Asesores del gobierno venezolano con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra

Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI), Correo del Caroní

Los miles de millones de dólares que encendieron el alerta internacional por presunta corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), no eran lo único que se lavaba en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Funcionarios vinculados a otros ministerios e instituciones del Estado venezolano desfilaron por las oficinas que instaló el banco andorrano en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) en el este de Caracas. Utilizaron esa entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas, según revelan documentos oficiales de la Policía de Andorra, entre 2010 y 2012.

La detención del comisario Norman Danilo Puerta Valera, exjefe de la División Contra Drogas de la policía científica de Venezuela (CICPC, entre 2004 y 2007) fue el escándalo que develó la estrecha relación entre Venezuela y la BPA. Lo aprehendieron el 7 de junio de 2010 por “la presunta comisión del delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico”, reza el expediente enviado por la Justicia de Andorra a la Fiscalía de Venezuela ese mismo año.

Puerta Valera tenía una cuenta en la BPA con de 1.446.992 dólares americanos, que abrió en 2006 en una oficina instalada en Caracas. Nunca declaró que era un funcionario policial de alta jerarquía, pues eso lo convertía inmediatamente en una Persona Expuesta Políticamente (gente cuyas cuentas y transacciones deben ser vigiladas con atención).

El único documento que consignó fue un carnet de membresía de la Asociación de Ganaderos del Distrito Mauroa del estado Falcón. En un video publicado el 17 de julio de 2012 en Youtube, el ex policía relata cómo fue captado por el español Xavier Mayol González, directivo de la BPA que abrió la oficina de Venezuela, y por una de las representantes de la entidad en el país, la venezolana Mariela Milagros Prieto González.

Norman Danilo Puerta Valera, el ex comisario antidrogas venezolano detenido en Andorra con una cuenta equivalente a $ 1,4 millones e investigado por lavado.

La documentación del Grupo Antiblanqueo del Principado de Andorra tiene más de 150 folios con declaraciones de los sospechosos y las actuaciones de fiscales y jueces desde 2007 hasta 2010. También se incluyen las actas de los interrogatorios a Puerta, en las que involucra a dos funcionarios de un despacho gubernamental: Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, quienes fungían o se presentaban como “asesores del ministro de Economía y Finanzas”, según consta en las copias de los pasaportes diplomáticos consignados ante BPA y a los que se tuvo acceso.

El contenido de la investigación —denominada por las autoridades de Andorra como Operaciò Cru (Operación Crudo)— confirma en buena parte lo expresado por la Unidad Contra el Crimen Financiero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Fincen en siglas en inglés): la red de lavado de dinero en la que participaban funcionarios venezolanos de alto rango contó con la complicidad de agentes y empleados de BPA para desviar grandes sumas de dinero y esconderlas en el paraíso fiscal. Así lo reseña el informe preliminar del Fincen publicado el 10 de marzo de 2015.

Salvoconducto de lujo

Los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez fueron emitidos el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana. Para esa fecha, la cartera de Economía y Finanzas estaba en manos de Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Hernández había sido condenado por la justicia venezolana por tráfico de heroína en el año 2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en el 2010 por intento de robo de una aeronave.

Un funcionario de la Cancillería venezolana, quien pidió no ser identificado, contó que durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) se hizo frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros.

“Estas solicitudes generalmente llegaban a la Cancillería desde Miraflores (sede del Ejecutivo), de la Secretaría de la Presidencia. Estos documentos se aprobaban porque era una orden del Presidente de la República, y así dice el Reglamento de Pasaportes”, indicó.

La Dirección de Inmunidades y Privilegios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela es la dependencia que autoriza la emisión de pasaportes diplomáticos. El decreto que regula la emisión de estos documentos en Venezuela está vigente desde 1974.

La figura de “asesor de ministro” no aparece entre los 12 cargos o funciones que tienen derecho a recibir un pasaporte diplomático. Sin embargo, el Reglamento de Pasaportes  faculta al despacho de Relaciones Exteriores a otorgar pasaportes diplomáticos a otras personas “cuando así lo ordene el Presidente de la República”.

Algunos ministerios también comenzaron a solicitar pasaportes directamente a la Cancillería, dijo el funcionario. “Pero en estos casos se consultaba con el ministro o viceministro (de Relaciones Exteriores). Si ellos los autorizaban, se emitían”. Alí Rodríguez Araque era el ministro de ese despacho para la fecha, mientras que el general Arévalo Enrique Méndez ocupaba el viceministerio.

Un allegado a Hernández y Gil confirmó que los pasaportes habían sido tramitados a través de la Secretaría de la Presidencia, que para ese entonces estaba a cargo del coronel del ejército Manuel Barroso.

“En esa época se otorgaron pasaportes diplomáticos a varios asesores de ministros. Por ejemplo, recuerdo el ministerio de Finanzas”, precisó el funcionario.

El narcotraficante colombiano Farid Feris Domínguez, alias “El Médico”, también tenía en su poder un pasaporte diplomático que lo acreditaba como asesor del ministro de Finanzas, cuando fue detenido en Venezuela el 22 de septiembre de 2006. En una entrevista realizada por el periodista Gerardo Reyes, en el Nuevo Herald (14/01/07), el capo aclaró que nunca conoció al ministro Merentes, pero sí dijo que era amigo del comisario Marcos Chávez, director de la policía científica de Venezuela.

Un “asesor” que traficaba heroína

Tulio Antonio Hernández Fernández nació en Barquisimeto, estado Lara, tiene 48 años y aparece registrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como votante en esa ciudad. La última vez que cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) fue en 1990, como trabajador de la antigua Embotelladora de Refrescos Marbel, ubicada en la vieja carretera Barquisimeto-Yaritagua, también en el estado Lara.

Tulio Antonio Hernández Fernández.

Su nombre aparece en la investigación de la Policía d’Andorra y el Grup de Delinqüenciència Organizada i Blanqueig como uno de los supuestos funcionarios del Gobierno venezolano que transfería grandes sumas de dinero a varias cuentas abiertas en la sucursal de Banca Privada D’Andorra (BPA) en el principado.

Al menos dos de estas cuentas en BPA estaban registradas a nombre del comisario Norman Danilo Puerta Valera, quien estuvo detenido en Andorra en dos ocasiones por esta investigación sobre presunto lavado.

Puerta declaró ante las autoridades que el saldo de 1,4 millones de dólares provenía de transacciones por la venta de ganado en Venezuela, sus prestaciones sociales (aunque para la fecha no había sido jubilado) y una deuda que contrajo.

Una fuente de la investigación en Andorra reveló que Hernández Fernández y Gil Yánez llevaban maletas —vía valija diplomática— llenas de dinero en efectivo que repartían en distintas cuentas en la BPA. Sin embargo, el expediente de las autoridades andorranas asegura que Hernández Fernández nunca viajó al principado.

“Se desplaza su mujer y gerente de la sociedad United Consulters de Venezuela. Este señor abre dos cuentas denominadas Crown Investors y Central Togo. Las sociedades son compradas a través de BPA Serveis, a un despacho en Panamá”, precisa uno de los documentos.

Hernández Fernández tiene antecedentes penales. En 1991 fue condenado por lesiones intencionales graves. Fue detenido en 1999 junto a otros cuatro venezolanos en el estado Zulia —al occidente del país— cuando la policía científica le incautó 1,4 kilos de heroína. La Fiscalía venezolana le imputó cargos por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En el juicio admitió los hechos. Recibió una sentencia de siete años y seis meses; pero estuvo preso solo 11 meses y 11 días. La jueza del caso, Luisa Rojas de Isea, le otorgó una “medida cautelar” que le permitía cumplir la pena en libertad bajo un régimen de presentación que se extendió hasta 2008.

Hernández estaba “cumpliendo” una condena en libertad por tráfico de drogas cuando recibió el pasaporte diplomático con el número 532/2004 que le permitía fungir en el exterior como “asesor del ministro de Finanzas”. Desde 2002 —año del paro petrolero contra Chávez— hasta finales de 2004, en la cartera de Finanzas estuvo el economista Tobías Nóbrega, quien fue luego imputado por corrupción durante su gestión por la sobrefacturación, de más de 5 millones de dólares, en la compra por parte del Estado de dos edificios en Caracas.

El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, destituyó en diciembre de 2004 a Nóbrega —casi seis meses después de que el escándalo estallara— y en su lugar designó al matemático Nelson Merentes. Nóbrega huyó a Portugal. En 2011 la Contraloría venezolana lo halló responsable de peculado doloso y le impuso una sanción que le impide ejercer cargos públicos durante 15 años.

Merentes, entonces presidente del Banco de Desarrollo Social (BANDES), asumió el despacho de Finanzas a partir del 7 de diciembre de 2004. Tres semanas después, la Cancillería venezolana autorizó y emitió los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez como “asesores del ministro de Finanzas”.

En el expediente judicial llevado en Andorra también se detalla que Hernández Fernández era cliente de BPA y representante, junto a su esposa Yajanira Dayana Ontiveros Linares, de las empresas panameñas Alhambra Gold Holding, registrada el 28 de marzo de 2006; y Central Togo, registrada el 14 de febrero de 2007, según consta en los archivos de la Notaría Primera de Panamá.

Yajanira Dayana Ontiveros Linares, la esposa de Hernández Fernández, viajó a Andorra.

Hernández Fernández se jactaba ante amigos y conocidos de que tenía una oficina en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano.

Tanto él como su esposa frecuentaban el Country Club de Barquisimeto. La familia de Hernández mantiene un perfil público en esa ciudad del occidente de Venezuela, donde su hermano, Jorge Hernández, es dueño del equipo de baloncesto profesional Guaros de Lara y tiene estrechos vínculos con altos funcionarios del chavismo.

En el acta de interrogatorio —del 9 de junio de 2010— quedan registradas las preguntas que le formuló la jueza instructora andorrana, María Àngels Moreno Aguirre, a Norman Danilo Puerta Valera:

¿Sabía usted que Tulio Hernández Fernández había sido condenado por tráfico de heroína en Venezuela?

—No lo sabía, pero el banco debía haber sabido. Los nombres, conexiones y antecedentes de las personas detenidas, no los demás.

¿Cómo es posible que siendo un comisario de policía no verificara los antecedentes de sus interlocutores, a los cuales daba la confianza de enviar tales cantidades de dinero en efectivo?

—No se me ocurrió ya que eran representantes de un banco y esto les daba confianza y respeto. El que llevaba la batuta en dicha empresa y hablaba era Gabriel Gil Yánez y Tulio Hernández Fernández, quien estaba presente pero en un segundo plano.

Un testigo vinculado al caso, que accedió a declarar para este trabajo bajo condición de anonimato, aseguró que otra empresa de Hernández Fernández, United Consulters de Venezuela, con sede en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas, CCCT, operaba como una casa de cambio ilegal:

“Diputados, gobernadores, ministros, testaferros, militares y hasta comisarios de la Policía científica desfilaban por esa oficina con grandes sumas de dinero en bolívares. Vendían y compraban dólares que en ocasiones enviaban a cuentas en el extranjero”.

La oficina de Hernández tenía un problema: tenía dólares, pero se quedaba sin existencia de bolívares. “Entonces recibía grandes sumas de dinero, a modo de préstamos, de sus clientes. Uno de ellos fue el empresario Raúl Gorrín, quien a su vez obtenía préstamos del Banco Canarias, gracias a su relación con el banquero Álvaro Gorrín, a quien defendió en el caso Microstar”.

La misma fuente, que prefirió resguardar su identidad, comentó que en una de sus transacciones comerciales con sus clientes, United Consulters de Venezuela emitió un cheque al abogado y empresario Raúl Gorrín por Bs. 890 millones, equivalentes a $ 1,9 millones a la tasa de cambio oficial en 2007. Gorrín es actualmente copropietario del canal de noticias venezolano Globovisión.

Con pasaporte diplomático y maleta de dólares

Gabriel Ignacio Gil Yánez también nació en Barquisimeto y tiene 45 años. Portaba el pasaporte diplomático número 530/2004 como asesor del entonces ministro de Finanzas, Nelson Merentes.

En el informe de la Unidad Antiblanqueo de Andorra, Gil Yánez aparece como accionista y director de la sociedad mercantil Pepperpot, creada en 1997 e inscrita en 2009 en el Registro Mercantil 5to de Caracas. Esta compañía, con sede en el exclusivo Centro Empresarial La Lagunita de la capital venezolana, enunciaba entre sus servicios y actividades la construcción y remodelación de inmuebles, aunque en la práctica actuaba como un “banco de segundo piso”, una entidad que facilitaba transacciones y permutas en moneda extranjera.

Gabriel Ignacio Gil Yánez.

Como trabajador de esa misma empresa, Gil cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por última vez en enero de 2015. Esta empresa también “tiene en marcha la construcción de 52 apartamentos en Venezuela, así como en el proyecto de asfalto en Maturín”, según consta en la documentación.

El 3 de marzo de 2006, Gabriel Ignacio Gil Yánez abrió una cuenta con la que adquirió una sociedad panameña en BPA, llamada North Hilton Investment. De acuerdo con la información obtenida por esta investigación, al principio Norman Puerta entregaba grandes cantidades en bolívares a Gil en Venezuela, quien se encargaba de ingresar el contravalor en euros en la cuenta en Andorra.

“Suponemos que Gil cobraba una tarifa por la gestión, pero BPA no participaba de esta operación”, reseña el informe.

Las autoridades de Andorra indican que ninguno de los implicados en la investigación —Norman Danilo Puerta Valera, Tulio Antonio Hernández Fernández, ni Gabriel Ignacio Gil Yánez— había proveído pruebas del origen lícito de los fondos depositados en BPA.

Según la fuente citada en la documentación, Gil manifestaba que siempre que realizaba ingresos en la cuenta, estos eran previamente declarados en la aduana española. Una de las transferencias que consta en ese informe es la que hizo el 25 de octubre de 2006 por un monto de € 221.400 en efectivo a la cuenta de Puerta Valera.

Además, Santiago Roselló Piera, director ejecutivo de BPA —hoy detenido por las autoridades— afirma en su declaración que Gil sí viajó a Andorra a firmar documentos referentes a la apertura de su cuenta.

En el documento de la Unidad Antiblanqueo de Andorra se explica que debido al elevado importe de los ingresos en efectivo —que llegó hasta 2,5 millones de dólares—, el BPA informó a Gil Yánez y a Hernández Fernández que no podrían continuar con estas operaciones, razón por lo que ambos acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias. “Aún así, la escasa información que se recibe de los clientes y la opacidad con la que trabajan, ocasiona la declaración de sospecha presentada por BPA ante las autoridades de Andorra”, cita el informe obtenido por esta investigación.
Sin embargo, una nota del mismo documento contra Norman Puerta Valera resalta que Gabriel Gil Yánez nunca ha formado parte de la organización de BPA “ni directa ni indirectamente como empleados o colaboradores y, por tanto, nunca han recibido directrices de negocio de Banca Privada de Andorra”.

Una fuente que accedió a hablar a esta investigación bajo condición de anonimato afirmó:

“Gabriel Gil viajaba con frecuencia a República Dominicana. Volaba hasta allá y regresaba con maletas llenas de dólares, algunas veces hasta con diez millones. Llegaba por el aeropuerto de Santo Domingo, en el estado Táchira [frontera entre Venezuela y Colombia], donde conocía a un militar amigo, y luego conducía hasta Caracas”.

Preso por una avioneta

Gabriel Gil tuvo que enfrentar la justicia unos años más tarde. El 4 de diciembre de 2010 fue acusado por el robo de una avioneta en el aeropuerto Óscar Machado Zuloaga de la localidad de Charallave, a 28 kilómetros de Caracas. Permaneció tres años detenido en la cárcel de Yare III por los delitos de apoderamiento ilegítimo de aeronave en grado de frustración, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir. Quedó en libertad en 2014, después de cumplir su condena.

Nunca recibió la medida cautelar que solicitó en reiteradas ocasiones.

Además, Gil Yánez fue vinculado con un militar dominicano, identificado como Jorge Pércival De Marchena, quien era investigado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y trata de personas, según un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas de República Dominicana.

Una nota publicada el 26 de octubre de 2011 en el diario dominicano Acento, sobre los nexos comerciales de De Marchena, indicaba que Gabriel Ignacio Gil Yánez, era “investigado en su país por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional drogas”.

Al venezolano se le vinculó también con el hijo del militar Pércival. Diario Digital, una publicación de Punta Cana, reseñó el 25 de octubre de 2011 que Jorge Humberto Pércival Peña, hijo del capitán, estuvo negociando con Gil Yánez la compra de un avión en España, “que utilizarían para hacer actividades ilícitas, pero esta operación no se llevó a cabo porque Gil fue arrestado en Venezuela por las autoridades antinarcóticos”.

Gil Yánez registró, el 12 de marzo de 2010 en República Dominicana, una empresa llamada Airflow Corp, según consta en los registros de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Actualmente Gil Yánez se encuentra en la ciudad venezolana de Barquisimeto.

La “reclutadora” de BPA en Caracas

Una de las asesoras de Banca Privada de Andorra (BPA) en Caracas era Mariela Milagros Prieto González, quien se encargó de captar y procesar la documentación para la apertura de cuentas a venezolanos en esa entidad. El español Antonio Salvador Lozano era también encargado de captar clientes y referirlos a Prieto González, quien se aseguraba de que toda la documentación estuviera “en orden y completa” (en ocasiones las fichas estaban vacías).

Prieto González trabajó en el Banco de Venezuela hasta 2005, cuando aún estaba en manos del español Grupo Santander. Su experiencia le permitió ser reclutada por BPA, pero la relación laboral terminó en 2008. Las comisiones y retribuciones que BPA pagaba a Prieto por sus servicios eran abonadas en una cuenta abierta en la misma entidad.

Prieto no solo recabó información para la apertura de todas las cuentas venezolanas, sino que también facilitó la simulación de operaciones sin justificativos para efectuar transacciones hasta Andorra con la complicidad de la directora de BPA en Panamá, Cristina Lozano Bonet.

Un caso frecuente eran las transferencias declaradas como “permuta” o “traspasos” sin que se presentara la documentación que sustentaran las transacciones. Las pesquisas descubrieron que la red incluso creaba empresas fantasmas para encubrir las transacciones.

Cristina Lozano Bonet, ejecutiva de BPA Serveis en Panamá.

La jueza andorrana María Àngels Moreno Aguirre ordenó en 2010 la detención de la venezolana Mariela Milagros Prieto González, junto a los españoles Antonio Salvador Lozano, y la directora de BPA Serveis en Panamá, Cristina Lozano Bonet.

En Venezuela, Prieto aparece también como gerente de una empresa denominada Red Net 24 C.A., especializada en servicios de telecomunicaciones y con dos sedes: la primera en la urbanización El Marqués, en Caracas; y la otra en la población de Ocumare del Tuy, a 44 kilómetros de la capital venezolana. Esta empresa ha obtenido contratos de la estatal Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), según consta en el expediente del Registro Nacional de Contratistas (RNC), donde también figura como presidente su hermano Gustavo Enrique Prieto González.

El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) intentó contactarla por medio de llamadas telefónicas a su hermano, presidente de Red Net 24, pero este declinó hacer algún comentario sobre la vinculación de Mariela Milagros Prieto González con la Banca Privada d’Andorra.

Entretanto, la cuenta del ex comisario Norman Danilo Puerta Valera en la BPA, con 1,4 millones de dólares, continúa bloqueada.

Carros Chery: cuento chino con olor a guiso

Jesús Hurtado, Clímax

Pese a la ingente importación de carros desde la milenaria tierra de Confucio, la limitada capacidad productiva de Chery es insuficiente para satisfacer las ilusiones de cientos de miles compradores que cada día ven más lejana la posibilidad de comprar un carro de dudosa calidad y que ya no es nada barato

Cual pieza de teatro chinesco, la historia de Chery en Venezuela transcurre entre sombras y un fantasioso argumento.

Un socio privado que quedó como la guayabera, dos plantas que no ensamblan sino que arman, importaciones a granel y sin control, una empresa estatal que asumió la distribución de los autos y más de 1 millón de compradores en lista de espera son solo algunos de los componentes de esta dramática obra que pone en evidencia un oscuro episodio del neocolonialismo made in China.

El cuento comienza así: corría el año 2006 cuando al amparo del boom de ventas y facilidades aduanales, el sagaz y apoyado empresario colombiano Carlos Mattos creó Cinascar, el mayor importador de autos chinos en la región andina y propiciador de la llegada de la marca al país. Juró que su intención era ensamblar en una planta que levantaría en Valencia, Carabobo.

Pero tres años después el amor con Mattos había acabado —o su padrino, uno del gobierno, había desaparecido—y el emporio se vino a pique, aparentemente por una nueva política sectorial que daba al traste con las importaciones en aras de aupar la producción endógena.

El tiempo demostró que la verdadera razón fue otra: acuerdos firmados por el difunto Hugo Chávez y su homólogo Hu Jintao preveían la instalación de la marca china sin la intermediación del paisa —que posibles socios locales sobraban.

Entre estos, el dedo de la fortuna favoreció a Corporación ZGT, un apéndice de Cenareca (Centro Nacional de Repotenciación de CA) empresa propiedad del libanés nacionalizado Sarkis Mohsen Yammine que prestó ingentes servicios a la patria con la creación del Tiuna, el primer vehículo militar 100% venezolano —excepto por el motor, todo el tren motriz y alguna que otra piececilla—, cuyas primeras 55 unidades entregadas en 2004 costaron la bicoca de 8.000 millones de bolívares de los de entonces, cuando el dólar alcanzaba la astronómica paridad de 1.940 nada fuertes.

Otro amor frustrado

Tras adquirir la vieja planta de Honda en Las Tejerías, Aragua, a control remoto el difunto Chávez inauguró la ensambladora en agosto del 2011, presentándola como ejemplo de industria privada comprometida con la revolución.

Foto: lapatilla.com

Dos años después, por decreto del hijo predilecto Nicolás Maduro, se crea la empresa mixta Chery Venezuela, cuyo capital accionario fue dividido 51% para el Estado y 49% para ZGT.

Paralelamente, el gobierno expropiaba la planta de Great Wall ubicada en Guacara, Carabobo, para ampliar producción de Chery.

Sin embargo, la suerte del socio privado estaba echada y como en otros consorcios de su tipo, la mixtura incluyó solo a allegados del gobierno, en su mayoría uniformados.

“En el papel la familia Yammine aparece como la parte privada, pero la verdad es que los sacaron del negocio. Allí quienes mandan son los militares”, aseguró una fuente muy cercana a la familia, cuyo comentario justificaría que en la directiva corporativa no aparece nadie del clan y el por qué solo el Ministro de Industrias puede hablar por Chery Venezuela.

Muy oscuro

Negados a ofrecer declaraciones a este mortal, ninguno de los varios ministros que han pasado por ese despacho ha podido precisar cuál es la verdadera capacidad operativa de las dos factorías —en teoría 30.000 unidades/año— y el por qué 100% de las piezas de los autos armados aquí es importado.

“Los carros llegan completos en una caja y aquí solo se arman. No hay incorporación de una sola pieza nacional y el control de calidad no existe”, afirmaron empleados de la empresa no dispuestos a revelar sus nombres por razones más que obvias.

A ello obedecería que el parque industrial de autopartes que se levantaría alrededor de la automotriz pública sigue durmiendo el injusto sueño de las promesas incumplidas.

Otros detalles hablan de manejos más oscuros, como el hecho de que toda la “producción” y los autos importados vayan a parar al Programa Venezuela Productiva Automotriz, plan creado en junio del 2013 para satisfacer la altísima demanda insatisfecha tras la caída de la producción privada —sector que hoy recibe solo 10% de sus necesidades en dólares— y que se encarga de distribuirlos a concesionarios y naturales favorecidos por el dedo del Estado —personal castrense en su mayoría.

Sello imperial

Y si la producción local es cuando menos cuestionable, la importación tiene olores a guiso condimentado con mucha soya. Aunque las autoridades no reportan las cifras de autos que llegan desde China, la casa matriz emitió recientemente un comunicado donde expresa su beneplácito por la exportación de 13.000 unidades antes de que culmine el 2014, desmintiendo la tesis oficial que daba cuenta del arribo de solo 10.000. ¿A dónde iban a parar los otros 3.000?

Aunque se supone que los carros llegan con cargo al Fondo Chino —un pote creado entre China y Venezuela para el comercio binacional—, la especie nunca ha sido aclarada.

No obstante, un ex trabajador de la firma aseguró que la luz verde está siempre encendida cuando Chery acude al Cencoex —antes a Cadivi— a solicitar dólares para importar sus bártulos, que no pagan arancele ni IVA, y tienen prioridad en puerto para el desembarque y nacionalización.

Ni bueno ni barato

Pese a estas ventajas, la masa de Chery no da ni para una lumpia. Hace muchos que en ninguno de los 10 concesionarios de la marca se exhibe un carro, y los civiles que han logrado hacerse con uno dicen haberse bajado de la mula con entre 100 y 300 mil bolívares, mientras que siguen las denuncias contra uniformados estafadores que se ofrecen conseguir un carrito previo pago de adelantos y sobornos.

Pero sin duda la más grotesca arista de esta ópera bufa es la lista de Venezuela Productiva Automotriz, en la que hay inscritos más de 1,6 millones de ilusos compradores, los últimos de los cuales, y según el ritmo actual de producción, deberán esperar 53 años para obtener un carro chino nada bueno, relativamente bonito y ya no tan barato luego de de haber subido de precio entre 55% y 84% en el último año.

El escándalo de La Venezolana

Sebastiana Barráez, Quinto Día, y Roberto Deniz y Joseph Poliszuk, El Universal

La Venezolana es una concesionaria creada hace un año, en marzo 2013, según se revela en el blog la-tabla.

Su capital: Bs. 300 mil. Sede: un apartamento en el piso 5 del edificio Motatán de La Rosaleda, San Antonio del estado Miranda. Los socios no aportaron nada en efectivo, sólo inventario de bienes.

Ellos eran: José Ramón Briceño (49 años) y Yesnel Néstor Aceituno (20 años)  quien es jugador de basquetbol en Panteras de Miranda.

Siete meses después eran la gran revelación en Autoshow 2013.

En diciembre cambian de socios. Sale Aceituno y entra Jhon Wilmer Quiroz y la abogado de 24 años Angelis Gibelli Quiroz (en otros aparece como Gutiérrez Subero), quienes asumen el 75 % de las acciones; la directora de Finanzas es: Neisa Castellanos.

La Venezolana tiene sus oficinas en un galpón del km 9 de la carretera Panamericana.

“Allí habían muchos militares, incluso los encargados de organizar a la gente por si había reclamos”.

¿Quién es?

El presidente de la empresa es Jhon Wilmer Quiroz Fonnegra, quien habría metido sus manitos en otros dos casos donde más de uno salió engañado. Pero el abogado de Quiroz es un hombre habilidoso que siempre ha logrado sacarlo airoso.

El 3 de junio 2003 Jhon Wilmer Quiroz Fonnegra llegó al Tribunal primero civil de Apure, cuando tenía 34 años de edad,  y dijo que él dizque nació el 9 de febrero de 1969 en San Juan, municipio Páez del estado Apure. Agregó que sus padres eran Eliecer Quiroz y Virgelina Fonnegra (quien vivía en Antioquia, Colombia, y desapareció en 1986), a quienes dizque se les olvidó asentarlo en la prefectura cuando nació.

El juez notificó, el 17 de junio, al fiscal tercero.

El 4 de agosto Jhon Wilmer presentó a los testigos Carmen Morelia Cravo Ortiz y Verónica Castro. Y es así como el 3 de septiembre, es decir, en sólo tres meses, sin prueba contundente, la juez Francia Mayela Carrillo Croce ordenó insertar la partida de nacimiento y así un individuo, que no se sabe de dónde vino ni quien es, pasó a ser venezolano.

Y ahora estafó a miles de personas.

El consuelo que les da el presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, diputado Claudio Faría, es que los estafados vayan a denunciar en esa instancia. Lo que le queda a Faría es averiguar

quiénes son esos oficiales de la Fuerza Armada  que permitieron que Quiroz Fonnegra con La Venezolana ejecutara una estafa, que los apoyaron, los encubrieron, les facilitaron presencia en instalaciones militares y contribuyeron a que más de un militar cayera como incauto.

Los estafados

Son casi 6 mil personas entre civiles y militares. Desesperados por adquirir un vehículo, creyeron en la oferta de La Venezolana. A finales de marzo 2014 se realizó una exposición caza incautos en las instalaciones del Fuerte Tiuna.

La Venezolana financiaba peleas de boxeo en Meridiano Televisión. Y patrocinaron juegos de playa en La Guaira.

Ahora el Cicpc anda a la caza de los bienes adquiridos con el dinero de los estafados. Han lanzado varios allanamientos.

Los carros

Quiroz declaró en una asombrosa rueda de prensa que no había tal estafa porque ellos tenían 20 contenedores en La Guaira, uno en Puerto Cabello y dos más a punto de llegar. Si eso es cierto, apenas tendrían unos 70 vehículos, porque en cada contenedor no entran más de 2 vehículos. “Tres pequeños”, explicó un importador.

La Venezolana no tiene licencia de importación para traer vehículos. Varios bancos concedieron créditos para la compra de esos vehículos.

¿Cómo es que el Estado no intervino ante el hecho de que un particular estuviese ofreciendo carros de importación?

Los únicos autorizados en el país para traer vehículos son tres empresas del Estado: Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca), adscrita al Ministerio de Comercio; la Corporación Venezolana de Guayana (CVG Internacional),  y Veneximca, adscrita a la Vicepresidencia de la República. No le está permito a empresas privadas importar vehículos.

Los únicos carros que La Venezolana trajo fueron los que mostraron en exhibición y los pasaron rodando por la frontera y desde Colombia con visa de transeúnte.

El concesionario La Venezolana insiste en defender la transparencia de sus operaciones, luego de que el gobierno nacional los acusara de la comisión del delito de estafa.

El jefe del Órgano Superior de la economía, Hebert García Plaza, aseguró que el concesionario La Venezolana C.A había comercializado 6 mil carros sin poseer permisos para importarlos, por lo cual se presumía la comisión del delito de estafa.

El Ministerio Público acordó congelar las cuentas de la compañía, así como otras restricciones de tipo financiero.

Jhon Quiroz, presidente de la empresa, desmintió que hayan incurrido en una estafa. Sin embargo, ofreció pocas explicaciones y abandonó el salón donde convocaron a la prensa de forma sorpresiva.

La empresa aún no responde si posee las licencias de importación que emite el ministerio de Comercio, requisito indispensable para iniciar la compra de autos en el exterior que luego serán comercializados en el mercado venezolano.

Se desconoce también si las divisas con las que compraría los carros, han sido tramitadas en alguno de los tres mecanismos cambiarios que ofrece el Gobierno nacional.

Tampoco ha aportado información sobre el estatus de las otras dos marcas que ofrece, las también chinas Kawei y Brilliance.

La burbuja de La Venezolana

Bastaron 300 mil bolívares para registrar el concesionario La Venezolana. Con un capital equivalente al de un carro, la empresa fue constituida en marzo del año pasado y en septiembre ya acumulaba 100 millones de bolívares.

Como la espuma, la firma acusada de haber estafado a casi 6 mil personas creció 333 veces en sólo 6 meses.

Entre el debut y la despedida transcurrió poco más de un año, pero La Venezolana inscribió unos 15 millones de dólares si se calcula al tipo de cambio de 6,30 bolívares o 2 millones de dólares a la tasa del Sicad 2.

El actual vicepresidente de la empresa, José Ramón Briceño Hedderich, inscribió la compañía el 22 de marzo de 2013, en sociedad con un joven de 20 años que aparecía en los registros de la Misión Sucre como uno de los facilitadores que ni siquiera disponían de cuentas bancarias. Así se levantó en los Altos Mirandinos un negocio que, en principio, era un punto para la compra-venta de carros usados.

“Somos su mejor opción”, se leía en los primeros avisos que publicaron en la prensa en mayo del año pasado.

Si en los registros quedó constancia del músculo financiero de la empresa, sus anuncios publicitarios desde el principio dejaron claro que no querían pasar desapercibidos. Se presentaron como un “concesionario autorizado” de Nissan y prometieron “tiempo de entrega récord” de unos modelos que ni el verdadero distribuidor de la marca japonesa había comercializado, debido a las restricciones del Ejecutivo nacional a la hora de emitir las licencias de importación.

Sin aviso ni presentación un extraño irrumpió en el deprimido mercado automotor venezolano. Las promesas de la firma y el uso de la imagen de Nissan encendieron las alarmas, puertas adentro, de la industria automotriz. Pronto llegaría la respuesta…

Nuevo rostro

“Se hace del conocimiento de nuestros clientes que la sociedad Concesionario La Venezolana C.A no forma parte de la red de distribuidores autorizados Nissan, por lo cual no están facultados para ostentarse como representantes de la marca”, señaló Nissan el 30 de junio de 2013.

Nissan también había delegado poderes en un bufete de abogados para advertir al concesionario sobre los riesgos legales que corría al usurpar el uso de la marca asiática. El concesionario terminó dando un paso atrás.

“Nosotros no importamos vehículos de la marca Nissan”, respondió el 2 de julio de 2013 en un comunicado en el que se presentaban con nuevo rostro: “Somos un concesionario multimarcas y no tenemos exclusividad con ninguna, ya que nuestro norte es brindar un buen servicio, ubicando y vendiendo vehículos”.

El Concesionario La Venezolana, de cualquier modo, ya había empezado a ofrecer carros de marcas como Toyota, Chevrolet y Ford en “una gran feria automotriz”, celebrada el 1 de junio de 2013 en la que fue su primera sede, ubicada en la Zona Industrial Las Minas, en el kilómetro 14 de la carretera Panamericana.

En septiembre la empresa sorprendió nuevamente al promocionarse como “agente autorizado” de la marca china Hawtai. La oferta desapareció rápidamente del catálogo y en octubre fue reemplazada por otros carros chinos de las marcas Zotye, Brilliance y Kawei.

Llegaron, incluso, a decir que estaban en capacidad de proveer al mercado 60 mil unidades anuales.

Enroques tras bastidores

Si la oferta comercial de Concesionario La Venezolana varió en pocas semanas, también ocurrió algo similar en el registro de la compañía. Tras bastidores la junta directiva sufrió enroques, entradas y salidas de nombres.

Dos meses después de su fundación pasó de los 300 mil bolívares originales a 2 millones, que entraron junto a un nuevo socio: el abogado Ronald Edison Mayz Rangel, quien anteriormente se desempeñó como secretario del Tribunal Penal Tercero de Control del Estado Sucre.

La participación de Mayz Rangel en el negocio de La Venezolana sólo duró una semana. El 6 de mayo fue designado como presidente y siete días después salió de la sociedad, quedando los socios fundadores con Angelis Gibelli Quiroz Gutiérrez, de 25 años.

Con ella el capital se multiplicó 10 veces para alcanzar los 20 millones de bolívares. De eso quedó constancia en el Registro Mercantil Tercero del Área Metropolitana de Caracas y el Estado Miranda, a donde los socios volvieron en septiembre para informar que el joven de la Misión Sucre salía al mismo tiempo que asentaban un capital de 100 millones de bolívares.

El negocio iba bien. Se mudaron al kilómetro 9 de la carretera Panamericana y seguían ganando clientes que dejaban una inicial de al menos 30% del precio de los vehículos.

El 14 de noviembre la junta directiva recibió como presidente y socio mayoritario a Jhon Wilmer Quiroz Fonnegro, el mismo que el pasado 20 de mayo abandonó sorpresivamente el salón principal de The Hotel, tras leer un comunicado ante los medios de comunicación para desmentir las denuncias por estafa.

“Quiero destacar que tengo 20 contenedores en La Guaira, actualmente, próximo barco a llegar a Puerto Cabello y otros dos barcos adicionales llegando a Venezuela”, agregó.

Carros chinos pero de Colombia

Los famosos carros chinos no terminaban de llegar. La Venezolana fungía como “concesionario exclusivo” de las marcas Zotye, Brilliance y Kawei aún antes de haber firmado unos acuerdos comerciales que fueron filtrados desde la misma empresa para este trabajo.

Esos papeles revelan que el convenio con Brilliance se cerró el 1 de noviembre de 2013; el pacto con Zotye se selló el 21 de octubre y con Kawei el 18 de octubre. Todos después del aviso del 2 de octubre en el que anunciaban unos autos con precios que oscilaban entre 198 mil y 398 mil bolívares como abreboca del “Auto Market”, que el año pasado se celebró en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre.

La avalancha de clientes fue tal que, al estilo de una farmacia o carnicería, había que pedir número y hacer cola para ser atendido en el stand de La Venezolana.

La gente reservaba sus modelos sin saber que esos eran los únicos carros y que habían llegado a esa exhibición rodando desde Colombia bajo régimen turístico porque la empresa no tenía licencias para importarlos.

Esta práctica se mantuvo hasta el anuncio de la intervención por parte del gobierno nacional. Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior de la Economía, destacó el pasado 17 de mayo entre las irregularidades que los carros exhibidos en el local de la carretera Panamericana y en el establecimiento de Valencia, recién inaugurado el 2 de abril de 2014, entraron al país con régimen turístico.

En la onda cívico-militar

La empresa no le temía al ruido. Por el contrario, a medida que fue ganando terreno participó en más eventos. El pasado 14 de marzo estuvo en una “jornada cívico-militar” celebrada en las instalaciones del Círculo Militar, en la que varios miembros de las fuerzas armadas cayeron entre los 5.956 clientes que el gobierno cuenta entre los afectados.

El mes pasado el concesionario destacó como uno de los patrocinadores de los Juegos Suramericanos de Playa del estado Vargas, organizados por la Gobernación de esa entidad y el Ministerio del Deporte.

En muchos de sus comunicados la empresa se manifestó a favor del Gobierno nacional y desafió a las automotrices tradicionales. “Ya nuestra primera flota se encuentra navegando las aguas del Pacífico rumbo al mar Caribe, a pesar de los cobardes ataques en nuestra contra de los carteles de la industria automotriz, que insisten en ser actores de la desestabilización política y económica en contra del legítimo gobierno nacional, encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros“, señaló el 5 de marzo.

“Estamos convencidos que no podrán con la fuerza heredada de uno de los mayores líderes que ha conocido la historia contemporánea de nuestra nación, el legado del Comandante Presidente Hugo Chávez”, sentenciaron en el mismo escrito.

Rodeados de estrellas

Algo debió salir mal en este negocio: apenas dos meses atrás, el concesionario La Venezolana cambió su domicilio principal al Centro Empresarial Metrosur de Valencia. Incluso registró una tercera sucursal en la misma dirección de un local Hyundai que -tras la crisis del sector automotriz- bajó la santamaría en la sede que ostentaba en la avenida Francisco de Miranda a la altura de Los Palos Grandes.

A contracorriente de la mayoría de los concesionarios del país, el de La Panamericana había logrado crecer y expandir sus negocios en tiempos de vacas flacas.

En septiembre del año pasado, los mismos socios registraron otras empresas como el restaurante El Padrazo, cuyos eventos llegaron a tener eco en todos los Altos Mirandinos luego de que llevaran hasta el mismísimo Oscar D’León a su local del Centro Comercial La Casona.

También Karina, Guillermo Dávila y Oscarcito. Desde la entrada hoy solo se ve una pecera y un cartel pegado en la puerta que dice “cerrado por inventario”. Ni en ese ni en ninguno de los otros negocios de sus accionistas hay quien de pistas de lo que pasó con Concesionario La Venezolana.

Tampoco hay quién cuente cómo multiplicaron su capital más de 300 veces en seis meses.

En la dulcería Pink Cake Lui’s -conocida por los domingos de taebo, aerobics y bailoterapia que llegaron a organizar también en el Centro Comercial La Casona- señalan que no saben nada de sus dueños.

El alto perfil de la compañía ha terminado. En su página web aun queda una galería de fotos que recuerdan el momento en que su vicepresidente, José Ramón Briceño Hedderich, cerró en China los acuerdos comerciales que les permitirían importar los miles de vehículos que prometieron, pero que nunca llegaron a una Venezuela en la que también escasean carros.

Lo curioso

No tuvo cédula hasta los 34 años. Como un joven, el número de identidad del presidente del concesionario La Venezolana, Jhon Wilmer Quiroz Fonnegro, pasa de 21 millones por un caso especial que en el 2003 llevó ante la justicia, tras asegurar que nunca había tenido partida de nacimiento.

El Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo del Estado Apure confió -según la sentencia pública del expediente 3.342-2003- en los testimonios de las ciudadanas Carmen Morelia Cravo Ortiz y Verónica Castro como suficientes testigos, para determinar que el presidente del concesionario no se equivocaba cuando decía haber nacido el 9 de febrero de 1969 en el vecindario San Juan del municipio Páez del estado Apure.

Quiroz, de chaqueta azul con ribetes rojos, marca Adidas, sobre una franela roja

Quiroz, finalmente registrado con la cédula de identidad número 21.320.874, es el mismo que el pasado 20 de mayo se presentó ante las cámaras de televisión con una chaqueta Adidas sobre una franela roja, para asegurar que los carros de La Venezolana aún estaban por llegar.

Yo quisiera saber, que me indiquen, dónde está la estafa“, preguntó antes de terminar de leer un comunicado que no dejó espacio para preguntas.

“Nos debemos a nuestros clientes y estoy aquí de la mejor disposición, dispuesto a resolver lo que haya que resolver y asumir la responsabilidad que ellos consideran debemos asumir”, agregó, ya de pie y a punto de abandonar el lugar.

Afuera lo esperaba una moto y varios escoltas. Desde entonces no se había vuelto a saber nada más de él hasta que el diputado Claudio Farías, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, asegurara el viernes que continuaba en el territorio nacional. “Hasta ayer no se había ido del país”, afirmó.

Farías pidió una medida cautelar contra Quiroz y, en la misma onda, Samuel Ruh, ex presidente del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario, el extinto Indecu, hizo lo mismo en nombre de su organización Alternativa Democratica 1.

Ruh criticó el papel de la Fiscalía General de República y solicitó actuar de inmediato: “Se le debe dictar a Jhon Quiroz una prohibición de salida del país porque este señor puede comprar un boleto e irse en cualquier momento y para traerlo costaría Dios y su santa ayuda. Señora Fiscal, si usted no actúa, usted es cómplice“.

Las caras

Tiene doble identidad. El presidente del Concesionario La Venezolana no solo se llama Jhon Wilmer Quiroz Fonnegro. Su foto también aparece en el registro interno del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) como Jhon Alexander Quiroz Suescun, y con una serie de antecedentes penales que aparecen en pantalla desde 1992.

Sus tres identidades: Jhon Wilmer Quiroz Fonnegro, Jhon Alexander Quiroz Suescun y Alexander Suescun.

El Jhon Quiroz, que el pasado 20 de mayo se presentó ante los medios para negar que su empresa engañó a las casi 6.000 personas que le compraron vehículos, es el mismo que hace siete años fue denunciado por estafa en el Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre.

En ese y otros casos salió ileso; hasta ahora el presidente de La Venezolana era un simple desconocido. De acuerdo con el expediente RP01-P-2012-002021 que reposa en el Archivo Judicial Penal de Sucre, el tribunal sobreseyó la causa hace dos años por tratarse de un caso prescrito que había estado varado desde 2007.

Registrado con la cédula de identidad 10.185.898, Jhon Alexander Quiroz Suescun fue demandado en la ciudad de Cumaná por haber ofrecido un paquete de graduación, que incluía “tres fotos con toga y birrete, un portarretratos, un botón, una medalla y el diploma, valorado en cien mil bolívares“. Llegó el día de la graduación pero nunca cumplió, por lo que fue demandado en un caso que más allá de lo anecdótico sirve de antecedente a lo que vino después.

Sin partida de nacimiento

Jhon Quiroz se presentó el año pasado en el Registro Mercantil Tercero del Distrito Capital y el Estado Bolivariano de Miranda con su nuevo nombre. El 14 de noviembre hizo su aparición como presidente de La Venezolana con un número de identidad que -como si tuviera 20 años- pasa los 21 millones.

En ese momento aumentó el capital de la empresa de 20 a 100 millones de bolívares y con ese mismo documento firmó una declaración jurada de origen de destino lícito de fondos.

Y nadie le puso peros. A ningún organismo le pareció extraño que hasta los 34 años estuviera feliz e indocumentado. La historia detrás de cámaras quedó registrada en otro juzgado esta vez de Apure, donde se supone que nació según el testimonio que él mismo rindió ante el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo de esa entidad.

En junio de 2003 pidió una nueva identidad sin ningún papelito que certificara de dónde había salido. A falta de partida de nacimiento ni siquiera presentó el acta de bautizo de la Iglesia Católica, que en otros tiempos daban testimonio de la identidad de los indocumentados; tampoco promovió testimonios de familiares cercanos.

La jueza Francia Carrillo confió en los testimonios de las ciudadanas Carmen Morelia Cravo Ortiz y Verónica Castro como testigos, para darle la razón al señor que decía haber nacido el 9 de febrero de 1969 en el municipio Páez del estado Apure.

Libre en Venezuela

Quiroz, finalmente registrado con la cédula de identidad número 21.320.874, es el mismo que el pasado 20 de mayo apareció ante las cámaras de televisión con una chaqueta Adidas sobre una franela roja, para asegurar que los carros de La Venezolana aún estaban por llegar. “Yo quisiera saber, que me indiquen, dónde está la estafa”, preguntó antes de terminar de leer un comunicado que no dejó espacio para preguntas.

“Nos debemos a nuestros clientes y estoy aquí de la mejor disposición, dispuesto a resolver lo que haya que resolver y asumir la responsabilidad que ellos consideran debemos asumir“, agregó, ya de pie y a punto de abandonar el lugar. Afuera lo esperaba una moto y varios escoltas.

Desde entonces no se tenían noticias de su paradero hasta la tarde de este viernes, cuando el Ministerio Público informó que las autoridades migratorias del estado Falcón frustraron un intento de fuga en el aeropuerto Josefa Camejo de Punto Fijo, en el que apresaron al piloto, el copiloto y dos escoltas que lo acompañaban en la huida.

Según el reporte del Ministerio Público, Quiroz logró evadir la justicia con su hija, Angelis Quiroz, quien también formaba parte de la junta directiva del Concesionario La Venezolana. La abogada de la empresa, en cambio, el jueves fue detenida en Los Teques por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y presentada ante la justicia por el mismo caso de los 5.956 carros chinos que prometieron y nunca llegaron.

La misma cara

Los propietarios del Concesionario La Venezolana inscribieron la empresa el 22 de marzo de 2013, gracias a las diligencias de la abogada Graciela Auxiliadora González Pacheco, a quien la Fiscalía presentó ante el Tribunal 34 de Control del Área Metropolitana de Caracas para que justifique los fondos que encontraron en sus cuentas bancarias.

“Presuntamente González Pacheco solicitaba dinero para gestionar la compra y entrega de vehículos a través del mencionado concesionario”, señaló el Ministerio Público en una nota de prensa que publicó momentos antes de que fuera llevada al juzgado.

Hasta ahora hay seis personas solicitadas ante Interpol. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó el jueves que el Ministerio Público pidió a la Policía Internacional incorporarlos en su base de datos con alerta roja. Ortega no precisó nombres ni habló de dobles identidades.

La foto que muestra el registro civil del Saime deja claro, de cualquier modo, que el rostro de Quiroz tiene varios números de identidades: Jhon Wilmer Quiroz Fonnegro, el presidente de La Venezolana, pasa por una puerta giratoria y aparece como Jhon Alexander Quiroz Suescun, en cuya ficha aparecen varias cuentas con la justicia.

Comerciante y chef

Además de dos casos pendientes desde 1992 y 2003, la base de datos del Saime indica en pantalla que la última orden de captura en contra de Quiroz Suescun salió del Tribunal 51 de Control del Área Metropolitana el pasado 21 de mayo, un día después que apareciera dando la cara en nombre de la empresa.

No en vano, con esa identidad está inhabilitado para ejercer su derecho al voto, según consta en el Registro Electoral Permanente.

Si eso no es suficiente, los perfiles de Twitter y Facebook en los que hasta hace dos semanas mostraba fotos personales y, en los que se presentaba como el Chef Alexander Suescun, coinciden no solo con su segundo nombre y su segundo apellido, sino también con el oficio con el que originalmente comenzó esta historia.

En el restaurante El Padrazo, anteriormente llamado Casanosa y Rusio Moro, se preguntan cómo es que el mismo señor que a finales del año pasado se presentaba como chef y vendía pan de jamón en ese local del Centro Comercial La Casona, terminó -rodeado de una comparsa de guardaespaldas- comprando ese y el resto de los negocios que aparecieron y desaparecieron a la sombra del concesionario de la carretera Panamericana.

En esos negocios también hay reclamos. “Que alguien nos de la cara”, pedía Rafael Pereira, en nombre de los mesoneros, camareros y personal de cocina que quedaron sin empleo en el restaurante. Reunidos a las puertas del local, él y otros improvisaron el martes una manifestación que exigía sus prestaciones sociales.

Recordaban además que esta historia está llena de paradojas. Si los eventos con La Dimensión Latina, Los Adolescentes y Oscar D’León ya dejaban bien claro que El Padrazo no era cualquier restaurante, en enero los empleados quedaron sorprendidos cuando descargaron dos camiones llenos de cajas de whisky en el depósito del local.

Saludos desde Twitter

“Solo en esa pecera hay peces de 40.000 bolívares”, señalaba el mesonero Robert Fernández para dar cuenta del lujo que hay al otro lado de una puerta de vidrio, que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas clausuró el lunes luego de allanar el local.

La policía científica se llevó equipos del circuito cerrado de seguridad, así como computadoras y documentos administrativos. Por lo pronto en el local solo destacan empleados que montan guardia para demandar su paga y noticias de clientes que también perdieron dinero por alquilar el local.

“Por razones ajenas a nuestra voluntad hemos tenido que hacer un cambio de lugar para la celebración del día del adulto mayor“, apunta el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) en un comunicado pegado en la puerta.

Los cursos de repostería que los mismos socios organizaban en la dulcería Pink Cake Lui’s también quedaron suspendidos. Muchos de sus asistentes incluso tuvieron que enterarse por los vigilantes del Centro Comercial La Casona. Como el resto de los afectados de La Venezolana, esperan una respuesta de los dueños.

En su último mensaje de Twitter, el 27 de mayo Quiroz retuiteó un mensaje con fotos al primer mandatario nacional, para advertir que algunos de los vehículos que La Venezolana ofreció ya llegaron al país: “@NicolasMaduro Presidente aquí están las fotos de los carros en Pto Cabello y el BL del Roll and Roller que llegó”.

Desde la misma trinchera de Twitter y con el usuario @elcheff2011 , se presentó dos años atrás como Jhon Quiroz para enviar saludos a su párroco de Colombia. Entonces no tenía problemas; no había organismos policiales que estuvieran buscándolo y andaba como si nada con dos cédulas: la del Jhon Wilmer Quiroz Fonnegro que anduvo indocumentado durante 34 años y la de Jhon Alexander Quiroz Suescun, que en el Registro Electoral Permanente aparece como inhabilitado para votar por los mismos antecedentes que señala la base de datos del Saime.

Vendieron carros pese al finiquito de los chinos

El Concesionario La Venezolana ofreció carros aun después de que las fábricas chinas le revocaran los contratos. Dos meses antes de que la empresa fuera intervenida, las marcas Brilliance, Kawei y Zotye pasaron por escrito la suspensión de los acuerdos, a través de la empresa Forza Motors Group, compañía colombiana que cedió los derechos para vender esas marcas en el mercado venezolano.

“Se determinó por las plantas suspender cualquier proceso de despacho de los vehículos solicitados hasta tanto no existiera plena claridad en cuanto al pago de dicha mercancía”, participó Forza Motors Group en una carta que enviaron el pasado 10 de marzo a los accionistas de La Venezolana y que ahora hacen pública, para señalar que también son parte afectada.

Si bien en septiembre del 2013 firmaron y notariaron un acuerdo comercial en Bogotá, insisten en que también fueron estafados por Concesionario La Venezolana. “Somos otro afectado más pero a nivel macro“, dice el director de Operaciones, Luis Armando Maita, vía telefónica desde Bogotá. “Llevaban ocho meses vendiendo humo“.

Las cosas venían mal desde noviembre del 2013, cuando pasaron una carta en español a nombre de Kawei, para cambiar las cláusulas debido a los retrasos en los pagos:

“La representación exclusiva de Kawei se mantendrá a nombre de Forza Motors Group USA Llc y/o Jorge Arévalo quienes podrán designar, a su discreción, como representante exclusivo a cualquier empresa venezolana”.

Estacionados en China

El vicepresidente de La Venezolana, José Ramón Briceño, en septiembre del 2013 selló el acuerdo en Colombia y un mes después cerró la negociación en China para tener la exclusividad con las tres automotrices gracias a la intermediación de Forza Motors Group.

Con los contratos firmados pactó la compra de 1.382 carros valorados en 14,8 millones de dólares, pero solo cancelaron 1,9 millones. Desde China, finalmente, despacharon un lote pequeño de autos.

Reconducir la negociación

En su única presentación en público, el presidente de La Venezolana, Jhon Quiroz, declaró el pasado 20 de mayo que los carros habían empezado a llegar a los puertos. En paralelo, la empresa publicó un comunicado en el que aseguraba que compraron 162 carros a Zotye y que otros 1.100 estaban por arribar al país. Fue la única respuesta que ofreció la empresa luego de que el Ejecutivo nacional el 17 de mayo los acusara de haber estafado a casi 6 mil personas.

Pero la mayoría de los carros que pactaron en las negociaciones con las tres automotrices se quedaron estacionados en las plantas. Brilliance resolvió vender un buen lote a otros países, pero en Kawei aun tienen 400 de los vehículos -originalmente producidos para La Venezolana- en sus instalaciones.

En Colombia plantean ofrecérselos nuevamente a los estafados. “Los afectados nos han contactado para ver si enviamos sus carros“, dice el director de Operaciones de Forza Motors Group, Luis Armando Maita. “Sabemos que estas personas están huérfanas y estamos dispuestos a sentarnos a negociar, más no a tocar el dinero de gente que ya fue estafada; allá el Gobierno cómo establezca los mecanismos de cobro”.

Aunque no ha precisado montos ni propiedades, la Fiscalía General de la República ha dicho que congelaron y enajenaron las cuentas y los bienes de los dueños de La Venezolana.

Algunos de los afectados plantean la idea de continuar la compra de los carros a Forza Motors Group. “Apelamos a sus buenos oficios y voluntad, a fin de que nos sirva de interlocutor ante las autoridades de nuestro País y consustancialmente obtenga la solución efectiva de traer nuestros vehículos”, indica una carta colgada en la cuenta de Facebook de un grupo que se presenta como Alternativa Caso La Venezolana.

“Se nos está diluyendo el tiempo y yo me preocupo por mi pequeño capital”, comenta Nallybe Ortiz en nombre de ese grupo. Pero desde Facebook, en el grupo Clientes Caso La Venezolana manifiestan dudas frente a la alternativa, “por propuestas promovidas insistentemente a través de supuestos afectados con identidades no comprobadas”.