA para las sesiones de entrenamiento y operación del sistema Watson.

El reporte de avance detalló que el proceso de identificación y procesamiento de objetivos mediante el sistema Watson estaba coordinado por un grupo técnico bajo la responsabilidad de un experto en computación de origen no militar.

Las tareas de los técnicos del CESPPA se centraron en utilizar la infraestructura del sistema Watson para llevar a cabo el “proceso de captura de objetivos”, y dirigir las “acciones especiales sobre el sistema”, entre ellas “ubicar a alguien”, u ordenar operaciones de “escucha” a otros objetivos.

La operación inicial del sistema de IBM por parte del CESPPA, que tuvo lugar en la última semana de marzo del 2014, abarcó los siguientes pasos:

  • Definir las autorizaciones para indicar teléfonos objetivos.
  • Definición de categorías para los objetivos.
  • Definición del perfil de los analistas del Sistema Watson.
  • Definición de protocolos de seguridad par analistas, asesores y otros involucrados.
  • Entrevistas a los analistas propuestos.
  • Definición, información y adiestramiento en los protocolos de recepción, envío, tipos de medios y otros.
  • Acondicionamiento especial de los equipos informáticos.
  • Entrenamiento a los analistas en el Sistema Watson.

Las agendas telefónicas de las personas espiadas, permiten elaborar un mapa detallado de relaciones y contactos utilizando el sistema Watson.

Cuando el sistema comenzó a operar efectivamente, se incorporaron otras instrucciones a los operadores:

  • Carga inicial de objetivos (mínimo 50).
  • Ajustes de operaciones.
  • Entrega de primer informe.
  • Ajustes al modelo de informe.
  • Informes periódicos.
  • Asesoría de alto nivel.
  • Proceso de captura de objetivos.
  • Informes eventuales según importancia del tema. Y finalmente,
  • Acciones especiales sobre el sistema (ej. Ubicar a alguien, escucha otros).

El informe llamó la atención sobre la inconveniencia de mantener los servidores donde se almacenaba la base de datos en Islandia, en lugar de tenerlos físicamente en las instalaciones del CESPPA, para “tener el control y administración de dichos servidores”.

Entre las primeras listas de objetivos cuyos teléfonos debían ser intervenidos, se incluyeron 10 nombres de activistas, opositores y periodistas:

  • Leopoldo López, ex candidato presidencial y fundador del partido Voluntad Popular, actualmente el más destaado preso político del régimen venezolano. Según la lista del CESPPA, López se comunicaba desde prisión con un teléfono Blackberry modelo 9320.
  • Diana de Agostino de Ramos, esposa del dirigente opositor Henry Ramos Allup, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que usaba un teléfono marca Blackberry, modelo 8310;
  • Nelson Bocaranda, reputado periodista y director del portal runrun.es, que se comunicaba con un teléfono Samsung S4;
  • Alfonso Marquina, diputado opositor a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo, que operaba un teléfono celular marca Samsung;
  • Liliana de los Angeles Hernández, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo y miembro de la organización paragua opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD);
  • Adriana Pichardo Bello, politóloga y activista opositora en el estado Aragua, en el centro de Venezuela, con un teléfono Samsung S3;
  • Y los ciudadanos Luis Enrique García, Traina Johana González Rocca, Juan Guillermo y Jesus Eduardo Bellorín González.

En una lista separada, se propusieron otros nombres para ser procesados e intervenidos:

  • Lilian Tintori y Diana Lopez, esposa y hermana, respectivamente, del dirigente Leopoldo López.
  • Rosa y Clara Scarrano, esposa y hermana del alcalde opositor Enzo Scarrano, en prisión por razones políticas desde marzo de 2014.
  • Patricia Ceballos, esposa del también alcalde opositor Daniel Ceballos, encarcelado junto a Leopoldo López desde marzo de 2014.
  • María Bolívar Lucchese y Vicenzo Bolívar, esposa y cuñado de Salvatore Lucchese, ex jefe policial opositor que permanence detenido por razones políticas junto a Leopoldo López y Enzo Scarrano.
  • Y la periodista Del Valle Canelón, cuya cobertura informativa ha sido crítica de la administración chavista.

El alcance del sistema Watson de IBM ha otorgado al gobierno de Maduro, en teoría, un poder de vigilancia sin precedentes y de legalidad cuestionable.

“La arbitrariedad en el uso de estos recursos de inteligencia para otro tipo de tareas y no para proteger la seguridad de la nación, sin ningún tipo de balance o contrapoder, es profundamente preocupante. Es el ejercicio arbitrario del poder, y puede generar prácticas mafiosas”, indicó Carlos Correa, director de Espacio Público, una organización sin fines de lucro que monitores las libertades civiles y de información en Venezuela.

Desde su creación, el CESPPA no ha estado exento de controversia. Fue creado formalmente el 7 de octubre del 2013 por decreto del presidente Nicolás Maduro. Originalmente se establecieron como objetivos centrales del centro la unificación de la información sobre seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores, y la discrecionalidad de calificar como reservada o clasificada cualquier tipo de información en función de la seguridad de la “patria”.

Adicionalmente, el decreto precisó que la información que debía recabar el CESPPA iba a concentrarse fundamentalmente en “la actividad enemiga interna y externa”, y sujetó sus funciones a los requerimientos de “la Dirección Político-Militar de la Revolución Boliviariana”, lo cual convertía al organismo de seguridad en una herramienta del chavismo para combatir a grupos opositores o “enemigos”.

“El término ‘enemigo’ (…) es utilizado sólo en casos de Guerra y se refiere a enemigos externos. Cuando se habla de enemigos internos se trata entonces de los ciudadanos”, subrayó en un comunicado el independiente Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que cuestionó el CESPPA como un organismo que podía incurriren la censura informativa y atentar contra la libertad de expresión en Venezuela.

En una segunda redacción del decreto, apenas dos semanas después de haber sido creado el CESPPA, suavizó el lenguaje y eliminó las menciones a “enemigos internos”, aclarando que el organismo iba a estar bajo responsabilidad directa del Presidente de la República, y no de la “revolución”.

Sin embargo, cuatro meses después, el 13 de febrero del 2014, cuando fue publicado el reglamento del CESPPA, las críticas arreciaron. No sólo su director, el general Gustavo González López, era al mismo tiempo el jefe de los servicios de inteligencia (Sebin) de Maduro, sino que las funciones del organismo prácticamente no tenían límite en cuanto al espionaje y seguimiento de todo lo que pudiera ser considerado, discrecionalmente, como una amenaza a la revolución.

“El CESPPA nació como un organismo capaz de meter sus narices en todas partes, casi con impunidad. No hay nada que se le asemeje en la era democrática, ni siquiera en la década de los 60, con la paranoia que generó la ofensiva guerrillera en Venezuela apoyada desde Cuba”, dijo a Vértice el coronel retirado Claudio García, que trabajó en la otrora Dirección de Inteligencia Militar (DIM), hoy conocida como Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en la época pre-Chávez.

“Todo lo que hace el CESPPA es muestra de un aparato represivo de intimidación y persecusión que llega incluso a meterse en tu vida privada para ser manipulada y usada por el gobierno para sus propios fines”, dijo Carlos Vecchio, dirigente del partido Voluntad Popular, que dirige el prisionero político Leopoldo López.

Para llevar a cabo esta compleja tarea, el CESPPA se vale de un avanzado sistema informático, que curiosamente no fue concebido ni en laboratorios cubanos ni rusos sino en el corazón del Imperio enemigo.

El periodista Juan José Farías colaboró con este reportaje.

 

Los 11 pretextos que inventó Maduro para decretar el Estado de Excepción

Katiuska Manrique

Desde que Maduro anunció el 13 de mayo que firmaría un nuevo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, los venezolanos nos preguntábamos: primero, qué era tal decreto; y, segundo, en qué se basaba el régimen para aprobarlo. Ya publicado en Gaceta Oficial, a continuación un resumen de los 11 pretextos utilizados por Maduro.

Pretexto No. 1

Alegan como excusa que desde la muerte del Chávez, algunos sectores políticos se han aliado con sectores extranjeros para promover descontento popular y desestabilizar las instituciones del Estado.

Pretexto No. 2

Alegan como excusa que desde las elecciones presidenciales de abril 2013, la oposición ha menoscabado la voluntad popular  y ha sometido a la población venezolana a la zozobra, mediante la “aplicación de esquemas perversos de distorsión de la economía venezolana tales como el acaparamiento, el boicot, la usura, el desabastecimiento y la inflación inducida”.

Pretexto No. 3

Alegan como excusa que, aunado al hecho descrito, se le suma la caída de casi 70% del precio de la cesta petrolera, que ha provocado “una disminución sensible de la disponibilidad financiera”, pero dicen que a pesar de esta situación ellos (el régimen) han “mantenido la satisfacción de los derechos fundamentales de la población”.

Pretexto No. 4

Alegan como excusa que la nueva AN ha pretendido desconocer todos los Poderes Públicos y promocionar la interrupción del período presidencial por cualquier mecanismo “fuera del orden constitucional”, llegando inclusive a “amenazas e injurias contra las máximas autoridades” de todos los Poderes Públicos.

Pretexto No. 5

Alegan como excusa que tuvieron que implementar una serie de medidas para poder contrarrestar los ataques de la oposición, la guerra económica nacional y extranjera, para “proteger al pueblo de Simón Bolívar”.

Pretexto No. 6

Alegan como excusa que como el presidente de Estados Unidos, Barack Obama prorrogó  la orden ejecutiva que considera a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional, ellos (el régimen) se sienten amenazados porque lo consideran como una injerencia extranjera.

Pretexto No. 7

Alegan como excusa al fenómeno El Niño como el culpable de no poder producir alimento, y materia prima, el desabastecimiento interno de alimentos, el colapso eléctrico nacional, la disminución de las reservas hídricas para proveer los servicios de agua y de electricidad, y los efectos desfavorables en la productividad del país.

Pretexto No. 8

Alegan como excusa que hay agentes económicos auspiciados por intereses extranjeros que han obstaculizado el acceso de “los venezolanas y venezolanos” a bienes y servicios, y responsables de generar deliberadamente malestar en la población. Induciendo el “bachaqueo”, “las colas inducidas” y “la incitación a la violencia entre hermanos”.

Pretexto No. 9

Alegan como excusa que han  detectado grupos criminales armados y paramilitarismo extranjero, actuando en conchupancia con actores políticos nacionales, que a su vez están siendo financiados desde el extranjero con el “afán” de desestabilizar la institucionalidad del Poder Público, “generar problemas de orden público que causen malestar a la población” y vulnerar la seguridad nacional.

Pretexto No. 10

Alegan como excusa que la “confrontación deliberada del  Poder Legislativo contra los Poderes Públicos”, la guerra económica, los ataques a la estabilidad nacional, la agresión de potencias extranjeras, las amenazas y el desconocimiento al Orden Juridico, “ponen seriamente en peligro la seguridad de la nación” porque el motivo ulterior de todo esto es derrocar al régimen. Qué tal?

Pretexto No. 11

En esta última excusa ellos (el régimen) alegan que la concurrencia de todas las situaciones extraordinarias (climáticas, económicas y políticas) descritas, requiere de “la aplicación de urgentes y excepcionales medidas para proteger al pueblo” en “función de las amenazas internas y externas existentes”.

Les recomiendo leer la Gaceta Oficial, para que comprueben la aberración y el mamotreto que es ese decreto inconstitucional de Maduro. Un documento mal escrito, mal redactado y sin ningún fundamento legal ni argumentativo.

Esta es la Gaceta Oficial No. 6.227

Cansados de la delincuencia, venezolanos hacen justicia por sus manos

Diego Oré y Alexandra Ulmer, Reuters

Como muchas otras noches, unos ladrones irrumpieron hace poco en un bloque de apartamentos en Valencia para robar neumáticos, baterías y radios, de los autos que dormían a la intemperie.

Pero en esa ocasión, un grupo de residentes, furiosos por los robos semanales y alertados por el llamado de un vecino, atraparon a uno de los tres hombres, lo desnudaron, lo golpearon con rudeza y lo ataron a un poste de alumbrado público, donde lo apedrearon y rociaron con gasolina, relataron vecinos.

Mátenlo, denle“, gritaba la turba según recordó Trina Castro, de 82 años, que vive en uno de los edificios de Kerdell, la urbanización azotada, y que se despertó por el alboroto en plena madrugada hace poco más de una semana.

Fue horrible“, agregó cerca de unas paredes pintadas con mensajes como “choro (ladrón) que se agarre, se quema”. El hombre finalmente no fue quemado, pero quedó inconsciente y fue llevado a un hospital local, según testigos y la policía, que no dio mayores detalles.

En Valencia y por toda Venezuela, los linchamientos o intentos de ajusticiamientos están aumentando, de acuerdo a grupos de derechos humanos y reportes de medios.

Organizaciones no gubernamentales (ONGs) creen que la justicia por mano propia está surgiendo en respuesta a la rampante delincuencia que ha colocado desde hace unos años a Venezuela, según Naciones Unidas, como uno de los países con la mayor tasa de homicidios en el mundo.

Pero también por la impunidad.

De cada 10 criminales atrapados por la policía sólo uno acaba en la cárcel, asegura el Observatorio Venezolano de Violencia y otras agrupaciones.

En lo que va del año han ocurrido al menos una treintena de linchamientos o intentos de linchamiento. Y tan sólo en el último mes hubo 13, de acuerdo con un seguimiento de medios locales hecho por Reuters.

Una fuente en el ministerio de Interior y Justicia, quien pidió no ser identificado porque el ministro el único autorizado para hablar con la prensa, dijo que la dependencia usualmente no comenta sobre casos en investigación.

Sin embargo, funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro y muchos de sus simpatizantes aseguran que la “ola de linchamientos” es un “invento” de medios opositores que, con financiamiento extranjero, buscan derrocarlo.

Represalias

En otros países de la región como Bolivia, México y los andes peruanos, los linchamientos ocurren con frecuencia pero a mucha menor escala. El año pasado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo reportó 10 personas linchadas en toda Bolivia.

Durante el mismo período, en Venezuela lincharon a 40 personas, en su gran mayoría, en zonas pobres del interior, según la ONG local Observatorio Venezolano de Violencia.

Pero esa tendencia está cambiando con un aumento de casos en zonas urbanas: a finales del mes pasado, dos delincuentes fueron brutalmente golpeados luego de arrebatar la cartera a una mujer en una zona de clase alta de Caracas.

Tras el robo, los ladrones fueron perseguidos por vecinos enardecidos que lograron atraparlos una cuadra después para golpearlos airadamente hasta que llegó la policía. Desde los apartamentos circundantes, otros vecinos gritaban “denles duro“.

Por la gravedad de sus heridas, los ladrones tuvieron que ser llevados en una ambulancia a un hospital cercano.

No estoy de acuerdo con los linchamientos, pero ¿qué podemos hacer?”, se preguntó Raquel Brito, una vecina testigo de los hechos quien aseguró que los robos en la zona son comunes.

Elisio Guzmán, un experimentado comisario al mando de la Policía del estado de Miranda asegura que la impunidad en la zona que protege, llega al 60 por ciento: de cada 10 aprehendidos, seis regresan a las calles.

“En la medida en que no haya respuesta del Estado, van a incrementarse los linchamientos. La policía lo puede poner preso, pero llega al tribunal y lo sueltan“, opinó Guzmán, quien tiene 45 años de experiencia policial.

Fuera de Caracas, donde viven el 80 por ciento de los casi 30 millones de venezolanos, los linchamientos son más feroces.

A mediados de agosto, en el estado central de Aragua, una turba arremetió contra tres supuestos ladrones de baterías de autos, escasas en el país. Uno de los acusados fue brutalmente atacado a machetazos y finalmente degollado.

Cuando los pobladores se disponían a linchar a sus dos acompañantes, la policía llegó y se llevó a la pareja.

La gente es perversa. El delito, generalmente, no se compara con los daños que le ocasionan al ladrón“, dijo Guzmán.

Analistas sostienen que los linchamientos no disuaden a los ladrones. Sólo alimentan un círculo vicioso de violencia ya que los familiares de las víctimas van en busca de venganza o porque los ladrones se arman para evitar ser linchados.

Ahora creemos que pueden venir represalias. No me siento segura“, dijo María Pérez, una vecina de Kerdell, la urbanización en Valencia, al centro del país. “Estamos pensando en mudarnos“.

“Una pared pintada con el mensaje “choro (ladrón) que se agarre, se quema” en uno de los edificios de la urbanización Kerdell en Valencia”. Imagen: Thomson Reuters 2015.

Análisis del decreto de estado de excepción en varios municipios del estado Táchira

Abog. Juditas Delany Torrealba Dugarte

Con la entrada en vigencia, del Decreto 1950 sobre el estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia, Libertad y Rafael Urdaneta publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.194 de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 21 de agosto de 2015, finalmente en términos coloquiales “se hundió el botón de emergencia” que el gobierno oficial, desde la época de la Asamblea Nacional Constituyente, había considerado como un mecanismo extremo que debería contar con todas las garantías constitucionales y fundamentales que, como se señalaba, no habían sido respetadas en gobiernos anteriores siendo los estados de emergencia declarados con la Constitución de 1961 instrumentos potencialmente atentatorios y letales, ejemplificando siempre con el más representativo de todos acaecido los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como “EL CARACAZO”, que representaba la auténtica muestra de la declaratoria de un estado de excepción arbitrario cargado de medidas de altas policía, que había violado el derecho humano fundamental de la vida.

“Se está en presencia de un decreto que se fundamenta en “la mala fama” de una institución jurídica que, ejecutada en un plano de igualdad, transparencia y previsión, podría remediar situaciones anormales y de conflicto”.

Fue este factor que ante la discusión de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en el seno de la constituyente, se quiso redimensionar la figura que tan satanizada había sido en la Constitución Nacional de 1961, al eliminar “la suspensión sino solo hablar de restricción, argumentando que esta última era una limitación parcial mas no total como en el caso de suspender que era absoluto” y, por ende, se quiso tomar nuevos mecanismos que constituciones como la Española y de experiencia más cercana por la situación geopolítica ofrecía Colombia a través de su Constitución de 1991 y su famosa ley 137 de 1994 que, en muchos aspectos, la Constitución de 1999 y su posterior Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE) del año 2001 adoptaron como fuente de inspiración.

Dado que en opinión particular al ser Colombia un país con una historia de múltiples excepcionalidades aporta a nivel Iberoamericano una de las mejores normas sobre el tema, siendo una tendencia poco usual la existencia de leyes especializadas a nivel del Derecho Comparado, en vista que el Poder Ejecutivo en su contexto tradicional siempre ha considerado a los estados de excepción como situaciones impredecibles que la existencia de una ley especial que rija sus límites sería un piedra de tranca a las medidas que de excepción podrían ser tomadas, de allí que esta tendencia acogida por Venezuela convirtió a los estados de excepción en una figura prácticamente inaplicable por la responsabilidad y compromiso que ameritaba en aras de garantizar la seguridad, dignidad e integridad de los ciudadanos y demás pobladores.

“El decreto de estado de excepción no contiene medidas que se fundamenten en la seguridad de los ciudadanos”

Por ello, el intento de abrogar la Ley Orgánica de Estados de Excepción (LOEE) y cambiar el contenido consagrado en la Constitución de 1999 en la propuesta de reforma constitucional, buscaba hacer del estado de excepción un instrumento más accesible para el establecimiento de medidas. Sin embargo, la no aprobación de la reforma constitucional dejó inalterable la figura y la convirtió en una institución intocable.

Ante la existencia de figuras como estado de emergencia y alarma consagradas en Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres del 2001, en sus artículos 4 numerales 3 y 4, era flexible ante situaciones de desastres naturales o de índole similar, se recurriera a esta figura (disfrazando un estado de excepción) y no activar a los estados de excepción y sus tipos (alarma, emergencia económica, conmoción interior y exterior) por los lineamientos y medidas que la misma representaban; sin embargo, la situaciones de utilizar la figura del estado de excepción “disfrazado” desapareció y llevó finalmente a adoptar de manera directa a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

“El decreto no ofrece claridad sobre las normas extraordinarias que suspenden a las leyes ordinarias, en el marco de la restricción de las garantías constitucionales que deben ser aseguradoras de justicia y de equidad”.

Habría que preguntarse ¿El decreto de estados de excepción vigente desde el 21 de agosto del 2015, se desarrolla entre los límites constitucionales y legales permitidos en Venezuela?

Análisis crítico

Es un hecho notoriamente GRAVE que se omitió la mención de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE) en los artículos que señalan qué GARANTÍAS JAMÁS pueden ser restringidas, todo fundamentando en los artículos 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como:

1. La vida.
2. El reconocimiento a la personalidad jurídica.
3. La protección de la familia.
4. La igualdad ante la ley.
5. La nacionalidad.
6. La libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas.
7. La integridad personal física, psíquica y moral.
8. No ser sometido a esclavitud o servidumbre.
9. La libertad de pensamiento, conciencia y religión.
10. La legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales.
11. El debido proceso.
12. El amparo constitucional.
13. La participación, el sufragio y el acceso a la función pública.
14. La información.

“Hay un estado de incertidumbre y sobre todo de inseguridad jurídica, que a lo largo del decreto es palpable”.

Dado que aunque las garantías restringidas no enumeran a ninguna de las anteriores, no podía tampoco permitirse que en el ejercicio de restricción de otras garantías, estas se vulneraran haciendo énfasis en algunas de gran preponderancia en la situación en el eje fronterizo como protección a la familia, igualdad ante la ley, nacionalidad, integridad física, psíquica y moral; debido proceso e información.

Respecto a la nacionalidad, es un factor de suma importancia dado que todo aquello que se hiciera en detrimento de una nacionalidad, sin las debidas previsiones, podría considerarse una práctica xenofóbica.

“La vergonzosa redacción, motivación y aplicabilidad de este decreto, contiene lagunas y criterios genéricos”.

Es notorio destacar que el decreto fue anunciado el día viernes 21 de agosto del 2015 por alocución televisiva, pero su contenido finalmente fue conocido prácticamente 24 horas después entrando en vigencia sin haber conocido los pobladores, organismos públicos o ciudadanos residenciados y domiciliados en los respectivos municipios. Esta situación vulneró el DERECHO CONSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN, estipulado en el numeral 14 del artículo 7, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, “omitido” por el Poder Ejecutivo Nacional.

Sobre los considerandos

El Decreto 1.950 sobre estado de excepción, se conforma de 5 considerandos que llevan a exponer los motivos que acarrean la declaratoria de la figura mencionada.

En el primero, se habla que de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo, se presenta una amenaza compleja bajo la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas al paramilitarismo, narcotráfico y el contrabando de extracción que afectan la paz, la convivencia, y el acceso de bienes y servicios del pueblo venezolano.

“El responsable de la ejecución del decreto junto con el ministerio en materia de Interior, Justicia y Paz, así como con la delegación otorgada por el Presidente de la República, es el gobernador del estado Táchira”.

En el segundo considerando, se manifiesta que ante las prácticas delictivas se habían presentado en los puestos fronterizos hechos de violencia en contra de funcionarios y ciudadanos venezolanos, llegando al límite por medio de un ataque el día 19 de agosto de 2015 al sufrir funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ataque en el cumplimiento de sus funciones.

“El decreto contiene el deber de cooperación, que obliga a los habitantes de esos municipios a colaborar hasta en acciones extraordinarias”.

El tercer considerando habla de otros hechos delictivos como es el caso del tráfico de moneda venezolana, y contra los bienes adquiridos en contra de las divisas, así como el tráfico ilícito de mercancías producidas e importadas por Venezuela que ante su práctica afecta gravemente la economía de la nación.

“¿Cuáles parámetros del decreto garantizan un trato digno en los desalojos?”

En el cuarto considerando se hace mención al deber que tiene el Estado venezolano en defender y asegurar la vida digna de sus ciudadanos a través del enaltecimiento de fundamentos constitucionales para el goce de un ambiente pleno de estabilidad y tranquilidad.

“¿En el decreto se cumplen los extremos legales en materia de migración y extranjería, ante la presencia de extranjeros ilegales?”

Y, finalmente, en el último considerando se hace alusión a que ante la existencia de amenazas objetivas se disponen de los medios jurídicos para garantizar la máxima estabilidad de la República, mediante la restricción temporal de medidas para la tutela de los derechos y garantías del pueblo venezolano, estos son los motivos que constituyen a la vigencia de dicho estado de excepción.

Sobre los artículos del decreto de estado de excepción

Comentario artículo 1

Se hace mención sobre el tipo de estado de excepción, no menciona de manera literal su tipo, pero al citar el articulo 10, numeral 1, se refiere al ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA y hace alusión a medidas oportunas para atender la situación propiciada por el contrabando de extracción, la violencia delictiva acompañada y los delitos conexos; no obstante, ya se presentan en este artículo contradicciones dado que en el considerando se mencionaban otros hechos delictivos como el paramilitarismo y el narcotráfico. Y aunque hace mención al término “delitos conexos”, habría que preguntarse ¿acaso un decreto de emergencia económica es el mecanismo idóneo para atender factores vinculados a otro tipo de conductas?

“Son varias interrogantes que el decreto deja en el vacío jurídico y que cercenan la seguridad jurídica”.

Realmente en opinión particular la complejidad de la zona fronteriza con la presencia de pobladores extranjeros, algunos calificados de “desplazados”, “solicitantes de refugio”, “refugiados”, ciudadanos extranjeros en condición de transeúntes, o residentes, genera y hasta los famosos venezolanos “objetados” ante su dudosa condición de venezolanos, hacen que no hubiera sido un solo decreto de estado de excepción suficiente para el manejo de las circunstancias presentes ahí.

“¿Bajo cuáles criterios se puede justificar el desalojo?”.

Al contrario, debieron dictarse 3 decretos en los que estuviera presente la conmoción exterior ante la afectación que las medidas podían traer con Colombia; uno de conmoción interior ante las medidas que estaban generando los focos de violencia y delincuencia organizada; y, finalmente, el de emergencia económica.

Comentario artículo 2

Como consecuencia del decreto, en este artículo se señalan cuáles garantías son las que quedan restringidas; en este caso, se mencionan 6 consagradas en los artículos 4748505368 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Inviolabilidad del hogar doméstico, la inviolabilidad de las comunicaciones, libertad de tránsito, derecho de reunión, derecho de manifestar y la libertad a la actividad económica.

“El decreto es muy genérico, no define ni determina las condiciones que deban medirse en los temas de nacionalidad. Esto es un fuerte agravio porque podría enmarcarse en una práctica xenofóbica”.

De este modo se establecen en 6 numerales, en los que aparentemente estarían consagrados los lineamientos que deberían acogerse con ocasión, el estado de excepción.

“El decreto no describe cómo manejar el procedimiento de expulsión o deportación, en el estado de excepción”.

En el numeral 1, se menciona lo concerniente a la inspección y revisión por los organismos públicos del lugar, de habitación, estadía o reunión de personas naturales y, en el caso de las personas jurídicas (sociedades mercantiles, asociaciones u otro tipo figura), la misma tiene como finalidad llevar registros para ejecutar o investigar la perpetración de delitos o ilícitos administrativos, y enumera una serie actuaciones contra la vida, integridad libertad o patrimonio; así como ilicitudes relacionadas con afección de la paz, el orden público, la fe pública, el orden socioeconómico, la identidad, y orden migratorio y delitos conexos.

Habría que preguntar ¿un decreto de estados de excepción orientado a la emergencia económica, era la figura idónea para estipular la investigación de todo este tipo de delitos?

En opinión particular el decreto debió establecer cuáles delitos -con su tipo- iban a ser observados en estas investigaciones, dado que en el ejercicio ordinario del Debido Proceso, no podía en esta clase de estado de excepción limitarse en su totalidad la garantía que sobre otros tipos delictivos se tienen ante situaciones ordinarias.

“El decreto de estado de excepción, no establece la relación directa entre el problema económico y la aplicación de procedimientos atinentes a migración”.

Sobre la orden judicial existen aseveraciones importantes al respecto, dado que aun limitando dicha garantía, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción estipula que no se puede limitar en un estado de excepción (artículo 7) el debido proceso. Y debe recordarse que una de las fases del proceso penal es la fase de investigación. Aparentemente la restricción de una orden judicial, es atinente a la figura del debido proceso y, aunque se menciona en el último aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, hay que denotar si se hace énfasis en una norma procesal.

“Se ha debido permitir el ejercicio conjunto de la Defensoría del Pueblo y las demás organizaciones en materia de protección de derechos humanos (nacional e internacional), especialmente cuando detentan formación técnica ante situaciones de riesgo, pandemias y de extrema confusión”.

¿Se está haciendo alusión al debido proceso? Debe mencionarse que el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que deberá levantarse un acta correspondiente. Sin embargo, establece las excepciones para la aplicabilidad de la redacción de esta acta como es en el caso de impedir la perpetración o continuidad de un delito, o cuando se trate de personas que se persiguen para su aprehensión.

Pero habría que preguntarse ¿todas las condiciones de los municipios fronterizos estaban dadas para realizar dichas inspecciones, sin el cumplimiento de una orden judicial?

En el numeral 2, en lo que se refiere a la restricción del tránsito de bienes y mercancías, y ante la limitación del tránsito que aparentemente no fue una simple “restricción”, si no se orientó propiamente a la “suspensión” con el cierre de la frontera totalmente en los referidos municipios, la misma no es constitucional ni legal dado que menoscaba la finalidad de los estados de excepción consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y, por ende, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en el tema de requisición de equipajes y vehículos.

“Habría que evaluar si la Defensoría del Pueblo se encuentra capacitada para proteger los derechos de los deportados”.

Es notorio señalar que el decreto omitió mencionar los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que se refieren a las requisiciones, dado que el mismo es claro al señalar que debe haber una orden previa del Presidente de la República o de la autoridad, competente designada -dada por escrito- determinando la clase, cantidad de la prestación y expedirse una constancia inmediata a las personas, enfatizando que ante la terminación del estado de excepción los mismos serán devueltos sin perjuicio de las indemnizaciones pertinentes; y en caso de no poder restituir los bienes, los mismos serán pagados a su valor total con base al precio que tenían al momento de la requisición.

“Niños, adolescentes, ancianos, refugiados, personas con discapacidad y mujeres, -ante la ejecución del decreto- pueden verse en riesgo”.

Si esta situación no se cumple conforme a lo señalado, se está en presencia de actos confiscatorios que atentan de manera flagrante a la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En el numeral 3, se le otorga a los ministerios con materia de Defensa y de Justicia la posibilidad -mediante resolución conjunta- de establecer la restricción de transito de bienes y de personas en los municipios, así como el cumplimiento de determinados requisitos y la obligación de informar el cambio de domicilio o residencia, la salida de la República o el ingreso a ella, el traslado de bienes y pertenencias, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

“El decreto no indica quiénes son los defensores delegados, ni las materias a ser protegidas, en situaciones de vulnerabilidad”.

¿Pero habría que preguntarse cuáles requisitos son los exigidos? ¿Acaso no sea crea inseguridad jurídica no saber de manera certera el contenido de la resolución conjunta? Todos estos requisitos debieron ser estipulados en el decreto respectivo.

En el numeral 4, no se permiten las reuniones públicas sin la autorización del funcionario a quien se delega el presente decreto.

¿Cómo quedan garantías como la libertad de conciencia, pensamiento y religión, consagradas en el artículo 7, numeral 9 de la LOEE, si los habitantes de dichos municipios quisieran recurrir a los templos conforme a su creencia?

“El decreto excluye la labor de las organizaciones no gubernamentales, en la protección y defensa de los derechos humanos, ya que atribuye estrictamente esa protección y defensa a la Defensoría del Pueblo”.

¿Cómo quedan los Consejos Comunales o comunas que quieran reunirse de manera urgente, si al tener esta limitante no se les estaría vulnerando el Derecho a la participación que el artículo 7, numeral 13, que la LOEE estipula?

Aunado a esto, la titularidad del funcionario ejecutor del decreto recae en una multiplicidad de funcionarios quienes –ciertamente- crean una contradicción de funciones no determinadas con claridad, por el mismo decreto.

“En el decreto se debió establecer cómo iba a llevarse a cabo la coordinación entre las autoridades y cuáles medidas iban a ser adoptadas”.

En el numeral 5, el derecho a manifestar pacíficamente -y sin armas- solo podrá ejercerse previa autorización del funcionario, emitida a solicitud de los manifestantes con 15 días de anticipación a la fecha fijada; sin embargo, la libertad de pensamiento estipulada en la LOEE al tener que esperar tanto tiempo para su desenvolvimiento, se vería cercenada.

En el numeral 6, los ministerios con competencia en materia de comercio, junto con los ministerios con competencia en materia de alimentación, agricultura, tierras y salud, podrán establecer normas especiales para la disposición, traslado, almacenamiento, comercialización, distribución y producción de bienes esenciales o de primera necesidad, o regulaciones para su racionamiento, así como restringir el ejercicio de determinadas actividades económicas.

“El decreto debió incluir los montos así como el tipo de operaciones y transacciones a ser limitadas, tomando en cuenta que se sigue creando una gran incertidumbre al no tener realmente claras las limitaciones económicas de papel moneda en esos municipios”.

Al leer este numeral nuevamente, se observa que se cercena el derecho a la información porque ¿cuáles normas serán aplicadas? Ha debido enumerarse las acciones que se iban a limitar en su ejercicio, como actividad económica, tomando en cuenta que al generalizar a solo expresar “actividades económicas” denotaría estar en presencia propiamente en una “suspensión del ejercicio de la actividad económica”.

Comentario artículo 3

Destaca que el Presidente podrá dictar “otras medidas” de orden social, económico y político que estime conveniente ante las circunstancias de conformidad con los artículos 337338 y 339, para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Este artículo se torna ampliamente peligroso, tomando en cuenta que abre la posibilidad de declarar, teniendo como base el decreto, “otro tipo” de decretos que pueden ir creando medidas y estados de excepción continuados, siendo una forma de no cumplir con una de las características de los estados de excepción, como es propiamente la temporalidad, dado que se dice que el decreto de estados de excepción podría ser prácticamente derogado o dejado sin efectos, si se dictaran estos decretos que buscan establecer la normalidad.

Comentario artículo 4

El ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, podrá establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda de curso legal o efectivo.

También se podrán establecer restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, o restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país. Eso quiere decir que se limitan los montos de dinero a los que van a acceder los habitantes de estos municipios.

El decreto debió incluir los montos así como el tipo de operaciones y transacciones a ser limitadas, tomando en cuenta que se sigue creando una gran incertidumbre al no tener realmente claras las limitaciones económicas de papel moneda en esos municipios.

Comentario artículo 5

Llama poderosamente la atención el término “suspender”, dado que se entiende que no se permitirá el porte de armas. El término “prohibición” hubiera sido de mejor aplicabilidad, dado que si la suspensión de garantías “aparentemente” no es constitucional, el uso del término “suspensión” genera dudas. En el caso de armas orgánicas, son las que legamente portan los órganos de seguridad y de defensa.

Comentario artículo 6

Señala el deber de coordinación y ejecución de las autoridades competentes, para el mantenimiento de la paz social y el orden público, ante el despliegue de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) en vigencia desde julio del 2015, que busca atacar “El paramilitarismo y sus prácticas” a través de Zonas de Alto Impacto. Sin embargo, se debió establecer cómo iba a llevarse a cabo la referida coordinación y cuáles medidas iban a ser adoptadas.

Comentario artículo 7

El decreto excluye la labor de las organizaciones no gubernamentales, en la protección y defensa de los derechos humanos, ya que atribuye estrictamente la protección y defensa de los derechos humanos a la Defensoría del Pueblo y demás defensores delegados, pero no se indica quiénes son los defensores delegados, ni las materias a ser protegidas, puesto que en los referidos contextos hay individuos en situaciones de vulnerabilidad como niños y adolescentes, ancianos, refugiados, personas con discapacidad y mujeres, quienes ante la ejecución del decreto pueden verse en riesgo.

Se ha debido permitir el ejercicio conjunto de la Defensoría del Pueblo y las demás organizaciones en materia de protección de derechos humanos (nacional e internacional), especialmente cuando detentan formación técnica ante situaciones de riesgo, pandemias y de extrema confusión, circunstancia que habría que evaluar si la Defensoría del Pueblo se encuentra capacitada -de modo individual- para cumplir ese rol.

Comentario artículo 8

Acerca de los controles migratorios, es una muestra notoria que en el decreto hay visos claros de que el Servicio Administrativo de Migración y Extranjería (SAIME) establecerá mecanismos junto con otros organismos competentes, para que hubiera eficiencia es estos controles; no obstante, la poca explicación sobre las medidas y mecanismos usados se convierte en un mecanismo atentatorio conforme a la LEY DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN publicada en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 37944 de fecha 24 de marzo de 2004, que establece la necesidad de cumplir un procedimiento administrativo para la deportación o expulsión del Estado venezolano.

“El decreto abre la posibilidad de declarar “otro tipo” de medidas y estados de excepción continuados”.

El decreto de estado de excepción, no establece la relación directa entre el problema económico y la aplicación de procedimientos atinentes a migración. En el mismo sentido hay que tomar en cuenta que en materia de refugiados, asilados y solicitantes, también habría que medir el status legal de estas personas y que, por ende, en la revisión de esos controles migratorios debe tomarse en cuenta la garantía de los mismos.

“Ha debido enumerarse las acciones que se iban a limitar como actividad económica, tomando en cuenta que al generalizar a solo expresar “actividades económicas” denotaría estar en presencia propiamente en una “suspensión del ejercicio de la actividad económica”.

Este aspecto del decreto es muy genérico, no define ni determina las condiciones que deban medirse en los temas de nacionalidad, como garantía susceptible de limitación o restricción. Esto es un fuerte agravio porque podría enmarcarse en una práctica xenofóbica, sobre todo al no describirse cómo manejar el procedimiento de expulsión o deportación -en el estado de estado de excepción- dado que, aun existiendo acuerdos o no con Colombia en este ámbito, debió establecerse cuáles medidas iban a ser adoptadas en este tema.

Comentario artículo 9

Estipula que los órganos de seguridad ciudadana y policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, podrán desalojar las ocupaciones ilegales cuando se verifique que se encuentran en bienes públicos o bienes afectos a un servicio público en los municipios fronterizos.

La LOEE 2001 -o en el caso de la materia migratoria- al establecerse el referido desalojo debe tomarse en cuenta que la ley en materia de migración y extranjería del 2004, aparte que estipula un (1) da el derecho de trasladar los bienes adquiridos.

El decreto estipula que los procedimientos se cumplirán conforme al debido proceso, pero se vuelve a mencionar el artículo 7, numeral 11 de la LOEE, que menciona las garantías que no son susceptibles de restricción.

Con relación a la legalidad de la ocupación de viviendas por los extranjeros, ¿qué se define como ocupación ilegal en el caso de un ciudadano venezolano? ¿Bajo cuáles criterios se puede justificar el desalojo? ¿Los terrenos donde se encuentran las ocupaciones realmente son bienes públicos o afectos a un servicio público

Aunque se estipula la presencia del Ministerio Publico y la Defensoría del Pueblo ¿qué parámetros garantizan un trato digno en un desalojo? ¿Se cumplen los extremos legales en materia de migración y extranjería ante la presencia de extranjeros ilegales?

“La titularidad del funcionario ejecutor del decreto, recae en una multiplicidad de funcionarios quienes –ciertamente- crean una contradicción de funciones no determinadas con claridad”.

Son varias interrogantes que el decreto deja en el vacío jurídico y que cercenan la seguridad jurídica.

Comentario artículo 10

Señala el deber de coordinación y colaboración entre los poderes públicos, los órganos de seguridad, defensa y la policía administrativa, que trabajarán para el logro de las medidas en este decreto.

Sin embargo, se le atribuye al Ministerio Publico y a los tribunales penales la función de velar porque no se presenten actos de impunidad e injusticia en el ejercicio que les corresponda, conforme a sus atribuciones de ejecución del presente decreto, garantizando la ejecución estricta de la ley.

“Al suspender la garantía del derecho de reunión, ¿cómo quedan la libertad de conciencia, pensamiento y religión, si los habitantes de dichos municipios quisieran recurrir a los templos conforme a su creencia?”.

No obstante, es en este sentido que debería -en su referida condición- observar cabalmente los actos que los órganos de seguridad, defensa y fuerza armada ejecuten, porque la anuencia de los actos que pudieran generar responsabilidad también acarrearía responsabilidad conjunta.

Comentario artículo 11

Con la designación del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Táchira, como responsable de las acciones de índole estratégico militar que con ocasión a este decreto se ejecuten en coordinación del funcionario que se le delega la ejecución directa de este decreto, en este caso es el gobernador del estado Táchira, se ejercerán de forma unificada y coordinada las acciones de orden público y de seguridad ciudadana; es decir, todos los planes y lineamientos de seguridad y defensa emanan directamente del Comandante de la ZODI en el estado Táchira.

Comentario artículo 12

Indica el deber de cooperar conforme al artículo 17 de la LOEE. Al respecto, hay que decir que el artículo 18 de la LOEE señala que el incumplimiento al deber de colaboración de personas naturales y jurídicas, pueden acarrear sanciones de tipo penal o administrativo. Si el incumplimiento fuera por parte de los funcionarios públicos, podrán ser suspendidos de sus cargos. El deber de cooperación obliga a los habitantes y ciudadanos de esos municipios a colaborar hasta en acciones extraordinarias, sin perjuicio de la indemnización a que hubiere lugar. Es decir, los ciudadanos son obligados a este deber pleno.

Comentarios artículos 13 y 17

Se concatenan ambos artículos dado que en una suerte de error de técnica legislativa, se repite prácticamente que el responsable de la ejecución del decreto junto con el ministerio en materia de Interior, Justicia y Paz, así como con la delegación otorgada por el Presidente de la República, recae sobre el gobernador del estado Táchira.

Comentarios artículos 14 y 15

Se refieren a los controles; al ejercido por la Asamblea Nacional -denominado control político- y el que realiza la propia Sala Constitucional de oficio -denominado control jurisdiccional- teniendo en ambos casos 8 días para su pronunciamiento.

“Se está en presencia de actos confiscatorios que atentan de manera flagrante contra la Constitución”.

Debe tomarse en cuenta que en los artículos 26 y 31, respectivamente, se fundamentan los respectivos controles; no obstante, aunque fue omitido por el decreto existe de conformidad al artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción la posibilidad que los particulares durante los 5 primeros días del lapso establecido en el artículo 33 de la LOEE, consignar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los alegatos y elementos de convicción que sirvan para demostrar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del decreto que declare el estado de excepción, y que el máximo tribunal acuerde su prórroga o aumente el número de garantías restringidas.

Así mismo, no debe dejarse de lado los controles que internacionalmente puedan intentarse ante la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dado que con la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los únicos mecanismos que pueden activarse serían ante este tipo de organizaciones.

Comentarios artículos 16 y 18

Sobre la vigencia del decreto, al ser un estado de emergencia económica inicialmente tiene una duración de 60 días continuos, aspecto que si se calcula desde el 21 de agosto del 2015 tomando como fecha la Gaceta Oficial Extraordinaria, el decreto tendría una duración inicial hasta el 21 de octubre del 2015; y finalmente, hasta el 21 de diciembre del 2015 si el mismo fuera prorrogable.

Por último, el artículo 18 estableció que el mismo entrará en vigencia desde la fecha de publicación en Gaceta Oficial, y si la misma tiene como fecha 21 de agosto del 2015, esa es la fecha de su vigencia.

Consideraciones finales

Puedo afirmar que vergonzosamente la redacción, motivación y aplicabilidad de este decreto, no deja de tener las mismas lagunas y criterios genéricos que caracterizaban a los decretos anteriores a la vigencia de normativa constitucional vigente.

“A la terminación del estado de excepción, ¿los bienes retenidos serán devueltos a sus propietarios?”.

La omisión del artículo 7 de la LOEE, el criterio de dejar abierto y con discrecionalidad a los diversos órganos y entes de la Administración Pública y demás poderes públicos en las facultades otorgadas, la adopción de algunas medidas que no son descritas, la indirecta restricción de garantías no restringibles como el Debido Proceso, la nacionalidad, la participación y la comunicación, manifiestan expresamente que los esfuerzos realizados por el constituyente y el legislador de la LOEE en 1999 y 2001, respectivamente, se omiten creando un estado de incertidumbre y sobre todo de inseguridad jurídica, que a lo largo del decreto es palpable.

“¿Un decreto de estados de excepción orientado a la emergencia económica, era la figura idónea para investigar los delitos que señala el gobierno que ocurren en la frontera?”.

Aunque el artículo 21 de la LOEE manifiesta que “El decreto que declare el estado de excepción suspende temporalmente, en las leyes vigentes, los artículos incompatibles con las medidas dictadas en dicho decreto”, al no tener claro qué tipo de decreto es -porque tipificándose como de emergencia económica sus medidas se inclinan a otras clases constituyendo una situación compleja- no existe una total claridad sobre las nuevas normas extraordinarias que suspenden a las leyes ordinarias contrarias en el marco de la restricción de las garantías constitucionales, pero que deben ser aseguradoras de justicia y equidad.

“Debieron dictarse 3 decretos en los que estuviera presente la conmoción exterior ante la afectación que las medidas podían traer con Colombia; otro de conmoción interior ante las medidas que estaban generando los focos de violencia y delincuencia organizada; y, finalmente, el de emergencia económica”.

Por tanto, la LOEE en su rol de norma generadora de límites para la redacción del decreto, solo fue tomada en cuenta en lo que fue conveniente generando desconocimiento parcial de la misma, menguando la opción de crear un decreto de estado de excepción junto con medidas que se fundamentaran en la seguridad de los ciudadanos.

Se está en presencia de un decreto que se fundamenta en “la mala fama” de una institución jurídica que, ejecutada en un plano de igualdad, transparencia y previsión, podría remediar situaciones anormales y de conflicto.

“El milagro de Chávez en la Tierra”: Más de 250 mil asesinatos en 16 años de revolución

Ana Rodríguez Brazón, El Cooperante

Según la Real Academia Española un legado es “algo que se transmite a los sucesores, sea una cosa material e inmaterial”. Pero el diccionario no especifica si esta herencia es buena o mala.

Con su muerte, Hugo Chávez, “el supremo”, dejó un legado del que hoy no pueden escapar los venezolanos: 252.073 venezolanos muertos a manos del hampa, en 16 años de revolución.

Esta alarmante cifra no solo engrosa el registro de cadáveres en las morgues del país, sino que crece la cantidad de ciudadanos y familias que se enlutan por la pérdida de un ser querido. Los asesinatos parecen que son lo único que no escasea, a pesar de que se han implementado 22 planes de seguridad lanzados desde 1999.

Desde 1999 hasta el 29 de mayo del 2015, según publicaciones de diferentes medios, se han registrado 252.073 muertes violentas, incrementando de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, a 82, según el Observatorio Venezolano de Violencia, (OVV) ubicando a la nación como el segundo país más violento del mundo.

En el primer año de Chávez, en 1999, hubo 5.968 muertes, pero en el 2012 antes de morir, dejó en el registro 21.692 víctimas, 73 muertos por cada 100 mil habitantes según cifras del OVV, aunque el gobierno solo admitió en ese momento 16.030.

Desde 1994 hasta 1997 hubo en Venezuela 18.400 muertes violentas.

En 1994 se registraron 4.733; 22 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 1995 cuatro mil 481; 21 por cada 100 mil habitantes.

En 1996 cuatro mil 961 con una cifra de 22 por cada 100 mil y en 1997 cuatro mil 225 siendo la cifra más baja con 19 homicidios por cada 100 mil.

Cifras por cada plan de seguridad

En 1999 con Luis Miquilena como primer ministro de Interior y Justicia del gobierno de Chávez, se lanzaron dos planes. El primero se llamó Plan Desarrollo Pacífico de las Cárceles y el segundo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; sin embargo, ese año terminó con 4.550 homicidios, aunque otras cifras arrojan 5.968 víctimas.

Ignacio Luis Arcaya. Imagen: http://www.eluniversal.com

En el año 2000 durante la gestión del ministro Ignacio Luis Arcaya, aparece el Plan Bratton. Este fue presentado por Alfredo Peña quien en ese momento era alcalde Metropolitano. Ese año cerró con 8.022 víctimas, aumentando la tasa a 33 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Un año más tarde dos nuevas estrategias para combatir el hampa fueron presentadas al país. El Plan Estratégico de Prevención de la Violencia y el Plan Confianza. Luego de 12 meses la cifra se ubicó en 7.960, para 33 muertos por cada 100 mil habitantes. Con el segundo plan fue modificado el Código Orgánico Procesal Penal.

Capitán Diosdado Cabello. Imagen: http://www.si.wsj.net

En el 2002 durante la administración de Diosdado Cabello una nueva estrategia fue anunciada a los venezolanos: el Plan Nacional de Control de Armas. 9.617 venezolanos cayeron a manos del hampa, 38 homicidios por cada 100 mil personas.

El 3 de marzo del 2003 llega el Plan Piloto de Seguridad y el Plan de Seguridad Misión Caracas, en este se incorporaron 1.800 funcionarios de distintos cuerpos, pero fueron asesinadas 11.342 personas, 44 muertes por cada 100.

Teniente Jesse Chacón. Imagen: http://www.panorama.com.ve

Pasaron tres años sin un nuevo plan. En el 2004 hubo 9.719 y en el 2005 nueve mil 964, por lo que en el 2006 el gobierno anunció un nuevo plan propuesto por Jesse Chacón, llamado Plan Estratégico Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana , el cual costó 70 millones de dólares. Doce mil 257 cayeron asesinados.

Luego de que en el 2007 murieran 13.156, aparecieron en el 2008 dos nuevos planes: Plan Caracas Segura y Plan Ruta Segura. En vez de disminuir los números arrojaron 14.599 muertos.

En el 2009 seis planes de seguridad sorprendieron a la población. Plan Noche Segura, Plan Autopista Segura, Dispositivo Bicentenario de Seguridad, Plan Guardia del Pueblo, Operación Cangrejo y Madrugonazo al Hampa , a pesar de la cantidad, hubo 16.047 muertos.

Ni en el 2010 ni el 2011 se anunciaron planes, pero la cantidad de víctimas siguió en ascenso. En el primer año hubo 17.600 muertos y en el segundo 19.336, aunque el gobierno aseguró que solo murieron 14.092 personas.

General Miguel Rodríguez. Imagen: http://www.difundelaverdad.org.ve

Para el 2012 fue presentada la Misión a Toda Vida Venezuela con Miguel Rodríguez Torres a la cabeza. Murieron 21.692. El gobierno admitió 16.030.

Operativo Madriguera y el Plan Patria Segura llegaron en el 2013. Este último contó con 3 mil miembros de la Fuerza Armada, a pesar del despliegue hubo 24.763 muertes.

El 2014 fue uno de los más violentos para la historia venezolana con 24.980 homicidios y una tasa de 82 muertos por cada 100 mil habitantes. Ese año apareció el Plan Desarme Nacional enmarcado en el Plan Patria Segura.

En lo que va del 2015, desde el 1 de enero hasta el 29 de mayo, solo en Caracas se registraron 2.101 asesinatos, para un total de 252.073 víctimas en 16 años de revolución.