Caracas, la segunda ciudad más peligrosa del planeta

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Presidente del Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal, A. C.

Con una tasa de 111.33 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2017 la mexicana Los Cabos fue la ciudad más violenta del mundo e ingresó por primera vez al ranking.

Con una tasa ligeramente inferior (111.19) Caracas ocupó el segundo lugar; y con una tasa de 106.63, Acapulco tuvo la tercera posición.

Cinco de las 10 ciudades más violentas, entre las 50 que incluyen el ranking, son mexicanas: además de las ya mencionadas figuran La Paz, Tijuana y Victoria.

Más allá de las ciudades que ingresaron, reingresaron o salieron del ranking, los hechos de mayor importancia cualitativa en la más reciente edición del estudio periódico “Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo”, son tres:

  1. La pronunciada y rápida disminución de los homicidios en las ciudades de Honduras.

En el 2016 en San Pedro Sula se registró una tasa de 112.09 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en el 2017 fue de 51.18: una baja del 54.34% en tan sólo un año.

De este modo la urbe pasó de la tercera posición en el ranking en el 2016 a la 26 en el del 2017 (y ocupó el primer lugar mundial en los años 2011 al 2014).

En el 2016 en el Distrito Central se registró una tasa de 85.09 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en el 2017 fue de 48.00: una baja del 43.59% en tan sólo un año. Con ello pasó de la posición cuarta en el ranking del 2016 a la 35 en el 2017.

Estas reducciones extraordinarias no ocurrieron por casualidad, sino que son el resultado de un encomiable esfuerzo del gobierno de Honduras por erradicar en forma sistemática a células de grupos criminales, reducir la impunidad y actuar contra los delitos, distintos a los homicidios, que cometen las pandillas, así como poner orden en las prisiones.

  1. El incremento de la violencia en urbes de México.

En el sentido contrario a lo sucedido en ciudades de Honduras, en la brasileña Fortaleza la tasa de homicidios pasó de 44.98 en el 2016 a 83.48 en el 2017, un incremento del 85.59% en tan sólo un año.

Pero el disparo de la violencia homicida de Fortaleza palidece frente al habido en Los Cabos: pasó de 61 homicidios en el 2016 a 365 en el 2017, casi un 500% más en un año.

La violencia ha repuntado en México. En el 2015 cinco ciudades mexicanas se incluyeron en el ranking; en el 2017 fueron 12, la misma cifra del 2011.

Ciertamente en el 2017 las ciudades mexicanas estuvieron muy lejos de la tasa de casi 300 homicidios por cada 100 mil habitantes que alcanzó Juárez en el 2010, pero el incremento de la violencia es innegable.

Y ante la pregunta de por qué ha sucedido esto la respuesta es que se ha hecho lo contrario que en Honduras: no hay una acción para la erradicación sistemática de las milicias privadas de los grupos criminales y se ha permitido que la impunidad llegue a los peores niveles jamás registrados.

  1. La creciente dificultad para reconocer la magnitud de la violencia homicida en Venezuela, además del fenómeno demográfico que está sufriendo ese país

Desde años anteriores, pero sobre todo en el 2017, nos enfrentamos a un nuevo fenómeno que expresa la muy grave crisis que en todos los órdenes que enfrenta Venezuela: la creciente incapacidad de contar a sus muertos.

Ante datos oficiales, la información de la prensa sobre el tema en el 2017 fue mucho más escasa que en años anteriores, menos periódica y menos específica por lo que hace a la incidencia en las ciudades.

Por ello salieron del ranking dos ciudades de Venezuela, sin que tengamos la certeza de que no deberían figurar.

Por otro lado Venezuela está enfrentando un acelerado proceso de despoblamiento. Cuatro millones de sus habitantes han abandonado el país, más de la mitad de ellos en los últimos tres años. Como resultado las estimaciones oficiales de población no son reales, ni tampoco las tasas de homicidios basadas en ellas, sino más altas.

Otras novedades que presenta el ranking 2017 son:

  • Incluidas en el ranking del 2016, salieron del de 2017 seis ciudades: Cuiabá (Brasil), Curitiba (Brasil), São Luís (Brasil), Armenia (Colombia), Cumaná (Venezuela) y Gran Barcelona (Venezuela).
  • De estas, las dos últimas salieron porque no hay datos para calcular las tasas, no porque exista certeza de que las tasas de homicidios hayan bajado lo suficiente como para ya no figurar en el ranking.
  • Las cuatro restantes ciudades tuvieron tasas inferiores a la de Cúcuta, Colombia (34.78 homicidios por cada 100 mil habitantes) que ocupó el lugar 50.
  • Al ranking ingresaron las ciudades de Los Cabos (México), por primera vez; La Paz (México), por primera vez; Tepic (México), la cual reingresa; San Juan (Puerto Rico), la cual reingresa; Porto Alegre (Brasil), un reingreso y Campina Grande (Brasil), que también es un reingreso.
  • De las 50 ciudades del ranking 17 se ubican en Brasil, 12 en México, 5 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 3 en Colombia, 3 en Sudáfrica, y 2 en Honduras. Hay una ciudad de El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Jamaica. La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina (42 urbes).
  • En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 59.17 (41,430 homicidios dolosos entre 70,016,008 habitantes). Pero sólo las primeras 16 ciudades superaron ese promedio.

Estas son las 50 ciudades más violentas del mundo según el ranking 2017.

Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa
1 Los Cabos México 365 328,245 111.33
2 Caracas Venezuela 3,387 3,046,104 111.19
3 Acapulco México 910 853,646 106.63
4 Natal Brasil 1,378 1,343,573 102.56
5 Tijuana México 1,897 1,882,492 100.77
6 La Paz México 259 305,455 84.79
7 Fortaleza Brasil 3,270 3,917,279 83.48
8 Victoria México 301 361,078 83.32
9 Guayana Venezuela 728 906,879 80.28
10 Belém Brasil 1,743 2,441,761 71.38
11 Vitória da Conquista Brasil 245 348,718 70.26
12 Culiacán México 671 957,613 70.10
13 St. Louis EEUU 205 311,404 65.83
14 Maceió Brasil 658 1,029,129 63.94
15 Cape Town Sudáfrica 2,493 4,004,793 62.25
16 Kingston Jamaica 705 1,180,771 59.71
17 San Salvador El Salvador 1,057 1,789,588 59.06
18 Aracaju Brasil 560 951,073 58.88
19 Feira de Santana Brasil 369 627477 58.81
20 Juárez México 814 1,448,859 56.16
21 Baltimore EEUU 341 614,664 55.48
22 Recife Brasil 2,180 3,965,699 54.96
23 Maturín Venezuela 327 600,722 54.43
24 Guatemala Guatemala 1,705 3,187,293 53.49
25 Salvador Brasil 2,071 4,015,205 51.58
26 San Pedro Sula Honduras 392 765,864 51.18
27 Valencia Venezuela 784 1,576,071 49.74
28 Cali Colombia 1,261 2,542,876 49.59
29 Chihuahua México 460 929,884 49.48
30 João Pessoa Brasil 554 1,126,613 49.17
31 Obregón México 166 339,000 48.96
32 San Juan Puerto Rico 169 347,052 48.70
33 Barquisimeto Venezuela 644 1,335,348 48.23
34 Manaus Brasil 1,024 2,130,264 48.07
35 Distrito Central Honduras 588 1,224,897 48.00
36 Tepic México 237 503,330 47.09
37 Palmira Colombia 144 308,669 46.65
38 Reynosa México 294 701,525 41.95
39 Porto Alegre Brasil 1,748 4,268,083 40.96
40 Macapá Brasil 191 474,706 40.24
41 New Orleans EEUU 157 391,495 40.10
42 Detroit EEUU 267 672,795 39.69
43 Mazatlán México 192 488,281 39.32
44 Durban Sudáfrica 1,396 3,661,911 38.12
45 Campos dos Goytacazes Brasil 184 490,288 37.53
46 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 474 1,263,051 37.53
47 Campina Grande Brasil 153 410,332 37.29
48 Teresina Brasil 315 850,198 37.05
49 Vitória Brasil 707 1,960,213 36.07
50 Cúcuta Colombia 290 833,743 34.78

NOTA DE REDACCIÓN 1: Vale destacar que de acuerdo con este ranking 2017, Caracas fue la ciudad donde más homicidios se cometieron -de las 50 más violentas del planeta- con 3.387.

NOTA DE REDACCIÓN 2: Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), la tasa promedio mundial de asesinatos es de 9 por cada 100 mil habitantes.

—————————————————

El Consejo Ciudadano Para La Seguridad Pública y la Justicia Penal, con sede en México, es una asociación civil integrada por organizaciones civiles, instituciones especializadas y comités ciudadanos, que busca mejorar al gobierno y a la sociedad, en seguridad pública y justicia penal.

Es un organismo independiente, representativo y apartidista, que busca el diálogo y la cooperación con las autoridades, consulta a las asociaciones e informar a la sociedad.

Esta asociación civil, realiza anualmente un estudio de la criminalidad mundial y produce un informe que es referencia y consulta obligatoria en el tema.

Informe OVV de Violencia 2017

1- La multiplicidad de la Violencia del 2017

La violencia en Venezuela durante el año 2017 estuvo asociada al notable deterioro en la calidad de vida del venezolano y a la disolución sistemática del Estado de Derecho como el mecanismo regulador tanto de las relaciones sociales como del acceso a los bienes materiales y al poder.

En el 2017 se mantuvo un fuerte impacto de la violencia delincuencial expresada en homicidios, robos, extorsión y secuestros.

En este año la vida cotidiana de los ciudadanos se alteró todavía más, restringiéndose las libertades personales y el ejercicio de los derechos, por el temor de las personas a ser unas potenciales víctimas tanto del delito como del abuso policial.

Nuevas formas de violencia adquirieron relevancia, tanto por el incremento de su magnitud, como por las novedosas razones que las originaron e impulsaron.

Ante el incremento de la escasez de bienes de consumo básico, en este año se notó un crecimiento de la violencia inter-ciudadana por la agresividad expresada en la competencia por adquirir dichos bienes y por el surgimiento de modalidades del delito asociadas a la captación de la renta económica derivada de su control y comercialización.

De igual modo, se pudo observar un incremento de la violencia doméstica derivada de las situaciones de hambre que se han presentado en los hogares. La carencia de alimentos en las familias ha obligado a una administración estricta de los pocos recursos disponibles que no siempre es acatada por sus miembros, provocándose situaciones de violencia de pareja o maltrato infantil inéditas en el país.

En el 2017 se pudo observar un notable incremento de la violencia del Estado, tanto en el uso desproporcionado y extrajudicial de la fuerza para el castigo y control del delito, como en el uso ilegítimo de la fuerza para la represión de la protesta social y política de los ciudadanos.

La disolución del Estado de Derecho

En el 2017 se acentuó la disolución del Estado de Derecho a partir de un conjunto de acciones y medidas que destruyeron los mecanismos institucionales establecidos en la Constitución vigente substituyéndolos con medidas e instancias de poder paralelas, provocando una doble institucionalidad que ha incrementado el sentimiento de anomia de la sociedad y ha reducido la creencia en las vías legales como el medio adecuado para la resolución de conflictos.

Durante todo el 2017, y por casi dos años consecutivos, se prolongaron los decretos de estado de excepción sin aprobación de la Asamblea Nacional y por un periodo muy superior a los cuatro meses máximo como lo exige la Constitución.

Las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia por las cuales el poder judicial se arrogaba los poderes correspondientes al poder legislativo llevaron a que la Fiscal General de la República, en tanto que guardiana de la ley, las calificara como una ruptura del hilo constitucional.

El establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente por mecanismos de convocatoria y de elección diferentes a lo establecido por la Constitución Nacional vigente; la posterior destitución de la Fiscal General y el nombramiento de un nuevo Fiscal por una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene las potestades legales y constitucionales para hacerlo, y sus posteriores acciones de aprobación de leyes y eliminación de unidades territoriales establecidas, actuando como un poder plenipotenciario sin haber sido derogada la anterior, ni haber sido aprobada una nueva Constitución, han conducido al establecimiento de una peligrosa doble institucionalidad en el país.

Un país que tiene dos Asambleas Nacionales, dos Fiscalías y dos Tribunales Supremos de Justicia, es una sociedad que no tiene mecanismos de control civilizados de la violencia.

Crisis económica, empobrecimiento y segregación social

La crisis económica, con una contracción de dos dígitos en el Producto Interno Bruto, la reducción a la mitad de las importaciones y la disminución de las exportaciones petroleras y no petroleras, así como la emisión de dinero inorgánico por parte del gobierno, ha provocado una inflación que ya da signos de hiperinflación.

La caída de los precios del barril y de la producción de petróleo venezolano, así como la baja productividad en la economía y el crecimiento de la economía informal, han provocado un incremento de la desigualdad en la sociedad y han creado dos polos contrastantes de extrema riqueza y extrema pobreza en el país.

En este 2017 se ha acentuado el desabastecimiento, se ha incrementado el costo de todos los productos de la canasta alimentaria y se ha deteriorado el ingreso familiar, generando una progresiva pauperización de enormes sectores sociales.

Los estudios realizados por las universidades nacionales muestran que cuatro de cada cinco hogares venezolanos (82%) están en situación de pobreza y que más de la mitad de las familias (52%) se encuentran en pobreza extrema; es decir, que no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Cáritas ha reportado que este año se ha incrementado en un 14,5% el número de niños con desnutrición aguda, con muchos de ellos fallecidos por el hambre.

El lograr algún alimento para el hogar pasó a ser una proeza para millones de familias venezolanas, las cuales se ven sometidas a largas y demoradas colas para la compra de unos pocos productos, y en las que hay tensión y focos de violencia por la discrecionalidad y segregación en las normativas que imponen los establecimientos o los militares encargados del cuido del orden en esos lugares.

La exigencia de un “carnet” para acceder a la compra de alimentos, medicinas y otras necesidades, requiriendo un documento de identidad diferente del que establece la legalidad venezolana, constituye un mecanismo de exclusión social, de sometimiento al poder y de pérdida de la ciudadanía, pues establece dos tipos de venezolanos: unos afiliados por un registro gubernamental para el acceso a unos pocos alimentos o medicinas y otros sin derechos a la alimentación y la salud.

2- La metodología de la investigación en Violencia

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que hasta el año pasado agrupaba a investigadores de seis universidades nacionales, incorporó en el 2017 la Universidad del Zulia (LUZ) y en consecuencia al estado Zulia. El OVV amplía, de esta manera, la cobertura regional en el estudio de la violencia, pues contamos ahora con cuatro estados del occidente del país (Zulia, Táchira, Mérida y Lara), dos estados centrales (Distrito Capital y Miranda), un estado del oriente (Sucre) y otro del sur (Bolívar), que suman un 49% de la población nacional.

El OVV ha trabajado con tres tipos de fuentes de información diferentes: datos que se publican en la prensa nacionalarchivos oficiales y encuestas de victimización aplicadas en los hogares. Para la recopilación y procesamiento de los datos que se publican en la prensa nacional, el OVV, a través de los Observatorios Regionales de Violencia (ORV) y de sus respectivos Observatorios de Prensa (OP), registra y contabiliza sucesos de violencia difundidos en medios de comunicación regionales y nacionales.

Adicionalmente, el OVV, por medio de la red de Observatorios Regionales, recibe datos oficiales de manera no-oficial. Estos archivos reportan delitos conocidos por las autoridades policiales, en aquellos casos en los que se presenta una denuncia o se realiza una actuación policial.

Hay que precisar que esta información no siempre es completa y presenta en general inconsistencias de diversos tipos, que demandan de un minucioso trabajo de revisión y de validación, en la medida que lo posibilitan los archivos. La tercera fuente de información es la que proviene de las encuestas de victimización, una de ellas es la Encuesta sobre Condiciones de Vida, ENCOVI, que llevan a cabo anualmente la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela.

El OVV se alimenta, además, de un programa de investigación con encuestas ad-hoc sobre la misma temática, pero estudiando su vinculación con problemas sociales diversos como, por ejemplo, la desigualdad, que llevan a cabo los centros de investigación que lo integran.

En este año se aplicaron de manera sistemática otras dos técnicas de recolección de información: los grupos focales y las entrevistas a profundidad.

En siete ciudades del país se realizaron grupos focales con los grupos sociales y ocupacionales más afectados por la violencia y se aplicaron entrevistas con líderes sindicales y comunitarios, así como con trabajadores de la salud y la seguridad, para tener mayor profundidad y detalle de las situaciones vividas, así como para comprender la construcción subjetiva de la violencia.

En esta oportunidad cabe destacar un estudio de particular importancia para determinar la cifra negra en materia de mortalidad violenta, que está llevando a cabo el OVV en cinco parroquias del Distrito Capital.

En esta investigación se está realizando una enumeración exhaustiva de casos de mortalidad violenta por medio de una encuesta a hogares, que en una etapa posterior se podrá cotejar con los registros oficiales disponibles sobre homicidios y muertes por resistencia a la autoridad.

Este ejercicio permitirá, con el empleo de una metodología conocida como de estimación por sistemas múltiples (ESM), una aproximación novedosa a la cuantía de la cifra negra letal en nuestro país.

El concepto de muertes violentas que utilizamos en este informe, se define como la suma de las muertes ocurridas bajo cada una de las tres categorías siguientes: homicidios legalmente establecidos, averiguaciones de muerte y resistencia a la autoridad.

La estadística oficial utiliza la categoría homicidios sólo para los casos (de una o varias víctimas) donde existe la apertura de un expediente judicial por asesinato. Muchos otros casos, de miles de muertes violentas; por ejemplo, de personas fallecidas a causa de un disparo de arma de fuego, quedan fuera de esa categoría por tener una intención “indeterminada”, por lo que se denominarían averiguaciones de muerte.

En otros casos, miles también, donde la muerte ocurre a consecuencia de una acción del Estado, policial o militar, se clasifican y archivan como resistencia a la autoridad. Ciertamente, no todo caso de enfrentamiento con la autoridad termina en homicidio, ni toda muerte en averiguación tiene por qué ser el resultado de un acto violento, pero es imposible saber con certeza cuántos lo son, y esto, entre otras razones, por la aparente falta de sistematicidad en los procedimientos de registro de los organismos oficiales encargados de esta materia.

En opinión del OVV, aun cuando la muerte sea el resultado de una acción legal ajustada al protocolo de uso proporcional de la fuerza, es una muerte violenta que debe ser contabilizada como tal, pues es el resultado del nivel de violencia existente en la sociedad.

Ante el silencio informativo habitualmente practicado por el Gobierno con relación a la mortalidad violenta y la dificultad de poder disponer de fuentes completas de datos confiables, el OVV ha venido empleando proyecciones estadísticas de las muertes violentas ocurridas en el país en un año calendario específico.

Para ello, hemos utilizado datos parciales aportados por diversas fuentes de información regional y nacional, en combinación con series estadísticas de muertes violentas del país desde 1990.

El ejercicio de predicción estadística en el 2017 se llevó a cabo estimando modelos de series temporales de los casos conocidos de homicidios y casos de resistencia a la autoridad de manera conjunta, registrados para los nueve primeros meses del 2017, y de las averiguaciones de muerte compiladas por la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ) y el actual Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), desde 1990 hasta el 2010.

El procedimiento de búsqueda de los mejores modelos de predicción consideró la clase de los modelos de suavizamiento exponencial y los modelos autorregresivos de promedios móviles integrados (ARIMA), resultando un modelo de suavizado exponencial simple para la serie conjunta de homicidios y muertes de casos de resistencia a la autoridad, y el modelo ARIMA (0,1,0) para la serie de casos de averiguaciones de muertes.

Hay que advertir que aun cuando los modelos ajustados son los “mejores” desde el punto de vista estadístico, es decir, aquellos que proporcionan el mejor ajuste a los datos y además aseguran el menor error de predicción, tal ejercicio se realiza asumiendo unceteris paribus, es decir, que las condiciones determinantes del comportamiento pasado no han cambiado y se mantienen constantes. Se comprende, por lo tanto, que en la medida en que el horizonte de predicción se alarga, el ejercicio de predicción es más incierto.

De cualquier manera, reconocemos que las cifras se mueven en la incertidumbre de unos intervalos amplios que pueden ubicar las tasas “reales” en magnitudes algo menores o algo mayores de las que resultan del ejercicio predictivo, expresado normalmente en afirmaciones que se declaran con un 95% de confianza.

3- La situación de Violencia en el 2017

Este año se cumplen catorce consecutivos de censura sobre la estadística oficial de criminalidad y violencia. Por ello, calculando en medio de la opacidad informativa con fuentes primarias nacionales y estadales, y con las informaciones de terreno a las cuales hemos tenido acceso a través de los siete Observatorios Regionales de Violencia, para finalizar este 2017 estimamos una tasa de 89 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y un total de 26.616 fallecidos en todo el territorio nacional.

Esta cifra incluye la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimamos en 16.046 casos; más las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.535 muertos; y los 5.035 fallecidos considerados como muertes violentas en averiguación.

Esta tasa representa una disminución de 3 puntos en relación al año anterior.

Los homicidios considerados como tales por las autoridades disminuyeron en su magnitud, pero se incrementaron otras formas de violencia, en particular la violencia del Estado expresada en el incremento de las personas víctimas que fueron clasificadas como fallecidos por “resistirse a la autoridad”. 

En promedio, en el 2017, cada semana fallecieron 106 personas por acciones de funcionarios policiales o militares; cada día del año murieron 15 personas por resistencia a la autoridad.

En el 2017 se observó un incremento de las personas fallecidas como consecuencia de un linchamiento. Si bien las cifras de linchamientos incluyen casos que no concluyeron en muerte de la víctima, a veces clasificados como intentos de linchamiento, en los casos que tuvieron consecuencias fatales se pudo establecer que cada semana del año hubo al menos un promedio de 2,4 personas muertas por linchamiento.

El mayor número se presentó en los estados Miranda, Monagas, Carabobo, Zulia y Bolívar.

De igual modo, se observó un incremento de las muertes por encargo o sicariato en el país. Si bien establecer cifras confiables es una tarea muy difícil, por la complejidad que este tipo de móvil representa para la investigación criminalística, especialmente en las situaciones de censura y oscuridad en los datos, desde el OVV podemos afirmar que en cada semana del año se cometieron al menos 6,4 homicidios que deben ser considerados como sicariato.

La zona con mayor número de este tipo de actos fue el estado Zulia, que agrupó cuatro de cada cinco casos registrados con esa clasificación, siguiéndole los estados Amazonas, Táchira y Falcón.

En cuanto al número de funcionarios policiales víctimas de muertes violentas, se pudo observar una disminución en Caracas y un incremento en otras zonas del país, y aunque resulta muy difícil establecer cuándo mueren en cumplimiento de sus funciones y cuándo simplemente son víctimas del delito como cualquier otro ciudadano, el estimado que podemos establecer es de al menos 1 policía asesinado cada día del año.

Una nueva dimensión de la violencia en el 2017 es el hallazgo en varias zonas del país de un incremento en los suicidios. Aunque estos eventos no han sido un foco de estudio del OVV, sí forman parte de la violencia.

En investigaciones realizadas en las universidades nacionales desde los años noventa, se incluía el suicidio como una forma de violencia “contra uno mismo”. Ésa es la misma definición que posteriormente adoptó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2000. Sin embargo, no había adquirido una relevancia social sino hasta fecha reciente, cuando se ha observado un incremento de los casos en diversas zonas del país.

En el estado Mérida, entre enero y noviembre del 2017 se quintuplicó la cifra de homicidios registrada en todo el 2016.

Ese incremento es de tal magnitud que supera la sumatoria de suicidios en Mérida durante en los últimos cuatro años, y arroja una tasa de 19 por cada 100 mil habitantes.

Ese es valor muy alto si tenemos en cuenta que para la OMS sólo 20 países del mundo alcanzan una tasa superior a la que está registrando Mérida en el 2017. Es un dato significativo al que debe hacerse seguimiento, porque podría revelar una causa de mortalidad derivada del contexto social y político del país que debe ser cuidadosamente atendida.

También en el 2017, entre los meses de abril y julio, se presentaron un conjunto de situaciones de violencia vinculadas a la protesta social y política de los ciudadanos, y la represión ejercida por los cuerpos policiales y militares.

Algunas organizaciones de la sociedad civil estimaron en 163 el número de fallecidos en estas protestas y en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se afirma que hubo 124 muertos por confrontaciones, uso desproporcionado o con la intención de hacer daño de la fuerza pública.

Las víctimas fatales de la violencia en el 2017 fueron fundamentalmente jóvenes: un 60% de las víctimas tenía entre 12 y 29 años de edad; una de cada tres víctimas (34%) tenía entre 18 y 24 años.

El 95% de las víctimas fatales eran hombres, los cuales en el 88% de los casos recibieron heridas múltiples y en un 90% murieron por armas de fuego.

El análisis estadístico de los Observatorios Regionales de Violencia reveló que el 84% de las víctimas eran trabajadores formales o informales.

Los victimarios mostraron unos rasgos muy similares a sus víctimas, conformando lo que en otros momentos hemos llamado una imagen de espejo: en un 61% tenían entre 12 y 29 años de edad, un tercio de ellos (35%) tenía entre 18 y 24 años y en un 98% eran hombres. El 60% de los victimarios se catalogaba como trabajador informal.

La violencia se ha extendido de una manera similar a lo largo de todos los días del año, no hubo casi diferencias entre los días de la semana, lo que sí se pudo notar fue un incremento de las muertes violentas al día siguiente de la fecha de pago quincenal, observándose un mayor número de víctimas los días 1º y 16 de cada mes.

Aunque la violencia es un fenómeno generalizado que tiene rasgos de epidemia en todas las entidades federales del país, hay un grupo de cinco estados con unas tasas superiores a la de 100 muertes violentas por cada 100 mil habitantes (100m/h) que concentran el 65% de las víctimas.

Los estados más violentos del país son: Aragua, con una tasa de 155 fallecidos por cada 100m/h; Miranda con una tasa de 153 por cada 100m/h; Amazonas con 146 por cada 100m/h; Bolívar con 113 y el Distrito Capital con 109 por cada 100m/h.

Otras dos entidades con una alta tasa fueron Carabobo con 91 y Sucre con 81 víctimas por cada 100m/h. Caracas como ciudad, que reúne el Distrito Capital y cuatro municipios del estado Miranda, arrojó una tasa de 104 muertes violentas por cada 100m/h.

Los estados con la menor tasa fueron Mérida y Nueva Esparta con 26 fallecidos por cada 100m/h, tasa que, sin embargo, es muy alta, pues resulta superior a la de Colombia como país.

Los diez municipios más violentos del país tuvieron una tasa de muertes violentas por encima de los 300 fallecidos por cada 100 m/h.

Destacan en particular, el municipio El Callao del estado Bolívar, con una tasa de 816 víctimas por cada 100 m/h, seguido por el municipio Andrés Bello del estado Trujillo, con una tasa de 429 muertos por cada 100 m/h. Luego continúan en orden decreciente, los municipios Acevedo (377) y Camatagua (355) del estado Aragua; Buroz (324) y Andrés Bello (318) de Miranda; elmunicipio José Rafael Revenga (307) de Aragua, Roscio (306) de Bolívar y en décimo lugar el municipio La Ceiba (305) de Trujillo.

Son municipios pequeños donde la violencia adquiere unas magnitudes notables por la poca población que allí habita y que se ve afectada tanto por el crimen como por la acción violenta de la policía.

Lo que se puede observar es que hay un patrón de distribución territorial de los municipios más violentos que asocia la ocupación territorial de delito con rutas de transporte de la droga, producción y contrabando de la minería, y con las zonas de dominio de las bandas dedicadas a la extorsión y el secuestro.

En el estado Bolívar los tres municipios con mayores tasas de muertes violentas se corresponden a la zona minera El Callao con 816 víctimas por cada 100 m/h, Roscio (capital Guasipati) con 306 por cada 100 m/h; y Sifontes (capital Tumeremo) con 274 por cada 100 m/h.

En el estado Trujillo los municipios más violentos, medidos en tasas por 100m/h, se localizan en la zona plana del estado que comunica la carretera Panamericana con el sur del lago de Maracaibo. Encontramos allí, los municipios Andrés Bello con 429 por cada 100 m/h, La Ceiba, donde se encuentra el puerto sobre el lago de Maracaibo, con 305 por cada 100 m/h; Miranda (Dividive) con 191 por cada 100 m/h; Motatán con 187 y Sucre (Sabana de Mendoza) con 165 por cada 100 m/h.

El estado Aragua tiene siete municipios con tasas superiores a las 200 muertes por cada 100m/h y están ubicados en el eje que comunica la zona de los llanos con el puerto de Ocumare en el municipio Costa de Oro (con 244 muertes por cada 100m/h). Son los municipios Santo Michelena (Tejerías, 355); J. R. Revenga (El Consejo, 307); Zamora (Villa de Cura, 244); J.F. Rivas (La Victoria, 208); Bolívar (San Mateo, 266); Libertador (Palo Negro, 155) con el sur Camatagua (346) y Urdaneta (Barbacoas, 147).

En el estado Miranda la violencia se acentúa en los alrededores de Caracas hacia la zona de Barlovento y hacia los Valles del Tuy, llegando a tener unos de estos municipios el doble o el triple de la tasa de homicidios que Petare. Los cuatro municipios más violentos del estado se encuentran en la región de Barlovento, y son: Acevedo (Caucagua, 377); Buroz (Mamporal, 324); Andrés Bello (San José de Barlovento, 318) y Brión (Higuerote, 296). Los otros corresponden a los Valles de Tuy como son los municipios Independencia (Santa Teresa, 280), Paz Castillo (Santa Lucía, 250), Bolívar (Yare, 210), Cristóbal Rojas (Charallave, 192) y Lander (Ocumare, 191).

En el estado Zulia los municipios más violentos se encuentran al sur del lago de Maracaibo. El municipio Baralt (San Timoteo, 194) que se encuentra entre la carretera Panamericana y el lago, y que es fronterizo con los municipios más violentos del estado Trujillo y los municipios Jesús M. Semprum (Casigua, 176) y Catatumbo (Encontrados, 115), los cuales conectan la frontera colombiana con los puertos del lago de Maracaibo por carreteras y ríos.

En el estado Carabobo los tres municipios más violentos están alrededor del lago de Valencia y son fronterizos con el estado Aragua: Diego Ibarra (Mariara, 234); Carlos Arvelo (Guigüe, 127) y Los Guayos (122). Y el cuarto es el municipio Juan José Mora que se corresponde a la ciudad de Morón (114), intersección de la autopista central del país hacia Puerto Cabello.

En ese contexto general Venezuela permanece en el año 2017 como el segundo país más violento del mundo, sólo superado por El Salvador, quien mantiene sus altas tasa de asesinatos.

En Centroamérica, el otro país con alta criminalidad ha sido Honduras y en este año ha mostrado una reducción. Y aunque Costa Rica ha tenido un incremento en el delito y la violencia, la tasa estimada de 14 homicidios por cada 100 m/h, la coloca en una posición muy distante de Venezuela.

En Colombia se tendrá la tasa más baja de los últimos 42 años con 10.871 muertes y una tasa de 23 por 100 m/h. La evolución de la situación de violencia con posterioridad a los Acuerdos de Paz tendrá que seguirse observando, pues aunque la tendencia a la disminución de la violencia se ha sostenido por varios años no se descarta que los grupos guerrilleros que no se acojan al proyecto político pueden derivar a otras formas de criminalidad y violencia.

Brasil, por el contrario, ha tenido un incremento y se estima que el año podrá concluir con una tasa de 29,9 homicidios por cada 100m/h.

Un caso similar es el de México que mostrará la tasa más alta en una década con 16,9 homicidios, pero aun así tienen una situación de criminalidad y unas tasas muy inferiores a las de Venezuela.

Es muy difícil interpretar unívocamente la leve disminución que ha tenido la tasa nacional de muertes violentas en el año 2017. En el pasado, han ocurrido disminuciones similares sin que hayan sido el resultado de políticas públicas eficientes, y muestra de ello es que no han podido sostenerse como tendencia en los años siguientes. Sin embargo, hay algunas hipótesis que se pueden adelantar para la interpretación de estos datos.

La primera y más fuerte es que en el país hay menos homicidios porque hay menos homicidas. La disminución de los criminales sería una resultante del plan de exterminio de los homicidas llevado adelante por las acciones gubernamentales como las Operaciones de Liberación del Pueblo y que se encuentran reflejadas en las altas cifras de fallecidos por resistencia a la autoridad en los años 2016 y 2017.

Si éste ha sido el propósito de este tipo de acciones se puede entonces pensar que han sido eficientes, pero en los estudios que hemos llevado a cabo en comunidades populares del país se evidencia que hay un doble sentimiento: unos afirman que bajaron los homicidios porque ya mataron a los delincuentes y otros se quejan de los abusos y de las personas inocentes que han perecido en medio de tales acciones, que en cualquier caso son siempre ilegales y extrajudiciales.

El problema con este tipo de acciones no es solo que son violatorias de los derechos fundamentales de la población y de la ley, sino que representan una destrucción de la institucionalidad y su éxito será transitorio, pues mientras existan espacios para los negocios ilegales y una renta que captar, otros vendrán a substituir a los que fueron eliminados. Permanece entonces el problema, con el agravante que se habrá debilitado el pacto social, pues la policía y el Estado se percibirán como violadores de la ley y no como quienes tienen la responsabilidad de cumplirla y hacerla cumplir.

Una segunda hipótesis está vinculada a las protestas sociales y políticas que durante al menos cuatro meses del año mantuvieron el país con una tensión provocada por la prohibición de las fuerzas de seguridad del derecho a la manifestación pacífica de los ciudadanos y por la violencia de algunos manifestantes y las respuestas violentas de algunos cuerpos policiales y militares ante tales situaciones.

Ciertamente el 2017 fue un año muy particular pues se mantuvo en el país un amplio despliegue militar y policial, con alta movilidad territorial y alta rotación de personal, que hacía muy dificultosas las operaciones del crimen organizado.

Si bien el pequeño delito o los agentes libres del crimen podían aprovechar las oportunidades que brindaba la confusión o el descuido de algunas zonas por los cuerpos policiales, para el delito de mayor complejidad y las bandas de crimen organizado, les resultaba más difícil la actuación por el despliegue militar y policial en las calles y por la parálisis en actividades laborales, educativas o recreacionales que vivió el país.

Es posible también hipotetizar que el incremento del delito organizado en el país y su mayor control territorial de amplias zonas urbanas y rurales, puede haber conducido a una disminución de los homicidios.

Se trataría de una paz criminal que no reduce el delito, pero sí logra hacerlo con la violencia, bien sea por acuerdos de cooperación criminal o porque algunas bandas logran imponerse sobre otras, disminuyendo el nivel de conflictividad y aumentando la racionalidad en la administración criminal de la violencia.

4- El empobrecimiento y la violencia

El desabastecimiento de importantes alimentos de la dieta básica, la carestía y escasez de medicinas, equipos y repuestos indispensables para servicios tan básicos como el transporte, la electricidad, el gas doméstico, o la gasolina, generan ansiedad, frustración y originan conflictos que hacen aparecer formas inéditas de violencia y de delitos.

La violencia y el delito provocados por la escasez

El empobrecimiento, la inflación y la escasez de los alimentos ha llegado a situaciones muy extremas y dolorosas, que no habían sido imaginadas ni en los momentos más difíciles de la economía nacional: se ha extendido a todos los centros urbanos del país la presencia de niños, jóvenes y familias enteras buscando algo que comer en la basura; también se incrementa el hurto de comida en los lugares de abastecimiento; el asalto a las bolsas de comida que llevan las personas mayores, y son frecuentes también los robos a vehículos que transportan alimentos en las vías públicas.

En los lugares que venden alimentos son frecuentes los conflictos con quienes pretenden ocupar o invadir un lugar en la fila, o por corrupción o decisiones discrecionales sobre cuánto y a quien vender los alimentos. Las cajeras y los vigilantes en los supermercados son blanco frecuente de acusaciones y agresiones.

En las “colas” suelen aparecer personas armadas que se imponen y ocupan los primeros lugares para adquirir los productos desplazando a los demás y generando conflictos o sometimiento por el uso de la fuerza. En algunos casos esto ha ocasionado lesiones y hasta la muerte, como fue el caso de una mujer asesinada de un disparo en la cara, ante cerca de 500 personas que estaban en las filas para la compra de alimentos en Barquisimeto.

Una situación del mismo origen ha ocurrido con los robos colectivos y saqueos de los supermercados o el asalto y saqueo de los vehículos que transportan comida que han ocurrido en distintos lugares del país.

El delito amateur se generaliza

El incremento de los precios que ha hecho inaccesibles los alimentos y medicinas a una parte mayoritaria de la población, ha llevado a que personas sin trayectoria delincuencial sustraigan productos en los anaqueles de los comercios, al robo de productos en los lugares de trabajo y hasta al despojo de las loncheras de los niños más pequeños en las escuelas.

El riesgo del robo se extiende en todos los espacios, lo que acrecienta la desconfianza mutua, todos están bajo sospecha y ningún espacio público es seguro, por lo que toda persona debe estar no sólo alerta, sino a la defensiva, cuidando sus pertenencias.

En los grupos focales, los choferes de transporte público se quejaban de ser acusados de complicidad con quienes les asaltan, pero también ellos mismos declaraban su temor a ser víctimas de sus usuarios pues no tienen control de quien aborda su vehículo.

La violencia doméstica: entre la solidaridad y la violencia familiar por alimentos

Los hogares en pobreza han visto muy reducida la disponibilidad de los alimentos y aunque en los estudios las familias informan que deben dedicar la casi totalidad de sus ingresos a la compra de comida, la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2017) mostró que el 32,5 % de los venezolanos (9,6 millones de personas) sólo comen dos o menos veces al día.

Esto genera dificultades en la convivencia familiar, pues los pocos productos que pueden comprar son racionados o reservados para determinados miembros de la familia (los más pequeños o los enfermos) y cuando alguno incumple esas reglas, se producen situaciones de conflicto y violencia, como los casos de una madre que le quemó las manos a su hija por tomarse el tetero de su hermana u otra que quemó los labios a un hijo por comerse durante la noche el poco alimento guardado para toda la familia.

Al contrario, también debemos destacar que hay múltiples expresiones de solidaridad como el de una niña en Antímano, Caracas, quien contaba cómo ella se iba a dormir más temprano para que no le diera hambre y así su hermanita menor pudiera comer.

Las bandas criminales y el reclutamiento de niños en pobreza extrema

Las investigaciones que realizan los equipos del OVV han encontrado que en esos contextos de penuria económica, escasez y sin oportunidades educativas o laborales, las bandas delictivas brindan apoyo material a quienes identifican como pobres o vulnerables, regalándoles comida, prestándoles dinero, lo que les permite la captación de muchachos para quienes estos jóvenes armados son “buenas” personas a quienes les “gusta ayudar” y hasta aconsejar en casos de necesidades y problemas.

Las técnicas de reclutamiento, los señuelos que en el pasado solían ser objetos de moda o lujo, se han substituido por la oferta de alimentos básicos.

Los grupos delictivos están avanzando con la conquista de miles de jóvenes que incursionan en la violencia y cuyo destino está siendo la muerte, la cárcel y la frustración de tantos sueños y esperanzas forjados por sus familias y comunidades.

Las tres cuartas partes de las víctimas que mueren por la violencia tienen menos de 30 años, y por eso también las tres cuartas partes de los que asesinan tienen también 29 años o menos.

La violencia del transporte público

Las encuestas y los grupos focales realizados este 2017 por los Observatorios Regionales, han registrado el miedo generalizado de la población a ser víctima del delito y la violencia, en particular cuando se movilizan en el transporte público.

Ocho de cada diez venezolanos tiene miedo de ser víctima del delito en los autobuses en las ciudades o en las carreteras interurbanas. La violencia crece en un servicio de transporte cada vez más precario.

Las unidades de transporte se han reducido en número por el alto costo de los repuestos y la imposibilidad de conseguirlos debido a la escasez. Los choferes denuncian nuevas modalidades delictivas que incluyen el secuestro de choferes y de las unidades, con mucha frecuencia para robar los repuestos del vehículo cada vez más escasos.

Las peleas e insultos entre los usuarios y los conductores del transporte público son frecuentes y se agravan en los casos de violencia delincuencial en los que impera la desconfianza mutua entre usuarios y transportistas.

Cada uno de los Observatorios Regionales del OVV realizó una campaña de sensibilización sobre la violencia, colocando calcomanías en las unidades de transporte público para mejorar la percepción de los usuarios sobre la convivencia en las rutas de transporte.

Después de la campaña se hizo un post test para verificar los resultados de esta labor promocional, lo que permitió valorar lo apropiado de esta iniciativa y la necesidad que tenemos como sociedad de mejorar las relaciones de respeto y confianza entre los usuarios y choferes de este servicio público.

Por otra parte, los OVV regionales lograron construir mapas de riesgos, en los que, con participación de los choferes, fue posible identificar los sitios de mayor vulnerabilidad y los tipos de delitos asociados, información que hemos ofrecido a las autoridades públicas locales para apoyar los programas de seguridad en la movilidad de los usuarios de rutas urbanas e interurbanas.

Las calles de las ciudades se vacían al anochecer, el transporte público se reduce y las personas en las ciudades parecen sometidas a toques de queda impuestos por los grupos delictivos, no sólo en los barrios y urbanizaciones, sino en las avenidas y autopistas del país.

Robos de vehículos

La violencia asociada al robo de vehículos parece haber disminuido, pues los delitos denunciados a la policía disminuyeron en este año. Es muy difícil poder establecer con certeza la explicación de este fenómeno, pudiera ser el resultado de unas políticas públicas adecuadas, puede ser también que no se redujo el delito, o al menos no en esa magnitud, sino lo que se redujo fue la denuncia del delito.

En Venezuela los diversos estudios realizados, tanto por las universidades como en las encuestas de victimización del gobierno nacional, han mostrado que entre el 62% y el 66% de los delitos no son denunciados a la policía.

Esta cifra era sin embargo menor en el caso del robo de vehículos y la razón fundamental era que las personas querían protegerse de la responsabilidad penal que podía derivarse de un daño provocado por el vehículo de su propiedad, y la segunda, y más importante, que ésa era la única manera de poder cobrar el seguro que tenían para el vehículo.

Dos circunstancias han cambiado en el país y que se deben tomar en cuenta para una posible explicación.

La primera es que ha ocurrido un descenso notable del porcentaje de vehículos asegurados por los altos costos de la prima y porque la inflación desactualiza el monto de la cobertura y no permite la reposición del bien.

La segunda es que gran parte del robo de vehículos pasó a convertirse en un “secuestro de vehículos”, es decir, el ladrón no quiere quedarse con el carro sino que a las pocas horas contacta al propietario y le solicita un monto en dinero para devolverle su vehículo. En esa modalidad las víctimas deciden no denunciar, sino esperar y negociar con los delincuentes y los casos de robo de vehículos disminuyen en su notificación, no en su ejecución.

5- La Violencia de Estado

En el 2017 se pudo observar un incremento en la violencia ejercida por el Estado para la represión de los presuntos delincuentes, así como para la represión de la protesta social y política.

El aumento de las víctimas que las autoridades calificaron como “dados de baja” por resistir a la autoridad y que según las denuncias de muchas familias y de la Fiscal General de la República pueden ser interpretadas como ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas policiales y militares, y no como uso legítimo de la fuerza, constituyen un aspecto preocupante de la violencia en el país.

Este tipo de acciones, destinadas no a la contención del delito ni a la aplicación de la ley, sino al aniquilamiento de los presuntos delincuentes, se convierten en un factor que socava la legitimidad de la fuerza pública y concreta la destrucción del pacto social. Estas operaciones pueden gozar de la simpatía de una parte de la población e incluso tener un relativo éxito en el corto plazo, pero la experiencia histórica ha demostrado que no son sostenibles, pues destruyen la institucionalidad y se transforman luego en más violencia para la sociedad.

De igual manera se pudo observar un uso desproporcionado de la fuerza e incluso la intención de hacer daño por parte de las autoridades para contener las protestas sociales y las manifestaciones políticas.

Los reportes de la Fiscal General de la República y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirman que la violencia utilizada excedía la legítima utilización de acuerdo a los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, establecidos por las Naciones Unidas en 1990 y suscritos por Venezuela en 1990, que señalan claramente que “no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos”.

Esta violencia desproporcionada e ilegítima del Estado, puede igualmente tener una eficacia temporal; pero al no ofrecer caminos para la resolución pacífica y democrática de las diferencias políticas, se convierte en una fuente de más violencia en el futuro.

6- El desmoronamiento del Sistema de Justicia Penal

Los tres componentes del sistema de justicia penal, que constituyen el freno formal para la contención del delito y la violencia, las policías, los tribunales y fiscalía, y las cárceles, sufrieron serios deterioros en el 2017.

Los cuerpos policiales vivieron un importante retroceso por la pérdida de su personal. Durante todo el año fueron continuas las renuncias de los funcionarios policiales quienes abandonaron sus puestos de trabajo para buscar empleo y mejores salarios en el sector privado o para emigrar del país.

Eso ha llevado a una reducción del pie de fuerza de las policías que limita las funciones preventivas y el servicio a la ciudadanía. Su sustitución por nuevas promociones de policías seleccionadas y formadas de manera express, no pueden garantizar ni el personal idóneo, ni su capacitación adecuada para cumplir las importantes funciones que se les encomiendan.

Las intervenciones de las policías municipales y regionales con una clara motivación político partidista que ocurrieron durante el año y después de las elecciones regionales, crearon una imagen negativa y parcializada de los policías ante la población y una desmoralización entre los propios funcionarios; nuestros estudios muestran que se sienten fichas del juego político y no servidores de toda la comunidad.

El involucramiento de los funcionarios policiales y militares en la comisión de robos, secuestros, tráfico de drogas y homicidios constituye una grave pérdida para la sociedad. La denuncia pública de la Fiscal General de la República que el 20% de los homicidios en el país, uno de cada cinco, son cometidos por funcionarios policiales es de suma gravedad. 

De nuestra parte, los estudios realizados por los Observatorios Regionales han reportado que el 19,5 de todos los delitos violentos conocidos por la sociedad durante el  2017 tuvieron como autores a funcionarios policiales o militares.

Finalmente, las cárceles -que en lugar de ser espacios de castigo e incapacitación de los delincuentes para cometer nuevas fechorías- se conviertan en clubes sociales del crimen y centros para la planificación y ejecución de delitos fuera del recinto penitenciario, y constituyen la mayor afrenta posible al sistema de justicia penal, pues es claro para la sociedad que eso no es posible que ocurra sin complicidad o al menos la pasividad de las autoridades.

La violencia endémica de las cárceles se trasladó a los centros de detención, los cuales, según estimaciones, albergan alrededor del 30% de los privados de libertad, algunos por meses o año, en lugares que no están preparados para estos fines y que obligan a distraer una parte importante del pie de fuerza policial que se debe dedicar a vigilar presos en lugar de cuidar a los ciudadanos.

La transformación del sistema de justicia penal que ha existido en el país, de precario y deficiente en la administración de justicia, en una herramienta de la política para la aplicación del derecho penal del enemigo, no permite augurar una pacificación de la sociedad, sino todo lo contrario.

7- Llamado Final

Las Universidades Nacionales que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia reiteramos nuestra convicción sobre la capacidad de la sociedad venezolana para superar y revertir esta situación de violencia que nos afecta. La escalada de la criminalidad es el resultado de un notorio deterioro del pacto social, de las reglas de convivencia y de resolución de conflictos sociales y políticos, y del desmoronamiento del sistema de justicia penal.

Es la consecuencia de políticas equivocadas que, con una óptica belicista, asumen la seguridad pública como el aniquilamiento de enemigos, generando más muertes y fortaleciendo a los grupos delictivos.

El Estado es el responsable de ejecutar políticas adecuadas y planes eficaces para la prevención del delito y ofrecerle seguridad a las personas y a sus bienes.

Es obligación del Estado implementar las medidas y acciones orientadas a defender la vida y detener y castigar a los delincuentes, y hacer efectiva la protección especial y preferente que demandan las víctimas. Las Universidades Nacionales expresamos nuestra voluntad de contribuir con nuestros saberes y destrezas a la pacificación del país y al restablecimiento del Estado de Derecho.

Conforme a lo establecido en la normativa internacional de Derechos Humanos y lo expresamente consagrado en la Constitución Nacional vigente, corresponde al Estado la obligación primordial de respetar y no violar los derechos humanos, por lo que sus instituciones y funcionarios deben aplicar normativas y procedimientos garantistas de los derechos a la vida, la integridad personal, la justicia y de cumplimiento del debido proceso.

Estas garantías, consagradas en los Tratados Universales de Derechos Humanos, son condiciones y requisitos para revertir las manifestaciones de violencia que hoy nos agobian y son principios que todos los sectores del país debemos promover y exigir tanto a otros como a nosotros mismos, entendiendo que se trata de valores universales que, afirmados por las familias, la sociedad civil, las fuerzas políticas y por el Estado, sustentarán la paz y la convivencia democrática.

Caracas, 28 de diciembre de 2017

Los látigos del hambre en Venezuela

Génesis Herrera (@genherr15), El Nacional Web

Eran muy delgadas, rondaban los cinco o seis años, tenían muchísima hambre. Parecían hermanas, compartían los mismos ojos enormes hundidos en unos rostros inocentes y sumamente demacrados que se tragaban toda la inocencia y la alegría que un niño debería tener en ese momento de su vida. Se estaban peleando por un muslo de pollo.

Jhonnairys Hernández se encontraba en el terminal Big Low de San Diego, estado Carabobo, el 4 de septiembre. La tarde comenzaba a caer y faltaba poco para que anocheciera. Hernández y su familia se dirigían a Caracas. Debían hacer un trasbordo y decidieron detenerse para comer en un establecimiento en el que vendían pollo. En el local no había mucha gente. Algunos murmullos inundaban los pasillos. Allí fue donde Hernández vio a las pequeñas.

La triste escena, que se había vuelto común en la vida diaria de todos los venezolanos, ocupó el resto de la tarde: cada una sostenía un extremo de la pieza y una de ellas intentaba morder un pedazo mientras la otra le gritaba “No, ya tú comiste”, bajando la cabeza para poder comer ella también. El hecho se grabó en la memoria de la joven para siempre.

“Sus huesos se marcaban en la ropa. Fue muy duro”, recordó.

Con el transcurrir de los meses, los casos de desnutrición en Venezuela se van replicando en todos los estados del país y el aumento parece ser imparable.

Para el año 2011, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de acuerdo al balance de su Examen Periódico Universal, informó que Venezuela se ubicaba entre los cinco países de la región con las cifras más bajas de desnutrición infantil en menores de cinco años de edad.

Entre 1990 y 2009, el índice de subnutrición disminuyó en 58%, pasando de 7,7% en 1990 a 3,2% en 2009.

Para finales de 2017 estas cifras parecen formar parte de una realidad ficticia, inalcanzable.

Un informe de la organización Cáritas Venezuela reveló en el mes de septiembre un incremento de la desnutrición infantil a raíz de la escasez de alimentos y la inflación más alta del mundo.

Las medidas para hacerle frente a esta situación parecen ser insuficientes o inexistentes, como señaló Jennifer Alfonsina, una madre desesperada que relató su historia.

Sentada en un consultorio del Hospital de Niños doctor José Manuel de los Ríos, ubicado en Caracas, sin haber desayunado, con una de sus hijas en su regazo y su hijo de pie a su lado, comenzó a contarle al equipo de El Nacional Web cómo era su situación.

Su hija menor, de dos años de edad, adormilada y mordiéndose el pulgar mientras ella la cargaba, presentaba un cuadro de desnutrición grave que apenas comenzaba a dar escasas señales de mejoría gracias al cuidado de los doctores de ese hospital.

Con una mano abrazaba con fuerza a su pequeña y con la otra acariciaba a su hijo, quien no se despegaba de ella ni por un momento.

“Mi niña empezó a perder peso, no gateaba, no alzaba la cabeza. Todo lo que hacía era dormir”, aseguraba Alfonsina, quien se quedaba pensativa por algunos segundos y trataba de animar a su hija. La madre explicaba en tono de disculpa que le daba lo que podía, usualmente arroz picado o yuca.

Para el año 2016 hubo un incremento y se tuvo registro de 110 pacientes, situación que encendió una primera señal de alarma y que se convirtió en una alerta atemorizante con las cifras del primer semestre del 2017, en el que los casos habían ascendido a 50.

La situación era compleja para todo el grupo familiar de Alfonsina, conformado por los dos pequeños que la acompañaban y una tercera hija mayor. El hambre, la angustia y un esposo ausente que la maltrataba y que no velaba ni siquiera por sus hijos, eran aspectos que la atormentaban diariamente.

“Yo siento que estoy luchando porque vengo al médico a traer a la niña. A veces vengo solo con una arepa en el estómago, un plátano, o nada”, dijo.

Ocasionalmente trabajaba vendiendo cigarrillos y café para poder mantenerse con “alguito”. La idea de perder a su hija la aterrorizaba, evitar ese escenario se había convertido en su motor de vida, la razón de su lucha.

En el centro asistencial le dan al paciente el sulfato de zinc, pero el resto de las vitaminas que los infantes necesitan las tienen que costear los padres. Soto indicó que es el Ministerio de Salud el que siempre se ha encargado de suministrar los alimentos y las vitaminas que los niños requieren, pero es una situación que ha cambiado. Ahora todos los insumos llegan al hospital a través de donaciones.

La doctora indicó que no solo registran casos de infantes con mala alimentación, sino también de sus padres, quienes han tenido que dejar de comer para darle lo poco que tienen a sus hijos.

Alfonsina, quien ya se iba del hospital con sus pequeños y que al momento de ponerse de pie dejó mostrar su torso delgado que parecía perderse dentro de un mar de ropa, dijo que no perdería la fe y que salvaría a su hija.

Muchas historias como la de esta madre llegan al área de trabajo de la doctora Soto, quién frente a esta situación hizo énfasis en que se debe manejar correctamente toda la información sobre este tema.

Explicó que la desnutrición grave es de tres tipos:

Primaria, cuando solamente es por falta de nutrientes.

Secundaria, cuando es por una enfermedad renal o cardíaca que tiene más demanda alimenticia.

Y mixta, que es cuando el paciente presenta una afección y no se poseen los recursos para darle la dieta y el tratamiento que requiere.

Además, señaló que los niños que acuden al centro asistencial no son desnutridos primarios solos, sino que generalmente llegan con alguna otra enfermedad como neumonía, cardiopatía o nefropatía, por lo que los males que afectan a los pacientes son mixtos.

La especialista también indicó que existe una suerte de ceguera frente a la realidad actual de la desnutrición infantil en el país. El Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional del Instituto Nacional de Nutrición (INN) era el encargado de informar sobre la situación, pero desde el año 2007 no publica las cifras y el único control que se tiene son los registros que elabora Cáritas en algunas comunidades venezolanas y que demuestran una tendencia que va en aumento.

Asimismo, alertó sobre el hecho de que 60% de los pacientes por desnutrición grave son lactantes, etapa sumamente importante para el crecimiento y desarrollo permanente del niño. Ese momento en la vida del infante es clave y recuperarse de una desnutrición en ese periodo es toda una dificultad que deben enfrentar los padres y para la que no están preparados.

Marisol Lore, de 23 años de edad, es otra madre a la que el hambre le ha tocado la puerta y se ha instalado en su vida y en la de su pequeño de 1 año y dos meses. Las noches en las que tuvo que acostarse a dormir sin nada en el estómago y con incertidumbre sobre qué le daría a su hijo la mañana siguiente, son innumerables.

Lore, quien vive en Catia, Caracas, aseguró para el equipo de El Nacional Web que desde hace un par de años no sabe lo que es tener una comida segura sobre la mesa. A veces come y la mayoría de las veces no.

Por las noches, la desesperación le llena el rostro de lágrimas y se siente inútil ante la situación de su hijo, quien llora desconsoladamente porque tiene hambre y ella no tiene nada más que agua para tratar de engañar al estómago de su pequeño.

Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres, aborda estos temas y advierte que Venezuela necesita con carácter de urgencia una serie de políticas públicas que atiendan lo que denomina como una etapa de inseguridad alimentaria severa.

La especialista indicó que con Cáritas Venezuela lleva el único monitoreo de desnutrición aguda que se hace a nivel comunitario, que son mediciones que se realizan cada dos semanas o cada mes en las parroquias de más bajos recursos.

En una entrevista para El Nacional Web, explicó que uno de los aspectos que más le preocupa es que los casos severos son muchos y siguen creciendo.

Destacó que cada vez hay más incapacidad a nivel institucional para solucionar esta problemática. A su juicio, esta situación debe ser tratada desde el comienzo, cuando se inicia el deterioro en las personas, pero esto es algo que no se ha tomado en cuenta.

“El Estado ni siquiera los ve, los ignoran. Dicen que no existen. ¿Cómo vas a resolver una emergencia que no quieres ver?”, sentenció.

Raffalli, con base en sus registros, señaló unas cifras que funcionan como un indicador para entender cómo se ha ido desarrollando la crisis alimentaria severa y cómo evoluciona de manera alarmante en todo el territorio venezolano, afectando sobre todo a quienes son más vulnerables ante esta realidad: niños, mujeres embarazadas, ancianos y los privados de libertad.

Indicó que 33% de la población infantil ya presenta retardo en el crecimiento y este es un daño tanto físico como mental que los acompañará toda su vida, es irreversible.

El problema de la crisis alimentaria perjudica a todos los componentes de la sociedad venezolana: adultos, ancianos, jóvenes y niños. Nadie parece poder escapar por completo de esta realidad abrumadora que a diario crece y que comienza a dejar daños permanentes en las generaciones futuras. “Todos los pasos que hacen posible que el alimento llegue a la mesa de cada venezolano están rotos y colapsados”, aseguró Raffalli.

El hambre como método de control

Frente a esta cruda crisis que atraviesa el país, es importante poder entender cómo funciona el hambre en la psicología del venezolano, por lo que en una entrevista exclusiva para El Nacional Web, Mikhael Iglesias, psicólogo e investigador social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó cómo el hambre se convierte en un instrumento de poder y control.

El 3 de abril de 2016, el gobierno de Nicolás Maduro creó Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como una medida para paliar el desabastecimiento que se aunaba a la creciente crisis económica y alimentaria en el país. Esta iniciativa se encargaría de la distribución de comidas, productos de higiene personal y limpieza del hogar de manos de las instituciones del Estado.

Ante este método, Iglesias explicó que solo se ha generado una relación de dependencia del Estado, donde se pierde la autonomía individual y colectiva. Dicha relación tiene su fundamento en el poder y el individuo queda completamente a merced de las políticas establecidas por el ente de poder, en este caso, el gobierno, que todo lo decide y lo controla.

El especialista explica que las necesidades básicas quedan atadas al que controla todos sus aspectos, es decir, el Estado. “Ellos son los que tienen el poder de decidir cuándo, dónde y qué comer”, afirmó.

“Una simple mención de esto hace ruido en la autonomía y en la libertad de los ciudadanos de nuestro país, Venezuela”, agregó.

El problema que atraviesan los venezolanos es agudo y se hace notar en casi todos los espacios de la sociedad. El psicólogo detalló que el hambre consigue atravesar todas las actividades de una persona y las altera, hecho que tiene un gran impacto en las relaciones interpersonales.

El tejido social comienza a fracturarse y eso que caracteriza al venezolano, como ofrecer café o comida a algún invitado, se vuelve una tarea imposible y de alguna manera la cultura comienza a desintegrarse.

¿Cómo actuar ante estos métodos de control?, es la pregunta que se plantea el investigador social. “Todo puede ser impredecible”, indicó.

Alertó que cuando el hambre se asienta, actúa como un narcótico, como un sedante, y sin notarlo, despacio, se naturaliza la miseria y la ceguera aparece.

Hacer cola para comprar, comer a medias, todo se vuelve algo “normal”. Poco a poco se va perdiendo la capacidad de soñar y de pensar en otras posibilidades para el país.

Iglesias indicó que el conflicto entre querer vivir una libertad y una democracia plena y sobrevivir está latente. A su juicio, hay que optar por fortalecer los vínculos comunitarios, familiares, laborales, escolares y todos los que sean necesarios.

“Si perdemos nuestros vínculos y se pierden las cosas que nos aglutinan como sociedad, ahí es cuando realmente se pierde el país, se pierde el norte”, expresó.

Instructivo para las Asambleas Populares para la Promoción de la Asamblea Nacional Constituyente

DIRIGIDO A: CONSEJOS COMUNALES Y ESTRUCTURAS DE BASE DEL PSUV

Introducción:

* La mayoría del país quiere PAZ y la vía es la Constituyente para lograr el diálogo nacional.

* La Constituyente crea el Estado Comunal. La base del poder es el poder COMUNAL, para elegir los venezolanos deben ser parte activa de las comunas, una nueva forma de VOTAR que dará más poder al pueblo.

* La Constituyente es la base para enfrentar la guerra económica, con ella vendrá un nuevo modelo de propiedad privada, la propiedad privada comunal. Con participación absoluta del estado en la inversión privada para controlar desvíos.

* La Constituyente logrará la geometría de poder COMUNAL, el poder para los Consejos Comunales, queda atrás el modelo de Alcaldías y Gobernaciones corruptas.

* La Constituyente eliminará las distorsiones de la mal llamada Autonomía Universitaria.

* La Constituyente dará más apoyo a los organismos de seguridad del estado para acabar con la impunidad, se corregirán restricciones que limitan a los cuerpos de seguridad a lograr una eficaz labor en función de la seguridad de la patria.

* La Constituyente velará por los valores Bolivarianos de nuestras futuras generaciones, es por ello que el Estado Padre será el principal programa con rango Constitucional para la educación y formación de los niños, niñas y adolescentes.

* La Constituyente establecerá los lineamientos para una adecuada regulación y control de los medios de comunicación, así como al nuevo fenómeno de las redes sociales, en función de lograr una información más veraz, ética y sin distorsiones (utilizar ejemplo de la República Popular China).

* Mientras esté instalada la Asamblea Nacional Constituyente no podrán fijarse ni ejecutarse elecciones de ningún tipo en todo el territorio nacional.

* La Asamblea Nacional Constituyente podrá remover a funcionarios electos y reemplazarlos -si fuera necesario- por los que designe la mayoría de la ANC plenamente en funciones.

Para aclarar:

* Esta Asamblea Nacional Constituyente, como la de 1999, no disolverá los poderes, sino que coexistirá con ellos, pero es SUPRA CONSTITUCIONAL; por ello, podrá crear instancias para no detener y/o agilizar el funcionamiento de la nación.

* Su duración no está determinada, lo definirá la misma Asamblea Nacional Constituyente en sus primeros meses de debate.

¿Cómo estará conformada la Asamblea Nacional Constituyente?

* La Asamblea la conformarán 500 constituyentes. Todos serán elegidos mediante el voto, otros por las circunscripciones y los propuestos que serán presentados al electorado por los sectores productivos, empresariales, campesinos, laborales, educativos, entre otros.

* El ciudadano va a tener el doble voto, el hecho de que vote por quien es candidato, por ejemplo, por el proceso productivo, no significa que no vote uninominalmente también por otros ciudadanos que él decida y que no esté vinculado a ninguno de los sectores.

¿Qué se utilizará como guía electoral?

Se alistan los “kinos” para escoger a sus candidatos territoriales en la contienda del próximo 30 de julio. Esta estrategia estará dirigida, en su mayoría, para las 24 ciudades capitales donde los electores, además de seleccionar un candidato nominal, lo harán también por la lista.

NOTA DE SALA DE INFORMACIÓN

Luego de que este documento interno del Psuv se filtró a los medios informativos, el doctor en Derecho Allan Brewer-Carías opinó en su cuenta de Twitter lo siguiente:

“¿Por qué NO a la Asamblea Nacional Constituyente?

Porque es para crear el estado comunal, para eliminar el estado de derecho federal y con ello a los estados y municipios.

Es para estructurar el poder comunal (¿geometría del poder?) para dar todo el poder a los Consejos Comunales.

Es para eliminar los estados y los municipios, para dejar atrás el modelo de alcaldías y gobernaciones.

Es para eliminar la democracia representativa y el sufragio universal, directo y secreto, para elegir representantes.

Es para crear una “nueva forma de votar”, designando integrantes de comunas sin sufragio universal, directo y secreto.

Porque la elección de los integrantes de los consejos comunales, NO darán más poder al pueblo sino al partido de gobierno.

Es para eliminar la propiedad privada. Es falso que pueda haber una “propiedad privada-comunal” como se ofrece.

Es para eliminar libertad económica. Falso que pueda haber inversión privada con participación absoluta del Estado.

Porque con la eliminación de la propiedad y la iniciativa privada, no se pueden resolver los problemas económicos del país.

Porque el problema económico no se puede resolver con una economía totalmente controlada por el Estado y su burocracia.

Es para eliminar autonomía universitaria, someter la libertad de cátedra y crear un pensamiento único totalitario.

Es para hacer más agresivos a los organismos de seguridad y para asegurar su absoluta y total impunidad.

Es para eliminar las restricciones para proteger DDHH en la actuación de los organismos de seguridad.

Es para eliminar toda la educación privada y el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.

Es para crear un fantasmagórico Estado Padre, como principal programa con constitucional sustituyendo a la familia.

Es para crear un usurpador “Estado Padre,” que decidirá sobre educación y formación de los niños y adolescentes.

Es para asegurar que el “Estado Padre” le arrebate a los padres sus derechos a decidir cómo educar a sus hijos.

Es para eliminar la libertad de expresión de pensamiento, regulando y controlando a los medios de comunicación.

Es para regular y controlar el uso de las redes sociales, e intervenir y restringir acceso y uso a internet.

Es para aplicar en Venezuela, en materia de control de la libertad de expresión, “el ejemplo de República Popular China”.

Porque su duración no está pre-determinada, la definirá la misma ANC y puede ser indefinida: un gobierno asambleario.

Porque mientras esté funcionando, no podrán fijarse ni ejecutarse elecciones de ningún tipo en todo el territorio nacional.

Porque confirma la falsa oferta del CNE de convocar a elecciones regionales para fin del 2017, que no se podrán realizar.

Porque la ANC podrá disolver todos los poderes, removiendo incluso a todos los funcionarios electos; es decir, los diputados a la Asamblea Nacional.

Porque la Constituyente podrá reemplazar a todos los funcionarios electos, por los que ella misma designe arbitrariamente.

Porque la Constituyente que se quiere elegir se pretende que sea “Supra Constitucional”, violando y sobre la Constitución de 1999.

Porque la Constituyente que se quiere elegir llevará al país a un período impreciso de gobierno asambleario, sin límites.”

Caracas, por segundo año consecutivo, es la ciudad más violenta del mundo

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal

Con una tasa de 130.35 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2016 Caracas fue la ciudad más violenta del mundo, al igual que en el 2015, condición que confirma la grave crisis de delitos que agobia a Venezuela.

Cuatro de las 10 ciudades más violentas, entre las 50 que incluyen el ranking, son venezolanas: además de Caracas figuran en el top ten Maturín, Ciudad Guayana y Valencia.

De las 50 ciudades del ranking, 19 se ubican en Brasil, 8 en México, 7 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 4 también en Colombia, 3 en Sudáfrica, y 2 en Honduras. Hay una ciudad de El Salvador, Guatemala y Jamaica.

La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina (42 urbes).

En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 56,34 (40.754 homicidios dolosos entre 72.016,611 habitantes). Pero sólo las primeras 18 ciudades superaron ese promedio.

En Venezuela el repunte de la violencia es debido a la negligencia e ineptitud de los gobernantes y su completo desdén sobre la forma en que ha ido creciendo la impunidad, sobre todo ante el homicidio.

La impunidad en Brasil por homicidio es del 92%. En Guatemala y México, del 93%. En Venezuela, El Salvador y en Honduras, es del 95%.

Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en el 2016

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, con sede en México, es una prestigiosa asociación civil -sin fines de lucro- dedicada a la investigación estadística del delito, que cuenta con el reconocimiento internacional de las principales organizaciones del mundo, en el área del análisis del crimen.

Fotos vía web.

INFORME 2016 DEL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE VIOLENCIA

A- La situación social de Venezuela

Este 2016 ha sido conflictivo en Venezuela y la expansión de la violencia es un claro indicador de ese proceso social y político: en Venezuela se ha expandido la violencia, en sus modalidades y en su gravedad.

El proceso de destrucción de la institucionalidad, que desde hace más de una década hemos podido documentar y denunciar, adquirió en el 2016 una dimensión mayor con la partidización abierta del sistema de justicia, en especial del Tribunal Supremo de Justicia, y su transformación en una herramienta del Poder Ejecutivo, para desconocer y someter al Poder Legislativo, pretendiendo anular sus funciones constitucionales de legislación y control.

Lo que a inicios del año se veía como una posibilidad de balance de poderes y convivencia, capaz de fomentar la institucionalidad, se transformó en un enfrentamiento, el cual, unido al bloqueo de los mecanismos electorales previstos para dirimir los conflictos de poder, las elecciones de gobernadores y la solicitud de referendo revocatorio, han peligrosamente cerrado los caminos para los procesos pacíficos de resolución de conflictos.

Ese contexto institucional ha debilitado de una manera notable el sentido de una vida social regida por normas, acuerdos y leyes. La parcialización política y social del sistema judicial afecta no sólo el acceso a la justicia de algunos, sino el rol de la ley y de la norma como reguladora de la vida social en todos los ciudadanos y abre las puertas a la violencia social y política.

En este 2016 hemos tenido también un proceso de empobrecimiento generalizado de la sociedad. Salvo una élite muy restringida y con acceso a recursos especiales que se ha enriquecido, todos los demás grupos sociales, profesionales y obreros, profesores y estudiantes, clase media y sectores populares, han sufrido un deterioro dramático en la capacidad de compra de sus salarios. A pesar que el salario ha aumentado varias veces en este año, los servicios que pueden adquirirse o los bienes que pueden comprarse con ese dinero, se redujeron notablemente.

La escasez de productos y de servicios ha fomentado la conflictividad en la sociedad, la población ha sido sometida a largas colas y otros requisitos arbitrarios que se les imponen para poder acceder a los alimentos cada vez más costosos; en este contexto surgen comportamientos y grupos delictivos que compiten por conseguir esos bienes o servicios.

La carencia o deficiencia de los servicios básicos como la electricidad, el agua, el gas para cocinar, ha propiciado conflictos en diversas regiones del país, bien sea por las disputas por adquirirlos o el incremento de los precios que deben pagarse cuando no se obtienen de manera regular: el costo del camión cisterna para llenar los tanques de agua o el costo de la bombona de gas cuando falta el suministro y que no se consigue, ha empobrecido más a la población.

Esta situación de arbitrariedad en el poder, empobrecimiento y escasez ha promovido el incremento de la violencia en el país, pero sobre todo ha provocado una nueva situación en este año 2016: la aparición generalizada de la violencia por hambre.

B- Las limitaciones en la determinación de las muertes violentas

En cualquier sociedad es muy difícil conocer cuál es la cifra real de delitos, casi siempre está subestimada, pero es mucho más engorroso cuando no hay transparencia en la información, ni la voluntad de superar los escollos y dificultades, sino, bien por el contrario, el propósito sostenido de ocultarle a la sociedad la magnitud de la grave enfermedad que padece.

En la estadística de cualquier país una parte de los delitos queda sin registrar, inclusive hay subregistro de aquellos tan graves como el homicidio. En Venezuela en 2016 eso se ha hecho evidente ante la opinión pública: ¿Dónde, en cuál estadística hubiesen quedado registradas las 12 víctimas de la violencia oficial sepultadas en las fosas comunes en Barlovento? ¿Se hubieran contado esos muertos sin la denuncia sostenida de los familiares? ¿Cuántas otras víctimas, quizá menos numerosas, de uno o dos cadáveres, pueden estar en la misma situación y quedan sin registro?

Ante esa dificultad real, que se acrecienta por la censura oficial, las universidades nacionales participantes en el OVV hemos trabajado durante una década buscando formas alternativas e independientes de información, combinando datos primarios con fuentes secundarias y proyecciones estadísticas.

En este 2016 nuestras fuentes de información se han ampliado y mejorado, y en la actualidad se analiza y procesa información en seis ciudades distintas con grupos de investigación de seis universidades: en San Cristóbal con la UCAT, en Cumaná con la UDO, en Barquisimeto con la UCLA, en Ciudad Guayana con la UCAB, en Mérida con la ULA y en Caracas con la UCV.

A fin de mejorar la calidad de nuestra información, hemos solicitado y contado con la asesoría del equipo de Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) para certificar los procedimientos empleados por el OVV para la predicción de muertes violentas en el país. Adicionalmente, el OVV adelantará para el 2017, con asistencia de HRDAG, un proyecto de uso de la metodología conocida como Estimación por Sistema Múltiples (Multiple System Estimation), que en el ámbito internacional se ha venido utilizando en situaciones de dictaduras o de guerras para estimar las muertes invisibilizadas.

Como resultado de esas revisiones, en este año se produjeron unos cambios en nuestra metodología, a fin de hacer más fácil y más abierta la comprensión de la información sobre violencia letal en el país. Para ello hemos reforzado la utilización de las fuentes primarias de datos.

C- Los pronósticos para el 2016

Contando con fuentes primarias oficiales y con las informaciones de terreno recabadas en los seis observatorios regionales de violencia, para este año 2016 estimamos una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes y un total de 28.479 fallecidos en todo el territorio nacional, que deriva de la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimamos en 18.230 casos; las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.281 muertos; y los 4.968 fallecidos incluidos en los casos de muertes violentas consideradas en averiguación, por no haber tenido una intencionalidad conocida.

Con una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes, Venezuela se ubica en el segundo lugar de los países con mayor violencia letal en el mundo.

En primer lugar calculamos que, al igual que el 2015, se volverá a ubicar El Salvador, con una tasa de alrededor de los 100 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 103); y en tercer lugar se situará Honduras, con una tasa cercana a los 60 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 56).

Nuestros estimados indican que al finalizar el 2016, Venezuela tendría una tasa de muertes letales 3,6 veces mayor que las de Colombia y Brasil. Colombia continúa su proceso de disminución de los homicidios, y con una tasa de 25,3 al finalizar este año, igualaría a la tasa de 25,1 que ha venido presentando Brasil.

D- Los rasgos de la violencia en el 2016

En este año podemos resaltar la presencia de cuatro procesos sociales violentos en Venezuela:

El delito se hizo más violento

En el 2016 aumentó el uso de un armamento más poderoso y letal por parte de los delincuentes. Un aspecto que llamó mucho la atención fue la proliferación del uso de granadas en enfrentamientos con los cuerpos policiales, situaciones de secuestros y en conflictos a lo interno de las prisiones. El uso de armamento de guerra permitió no solo enfrentamientos abiertos en batallas defensivas con las fuerzas de seguridad, sino el pase a la ofensiva con emboscadas y ataques a las sedes policiales.

La otra evidencia de ese proceso es el incremento de los asesinatos a grupos de varias personas al mismo tiempo. Lo que se ha conocido como masacres, porque resultan tres, cuatro o hasta más de siete víctimas fatales en el mismo evento. Si bien en la mayoría de los homicidios hay una sola víctima, la expansión de la violencia ha tenido como expresión estos asesinatos colectivos perpetrados por bandas delincuenciales o cuerpos de seguridad.

Las masacres de Tumeremo, Cariaco o Barlovento son una expresión conocida, pero los estimados nuestros es que en el 2016 ocurrieron al menos 22 asesinatos múltiples en cada mes calendario. Una cifra preocupante que muestra la expansión de la violencia en el país.

La respuesta policial y militar se hizo más violenta

La incorporación de nuevos delincuentes y el ejercicio de mayor violencia por ellos ha tenido una respuesta policial y militar de mayor envergadura y letalidad, que ha sido cuestionada por actuaciones violentas que pueden calificar como ajusticiamientos y abuso de poder. Si bien la población acosada por los delincuentes y la violencia requería una acción represiva y de contención por parte de las autoridades, ahora teme y ve con tristeza e impotencia los abusos que se han cometido bajo la pretensión de lucha contra las bandas criminales.

En nuestros estimados de los años anteriores, habíamos calculado que el 65% de los casos clasificados como de resistencia a la autoridad eran fatales. Este año, a partir las cifras primarias que disponemos de nuestros estudios, nos muestran que ese porcentaje se incrementó de una manera importante y para el 2016 estimamos que al menos el 80% de los casos de resistencia a la autoridad concluyeron en muertes.

En estas condiciones los delincuentes perciben que la actuación policial es violenta, los condena a la muerte y, por tanto, responden en consecuencia, haciendo más violenta la sociedad. Tanto el delito como la acción de respuesta de las autoridades se volvieron letales.

Aparece el delito por hambre

El empobrecimiento y la escasez de los alimentos ha llevado a respuestas muy variadas en la sociedad: unos deciden hurgar en la basura para poder alimentarse, otros deciden robar los alimentos o a las personas para poder conseguir dinero y comprar comida.

Históricamente el delito en Venezuela se había motivado por la búsqueda de un consumo suntuario, unos zapatos de marca o un teléfono celular. En el 2016 ocurrió un cambio y los Observatorios Regionales pudieron detectar un incremento generalizado de los robos por hambre.

Se incrementan los robos colectivos; los saqueos a negocios y transporte de alimentos, han sido una modalidad violenta que se ha incrementado en el país y aunque hay casos que han alcanzado notoriedad, como lo saqueos en Cumaná en junio, en San Cristóbal en julio, o en Ciudad Bolívar en diciembre, son muchos más frecuentes y generalizados.

En diversas zonas del país, el transporte de alimentos sólo puede hacerse en camiones que se movilizan escoltados por unidades del ejército para evitar lo saqueos de las poblaciones que atraviesan en su recorrido; y aun así hay casos donde los cuerpos militares no han podido evitar el asalto de la población que busca comida.

Se incrementó el delito amateur

Aunque hay delincuentes profesionales que roban la comida, la mayoría de las personas que cometen estos delitos no son delincuentes regulares. No se dedican al delito, tienen otros oficios y empleos, pero pueden cometer un delito transitoriamente, en el camino de regreso del trabajo; ya que su salario no le alcanza, se convierten en delincuentes amateurs; en general son actores solitarios, pues actuar con otros sería reconocer su nueva condición que todavía no quieren aceptar.

Sus acciones son pequeñas, pero su número se hace cada vez más grande, por lo tanto existe la posibilidad que muchos de ellos decidan aceptar esa identidad y pasen a convertirse en profesionales e integrar las bandas delictivas.

E.- El deterioro del sistema de justicia penal

El deterioro del sistema de justicia penal ha llevado a una desconfianza notable de la población en sus componentes. Los varios estudios de percepción de la seguridad que hemos realizado en las universidades, señalan que menos del 10% de la población considera como buenos o confiables la policía, los tribunales o las penitenciarías.

Durante el año 2016 se deterioró la función social de la policía

Las policías y los cuerpos de seguridad han padecido un gran deterioro durante este año.

En primer lugar, los policías continúan siendo víctimas del delito y la violencia, se han convertido en un objetivo del delito: Estimamos que al finalizar el año 2016 tendremos en Caracas un promedio de 2,5 policías o funcionarios asesinados en cada semana.

Adicionalmente, y en el resto de estados centrales, un promedio de 1 policía muerto por semana. El deterioro se refleja también en una disminución de la capacidad operativa de la policía. Las policías han mermado en su personal, pues, durante este año, fue muy notable la renuncia de los funcionarios policiales a sus cargos públicos.

El crecimiento de los riesgos y la reducción práctica de lo que compran sus sueldos, ha hecho que buena parte de ellos renuncien para ir a engrosar la seguridad privada.

Al mismo tiempo, se ha observado un aumento del número de policías involucrados en el delito. En este año se ha observado un incremento de su acción fuera de la ley, desde su participación en robos y extorsión comunes, hasta su colaboración con las bandas organizadas.

Los registros de prensa de todas las regiones y los partes policiales, reflejan sistemáticamente las informaciones de los funcionarios transformados en delincuentes usando su investidura policial para cometer las fechorías y que son apresados por otros agentes de seguridad, lo cual los ha convertido en depredadores de la comunidad que deben proteger.

Adicionalmente, se incrementaron las denuncias sobre la acción extrajudicial y delictiva de funcionarios y cuerpos policiales en sus funciones de seguridad. En este año 2016 se incrementaron las denuncias de ejecuciones a personas realizadas por funcionarios policiales y militares en la denominada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), lo cual coincide con el incremento de víctimas fatales calificadas en la estadística como resultado de un acto de resistencia a la autoridad.

Se estableció un sistema carcelario paralelo a las prisiones

Las penurias y los enfrentamientos violentos en las cárceles que se dan entre las bandas para controlar los penales y las rentas económicas que de allí derivan, se mantuvieron durante todo el año y a pesar de los reiterados esfuerzos de los defensores de los derechos humanos y de las autoridades.

Lo singular de este proceso en Venezuela es que paralelo al sistema penitenciario formal se ha creado una estructura de reclusión temporal que equipara en magnitud de internos a los que se encuentran en las cárceles. Estos centros de detención provisional no fueron diseñados, ni tienen las instalaciones físicas, para albergar miles de reclusos y de manera permanente.

Algunos detenidos llevan varios años en esos centros temporales y, aunque ya tienen sentencia y orden de traslado a las cárceles por un juez, no son admitidos en las cárceles formales por las autoridades penitenciarias.

Se incrementó la politización del sistema de administración de justicia

En este año se redujo la legitimidad del sistema de justicia por su parcialización política y su pérdida de capacidad operativa. El mecanismo de designación de los nuevos magistrados y las actuaciones a lo largo del año le restaron legitimidad a un sistema de justicia que debe mostrarse al servicio de toda la ciudadanía, sin
distinciones sociales o políticas.

Esta conflictividad y parcialidad, así como los bajos sueldos, han llevado a la renuncia formal o al retiro práctico de funcionarios judiciales de sus obligaciones cotidianas, pues deben buscar otras formas de obtener ingresos.

F- Las respuestas de la ciudadanía a la violencia

Ante tales niveles de empobrecimiento y violencia delincuencial y oficial, se ha provocado una respuesta de la ciudadanía, que podemos agrupar en 4 procesos sociales.

F.1- La violencia incrementó el miedo y la pérdida de libertad

El miedo de la población venezolana a ser víctima del delito y la violencia se ha generalizado a todos los sectores sociales, pero afecta de manera más grave a los sectores pobres y de clase media que deben moverse a pie o en el transporte público por las ciudades y calles del país.

Las encuestas y los grupos focales que durante este año realizamos desde las universidades nacionales, han registrado ese sentimiento de temor permanente y callado que tiene la población. Como consecuencia de ese miedo, se han generalizado también las medidas personales para la reducción del riesgo, lo cual ha llevado al encierro de la población, a la renuncia del espacio público y los cambios de hábitos de socialización, educación y trabajo.

Las calles de las ciudades se vacían al anochecer, el transporte público se reduce y las personas se resguardan en sus casas. En algunas ciudades los grupos delincuenciales ordenan toques de queda forzados. Estas acciones que en los años anteriores estaban limitadas a pequeños espacios y ocurrían de manera encubierta, pasaron en el 2016 a ocupar avenidas principales y de manera abierta.

Esto dejó de ser un fenómeno exclusivo de las zonas de frontera o las ciudades, y se extendió a poblados pequeños y zonas turísticas, los cuales perdieron dinamismo y han sufrido un impacto económico adicional, pues los pescadores artesanales se resguardan por miedo a que les roben sus botes o motores, y los visitantes se abstienen de ir a las playas por temor a ser víctimas de los asaltos colectivos.

Una de las áreas donde con mayor impacto se ha sentido este fenómeno fue en el transporte público y colectivo: ocho de cada diez venezolanos tiene miedo de ser víctima del delito en los autobuses en las ciudades o en las carreteras interurbanas.

Por ese miedo, este año muchos venezolanos optaran por renunciar a viajar en las noches o madrugadas por muchas carreteras y autopistas, las cuales se tornaron más solitarias y se hicieron más propensas a la actuación del delito.

F.2- La violencia produjo desplazamiento territorial de la población

La violencia y el miedo a ser víctima de la violencia han propiciado el desplazamiento de la población a otras zonas, otras ciudades y otros países. Lo que por un tiempo fue un fenómeno exclusivo de las zonas fronterizas, en 2016 se pudo observar en las zonas centrales del país. Los territorios controlados por las bandas se ampliaron y de igual modo la amenaza, el sometimiento y la extorsión de la población.

Ante la ausencia de protección de las autoridades, y dado que la inhibición no resulta suficiente para protegerse, las familias han decidido trasladarse completamente o al menos a sus hijos, hacia otros lugares, con la esperanza de obtener mayor seguridad.

Estos desplazamientos por la violencia de las bandas y en algunos casos, de los cuerpos policiales, se incrementaron durante el 2016. Aunque no es sencillo cuantificarlos, pues pueden confundirse con las mudanzas por motivos económicos, se ha podido registrar una mayor movilidad territorial que, dependiendo de las condiciones de las familias, se da a lo interno de la ciudad, entre ciudades o hacia fuera del país.

En el 2016 se registró un fenómeno de abundante retorno de migrantes de primera o segunda generación a sus países de origen, y no sólo a Europa, sino también en América Latina, a Colombia, Ecuador, Perú o República Dominicana, tanto por las carencias económicas, como por el temor y la desprotección que sienten ante la violencia.

F.3- La violencia incrementó los linchamientos

Por la reiterada victimización que se ha vivido durante más de una década, y el sentimiento de desamparo, muchas personas han decidido tomar la justicia por mano propia y han pasado al acto, agrediendo físicamente, y en algunos casos, hasta causando la muerte a presuntos delincuentes y hasta personas inocentes.

En este año observamos 4 aspectos relevantes.

El primero, es un incremento en la magnitud de estos linchamientos, si bien en años anteriores había ocurrido el fenómeno, se registraba como algo aislado; en el 2016 se ha visto un incremento importante, registrándose cada semana entre 1 y 3 linchamientos con víctimas fatales.

El segundo, es que su ocurrencia se ha generalizado en el país, llamando la atención su notable incremento en ciertas zonas como el estado Monagas.

El tercero, en los estudios de años anteriores se había observado que los linchamientos tenían como víctimas a personas que habían cometido crímenes horribles, asesinos o violadores, mientras que en el 2016 se observó intentos de linchamiento de personas que cometían delitos menores, hasta ladronzuelos inexpertos, que han recibido un fuerte castigo corporal como resultado del cansancio y la ira de la población.

Y, finalmente, los observatorios han registrado una actitud más tolerante y cómplice de la policía, que se retira o retrasa su intervención para permitir que la población proceda con el linchamiento.

F.4- La violencia incrementó el sicariato

Quienes deciden no tomar la justicia por sus propias manos, pueden encomendar a otros que realicen dichas tareas. Las tareas del sicario pueden ser desde intimidar al otro para facilitar una negociación hasta ejercer una venganza en respuesta al daño recibido.

Las bandas delincuenciales la utilizan, pero también los ciudadanos que se sienten desprotegidos y sin esperanza de obtener reparación o justicia. En este año 2016 pudimos registrar que cada semana se cometieron entre 1 y 4 asesinatos que, por su forma de ejecución, podían ser clasificados como sicariatos o muertes por encargo.

G- Llamado final

Las universidades nacionales agrupadas en el Observatorio Venezolano de Violencia, queremos reiterar nuestra convicción que esta dolorosa situación de violencia y criminalidad que vive la sociedad venezolana, no es una irreversible maldición del destino sino el resultado de políticas públicas equivocadas.

Con la voluntad y cooperación de los venezolanos, de todos los sectores sociales y de todos los colores políticos, podemos modificarla y construir una sociedad democrática donde se respeten los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de todas las personas.

Así es el fraude eléctrico venezolano

Un exempleado de la compañía norteamericana ProEnergy coloca a la luz pública miles de comunicados, presupuestos y órdenes de compra-venta de una presunta operación fraudulenta que involucraría a la empresa Derwick Associates

Nicolás Robles Lecuna, Newsweek

No es un email filtrado. No hablamos de alguna correspondencia sobre un pequeño “chanchullo”, de esos típicos venezolanos. No es “me contaron” o “escuché”.

Aquí, de ser cierto, nos referimos a algo monumental. Algo masivo. Algo descarado, escandaloso: un insulto a la nación. Documentos tras documentos tras documentos… facturas encima de facturas y más facturas… precios que se alteran.

Compras de equipos eléctricos usados como si fueran nuevos. Por situaciones como ésta, entonces se entiende un poco más sobre la situación del caótico sistema eléctrico nacional.

Tras varias semanas de intenso estudio por parte del equipo de analistas de Newsweek En Español Venezuela, la conclusión es una sola: alguien se salió con la suya… y no fueron los ciudadanos venezolanos, quienes sufren de apagones a diario.

Esta historia es narrada en primera persona por Daniel Rosenau, norteamericano quien trabajó como ejecutivo de ventas de una compañía llamada ProEnergy, con base en Sedalia, Missouri.

Un mal día, este señor descubrió –usando no más que la lógica- que la compañía para la cual trabajaba en ese entonces tenía prácticamente un solo cliente: Derwick Associates, de Venezuela, fundada por Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López.

Entre el 2009 y el 2012, ProEnergy facturó a Derwick más de 2 billones de dólares.

Cuando intentó buscar información sobre Derwick en Google, pues se dio contra una pared. Las páginas estaban bloqueadas por el departamento de tecnología de su propia empresa. Ahí comenzó a pensar que algo estaba pasando… y esto fue lo que descubrió.

A continuación, el testimonio público de Daniel Rosenau

“Estoy dolorosamente consciente de la malversación de fondos y sobrefacturación que se relaciona con el sector energético de Venezuela, dado que hasta hace poco fui empleado de la compañía ProEnergy Services, ubicada en Sedalia, Missouri.

ProEnergy fue la contratista responsable de la construcción de una docena de plantas de energía, mediante tratos que involucraban sobrefacturaciones en bruto, múltiples transacciones offshore, y una turbia asociación con Derwick Associates, un grupo venezolano sin experiencia alguna en la construcción de plantas de energía.

Estoy haciendo público y disponible más de 10 GB de material; documentos que provienen directamente del disco duro de la empresa. Los metadatos de cada documento se pueden conectar directamente a las computadoras de Pro-Energía. Mi esperanza es que los datos adjuntos permitan exponer este fraude multimillonario.

”Entre los años 2009 a 2012, ProEnergy facturó prácticamente a un solo cliente una suma aproximada de 2 billones de dólares. El cliente es Derwick Associates.

Nuestra compañía vendió más de 1 billón de dólares en turbinas (la mayoría de ellas usadas o reconstruidas, pero vendidas como nuevas) para Derwick, que –apenas horas más tarde- las revendió al gobierno de Venezuela, a través de entes como el Ministerio de Energía, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). PDVSA y SIDOR.

Además de las ventas de turbinas a Derwick, ProEnergy construyó las centrales eléctricas que Derwick mercadeaba como de su propia fabricación, y por las cuales ambas compañías sobrefacturaban al gobierno venezolano por cientos de millones de dólares.

Según el diario The Wall Street Journal, Derwick se encuentra bajo investigación criminal por autoridades federales, además de autoridades locales en New York (Esto condujo a que Derwick contratase inmediatamente los servicios de Adam Kauffman, antiguo jefe de la división de investigaciones de la Fiscalía de Manhattan, quien ya representa a varios funcionarios del gobierno venezolano, que presuntamente malversaron cientos de millones de dólares).

Trabajando en el departamento de ventas de ProEnergy, me di cuenta de que la compañía había incursionado en negociaciones “sucias”, cuando un grupo de venezolanos con buenas conexiones, decidió ignorar y no comprar a fabricantes de equipos originales (OEM, siglas en inglés) como Rolls Royce, Pratt & Whitney, y General Electric. En cambio, usaron ProEnergy como un intermediario. En otras palabras, un intermediario utilizando otro intermediario.

Inexplicablemente, el departamento de Información y Tecnología de ProEnergy había bloqueado el acceso a sitios de Internet que pudieran referirse a la empresa Derwick.

Cuando busqué en Google “Derwick” y “corrupción”, las páginas estaban bloqueadas. Esto agitó mi curiosidad y por eso exploré el disco duro compartido de la computadora de la compañía, en busca de información relacionada con el término “Derwick”.

Lo que encontré allí me impactó: docenas de propuestas de venta para Derwick; generadores, plantas de energía, mejoras a estas plantas. Era realmente extraño, dado que ProEnergy NUNCA ha construido una planta de energía en los Estados Unidos (ProEnergy no cumple con los estándares americanos, por lo que tiene oficinas en lugares como Angola, Argentina, Pakistán y Venezuela).

Sorprendentemente, las propuestas de ProEnergy reflejan un margen de ganancia que va desde 20 hasta 74%. En mi sector, el margen de beneficio por lo general oscila entre el 2 y el 5%. Estos precios reflejaban que alguien estaba siendo estafado. ProEnergy sobre facturaba a Derwick.

Mi sensación de incredulidad aumentaba mientras leía. Descubrí documentos, borradores en papel membretado de Derwick. ProEnergy estaba redactando las propuestas y la preparación de las facturas que Derwick envió a clientes venezolanos por el mismo equipo descrito en las propuestas a Derwick de ProEnergy. Esto incluyó las facturas reales de Derwick a las empresas estatales de Venezuela como PDVSA.

Todas estas facturas, todos estos documentos y archivos con los que Dewrick negociaba, eran escritos y preparados por ProEnergy en Sedalia. En algunas de las facturas de Derwick, las instrucciones de pagos vía transferencias fueron a cuentas bancarias pertenecientes a ProEnergy. Algunos para el banco offshore Davos International y otros a JP Morgan en Nueva York.

Cuando me enteré de que los propietarios de Derwick apenas habían salido de la universidad y eran amigos del hijo del ministro de Energía Eléctrica, entendí por qué ProEnergy había preparado las facturas de Derwick: porque nuestros clientes venezolanos de Derwick (veinteañeros en su mayoría) sencillamente carecían de conocimientos técnicos.

Después de todo, ¿cómo puede una persona redactar una factura por un producto sin ningún conocimiento sobre el tema en cuestión?

Sorprendentemente, estos documentos preparados por ProEnergy -y supuestamente de Derwick- también revelaron descomunales márgenes de ganancia, muy por encima de los precios que ProEnergy le cobra a Derwick.

Así, un artículo como un conjunto de tres turbinas FT8 Swift Pac, comprados por ProEnergy a Pratt y Whitney, por $67.5M se vendieron un día después por $78M a Derwick, que luego las vendió -dos días después- a estatales venezolanas por $97.5M.

Y así, en cuatro días, un artículo con un precio de venta de $67.5M tenía un sobreprecio de $30M añadidos por ProEnergy y por Derwick Associates.

En otro caso, tres turbinas Rolls Royce Trent 60, adquiridas originalmente por $66M, fueron vendidas a Derwick por $79.3M, que a su vez las revendió horas más tarde por $97.5M, añadiendo otros $ 31M de lucro para Derwick y ProEnergy.

Al igual que estas operaciones hay decenas de transacciones inimaginables, que van de desde piezas de repuestos, presupuestos de construcción de turbinas, generadores, transformadores; costos de transporte y entrenamiento de personal. Detuve mi cuenta de todas las facturaciones al llegar a los 2 billones de dólares.

Un colega me dijo que el FBI había visitado ProEnergy en varias ocasiones. Fue como una tortura, semana tras semana, sabiendo que ProEnergy estaba robando una nación donde la pobreza y la delincuencia están desatadas. Pasé noches sin dormir pensando qué hacer. Pero una serie de despidos en toda la empresa resolvieron mi dilema inmediato.

La verdad es que sin la entrada de dinero proveniente de Venezuela, ProEnergy sufrió una fuerte crisis de liquidez. Tanto es así que la compañía Acon Investments de Washington DC, realizó una inyección de capital a ProEnergy. Acon está dirigido por Bernard Aronson, designado por Obama para América Latina.

Pasaron los meses y compartí información con el periodista venezolano César Batiz, quien verificó el material y permitió que un blogger publicara algo del material en Scribd.

Las revelaciones acerca de las actividades de lavado de dinero de los funcionarios de Venezuela en la  explicarían por qué los funcionarios estatales venezolanos acordaron sobre pagar a Derwick y ProEnergy.

Es desalentador que los ejecutivos del sector energético estadounidenses se muestren con tal avaricia que rápidamente han tomado parte en el saqueo a Venezuela.

Mi esperanza es que al salir públicamente con esta información, otros de mis antiguos colegas den un paso al frente y alerten sobre este escándalo internacional que involucra a Venezuela y también a Missouri.

Me han informado que Derwick Associates ha presionado a numerosos bloggers en Venezuela y fuera de sus fronteras, además de periodistas reconocidos”.