INFORME 2016 DEL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE VIOLENCIA

A- La situación social de Venezuela

Este 2016 ha sido conflictivo en Venezuela y la expansión de la violencia es un claro indicador de ese proceso social y político: en Venezuela se ha expandido la violencia, en sus modalidades y en su gravedad.

El proceso de destrucción de la institucionalidad, que desde hace más de una década hemos podido documentar y denunciar, adquirió en el 2016 una dimensión mayor con la partidización abierta del sistema de justicia, en especial del Tribunal Supremo de Justicia, y su transformación en una herramienta del Poder Ejecutivo, para desconocer y someter al Poder Legislativo, pretendiendo anular sus funciones constitucionales de legislación y control.

Lo que a inicios del año se veía como una posibilidad de balance de poderes y convivencia, capaz de fomentar la institucionalidad, se transformó en un enfrentamiento, el cual, unido al bloqueo de los mecanismos electorales previstos para dirimir los conflictos de poder, las elecciones de gobernadores y la solicitud de referendo revocatorio, han peligrosamente cerrado los caminos para los procesos pacíficos de resolución de conflictos.

Ese contexto institucional ha debilitado de una manera notable el sentido de una vida social regida por normas, acuerdos y leyes. La parcialización política y social del sistema judicial afecta no sólo el acceso a la justicia de algunos, sino el rol de la ley y de la norma como reguladora de la vida social en todos los ciudadanos y abre las puertas a la violencia social y política.

En este 2016 hemos tenido también un proceso de empobrecimiento generalizado de la sociedad. Salvo una élite muy restringida y con acceso a recursos especiales que se ha enriquecido, todos los demás grupos sociales, profesionales y obreros, profesores y estudiantes, clase media y sectores populares, han sufrido un deterioro dramático en la capacidad de compra de sus salarios. A pesar que el salario ha aumentado varias veces en este año, los servicios que pueden adquirirse o los bienes que pueden comprarse con ese dinero, se redujeron notablemente.

La escasez de productos y de servicios ha fomentado la conflictividad en la sociedad, la población ha sido sometida a largas colas y otros requisitos arbitrarios que se les imponen para poder acceder a los alimentos cada vez más costosos; en este contexto surgen comportamientos y grupos delictivos que compiten por conseguir esos bienes o servicios.

La carencia o deficiencia de los servicios básicos como la electricidad, el agua, el gas para cocinar, ha propiciado conflictos en diversas regiones del país, bien sea por las disputas por adquirirlos o el incremento de los precios que deben pagarse cuando no se obtienen de manera regular: el costo del camión cisterna para llenar los tanques de agua o el costo de la bombona de gas cuando falta el suministro y que no se consigue, ha empobrecido más a la población.

Esta situación de arbitrariedad en el poder, empobrecimiento y escasez ha promovido el incremento de la violencia en el país, pero sobre todo ha provocado una nueva situación en este año 2016: la aparición generalizada de la violencia por hambre.

B- Las limitaciones en la determinación de las muertes violentas

En cualquier sociedad es muy difícil conocer cuál es la cifra real de delitos, casi siempre está subestimada, pero es mucho más engorroso cuando no hay transparencia en la información, ni la voluntad de superar los escollos y dificultades, sino, bien por el contrario, el propósito sostenido de ocultarle a la sociedad la magnitud de la grave enfermedad que padece.

En la estadística de cualquier país una parte de los delitos queda sin registrar, inclusive hay subregistro de aquellos tan graves como el homicidio. En Venezuela en 2016 eso se ha hecho evidente ante la opinión pública: ¿Dónde, en cuál estadística hubiesen quedado registradas las 12 víctimas de la violencia oficial sepultadas en las fosas comunes en Barlovento? ¿Se hubieran contado esos muertos sin la denuncia sostenida de los familiares? ¿Cuántas otras víctimas, quizá menos numerosas, de uno o dos cadáveres, pueden estar en la misma situación y quedan sin registro?

Ante esa dificultad real, que se acrecienta por la censura oficial, las universidades nacionales participantes en el OVV hemos trabajado durante una década buscando formas alternativas e independientes de información, combinando datos primarios con fuentes secundarias y proyecciones estadísticas.

En este 2016 nuestras fuentes de información se han ampliado y mejorado, y en la actualidad se analiza y procesa información en seis ciudades distintas con grupos de investigación de seis universidades: en San Cristóbal con la UCAT, en Cumaná con la UDO, en Barquisimeto con la UCLA, en Ciudad Guayana con la UCAB, en Mérida con la ULA y en Caracas con la UCV.

A fin de mejorar la calidad de nuestra información, hemos solicitado y contado con la asesoría del equipo de Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) para certificar los procedimientos empleados por el OVV para la predicción de muertes violentas en el país. Adicionalmente, el OVV adelantará para el 2017, con asistencia de HRDAG, un proyecto de uso de la metodología conocida como Estimación por Sistema Múltiples (Multiple System Estimation), que en el ámbito internacional se ha venido utilizando en situaciones de dictaduras o de guerras para estimar las muertes invisibilizadas.

Como resultado de esas revisiones, en este año se produjeron unos cambios en nuestra metodología, a fin de hacer más fácil y más abierta la comprensión de la información sobre violencia letal en el país. Para ello hemos reforzado la utilización de las fuentes primarias de datos.

C- Los pronósticos para el 2016

Contando con fuentes primarias oficiales y con las informaciones de terreno recabadas en los seis observatorios regionales de violencia, para este año 2016 estimamos una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes y un total de 28.479 fallecidos en todo el territorio nacional, que deriva de la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimamos en 18.230 casos; las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.281 muertos; y los 4.968 fallecidos incluidos en los casos de muertes violentas consideradas en averiguación, por no haber tenido una intencionalidad conocida.

Con una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes, Venezuela se ubica en el segundo lugar de los países con mayor violencia letal en el mundo.

En primer lugar calculamos que, al igual que el 2015, se volverá a ubicar El Salvador, con una tasa de alrededor de los 100 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 103); y en tercer lugar se situará Honduras, con una tasa cercana a los 60 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 56).

Nuestros estimados indican que al finalizar el 2016, Venezuela tendría una tasa de muertes letales 3,6 veces mayor que las de Colombia y Brasil. Colombia continúa su proceso de disminución de los homicidios, y con una tasa de 25,3 al finalizar este año, igualaría a la tasa de 25,1 que ha venido presentando Brasil.

D- Los rasgos de la violencia en el 2016

En este año podemos resaltar la presencia de cuatro procesos sociales violentos en Venezuela:

El delito se hizo más violento

En el 2016 aumentó el uso de un armamento más poderoso y letal por parte de los delincuentes. Un aspecto que llamó mucho la atención fue la proliferación del uso de granadas en enfrentamientos con los cuerpos policiales, situaciones de secuestros y en conflictos a lo interno de las prisiones. El uso de armamento de guerra permitió no solo enfrentamientos abiertos en batallas defensivas con las fuerzas de seguridad, sino el pase a la ofensiva con emboscadas y ataques a las sedes policiales.

La otra evidencia de ese proceso es el incremento de los asesinatos a grupos de varias personas al mismo tiempo. Lo que se ha conocido como masacres, porque resultan tres, cuatro o hasta más de siete víctimas fatales en el mismo evento. Si bien en la mayoría de los homicidios hay una sola víctima, la expansión de la violencia ha tenido como expresión estos asesinatos colectivos perpetrados por bandas delincuenciales o cuerpos de seguridad.

Las masacres de Tumeremo, Cariaco o Barlovento son una expresión conocida, pero los estimados nuestros es que en el 2016 ocurrieron al menos 22 asesinatos múltiples en cada mes calendario. Una cifra preocupante que muestra la expansión de la violencia en el país.

La respuesta policial y militar se hizo más violenta

La incorporación de nuevos delincuentes y el ejercicio de mayor violencia por ellos ha tenido una respuesta policial y militar de mayor envergadura y letalidad, que ha sido cuestionada por actuaciones violentas que pueden calificar como ajusticiamientos y abuso de poder. Si bien la población acosada por los delincuentes y la violencia requería una acción represiva y de contención por parte de las autoridades, ahora teme y ve con tristeza e impotencia los abusos que se han cometido bajo la pretensión de lucha contra las bandas criminales.

En nuestros estimados de los años anteriores, habíamos calculado que el 65% de los casos clasificados como de resistencia a la autoridad eran fatales. Este año, a partir las cifras primarias que disponemos de nuestros estudios, nos muestran que ese porcentaje se incrementó de una manera importante y para el 2016 estimamos que al menos el 80% de los casos de resistencia a la autoridad concluyeron en muertes.

En estas condiciones los delincuentes perciben que la actuación policial es violenta, los condena a la muerte y, por tanto, responden en consecuencia, haciendo más violenta la sociedad. Tanto el delito como la acción de respuesta de las autoridades se volvieron letales.

Aparece el delito por hambre

El empobrecimiento y la escasez de los alimentos ha llevado a respuestas muy variadas en la sociedad: unos deciden hurgar en la basura para poder alimentarse, otros deciden robar los alimentos o a las personas para poder conseguir dinero y comprar comida.

Históricamente el delito en Venezuela se había motivado por la búsqueda de un consumo suntuario, unos zapatos de marca o un teléfono celular. En el 2016 ocurrió un cambio y los Observatorios Regionales pudieron detectar un incremento generalizado de los robos por hambre.

Se incrementan los robos colectivos; los saqueos a negocios y transporte de alimentos, han sido una modalidad violenta que se ha incrementado en el país y aunque hay casos que han alcanzado notoriedad, como lo saqueos en Cumaná en junio, en San Cristóbal en julio, o en Ciudad Bolívar en diciembre, son muchos más frecuentes y generalizados.

En diversas zonas del país, el transporte de alimentos sólo puede hacerse en camiones que se movilizan escoltados por unidades del ejército para evitar lo saqueos de las poblaciones que atraviesan en su recorrido; y aun así hay casos donde los cuerpos militares no han podido evitar el asalto de la población que busca comida.

Se incrementó el delito amateur

Aunque hay delincuentes profesionales que roban la comida, la mayoría de las personas que cometen estos delitos no son delincuentes regulares. No se dedican al delito, tienen otros oficios y empleos, pero pueden cometer un delito transitoriamente, en el camino de regreso del trabajo; ya que su salario no le alcanza, se convierten en delincuentes amateurs; en general son actores solitarios, pues actuar con otros sería reconocer su nueva condición que todavía no quieren aceptar.

Sus acciones son pequeñas, pero su número se hace cada vez más grande, por lo tanto existe la posibilidad que muchos de ellos decidan aceptar esa identidad y pasen a convertirse en profesionales e integrar las bandas delictivas.

E.- El deterioro del sistema de justicia penal

El deterioro del sistema de justicia penal ha llevado a una desconfianza notable de la población en sus componentes. Los varios estudios de percepción de la seguridad que hemos realizado en las universidades, señalan que menos del 10% de la población considera como buenos o confiables la policía, los tribunales o las penitenciarías.

Durante el año 2016 se deterioró la función social de la policía

Las policías y los cuerpos de seguridad han padecido un gran deterioro durante este año.

En primer lugar, los policías continúan siendo víctimas del delito y la violencia, se han convertido en un objetivo del delito: Estimamos que al finalizar el año 2016 tendremos en Caracas un promedio de 2,5 policías o funcionarios asesinados en cada semana.

Adicionalmente, y en el resto de estados centrales, un promedio de 1 policía muerto por semana. El deterioro se refleja también en una disminución de la capacidad operativa de la policía. Las policías han mermado en su personal, pues, durante este año, fue muy notable la renuncia de los funcionarios policiales a sus cargos públicos.

El crecimiento de los riesgos y la reducción práctica de lo que compran sus sueldos, ha hecho que buena parte de ellos renuncien para ir a engrosar la seguridad privada.

Al mismo tiempo, se ha observado un aumento del número de policías involucrados en el delito. En este año se ha observado un incremento de su acción fuera de la ley, desde su participación en robos y extorsión comunes, hasta su colaboración con las bandas organizadas.

Los registros de prensa de todas las regiones y los partes policiales, reflejan sistemáticamente las informaciones de los funcionarios transformados en delincuentes usando su investidura policial para cometer las fechorías y que son apresados por otros agentes de seguridad, lo cual los ha convertido en depredadores de la comunidad que deben proteger.

Adicionalmente, se incrementaron las denuncias sobre la acción extrajudicial y delictiva de funcionarios y cuerpos policiales en sus funciones de seguridad. En este año 2016 se incrementaron las denuncias de ejecuciones a personas realizadas por funcionarios policiales y militares en la denominada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), lo cual coincide con el incremento de víctimas fatales calificadas en la estadística como resultado de un acto de resistencia a la autoridad.

Se estableció un sistema carcelario paralelo a las prisiones

Las penurias y los enfrentamientos violentos en las cárceles que se dan entre las bandas para controlar los penales y las rentas económicas que de allí derivan, se mantuvieron durante todo el año y a pesar de los reiterados esfuerzos de los defensores de los derechos humanos y de las autoridades.

Lo singular de este proceso en Venezuela es que paralelo al sistema penitenciario formal se ha creado una estructura de reclusión temporal que equipara en magnitud de internos a los que se encuentran en las cárceles. Estos centros de detención provisional no fueron diseñados, ni tienen las instalaciones físicas, para albergar miles de reclusos y de manera permanente.

Algunos detenidos llevan varios años en esos centros temporales y, aunque ya tienen sentencia y orden de traslado a las cárceles por un juez, no son admitidos en las cárceles formales por las autoridades penitenciarias.

Se incrementó la politización del sistema de administración de justicia

En este año se redujo la legitimidad del sistema de justicia por su parcialización política y su pérdida de capacidad operativa. El mecanismo de designación de los nuevos magistrados y las actuaciones a lo largo del año le restaron legitimidad a un sistema de justicia que debe mostrarse al servicio de toda la ciudadanía, sin
distinciones sociales o políticas.

Esta conflictividad y parcialidad, así como los bajos sueldos, han llevado a la renuncia formal o al retiro práctico de funcionarios judiciales de sus obligaciones cotidianas, pues deben buscar otras formas de obtener ingresos.

F- Las respuestas de la ciudadanía a la violencia

Ante tales niveles de empobrecimiento y violencia delincuencial y oficial, se ha provocado una respuesta de la ciudadanía, que podemos agrupar en 4 procesos sociales.

F.1- La violencia incrementó el miedo y la pérdida de libertad

El miedo de la población venezolana a ser víctima del delito y la violencia se ha generalizado a todos los sectores sociales, pero afecta de manera más grave a los sectores pobres y de clase media que deben moverse a pie o en el transporte público por las ciudades y calles del país.

Las encuestas y los grupos focales que durante este año realizamos desde las universidades nacionales, han registrado ese sentimiento de temor permanente y callado que tiene la población. Como consecuencia de ese miedo, se han generalizado también las medidas personales para la reducción del riesgo, lo cual ha llevado al encierro de la población, a la renuncia del espacio público y los cambios de hábitos de socialización, educación y trabajo.

Las calles de las ciudades se vacían al anochecer, el transporte público se reduce y las personas se resguardan en sus casas. En algunas ciudades los grupos delincuenciales ordenan toques de queda forzados. Estas acciones que en los años anteriores estaban limitadas a pequeños espacios y ocurrían de manera encubierta, pasaron en el 2016 a ocupar avenidas principales y de manera abierta.

Esto dejó de ser un fenómeno exclusivo de las zonas de frontera o las ciudades, y se extendió a poblados pequeños y zonas turísticas, los cuales perdieron dinamismo y han sufrido un impacto económico adicional, pues los pescadores artesanales se resguardan por miedo a que les roben sus botes o motores, y los visitantes se abstienen de ir a las playas por temor a ser víctimas de los asaltos colectivos.

Una de las áreas donde con mayor impacto se ha sentido este fenómeno fue en el transporte público y colectivo: ocho de cada diez venezolanos tiene miedo de ser víctima del delito en los autobuses en las ciudades o en las carreteras interurbanas.

Por ese miedo, este año muchos venezolanos optaran por renunciar a viajar en las noches o madrugadas por muchas carreteras y autopistas, las cuales se tornaron más solitarias y se hicieron más propensas a la actuación del delito.

F.2- La violencia produjo desplazamiento territorial de la población

La violencia y el miedo a ser víctima de la violencia han propiciado el desplazamiento de la población a otras zonas, otras ciudades y otros países. Lo que por un tiempo fue un fenómeno exclusivo de las zonas fronterizas, en 2016 se pudo observar en las zonas centrales del país. Los territorios controlados por las bandas se ampliaron y de igual modo la amenaza, el sometimiento y la extorsión de la población.

Ante la ausencia de protección de las autoridades, y dado que la inhibición no resulta suficiente para protegerse, las familias han decidido trasladarse completamente o al menos a sus hijos, hacia otros lugares, con la esperanza de obtener mayor seguridad.

Estos desplazamientos por la violencia de las bandas y en algunos casos, de los cuerpos policiales, se incrementaron durante el 2016. Aunque no es sencillo cuantificarlos, pues pueden confundirse con las mudanzas por motivos económicos, se ha podido registrar una mayor movilidad territorial que, dependiendo de las condiciones de las familias, se da a lo interno de la ciudad, entre ciudades o hacia fuera del país.

En el 2016 se registró un fenómeno de abundante retorno de migrantes de primera o segunda generación a sus países de origen, y no sólo a Europa, sino también en América Latina, a Colombia, Ecuador, Perú o República Dominicana, tanto por las carencias económicas, como por el temor y la desprotección que sienten ante la violencia.

F.3- La violencia incrementó los linchamientos

Por la reiterada victimización que se ha vivido durante más de una década, y el sentimiento de desamparo, muchas personas han decidido tomar la justicia por mano propia y han pasado al acto, agrediendo físicamente, y en algunos casos, hasta causando la muerte a presuntos delincuentes y hasta personas inocentes.

En este año observamos 4 aspectos relevantes.

El primero, es un incremento en la magnitud de estos linchamientos, si bien en años anteriores había ocurrido el fenómeno, se registraba como algo aislado; en el 2016 se ha visto un incremento importante, registrándose cada semana entre 1 y 3 linchamientos con víctimas fatales.

El segundo, es que su ocurrencia se ha generalizado en el país, llamando la atención su notable incremento en ciertas zonas como el estado Monagas.

El tercero, en los estudios de años anteriores se había observado que los linchamientos tenían como víctimas a personas que habían cometido crímenes horribles, asesinos o violadores, mientras que en el 2016 se observó intentos de linchamiento de personas que cometían delitos menores, hasta ladronzuelos inexpertos, que han recibido un fuerte castigo corporal como resultado del cansancio y la ira de la población.

Y, finalmente, los observatorios han registrado una actitud más tolerante y cómplice de la policía, que se retira o retrasa su intervención para permitir que la población proceda con el linchamiento.

F.4- La violencia incrementó el sicariato

Quienes deciden no tomar la justicia por sus propias manos, pueden encomendar a otros que realicen dichas tareas. Las tareas del sicario pueden ser desde intimidar al otro para facilitar una negociación hasta ejercer una venganza en respuesta al daño recibido.

Las bandas delincuenciales la utilizan, pero también los ciudadanos que se sienten desprotegidos y sin esperanza de obtener reparación o justicia. En este año 2016 pudimos registrar que cada semana se cometieron entre 1 y 4 asesinatos que, por su forma de ejecución, podían ser clasificados como sicariatos o muertes por encargo.

G- Llamado final

Las universidades nacionales agrupadas en el Observatorio Venezolano de Violencia, queremos reiterar nuestra convicción que esta dolorosa situación de violencia y criminalidad que vive la sociedad venezolana, no es una irreversible maldición del destino sino el resultado de políticas públicas equivocadas.

Con la voluntad y cooperación de los venezolanos, de todos los sectores sociales y de todos los colores políticos, podemos modificarla y construir una sociedad democrática donde se respeten los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de todas las personas.

Así es el fraude eléctrico venezolano

Un exempleado de la compañía norteamericana ProEnergy coloca a la luz pública miles de comunicados, presupuestos y órdenes de compra-venta de una presunta operación fraudulenta que involucraría a la empresa Derwick Associates

Nicolás Robles Lecuna, Newsweek

No es un email filtrado. No hablamos de alguna correspondencia sobre un pequeño “chanchullo”, de esos típicos venezolanos. No es “me contaron” o “escuché”.

Aquí, de ser cierto, nos referimos a algo monumental. Algo masivo. Algo descarado, escandaloso: un insulto a la nación. Documentos tras documentos tras documentos… facturas encima de facturas y más facturas… precios que se alteran.

Compras de equipos eléctricos usados como si fueran nuevos. Por situaciones como ésta, entonces se entiende un poco más sobre la situación del caótico sistema eléctrico nacional.

Tras varias semanas de intenso estudio por parte del equipo de analistas de Newsweek En Español Venezuela, la conclusión es una sola: alguien se salió con la suya… y no fueron los ciudadanos venezolanos, quienes sufren de apagones a diario.

Esta historia es narrada en primera persona por Daniel Rosenau, norteamericano quien trabajó como ejecutivo de ventas de una compañía llamada ProEnergy, con base en Sedalia, Missouri.

Un mal día, este señor descubrió –usando no más que la lógica- que la compañía para la cual trabajaba en ese entonces tenía prácticamente un solo cliente: Derwick Associates, de Venezuela, fundada por Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López.

Entre el 2009 y el 2012, ProEnergy facturó a Derwick más de 2 billones de dólares.

Cuando intentó buscar información sobre Derwick en Google, pues se dio contra una pared. Las páginas estaban bloqueadas por el departamento de tecnología de su propia empresa. Ahí comenzó a pensar que algo estaba pasando… y esto fue lo que descubrió.

A continuación, el testimonio público de Daniel Rosenau

“Estoy dolorosamente consciente de la malversación de fondos y sobrefacturación que se relaciona con el sector energético de Venezuela, dado que hasta hace poco fui empleado de la compañía ProEnergy Services, ubicada en Sedalia, Missouri.

ProEnergy fue la contratista responsable de la construcción de una docena de plantas de energía, mediante tratos que involucraban sobrefacturaciones en bruto, múltiples transacciones offshore, y una turbia asociación con Derwick Associates, un grupo venezolano sin experiencia alguna en la construcción de plantas de energía.

Estoy haciendo público y disponible más de 10 GB de material; documentos que provienen directamente del disco duro de la empresa. Los metadatos de cada documento se pueden conectar directamente a las computadoras de Pro-Energía. Mi esperanza es que los datos adjuntos permitan exponer este fraude multimillonario.

”Entre los años 2009 a 2012, ProEnergy facturó prácticamente a un solo cliente una suma aproximada de 2 billones de dólares. El cliente es Derwick Associates.

Nuestra compañía vendió más de 1 billón de dólares en turbinas (la mayoría de ellas usadas o reconstruidas, pero vendidas como nuevas) para Derwick, que –apenas horas más tarde- las revendió al gobierno de Venezuela, a través de entes como el Ministerio de Energía, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). PDVSA y SIDOR.

Además de las ventas de turbinas a Derwick, ProEnergy construyó las centrales eléctricas que Derwick mercadeaba como de su propia fabricación, y por las cuales ambas compañías sobrefacturaban al gobierno venezolano por cientos de millones de dólares.

Según el diario The Wall Street Journal, Derwick se encuentra bajo investigación criminal por autoridades federales, además de autoridades locales en New York (Esto condujo a que Derwick contratase inmediatamente los servicios de Adam Kauffman, antiguo jefe de la división de investigaciones de la Fiscalía de Manhattan, quien ya representa a varios funcionarios del gobierno venezolano, que presuntamente malversaron cientos de millones de dólares).

Trabajando en el departamento de ventas de ProEnergy, me di cuenta de que la compañía había incursionado en negociaciones “sucias”, cuando un grupo de venezolanos con buenas conexiones, decidió ignorar y no comprar a fabricantes de equipos originales (OEM, siglas en inglés) como Rolls Royce, Pratt & Whitney, y General Electric. En cambio, usaron ProEnergy como un intermediario. En otras palabras, un intermediario utilizando otro intermediario.

Inexplicablemente, el departamento de Información y Tecnología de ProEnergy había bloqueado el acceso a sitios de Internet que pudieran referirse a la empresa Derwick.

Cuando busqué en Google “Derwick” y “corrupción”, las páginas estaban bloqueadas. Esto agitó mi curiosidad y por eso exploré el disco duro compartido de la computadora de la compañía, en busca de información relacionada con el término “Derwick”.

Lo que encontré allí me impactó: docenas de propuestas de venta para Derwick; generadores, plantas de energía, mejoras a estas plantas. Era realmente extraño, dado que ProEnergy NUNCA ha construido una planta de energía en los Estados Unidos (ProEnergy no cumple con los estándares americanos, por lo que tiene oficinas en lugares como Angola, Argentina, Pakistán y Venezuela).

Sorprendentemente, las propuestas de ProEnergy reflejan un margen de ganancia que va desde 20 hasta 74%. En mi sector, el margen de beneficio por lo general oscila entre el 2 y el 5%. Estos precios reflejaban que alguien estaba siendo estafado. ProEnergy sobre facturaba a Derwick.

Mi sensación de incredulidad aumentaba mientras leía. Descubrí documentos, borradores en papel membretado de Derwick. ProEnergy estaba redactando las propuestas y la preparación de las facturas que Derwick envió a clientes venezolanos por el mismo equipo descrito en las propuestas a Derwick de ProEnergy. Esto incluyó las facturas reales de Derwick a las empresas estatales de Venezuela como PDVSA.

Todas estas facturas, todos estos documentos y archivos con los que Dewrick negociaba, eran escritos y preparados por ProEnergy en Sedalia. En algunas de las facturas de Derwick, las instrucciones de pagos vía transferencias fueron a cuentas bancarias pertenecientes a ProEnergy. Algunos para el banco offshore Davos International y otros a JP Morgan en Nueva York.

Cuando me enteré de que los propietarios de Derwick apenas habían salido de la universidad y eran amigos del hijo del ministro de Energía Eléctrica, entendí por qué ProEnergy había preparado las facturas de Derwick: porque nuestros clientes venezolanos de Derwick (veinteañeros en su mayoría) sencillamente carecían de conocimientos técnicos.

Después de todo, ¿cómo puede una persona redactar una factura por un producto sin ningún conocimiento sobre el tema en cuestión?

Sorprendentemente, estos documentos preparados por ProEnergy -y supuestamente de Derwick- también revelaron descomunales márgenes de ganancia, muy por encima de los precios que ProEnergy le cobra a Derwick.

Así, un artículo como un conjunto de tres turbinas FT8 Swift Pac, comprados por ProEnergy a Pratt y Whitney, por $67.5M se vendieron un día después por $78M a Derwick, que luego las vendió -dos días después- a estatales venezolanas por $97.5M.

Y así, en cuatro días, un artículo con un precio de venta de $67.5M tenía un sobreprecio de $30M añadidos por ProEnergy y por Derwick Associates.

En otro caso, tres turbinas Rolls Royce Trent 60, adquiridas originalmente por $66M, fueron vendidas a Derwick por $79.3M, que a su vez las revendió horas más tarde por $97.5M, añadiendo otros $ 31M de lucro para Derwick y ProEnergy.

Al igual que estas operaciones hay decenas de transacciones inimaginables, que van de desde piezas de repuestos, presupuestos de construcción de turbinas, generadores, transformadores; costos de transporte y entrenamiento de personal. Detuve mi cuenta de todas las facturaciones al llegar a los 2 billones de dólares.

Un colega me dijo que el FBI había visitado ProEnergy en varias ocasiones. Fue como una tortura, semana tras semana, sabiendo que ProEnergy estaba robando una nación donde la pobreza y la delincuencia están desatadas. Pasé noches sin dormir pensando qué hacer. Pero una serie de despidos en toda la empresa resolvieron mi dilema inmediato.

La verdad es que sin la entrada de dinero proveniente de Venezuela, ProEnergy sufrió una fuerte crisis de liquidez. Tanto es así que la compañía Acon Investments de Washington DC, realizó una inyección de capital a ProEnergy. Acon está dirigido por Bernard Aronson, designado por Obama para América Latina.

Pasaron los meses y compartí información con el periodista venezolano César Batiz, quien verificó el material y permitió que un blogger publicara algo del material en Scribd.

Las revelaciones acerca de las actividades de lavado de dinero de los funcionarios de Venezuela en la  explicarían por qué los funcionarios estatales venezolanos acordaron sobre pagar a Derwick y ProEnergy.

Es desalentador que los ejecutivos del sector energético estadounidenses se muestren con tal avaricia que rápidamente han tomado parte en el saqueo a Venezuela.

Mi esperanza es que al salir públicamente con esta información, otros de mis antiguos colegas den un paso al frente y alerten sobre este escándalo internacional que involucra a Venezuela y también a Missouri.

Me han informado que Derwick Associates ha presionado a numerosos bloggers en Venezuela y fuera de sus fronteras, además de periodistas reconocidos”.

“El milagro de Chávez en la Tierra”: Más de 250 mil asesinatos en 16 años de revolución

Ana Rodríguez Brazón, El Cooperante

Según la Real Academia Española un legado es “algo que se transmite a los sucesores, sea una cosa material e inmaterial”. Pero el diccionario no especifica si esta herencia es buena o mala.

Con su muerte, Hugo Chávez, “el supremo”, dejó un legado del que hoy no pueden escapar los venezolanos: 252.073 venezolanos muertos a manos del hampa, en 16 años de revolución.

Esta alarmante cifra no solo engrosa el registro de cadáveres en las morgues del país, sino que crece la cantidad de ciudadanos y familias que se enlutan por la pérdida de un ser querido. Los asesinatos parecen que son lo único que no escasea, a pesar de que se han implementado 22 planes de seguridad lanzados desde 1999.

Desde 1999 hasta el 29 de mayo del 2015, según publicaciones de diferentes medios, se han registrado 252.073 muertes violentas, incrementando de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, a 82, según el Observatorio Venezolano de Violencia, (OVV) ubicando a la nación como el segundo país más violento del mundo.

En el primer año de Chávez, en 1999, hubo 5.968 muertes, pero en el 2012 antes de morir, dejó en el registro 21.692 víctimas, 73 muertos por cada 100 mil habitantes según cifras del OVV, aunque el gobierno solo admitió en ese momento 16.030.

Desde 1994 hasta 1997 hubo en Venezuela 18.400 muertes violentas.

En 1994 se registraron 4.733; 22 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 1995 cuatro mil 481; 21 por cada 100 mil habitantes.

En 1996 cuatro mil 961 con una cifra de 22 por cada 100 mil y en 1997 cuatro mil 225 siendo la cifra más baja con 19 homicidios por cada 100 mil.

Cifras por cada plan de seguridad

En 1999 con Luis Miquilena como primer ministro de Interior y Justicia del gobierno de Chávez, se lanzaron dos planes. El primero se llamó Plan Desarrollo Pacífico de las Cárceles y el segundo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; sin embargo, ese año terminó con 4.550 homicidios, aunque otras cifras arrojan 5.968 víctimas.

Ignacio Luis Arcaya. Imagen: http://www.eluniversal.com

En el año 2000 durante la gestión del ministro Ignacio Luis Arcaya, aparece el Plan Bratton. Este fue presentado por Alfredo Peña quien en ese momento era alcalde Metropolitano. Ese año cerró con 8.022 víctimas, aumentando la tasa a 33 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Un año más tarde dos nuevas estrategias para combatir el hampa fueron presentadas al país. El Plan Estratégico de Prevención de la Violencia y el Plan Confianza. Luego de 12 meses la cifra se ubicó en 7.960, para 33 muertos por cada 100 mil habitantes. Con el segundo plan fue modificado el Código Orgánico Procesal Penal.

Capitán Diosdado Cabello. Imagen: http://www.si.wsj.net

En el 2002 durante la administración de Diosdado Cabello una nueva estrategia fue anunciada a los venezolanos: el Plan Nacional de Control de Armas. 9.617 venezolanos cayeron a manos del hampa, 38 homicidios por cada 100 mil personas.

El 3 de marzo del 2003 llega el Plan Piloto de Seguridad y el Plan de Seguridad Misión Caracas, en este se incorporaron 1.800 funcionarios de distintos cuerpos, pero fueron asesinadas 11.342 personas, 44 muertes por cada 100.

Teniente Jesse Chacón. Imagen: http://www.panorama.com.ve

Pasaron tres años sin un nuevo plan. En el 2004 hubo 9.719 y en el 2005 nueve mil 964, por lo que en el 2006 el gobierno anunció un nuevo plan propuesto por Jesse Chacón, llamado Plan Estratégico Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana , el cual costó 70 millones de dólares. Doce mil 257 cayeron asesinados.

Luego de que en el 2007 murieran 13.156, aparecieron en el 2008 dos nuevos planes: Plan Caracas Segura y Plan Ruta Segura. En vez de disminuir los números arrojaron 14.599 muertos.

En el 2009 seis planes de seguridad sorprendieron a la población. Plan Noche Segura, Plan Autopista Segura, Dispositivo Bicentenario de Seguridad, Plan Guardia del Pueblo, Operación Cangrejo y Madrugonazo al Hampa , a pesar de la cantidad, hubo 16.047 muertos.

Ni en el 2010 ni el 2011 se anunciaron planes, pero la cantidad de víctimas siguió en ascenso. En el primer año hubo 17.600 muertos y en el segundo 19.336, aunque el gobierno aseguró que solo murieron 14.092 personas.

General Miguel Rodríguez. Imagen: http://www.difundelaverdad.org.ve

Para el 2012 fue presentada la Misión a Toda Vida Venezuela con Miguel Rodríguez Torres a la cabeza. Murieron 21.692. El gobierno admitió 16.030.

Operativo Madriguera y el Plan Patria Segura llegaron en el 2013. Este último contó con 3 mil miembros de la Fuerza Armada, a pesar del despliegue hubo 24.763 muertes.

El 2014 fue uno de los más violentos para la historia venezolana con 24.980 homicidios y una tasa de 82 muertos por cada 100 mil habitantes. Ese año apareció el Plan Desarme Nacional enmarcado en el Plan Patria Segura.

En lo que va del 2015, desde el 1 de enero hasta el 29 de mayo, solo en Caracas se registraron 2.101 asesinatos, para un total de 252.073 víctimas en 16 años de revolución.

Asesores del gobierno venezolano con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra

Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI), Correo del Caroní

Los miles de millones de dólares que encendieron el alerta internacional por presunta corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), no eran lo único que se lavaba en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Funcionarios vinculados a otros ministerios e instituciones del Estado venezolano desfilaron por las oficinas que instaló el banco andorrano en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) en el este de Caracas. Utilizaron esa entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas, según revelan documentos oficiales de la Policía de Andorra, entre 2010 y 2012.

La detención del comisario Norman Danilo Puerta Valera, exjefe de la División Contra Drogas de la policía científica de Venezuela (CICPC, entre 2004 y 2007) fue el escándalo que develó la estrecha relación entre Venezuela y la BPA. Lo aprehendieron el 7 de junio de 2010 por “la presunta comisión del delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico”, reza el expediente enviado por la Justicia de Andorra a la Fiscalía de Venezuela ese mismo año.

Puerta Valera tenía una cuenta en la BPA con de 1.446.992 dólares americanos, que abrió en 2006 en una oficina instalada en Caracas. Nunca declaró que era un funcionario policial de alta jerarquía, pues eso lo convertía inmediatamente en una Persona Expuesta Políticamente (gente cuyas cuentas y transacciones deben ser vigiladas con atención).

El único documento que consignó fue un carnet de membresía de la Asociación de Ganaderos del Distrito Mauroa del estado Falcón. En un video publicado el 17 de julio de 2012 en Youtube, el ex policía relata cómo fue captado por el español Xavier Mayol González, directivo de la BPA que abrió la oficina de Venezuela, y por una de las representantes de la entidad en el país, la venezolana Mariela Milagros Prieto González.

Norman Danilo Puerta Valera, el ex comisario antidrogas venezolano detenido en Andorra con una cuenta equivalente a $ 1,4 millones e investigado por lavado.

La documentación del Grupo Antiblanqueo del Principado de Andorra tiene más de 150 folios con declaraciones de los sospechosos y las actuaciones de fiscales y jueces desde 2007 hasta 2010. También se incluyen las actas de los interrogatorios a Puerta, en las que involucra a dos funcionarios de un despacho gubernamental: Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, quienes fungían o se presentaban como “asesores del ministro de Economía y Finanzas”, según consta en las copias de los pasaportes diplomáticos consignados ante BPA y a los que se tuvo acceso.

El contenido de la investigación —denominada por las autoridades de Andorra como Operaciò Cru (Operación Crudo)— confirma en buena parte lo expresado por la Unidad Contra el Crimen Financiero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Fincen en siglas en inglés): la red de lavado de dinero en la que participaban funcionarios venezolanos de alto rango contó con la complicidad de agentes y empleados de BPA para desviar grandes sumas de dinero y esconderlas en el paraíso fiscal. Así lo reseña el informe preliminar del Fincen publicado el 10 de marzo de 2015.

Salvoconducto de lujo

Los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez fueron emitidos el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana. Para esa fecha, la cartera de Economía y Finanzas estaba en manos de Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Hernández había sido condenado por la justicia venezolana por tráfico de heroína en el año 2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en el 2010 por intento de robo de una aeronave.

Un funcionario de la Cancillería venezolana, quien pidió no ser identificado, contó que durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) se hizo frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros.

“Estas solicitudes generalmente llegaban a la Cancillería desde Miraflores (sede del Ejecutivo), de la Secretaría de la Presidencia. Estos documentos se aprobaban porque era una orden del Presidente de la República, y así dice el Reglamento de Pasaportes”, indicó.

La Dirección de Inmunidades y Privilegios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela es la dependencia que autoriza la emisión de pasaportes diplomáticos. El decreto que regula la emisión de estos documentos en Venezuela está vigente desde 1974.

La figura de “asesor de ministro” no aparece entre los 12 cargos o funciones que tienen derecho a recibir un pasaporte diplomático. Sin embargo, el Reglamento de Pasaportes  faculta al despacho de Relaciones Exteriores a otorgar pasaportes diplomáticos a otras personas “cuando así lo ordene el Presidente de la República”.

Algunos ministerios también comenzaron a solicitar pasaportes directamente a la Cancillería, dijo el funcionario. “Pero en estos casos se consultaba con el ministro o viceministro (de Relaciones Exteriores). Si ellos los autorizaban, se emitían”. Alí Rodríguez Araque era el ministro de ese despacho para la fecha, mientras que el general Arévalo Enrique Méndez ocupaba el viceministerio.

Un allegado a Hernández y Gil confirmó que los pasaportes habían sido tramitados a través de la Secretaría de la Presidencia, que para ese entonces estaba a cargo del coronel del ejército Manuel Barroso.

“En esa época se otorgaron pasaportes diplomáticos a varios asesores de ministros. Por ejemplo, recuerdo el ministerio de Finanzas”, precisó el funcionario.

El narcotraficante colombiano Farid Feris Domínguez, alias “El Médico”, también tenía en su poder un pasaporte diplomático que lo acreditaba como asesor del ministro de Finanzas, cuando fue detenido en Venezuela el 22 de septiembre de 2006. En una entrevista realizada por el periodista Gerardo Reyes, en el Nuevo Herald (14/01/07), el capo aclaró que nunca conoció al ministro Merentes, pero sí dijo que era amigo del comisario Marcos Chávez, director de la policía científica de Venezuela.

Un “asesor” que traficaba heroína

Tulio Antonio Hernández Fernández nació en Barquisimeto, estado Lara, tiene 48 años y aparece registrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como votante en esa ciudad. La última vez que cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) fue en 1990, como trabajador de la antigua Embotelladora de Refrescos Marbel, ubicada en la vieja carretera Barquisimeto-Yaritagua, también en el estado Lara.

Tulio Antonio Hernández Fernández.

Su nombre aparece en la investigación de la Policía d’Andorra y el Grup de Delinqüenciència Organizada i Blanqueig como uno de los supuestos funcionarios del Gobierno venezolano que transfería grandes sumas de dinero a varias cuentas abiertas en la sucursal de Banca Privada D’Andorra (BPA) en el principado.

Al menos dos de estas cuentas en BPA estaban registradas a nombre del comisario Norman Danilo Puerta Valera, quien estuvo detenido en Andorra en dos ocasiones por esta investigación sobre presunto lavado.

Puerta declaró ante las autoridades que el saldo de 1,4 millones de dólares provenía de transacciones por la venta de ganado en Venezuela, sus prestaciones sociales (aunque para la fecha no había sido jubilado) y una deuda que contrajo.

Una fuente de la investigación en Andorra reveló que Hernández Fernández y Gil Yánez llevaban maletas —vía valija diplomática— llenas de dinero en efectivo que repartían en distintas cuentas en la BPA. Sin embargo, el expediente de las autoridades andorranas asegura que Hernández Fernández nunca viajó al principado.

“Se desplaza su mujer y gerente de la sociedad United Consulters de Venezuela. Este señor abre dos cuentas denominadas Crown Investors y Central Togo. Las sociedades son compradas a través de BPA Serveis, a un despacho en Panamá”, precisa uno de los documentos.

Hernández Fernández tiene antecedentes penales. En 1991 fue condenado por lesiones intencionales graves. Fue detenido en 1999 junto a otros cuatro venezolanos en el estado Zulia —al occidente del país— cuando la policía científica le incautó 1,4 kilos de heroína. La Fiscalía venezolana le imputó cargos por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En el juicio admitió los hechos. Recibió una sentencia de siete años y seis meses; pero estuvo preso solo 11 meses y 11 días. La jueza del caso, Luisa Rojas de Isea, le otorgó una “medida cautelar” que le permitía cumplir la pena en libertad bajo un régimen de presentación que se extendió hasta 2008.

Hernández estaba “cumpliendo” una condena en libertad por tráfico de drogas cuando recibió el pasaporte diplomático con el número 532/2004 que le permitía fungir en el exterior como “asesor del ministro de Finanzas”. Desde 2002 —año del paro petrolero contra Chávez— hasta finales de 2004, en la cartera de Finanzas estuvo el economista Tobías Nóbrega, quien fue luego imputado por corrupción durante su gestión por la sobrefacturación, de más de 5 millones de dólares, en la compra por parte del Estado de dos edificios en Caracas.

El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, destituyó en diciembre de 2004 a Nóbrega —casi seis meses después de que el escándalo estallara— y en su lugar designó al matemático Nelson Merentes. Nóbrega huyó a Portugal. En 2011 la Contraloría venezolana lo halló responsable de peculado doloso y le impuso una sanción que le impide ejercer cargos públicos durante 15 años.

Merentes, entonces presidente del Banco de Desarrollo Social (BANDES), asumió el despacho de Finanzas a partir del 7 de diciembre de 2004. Tres semanas después, la Cancillería venezolana autorizó y emitió los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez como “asesores del ministro de Finanzas”.

En el expediente judicial llevado en Andorra también se detalla que Hernández Fernández era cliente de BPA y representante, junto a su esposa Yajanira Dayana Ontiveros Linares, de las empresas panameñas Alhambra Gold Holding, registrada el 28 de marzo de 2006; y Central Togo, registrada el 14 de febrero de 2007, según consta en los archivos de la Notaría Primera de Panamá.

Yajanira Dayana Ontiveros Linares, la esposa de Hernández Fernández, viajó a Andorra.

Hernández Fernández se jactaba ante amigos y conocidos de que tenía una oficina en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano.

Tanto él como su esposa frecuentaban el Country Club de Barquisimeto. La familia de Hernández mantiene un perfil público en esa ciudad del occidente de Venezuela, donde su hermano, Jorge Hernández, es dueño del equipo de baloncesto profesional Guaros de Lara y tiene estrechos vínculos con altos funcionarios del chavismo.

En el acta de interrogatorio —del 9 de junio de 2010— quedan registradas las preguntas que le formuló la jueza instructora andorrana, María Àngels Moreno Aguirre, a Norman Danilo Puerta Valera:

¿Sabía usted que Tulio Hernández Fernández había sido condenado por tráfico de heroína en Venezuela?

—No lo sabía, pero el banco debía haber sabido. Los nombres, conexiones y antecedentes de las personas detenidas, no los demás.

¿Cómo es posible que siendo un comisario de policía no verificara los antecedentes de sus interlocutores, a los cuales daba la confianza de enviar tales cantidades de dinero en efectivo?

—No se me ocurrió ya que eran representantes de un banco y esto les daba confianza y respeto. El que llevaba la batuta en dicha empresa y hablaba era Gabriel Gil Yánez y Tulio Hernández Fernández, quien estaba presente pero en un segundo plano.

Un testigo vinculado al caso, que accedió a declarar para este trabajo bajo condición de anonimato, aseguró que otra empresa de Hernández Fernández, United Consulters de Venezuela, con sede en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas, CCCT, operaba como una casa de cambio ilegal:

“Diputados, gobernadores, ministros, testaferros, militares y hasta comisarios de la Policía científica desfilaban por esa oficina con grandes sumas de dinero en bolívares. Vendían y compraban dólares que en ocasiones enviaban a cuentas en el extranjero”.

La oficina de Hernández tenía un problema: tenía dólares, pero se quedaba sin existencia de bolívares. “Entonces recibía grandes sumas de dinero, a modo de préstamos, de sus clientes. Uno de ellos fue el empresario Raúl Gorrín, quien a su vez obtenía préstamos del Banco Canarias, gracias a su relación con el banquero Álvaro Gorrín, a quien defendió en el caso Microstar”.

La misma fuente, que prefirió resguardar su identidad, comentó que en una de sus transacciones comerciales con sus clientes, United Consulters de Venezuela emitió un cheque al abogado y empresario Raúl Gorrín por Bs. 890 millones, equivalentes a $ 1,9 millones a la tasa de cambio oficial en 2007. Gorrín es actualmente copropietario del canal de noticias venezolano Globovisión.

Con pasaporte diplomático y maleta de dólares

Gabriel Ignacio Gil Yánez también nació en Barquisimeto y tiene 45 años. Portaba el pasaporte diplomático número 530/2004 como asesor del entonces ministro de Finanzas, Nelson Merentes.

En el informe de la Unidad Antiblanqueo de Andorra, Gil Yánez aparece como accionista y director de la sociedad mercantil Pepperpot, creada en 1997 e inscrita en 2009 en el Registro Mercantil 5to de Caracas. Esta compañía, con sede en el exclusivo Centro Empresarial La Lagunita de la capital venezolana, enunciaba entre sus servicios y actividades la construcción y remodelación de inmuebles, aunque en la práctica actuaba como un “banco de segundo piso”, una entidad que facilitaba transacciones y permutas en moneda extranjera.

Gabriel Ignacio Gil Yánez.

Como trabajador de esa misma empresa, Gil cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por última vez en enero de 2015. Esta empresa también “tiene en marcha la construcción de 52 apartamentos en Venezuela, así como en el proyecto de asfalto en Maturín”, según consta en la documentación.

El 3 de marzo de 2006, Gabriel Ignacio Gil Yánez abrió una cuenta con la que adquirió una sociedad panameña en BPA, llamada North Hilton Investment. De acuerdo con la información obtenida por esta investigación, al principio Norman Puerta entregaba grandes cantidades en bolívares a Gil en Venezuela, quien se encargaba de ingresar el contravalor en euros en la cuenta en Andorra.

“Suponemos que Gil cobraba una tarifa por la gestión, pero BPA no participaba de esta operación”, reseña el informe.

Las autoridades de Andorra indican que ninguno de los implicados en la investigación —Norman Danilo Puerta Valera, Tulio Antonio Hernández Fernández, ni Gabriel Ignacio Gil Yánez— había proveído pruebas del origen lícito de los fondos depositados en BPA.

Según la fuente citada en la documentación, Gil manifestaba que siempre que realizaba ingresos en la cuenta, estos eran previamente declarados en la aduana española. Una de las transferencias que consta en ese informe es la que hizo el 25 de octubre de 2006 por un monto de € 221.400 en efectivo a la cuenta de Puerta Valera.

Además, Santiago Roselló Piera, director ejecutivo de BPA —hoy detenido por las autoridades— afirma en su declaración que Gil sí viajó a Andorra a firmar documentos referentes a la apertura de su cuenta.

En el documento de la Unidad Antiblanqueo de Andorra se explica que debido al elevado importe de los ingresos en efectivo —que llegó hasta 2,5 millones de dólares—, el BPA informó a Gil Yánez y a Hernández Fernández que no podrían continuar con estas operaciones, razón por lo que ambos acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias. “Aún así, la escasa información que se recibe de los clientes y la opacidad con la que trabajan, ocasiona la declaración de sospecha presentada por BPA ante las autoridades de Andorra”, cita el informe obtenido por esta investigación.
Sin embargo, una nota del mismo documento contra Norman Puerta Valera resalta que Gabriel Gil Yánez nunca ha formado parte de la organización de BPA “ni directa ni indirectamente como empleados o colaboradores y, por tanto, nunca han recibido directrices de negocio de Banca Privada de Andorra”.

Una fuente que accedió a hablar a esta investigación bajo condición de anonimato afirmó:

“Gabriel Gil viajaba con frecuencia a República Dominicana. Volaba hasta allá y regresaba con maletas llenas de dólares, algunas veces hasta con diez millones. Llegaba por el aeropuerto de Santo Domingo, en el estado Táchira [frontera entre Venezuela y Colombia], donde conocía a un militar amigo, y luego conducía hasta Caracas”.

Preso por una avioneta

Gabriel Gil tuvo que enfrentar la justicia unos años más tarde. El 4 de diciembre de 2010 fue acusado por el robo de una avioneta en el aeropuerto Óscar Machado Zuloaga de la localidad de Charallave, a 28 kilómetros de Caracas. Permaneció tres años detenido en la cárcel de Yare III por los delitos de apoderamiento ilegítimo de aeronave en grado de frustración, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir. Quedó en libertad en 2014, después de cumplir su condena.

Nunca recibió la medida cautelar que solicitó en reiteradas ocasiones.

Además, Gil Yánez fue vinculado con un militar dominicano, identificado como Jorge Pércival De Marchena, quien era investigado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y trata de personas, según un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas de República Dominicana.

Una nota publicada el 26 de octubre de 2011 en el diario dominicano Acento, sobre los nexos comerciales de De Marchena, indicaba que Gabriel Ignacio Gil Yánez, era “investigado en su país por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional drogas”.

Al venezolano se le vinculó también con el hijo del militar Pércival. Diario Digital, una publicación de Punta Cana, reseñó el 25 de octubre de 2011 que Jorge Humberto Pércival Peña, hijo del capitán, estuvo negociando con Gil Yánez la compra de un avión en España, “que utilizarían para hacer actividades ilícitas, pero esta operación no se llevó a cabo porque Gil fue arrestado en Venezuela por las autoridades antinarcóticos”.

Gil Yánez registró, el 12 de marzo de 2010 en República Dominicana, una empresa llamada Airflow Corp, según consta en los registros de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Actualmente Gil Yánez se encuentra en la ciudad venezolana de Barquisimeto.

La “reclutadora” de BPA en Caracas

Una de las asesoras de Banca Privada de Andorra (BPA) en Caracas era Mariela Milagros Prieto González, quien se encargó de captar y procesar la documentación para la apertura de cuentas a venezolanos en esa entidad. El español Antonio Salvador Lozano era también encargado de captar clientes y referirlos a Prieto González, quien se aseguraba de que toda la documentación estuviera “en orden y completa” (en ocasiones las fichas estaban vacías).

Prieto González trabajó en el Banco de Venezuela hasta 2005, cuando aún estaba en manos del español Grupo Santander. Su experiencia le permitió ser reclutada por BPA, pero la relación laboral terminó en 2008. Las comisiones y retribuciones que BPA pagaba a Prieto por sus servicios eran abonadas en una cuenta abierta en la misma entidad.

Prieto no solo recabó información para la apertura de todas las cuentas venezolanas, sino que también facilitó la simulación de operaciones sin justificativos para efectuar transacciones hasta Andorra con la complicidad de la directora de BPA en Panamá, Cristina Lozano Bonet.

Un caso frecuente eran las transferencias declaradas como “permuta” o “traspasos” sin que se presentara la documentación que sustentaran las transacciones. Las pesquisas descubrieron que la red incluso creaba empresas fantasmas para encubrir las transacciones.

Cristina Lozano Bonet, ejecutiva de BPA Serveis en Panamá.

La jueza andorrana María Àngels Moreno Aguirre ordenó en 2010 la detención de la venezolana Mariela Milagros Prieto González, junto a los españoles Antonio Salvador Lozano, y la directora de BPA Serveis en Panamá, Cristina Lozano Bonet.

En Venezuela, Prieto aparece también como gerente de una empresa denominada Red Net 24 C.A., especializada en servicios de telecomunicaciones y con dos sedes: la primera en la urbanización El Marqués, en Caracas; y la otra en la población de Ocumare del Tuy, a 44 kilómetros de la capital venezolana. Esta empresa ha obtenido contratos de la estatal Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), según consta en el expediente del Registro Nacional de Contratistas (RNC), donde también figura como presidente su hermano Gustavo Enrique Prieto González.

El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) intentó contactarla por medio de llamadas telefónicas a su hermano, presidente de Red Net 24, pero este declinó hacer algún comentario sobre la vinculación de Mariela Milagros Prieto González con la Banca Privada d’Andorra.

Entretanto, la cuenta del ex comisario Norman Danilo Puerta Valera en la BPA, con 1,4 millones de dólares, continúa bloqueada.

Todo lo que debe saber sobre la actualidad del Sector Construcción en Venezuela

Anabella Abadi, Prodavinci

El Sector Construcción representa 10% del PIB no petrolero del país y emplea a 8% de los trabajadores venezolanos. Así que, siendo un motor económico, su decrecimiento debe preocupar.

  1. Comportamiento del PIB Construcción. El PIB Construcción suele moverse en la misma dirección del PIB Consolidado y el PIB No Petrolero: todos crecen o odos decrecen. Esta relación se mantuvo durante los últimos 16 años, con la excepción de 2013, cuando el crecimiento del Sector Comunicaciones y el Sector Instituciones Financieras y Seguros ayudó a mantener el PIB a flote. Si se excluyen estos sectores, la variación del PIB Consolidado de 2013 pasa de +1,3 a -0,3; y la del PIB No Petrolero pasa de +1,8% a -0,3%.

Aunque el PIB Construcción sigue la misma dirección que el PIB Consolidado y el PIB No Petrolero, su magnitud suele ser mucho mayor: crece o decrece más. Los años con las brechas más grandes fueron 2003, 2006, 2007 y 2012. El año 2003 fue el año posterior al paro general de actividades, por lo que se registró una importante recesión.

Pero los años 2006, 2007 y 2012 fueron años no sólo de crecimiento, sino de importantes elecciones nacionales: elecciones presidenciales (2006 y 2012) y referéndum para la reforma constitucional (2007), por lo que se dio un impulso particular al Sector Construcción.

Luego de que el PIB Construcción decreciera -0,2% en 2009 y -7% en 2010, la puesta en marcha de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) impulsó su recuperación: crecimiento de 4,8% en 2011 y de 16,6% en 2012. Pero las trabas asociadas a la actividad sectorial, resaltando la escasez de insumos, resultaron en una caída de 2,3% y de 10,9% en 2014, siendo ésta última la tercera más alta de los últimos 16 años.

  1. Situación laboral de los trabajadores de la construcción. Aunque el Sector Construcción emplea a 8 de cada 100 trabajadores venezolanos, tiene una tasa de desempleo de 17,2% (primer semestre de 2014), poco más de dos veces la tasa de desempleo general de la economía (7,8%).

Aún más: es dudosa la calidad de los empleos. Por una parte, 57% de los trabajadores de la construcción laboran en el mercado informal. Y por otra parte, a mediados de marzo 2015, el presidente de la Federación de Trabajadores de la Construcción (Fetraconstrucción), William Lizardo, aseguró que el sueldo de los trabajadores de la construcción “está por debajo del salario mínimo nacional” y que la escasez de los insumos para la industria “hace que no sea posible incrementar los puestos de trabajo”.

  1. Trabas para el crecimiento: escasez de insumos. El coordinador de la Alianza Nacional de Trabajadores Cementeros (Antracem), Orlando Chirinos, aseguró que en el primer trimestre de 2015 registraron “una paralización de obras que está alrededor del 80% en todo el país”, producto de la escasez de insumos.

En el caso particular del cemento, precisó que la capacidad instalada en Venezuela es de 9 millones de toneladas métricas anuales, pero que el nivel de producción ronda el 50%.

Según cifras filtradas por el diario español ABC el 24 de abril de 2014, en febrero de 2014 “en términos anualizados la producción [de cemento] totalizó 7,66 millones de toneladas, dirigidas en su totalidad al mercado nacional”. Y aunque el Gobierno Central planteaba que se estaba produciendo a 85% de la capacidad instalada, para ese momento, la escasez de cemento se había acentuado y se había traducido en la paralización de varias obras.

Las cabillas son otras grandes ausentes. La producción de este insumo por parte de Sidor cayó 40% en 2014, llegando a producir 28,4% de lo producido en 2007, cuando la empresa estaba en manos de privados (Ternium).

No sorprende pues que –a la fecha– haya gran cantidad de obras paralizadas por la falta de cabillas.

  1. ¿Qué podemos esperar? Las industrias de insumos para la construcción fueron nacionalizadas por considerarse estratégicas, pero han mostrado pobres resultados desde que están en manos del Gobierno Central, sobre todo cuando habían sido particularmente productivas en manos del sector privado.

La falta de insumos seguirá siendo la principal traba para el sector construcción en 2015, en buena medida por la menor cantidad de divisas disponibles para invertir en estos sectores y para importar lo necesario para suplir el déficit de oferta. Vale decir que estas trabas han afectado, no sólo a la actividad del sector privado, sino también al sector público.

Si bien la GMVV ayudó a la recuperación de un muy golpeado Sector Construcción, se ha tendido a migrar esfuerzos hacia la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que implica menos recursos y resultados más inmediatos. Pero, en última instancia, será imposible que el Sector Construcción se recupere si no se toman medidas pertinentes para garantizar la producción, distribución y comercialización oportuna y suficiente de insumos para la construcción.

¿Por qué cerrará el diario Tal Cual?

Queridos amigos

Obligados por las informaciones que, de uno u otro modo, han circulado en las redes sociales respecto al inminente cierre de TalCual, les informamos lo que hay de verdad en esta noticia, a fin de precisar el contexto de este lamentable hecho.

Es cierto. TalCual tiene previsto cerrar el próximo 27 de febrero, tras un esfuerzo denodado por evitarlo, diversas razones nos empujan al cierre del diario, y la probable continuidad como semanario así como en la web, no solo en TalCualDigital, sino también en nuestras cuentas de Facebook y Twitter.

Las razones de este cierre jamás deseado tienen que ver con el acoso sistemático del gobierno contra TalCual por diversas vías: siete demandas judiciales en 15 años de existencia, severo e injustificado escrutinio sobre el diario de entes como el Seniat, IVSS y Ministerio del Trabajo, entre otros; acoso contra sus directivos desde diversas instancias gubernamentales; presión sobre los anunciantes para que no pautaran en el periódico;

La última demanda contra el director del diario, Teodoro Petkoff, así como contra el resto de los integrantes de la junta directiva, puede acarrear una importante multa y penas de prisión.

Hasta los momentos, la juez ha acordado todo lo solicitado por Diosdado Cabello, el demandante, lo que obliga a una presentación semanal ante el tribunal a los acusados,  a quienes también les dictaron prohibición de salida del país.

Este conjunto de hechos se une a la crítica situación por la que atraviesa la economía del país, que impide el relanzamiento del diario, el cual vive una situación financiera difícil, que no es posible subsanar dada la inflación existente y las presiones ya enunciadas.

Es por ello que los directivos del diario decidieron el cierre del mismo.

El director del diario, sus directivos, los periodistas y todos sus trabajadores están conscientes de la necesidad que tiene Venezuela de contar con diarios que defiendan la democracia, los derechos humanos y promuevan todas las vías necesarias para el entendimiento entre los venezolanos. Lamentablemente la situación se hizo insostenible y la medida de cierre no se pudo evitar.

En conclusión, TalCual en su edición diaria circulará hasta el próximo 27 de febrero y se está trabajando para mantener una edición semanal que circularía los fines de semana.

Al mismo tiempo se tiene planteado mantener la presencia en la web con TalCualdigital, página que cuenta con una buena cantidad de seguidores que se incrementa diariamente.

 Xabier Coscojuela, Jefe de Redacción

Por segundo año consecutivo, Caracas es la segunda ciudad más peligrosa del planeta

El Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, con sede en México, es una asociación civil integrada por organizaciones civiles, instituciones especializadas y comités ciudadanos, que busca mejorar al gobierno y a la sociedad, en seguridad pública y justicia penal. Es un organismo independiente, representativo y apartidista, que busca el diálogo y la coadyuvancia con las autoridades, consulta a las asociaciones e informa a la sociedad.

Esta asociación civil, realiza anualmente un estudio de la criminalidad mundial y produce un informe que es referencia y consulta obligatoria en el tema.

Lic. José Antonio Ortega Sánchez, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal

Por cuarto año consecutivo la ciudad hondureña de San Pedro Sula con una tasa de 171.20 homicidios por cada 100 mil habitantes ocupó el primer lugar entre las 50 urbes (de 300 mil o más habitantes) más violentas del mundo.

En 2014, como en 2013, Caracas y Acapulco ocuparon las posiciones 2 y 3, con tasas de 115.98 y 104.16 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Del ranking 2014 salieron las siguientes ciudades que figuraron en el ranking 2013: Santa Marta (Colombia), San Juan (Puerto Rico), Maracaibo (Venezuela) y Puerto Príncipe (Haití). Esas cuatro ciudades tuvieron tasas inferiores a la de Cuernavaca (25.45 homicidios por cada 100 mil habitantes) que ocupó el lugar 50.

Al ranking de 2014 ingresaron las ciudades brasileñas de Teresina, Porto Alegre y Curitiba y la ciudad mexicana de Obregón.

Las disminuciones más significativas fueron las de las ciudades colombianas y mexicanas. La reducción mayor se produjo en Torreón, del orden del 49%, al pasar de una tasa de 54.24 en 2013 a una de 27.81 en 2014.

Si consideramos no sólo el ranking de 2013 sino de años anteriores e incluso información previa, el caso de mayor reducción de los homicidios es el Medellín, Colombia.

En 2010 Medellín ocupó la décima posición en el ranking con una tasa de 82.62 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en 2014 bajó hasta la posición 49 con una tasa de 26.91 homicidios por cada 100 mil habitantes: en 4 años la tasa descendió en un 67%.

De mantenerse esta tendencia es casi seguro que en 2015 Medellín saldrá del ranking. Si en 2014 la tasa de la posición 50 hubiera sido similar a la de 2013 (30 por cada 100 mil habitantes), Medellín habría salido de este listado.

Pero además debe considerarse que si el ranking hubiera existido antes, entre finales de los años ochenta del siglo XX y hasta 2003, Medellín habría ocupado el primer lugar mundial en forma casi ininterrumpida. Hubo años en que las tasas de homicidios se acercaron a los 400 por cada 100 mil habitantes.

Los incrementos más significativos de las tasas de homicidios se produjeron en la ciudad estadounidense de St. Louis (46.27 %) y la salvadoreña de San Salvador (36.79%). Cabe aclarar respecto a St. Louis que el incremento del 46.27 % es considerando nuestro cálculo para 2013 que fue de 102 homicidios, cuando que posteriormente la policía de la ciudad reportó que fueron 120.

En tal caso el aumento entre 2012 y 2014 sería del 32.5% (pues los homicidios fueron 159 en 2014) y St. Louis no sería la primera urbe en incremento de homicidios, sino la segunda, después de San Salvador.

En apariencia los homicidios habrían crecido en más 100% en Valencia, Venezuela, pero lo cierto es que en esta ocasión consideramos cifras de homicidios de todos los municipios que integran la urbe y una población menor la antes calculada, según las nuevas estimaciones demográficas oficiales. Pero lo cierto es que Valencia sí está entre las 10 ciudades más violentas del mundo.

De las 50 ciudades del ranking, 19 se ubican en Brasil, 10 en México, 5 en Colombia, 4 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 3 en Sudáfrica y 2 en Honduras. Hay una ciudad de El Salvador, Guatemala y Jamaica.

La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en el continente americano (47 ciudades) y en particular en América Latina (43 urbes).

Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2014

La tasa promedio mundial es de 8,9 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Posición

Ciudad

País

Homicidios

Habitantes

Tasa

1

San Pedro Sula

Honduras

1,317 769,025 171.20
2 Caracas Venezuela 3,797 3,273,863 115.98
3 Acapulco México 883 847,735 104.16
4 João Pessoa Brasil 620 780,738 79.41
5 Distrito Central Honduras 928 1,195,456 77.65
6 Maceió Brasil 733 1,005,319 72.91
7 Valencia Venezuela 1086 1,527,920 71.08
8 Fortaleza Brasil 2,541 3,818,380 66.55
9 Cali Colombia 1,530 2,344,734 65.25
10 São Luís Brasil 908 1,403,111 64.71
11 Natal Brasil 931 1,462,045 63.68
12 Ciudad Guayana Venezuela 536 862,720 62.13
13 San Salvador El Salvador 1,067 1,743,315 61.21
14 Cape Town Sudáfrica 2,244 3,740,026 60.00
15 Vitoria Brasil 1074 1,884,096 57.00
16 Cuiabá Brasil 467 827,104 56.46
17 Salvador (y RMS) Brasil 2,129 3,919,864 54.31
18 Belém Brasil 1,130 2,129,515 53.06
19 ST. Louis EEUU 159 318,416 49.93
20 Teresina Brasil 416 840,600 49.49
21 Barquisimeto Venezuela 601 1,293,693 46.46
22 Detroit EEUU 309 688,701 44.87
23 Goiânia Brasil 633 1,412,364 44.82
24 Culiacán México 384 910,564 42.17
25 Guatemala Guatemala 1,288 3,074,054 41.90
26 Kingston Jamaica 495 1,219,366 40.59
27 Juárez México 538 1,347,165 39.94
28 New Orleans EEUU 150 378,715 39.61
29 Recife Brasil 1518 3,887,261 39.05
30 Campina Grande Brasil 153 402,912 37.97
31 Obregón México 120 318,184 37.71
32 Palmira Colombia 114 302,727 37.66
33 Manaus Brasil 749 2,020,301 37.07
34 Nuevo Laredo México 142 406,598 34.92
35 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 402 1,152,115 34.89
36 Pereira Colombia 162 467,185 34.68
37 Porto Alegre Brasil 1,442 4,161,237 34.65
38 Durban Sudáfrica 1187 3,442,361 34.48
39 Aracaju Brasil 312 912,647 34.19
40 Baltimore EEUU 211 622,104 33.92
41 Victoria México 117 345,080 33.91
42 Belo Horizonte Brasil 1,926 5,767,414 33.39
43 Chihuahua México 289 868,145 33.29
44 Curitiba Brasil 587 1,864,416 31.48
45 Tijuana México 502 1,678,880 29.90
46 Macapá Brasil 129 446,757 28.87
47 Cúcuta Colombia 183 643,666 28.43
48 Torreón México 330 1,186,637 27.81
49 Medellín Colombia 657 2,441,123 26.91
50

Cuernavaca

México 168 660,215 25.45