La malnutrición que mata en Venezuela

Venezuela tiene las mayores reservas comprobadas de crudo en el mundo, pero su economía ha colapsado en los últimos años.

El hambre ha azotado a la nación y, ahora, está matando a niños.

El gobierno venezolano lo sabe, pero no lo reconoce.

Durante cinco meses, The New York Times dio seguimiento a veintiún hospitales públicos donde los doctores dijeron ver cifras récord de niños con desnutrición severa, cientos de los cuales han muerto.

Por MERIDITH KOHUT and ISAYEN HERRERA

Photographs by MERIDITH KOHUT

The New York Times

Apenas a sus 17 meses, Kenyerber Aquino Merchán murió de hambre.

Su padre salió de la morgue del hospital antes de la madrugada para llevarlo de regreso a casa. Cargó al bebé esquelético a la cocina y se lo entregó a un trabajador funerario que hace visitas a domicilio para las familias venezolanas que no tienen dinero para realizar un funeral.

Se podían ver claramente la espina dorsal y las costillas de Kenyerber mientras le inyectaban los químicos de embalsamar. Las tías intentaban mantener alejados a los primitos curiosos.

Sus familiares llegaron con flores y reutilizaron cajas de alimentos que reparte el gobierno a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), de las que dependen cada vez más los venezolanos ante la escasez de comida y los precios altísimos, para recortar dos pequeñas alas de cartón. Las pusieron cuidadosamente encima del ataúd de Kenyerber, una práctica común entre los venezolanos, para que su alma pueda alcanzar el cielo.

En cuanto el cuerpo de Kenyerber quedó listo para que lo vieran comenzó el llanto incontrolable de su padre, Carlos Aquino, un trabajador de construcción de 32 años.

“¿Cómo puede ser esto?”, decía entre sollozos mientras abrazaba el ataúd y hablaba con voz suave, como si pudiera reconfortar a su hijo en la muerte. “Tu papá ya nunca te va a ver”.

El hambre ha acechado a Venezuela durante años. Pero ahora, según médicos en los hospitales públicos, está cobrando una cantidad alarmante de vidas de menores de edad.

La economía comenzó a colapsar en el 2014. Las protestas y disturbios por la falta de alimentos, las filas insoportablemente largas para conseguir suministros básicos, los soldados apostados afuera de las panaderías y las multitudes enfurecidas que saquean las tiendas han cimbrado varias ciudades.

Sin embargo, las cifras de muertes por desnutrición continúan siendo un secreto bien guardado por el gobierno venezolano.

Durante una investigación de cinco meses de The New York Times, los doctores en veintiún hospitales públicos de diecisiete estados del país dijeron que sus salas de emergencia están atiborradas de menores con desnutrición severa.

“Los niños están llegando con unas condiciones muy precarias de desnutrición”, dijo el doctor Huníades Urbina Medina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría.

Añadió que los médicos incluso están viendo cuadros de desnutrición tan extrema como la que llega a presentarse en campos de refugiados; casos que, dijo, eran extremadamente raros antes del colapso económico del país.

Para muchas familias de escasos recursos, la crisis ha sacudido por completo su panorama. Padres como los de Kenyerber pasan días sin comer y, a veces, terminan pesando lo mismo que un niño.

Hay mujeres que hacen fila afuera de clínicas de esterilización para evitar embarazarse de bebés a los que no van a poder alimentar.

Niños pequeños dejan sus hogares y se unen a pandillas que escarban por doquier en busca de alimentos: sus cuerpos tienen cicatrices por las peleas a cuchillo contra sus rivales.

Adultos en multitudes revuelven la basura de los restaurantes después de que estos cierran. Muchos bebés mueren porque es difícil encontrar –o poder costear– la fórmula para el tetero, incluso en salas de emergencia.

“Hay veces que se te muere en las manos por deshidratación”, dijo la doctora Milagros Hernández en la sala de emergencias de un hospital infantil en la ciudad de Barquisimeto. El hospital, señaló Hernández, vio un aumento pronunciado de personas con desnutrición hacia el final del 2016.

“Pero el 2017 ha sido un incremento terrible de pacientes desnutridos”, dijo. “De niños que te llegan lactantes y tienen el peso y talla de un recién nacido”.

Carlos Aquino llora a Kenyerber, su hijo de 17 meses, quien falleció en agosto por problemas cardiacos causados por desnutrición severa.

Antes de que la economía venezolana comenzara a desplomarse, casi todos los casos de desnutrición infantil en hospitales públicos se debían a negligencia o abuso parental. Pero entre 2015 y 2016, conforme se intensificó la crisis, se triplicaron los casos de desnutrición infantil severa en los centros médicos de la capital, según los doctores. Este año podría ser aun peor.

En muchos países la desnutrición a estos niveles sería “por cualquier causa si hay una guerra, una sequía, alguna catástrofe o un terremoto”, dijo la doctora Ingrid Soto de Sanabria, jefa del Servicio de Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del Hospital de Niños J. M. de los Ríos. “Pero en nuestro país está directamente relacionada con la escasez y la inflación”.

El gobierno venezolano ha intentado encubrir la gravedad de la crisis y ya prácticamente no emite estadísticas de salud. Esto genera un clima en el que los doctores a veces temen registrar casos y muertes ligados a los fracasos de la política pública.

Pero las estadísticas que hay son impactantes.

En el reporte anual del 2015 del Ministerio del Poder Popular para la Salud se reportó un aumento de cien veces en la tasa de mortandad de niños menores de cuatro semanas: de 0,02 por ciento en el 2012 a poco más de 2 por ciento.

La tasa de mortalidad materna aumentó casi cinco veces durante el mismo periodo.

Por casi dos años el gobierno no publicó ningún boletín epidemiológico con estadísticas como la mortandad infantil. Hasta que, en abril de este año, apareció de repente un enlace en el sitio web oficial del ministerio con todos los boletines no publicados. Mostraban que 11.446 niños menores de un año habían muerto en el 2016: un aumento de 30 por ciento en solo doce meses, ante la aceleración de la crisis.

Los nuevos hallazgos atrajeron la atención de medios nacionales e internacionales antes de que el gobierno declarara que el sitio web había sido atacado y quitara los boletines.

La ministra de Salud fue destituida y se puso al ejército a cargo de monitorear los boletines; ninguno se ha publicado desde entonces.

La desnutrición también enfrenta censura dentro de los hospitales: muchos doctores reciben advertencias de no registrarla en los antecedentes médicos de los niños.

“En algunos hospitales oficiales se ha prohibido el diagnóstico de desnutrición en las historias clínicas”, dijo el Urbina.

Médicos entrevistados por The New York Times en nueve de los veintiún hospitales dijeron que sí llevaban un conteo.

En el último año, dijeron, habían registrado 2.800 casos de desnutrición infantil y alrededor de 400 de los menores que llegaron famélicos murieron.

“Nunca en mi vida he visto tantos niños con hambre”, dijo la doctora Livia Machado, pediatra de práctica privada que da consultas gratuitas a niños que han sido hospitalizados en el sanatorio Domingo Luciani, en Caracas.

Ese hospital es de los pocos que todavía acepta ingresar a infantes desnutridos para tratamiento. Otros hospitales los rechazan y les dicen a los padres que no tienen suficientes camillas o suministros para tratar a los bebés. Casi todos los hospitales venezolanos reportan escasez de insumos básicos, como leche de fórmula.

El presidente Nicolás Maduro ha reconocido que algunas personas pasan hambre en Venezuela, pero ha rechazado recibir ayuda internacional pues dice que la crisis es causada por una “guerra económica” impulsada por empresarios y fuerzas extranjeras como Estados Unidos.

Venezuela tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo en todo el mundo. Sin embargo, muchos economistas afirman que años de mal manejo de la política económica han resultado en el desastre actual.

El daño no era evidente cuando los precios internacionales del petróleo eran altos. Pero a finales del 2014 comenzó a caer el precio del barril y la escasez y los precios de alimentos se dispararon.

El Fondo Monetario Internacional advirtió en octubre que la inflación podría superar el 2.300 por ciento el próximo año.

El Ministerio para la Salud y el Instituto Nacional de Nutrición venezolano no respondieron a solicitudes de entrevista ni de comentario sobre reportes oficiales de salud con estadísticas sobre desnutrición.

Pero la oposición, que controla la Asamblea Nacional que fue despojada del poder, continuamente alerta sobre la situación.

“Tenemos un pueblo que se está muriendo de hambre”, dijo en noviembre Luis Florido, asambleísta que dirige la comisión de relaciones exteriores. Dijo que la crisis alimentaria en el país era una “emergencia humanitaria” que viven “todos los venezolanos”.

Tantos tantos niños

Kenyerber nació sano y pesaba casi 3 kilogramos. Pero a su madre, María Carolina Merchán, de 29 años, le picó un mosquito y se contagió del virus del Zika cuando el bebé tenía tres meses. Tuvo que ser hospitalizada y los doctores le dijeron que no podía amamantar.

La familia no podía encontrar o pagar el alimento para el bebé y tuvieron que improvisar con lo que tenían al alcance: teteros de crema de arroz o de harina de maíz mezclada con leche entera. Eso no le daba a Kenyerber los nutrientes necesarios.

A los 9 meses su padre lo encontró inmóvil en su cama, con la nariz ensangrentada. Corrió a la sala de emergencia pediátrica del hospital Domingo Luciani, donde pacientes y camillas atiborran los pasillos junto a soldados patrullando.

Kleiver Enrique Hernández, de 3 meses, estaba recibiendo tratamiento cerca de donde fue internado Kenyerber. Él también nació saludable –3,6 kilogramos– pero su madre, Kelly Hernández, tampoco lo podía amamantar. Lo mismo: Hernández y su novio, César González, buscaron sin tregua, pero no pudieron encontrar fórmula.

En una búsqueda en línea del inventario de Locatel, una de las cadenas de farmacias más grande de Venezuela, el Times encontró que solamente una de sus 64 tiendas en todo el país tenía la fórmula para bebés que los doctores le recetaron a Kleiver.

Y es poco probable que Kelly y César siquiera hubieran podido pagarla. La hiperinflación ha diezmado los salarios que se pagan en bolívares en comparación con lo que valían hace dos años. Un surtido para un mes de la fórmula que necesitaba Kleiver costaba dos veces más que el sueldo mensual de González, un trabajador agrícola.

La escasez de fórmula también afecta a los hospitales. Doctores en la sala de emergencia del Domingo Luciani dijeron que no tenían abasto para alimentar a pacientes como Kenyerber y Kleiver.

La Encuesta Nacional de Hospitales 2016 halló que el 96 por ciento de los hospitales venezolanos reportaron no tener la cantidad de fórmula que necesitaban para atender a los pacientes. Más de 63 por ciento reportó que no tenía fórmula, punto.

Con tan pocas opciones, la madre de Kleiver preparó teteros con almidón de arroz y agua, a veces con leche entera si la podían encontrar. No era suficiente.

Los padres de Kleiver lo habían llevado a tres salas de emergencia, pero los hospitales estaban repletos. “Estaba desesperada viendo cómo tantos tantos niños estaban en la misma situación”, dijo Hernández.

Cuando los ingresaron al Domingo Luciani fue un gran alivio. Pero pronto comenzaron a ver un flujo constante de padres que llegaban con sus bebés desnutridos y terminaban yéndose en llanto: “¡Mi hijo está muerto!”.

Esperaron con ansias a que la condición de Kleiver mejorara; dormían en una silla junto a su cama o en un patio afuera, siempre pendientes por si el doctor les recetaba algo.

Después de pasar veinte días en el hospital, terminaron por sumarse a esas familias a las que habían visto salir horrorizadas. Un equipo de doctores trabajó durante horas para ayudar a Kleiver, llenándolo sin querer de sangre y moretones conforme trabajaban para intubarlo.

Kelly Hernández llora junto con sus familiares durante el velorio para su hijo Kleiver, de tres meses, en agosto.

Parecía que su cuerpo sin vida había recibido una golpiza para cuando los doctores aceptaron que no iban a poder salvarlo.

Familiares cargan el ataúd de Kleiver durante el cortejo fúnebre.

Los deudos de Kleiver comen un caldo en la madrugada durante el velorio.

Pese a que la desnutrición severa es evidente, su diagnóstico no es sencillo. Incluso cuando los doctores sí están dispuestos a reportarlo no necesariamente lo incluyen como la causa oficial de defunción.

La desnutrición grave puede resultar en toda una patología que conlleva la muerte por falla respiratoria, infecciones u otros malestares. Pero, en el caso de Kenyerber y Kleiver, sucedió algo poco común en Venezuela: sus certificados de defunción sí muestran a la desnutrición como la causa de fallecimiento.

Más de cien amigos y allegados fueron al velorio en la casa de la familia de Kleiver, que duró toda la noche. Sus tías y primos colgaron carteles decorados con mensajes y caricaturas hechas a mano. Kleiver yacía debajo, en un pequeño ataúd blanco, con las alas de papel.

Apenas tres meses antes la familia había hecho carteles con mensajes y caricaturas hechas a mano y las había colgado en la pared, para celebrar el nacimiento. Uno de esos carteles, en forma de un globo, todavía estaba encima de su cama durante el velorio.

“Bienvenido, Kleiver Enrique, te quiero mucho”, decía.

Cuando salió el sol el vecindario realizó una procesión hasta el cementerio. Hernández colapsó cerca de una tumba cercana; no podía dejar de llorar. Se sentía culpable de no haber podido amamantar a su hijo ni de encontrar la fórmula láctea y no dejaba de decir: “¿Soy mala madre? Por favor, ¡dímelo!”.

Impotencia e indignación

La doctora Milagros Hernández entró corriendo a la sala de emergencia del hospital donde trabaja en Barquisimeto gritando: “Voy con un bebé de 18 meses. Le dieron té de anís, leche de vaca y lo amamantaba una vecina. ¡Está malo!”.

Los doctores y enfermeros en el Hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga trabajaron rápidamente para evaluar al bebé, Esteban Granadillo. Pesaba 2 kilogramos y se veía asustado.

“Dígame lo que le dio de comer”, le preguntó la doctora Hernández a la tía abuela, María Peraza, quien lo había llevado al hospital. “A ese niño se le destrozó el estómago y posiblemente hasta el hígado”.

Cuatro de las doce camas de la sala de emergencia estaban ocupadas por niños desnutridos ese día de agosto. Los doctores dijeron que había llegado un caso de desnutrición prácticamente cada día, algo que no sucedía hasta hace dos años cuando se agravó la crisis.

Pero solo había una fracción de los medicamentos necesarios. El entonces director del hospital, el doctor Jorge Gaiti, dijo que había solicitado en junio 193 medicamentos que requerían a la agencia gubernamental responsable de distribuirlos a los hospitales públicos.

Solo cuatro de los 193 fueron entregados, de acuerdo con los reportes en la computadora de Gaiti. El hospital no cuenta siquiera con suministros básicos como jabón, jeringas, gasas, pañales o guantes de látex.

Los enfermeros les dan a los pacientes listas con objetos que deben buscar en farmacias o comprar de vendedores del mercado negro, o bachaqueros, que se encuentran cerca del hospital y venden suministros médicos difíciles de encontrar a precios exorbitantes.

Hernández estaba indignada y se sentía impotente como doctora al ver morir innecesariamente a esos niños en su sala de emergencias: “Es injusto”.

Dayferlin Aguilar, de cinco meses, fue diagnosticada con desnutrición y deshidratación.

A los 18 días de nacido Esteban Granadillo fue llevado al Hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga, en Barquisimeto, por desnutrición.

La madre de Esteban, según dijo la tía abuela, era soltera, tenía una discapacidad y no podía amamantarlo. Desesperados, los familiares le pidieron a una vecina con un infante que ayudara. La familia también le dio teteros de leche de vaca o agua con camomila y anís para llenarle el estómago.

“No conseguimos leche en ninguna parte. En vista de que no se nos muriera el niño tuvimos que hacer eso”, dijo Peraza, la tía abuela, al reconocer que sabía que era posible que el bebé tuviera problemas por ello. “Sí, hicimos algo malo, pero yo digo que si no hubiéramos hecho eso el niño hubiera muerto”.

Peraza se quedó en el hospital junto a la incubadora de Esteban durante días, acariciando su estómago mientras le susurraba. Durante semanas, el bebé salió y reingresó del hospital. Murió el 8 de octubre.

Tres pisos más arriba en el hospital, los pediatras examinaban a una bebé de un mes, Rusneidy Rodríguez, una semana después de que fue admitida por desnutrición severa. Su madre, hospitalizada con una infección, no había podido amamantarla.

Como en el caso de Esteban, sus familiares no pudieron encontrar fórmula y prepararon teteros con lo que pudieron: leche entera, crema de arroz o agua mezclada con cebada.

La sala de emergencia estaba desbordada; había camillas en los pasillos. A veces, el hospital tenía que poner a dos pacientes en una sola cama.

En la incubadora al lado de Esteban, una niña de cinco meses, Dayferlin Aguilar, estaba batallando por mantener abiertos sus ojos y sonreírle a su mamá, Albiannys Castillo.

Albiannys había llevado a Dayferlin al hospital cuando la niña estaba muy débil: de repente quedaba inconsciente y tenía una diarrea incontrolable. Los doctores la diagnosticaron con desnutrición y deshidratación.

Castillo no podía producir leche así que tenía que llegar a la una de la mañana a hacer cola afuera de las farmacias para esperar a que abrieran y tratar de encontrar fórmula. Casi nunca tenían o ya se les había acabado para cuando ella llegaba al frente de la fila.

“Hija, aquí está contigo tu mamá, que te quiere”, le decía a Dayferlin cuando la bebé lograba abrir los ojos.

Murió tres días después de ser internada en el hospital. La enterraron con unas alas de color fucsia hechas de papel, con bordes turquesas, y con una corona que combinaba.

Escarbando en la basura

Orianna Caraballo, de 29 años, esperó en la fila durante horas con sus tres hijos –Brayner, de 8 años; Rayman, de 6, y Sofía, de 22 meses– para ingresar a un comedor comunitario organizado por una iglesia católica en Los Teques. No habían comido nada en tres días.

Antes de la crisis, Caraballo le daba de comer a sus hijos gracias a su trabajo en un restaurante. Ahora llora mientras le da una cucharada de sopa a Sofía y cuenta cómo sus hijos fueron quienes detuvieron su intento de suicidio.

No podía vivir viendo cómo sus hijos estaban famélicos. Dice que los llevó afuera de la casa, mientras Sofía dormía, y volvió a entrar ella sola antes de cerrar la puerta. Luego Caraballo colgó un cable y se lo amarró al cuello. Cuando estaba a punto de colgarse escuchó llorar a su hija.

“Algo me decía: ‘Hazlo, hazlo, hazlo’”, recordó. “Y luego en otro oído me decía: ‘No lo hagas, no lo hagas; mira a tus hijos’”. Su hijo la llamó y le pidió que abriera la puerta. Se sintió culpable y decidió no colgarse.

Su hijo mayor se ha desmayado varias veces en la escuela por no haber desayunado ni cenado el día antes. Llora cada noche porque tiene hambre y, a los 8 años, le ruega a su madre que lo deje trabajar para poder comprar comida para la familia.

Una escena que raramente se veía antes de la crisis: algunas familias buscan comida entre la basura en Caracas.

Orianna Caraballo dándole de comer a Brayner, Rayman y Sofía, sus hijos, en una cocina comunitaria en Los Teques, en septiembre

Un informe reciente de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud encontró que 1,3 millones de personas que antes podían alimentarse en Venezuela no han podido encontrar la comida necesaria desde que se desató la crisis hace tres años.

En comedores comunitarios que visitó el Times, muchos padres que habían llevado a sus hijos tenían empleos de tiempo completo. Pero la hiperinflación había destruido sus sueldos y había acabado con ahorros.

Una encuesta hecha en el 2016 por tres universidades concluyó que había inseguridad alimentaria en nueve de cada diez hogares venezolanos.

Caritas, una organización de ayuda católica, ha estado pesando y midiendo a grupos de niños menores de 5 años en comunidades pobres en varios estados a lo largo del último año. El 45 por ciento de esos menores presentan algún tipo de desnutrición, según su estudio.

Muchas familias buscan comida en las calles o en basureros. Solo algunos son indigentes y la mayoría dijo que no habían tenido problema en conseguir alimentos antes de la crisis.

En Morón, decenas de personas estaban hasta las rodillas en un basurero en busca de comida y objetos reciclables que pudieran vender. El cercano Puerto Cabello, alguna vez el impulsor de la economía local, ahora luce prácticamente vacío.

En el basurero, muchas personas dijeron que antes trabajaban en el puerto, pero que ahora estaban desesperados por encontrar comida para sus familiares, después de que sus empleos desaparecieron cuando se redujo el tráfico portuario. Varias madres dijeron que nunca imaginaron que tendrían que alimentar a sus familias con lo que conseguían en la basura.

También cada vez más familias mandan a sus hijos a pedir comida en las calles o a trabajar para conseguir alimentos. Algunos nunca regresan.

La calle o el bisturí

Dos hermanos caraqueños, José Luis y Luis Armas, de 11 y 9 años, respectivamente, dicen que huyeron de su casa porque apenas había suficiente comida. Ahora viven en las calles con otros niños que forman pandillas y se pelean con cuchillos para defender o aumentar los territorios en los que mendigan o buscan entre la basura.

Han matado a varios de sus amigos, según dijeron los hermanos Armas. Luis se levantó la camisa para mostrar una cicatriz que cruzaba todo su abdomen: fue lo que quedó de un ataque con un machete de un miembro de otra pandilla. Casi muere, aseguró Luis.

Los hermanos dicen que prefieren vivir en las calles pese al peligro porque así comen mejor que en sus casas. Pasan sus días mendigando, en busca de comida tirada y de reciclables; se bañan en fuentes públicas y guardan sus pertenencias en árboles y alcantarillas mientras buscan escaparse de la policía y otras pandillas.

Nelson Villasmil, un trabajador social del gobierno de la capital, dijo que antes de la crisis la mayoría de los niños de la calle vivían ahí por negligencia o abuso por parte de sus padres. Pero ahora cuando los entrevistan, le dicen que dejaron sus hogares porque no había comida.

“Lo que no encuentran en su casa lo consiguen en la calle”, dijo Villasmil.

Hace tres meses, Yail Fonseca, de 13 años, dijo que dejó su hogar en Los Valles del Tuy para buscar comida en Caracas.

“Me fui de mi casa porque la cosa está dura”, dijo. “Ya ni comíamos bien”.

Afirma que come mejor en las calles de la capital. Duerme debajo de un voladizo en un parque de patinaje junto con otros adultos y niños sin casa, con los que despierta a las seis de la mañana para buscar comida en la basura o para pedírsela a los restaurantes locales.

En las tardes practica a pelearse con palos con otros integrantes de su pandilla para ser más ágiles cuando tengan peleas a cuchillo con rivales. El líder les exige que practiquen por lo menos media hora cada día.

Ese líder, un adulto que no quiso revelar su nombre, dijo que tenían un código: si alguien es atacado por solo un integrante de otra pandilla debe protegerse solo, incluso hasta la muerte, sin importar su edad. El resto del grupo se meterá solo si un integrante es atacado por varios rivales a la vez. El líder dijo que cuatro miembros de su pandilla fueron acuchillados a muerte en los últimos meses. Varios de los niños que lo rodeaban se levantaron la camisa para mostrar cicatrices.

A veces, el Estado se involucra y saca a menores de edad de hogares en los que hay hambre crítica. Después de que dos de sus hijos fallecieron por complicaciones de la desnutrición, Nerio José Parra y Abigail Torres perdieron a otros tres: se los llevaron trabajadores sociales.

Veintiuna mujeres fueron operadas durante un evento de esterilización gratuita en el Hospital José Gregorio Hernández de Caracas, en julio.

Familias haciendo fila para una clínica de salud gratuita para niños en Morón, en septiembre.

Eduardo José Martínez, de 13 años, en un parque de patinaje en Caracas, donde vive con otros niños y adultos indigentes

Su hija de siete meses, Nerianyelis, murió en septiembre de 2016 cuando la familia no pudo encontrar leche de fórmula, dijeron Parra y Torres. Parra tenía un trabajo de tiempo completo en una empresa que hace etiquetas, pero la pareja dijo que solo podía darle de comer a sus hijos una vez al día. La mañana que falleció Nerianyelis estaba muy callada y delgada. Los padres dijeron que la llevaron al hospital, pero que no ayudó.

Abigail recordó que estaba tan desconsolada que no dejaba que nadie se llevara el cuerpo de su hija. Tuvo que intervenir el equipo de seguridad del hospital y separarlas a la fuerza.

El 1 de diciembre murió Neomar, su hijo de 5 años, por desnutrición, deshidratación y otros problemas, según el trabajador social de ese caso.

Después de que falleció Neomar, los servicios sociales se llevaron a los tres hijos que quedaban y los pusieron en casas hogar. Ahora la pareja visita a sus hijos ahí y a los fallecidos en el cementerio.

El peso de criar hijos en Venezuela es tal en estos momentos que muchas mujeres prefieren esterilizarse.

Un sábado de julio, poco después de que saliera el sol, un grupo de mujeres jóvenes vestidas con batas quirúrgicas esperaban para someterse al procedimiento durante un evento gratuito del hospital público José Gregorio, ubicado en Caracas.

El hospital dice que ha esterilizado a más de 300 mujeres. Ese sábado las veintiuna mujeres formadas para la operación, de entre 25 y 32 años, dijeron que ya tenían hijos y querían esterilizarse por la crisis económica. Cada una temía embarazarse de nuevo por la escasez de pañales, fórmula, leche y medicinas.

La crisis también ha resultado en una escasez severa de pastillas anticonceptivas y condones. Muchas de las madres en el evento de esterilización dijeron que sus embarazos más recientes no habían sido ni planeados ni deseados, pero que no tenían acceso a métodos anticonceptivos confiables.

Eddy Farías, estilista de 25 años, dijo que estaba nerviosa por la operación pero que su decisión era inamovible. Dijo que su sueldo en el salón, un empleo de tiempo completo, no era suficiente para criar como madre soltera a sus cinco hijos.

Es fuerte ser mamá”, dijo. “Si un niño se te enferma tienes que recorrer y recorrer los hospitales”, añadió. “Es una guerra de sobrevivencia en el día a día”.

Después de la operación dijo que, más allá del dolor por el corte en su abdomen, se sentía aliviada.

“Otra vez embarazada, eso sería ir otra vez a la guerra por los pañales”, dijo. “Es la guerra porque un paquete lo compras o bachaqueado”, añadió en referencia al mercado negro, “o tienes que madrugar haciendo colas aquí y colas allá, y que se cuela la gente”.

“Es una guerra con la comida, con los pañales, con todas las cosas personales de un niño”.

Sin comer para que sus hijos puedan hacerlo

Seis semanas después de que recortaran las alas de ángel de las cajas de CLAP para Kenyerber, su familia todavía luchaba con el hambre.

Su madre, María Carolina Merchán, dijo que ya solo pesaba 29 kilogramos porque se saltaba comidas para que sus otros cuatro hijos tuvieran algo más en el plato. Los trabajadores sociales dijeron que estaba muy desnutrida, al igual que su madre, la abuela de Kenyerber, y su hija de 6 años, Marianyerlis. La familia ha llegado a pasar hasta cinco días sin ingerir algo más que agua.

Marianyerlis sigue a Merchán por horas mientras llora, rogándole que le dé comida. Merchán se queda viendo hacia el piso mientras la niña solloza.

“Mamá, ¡tengo hambre!”, le dice.

Pesa entre 9 y 13 kilos según cuánto llega a comer.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC, por su sigla en inglés), las niñas de 6 años que pesan menos de 18 kilogramos están en el percentil más bajo del promedio de crecimiento infantil. Marianyerlis recientemente se desmayó tras no haber comido durante días.

La familia vive con otros parientes en un edificio de vivienda pública abandonado que no tiene agua potable ni tuberías, y cuya electricidad funciona con cableado improvisado. No es cómodo, pero su ingreso debe destinarse por completo a la comida.

A la derecha, María Carolina Merchán, la madre de Kenyerber y quien pesa apenas 29 kilogramos; su hija Marianyerlis, en el piso, la sigue a todas partes pidiéndole comida.

Los retratos de los niños cuando eran bebés, entre los bienes más preciados de la familia, adornan la pared. El único alimento en toda la casa es una bolsa de sal y un limón.

“Esto es una pesadilla”, dijo la hermana de Merchán, Andreína del Valle Merchán, de 25 años, al describir cómo los niños empiezan a vomitar, sudar frío y aletargarse después de días de no haber comido.

Su hija de 5 años ha perdido casi 5 kilogramos en lo que va del año y ahora solo pesa unos 7,5 kilogramos.

Se prevé que el sufrimiento de las familias venezolanas empeore en el 2018. Más allá de la previsión del Fondo Monetario Internacional respecto a la inflación, los observadores están preocupados de que el gobierno seguirá rechazando recibir ayuda por cuestiones políticas.

Es que si aceptan la ayuda, aceptan que aquí hay una crisis humanitaria y como Estado reconoces que tu población es vulnerable y, por lo tanto, tu política no sirvió”, dijo Susana Raffalli, especialista en emergencias alimentarias que trabaja como consultora para Caritas en Venezuela.

Según los críticos, el gobierno ha utilizado la comida como una manera de mantenerse en el poder.

Antes de las elecciones más recientes, la gente que habitaba en vivienda pública dijo que los visitaron representantes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) –los grupos que organizan la entrega de las cajas de alimentos provistas por el gobierno– y que los amenazaron con cortarles el suministro si no respaldaban al chavismo en las urnas.

Los familiares de Kenyerber no creen que vaya a mejorar la crisis económica. Temen que otro de los niños vaya a morir.

“Lo pienso día y noche y es lo que más me preocupa”, dijo Andreína.

Producido por Craig Allen, David Furst, Meghan Petersen, Andrew Rossback y Greg Winter.

Los látigos del hambre en Venezuela

Génesis Herrera (@genherr15), El Nacional Web

Eran muy delgadas, rondaban los cinco o seis años, tenían muchísima hambre. Parecían hermanas, compartían los mismos ojos enormes hundidos en unos rostros inocentes y sumamente demacrados que se tragaban toda la inocencia y la alegría que un niño debería tener en ese momento de su vida. Se estaban peleando por un muslo de pollo.

Jhonnairys Hernández se encontraba en el terminal Big Low de San Diego, estado Carabobo, el 4 de septiembre. La tarde comenzaba a caer y faltaba poco para que anocheciera. Hernández y su familia se dirigían a Caracas. Debían hacer un trasbordo y decidieron detenerse para comer en un establecimiento en el que vendían pollo. En el local no había mucha gente. Algunos murmullos inundaban los pasillos. Allí fue donde Hernández vio a las pequeñas.

La triste escena, que se había vuelto común en la vida diaria de todos los venezolanos, ocupó el resto de la tarde: cada una sostenía un extremo de la pieza y una de ellas intentaba morder un pedazo mientras la otra le gritaba “No, ya tú comiste”, bajando la cabeza para poder comer ella también. El hecho se grabó en la memoria de la joven para siempre.

“Sus huesos se marcaban en la ropa. Fue muy duro”, recordó.

Con el transcurrir de los meses, los casos de desnutrición en Venezuela se van replicando en todos los estados del país y el aumento parece ser imparable.

Para el año 2011, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de acuerdo al balance de su Examen Periódico Universal, informó que Venezuela se ubicaba entre los cinco países de la región con las cifras más bajas de desnutrición infantil en menores de cinco años de edad.

Entre 1990 y 2009, el índice de subnutrición disminuyó en 58%, pasando de 7,7% en 1990 a 3,2% en 2009.

Para finales de 2017 estas cifras parecen formar parte de una realidad ficticia, inalcanzable.

Un informe de la organización Cáritas Venezuela reveló en el mes de septiembre un incremento de la desnutrición infantil a raíz de la escasez de alimentos y la inflación más alta del mundo.

Las medidas para hacerle frente a esta situación parecen ser insuficientes o inexistentes, como señaló Jennifer Alfonsina, una madre desesperada que relató su historia.

Sentada en un consultorio del Hospital de Niños doctor José Manuel de los Ríos, ubicado en Caracas, sin haber desayunado, con una de sus hijas en su regazo y su hijo de pie a su lado, comenzó a contarle al equipo de El Nacional Web cómo era su situación.

Su hija menor, de dos años de edad, adormilada y mordiéndose el pulgar mientras ella la cargaba, presentaba un cuadro de desnutrición grave que apenas comenzaba a dar escasas señales de mejoría gracias al cuidado de los doctores de ese hospital.

Con una mano abrazaba con fuerza a su pequeña y con la otra acariciaba a su hijo, quien no se despegaba de ella ni por un momento.

“Mi niña empezó a perder peso, no gateaba, no alzaba la cabeza. Todo lo que hacía era dormir”, aseguraba Alfonsina, quien se quedaba pensativa por algunos segundos y trataba de animar a su hija. La madre explicaba en tono de disculpa que le daba lo que podía, usualmente arroz picado o yuca.

Para el año 2016 hubo un incremento y se tuvo registro de 110 pacientes, situación que encendió una primera señal de alarma y que se convirtió en una alerta atemorizante con las cifras del primer semestre del 2017, en el que los casos habían ascendido a 50.

La situación era compleja para todo el grupo familiar de Alfonsina, conformado por los dos pequeños que la acompañaban y una tercera hija mayor. El hambre, la angustia y un esposo ausente que la maltrataba y que no velaba ni siquiera por sus hijos, eran aspectos que la atormentaban diariamente.

“Yo siento que estoy luchando porque vengo al médico a traer a la niña. A veces vengo solo con una arepa en el estómago, un plátano, o nada”, dijo.

Ocasionalmente trabajaba vendiendo cigarrillos y café para poder mantenerse con “alguito”. La idea de perder a su hija la aterrorizaba, evitar ese escenario se había convertido en su motor de vida, la razón de su lucha.

En el centro asistencial le dan al paciente el sulfato de zinc, pero el resto de las vitaminas que los infantes necesitan las tienen que costear los padres. Soto indicó que es el Ministerio de Salud el que siempre se ha encargado de suministrar los alimentos y las vitaminas que los niños requieren, pero es una situación que ha cambiado. Ahora todos los insumos llegan al hospital a través de donaciones.

La doctora indicó que no solo registran casos de infantes con mala alimentación, sino también de sus padres, quienes han tenido que dejar de comer para darle lo poco que tienen a sus hijos.

Alfonsina, quien ya se iba del hospital con sus pequeños y que al momento de ponerse de pie dejó mostrar su torso delgado que parecía perderse dentro de un mar de ropa, dijo que no perdería la fe y que salvaría a su hija.

Muchas historias como la de esta madre llegan al área de trabajo de la doctora Soto, quién frente a esta situación hizo énfasis en que se debe manejar correctamente toda la información sobre este tema.

Explicó que la desnutrición grave es de tres tipos:

Primaria, cuando solamente es por falta de nutrientes.

Secundaria, cuando es por una enfermedad renal o cardíaca que tiene más demanda alimenticia.

Y mixta, que es cuando el paciente presenta una afección y no se poseen los recursos para darle la dieta y el tratamiento que requiere.

Además, señaló que los niños que acuden al centro asistencial no son desnutridos primarios solos, sino que generalmente llegan con alguna otra enfermedad como neumonía, cardiopatía o nefropatía, por lo que los males que afectan a los pacientes son mixtos.

La especialista también indicó que existe una suerte de ceguera frente a la realidad actual de la desnutrición infantil en el país. El Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional del Instituto Nacional de Nutrición (INN) era el encargado de informar sobre la situación, pero desde el año 2007 no publica las cifras y el único control que se tiene son los registros que elabora Cáritas en algunas comunidades venezolanas y que demuestran una tendencia que va en aumento.

Asimismo, alertó sobre el hecho de que 60% de los pacientes por desnutrición grave son lactantes, etapa sumamente importante para el crecimiento y desarrollo permanente del niño. Ese momento en la vida del infante es clave y recuperarse de una desnutrición en ese periodo es toda una dificultad que deben enfrentar los padres y para la que no están preparados.

Marisol Lore, de 23 años de edad, es otra madre a la que el hambre le ha tocado la puerta y se ha instalado en su vida y en la de su pequeño de 1 año y dos meses. Las noches en las que tuvo que acostarse a dormir sin nada en el estómago y con incertidumbre sobre qué le daría a su hijo la mañana siguiente, son innumerables.

Lore, quien vive en Catia, Caracas, aseguró para el equipo de El Nacional Web que desde hace un par de años no sabe lo que es tener una comida segura sobre la mesa. A veces come y la mayoría de las veces no.

Por las noches, la desesperación le llena el rostro de lágrimas y se siente inútil ante la situación de su hijo, quien llora desconsoladamente porque tiene hambre y ella no tiene nada más que agua para tratar de engañar al estómago de su pequeño.

Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres, aborda estos temas y advierte que Venezuela necesita con carácter de urgencia una serie de políticas públicas que atiendan lo que denomina como una etapa de inseguridad alimentaria severa.

La especialista indicó que con Cáritas Venezuela lleva el único monitoreo de desnutrición aguda que se hace a nivel comunitario, que son mediciones que se realizan cada dos semanas o cada mes en las parroquias de más bajos recursos.

En una entrevista para El Nacional Web, explicó que uno de los aspectos que más le preocupa es que los casos severos son muchos y siguen creciendo.

Destacó que cada vez hay más incapacidad a nivel institucional para solucionar esta problemática. A su juicio, esta situación debe ser tratada desde el comienzo, cuando se inicia el deterioro en las personas, pero esto es algo que no se ha tomado en cuenta.

“El Estado ni siquiera los ve, los ignoran. Dicen que no existen. ¿Cómo vas a resolver una emergencia que no quieres ver?”, sentenció.

Raffalli, con base en sus registros, señaló unas cifras que funcionan como un indicador para entender cómo se ha ido desarrollando la crisis alimentaria severa y cómo evoluciona de manera alarmante en todo el territorio venezolano, afectando sobre todo a quienes son más vulnerables ante esta realidad: niños, mujeres embarazadas, ancianos y los privados de libertad.

Indicó que 33% de la población infantil ya presenta retardo en el crecimiento y este es un daño tanto físico como mental que los acompañará toda su vida, es irreversible.

El problema de la crisis alimentaria perjudica a todos los componentes de la sociedad venezolana: adultos, ancianos, jóvenes y niños. Nadie parece poder escapar por completo de esta realidad abrumadora que a diario crece y que comienza a dejar daños permanentes en las generaciones futuras. “Todos los pasos que hacen posible que el alimento llegue a la mesa de cada venezolano están rotos y colapsados”, aseguró Raffalli.

El hambre como método de control

Frente a esta cruda crisis que atraviesa el país, es importante poder entender cómo funciona el hambre en la psicología del venezolano, por lo que en una entrevista exclusiva para El Nacional Web, Mikhael Iglesias, psicólogo e investigador social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó cómo el hambre se convierte en un instrumento de poder y control.

El 3 de abril de 2016, el gobierno de Nicolás Maduro creó Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como una medida para paliar el desabastecimiento que se aunaba a la creciente crisis económica y alimentaria en el país. Esta iniciativa se encargaría de la distribución de comidas, productos de higiene personal y limpieza del hogar de manos de las instituciones del Estado.

Ante este método, Iglesias explicó que solo se ha generado una relación de dependencia del Estado, donde se pierde la autonomía individual y colectiva. Dicha relación tiene su fundamento en el poder y el individuo queda completamente a merced de las políticas establecidas por el ente de poder, en este caso, el gobierno, que todo lo decide y lo controla.

El especialista explica que las necesidades básicas quedan atadas al que controla todos sus aspectos, es decir, el Estado. “Ellos son los que tienen el poder de decidir cuándo, dónde y qué comer”, afirmó.

“Una simple mención de esto hace ruido en la autonomía y en la libertad de los ciudadanos de nuestro país, Venezuela”, agregó.

El problema que atraviesan los venezolanos es agudo y se hace notar en casi todos los espacios de la sociedad. El psicólogo detalló que el hambre consigue atravesar todas las actividades de una persona y las altera, hecho que tiene un gran impacto en las relaciones interpersonales.

El tejido social comienza a fracturarse y eso que caracteriza al venezolano, como ofrecer café o comida a algún invitado, se vuelve una tarea imposible y de alguna manera la cultura comienza a desintegrarse.

¿Cómo actuar ante estos métodos de control?, es la pregunta que se plantea el investigador social. “Todo puede ser impredecible”, indicó.

Alertó que cuando el hambre se asienta, actúa como un narcótico, como un sedante, y sin notarlo, despacio, se naturaliza la miseria y la ceguera aparece.

Hacer cola para comprar, comer a medias, todo se vuelve algo “normal”. Poco a poco se va perdiendo la capacidad de soñar y de pensar en otras posibilidades para el país.

Iglesias indicó que el conflicto entre querer vivir una libertad y una democracia plena y sobrevivir está latente. A su juicio, hay que optar por fortalecer los vínculos comunitarios, familiares, laborales, escolares y todos los que sean necesarios.

“Si perdemos nuestros vínculos y se pierden las cosas que nos aglutinan como sociedad, ahí es cuando realmente se pierde el país, se pierde el norte”, expresó.

Caracas, por segundo año consecutivo, es la ciudad más violenta del mundo

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal

Con una tasa de 130.35 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2016 Caracas fue la ciudad más violenta del mundo, al igual que en el 2015, condición que confirma la grave crisis de delitos que agobia a Venezuela.

Cuatro de las 10 ciudades más violentas, entre las 50 que incluyen el ranking, son venezolanas: además de Caracas figuran en el top ten Maturín, Ciudad Guayana y Valencia.

De las 50 ciudades del ranking, 19 se ubican en Brasil, 8 en México, 7 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 4 también en Colombia, 3 en Sudáfrica, y 2 en Honduras. Hay una ciudad de El Salvador, Guatemala y Jamaica.

La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina (42 urbes).

En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 56,34 (40.754 homicidios dolosos entre 72.016,611 habitantes). Pero sólo las primeras 18 ciudades superaron ese promedio.

En Venezuela el repunte de la violencia es debido a la negligencia e ineptitud de los gobernantes y su completo desdén sobre la forma en que ha ido creciendo la impunidad, sobre todo ante el homicidio.

La impunidad en Brasil por homicidio es del 92%. En Guatemala y México, del 93%. En Venezuela, El Salvador y en Honduras, es del 95%.

Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en el 2016

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, con sede en México, es una prestigiosa asociación civil -sin fines de lucro- dedicada a la investigación estadística del delito, que cuenta con el reconocimiento internacional de las principales organizaciones del mundo, en el área del análisis del crimen.

Fotos vía web.

Informe del Secretario General de la OEA, ante el Consejo Permanente, sobre la situación de Venezuela

23 de junio del 2016

Señor Presidente, Embajadores, Representantes, Colegas:

Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y en mi calidad de Secretario General, solicito al Consejo Permanente que realice “una apreciación colectiva de la situación” en Venezuela y adopte “las decisiones que estime conveniente”.

En este sentido, me permito presentarles las razones por las cuales estimo que existe una grave alteración del orden constitucional en ese pais. Una buena parte de la información que presentaré, ya con anterioridad incluí en mi carta al Presidente del Consejo Permanente el 30 de mayo.

Hoy presentaré un informe actualizado, dado el rápido deterioro de la crisis en Venezuela.

La defensa de la democracia es uno de los principales mandatos de la OEA y la base fundamental de las relaciones internacionales en las Américas.

Estos principios están claramente plasmados

En la Carta de la Organización de Estados Americanos,

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

En la resolución de la Asamblea General AG/RES. 1080, “Democracia representativa”,

Y en la Carta Democrática Interamericana que es la verdadera Constitución de las Américas.

Estos no son documentos que nos hayan sido impuestos.

Como Estados Miembros hemos elegido firmarlos, unirnos al consenso sobre los principios que definen quiénes somos, en qué creemos y cómo interactuamos unos con otros.

Las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen solo cuando es conveniente.

Si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos estar dispuestos a actuar.

Si existen claras violaciones, nuestra obligación es señalarlas, En particular cuando se enfrenta una situación difícil.

Los temas que vamos a debatir hoy día están claramente delineados en la Carta Democrática Interamericana.

Es conforme a estas normas que consideramos que se ha alterado el orden democrático en Venezuela.

En el artículo 3 de la Carta se enumeran los elementos esenciales de la democracia:

El “respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto[…]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

En el artículo 4 se delinean los componentes esenciales para el ejercicio de la democracia:

“la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.

En mi informe del 30 de mayo se exponen claramente los argumentos de que ha ocurrido una alteración del orden constitucional que trastoca el orden democrático en un Estado Miembro.

Hoy, les pido que consideren las vidas, la salud y la seguridad del pueblo venezolano a la luz de estos compromisos.

El Consejo Permanente debería tomar las medidas necesarias para atender a la crisis humanitaria sin precedentes e innecesaria que sufre Venezuela.

El Consejo debería expresarse claramente sobre los prisioneros políticos y los informes persistentes de tortura.

El Consejo debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un referendo revocatorio

Es conforme a estos principios que debemos decidir actuar o no.

Como decía Desmond Tutu: “si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

La democracia es el gobierno del pueblo.

Aquellos que han elegido representar al pueblo, lo hacen para encauzar la voz de los ciudadanos en los procesos decisorios del Estado.

El Gobierno lo hace a través de la legitimidad que le ha conferido el pueblo, los ciudadanos.

Es un servicio al público; una vocación de servicio para el bien común.

No es un negocio en donde las personas buscan un beneficio o el poder.

La ética política nos conmina a ser coherentes con nuestras palabras y nuestras acciones.

Es mucha la tensión entre la ética y la política como para ensalzar a los líderes sin abusar del poder que se les confiere.

Cuando los Gobiernos y los políticos no cumplen con estas normas, vemos que los ciudadanos se frustran con sus líderes políticos.

Al perder la confianza en sus representantes electos, los ciudadanos harán que sus voces sean escuchadas.

Lo que hemos atestiguado en Venezuela es la pérdida del propósito moral y ético de la política.

El Gobierno se ha olvidado defender el bien mayor, el bien colectivo.

Venezuela tiene una de las más grandes reservas de petróleo del planeta, así como vastas tierras fértiles y una gran cantidad de recursos minerales.

El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo.

El enfrentamiento entre las ramas de Gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura de la gobernabilidad, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país.

La inflación ha llegado a 720%.

El PIB disminuirá un 8% más en 2016.

La deuda externa ha alcanzado los 130.000 millones de dólares; es decir, el equivalente de casi seis años de exportaciones de petróleo.

Venezuela ocupa el noveno lugar mundial con la peor tasa de desempleo.

El 73% de los hogares y el 76% de los venezolanos vivieron en la pobreza en 2015.

Después de lo que fue el 12º aumento desde que el Gobierno fue electo en 2013, el salario mínimo equivale aproximadamente a 13,75 dólares al mes.

Eso es menos de 50 centavos de dólar por día.

La falla sistemática del tipo de cambio controlado ha ocasionado que la moneda haya perdido el 99% de su valor desde 2013.

Las empresas internacionales han cerrado sus puertas porque nadie puede pagar.

La población enfrenta una escasez de alimentos y medicamentos sin precedente en todo el país.

Esta crisis está alcanzando un punto crucial.

Estos problemas no los causan fuerzas externas.

La situación que enfrenta Venezuela hoy día es el resultado de las acciones que han emprendido y siguen emprendiendo quienes están en el poder.

Venezuela podría y debería ser uno de los países más prósperos e influyentes en la región.

Pero más bien es un Estado plagado de corrupción, pobreza y violencia

La población sufre las consecuencias.

Es mucho más redituable para los negocios vender dólares subsidiados en el mercado negro que reabastecer los anaqueles de las tiendas.

La escasez de alimentos e insumos alcanzó el 82,8% en enero de este año.

Desde 2003, más de 150 productos alimenticios han sido puestos en la lista de precios fijos que ha establecido unilateralmente el Poder Ejecutivo.

En principio, los aumentos en los precios iban a la par de la inflación.

Sin embargo, desde 2007 la brecha entre costos de producción y precios fijos ha crecido exponencialmente y, en consecuencia, muchos negocios han cerrado sus puertas.

A fin de responder a esta escasez creada, el Estado ha intervenido cada vez más en la producción de alimentos, incluyendo a través de la expropiación o nacionalización:

De productores de café,

De ingenios azucareros,

De productores de arroz y pasta,

De Agriozlena, la principal compañía distribuidora de semillas,

De Lácteos Los Andes, el principal productor de lácteos,

De más de 10,000 hectáreas de ranchos ganaderos y lecheros

De por lo menos 5 productores de harina de maíz,

De dos fabricantes de aceites y

De la empresa Polar, la principal cadena de supermercados de Venezuela.

Esta escasez provocada por el Gobierno también ha dado lugar a una economía de mercado informal o “negro” de productos regulados.

Las comunidades más pobres fuera de la capital son las más afectadas.

El 87% de los venezolanos declaran que no tiene el suficiente dinero para comprar los alimentos que necesitan.

Se requerirían 16 salarios mínimos para alimentar debidamente a una familia.

Un cuarto de la población vive con menos de dos comidas al día.

La desnutrición afecta a los más vulnerables. Y las tasas de mortalidad infantil están aumentando a la par que los problemas de crecimiento entre los niños.

La falta de agua y electricidad se ha tornado común.

La única presa hidroeléctrica del país ha alcanzado niveles críticos, pues el agua apenas llega a cinco pies arriba del nivel en el que las turbinas simple y sencillamente dejaría de funcionar.

Ante esta falta de energía, las oficinas de Gobierno e instituciones públicas solo abren tres días a la semana.

La falta de insumos básicos y sustancias químicas, como el cloro para tratamiento de agua, ha dado lugar a un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua.

El sistema de salud en Venezuela enfrenta serios problemas al no haber equipo, ni doctores, ni medicinas.

Los servicios médicos se encuentran debilitados por el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento y actualización de los recursos y equipo técnico, lo que agrava todavía más la escasez de medicinas e insumos.

Los pacientes que requieren tratamiento deben aportar todo: desde papel higiénico, jeringas, medicinas y hasta frazadas.

Y cuando se les acaban estos insumos se interrumpe su tratamiento.

La inestabilidad ha dado lugar a la emigración en masa de profesionales de la salud. Incluso ha cerrado la mayoría de los hospitales cuyo personal era de origen cubano.

En enero de 2016, la Cámara de la Industria Farmacéutica reconoció una deuda de 6.000 millones de dólares con proveedores internacionales.

Las farmacias solo pueden surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados.

El 27 de enero de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró una emergencia nacional en el sistema de salud.

El 5 de abril de 2016, la Asamblea Nacional promulgó una ley especial para “atender la crisis humanitaria en salud”.

Con esta legislación se permitiría al Gobierno venezolano buscar asistencia internacional para responder a la crisis de salud. El 9 de junio la Corte Suprema la declaró inconstitucional.

La situación ha pasado de ser desesperada.

La violencia ha estado aumentando en las últimas semanas a medida que la escasez se hace intolerable.

Se han reportado más de 250 casos de saqueo este año en todo el país.

Los transportes de alimentos o bebidas fueron el blanco en el 81% de los casos de saqueo en sus rutas de distribución.

El 19% restante ocurrió en centros comerciales y almacenes.

Los embarques de alimentos ahora van acompañados de guardias armados, leales al Ejecutivo, protegiendo así las limitadas raciones de ciudadanos hambrientos.

El martes pasado, mientras nos encontrábamos reunidos en la Asamblea General en República Dominicana, en Cumaná, más de 100 tiendas fueron saqueadas y destruidas, y se reportaron por lo menos 3 muertes.

En el estado de Trujillo, las manifestaciones ocurren todos los días pues la gente protesta por la falta de servicios básicos del Gobierno.

Esto incluye la trágica muerte de una niña de cuatro años en un tiroteo afuera de un mercado en Guatire; son estos daños irreparables del aumento de la violencia.

La falta completa de confianza en el aparato de seguridad estatal sirve de incentivo para que las comunidades tomen la justicia en sus manos.

La fiscalía ha abierto investigaciones en torno a 74 asesinatos presuntamente cometidos por tales grupos en los primeros cuatro meses de este año.

Los índices de violencia y delincuencia han alcanzado niveles históricos.

Las estadísticas oficiales del Gobierno, que no son publicadas con regularidad, indican que en 2015 ocurrieron 58,1 homicidios por cada 100,000 personas.

La sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100,000 personas.

En 2015, el número de muertes violentas fue superior en Venezuela que el registrado en Afganistán.

El 66,7% de la población se siente muy insegura o en cierta forma insegura.

La escala de la victimización también ha aumentado drásticamente. En 2013, 54,2% de la población decía que ni ellos ni ningún familiar habían sido víctimas de un delito. En 2015, esa cifra bajó a 10,6%.

La penalización del Estado también es motivo de preocupación creciente.

Tres de cada cuatro venezolanos dijeron en una encuesta nacional que no creían que la policía podía protegerlos.

La policía, la Guardia Nacional, los jueces, los fiscales y el personal carcelario están involucrados de manera tácita o expresa en la delincuencia organizada, incluso en secuestros, asesinatos, robos o narcotráfico.

La fuerza paramilitar establecida por el Gobierno para reprimir la delincuencia organizada, ha sido acusada de ejecuciones sumarias.

No hay datos oficiales sobre las personas que mueren a manos de las fuerzas de seguridad.

En los últimos cuatro años murieron 1320 integrantes de fuerzas policiales y militares; de ellos, 75% no estaban de servicio en el momento de su muerte.

Este año ya se han notificado más de 109 muertes de integrantes de fuerzas policiales y de seguridad desde el 1 de enero.

Venezuela está en un estado perpetuo de lucha civil.

El colapso de una gestión de gobierno responsable y efectiva se ve exacerbado por la corrupción endémica que plaga al Gobierno.

Un estudio reciente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional suscitó preocupación en torno a gastos del Gobierno, que ascienden a 69.000 millones de dólares por presunta corrupción.

Dos ex integrantes del gabinete del difunto presidente Hugo Chávez han presentado quejas por la desaparición de ingresos derivados del petróleo del orden de los 300.000 millones de dólares.

Transparencia International clasifica a Venezuela en el lugar 158 entre 168 países evaluados en lo que se refiere a la corrupción. Esta es la posición más baja en el continente americano.

Los países que están por debajo, es decir, Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán e Iraq, son regímenes ilegítimos o países devastados por guerras prolongadas.

El Gobierno ha perdido la confianza del público, con 75% de los venezolanos consideran que hay corrupción generalizada.

Los derechos civiles y políticos son una clase de derechos que protegen las libertades individuales.

Garantizan la participación de las personas en los procesos de adopción de decisiones que las afectan, sin discriminación y sin represión.

El gobierno venezolano ha creado un esquema de persecución política en contra de quienes expresan opiniones contrarias.

Hay prensa libre cuando la prensa realiza una sana cobertura de las noticias políticas, se garantiza la seguridad de los periodistas y la prensa está protegida de presiones jurídicas o económicas indebidas.

En Venezuela, los medios de comunicación son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición de viajar, a censura indirecta y al acoso.

Los persiguen por publicar noticias o artículos con una óptica crítica del Gobierno.

Disposiciones poco precisas relacionadas con la “incitación al odio”, la “intolerancia” o la “incitación a la violencia” que se han usado de manera discrecional para iniciar procedimientos administrativos contra medios de comunicación que cuestionan o impugnan la propaganda del Gobierno, crean un ambiente de autocensura.

Las licencias de difusión están controladas por medio de un proceso opaco y discrecional, y con frecuencia se las suspende o no se las renueva.

La empresa estatal Corporación Maneiro controla el acceso al papel periódico.

Se acusa a empresarios supuestamente vinculados al Gobierno de comprar medios de comunicación, dándole a la cobertura periodística un tono favorable al Gobierno.

A las personas que han acudido a declarar ante esta institución que representamos sobre los retos que enfrentan en Venezuela, su Gobierno las llama “traidores de la patria”.

Una persona que no está de acuerdo con las medidas tomadas por un Gobierno elegido democráticamente no es un traidor.

La política es una discusión de ideas en busca del bien común.

Cuando el hombre que te acusa de ser traidor a la patria también controla las fuerzas armadas, los órganos de inteligencia, la policía nacional y el poder judicial, se trata de un acto abierto de intimidación.

La falta de un auténtico diálogo político ha llevado a los ciudadanos a salir a la calle a protestar para hacerse oír.

La penalización de protestas para acallar las críticas es la acción de un Estado autoritario.

Las tendencias en Venezuela han sido perturbadoras, a la vez que se está usando a los tribunales y a los juicios penales en medida creciente como arma de persecución política.

En Venezuela, las protestas públicas suelen ser reprimidas con fuerza excesiva.

El enero de 2015, autoriza explícitamente el uso de armas de fuego para controlar encuentros públicos y protestas pacíficas.

Esto contradice directamente la propia Constitución de Venezuela.

En 2013, cuando el Presidente Nicolás Maduro asumió el cargo, según el Foro Penal Venezolano había 11 presos políticos.

Entre enero de 2014 y el 31 de mayo de 2016 se denunciaron al Foro 4253 detenciones, arrestos o encarcelamientos.

Todos ellos vinculados a diversas protestas y críticas contra el Gobierno de Venezuela.

Actualmente hay 1986 personas a quienes se les aplican medidas restrictivas.

Otras 94 están en la cárcel.

Son Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre otros.

También son las personas utilizadas para hacer propaganda, los chivos expiatorios de los fracasos de la política del Gobierno.

Ese es el caso de Manny, un hombre de 54 años, con dos hijos. También era Director General de la cadena de supermercados Día Día.

El 2 de febrero de 2015, Manny fue arrestado, sin orden de arresto, afuera del Palacio de Miraflores, cuando salía de una reunión con el Vicepresidente de Seguridad Alimentaria.

Al cabo de 51 días de detención en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en El Helicoide, Manny fue acusado de delitos tales como acaparamiento, agravación de la escasez de alimentos e intentos de desestabilizar la economía.

El día de su arresto, las fuerzas de seguridad del Gobierno ocuparon los supermercados Día Día.

En noviembre de 2015, Manny fue liberado del centro de detención y se le siguen aplicando medidas restrictivas.

Este domingo pasado, Francisco Marquez Lara y Gabriel San Miguel fueron detenidos arbitrariamente por la Guardia Nacional mientras viajaban al Estado de Portuguesa para apoyar el proceso de referendo revocatorio.

Han sido interogados extensivamente por la policia y por el servicio de inteligencia, sin la presencia de sus abogados.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha encontrado más de 300 casos de detención arbitraria en Venezuela.

Desde 2014 se han denunciado al Foro Penal Venezolano 145 casos de castigo cruel e inhumano, incluida la tortura.

Gerardo es uno de los 120 estudiantes que fueron arrestados por la Guardia Nacional Bolivariana, sin orden de arresto, el 8 de mayo de 2014, en Chacao, Caracas. Formaba parte de un grupo de estudiantes que hicieron un campamento como medio de protesta pacífica junto a la sede del PNUD en Chacao.

El 21 de agosto 2014, varios oficiales sacaron a Gerardo de su celda. Lo esposaron a un caño, colgando del techo, donde lo dejaron más de 12 horas, con las muñecas envueltas con periódicos y cinta adhesiva para reducir al mínimo las marcas.

Fue golpeado violentamente, sufirendo serias lesiones en las piernas y en la espalda.

Lo acusaron de delitos menores de narcotráfico pero nunca se presentaron pruebas de su delito.

Gerardo fue detenido durante 17 meses, permaneciendo bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

En agosto de 2015, Joselyn, de 23 años, fue arrestada en el estado Falcón y permaneció detenida en una cárcel de máxima seguridad en Corco, donde compartía una celda con otros nueve presos.

Debido a la temperatura agobiante, los presos solían dormir desnudos, y de comer les daban solamente alimentos podridos.

Durante su permanencia en la cárcel, Joselyn sufrió violaciones sexuales y graves golpizas, tanto en el momento de su arresto como durante su detención.

Un mes más tarde le avisaron a la familia de Joselyn que la estaban poniendo en libertad a fin de que recibiera atención médica adecuada para sus graves lesiones.

Daniel tiene 18 años. El 18 de mayo, fue arrestado por el SEBIN, alegándose que había participado en protestas a favor del referéndum.

Durante el período en que estuvo encarcelado, a Daniel le propinaron duras golpizas y le aplicaron la picana eléctrica.

Otras seis personas que fueron arrestadas junto con Daniel declararon que se les aplicó un trato similar, con golpizas, amenazas de violación y picana eléctrica.

Daniel sigue incomunicado en El Helicoide, sede del SEBIN.

Debemos recordar que, cuando hablamos de presos políticos, no son simplemente cifras y estadísticas.

Son personas…

Tienen un rostro, un nombre y una historia…

Son madres, padres, hermanas, hermanos, hijos, hijas y cónyuges…

Son ciudadanos a quienes les importa el futuro de su país…

Tener presos políticos es claramente un acto de un régimen autoritario…

No puede haber diálogo cuando un gobierno detiene y encarcela arbitrariamente a quienes se expresan en su contra.

Eso no es democracia.

Estos relatos son solo unos pocos de los miles de relatos de ciudadanos venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente debido a sus ideas. No sus actos, sino sus ideas.

No basta con que no haya alimentos.

No basta con que no haya hospitales ni medicamentos.

No basta con que el nivel de delitos violentos se encuentre entre los más altos del mundo.

Cuando los ciudadanos se organizan para expresar su preocupación, los reprimen implacablemente.

El pueblo venezolano se enfrenta a un Gobierno que ya no le rinde cuentas.

Un Gobierno que ya no protege los derechos de los ciudadanos.

Un Gobierno que ya no es democrático.

La función misma del Gobierno se ha incumplido.

La separación de poderes es uno de los elementos más fundamentales de una democracia.

Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen cada uno su propio conjunto de responsabilidades y atribuciones, para prevenir la concentración del poder y disponer de mecanismos de control y equilibrio.

En Venezuela hemos sido testigos de un esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para impedir e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional.

El ejecutivo repetidamente ha empleado intervenciones inconstitucionales en contra de la legislatura, con la connivencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Las evidencias son claras.

Después de los comicios del 6 de diciembre y antes de la instalación del período de sesiones de la nueva legislatura, 13 de los 32 magistrados y 21 suplentes del Tribunal Supremo prestaron juramento mediante nombramientos partidistas.

Como resultado, una cadena de decisiones posteriores del Tribunal Supremo ha adoptado un modelo de bloquear cada una de las leyes promulgadas por la Asamblea Nacional.

Estas resoluciones han incluido una serie de decisiones para impedir que tres diputados ocupen sus escaños y así reducir la mayoría calificada de la oposición a una mayoría simple.

Invalidando la legislatura, el Tribunal Supremo aprobó dos decretos ejecutivos que declararon un estado de emergencia y un estado de emergencia económica, lo que concentró el poder en manos del ejecutivo y estableció límites arbitrarios a la autoridad de la legislatura sobre los contratos públicos, los altos funcionarios y el presupuesto.

Estos decretos ejecutivos también se han prorrogado dos veces.

El Tribunal Supremo ha determinado, además:

Limitar las funciones de auditoría de la legislatura, con lo cual se elimina la rendición de cuentas externa del Gobierno.

Eliminar la facultad de la legislatura para revocar los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo.

Impedir que cualquier enmienda constitucional sea aplicable al actual Presidente.

Declarar inconstitucionales y por ende inválidas las leyes para reformar el Banco Central, el Tribunal Supremo, enmendar el Reglamento Interior y de Debates del Congreso y la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad.

Bloquear la liberación de presos políticos detenidos por el Gobierno y

Prohibir las protestas no autorizadas en los alrededores del Consejo Nacional Electoral y ordenar que la Guardia Nacional y la Policía Nacional repriman “las protestas violentas”.

Por último, el Tribunal Supremo expidió un fallo oficial el 14 de junio para restringir las facultades de la Asamblea Nacional, pues afirma que se está extralimitando al pretender usurpar funciones del Ejecutivo.

El activismo del Tribunal Supremo se ha disparado con el número de fallos en el período de febrero a marzo de 2016, al pasar de dos a 252.

Entre el 5 de enero y el 24 de mayo se registraron nueve apelaciones. Todas las decisiones se han dispuesto a favor del poder ejecutivo.

Estos ejemplos demuestran claramente la falta de independencia del poder judicial.

El sistema tripartito de la democracia ha fracasado y el poder judicial ha sido cooptado por el ejecutivo.

Más del 60% de los jueces de los tribunales de primera instancia pueden ser destituidos de sus cargos, sin el debido proceso, si una comisión del Tribunal Supremo así lo decide.

La provisionalidad y la temporalidad de jueces y fiscales debilita aún más la independencia judicial y las posibilidades de imparcialidad.

A su vez, la falta misma de credibilidad en el poder judicial desalienta a los candidatos calificados de intentar obtener puestos en la judicatura.

La falta de independencia del poder judicial socava el acceso de los ciudadanos a la justicia.

En una encuesta reciente, solamente el 31% de las personas que respondieron aseveraron tener confianza en su sistema nacional de justicia.

La legitimidad de un Gobierno requiere la confianza de su ciudadanía.

En 1999, el entonces Presidente Hugo Chávez consagró la figura del referendo revocatorio en la Constitución de Venezuela como un vehículo para asegurar la “democracia participativa y protagonista”.

Este proceso está previsto en la Constitución.

En Venezuela, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

El artículo 72 señala que se puede convocar a un referendo revocatorio “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria”.

Si el referendo da como resultado la revocación del Presidente durante los primeros cuatro años, entonces “se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.

Si el plebiscito se lleva a cabo después de los primeros cuatro años, el Vicepresidente Ejecutivo asumirá la presidencia durante el período restante.

Debido a la falta de claridad en el proceso, incluso es imposible confirmar estas fechas.

Para activar el proceso revocatorio se requieren las firmas del 1% de electores que soliciten un referendo. Luego esa activación tiene que ser apoyada por al menos el 20% del público elector.

Si la Junta Nacional Electoral puede verificar los resultados, el Consejo Nacional Electoral convoca el referendo presidencial.

Para revocar el mandato presidencial la tasa de participación electoral debe ser superior al 25% y el número votos válidos debe ser igual o mayor al número de votos con los cuales se eligió al Presidente.

Nadie está por encima de la Constitución.

En agosto de 2004, cuando el Presidente Hugo Chávez enfrentó un referendo revocatorio el 59,1% del público votó en contra de su destitución.

Es responsabilidad del Presidente y del Consejo Nacional Electoral implementar este proceso, de conformidad con sus deberes legislativos y constitucionales.

Seguir un procedimiento previsto en la Constitución no es un golpe de Estado;

Por el contrario, negar, postergar u obstruir este proceso por cualquier vía es un abuso de poder y un trastorno patente del orden democrático.

El Consejo Electoral no ha proporcionado las garantías necesarias para la celebración del referendo revocatorio.

Se han expresado numerosas quejas sobre intentos deliberados de demorar activamente el proceso, entre ellas: demoras en la entrega de las planillas requeridas para reunir el 1% de firmas; retrasos en la verificación y validación del 1% de firmas; creación de cuatro requisitos nuevos de digitalización, verificación, transcripción y auditoría, y amenazas de difundir públicamente los nombres de quienes firmen en favor del referendo.

La coalición de la oposición ha presentado más de diez veces la cantidad de firmas que se requieren para iniciar el primer paso en el proceso.

Tras varios meses de retraso, el proceso de validación se inició apenas esta semana.

A través de un proceso opaco, el Consejo repetidamente ha incumplido sus propios plazos y ha actuado en violación de sus propias reglas.

Adicionalmente, cuatro de los cinco miembros del Consejo Electoral están vinculados con el partido en el poder, el PSUV.

Estos vínculos ponen en entredicho la capacidad de la mayoría de los miembros para decidir de manera independiente e imparcial.

Bajo estas circunstancias excepcionales, es imperativo que el proceso sea implementado de manera oportuna y transparente por una institución neutral que mantenga la confianza pública.

Los grupos que abogan por un referendo revocatorio han cumplido hasta ahora sus responsabilidades en este proceso.

El Gobierno y el Consejo Electoral no lo han hecho. La celebración del referendo revocatorio en 2016 es la única manera constitucional de resolver la crisis política en Venezuela.

Como miembros del sistema interamericano, todos queremos lo mismo:

Una solución pacífica a la crisis en Venezuela.

La vuelta al orden democrático.

El fin de la crisis humanitaria.

Estabilidad, alimentación, salud y seguridad adecuados.

El objetivo hoy es no castigar ni sancionar a Venezuela.

Estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y ayudarlo a volver al camino de la democracia – en ese sentido apoyo la idea de que se constituya un grupo de países amigos de la OEA.

Así pues, hoy les solicito a ustedes, miembros del Consejo Permanente, que consideren las recomendaciones que les he planteado:

Que se lleve a cabo antes del final de 2016 el referendo revocatorio previsto en la Constitución.

Que se libere de inmediato a todos los presos políticos.

Que los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias y empiecen a trabajar juntos de inmediato para responder a la crisis humanitaria.

Que todos los poderes del Gobierno trabajen juntos para recuperar la estabilidad y la seguridad en el país.

Que el poder ejecutivo cese de inmediato sus esfuerzos por desconocer a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y que se implementen y apliquen todas las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional.

Que se nombre a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso transparente acordado conjuntamente por los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno.

Que se establezca un ente independiente para combatir la corrupción, compuesto por expertos internacionales, facultado para hacer frente a la situación financiera en Venezuela.

Y, por último, afrecemos apoyo técnico a la Comisión de la Verdad y solititamos que se asegure la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sí, la democracia requiere diálogo.

Pero para que este diálogo sea eficaz, debe ir acompañado de acciones.

La democracia no tiene nacionalidad

La democracia es más que una elección; es más que contar votos en las urnas.

Es libertad.

Libertad de expresión, de asociación, de reunión.

Una ciudadanía empoderada.

Una judicatura independiente.

Una estructura de seguridad que tenga la confianza del pueblo y que le rinda cuentas.

Es el ejercicio legítimo del poder dentro del Estado de derecho.

Los Gobiernos democráticos tienen una responsabilidad hacia sus ciudadanos.

La responsabilidad de proveer seguridad, dar acceso a las necesidades básicas, proteger los derechos humanos.

Y rendir cuentas.

Asi que les pido considerar las vidas, la salud y la seguridad del pueblo venezolano.

El Consejo Permanente debería adoptar las medidas necesarias para abordar la crisis humanitaria inédita e innecesaria en Venezuela.

Debería expresarse respecto a los presos políticos y los persistentes informes de tortura.

Debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su solicitud de un referendo revocatorio.

El Consejo Permanente debe mantenerse del lado correcto de la historia y defender a un pueblo que necesita voz.

Solo volviendo a un ejercicio legítimo y responsable del poder, podrá Venezuela volver a la senda de la paz y de la prosperidad.

Los bachaqueros son peligrosos delincuentes

Sala de Información

“En el bachaqueo policías, militares, malandros, políticos, mafiosos y hasta el comercio formal, se dan la mano. El bachaqueo es producto de un gobierno absolutamente irresponsable y mentiroso. El bachaqueo es el resultado del mercado negro, la sofisticación crematística de la unión cívico-militar”. Elides Rojas

Los bachaqueros y colectivos se apropian de los espacios y coartan las posibilidades de personas dispuestas a hacer filas por horas con tal de adquirir artículos al precio legal. Ante cualquier cuestionamiento, las amenazas se convierten en represalias para aquel que solo exige su derecho.

Así lo relató Norkis Arias en un excelente trabajo para la revista Clímax, titulado “Bachaqueros: los más malandros de las colas”

En cada línea, Arias hurga en las experiencias trágicas de muchas víctimas de estos especímenes que no tienen contención gubernamental, quizás porque forma parte del “negocio”.

Eward Castillo le “robaba” los martes al trabajo, para acompañar a su madre a la cola del supermercado Éxito de Los Teques.

“Cuando en la zona se enteran de que van a llegar camiones a descargar, aparecen los colectivos en motos y secuestran el local. Se meten y se llevan lo que quieren, y dejan las sobras para los que hemos estado haciendo cola por horas”, relató el joven de 26 años.

Un día, la tropelía lo llenó de valor y enfrentó a un motorizado. Le reclamó su derecho a comprar comida. “La disputa se elevó a unos empujones y Edward estaba dispuesto entrarse a puños, pero su adversario se alzó la camisa para dejar al descubierto una pistola. Esa amenaza lo hizo tragar grueso y desistir. Instinto de supervivencia…”

Esa violencia reiterada, la que humilla y desmoviliza, es práctica común en cada centro que venta alimentos.

Es la necesidad que se encuentra con la avaricia y la viveza sin mezclarse”, dice el reportaje de Clímax.

Y lo grafica señalando que “Mientras el que necesita madruga para probar suerte en supermercados, farmacias y establecimientos “a ver si” consigue algo para comer, el vivo se aprovecha y lo amedrenta para desaparecer la “justicia” del léxico local. Esa palabra está moribunda”

Por otra parte, la reventa de productos regulados –que cuenta con la complicidad por omisión (presuntamente) del gobierno- por encima de su precio legal, se ha convertido en una actividad económica usual.

“Se ha sofisticado hasta alcanzar un estatus delictivo con modus operandi propio que se ha esparcido como maldición por todo el país”.

A Alicia Ortiz su esposo la deja a las 3:30 de la madrugada en el supermercado Unicasa de El Paraíso, para comprar y llevar a algo casa… si la suerte también madrugó y la acompaña.

“Madrugo porque antes del amanecer un hombre con cicatrices en el rostro nos quita la cédula a un número arbitrario de personas en la cola. Él es uno de los líderes de bachaqueros y, horas más tarde, cuando la Guardia nos pide las cédulas laminadas, el tipo les entrega las requisadas junto con las de otras personas que no se encuentran en el lugar”. ¿Hay o no complicidad?

Los ausentes son bachaqueros que van apareciendo paulatinamente y se incorporan a la fila

Alicia comentó a Clímax que “Casi nunca le protestamos al tipo porque después te pueden sacar de la cola o hacer algo peor”.

A veces quita 50 cédulas, a veces 80. Depende de cuántos números vayan a repartir ese día en el mercado. Y a esas les agrega como 100 más que es la de su gente”, contó.

Son delincuentes

Ingrid Cabrera le contó a Norkis Arias que en el Central Madeirense de La Alameda en Santa Fe, una bachaquera llegaba y se metía de primera en la cola. A quien revirara, le mostraba un cuchillo que escondía en su pantalón.

“Ya esa mujer –agregó Ingrid- no se aparece más por aquí. Llegó una más brava y la corrió, pero la intimidación es la misma. Es mejor dejarse colear a terminar bañado en sangre”.

Los vigilantes, en los centros comerciales, tienen un camión lleno de “bachaco vivencias”.

“Te cuento pero no me saques”, dijo uno en el Unicentro el Marqués: “Grisapas (guirisapas), insultos, golpes y bombas lacrimógenas, son comunes aquí”.

“Eso se ve aquí todos los días. La gente duerme desde la 1 de la mañana del día anterior y cuando amanece, llegan los bachaqueros y les dicen que tienen gente adelante”

“Se ponen 20 bachaqueros de primeros, después una persona que hizo su cola, 20 bachaqueros más, otra persona normal y así. Es mejor no reclamar. Hay gente que lo ha hecho, pero terminan sacándolos de la cola. No los dejan comprar, los amenazan y si no hacen caso le caen a coñazos”.

En su trabajo periodístico, Arias señaló que “Se trata de la supervivencia del más apto. Unos someten y otros se dejan someter. Hay que suprimir la dignidad y aceptar la injusticia para evitar la violencia en un territorio donde reina la impunidad

Mafia arrecha

El Correo del Caroní, en investigación de la periodista María Ramírez, reflejó en sus páginas el saqueo de un camión de embutidos que descargaría mercancía en la panadería La Marquesa, en Puerto Ordaz.

Miriam Muñoz, trabajadora del local, contó que abrió la puerta trasera para recibir la mercancía. El chofer abría las puertas del camión cava y en ese momento observó que un grupo de personas que se habían aglomerado para hacer colas en locales cercanos, que habitualmente amanecen con tumultos para comprar productos regulados, corrían hacia el camión.

“La gente que hacía cola en Génesis vino corriendo cuando abrían la puerta del camión, así que cerré el portón y me metí”.

En el video captado por un trabajador, se observa a más de 30 personas robando la mercancía con la ayuda de otros quienes tiraban desde el interior jamones y quesos, mientras el chofer del camión caminaba de un lado a otro sin saber qué hacer. En unos 5 minutos todo terminó.

Los locales cercanos a la panadería La Marquesa estuvieron cerrados en las primeras horas de la mañana, tras el saqueo. FOTO: Correo del Caroní

Además de la cava con embutidos, al chofer de un camión que iba a surtir leche “le quitaron como tres cajas de leche porque arrancó”, dijo la trabajadora.

Los bachaqueros son delincuentes organizados

“Hace como tres semanas estaba en una cola, en un supermercado en la calle 72, esperando que abrieran el acceso, porque había detergente. De repente, llegaron 6 personas obligando a los primeros en la fila a ceder sus puestos porque ellos iban delante. La gente se molestó y empezó a reclamarles, pero estos sacaron cuchillos y navajas, amenazando quienes estábamos esperando”.

Este es el testimonio de un cliente quien contó que “No es la primera vez que ocurre. Siempre son los mismos, y nadie dice nada, ni los policías que organizan la cola, ni los gerentes de la tienda“.

En un reportaje para Panorama, la periodista Keila Vílchez señaló que en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, esta acción se llama “Asociación para delinquir”.

Pero este no es el único delito. Los bachaqueros incurren en porte y uso ilícito de armas blancas y de fuego, especulación, alteración de la paz ciudadana y, al menos, otros 10 delitos.

Para el penalista Luis Prieto entrevistado por Vilchez,

“Muchas de estas personas forman parte de bandas de bachaqueros. Son delincuentes organizados, se asocian para delinquir. Cuando hablamos de delincuencia organizada, se trata de un grupo de 3 o más personas que se asocian por cierto tiempo, cometiendo un delito para obtener un beneficio económico para ellos o para un tercero; y esto está penado”.

Agregó que la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 37, establece que “Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado -por el solo hecho de la asociación- con prisión de 6 a 10 años”.

Según Prieto, “Estas bandas, que incluso se sectorizan según la ubicación de los supermercados, operan amenazando al cliente natural de estos locales. Generalmente, hay uno que suministra el dinero, quien los traslada, quienes hacen la cola y compran. Este delito es muy dañino, porque no se trata del pequeño revendedor, quien también incurre en un delito, sino que estos grupos muchas veces cuentan con complicidad interna en los supermercados y en los propios centros de distribución de los alimentos”.

El reportaje de Panorama señala que los relatos de los compradores lo confirman y, además, denuncian la vinculación de los cuerpos policiales.

Ricardo González, residente de la avenida La Limpia, confesó que “Hace varias semanas, vi con indignación cómo un policía metió a un grupo de 15 bachaqueros en la cola de las personas de la tercera edad, que yo estaba haciendo, para comprar unas afeitadoras. Lo peor, es que fui a buscar al funcionario porque, como siempre, los bachaqueros se quieren meter a la fuerza y pensé que el policía lo iba a impedir. Pues no. Se apartaron del grupo, hablaron algo y metió a la gente”.

Añadió el penalista que “Los policías que sean cómplices de estas organizaciones delictivas están cometiendo un delito de corrupción propia. Cuando un funcionario pide dinero para permitir que se cometa un acto delictivo, subsume su conducta en delitos tipificados en la Ley contra la Corrupción“.

También señaló que esa conducta es causal de destitución, según la Ley del Estatuto de la Función Policial, que en su artículo 97 prevé la destitución por la  “Comisión intencional o por imprudencia, negligencia o impericia graves, de un hecho delictivo que afecte la prestación del servicio policial o la credibilidad y respetabilidad de la función policial“.

Por su parte el comisario Biagio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público, declaró que tienen a más de 20 funcionarios con expedientes abiertos por estar presuntamente involucrados en las redes del bachaqueo.

“Estos grupos infringen el derecho al libre desenvolvimiento que tiene todo venezolano, contemplado en la Constitución en su artículo 20. Y que es sancionado en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp), en los delitos contra la libertad individual, en el artículo 175:”Cualquiera que, sin autoridad o derecho para ello, por medio de amenazas, violencias u otros apremios ilegítimos, forzare a una persona a ejecutar un acto a que la ley no la obliga o a tolerarlo o le impidiere ejecutar alguno que no le está prohibido por la misma, será penado con prisión de quince días a treinta meses”.

Los bachaqueros causan riñas, portan ilegalmente armas blancas y de fuego, sobornan, coñacean, ejercen violencia sicológica y –en casos- han asesinado.

“Estos grupos cometen delitos graves. Estas personas deben ser castigadas severamente“, precisó el jurista Prieto.

A ello deben añadirse otros delitos tales como especulación, acaparamiento, contrabando de extracción, alteración fraudulenta de precios, alteración de productos para cometer fraude con su venta, venta de productos vencidos y desestabilización económica. “Son delitos castigados con penas de 5 a 14 años de cárcel”.

Es importante destacar que el gobierno tiene todo un andamiaje jurídico para someter a estas bandas. ¿Tiene voluntad política para hacerlo?

Los bachaqueros son malandros

¿No son criminales aquellos quienes atentan contra la vida de los ciudadanos? ¿Y qué hace un bachaquero cuando especula con los alimentos y los medicamentos del pueblo?

Son preguntas que se hace el jurista Salomón Benshimol. “Hablamos de alimentos de la dieta básica y medicamentos que sirven para brindar salud a quienes viven en Venezuela, ya que esos delincuentes juegan con el hambre y la salud del pueblo y también con su buena fe y la necesidad de adquirirlos para poder subsistir”.

Agregó que “Eso continuará si no se ataca el problema de la complicidad de los funcionarios policiales y de comerciantes inescrupulosos, de los empleados de los puntos de venta de alimentos o medicamentos”.

“El bachaqueo –dijo Benshimol– es un enorme negocio que cuenta con militares, policías, comerciantes y toda una mafia que cobra su parte”.

Agregó que los bachaqueros son delincuentes y homicidas en potencia.

Según el diputado Eduardo Labrador, “Los  bachaqueros  se  han convertido  en  lanza y  cuchillo  contra  su  propio  pueblo, destruyendo la  base  fundamental de  la  convivencia y el sustento  nacional”.

Agregó que ya  es  la  hora  de prohibir, actuar y desmantelar al  bachaquero,  al  que  vende abiertamente en  las  vías  públicas,  al  que vende clandestinamente  en  su casa,  todos  por  igual  son  parte de  la cadena.

“Es necesario  hacer  sentir la  ley a estos delincuentes que le hacen daño a la sociedad,  no perdamos  tiempo  conciliando la  paz en medio  del caos  de  los bachaqueros,  impongamos  el  orden desde  el  imperio de  las leyes y  sobrevendrá  el  bienestar”, agregó el diputado.

Los bachaqueros son una plaga

El gobernador de  Anzoátegui, Nelson Moreno, aseguró en VTV que “Los bachaqueros son una epidemia, son un virus,  los bachaqueros son delincuentes, no podemos convalidar ni convivir con los bachaqueros, son una plaga de la sociedad y tienen que ser tratados como delincuentes, allí están los traficantes de drogas articulados, allí están los asesinos, allí están los ladrones, allí están los traficantes de armas, todos están articulados con el crimen organizado para imponer su ley, para vender cupos, para comprar cupos, para utilizar objetos para cortarle la cara a una dama, para cortar a un ciudadano, para crear el terror en las colas y ellos reinar. Los bachaqueros están propiciando violencia”

El gobernador denunció que bandas delictivas –asociadas al bachaqueo- están saqueando camiones y amedrentando a los propietarios de las empresas.

Por su parte, la presidenta de la cámara municipal de Puerto La Cruz, afirmó que “Los bachaqueros son unos delincuentes y tenemos que atacarlos, para acabar con la reventa de alimentos a sobreprecio”,

Para el Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, “El bachaquero es un delincuente, está al margen de la ley. Nadie en su sano juicio puede apoyar o defender a quienes contribuyen con el daño a la economía venezolana. Nadie puede asociarse a un bachaquero”.

El bachaquero es escoria social

Geovanni Peña, venezolano de a pie. chavista y víctima del bachaqueo, afirmó que “El bachaquero es nefando. Atroz. Los bachaqueros son delincuentes, andan asaltando con sus sobreprecios. Son tan despreciables que su misma clase social los ve como ladrones de siete suelas. El bachaquero afecta a su propia familia que es tildada de ladrones”.

Agregó que el Bachaquero es un delincuente, un mafioso, un sinvergüenza que roba al pueblo y pulveriza las finanzas de todos.

“El bachaquero, con su avaricia, le hace daño al pueblo venezolano. Hay que acabar con esta escoria social que arremete contra sus inocentes semejantes”.

Bachaqueros asesinos

El 26 de mayo un joven fue asesinado en Charallave por bachaqueros durante una riña en una cola para comprar productos regulados.

La víctima acudió en horas de la madrugada a un supermercado para abastecerse de productos regulados. Le tocó el puesto número 20 en la fila.

Un grupo de bachaqueros que controlaba la cola le entregó otro. Cuando el joven reclamó, los revendedores lo agredieron en múltiples ocasiones con un arma blanca, matándolo. Luego tiraron su cadáver a la quebrada de Charallave.

Ni con el pétalo de una rosa

Sin duda los venezolanos desprecian a los bachaqueros. A pesar de ello, no se atreve a neutralizarlos. Ni la sociedad civil, ni las autoridades.

Miedo, complicidad, negocio redondo, vaya usted a saber.

Lo cierto es que este país hoy está controlado por lo peor que ha parido en su historia. Y allí también están los bachaqueros.

Lo que llama la atención, es que si en la población hay el convencimiento de que los bachaqueros, además de ser delincuentes, le arrancan la comida a la gente, siendo el pobre la víctima más lesionada, entonces ¿por qué los saqueos son contra los comerciantes y no contra los bachaqueros que están abarrotados de mercancía acaparada?

“Bachaqueros: delincuentes y estafadores, un cáncer en aumento”. David Goncalves

En Sala de Información, también:

– Este es el brutal negocio del bachaqueo http://tinyurl.com/grdh578

– “Las bachaqueras me amenazaron y persiguieron hasta el carro. Me cayeron a golpes y se llevaron mis compras” http://wp.me/p2i0kq-13F

– “Los bachaqueros hicieron disparos al aire y nosotros, aterrados, estábamos dentro del supermercado” http://wp.me/p2i0kq-13F

– “Los bachaqueros rompen las piezas sanitarias de los baños, rayan las paredes y dejan restos de comida por todos lados” http://wp.me/p2i0kq-13F

– “No son vecinos ni gente humilde que viene a buscar comida. Son bachaqueros con armas y sin temor a la autoridad” http://wp.me/p2i0kq-13F

Este es el sistema de espionaje chavista con tecnología norteamericana

La maquinaria de espionaje opera con la última tecnología de inteligencia artificial creada por una transnacional epítome del imperialismo capitalista.

Los archivos del espionaje chavista, muestran un mundo paralelo de comunicaciones secretas obtenidas por una maquinaria de hackers militares y civiles, bajo orden directa del presidente Maduro.

Casto Ocando, Vértice

Ilustraciones: Andrea Phillips

El presidente venezolano Nicolás Maduro sabe cuántas mujeres le escriben a diario al teléfono móvil del líder opositor Henrique Capriles Radonski. Y las fotos que recibe. Y con quiénes se reúne cada día. Y sobre qué hablan en privado una buena parte de los más destacados dirigentes de oposición en Venezuela como Henry Ramos Allup y Julio Borges. Y cuáles son las vías de la oposición para comunicarse con operadores chavistas como Jorge Arreaza y Elvis Amoroso. O la información de identidad del círculo familiar de la Fiscal General Luisa Ortega.

Centenares de conversaciones y documentos filtrados por primera vez de los archivos del espionaje chavista, muestran un mundo paralelo de comunicaciones secretas e íntimas, obtenidas por una maquinaria de hackers militares y civiles bajo orden directa del Presidente Maduro, que utilizan todos los recursos tecnológicos, incluyendo tecnología de punta diseñada por firmas norteamericanas, para penetrar los secretos de la oposición pero también de altos funcionarios de su propio gobierno, una operación que según sus detractores, viola preceptos legales y constitucionales que en teoría protegen el derecho a la privacidad en Venezuela.

En este edificio blanco rectangular, ubicado frente al Palacio Presidencial de Miraflores, en el noroeste de Caracas, Venezuela, opera uno de los “bunkers” del gobierno de Nicolás Maduro que espía masivamente las comunicaciones privadas de miles de venezolanos.

De acuerdo a documentos internos del Centro de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) y testimonios de personas involucradas en sus operaciones, a los que tuvo acceso en exclusiva Vértice, el gobierno venezolano vigila, interviene y almacena simultáneamente las comunicaciones de centenares de políticos opositores, periodistas, activistas y sus familiares, utilizando para estas labores un pequeño ejército de oficiales del Ejército, la Armada, Aviación, la Guardia Nacional y la Guardia Marina.

Estos oficiales, que recibieron un entrenamiento especial en inteligencia tecnológica y contrainteligencia con la ayuda de asesores rusos, chinos y cubanos, se encuentran bajo el mando del mayor general Gustavo González López, uno de los militares sancionados por Washington, acusado de cometer graves violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.

El masivo monitoreo ordenado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, de conversaciones telefónicas, chats, correos electrónicos y millones de mensajes en las redes sociales, que requiere de una enorme capacidad de procesamiento de datos, ha sido posible gracias al uso de una tecnología de punta desarrollada no por los tradicionales aliados de Venezuela como Rusia, China o Cuba, sino por una firma multinacional norteamericana, epítome del capitalismo globalizado.

Además de organizar y almacenar la data obtenida en llamadas telefónicas, chats de Blackberry, correos electrónicos, conversaciones grabadas mediante el tradicional uso de micrófonos y la información suministrada por miles de “patriotas cooperantes” o espías civiles que operan dentro y fuera del país, los expertos del CESPPA rastrean y analizan constantemente miles de portales de internet y de redes sociales como Twitter y Facebook, para detectar posibles patrones de comportamiento de la oposición, e identificar enemigos con nombre y apellido.

Para llevar a cabo esta compleja tarea, el CESPPA se vale de un avanzado sistema informático, que curiosamente no fue concebido ni en laboratorios cubanos ni rusos sino en el corazón del Imperio enemigo.

Uno de los sofisticados sistemas informáticos usado por el CESPPA para procesar miles de millones de bytes por segundo es conocido como Watson, una plataforma desarrollada por IBM en honor al fundador de la firma Thomas J. Watson, como un cerebro artificial capaz de procesar grandes cantidades de data no estructurada, a través de un complejo proceso de razonamiento automático, que permite identificar patrones y tendencias, establecer relaciones, y responder a preguntas específicas utilizando gráficos complejos basados en la información contenida en la data.

El sistema Watson es capaz de realizar un análisis inteligente de la personalidad de un target, a partir de su interacción en redes sociales como Twitter. El análisis aquí presentado, corresponde al de la cuenta de Twitter del Editor en Jefe de Vértice, Casto Ocando.

Por ejemplo, el sistema es capaz de identificar los temas predominantes y hasta elaborar un perfil psicológico de la personalidad a partir de conversaciones, chats o redes sociales de la persona investigada. También permite establecer un mapa de relaciones a partir de las llamadas telefónicas o correos electrónicos, y básicamente ayudar a deducir si la persona puede representar un “peligro” para la estabilidad política del régimen, a partir de lo que habla, y con quiénes habla en sus comunicaciones.

El complejo software, desarrollado por IBM en sus laboratorios de investigación ubicados en Sillicon Alley, Nueva York, aplica “más de 100 técnicas diferentes” para procesar, analizar, organizar información almacenada en una base de datos creada a partir de una enorme cantidad de data en bruto, para identificar patrones o tendencias y ofrecer las respuestas más “inteligentes” a preguntas formuladas al sistema.

Según IBM, “Cuando Watson tiene frente una pregunta, más de 100 algoritmos analizan la pregunta de diferente manera y buscan muchas posibles respuestas; todo al mismo tiempo. Mientras tanto, otro conjunto de algoritmos evalúa todas las respuestas y les asigna un puntaje; por cada respuesta posible Watson encuentra evidencia para aprobar o refutar cada pregunta; todo en menos de tres segundos”.

Aunque originalmente la aplicación de IBM no nació para ser usada como poderosa herramienta por regímenes autoritarios como el de Venezuela, tuvo aplicaciones tempranas para fines de inteligencia.

Por ejemplo, la tecnología fue empleada en 2002 en Croacia con aprobación del gobierno norteamericano para combatir el terrorismo y la migración ilegal, una prioridad para Washington tras los ataques terroristas de Septiembre de 2001. El sistema se usó para analizar el flujo masivo de data proveniente de comunicaciones interceptadas de posibles grupos vinculados a Al Qaida en la región.

Para ese momento, Watson era famoso en los círculos de la inteligencia occidental por su capacidad de ofrecer en tres segundos un perfil gráfico en forma de diagrama, mapa u organigrama el perfil de un objetivo, con toda la data disponible, incluyendo conversaciones, transacciones financieras y mensajes personales.

El Sistema Watson  mostró una capacidad inusitada en el 2011, cuando compitió en el popular programa televisivo de preguntas Jeopardy!, contra competidores que habían ganado previamente, obteniendo el primer lugar y un premio de $1 millón.

Durante su participación en el programa, la computadora del sistema Watson tuvo acceso a una base de datos de 4 terabytes con más de 200 millones de páginas de data estructurada y no estructurada, incluyendo toda la data del portal Wikipedia, pero sin acceso a internet. Watson superó de forma consistente a todos los oponentes contra quienes se enfrentó, respondiendo preguntas complejas en cuestión de segundos.

A principios del 2013, Watson abrió nuevas posibilidades de aplicaciones a campos como el educacional, negocios y salud, para desarrollar nuevas estrategias en la cura del cáncer o la creación de nuevos mercados para nacientes iniciativas empresariales.

Sin embargo, el sistema ha sido aprovechado por los cuerpos de seguridad venezolanos, que lo utilizan para identificar todas las relaciones familiares, profesionales, políticas, o de amistad de una persona o target específico; así como sus llamadas, mensajes, correos electrónicos, chats, publicaciones, finanzas, bienes, procesos judiciales, viajes, intereses, hobbies y cualquier otra información sobre la cual exista al menos un pieza de información susceptible de ser almacenada digitalmente.

“Me han intervenido todo”, dijo a Vértice la dirigente opositora María Corina Machado. “Conversaciones privadas con mi madre y otras personas (…) teléfonos, correos electrónicos, redes sociales. Y estas conversaciones han sido divulgadas por funcionarios del Estado en medios que son públicos, en algunos casos editando, alterando y cambiándoles totalmente el sentido”, aseguró.

Para funcionar óptimamente, el sistema debe ser nutrido con la mayor cantidad posible de información utilizando todas las fuentes disponibles, incluyendo transcripciones de llamadas y correos intervenidos, transacciones financieras, mensajes de texto y de chats, y agendas telefónicas con la información de los contactos de las personas investigadas, una tarea en la que participan expertos y analistas para ayudar a optimizar la data.

De acuerdo a documentos en poder de Vértice, en el CESPPA el sistema Watson es alimentado por un grupo de 131 analistas, que introducen diario toneladas de información recabada de diversas fuentes gracias a la maquinaria de espionaje del gobierno de Maduro.

El equipo de coordinación estaba dirigido en el 2015 por el teniente técnico Osleiym Omar Andrade, un ex oficial de la Casa Militar de Maduro, que se especializó en informática en la Universidad Politécnica de Madrid e ingresó a las Fuerzas Armadas en el 2003.

Una licencia para operar legalmente el sistema Watson de IBM puede costar $3 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones de Paul Ward, profesor de Ingeniería de Software de la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá.

Vértice trató de confirmar si el gobierno venezolano había adquirido la licencia para utilizar el sistema Watson directamente de la transnacional tecnológica, pero varias llamadas telefónicas y correos electrónicos enviados a Lia Davis, Directora de Comunicaciones del Sistema Watson de IBM en Washington DC y Nueva York, no fueron respondidos.

Documentos que describen las operaciones del CESPPA muestran el uso intensivo del sistema. De acuerdo a un “Informe de Avance sobre el Sistema Watson”, con fecha 23 de abril del 2014, el sistema estaba siendo usado para trabajar sobre un número inicial de 50 objetivos en ese momento, cuando se comenzó a alimentar la base de datos del espionaje chavista. Los servidores operativos se encontraban en Islandia, de acuerdo a los documentos filtrados.

Cronograma de actividades CESSPA para las sesiones de entrenamiento y operación del sistema Watson.

El reporte de avance detalló que el proceso de identificación y procesamiento de objetivos mediante el sistema Watson estaba coordinado por un grupo técnico bajo la responsabilidad de un experto en computación de origen no militar.

Las tareas de los técnicos del CESPPA se centraron en utilizar la infraestructura del sistema Watson para llevar a cabo el “proceso de captura de objetivos”, y dirigir las “acciones especiales sobre el sistema”, entre ellas “ubicar a alguien”, u ordenar operaciones de “escucha” a otros objetivos.

La operación inicial del sistema de IBM por parte del CESPPA, que tuvo lugar en la última semana de marzo del 2014, abarcó los siguientes pasos:

  • Definir las autorizaciones para indicar teléfonos objetivos.
  • Definición de categorías para los objetivos.
  • Definición del perfil de los analistas del Sistema Watson.
  • Definición de protocolos de seguridad par analistas, asesores y otros involucrados.
  • Entrevistas a los analistas propuestos.
  • Definición, información y adiestramiento en los protocolos de recepción, envío, tipos de medios y otros.
  • Acondicionamiento especial de los equipos informáticos.
  • Entrenamiento a los analistas en el Sistema Watson.

Las agendas telefónicas de las personas espiadas, permiten elaborar un mapa detallado de relaciones y contactos utilizando el sistema Watson.

Cuando el sistema comenzó a operar efectivamente, se incorporaron otras instrucciones a los operadores:

  • Carga inicial de objetivos (mínimo 50).
  • Ajustes de operaciones.
  • Entrega de primer informe.
  • Ajustes al modelo de informe.
  • Informes periódicos.
  • Asesoría de alto nivel.
  • Proceso de captura de objetivos.
  • Informes eventuales según importancia del tema. Y finalmente,
  • Acciones especiales sobre el sistema (ej. Ubicar a alguien, escucha otros).

El informe llamó la atención sobre la inconveniencia de mantener los servidores donde se almacenaba la base de datos en Islandia, en lugar de tenerlos físicamente en las instalaciones del CESPPA, para “tener el control y administración de dichos servidores”.

Entre las primeras listas de objetivos cuyos teléfonos debían ser intervenidos, se incluyeron 10 nombres de activistas, opositores y periodistas:

  • Leopoldo López, ex candidato presidencial y fundador del partido Voluntad Popular, actualmente el más destaado preso político del régimen venezolano. Según la lista del CESPPA, López se comunicaba desde prisión con un teléfono Blackberry modelo 9320.
  • Diana de Agostino de Ramos, esposa del dirigente opositor Henry Ramos Allup, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que usaba un teléfono marca Blackberry, modelo 8310;
  • Nelson Bocaranda, reputado periodista y director del portal runrun.es, que se comunicaba con un teléfono Samsung S4;
  • Alfonso Marquina, diputado opositor a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo, que operaba un teléfono celular marca Samsung;
  • Liliana de los Angeles Hernández, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo y miembro de la organización paragua opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD);
  • Adriana Pichardo Bello, politóloga y activista opositora en el estado Aragua, en el centro de Venezuela, con un teléfono Samsung S3;
  • Y los ciudadanos Luis Enrique García, Traina Johana González Rocca, Juan Guillermo y Jesus Eduardo Bellorín González.

En una lista separada, se propusieron otros nombres para ser procesados e intervenidos:

  • Lilian Tintori y Diana Lopez, esposa y hermana, respectivamente, del dirigente Leopoldo López.
  • Rosa y Clara Scarrano, esposa y hermana del alcalde opositor Enzo Scarrano, en prisión por razones políticas desde marzo de 2014.
  • Patricia Ceballos, esposa del también alcalde opositor Daniel Ceballos, encarcelado junto a Leopoldo López desde marzo de 2014.
  • María Bolívar Lucchese y Vicenzo Bolívar, esposa y cuñado de Salvatore Lucchese, ex jefe policial opositor que permanence detenido por razones políticas junto a Leopoldo López y Enzo Scarrano.
  • Y la periodista Del Valle Canelón, cuya cobertura informativa ha sido crítica de la administración chavista.

El alcance del sistema Watson de IBM ha otorgado al gobierno de Maduro, en teoría, un poder de vigilancia sin precedentes y de legalidad cuestionable.

“La arbitrariedad en el uso de estos recursos de inteligencia para otro tipo de tareas y no para proteger la seguridad de la nación, sin ningún tipo de balance o contrapoder, es profundamente preocupante. Es el ejercicio arbitrario del poder, y puede generar prácticas mafiosas”, indicó Carlos Correa, director de Espacio Público, una organización sin fines de lucro que monitores las libertades civiles y de información en Venezuela.

Desde su creación, el CESPPA no ha estado exento de controversia. Fue creado formalmente el 7 de octubre del 2013 por decreto del presidente Nicolás Maduro. Originalmente se establecieron como objetivos centrales del centro la unificación de la información sobre seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores, y la discrecionalidad de calificar como reservada o clasificada cualquier tipo de información en función de la seguridad de la “patria”.

Adicionalmente, el decreto precisó que la información que debía recabar el CESPPA iba a concentrarse fundamentalmente en “la actividad enemiga interna y externa”, y sujetó sus funciones a los requerimientos de “la Dirección Político-Militar de la Revolución Boliviariana”, lo cual convertía al organismo de seguridad en una herramienta del chavismo para combatir a grupos opositores o “enemigos”.

“El término ‘enemigo’ (…) es utilizado sólo en casos de Guerra y se refiere a enemigos externos. Cuando se habla de enemigos internos se trata entonces de los ciudadanos”, subrayó en un comunicado el independiente Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que cuestionó el CESPPA como un organismo que podía incurriren la censura informativa y atentar contra la libertad de expresión en Venezuela.

En una segunda redacción del decreto, apenas dos semanas después de haber sido creado el CESPPA, suavizó el lenguaje y eliminó las menciones a “enemigos internos”, aclarando que el organismo iba a estar bajo responsabilidad directa del Presidente de la República, y no de la “revolución”.

Sin embargo, cuatro meses después, el 13 de febrero del 2014, cuando fue publicado el reglamento del CESPPA, las críticas arreciaron. No sólo su director, el general Gustavo González López, era al mismo tiempo el jefe de los servicios de inteligencia (Sebin) de Maduro, sino que las funciones del organismo prácticamente no tenían límite en cuanto al espionaje y seguimiento de todo lo que pudiera ser considerado, discrecionalmente, como una amenaza a la revolución.

“El CESPPA nació como un organismo capaz de meter sus narices en todas partes, casi con impunidad. No hay nada que se le asemeje en la era democrática, ni siquiera en la década de los 60, con la paranoia que generó la ofensiva guerrillera en Venezuela apoyada desde Cuba”, dijo a Vértice el coronel retirado Claudio García, que trabajó en la otrora Dirección de Inteligencia Militar (DIM), hoy conocida como Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en la época pre-Chávez.

“Todo lo que hace el CESPPA es muestra de un aparato represivo de intimidación y persecusión que llega incluso a meterse en tu vida privada para ser manipulada y usada por el gobierno para sus propios fines”, dijo Carlos Vecchio, dirigente del partido Voluntad Popular, que dirige el prisionero político Leopoldo López.

Para llevar a cabo esta compleja tarea, el CESPPA se vale de un avanzado sistema informático, que curiosamente no fue concebido ni en laboratorios cubanos ni rusos sino en el corazón del Imperio enemigo.

El periodista Juan José Farías colaboró con este reportaje.

 

Los 11 pretextos que inventó Maduro para decretar el Estado de Excepción

Katiuska Manrique

Desde que Maduro anunció el 13 de mayo que firmaría un nuevo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, los venezolanos nos preguntábamos: primero, qué era tal decreto; y, segundo, en qué se basaba el régimen para aprobarlo. Ya publicado en Gaceta Oficial, a continuación un resumen de los 11 pretextos utilizados por Maduro.

Pretexto No. 1

Alegan como excusa que desde la muerte del Chávez, algunos sectores políticos se han aliado con sectores extranjeros para promover descontento popular y desestabilizar las instituciones del Estado.

Pretexto No. 2

Alegan como excusa que desde las elecciones presidenciales de abril 2013, la oposición ha menoscabado la voluntad popular  y ha sometido a la población venezolana a la zozobra, mediante la “aplicación de esquemas perversos de distorsión de la economía venezolana tales como el acaparamiento, el boicot, la usura, el desabastecimiento y la inflación inducida”.

Pretexto No. 3

Alegan como excusa que, aunado al hecho descrito, se le suma la caída de casi 70% del precio de la cesta petrolera, que ha provocado “una disminución sensible de la disponibilidad financiera”, pero dicen que a pesar de esta situación ellos (el régimen) han “mantenido la satisfacción de los derechos fundamentales de la población”.

Pretexto No. 4

Alegan como excusa que la nueva AN ha pretendido desconocer todos los Poderes Públicos y promocionar la interrupción del período presidencial por cualquier mecanismo “fuera del orden constitucional”, llegando inclusive a “amenazas e injurias contra las máximas autoridades” de todos los Poderes Públicos.

Pretexto No. 5

Alegan como excusa que tuvieron que implementar una serie de medidas para poder contrarrestar los ataques de la oposición, la guerra económica nacional y extranjera, para “proteger al pueblo de Simón Bolívar”.

Pretexto No. 6

Alegan como excusa que como el presidente de Estados Unidos, Barack Obama prorrogó  la orden ejecutiva que considera a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional, ellos (el régimen) se sienten amenazados porque lo consideran como una injerencia extranjera.

Pretexto No. 7

Alegan como excusa al fenómeno El Niño como el culpable de no poder producir alimento, y materia prima, el desabastecimiento interno de alimentos, el colapso eléctrico nacional, la disminución de las reservas hídricas para proveer los servicios de agua y de electricidad, y los efectos desfavorables en la productividad del país.

Pretexto No. 8

Alegan como excusa que hay agentes económicos auspiciados por intereses extranjeros que han obstaculizado el acceso de “los venezolanas y venezolanos” a bienes y servicios, y responsables de generar deliberadamente malestar en la población. Induciendo el “bachaqueo”, “las colas inducidas” y “la incitación a la violencia entre hermanos”.

Pretexto No. 9

Alegan como excusa que han  detectado grupos criminales armados y paramilitarismo extranjero, actuando en conchupancia con actores políticos nacionales, que a su vez están siendo financiados desde el extranjero con el “afán” de desestabilizar la institucionalidad del Poder Público, “generar problemas de orden público que causen malestar a la población” y vulnerar la seguridad nacional.

Pretexto No. 10

Alegan como excusa que la “confrontación deliberada del  Poder Legislativo contra los Poderes Públicos”, la guerra económica, los ataques a la estabilidad nacional, la agresión de potencias extranjeras, las amenazas y el desconocimiento al Orden Juridico, “ponen seriamente en peligro la seguridad de la nación” porque el motivo ulterior de todo esto es derrocar al régimen. Qué tal?

Pretexto No. 11

En esta última excusa ellos (el régimen) alegan que la concurrencia de todas las situaciones extraordinarias (climáticas, económicas y políticas) descritas, requiere de “la aplicación de urgentes y excepcionales medidas para proteger al pueblo” en “función de las amenazas internas y externas existentes”.

Les recomiendo leer la Gaceta Oficial, para que comprueben la aberración y el mamotreto que es ese decreto inconstitucional de Maduro. Un documento mal escrito, mal redactado y sin ningún fundamento legal ni argumentativo.

Esta es la Gaceta Oficial No. 6.227