“El Estado venezolano participa directamente en el narcotráfico”

Douglas Farah es experto en crimen organizado internacional y habló de los nexos entre Venezuela, Irán y Argentina.

Carolina Bellocq, El Observador (Uruguay)

Cuando los legisladores estadounidenses quisieron comprender mejor por qué Barack Obama había librado una orden que declaraba a Venezuela una “amenaza para la seguridad”, organizaron una sesión extraordinaria del subcomité de Asuntos para Latinoamérica del Senado.

Allí escucharon a diversos expertos que expusieron sobre Venezuela y argumentaron por qué EEUU debía estar atento a lo que sucede en ese país. Uno de los ponentes fue Douglas Farah, presidente de la consultora IBI y miembro del Centro de Asesoramiento y Estrategia Internacional, quien en entrevista con El Observador abundó en sus denuncias sobre el crimen organizado en Venezuela, los vínculos de ese gobierno con grupos delictivos transnacionales y las relaciones con Irán y Argentina.

En su comparecencia ante el Congreso estadounidense usted afirmó que el Estado venezolano esponsorea el crimen y tiene vínculos con organizaciones terroristas. ¿A qué se refiere?

“Hay importantes testimonios de antiguos chavistas, declaraciones de muchos diplomáticos e investigaciones periodísticas, sobre los vínculos del gobierno venezolano con Hezbollah y las FARC”.

Quiero decir que el Estado, como tal, directamente participa en actividades criminales y en el apoyo a terroristas, principalmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Hezbollah iraní. Participa de modo directo en el narcotráfico, esa es la principal actividad criminal.

Algunos altos mandos del gobierno venezolano participan de modo directo en esta actividad criminal, que tiene protección pública.

¿Cómo ha evolucionado esta situación tras la muerte de Hugo Chávez y la llegada al poder de Nicolás Maduro?

Últimamente las autoridades nacionales se han involucrado más en el tráfico de cocaína, dado que las rentas por petróleo y otras fuentes de ingresos están cayendo y necesitan ingresos de modo desesperado.

Creo que la relación institucional –de gobierno– con Hezbollah y con Irán se ha enfriado, y las FARC están ahora en otra dinámica con su proceso de paz. Así que la relación ahora pasa más por el crimen y tal vez menos por el terrorismo.

¿Por qué Venezuela tendría interés en introducir a Irán y a Rusia en la región?

“Los iraníes le pidieron a Chávez que consiguiera que Argentina los ayudara con su plan nuclear”.

Porque Hugo Chávez y el liderazgo iraní, especialmente el expresidente Mahmud Ahmadineyad, compartían la convicción profunda de que la revolución bolivariana y la iraní tienen un mismo fin: un nuevo orden mundial donde el “imperio”, o EEUU, esté herido de muerte y no sea una superpotencia.

Desarrollaron una doctrina común de Guerra Periférica donde dejaron explícita su predisposición a usar armas de destrucción masiva contra EEUU. A su modo de ver, es una alianza antiimperialista.

Rusia sigue la misma lógica y en América Latina la “antigua izquierda” –la que impulsó la insurrección armada, no la izquierda democrática moderna– siente nostalgia por la ex Unión Soviética. Esto le ha dado a Rusia una entrada y, como tiene armas que son bienvenidas por estos grupos, se vuelve a entusiasmar con su influencia en la región.

Ante el Congreso, usted aseguró que Venezuela era un puente entre Irán y Argentina. ¿Por qué Caracas tendría semejante interés? ¿Cómo funcionó ese puente?

“Chávez y Mahmud Ahmadineyad, compartían la convicción profunda de que la revolución bolivariana y la iraní tienen un mismo fin: un nuevo orden mundial”.

El gobierno de Fernández de Kirchner, y Cristina misma, se movió muy cerca de Chávez una vez que Néstor Kirchner falleció. Los iraníes le pidieron a Chávez que consiguiera que Argentina los ayudara con su plan nuclear.

¿Por qué? Porque antes de los bombardeos de la AMIA en 1994, el principal socio en materia nuclear de Irán era Argentina.

La decisión del entonces mandatario Carlos Saúl Menem de cortar en 1992 con esa cooperación (para la que EEUU y Europa presionaron) fue, según la investigación del fallecido fiscal Alberto Nisman, “un factor detonante” del atentado a la AMIA en 1994. Entonces, Irán necesitaba ayuda y sabía que había un país que ya conocía su tecnología, Argentina.

Al mismo tiempo, Argentina padecía una crisis energética y necesitaba petróleo de modo desesperado. Irán tenía petróleo pero no lo podía vender por las sanciones. Estaban dadas las condiciones para una hermosa relación.

¿Cuál es la evidencia del apoyo del gobierno de Venezuela al grupo terrorista Hezbollah? ¿Y de los vínculos entre ese grupo y las FARC, y entre las FARC y Venezuela?

Hay muchos casos judiciales ya resueltos que arrojan muchísima información sobre el modo en que Hezbollah y las FARC hacen negocios juntos. La Operación Titán y el Banco Canadiense Libanés son dos ejemplos.

“El gobierno venezolano participa de modo directo en el narcotráfico, esa es la principal actividad criminal”

También hay importantes testimonios de antiguos chavistas, declaraciones de muchos diplomáticos e investigaciones periodísticas  sobre los vínculos del gobierno con esa agrupación extremista.

Antonio Salas, el periodista español que escribió el libro El Palestino luego de haberse infiltrado para investigar estos asuntos, divulgó mucho material sobre esto también.

Informe del Secretario General de la OEA, ante el Consejo Permanente, sobre la situación de Venezuela

23 de junio del 2016

Señor Presidente, Embajadores, Representantes, Colegas:

Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y en mi calidad de Secretario General, solicito al Consejo Permanente que realice “una apreciación colectiva de la situación” en Venezuela y adopte “las decisiones que estime conveniente”.

En este sentido, me permito presentarles las razones por las cuales estimo que existe una grave alteración del orden constitucional en ese pais. Una buena parte de la información que presentaré, ya con anterioridad incluí en mi carta al Presidente del Consejo Permanente el 30 de mayo.

Hoy presentaré un informe actualizado, dado el rápido deterioro de la crisis en Venezuela.

La defensa de la democracia es uno de los principales mandatos de la OEA y la base fundamental de las relaciones internacionales en las Américas.

Estos principios están claramente plasmados

En la Carta de la Organización de Estados Americanos,

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

En la resolución de la Asamblea General AG/RES. 1080, “Democracia representativa”,

Y en la Carta Democrática Interamericana que es la verdadera Constitución de las Américas.

Estos no son documentos que nos hayan sido impuestos.

Como Estados Miembros hemos elegido firmarlos, unirnos al consenso sobre los principios que definen quiénes somos, en qué creemos y cómo interactuamos unos con otros.

Las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen solo cuando es conveniente.

Si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos estar dispuestos a actuar.

Si existen claras violaciones, nuestra obligación es señalarlas, En particular cuando se enfrenta una situación difícil.

Los temas que vamos a debatir hoy día están claramente delineados en la Carta Democrática Interamericana.

Es conforme a estas normas que consideramos que se ha alterado el orden democrático en Venezuela.

En el artículo 3 de la Carta se enumeran los elementos esenciales de la democracia:

El “respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto[…]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

En el artículo 4 se delinean los componentes esenciales para el ejercicio de la democracia:

“la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.

En mi informe del 30 de mayo se exponen claramente los argumentos de que ha ocurrido una alteración del orden constitucional que trastoca el orden democrático en un Estado Miembro.

Hoy, les pido que consideren las vidas, la salud y la seguridad del pueblo venezolano a la luz de estos compromisos.

El Consejo Permanente debería tomar las medidas necesarias para atender a la crisis humanitaria sin precedentes e innecesaria que sufre Venezuela.

El Consejo debería expresarse claramente sobre los prisioneros políticos y los informes persistentes de tortura.

El Consejo debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un referendo revocatorio

Es conforme a estos principios que debemos decidir actuar o no.

Como decía Desmond Tutu: “si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

La democracia es el gobierno del pueblo.

Aquellos que han elegido representar al pueblo, lo hacen para encauzar la voz de los ciudadanos en los procesos decisorios del Estado.

El Gobierno lo hace a través de la legitimidad que le ha conferido el pueblo, los ciudadanos.

Es un servicio al público; una vocación de servicio para el bien común.

No es un negocio en donde las personas buscan un beneficio o el poder.

La ética política nos conmina a ser coherentes con nuestras palabras y nuestras acciones.

Es mucha la tensión entre la ética y la política como para ensalzar a los líderes sin abusar del poder que se les confiere.

Cuando los Gobiernos y los políticos no cumplen con estas normas, vemos que los ciudadanos se frustran con sus líderes políticos.

Al perder la confianza en sus representantes electos, los ciudadanos harán que sus voces sean escuchadas.

Lo que hemos atestiguado en Venezuela es la pérdida del propósito moral y ético de la política.

El Gobierno se ha olvidado defender el bien mayor, el bien colectivo.

Venezuela tiene una de las más grandes reservas de petróleo del planeta, así como vastas tierras fértiles y una gran cantidad de recursos minerales.

El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo.

El enfrentamiento entre las ramas de Gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura de la gobernabilidad, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país.

La inflación ha llegado a 720%.

El PIB disminuirá un 8% más en 2016.

La deuda externa ha alcanzado los 130.000 millones de dólares; es decir, el equivalente de casi seis años de exportaciones de petróleo.

Venezuela ocupa el noveno lugar mundial con la peor tasa de desempleo.

El 73% de los hogares y el 76% de los venezolanos vivieron en la pobreza en 2015.

Después de lo que fue el 12º aumento desde que el Gobierno fue electo en 2013, el salario mínimo equivale aproximadamente a 13,75 dólares al mes.

Eso es menos de 50 centavos de dólar por día.

La falla sistemática del tipo de cambio controlado ha ocasionado que la moneda haya perdido el 99% de su valor desde 2013.

Las empresas internacionales han cerrado sus puertas porque nadie puede pagar.

La población enfrenta una escasez de alimentos y medicamentos sin precedente en todo el país.

Esta crisis está alcanzando un punto crucial.

Estos problemas no los causan fuerzas externas.

La situación que enfrenta Venezuela hoy día es el resultado de las acciones que han emprendido y siguen emprendiendo quienes están en el poder.

Venezuela podría y debería ser uno de los países más prósperos e influyentes en la región.

Pero más bien es un Estado plagado de corrupción, pobreza y violencia

La población sufre las consecuencias.

Es mucho más redituable para los negocios vender dólares subsidiados en el mercado negro que reabastecer los anaqueles de las tiendas.

La escasez de alimentos e insumos alcanzó el 82,8% en enero de este año.

Desde 2003, más de 150 productos alimenticios han sido puestos en la lista de precios fijos que ha establecido unilateralmente el Poder Ejecutivo.

En principio, los aumentos en los precios iban a la par de la inflación.

Sin embargo, desde 2007 la brecha entre costos de producción y precios fijos ha crecido exponencialmente y, en consecuencia, muchos negocios han cerrado sus puertas.

A fin de responder a esta escasez creada, el Estado ha intervenido cada vez más en la producción de alimentos, incluyendo a través de la expropiación o nacionalización:

De productores de café,

De ingenios azucareros,

De productores de arroz y pasta,

De Agriozlena, la principal compañía distribuidora de semillas,

De Lácteos Los Andes, el principal productor de lácteos,

De más de 10,000 hectáreas de ranchos ganaderos y lecheros

De por lo menos 5 productores de harina de maíz,

De dos fabricantes de aceites y

De la empresa Polar, la principal cadena de supermercados de Venezuela.

Esta escasez provocada por el Gobierno también ha dado lugar a una economía de mercado informal o “negro” de productos regulados.

Las comunidades más pobres fuera de la capital son las más afectadas.

El 87% de los venezolanos declaran que no tiene el suficiente dinero para comprar los alimentos que necesitan.

Se requerirían 16 salarios mínimos para alimentar debidamente a una familia.

Un cuarto de la población vive con menos de dos comidas al día.

La desnutrición afecta a los más vulnerables. Y las tasas de mortalidad infantil están aumentando a la par que los problemas de crecimiento entre los niños.

La falta de agua y electricidad se ha tornado común.

La única presa hidroeléctrica del país ha alcanzado niveles críticos, pues el agua apenas llega a cinco pies arriba del nivel en el que las turbinas simple y sencillamente dejaría de funcionar.

Ante esta falta de energía, las oficinas de Gobierno e instituciones públicas solo abren tres días a la semana.

La falta de insumos básicos y sustancias químicas, como el cloro para tratamiento de agua, ha dado lugar a un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua.

El sistema de salud en Venezuela enfrenta serios problemas al no haber equipo, ni doctores, ni medicinas.

Los servicios médicos se encuentran debilitados por el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento y actualización de los recursos y equipo técnico, lo que agrava todavía más la escasez de medicinas e insumos.

Los pacientes que requieren tratamiento deben aportar todo: desde papel higiénico, jeringas, medicinas y hasta frazadas.

Y cuando se les acaban estos insumos se interrumpe su tratamiento.

La inestabilidad ha dado lugar a la emigración en masa de profesionales de la salud. Incluso ha cerrado la mayoría de los hospitales cuyo personal era de origen cubano.

En enero de 2016, la Cámara de la Industria Farmacéutica reconoció una deuda de 6.000 millones de dólares con proveedores internacionales.

Las farmacias solo pueden surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados.

El 27 de enero de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró una emergencia nacional en el sistema de salud.

El 5 de abril de 2016, la Asamblea Nacional promulgó una ley especial para “atender la crisis humanitaria en salud”.

Con esta legislación se permitiría al Gobierno venezolano buscar asistencia internacional para responder a la crisis de salud. El 9 de junio la Corte Suprema la declaró inconstitucional.

La situación ha pasado de ser desesperada.

La violencia ha estado aumentando en las últimas semanas a medida que la escasez se hace intolerable.

Se han reportado más de 250 casos de saqueo este año en todo el país.

Los transportes de alimentos o bebidas fueron el blanco en el 81% de los casos de saqueo en sus rutas de distribución.

El 19% restante ocurrió en centros comerciales y almacenes.

Los embarques de alimentos ahora van acompañados de guardias armados, leales al Ejecutivo, protegiendo así las limitadas raciones de ciudadanos hambrientos.

El martes pasado, mientras nos encontrábamos reunidos en la Asamblea General en República Dominicana, en Cumaná, más de 100 tiendas fueron saqueadas y destruidas, y se reportaron por lo menos 3 muertes.

En el estado de Trujillo, las manifestaciones ocurren todos los días pues la gente protesta por la falta de servicios básicos del Gobierno.

Esto incluye la trágica muerte de una niña de cuatro años en un tiroteo afuera de un mercado en Guatire; son estos daños irreparables del aumento de la violencia.

La falta completa de confianza en el aparato de seguridad estatal sirve de incentivo para que las comunidades tomen la justicia en sus manos.

La fiscalía ha abierto investigaciones en torno a 74 asesinatos presuntamente cometidos por tales grupos en los primeros cuatro meses de este año.

Los índices de violencia y delincuencia han alcanzado niveles históricos.

Las estadísticas oficiales del Gobierno, que no son publicadas con regularidad, indican que en 2015 ocurrieron 58,1 homicidios por cada 100,000 personas.

La sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100,000 personas.

En 2015, el número de muertes violentas fue superior en Venezuela que el registrado en Afganistán.

El 66,7% de la población se siente muy insegura o en cierta forma insegura.

La escala de la victimización también ha aumentado drásticamente. En 2013, 54,2% de la población decía que ni ellos ni ningún familiar habían sido víctimas de un delito. En 2015, esa cifra bajó a 10,6%.

La penalización del Estado también es motivo de preocupación creciente.

Tres de cada cuatro venezolanos dijeron en una encuesta nacional que no creían que la policía podía protegerlos.

La policía, la Guardia Nacional, los jueces, los fiscales y el personal carcelario están involucrados de manera tácita o expresa en la delincuencia organizada, incluso en secuestros, asesinatos, robos o narcotráfico.

La fuerza paramilitar establecida por el Gobierno para reprimir la delincuencia organizada, ha sido acusada de ejecuciones sumarias.

No hay datos oficiales sobre las personas que mueren a manos de las fuerzas de seguridad.

En los últimos cuatro años murieron 1320 integrantes de fuerzas policiales y militares; de ellos, 75% no estaban de servicio en el momento de su muerte.

Este año ya se han notificado más de 109 muertes de integrantes de fuerzas policiales y de seguridad desde el 1 de enero.

Venezuela está en un estado perpetuo de lucha civil.

El colapso de una gestión de gobierno responsable y efectiva se ve exacerbado por la corrupción endémica que plaga al Gobierno.

Un estudio reciente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional suscitó preocupación en torno a gastos del Gobierno, que ascienden a 69.000 millones de dólares por presunta corrupción.

Dos ex integrantes del gabinete del difunto presidente Hugo Chávez han presentado quejas por la desaparición de ingresos derivados del petróleo del orden de los 300.000 millones de dólares.

Transparencia International clasifica a Venezuela en el lugar 158 entre 168 países evaluados en lo que se refiere a la corrupción. Esta es la posición más baja en el continente americano.

Los países que están por debajo, es decir, Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán e Iraq, son regímenes ilegítimos o países devastados por guerras prolongadas.

El Gobierno ha perdido la confianza del público, con 75% de los venezolanos consideran que hay corrupción generalizada.

Los derechos civiles y políticos son una clase de derechos que protegen las libertades individuales.

Garantizan la participación de las personas en los procesos de adopción de decisiones que las afectan, sin discriminación y sin represión.

El gobierno venezolano ha creado un esquema de persecución política en contra de quienes expresan opiniones contrarias.

Hay prensa libre cuando la prensa realiza una sana cobertura de las noticias políticas, se garantiza la seguridad de los periodistas y la prensa está protegida de presiones jurídicas o económicas indebidas.

En Venezuela, los medios de comunicación son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición de viajar, a censura indirecta y al acoso.

Los persiguen por publicar noticias o artículos con una óptica crítica del Gobierno.

Disposiciones poco precisas relacionadas con la “incitación al odio”, la “intolerancia” o la “incitación a la violencia” que se han usado de manera discrecional para iniciar procedimientos administrativos contra medios de comunicación que cuestionan o impugnan la propaganda del Gobierno, crean un ambiente de autocensura.

Las licencias de difusión están controladas por medio de un proceso opaco y discrecional, y con frecuencia se las suspende o no se las renueva.

La empresa estatal Corporación Maneiro controla el acceso al papel periódico.

Se acusa a empresarios supuestamente vinculados al Gobierno de comprar medios de comunicación, dándole a la cobertura periodística un tono favorable al Gobierno.

A las personas que han acudido a declarar ante esta institución que representamos sobre los retos que enfrentan en Venezuela, su Gobierno las llama “traidores de la patria”.

Una persona que no está de acuerdo con las medidas tomadas por un Gobierno elegido democráticamente no es un traidor.

La política es una discusión de ideas en busca del bien común.

Cuando el hombre que te acusa de ser traidor a la patria también controla las fuerzas armadas, los órganos de inteligencia, la policía nacional y el poder judicial, se trata de un acto abierto de intimidación.

La falta de un auténtico diálogo político ha llevado a los ciudadanos a salir a la calle a protestar para hacerse oír.

La penalización de protestas para acallar las críticas es la acción de un Estado autoritario.

Las tendencias en Venezuela han sido perturbadoras, a la vez que se está usando a los tribunales y a los juicios penales en medida creciente como arma de persecución política.

En Venezuela, las protestas públicas suelen ser reprimidas con fuerza excesiva.

El enero de 2015, autoriza explícitamente el uso de armas de fuego para controlar encuentros públicos y protestas pacíficas.

Esto contradice directamente la propia Constitución de Venezuela.

En 2013, cuando el Presidente Nicolás Maduro asumió el cargo, según el Foro Penal Venezolano había 11 presos políticos.

Entre enero de 2014 y el 31 de mayo de 2016 se denunciaron al Foro 4253 detenciones, arrestos o encarcelamientos.

Todos ellos vinculados a diversas protestas y críticas contra el Gobierno de Venezuela.

Actualmente hay 1986 personas a quienes se les aplican medidas restrictivas.

Otras 94 están en la cárcel.

Son Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre otros.

También son las personas utilizadas para hacer propaganda, los chivos expiatorios de los fracasos de la política del Gobierno.

Ese es el caso de Manny, un hombre de 54 años, con dos hijos. También era Director General de la cadena de supermercados Día Día.

El 2 de febrero de 2015, Manny fue arrestado, sin orden de arresto, afuera del Palacio de Miraflores, cuando salía de una reunión con el Vicepresidente de Seguridad Alimentaria.

Al cabo de 51 días de detención en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en El Helicoide, Manny fue acusado de delitos tales como acaparamiento, agravación de la escasez de alimentos e intentos de desestabilizar la economía.

El día de su arresto, las fuerzas de seguridad del Gobierno ocuparon los supermercados Día Día.

En noviembre de 2015, Manny fue liberado del centro de detención y se le siguen aplicando medidas restrictivas.

Este domingo pasado, Francisco Marquez Lara y Gabriel San Miguel fueron detenidos arbitrariamente por la Guardia Nacional mientras viajaban al Estado de Portuguesa para apoyar el proceso de referendo revocatorio.

Han sido interogados extensivamente por la policia y por el servicio de inteligencia, sin la presencia de sus abogados.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha encontrado más de 300 casos de detención arbitraria en Venezuela.

Desde 2014 se han denunciado al Foro Penal Venezolano 145 casos de castigo cruel e inhumano, incluida la tortura.

Gerardo es uno de los 120 estudiantes que fueron arrestados por la Guardia Nacional Bolivariana, sin orden de arresto, el 8 de mayo de 2014, en Chacao, Caracas. Formaba parte de un grupo de estudiantes que hicieron un campamento como medio de protesta pacífica junto a la sede del PNUD en Chacao.

El 21 de agosto 2014, varios oficiales sacaron a Gerardo de su celda. Lo esposaron a un caño, colgando del techo, donde lo dejaron más de 12 horas, con las muñecas envueltas con periódicos y cinta adhesiva para reducir al mínimo las marcas.

Fue golpeado violentamente, sufirendo serias lesiones en las piernas y en la espalda.

Lo acusaron de delitos menores de narcotráfico pero nunca se presentaron pruebas de su delito.

Gerardo fue detenido durante 17 meses, permaneciendo bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

En agosto de 2015, Joselyn, de 23 años, fue arrestada en el estado Falcón y permaneció detenida en una cárcel de máxima seguridad en Corco, donde compartía una celda con otros nueve presos.

Debido a la temperatura agobiante, los presos solían dormir desnudos, y de comer les daban solamente alimentos podridos.

Durante su permanencia en la cárcel, Joselyn sufrió violaciones sexuales y graves golpizas, tanto en el momento de su arresto como durante su detención.

Un mes más tarde le avisaron a la familia de Joselyn que la estaban poniendo en libertad a fin de que recibiera atención médica adecuada para sus graves lesiones.

Daniel tiene 18 años. El 18 de mayo, fue arrestado por el SEBIN, alegándose que había participado en protestas a favor del referéndum.

Durante el período en que estuvo encarcelado, a Daniel le propinaron duras golpizas y le aplicaron la picana eléctrica.

Otras seis personas que fueron arrestadas junto con Daniel declararon que se les aplicó un trato similar, con golpizas, amenazas de violación y picana eléctrica.

Daniel sigue incomunicado en El Helicoide, sede del SEBIN.

Debemos recordar que, cuando hablamos de presos políticos, no son simplemente cifras y estadísticas.

Son personas…

Tienen un rostro, un nombre y una historia…

Son madres, padres, hermanas, hermanos, hijos, hijas y cónyuges…

Son ciudadanos a quienes les importa el futuro de su país…

Tener presos políticos es claramente un acto de un régimen autoritario…

No puede haber diálogo cuando un gobierno detiene y encarcela arbitrariamente a quienes se expresan en su contra.

Eso no es democracia.

Estos relatos son solo unos pocos de los miles de relatos de ciudadanos venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente debido a sus ideas. No sus actos, sino sus ideas.

No basta con que no haya alimentos.

No basta con que no haya hospitales ni medicamentos.

No basta con que el nivel de delitos violentos se encuentre entre los más altos del mundo.

Cuando los ciudadanos se organizan para expresar su preocupación, los reprimen implacablemente.

El pueblo venezolano se enfrenta a un Gobierno que ya no le rinde cuentas.

Un Gobierno que ya no protege los derechos de los ciudadanos.

Un Gobierno que ya no es democrático.

La función misma del Gobierno se ha incumplido.

La separación de poderes es uno de los elementos más fundamentales de una democracia.

Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen cada uno su propio conjunto de responsabilidades y atribuciones, para prevenir la concentración del poder y disponer de mecanismos de control y equilibrio.

En Venezuela hemos sido testigos de un esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para impedir e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional.

El ejecutivo repetidamente ha empleado intervenciones inconstitucionales en contra de la legislatura, con la connivencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Las evidencias son claras.

Después de los comicios del 6 de diciembre y antes de la instalación del período de sesiones de la nueva legislatura, 13 de los 32 magistrados y 21 suplentes del Tribunal Supremo prestaron juramento mediante nombramientos partidistas.

Como resultado, una cadena de decisiones posteriores del Tribunal Supremo ha adoptado un modelo de bloquear cada una de las leyes promulgadas por la Asamblea Nacional.

Estas resoluciones han incluido una serie de decisiones para impedir que tres diputados ocupen sus escaños y así reducir la mayoría calificada de la oposición a una mayoría simple.

Invalidando la legislatura, el Tribunal Supremo aprobó dos decretos ejecutivos que declararon un estado de emergencia y un estado de emergencia económica, lo que concentró el poder en manos del ejecutivo y estableció límites arbitrarios a la autoridad de la legislatura sobre los contratos públicos, los altos funcionarios y el presupuesto.

Estos decretos ejecutivos también se han prorrogado dos veces.

El Tribunal Supremo ha determinado, además:

Limitar las funciones de auditoría de la legislatura, con lo cual se elimina la rendición de cuentas externa del Gobierno.

Eliminar la facultad de la legislatura para revocar los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo.

Impedir que cualquier enmienda constitucional sea aplicable al actual Presidente.

Declarar inconstitucionales y por ende inválidas las leyes para reformar el Banco Central, el Tribunal Supremo, enmendar el Reglamento Interior y de Debates del Congreso y la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad.

Bloquear la liberación de presos políticos detenidos por el Gobierno y

Prohibir las protestas no autorizadas en los alrededores del Consejo Nacional Electoral y ordenar que la Guardia Nacional y la Policía Nacional repriman “las protestas violentas”.

Por último, el Tribunal Supremo expidió un fallo oficial el 14 de junio para restringir las facultades de la Asamblea Nacional, pues afirma que se está extralimitando al pretender usurpar funciones del Ejecutivo.

El activismo del Tribunal Supremo se ha disparado con el número de fallos en el período de febrero a marzo de 2016, al pasar de dos a 252.

Entre el 5 de enero y el 24 de mayo se registraron nueve apelaciones. Todas las decisiones se han dispuesto a favor del poder ejecutivo.

Estos ejemplos demuestran claramente la falta de independencia del poder judicial.

El sistema tripartito de la democracia ha fracasado y el poder judicial ha sido cooptado por el ejecutivo.

Más del 60% de los jueces de los tribunales de primera instancia pueden ser destituidos de sus cargos, sin el debido proceso, si una comisión del Tribunal Supremo así lo decide.

La provisionalidad y la temporalidad de jueces y fiscales debilita aún más la independencia judicial y las posibilidades de imparcialidad.

A su vez, la falta misma de credibilidad en el poder judicial desalienta a los candidatos calificados de intentar obtener puestos en la judicatura.

La falta de independencia del poder judicial socava el acceso de los ciudadanos a la justicia.

En una encuesta reciente, solamente el 31% de las personas que respondieron aseveraron tener confianza en su sistema nacional de justicia.

La legitimidad de un Gobierno requiere la confianza de su ciudadanía.

En 1999, el entonces Presidente Hugo Chávez consagró la figura del referendo revocatorio en la Constitución de Venezuela como un vehículo para asegurar la “democracia participativa y protagonista”.

Este proceso está previsto en la Constitución.

En Venezuela, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

El artículo 72 señala que se puede convocar a un referendo revocatorio “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria”.

Si el referendo da como resultado la revocación del Presidente durante los primeros cuatro años, entonces “se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.

Si el plebiscito se lleva a cabo después de los primeros cuatro años, el Vicepresidente Ejecutivo asumirá la presidencia durante el período restante.

Debido a la falta de claridad en el proceso, incluso es imposible confirmar estas fechas.

Para activar el proceso revocatorio se requieren las firmas del 1% de electores que soliciten un referendo. Luego esa activación tiene que ser apoyada por al menos el 20% del público elector.

Si la Junta Nacional Electoral puede verificar los resultados, el Consejo Nacional Electoral convoca el referendo presidencial.

Para revocar el mandato presidencial la tasa de participación electoral debe ser superior al 25% y el número votos válidos debe ser igual o mayor al número de votos con los cuales se eligió al Presidente.

Nadie está por encima de la Constitución.

En agosto de 2004, cuando el Presidente Hugo Chávez enfrentó un referendo revocatorio el 59,1% del público votó en contra de su destitución.

Es responsabilidad del Presidente y del Consejo Nacional Electoral implementar este proceso, de conformidad con sus deberes legislativos y constitucionales.

Seguir un procedimiento previsto en la Constitución no es un golpe de Estado;

Por el contrario, negar, postergar u obstruir este proceso por cualquier vía es un abuso de poder y un trastorno patente del orden democrático.

El Consejo Electoral no ha proporcionado las garantías necesarias para la celebración del referendo revocatorio.

Se han expresado numerosas quejas sobre intentos deliberados de demorar activamente el proceso, entre ellas: demoras en la entrega de las planillas requeridas para reunir el 1% de firmas; retrasos en la verificación y validación del 1% de firmas; creación de cuatro requisitos nuevos de digitalización, verificación, transcripción y auditoría, y amenazas de difundir públicamente los nombres de quienes firmen en favor del referendo.

La coalición de la oposición ha presentado más de diez veces la cantidad de firmas que se requieren para iniciar el primer paso en el proceso.

Tras varios meses de retraso, el proceso de validación se inició apenas esta semana.

A través de un proceso opaco, el Consejo repetidamente ha incumplido sus propios plazos y ha actuado en violación de sus propias reglas.

Adicionalmente, cuatro de los cinco miembros del Consejo Electoral están vinculados con el partido en el poder, el PSUV.

Estos vínculos ponen en entredicho la capacidad de la mayoría de los miembros para decidir de manera independiente e imparcial.

Bajo estas circunstancias excepcionales, es imperativo que el proceso sea implementado de manera oportuna y transparente por una institución neutral que mantenga la confianza pública.

Los grupos que abogan por un referendo revocatorio han cumplido hasta ahora sus responsabilidades en este proceso.

El Gobierno y el Consejo Electoral no lo han hecho. La celebración del referendo revocatorio en 2016 es la única manera constitucional de resolver la crisis política en Venezuela.

Como miembros del sistema interamericano, todos queremos lo mismo:

Una solución pacífica a la crisis en Venezuela.

La vuelta al orden democrático.

El fin de la crisis humanitaria.

Estabilidad, alimentación, salud y seguridad adecuados.

El objetivo hoy es no castigar ni sancionar a Venezuela.

Estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y ayudarlo a volver al camino de la democracia – en ese sentido apoyo la idea de que se constituya un grupo de países amigos de la OEA.

Así pues, hoy les solicito a ustedes, miembros del Consejo Permanente, que consideren las recomendaciones que les he planteado:

Que se lleve a cabo antes del final de 2016 el referendo revocatorio previsto en la Constitución.

Que se libere de inmediato a todos los presos políticos.

Que los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias y empiecen a trabajar juntos de inmediato para responder a la crisis humanitaria.

Que todos los poderes del Gobierno trabajen juntos para recuperar la estabilidad y la seguridad en el país.

Que el poder ejecutivo cese de inmediato sus esfuerzos por desconocer a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y que se implementen y apliquen todas las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional.

Que se nombre a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso transparente acordado conjuntamente por los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno.

Que se establezca un ente independiente para combatir la corrupción, compuesto por expertos internacionales, facultado para hacer frente a la situación financiera en Venezuela.

Y, por último, afrecemos apoyo técnico a la Comisión de la Verdad y solititamos que se asegure la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sí, la democracia requiere diálogo.

Pero para que este diálogo sea eficaz, debe ir acompañado de acciones.

La democracia no tiene nacionalidad

La democracia es más que una elección; es más que contar votos en las urnas.

Es libertad.

Libertad de expresión, de asociación, de reunión.

Una ciudadanía empoderada.

Una judicatura independiente.

Una estructura de seguridad que tenga la confianza del pueblo y que le rinda cuentas.

Es el ejercicio legítimo del poder dentro del Estado de derecho.

Los Gobiernos democráticos tienen una responsabilidad hacia sus ciudadanos.

La responsabilidad de proveer seguridad, dar acceso a las necesidades básicas, proteger los derechos humanos.

Y rendir cuentas.

Asi que les pido considerar las vidas, la salud y la seguridad del pueblo venezolano.

El Consejo Permanente debería adoptar las medidas necesarias para abordar la crisis humanitaria inédita e innecesaria en Venezuela.

Debería expresarse respecto a los presos políticos y los persistentes informes de tortura.

Debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su solicitud de un referendo revocatorio.

El Consejo Permanente debe mantenerse del lado correcto de la historia y defender a un pueblo que necesita voz.

Solo volviendo a un ejercicio legítimo y responsable del poder, podrá Venezuela volver a la senda de la paz y de la prosperidad.

Caracas es la ciudad más violenta del mundo

Lic. José Antonio Ortega Sánchez, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C.

  • Caracas (Venezuela) ocupó el primer lugar mundial y San Pedro Sula (Honduras) pasó al segundo.
  • A San Salvador (El Salvador) correspondió la tercera posición, a Acapulco (México) la cuarta y a Maturín (Venezuela) la quinta.
  • De las ocho ciudades que dejaron el ranking, destacan Juárez (México) y Medellín (Colombia).
  • México presenta el mayor número de ciudades que salieron del ranking: cinco
  • De las 50 ciudades 41 se localizan en América Latina.
  • Las ciudades de Venezuela en conjunto presentan el mayor nivel de violencia.

En 2015 la primera posición, entre las ciudades del mundo con 300 mil o más habitantes, correspondió a Caracas con una tasa de 119,87 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Después de haber tenido el primer lugar durante cuatro años consecutivos, San Pedro Sula (111,03) pasó al segundo lugar, al lograr un descenso significativo en el número de homicidios. En el 2015 a San Salvador correspondió la tercera posición (108,54), a Acapulco la cuarta (104,73) y la quinta a Maturín (86,45).

Del ranking 2015 salieron ocho ciudades que figuraron en el ranking 2014: Belo Horizonte (Brasil); Medellín y Cúcuta (Colombia); Chihuahua, Cuernavaca, Juárez, Nuevo Laredo y Torreón (México).

A México corresponde el mayor número de ciudades que salieron del ranking (cinco), país que en el 2011 llegó a tener 12 urbes. La salida del ranking más relevante corresponde a las ciudades de Juárez y Medellín.

La primera ocupó en forma consecutiva el liderato mundial entre el 2008 y el 2010.

La segunda habría sido a inicios de los años noventa del siglo XX y durante toda la década, la ciudad más violenta del mundo si para entonces hubiera existido un ranking como este. Hubo años en que las tasas de homicidios se acercaron a los 400 por cada 100 mil habitantes.

Al ranking del 2015 ingresaron las ciudades venezolanas de Cumaná, Barcelona, Maracaibo (reingreso) y Maturín; las brasileñas de Campos dos Goytacazes, Feira de Santana y Vitória da Conquista, y la sudafricana de Johanesburgo (reingreso).

Las disminuciones más significativas en la incidencia de los homicidios dolosos fueron las de las ciudades colombianas y mexicanas y la mayor alza se produjo en San Salvador. Esta ciudad tuvo en el 2014 una tasa de 61,21 homicidios por cada 100 mil habitantes y de 111,03 en el 2015: un incremento del 81,41% en un solo año.

De las 50 ciudades del ranking, 21 se ubican en Brasil, 8 en Venezuela, 5 en México, 4 en Sudáfrica, 4 en Estados Unidos, 3 en Colombia y 2 en Honduras. Hay una ciudad de El Salvador, Guatemala y Jamaica.

La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina (41 urbes).

En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 53,08 (41.338 homicidios dolosos entre 77.878.896 habitantes). Pero sólo las primeras 20 ciudades superaron ese promedio.

Aunque Brasil presenta un mayor número de ciudades que Venezuela, el nivel de violencia de las ciudades de 300 mil o más habitantes es mayor en el segundo país que en el primero.

En Brasil la tasa promedio fue de 46,31 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en Venezuela fue de 74,65.

Sin duda Venezuela es el país que presenta el mayor nivel de violencia urbana en el mundo, fuera de Honduras con dos urbes y El Salvador con una.

 

Las 50 ciudades más violentas del mundo en 2015 

Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa
1 Caracas Venezuela 3,946 3,291,830 119.87
2 San Pedro Sula Honduras 885 797,065 111.03
3 San Salvador El Salvador 1,918 1,767,102 108.54
4 Acapulco México 903 862,176 104.73
5 Maturín Venezuela 505 584,166 86.45
6 Distrito Central Honduras 882 1,199,802 73.51
7 Valencia Venezuela 1,125 1,555,739 72.31
8 Palmira Colombia 216 304,735 70.88
9 Cape Town Sudáfrica 2,451 3,740,026 65.53
10 Cali Colombia 1,523 2,369,821 64.27
11 Ciudad Guayana Venezuela 547 877,547 62.33
12 Fortaleza Brasil 2,422 3,985,297 60.77
13 Natal Brasil 921 1,518,221 60.66
14 Salvador (y RMS) Brasil 1,996 3,291,830 60.63
15 ST. Louis EEUU 188 317,416 59.23
16 João Pessoa (conurbación) Brasil 643 1,100,956 58.40
17 Culiacán México 518 923,546 56.09
18 Maceió Brasil 564 1,013,773 55.63
19 Baltimore EEUU 343 623,911 54.98
20 Barquisimeto Venezuela 719 1,308,163 54.96
21 São Luís Brasil 802 1,511,678 53.05
22 Cuiabá Brasil 412 849,083 48.52
23 Manaus Brasil 985 2,057,711 47.87
24 Cumaná Venezuela 199 416,587 47.77
25 Guatemala Guatemala 1,528 3,239,185 47.17
26 Belém Brasil 1,101 2,402,437 45.83
27 Feira de Santana Brasil 281 617,528 45.50
28 Detroit EEUU 295 672,193 43.89
29 Goiânia y Aparecida de Goiânia Brasil 847 1,952,607 43.38
30 Teresina Brasil 360 844,245 42.64
31 Vitoria Brasil 802 1,910,101 41.99
32 New Orleans EEUU 164 395,710 41.44
33 Kingston Jamaica 492 1,196,040 41.14
34 Gran Barcelona Venezuela 334 833,328 40.08
35 Tijuana México 668 1,708,679 39.09
36 Vitória da Conquista Brasil 132 343,230 38.46
37 Recife Brasil 1,492 3,914,317 38.12
38 Aracaju Brasil 349 925,744 37.70
39 Campos dos Goytacazes Brasil 175 483,970 36.16
40 Campina Grande Brasil 146 405,072 36.04
41 Durban Sudáfrica 1,237 3,442,361 35.93
42 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 413 1,152,115 35.85
43 Porto Alegre Brasil 1,479 4,258,926 34.73
44 Curitiba Brasil 1,121 3,230,061 34.71
45 Pereira Colombia 153 469,612 32.58
46 Victoria México 107 350,862 30.50
47 Johanesburgo Sudáfrica 1,344 4,434,827 30.31
48 Macapá Brasil 138 456,171 30.25
49 Maracaibo Venezuela 477 1,653,211 28.85
50 Obregón México 90 318,184 28.29

Esta es la vida llena de lujos de los directivos de la FIFA

Luis Prats, El País (Uruguay)

Chuck Blazer.

En sus días de vino y rosas, el exdirigente de la Concacaf y hoy topo del FBI, Chuck Blazer, alquilaba tres apartamentos en la Trump Tower de Nueva York. Uno para su oficina, otro como vivienda y un tercero para alojar a sus gatos.

Solo este último costaba 6.000 dólares mensuales de alquiler, aunque para él no significaba problema alguno, pues todo lo pagaba la confederación del fútbol centro y norteamericano.

Los fifos, como llaman en España a los dirigentes de la FIFA, además de la red de corrupción que investigan el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, habían construido desde hace años un mundo de ensueños para ellos mismos, donde solo existían hoteles de 5 (o más) estrellas, manjares principescos, vuelos en primera clase o jets privados y otros lujos que la inmensa mayoría de los aficionados al fútbol nunca conocerán.

Eugenio Figueredo.

No pasó inadvertido que la redada de hace 10 días contra los ejecutivos de la FIFA, incluido el uruguayo Eugenio Figueredo, se realizó en el hotel Baur au Lac de Zúrich, el más caro de una ciudad de por sí carísima, donde una habitación cuesta como mínimo mil euros la noche.

En realidad, la FIFA había acostumbrado a sus dirigentes a esa vida de opulencia.

Hace dos años, el Congreso del organismo rector del fútbol tuvo lugar en la isla Mauricio, un exclusivo destino turístico en el océano Índico.

Los 1.200 participantes se alojaron en seis hoteles diferentes. La cúpula directriz fue al Sugar Beach, un 6 estrellas que fue reservado exclusivamente para ellos.

Sugar Beach Hotel.

Las habitaciones comunes cuestan allí mil dólares la noche, en tanto la suite real, un recinto con piscina propia, sauna y valet personal, trepa a 5.000 dólares cada 24 horas.

Se supone que los empleados de hoteles de este nivel están acostumbrados a buenas propinas. Tampoco eso afligía a los fifos: hasta ahora recibían 500 dólares diarios de viático, más 250 para sus esposas o novias.

El mundo de ensueños se prolongaba en los viajes, realizados en primera clase o incluso en jets privados. Los dirigentes, además, solían moverse como diplomáticos, ahorrándose los controles aduaneros. Y por las calles se movían en limosinas escoltadas por policías en motocicletas.

Seguridad

Además del lujo, la FIFA buscaba la seguridad de un castillo. Durante el Mundial de Brasil 2014, su cuartel general fue el hotel Copacabana Palace de Rio de Janeiro.

Hotel Copacabana Palace de Rio de Janeiro.

Vale la pena la descripción del enviado de El País, José Mastandrea:

“En las afueras, amplias barreras de aluminio y lona blanca separan al Copacabana de la gente que transita por la amplia vereda de la Avenida Atlántica. Detrás del cerco de seguridad, una veintena de guardias privados, vestidos todos de negro, hablan permanentemente por walkie-talkie. Nadie puede ingresar, salvo que tenga una identificación especial que autorice su presencia en el hotel “FIFA”.

Cuatro patrulleros están apostados a los costados y mantienen sus luces rojas encendidas en forma permanente.

Cruzando el primer tramo de la Atlántica, en el cantero central, hay dos camiones de la Policía Militar apuntando sus trompas hacia la playa. También hay un carro de bomberos. Los 11.000 metros cuadrados del Copacabana Palace están cubiertos desde los cuatro costados”.

Sueldos

Además, los fifos tienen elevadas remuneraciones. El periódico británico The Sunday Times informó que a principios del 2014, la FIFA decidió “en secreto” duplicar el salario de los 25 miembros de su Comité Ejecutivo, que llegó a 200.000 dólares por cabeza.

¿Cuánto gana Joseph Blatter? Es un enigma…

El sueldo del ahora renunciante presidente Joseph Blatter también es un enigma, pero fuentes creíbles lo sitúan en dos millones de dólares anuales.

También los empleados rasos de la FIFA son privilegiados.

El promedio de pagos fue de 242.000 dólares por empleado el 2014, informó la agencia Reuters.

Pese a que se trata, nominalmente, de una organización sin fines de lucro, la FIFA paga mucho más que casi cualquier otra institución pública o privada en Suiza. Quizás por eso los funcionarios recibieron con aplausos a Blatter el jueves, cuando volvió a su despacho como si nada hubiera pasado.

La corrupción, además, parece venir de lejos.

El exjugador inglés Graham Taylor relató a The New York Times que a principios de 1990 actuó brevemente en un comité asesor de la FIFA de 18 miembros. Cuando terminó el trabajo, los participantes formaron una cola ante un funcionario para percibir sus honorarios.

Graham Taylor.

Taylor se sorprendió cuando otro participante le aconsejó que pidiera el reembolso por el pasaje desde Londres, pese a que ya había sido pagado por la asociación inglesa.

“Reclamá todo y luego abrí una cuenta bancaria en Suiza. Con los años el dinero se acumulará”, fue la sugerencia.

Blatter es como Nixon

Greg Dyke.

El presidente de la Federación Inglesa (FA), Greg Dyke, afirmó ayer que Joseph Blatter “odia a los ingleses, a la FA y a los medios británicos”, pero que ello ya no tiene importancia porque el suizo está “muerto” políticamente y cree que será detenido.

“Tiene carisma, eso es innegable, pero nunca le he creído. Me recuerda a Nixon, o bien estás en su bando o estás en el del enemigo”, dijo Dyke al diario The Guardian.

Un exfiscal de EE.UU. defenderá a la FIFA

La FIFA contrató a un exfiscal de Nueva York para representarla en el caso en que altos funcionarios enfrentan acusaciones de sobornos y corrupción en un tribunal estadounidense.

William Burck.

William Burck, socio del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, fue contratado el mes pasado, confirmó la FIFA, que todavía no ha sido acusada en el caso de corrupción por el cual hay nueve directivos actuales y pasados de la FIFA y cinco empresarios acusados. Algunos están presos y otros prófugos.

Burck fue asistente del fiscal al inicio de su carrera en Manhattan. Ayudó a procesar a Martha Stewart, una personalidad de la televisión que maneja un emporio de decoración de interiores. También trabajó como viceconsejero de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush.

Nicolás Maduro negoció con Hizbolá la presencia de sus milicianos en Venezuela

Emili J. Blasco, corresponsal en Washington, ABC (España)

Nicolás Maduro negoció directamente con el jefe de Hizbolá, Hasán Nasralá, el despliegue de células de esa organización radical chií en y desde Venezuela.

Marcha de simpatizantes de Hizbolá, en Beirut.

En un encuentro entre ambos en Damasco en el 2007, concertado por Hugo Chávez, el entonces titular de Exteriores abordó un acuerdo marco que amparaba actividades de narcotráfico, blanqueo de dinero, suministro de armas y entrega de pasaportes con el líder de la milicia libanesa que Estados Unidos cataloga como terrorista.

Así se revela en «Bumerán Chávez. Los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela» (Amazon), libro que se acaba de publicar.

El testimonio del encuentro lo aporta Rafael Isea, entonces viceministro de Finanzas y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela. Isea estuvo en la reunión y ha contado su contenido a las autoridades de EE.UU. Muy cercano a Chávez, Isea escapó a Washington en el 2013 tras caer en desgracia al comienzo de la presidencia de Maduro.

La cita en Damasco fue probablemente resultado de las conversaciones mantenidas en enero del 2007 por Chávez y el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, que significaron un salto en la cooperación de Venezuela con los intereses del radicalismo islámico.

En marzo de ese año entró en servicio un vuelo semanal entre Caracas y Teherán, con escala en una base militar de Damasco, lo que puso el Caribe más rápidamente al alcance de Hizbolá.

En ese vuelo viajó Isea cuando fue a Damasco. En realidad tomó el avión con destino a Teherán, pues iba a sumarse a la comitiva de Chávez, a punto de comenzar una visita oficial a Irán. Pero en la escala técnica en la capital siria un oficial de seguridad subió al aparato y le pidió que le acompañara: «Tiene que bajarse aquí, tiene una reunión; le está esperando un funcionario de su país».

Conducido a un hotel, recibió una llamada en su habitación. Era Maduro, quien le pedía que fuera al lugar donde se hallaba. «¿Qué hace aquí Nicolás? ¡Qué raro!», se dijo. Cuando entró allí, Isea se encontró al canciller venezolano con Nasralá y un traductor. Al terminar, Maduro e Isea se trasladaron en vuelo privado a Teherán, donde se juntaron con Chávez.

Lista negra de terrorismo

En el marco de esa estrecha relación con Hizbolá, Maduro potenció el papel de Ghazi Nassereddine (también escrito Nasr al Dine), un libanés-venezolano relacionado a la organización que ocupaba el puesto de ministro consejero en la Embajada de Venezuela en Siria.

«Bumerán Chávez» transcribe algunos cables diplomáticos venezolanos que exponen la actividad encomendada a Nassereddine: facilitar visados y pasaportes a miembros de Hizbolá. En el 2008 el Tesoro de EE.UU. incluyó a Nassereddine en su lista negra por auxilio del terrorismo, y en febrero el FBI lo situó en su lista de personas buscadas.

Esa relación llevó a la presencia en Venezuela de al menos 300 operativos de Hizbolá, de acuerdo con un listado que Diosdado Cabello, número dos del régimen, llegó a ofrecer a Estados Unidos en un momento en que intentaba congraciarse con Washington para que no se le tuviera en cuenta su implicación personal en el narcotráfico. En esa lista, una docena de personas tenían la consideración de terroristas, según refiere alguien que tuvo acceso a ella.

Su principal actividad en Venezuela era la participación en el tráfico de droga y el lavado de dinero para la financiación de la organización.

También hubo intentos de colaboración con los cárteles de México para ganar acceso a la frontera con EE.UU. En concreto, las agencias gubernamentales estadounidenses detectaron un encuentro con ese objetivo celebrado a comienzos del 2013 en Cancún.

Asesores del gobierno venezolano con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra

Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI), Correo del Caroní

Los miles de millones de dólares que encendieron el alerta internacional por presunta corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), no eran lo único que se lavaba en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Funcionarios vinculados a otros ministerios e instituciones del Estado venezolano desfilaron por las oficinas que instaló el banco andorrano en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) en el este de Caracas. Utilizaron esa entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas, según revelan documentos oficiales de la Policía de Andorra, entre 2010 y 2012.

La detención del comisario Norman Danilo Puerta Valera, exjefe de la División Contra Drogas de la policía científica de Venezuela (CICPC, entre 2004 y 2007) fue el escándalo que develó la estrecha relación entre Venezuela y la BPA. Lo aprehendieron el 7 de junio de 2010 por “la presunta comisión del delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico”, reza el expediente enviado por la Justicia de Andorra a la Fiscalía de Venezuela ese mismo año.

Puerta Valera tenía una cuenta en la BPA con de 1.446.992 dólares americanos, que abrió en 2006 en una oficina instalada en Caracas. Nunca declaró que era un funcionario policial de alta jerarquía, pues eso lo convertía inmediatamente en una Persona Expuesta Políticamente (gente cuyas cuentas y transacciones deben ser vigiladas con atención).

El único documento que consignó fue un carnet de membresía de la Asociación de Ganaderos del Distrito Mauroa del estado Falcón. En un video publicado el 17 de julio de 2012 en Youtube, el ex policía relata cómo fue captado por el español Xavier Mayol González, directivo de la BPA que abrió la oficina de Venezuela, y por una de las representantes de la entidad en el país, la venezolana Mariela Milagros Prieto González.

Norman Danilo Puerta Valera, el ex comisario antidrogas venezolano detenido en Andorra con una cuenta equivalente a $ 1,4 millones e investigado por lavado.

La documentación del Grupo Antiblanqueo del Principado de Andorra tiene más de 150 folios con declaraciones de los sospechosos y las actuaciones de fiscales y jueces desde 2007 hasta 2010. También se incluyen las actas de los interrogatorios a Puerta, en las que involucra a dos funcionarios de un despacho gubernamental: Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, quienes fungían o se presentaban como “asesores del ministro de Economía y Finanzas”, según consta en las copias de los pasaportes diplomáticos consignados ante BPA y a los que se tuvo acceso.

El contenido de la investigación —denominada por las autoridades de Andorra como Operaciò Cru (Operación Crudo)— confirma en buena parte lo expresado por la Unidad Contra el Crimen Financiero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Fincen en siglas en inglés): la red de lavado de dinero en la que participaban funcionarios venezolanos de alto rango contó con la complicidad de agentes y empleados de BPA para desviar grandes sumas de dinero y esconderlas en el paraíso fiscal. Así lo reseña el informe preliminar del Fincen publicado el 10 de marzo de 2015.

Salvoconducto de lujo

Los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez fueron emitidos el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana. Para esa fecha, la cartera de Economía y Finanzas estaba en manos de Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Hernández había sido condenado por la justicia venezolana por tráfico de heroína en el año 2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en el 2010 por intento de robo de una aeronave.

Un funcionario de la Cancillería venezolana, quien pidió no ser identificado, contó que durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) se hizo frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros.

“Estas solicitudes generalmente llegaban a la Cancillería desde Miraflores (sede del Ejecutivo), de la Secretaría de la Presidencia. Estos documentos se aprobaban porque era una orden del Presidente de la República, y así dice el Reglamento de Pasaportes”, indicó.

La Dirección de Inmunidades y Privilegios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela es la dependencia que autoriza la emisión de pasaportes diplomáticos. El decreto que regula la emisión de estos documentos en Venezuela está vigente desde 1974.

La figura de “asesor de ministro” no aparece entre los 12 cargos o funciones que tienen derecho a recibir un pasaporte diplomático. Sin embargo, el Reglamento de Pasaportes  faculta al despacho de Relaciones Exteriores a otorgar pasaportes diplomáticos a otras personas “cuando así lo ordene el Presidente de la República”.

Algunos ministerios también comenzaron a solicitar pasaportes directamente a la Cancillería, dijo el funcionario. “Pero en estos casos se consultaba con el ministro o viceministro (de Relaciones Exteriores). Si ellos los autorizaban, se emitían”. Alí Rodríguez Araque era el ministro de ese despacho para la fecha, mientras que el general Arévalo Enrique Méndez ocupaba el viceministerio.

Un allegado a Hernández y Gil confirmó que los pasaportes habían sido tramitados a través de la Secretaría de la Presidencia, que para ese entonces estaba a cargo del coronel del ejército Manuel Barroso.

“En esa época se otorgaron pasaportes diplomáticos a varios asesores de ministros. Por ejemplo, recuerdo el ministerio de Finanzas”, precisó el funcionario.

El narcotraficante colombiano Farid Feris Domínguez, alias “El Médico”, también tenía en su poder un pasaporte diplomático que lo acreditaba como asesor del ministro de Finanzas, cuando fue detenido en Venezuela el 22 de septiembre de 2006. En una entrevista realizada por el periodista Gerardo Reyes, en el Nuevo Herald (14/01/07), el capo aclaró que nunca conoció al ministro Merentes, pero sí dijo que era amigo del comisario Marcos Chávez, director de la policía científica de Venezuela.

Un “asesor” que traficaba heroína

Tulio Antonio Hernández Fernández nació en Barquisimeto, estado Lara, tiene 48 años y aparece registrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como votante en esa ciudad. La última vez que cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) fue en 1990, como trabajador de la antigua Embotelladora de Refrescos Marbel, ubicada en la vieja carretera Barquisimeto-Yaritagua, también en el estado Lara.

Tulio Antonio Hernández Fernández.

Su nombre aparece en la investigación de la Policía d’Andorra y el Grup de Delinqüenciència Organizada i Blanqueig como uno de los supuestos funcionarios del Gobierno venezolano que transfería grandes sumas de dinero a varias cuentas abiertas en la sucursal de Banca Privada D’Andorra (BPA) en el principado.

Al menos dos de estas cuentas en BPA estaban registradas a nombre del comisario Norman Danilo Puerta Valera, quien estuvo detenido en Andorra en dos ocasiones por esta investigación sobre presunto lavado.

Puerta declaró ante las autoridades que el saldo de 1,4 millones de dólares provenía de transacciones por la venta de ganado en Venezuela, sus prestaciones sociales (aunque para la fecha no había sido jubilado) y una deuda que contrajo.

Una fuente de la investigación en Andorra reveló que Hernández Fernández y Gil Yánez llevaban maletas —vía valija diplomática— llenas de dinero en efectivo que repartían en distintas cuentas en la BPA. Sin embargo, el expediente de las autoridades andorranas asegura que Hernández Fernández nunca viajó al principado.

“Se desplaza su mujer y gerente de la sociedad United Consulters de Venezuela. Este señor abre dos cuentas denominadas Crown Investors y Central Togo. Las sociedades son compradas a través de BPA Serveis, a un despacho en Panamá”, precisa uno de los documentos.

Hernández Fernández tiene antecedentes penales. En 1991 fue condenado por lesiones intencionales graves. Fue detenido en 1999 junto a otros cuatro venezolanos en el estado Zulia —al occidente del país— cuando la policía científica le incautó 1,4 kilos de heroína. La Fiscalía venezolana le imputó cargos por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En el juicio admitió los hechos. Recibió una sentencia de siete años y seis meses; pero estuvo preso solo 11 meses y 11 días. La jueza del caso, Luisa Rojas de Isea, le otorgó una “medida cautelar” que le permitía cumplir la pena en libertad bajo un régimen de presentación que se extendió hasta 2008.

Hernández estaba “cumpliendo” una condena en libertad por tráfico de drogas cuando recibió el pasaporte diplomático con el número 532/2004 que le permitía fungir en el exterior como “asesor del ministro de Finanzas”. Desde 2002 —año del paro petrolero contra Chávez— hasta finales de 2004, en la cartera de Finanzas estuvo el economista Tobías Nóbrega, quien fue luego imputado por corrupción durante su gestión por la sobrefacturación, de más de 5 millones de dólares, en la compra por parte del Estado de dos edificios en Caracas.

El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, destituyó en diciembre de 2004 a Nóbrega —casi seis meses después de que el escándalo estallara— y en su lugar designó al matemático Nelson Merentes. Nóbrega huyó a Portugal. En 2011 la Contraloría venezolana lo halló responsable de peculado doloso y le impuso una sanción que le impide ejercer cargos públicos durante 15 años.

Merentes, entonces presidente del Banco de Desarrollo Social (BANDES), asumió el despacho de Finanzas a partir del 7 de diciembre de 2004. Tres semanas después, la Cancillería venezolana autorizó y emitió los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez como “asesores del ministro de Finanzas”.

En el expediente judicial llevado en Andorra también se detalla que Hernández Fernández era cliente de BPA y representante, junto a su esposa Yajanira Dayana Ontiveros Linares, de las empresas panameñas Alhambra Gold Holding, registrada el 28 de marzo de 2006; y Central Togo, registrada el 14 de febrero de 2007, según consta en los archivos de la Notaría Primera de Panamá.

Yajanira Dayana Ontiveros Linares, la esposa de Hernández Fernández, viajó a Andorra.

Hernández Fernández se jactaba ante amigos y conocidos de que tenía una oficina en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano.

Tanto él como su esposa frecuentaban el Country Club de Barquisimeto. La familia de Hernández mantiene un perfil público en esa ciudad del occidente de Venezuela, donde su hermano, Jorge Hernández, es dueño del equipo de baloncesto profesional Guaros de Lara y tiene estrechos vínculos con altos funcionarios del chavismo.

En el acta de interrogatorio —del 9 de junio de 2010— quedan registradas las preguntas que le formuló la jueza instructora andorrana, María Àngels Moreno Aguirre, a Norman Danilo Puerta Valera:

¿Sabía usted que Tulio Hernández Fernández había sido condenado por tráfico de heroína en Venezuela?

—No lo sabía, pero el banco debía haber sabido. Los nombres, conexiones y antecedentes de las personas detenidas, no los demás.

¿Cómo es posible que siendo un comisario de policía no verificara los antecedentes de sus interlocutores, a los cuales daba la confianza de enviar tales cantidades de dinero en efectivo?

—No se me ocurrió ya que eran representantes de un banco y esto les daba confianza y respeto. El que llevaba la batuta en dicha empresa y hablaba era Gabriel Gil Yánez y Tulio Hernández Fernández, quien estaba presente pero en un segundo plano.

Un testigo vinculado al caso, que accedió a declarar para este trabajo bajo condición de anonimato, aseguró que otra empresa de Hernández Fernández, United Consulters de Venezuela, con sede en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas, CCCT, operaba como una casa de cambio ilegal:

“Diputados, gobernadores, ministros, testaferros, militares y hasta comisarios de la Policía científica desfilaban por esa oficina con grandes sumas de dinero en bolívares. Vendían y compraban dólares que en ocasiones enviaban a cuentas en el extranjero”.

La oficina de Hernández tenía un problema: tenía dólares, pero se quedaba sin existencia de bolívares. “Entonces recibía grandes sumas de dinero, a modo de préstamos, de sus clientes. Uno de ellos fue el empresario Raúl Gorrín, quien a su vez obtenía préstamos del Banco Canarias, gracias a su relación con el banquero Álvaro Gorrín, a quien defendió en el caso Microstar”.

La misma fuente, que prefirió resguardar su identidad, comentó que en una de sus transacciones comerciales con sus clientes, United Consulters de Venezuela emitió un cheque al abogado y empresario Raúl Gorrín por Bs. 890 millones, equivalentes a $ 1,9 millones a la tasa de cambio oficial en 2007. Gorrín es actualmente copropietario del canal de noticias venezolano Globovisión.

Con pasaporte diplomático y maleta de dólares

Gabriel Ignacio Gil Yánez también nació en Barquisimeto y tiene 45 años. Portaba el pasaporte diplomático número 530/2004 como asesor del entonces ministro de Finanzas, Nelson Merentes.

En el informe de la Unidad Antiblanqueo de Andorra, Gil Yánez aparece como accionista y director de la sociedad mercantil Pepperpot, creada en 1997 e inscrita en 2009 en el Registro Mercantil 5to de Caracas. Esta compañía, con sede en el exclusivo Centro Empresarial La Lagunita de la capital venezolana, enunciaba entre sus servicios y actividades la construcción y remodelación de inmuebles, aunque en la práctica actuaba como un “banco de segundo piso”, una entidad que facilitaba transacciones y permutas en moneda extranjera.

Gabriel Ignacio Gil Yánez.

Como trabajador de esa misma empresa, Gil cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por última vez en enero de 2015. Esta empresa también “tiene en marcha la construcción de 52 apartamentos en Venezuela, así como en el proyecto de asfalto en Maturín”, según consta en la documentación.

El 3 de marzo de 2006, Gabriel Ignacio Gil Yánez abrió una cuenta con la que adquirió una sociedad panameña en BPA, llamada North Hilton Investment. De acuerdo con la información obtenida por esta investigación, al principio Norman Puerta entregaba grandes cantidades en bolívares a Gil en Venezuela, quien se encargaba de ingresar el contravalor en euros en la cuenta en Andorra.

“Suponemos que Gil cobraba una tarifa por la gestión, pero BPA no participaba de esta operación”, reseña el informe.

Las autoridades de Andorra indican que ninguno de los implicados en la investigación —Norman Danilo Puerta Valera, Tulio Antonio Hernández Fernández, ni Gabriel Ignacio Gil Yánez— había proveído pruebas del origen lícito de los fondos depositados en BPA.

Según la fuente citada en la documentación, Gil manifestaba que siempre que realizaba ingresos en la cuenta, estos eran previamente declarados en la aduana española. Una de las transferencias que consta en ese informe es la que hizo el 25 de octubre de 2006 por un monto de € 221.400 en efectivo a la cuenta de Puerta Valera.

Además, Santiago Roselló Piera, director ejecutivo de BPA —hoy detenido por las autoridades— afirma en su declaración que Gil sí viajó a Andorra a firmar documentos referentes a la apertura de su cuenta.

En el documento de la Unidad Antiblanqueo de Andorra se explica que debido al elevado importe de los ingresos en efectivo —que llegó hasta 2,5 millones de dólares—, el BPA informó a Gil Yánez y a Hernández Fernández que no podrían continuar con estas operaciones, razón por lo que ambos acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias. “Aún así, la escasa información que se recibe de los clientes y la opacidad con la que trabajan, ocasiona la declaración de sospecha presentada por BPA ante las autoridades de Andorra”, cita el informe obtenido por esta investigación.
Sin embargo, una nota del mismo documento contra Norman Puerta Valera resalta que Gabriel Gil Yánez nunca ha formado parte de la organización de BPA “ni directa ni indirectamente como empleados o colaboradores y, por tanto, nunca han recibido directrices de negocio de Banca Privada de Andorra”.

Una fuente que accedió a hablar a esta investigación bajo condición de anonimato afirmó:

“Gabriel Gil viajaba con frecuencia a República Dominicana. Volaba hasta allá y regresaba con maletas llenas de dólares, algunas veces hasta con diez millones. Llegaba por el aeropuerto de Santo Domingo, en el estado Táchira [frontera entre Venezuela y Colombia], donde conocía a un militar amigo, y luego conducía hasta Caracas”.

Preso por una avioneta

Gabriel Gil tuvo que enfrentar la justicia unos años más tarde. El 4 de diciembre de 2010 fue acusado por el robo de una avioneta en el aeropuerto Óscar Machado Zuloaga de la localidad de Charallave, a 28 kilómetros de Caracas. Permaneció tres años detenido en la cárcel de Yare III por los delitos de apoderamiento ilegítimo de aeronave en grado de frustración, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir. Quedó en libertad en 2014, después de cumplir su condena.

Nunca recibió la medida cautelar que solicitó en reiteradas ocasiones.

Además, Gil Yánez fue vinculado con un militar dominicano, identificado como Jorge Pércival De Marchena, quien era investigado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y trata de personas, según un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas de República Dominicana.

Una nota publicada el 26 de octubre de 2011 en el diario dominicano Acento, sobre los nexos comerciales de De Marchena, indicaba que Gabriel Ignacio Gil Yánez, era “investigado en su país por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional drogas”.

Al venezolano se le vinculó también con el hijo del militar Pércival. Diario Digital, una publicación de Punta Cana, reseñó el 25 de octubre de 2011 que Jorge Humberto Pércival Peña, hijo del capitán, estuvo negociando con Gil Yánez la compra de un avión en España, “que utilizarían para hacer actividades ilícitas, pero esta operación no se llevó a cabo porque Gil fue arrestado en Venezuela por las autoridades antinarcóticos”.

Gil Yánez registró, el 12 de marzo de 2010 en República Dominicana, una empresa llamada Airflow Corp, según consta en los registros de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Actualmente Gil Yánez se encuentra en la ciudad venezolana de Barquisimeto.

La “reclutadora” de BPA en Caracas

Una de las asesoras de Banca Privada de Andorra (BPA) en Caracas era Mariela Milagros Prieto González, quien se encargó de captar y procesar la documentación para la apertura de cuentas a venezolanos en esa entidad. El español Antonio Salvador Lozano era también encargado de captar clientes y referirlos a Prieto González, quien se aseguraba de que toda la documentación estuviera “en orden y completa” (en ocasiones las fichas estaban vacías).

Prieto González trabajó en el Banco de Venezuela hasta 2005, cuando aún estaba en manos del español Grupo Santander. Su experiencia le permitió ser reclutada por BPA, pero la relación laboral terminó en 2008. Las comisiones y retribuciones que BPA pagaba a Prieto por sus servicios eran abonadas en una cuenta abierta en la misma entidad.

Prieto no solo recabó información para la apertura de todas las cuentas venezolanas, sino que también facilitó la simulación de operaciones sin justificativos para efectuar transacciones hasta Andorra con la complicidad de la directora de BPA en Panamá, Cristina Lozano Bonet.

Un caso frecuente eran las transferencias declaradas como “permuta” o “traspasos” sin que se presentara la documentación que sustentaran las transacciones. Las pesquisas descubrieron que la red incluso creaba empresas fantasmas para encubrir las transacciones.

Cristina Lozano Bonet, ejecutiva de BPA Serveis en Panamá.

La jueza andorrana María Àngels Moreno Aguirre ordenó en 2010 la detención de la venezolana Mariela Milagros Prieto González, junto a los españoles Antonio Salvador Lozano, y la directora de BPA Serveis en Panamá, Cristina Lozano Bonet.

En Venezuela, Prieto aparece también como gerente de una empresa denominada Red Net 24 C.A., especializada en servicios de telecomunicaciones y con dos sedes: la primera en la urbanización El Marqués, en Caracas; y la otra en la población de Ocumare del Tuy, a 44 kilómetros de la capital venezolana. Esta empresa ha obtenido contratos de la estatal Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), según consta en el expediente del Registro Nacional de Contratistas (RNC), donde también figura como presidente su hermano Gustavo Enrique Prieto González.

El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) intentó contactarla por medio de llamadas telefónicas a su hermano, presidente de Red Net 24, pero este declinó hacer algún comentario sobre la vinculación de Mariela Milagros Prieto González con la Banca Privada d’Andorra.

Entretanto, la cuenta del ex comisario Norman Danilo Puerta Valera en la BPA, con 1,4 millones de dólares, continúa bloqueada.

Venezuela al borde del abismo

¿Cuántos muertos más harán falta para que la OEA y los gobiernos democráticos de América Latina faciliten una transición pacífica a un régimen de legalidad democrática?

Imagen: André Barcinski

Mario Vargas Llosa, El País (España)

Cuando el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro autorizó a su guardia pretoriana a usar armas de fuego contra las manifestaciones callejeras de los estudiantes sabía muy bien lo que hacía: seis jóvenes han sido asesinados ya en las últimas semanas por la policía tratando de acallar las protestas de una sociedad cada vez más enfurecida contra los atropellos desenfrenados de la dictadura chavista, la corrupción generalizada del régimen, el desabastecimiento, el colapso de la legalidad y la situación creciente de caos que se va extendiendo por todo el país.

Imagen: Fernando Vicente

Este contexto explica la escalada represora del régimen en los últimos días: el encarcelamiento del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, uno de los más destacados líderes de la oposición, al cumplirse un año del arresto de Leopoldo López, otro de los grandes resistentes, y meses después de haber privado abusivamente de su condición de parlamentaria y tenerla sometida a un acoso judicial sistemático a María Corina Machado, figura relevante entre los adversarios del chavismo.

El régimen se siente acorralado por la crítica situación económica a la que su demagogia e ineptitud han llevado al país, sabe que su impopularidad crece como la espuma y que, a menos que diezme e intimide a la oposición, su derrota en las próximas elecciones será cataclísmica (las encuestas cifran su popularidad en apenas un 20%).

“El régimen se siente acorralado por la crítica situación económica a la que su demagogia e ineptitud han llevado al país”

Por eso ha desatado el terror de manera desembozada y cínica, alegando la excusa consabida: una conspiración internacional dirigida por Estados Unidos de la que los opositores democráticos al chavismo serían cómplices.

¿Conseguirá acallar las protestas mediante los crímenes, torturas y redadas masivas?

Hace un año lo consiguió, cuando, encabezados por los estudiantes universitarios, millares de venezolanos se lanzaron a las calles en toda Venezuela pidiendo libertad (yo estuve allí y vi la formidable movilización libertaria de los jóvenes de toda condición social contra el régimen dictatorial). Para ello fue necesario el asesinato de 43 manifestantes, muchos centenares de heridos y de torturados en las cárceles políticas y millares de detenidos. Pero en el año transcurrido la oposición al régimen se ha multiplicado y la situación de libertinaje, desabastecimiento, oprobio y violencia sólo ha servido para encolerizar cada vez más a las masas venezolanas.

Para atajar y rendir a este pueblo desesperado y heroico hará falta una represión infinitamente más sanguinaria que la del año pasado.

Maduro, el pobre hombre que ha sucedido a Chávez a la cabeza del régimen, ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de hacer correr la sangre de sus compatriotas que luchan por que vuelva la democracia a Venezuela.

“A Maduro no le tiembla la mano a la hora de hacer correr la sangre de sus compatriotas”.

¿Cuántos muertos más y cuántas cárceles repletas de presos políticos harán falta para que la OEA y los Gobiernos democráticos de América Latina abandonen su silencio y actúen, exigiendo que el Gobierno chavista renuncie a su política represora contra la libertad de expresión y a sus crímenes políticos y faciliten una transición pacífica de Venezuela a un régimen de legalidad democrática?

En un excelente artículo, como suelen ser los suyos, “Un estentóreo silencio”, Julio María Sanguinetti (EL PAÍS, 25 de febrero de 2015), censuraba severamente a esos gobiernos latinoamericanos que, con la tibia excepción de Colombia —cuyo presidente se ha ofrecido a mediar entre el Gobierno de Maduro y la oposición—, observan impasibles los horrores que padece el pueblo venezolano por un gobierno que ha perdido todo sentido de los límites y actúa como las peores dictaduras que ha padecido el continente de las oportunidades perdidas. Podemos estar seguros de que la emotiva llamada del expresidente uruguayo a la decencia a los mandatarios latinoamericanos no será escuchada.

¿Qué otra cosa se podría esperar de esa lastimosa colección entre los que abundan los demagogos, los corruptos, los ignorantes, los politicastros de tres por medio?

Para no hablar de la Organización de Estados Americanos, la institución más inservible que ha producido América Latina en toda su historia; al extremo de que, se diría, cada vez que un político latinoamericano es elegido su secretario general parece reblandecerse y sucumbir a una suerte de catatonia cívica y moral.

Sanguinetti contrasta, con mucha razón, la actitud de esos Gobiernos “democráticos” que miran al otro lado cuando en Venezuela se violan los derechos humanos, se cierran canales, radioemisoras y periódicos, con la celeridad con que esos mismos Gobiernos “suspendieron” de la OEA a Paraguay cuando este país, siguiendo los más estrictos procedimientos constitucionales y legales, destituyó al presidente Fernando Lugo, una medida que la inmensa mayoría de los paraguayos aceptó como democrática y legítima. ¿A qué se debe ese doble rasero? A que el señor Maduro, que ha asistido a la transmisión de mando presidencial en Uruguay y ha sido recibido con honores por sus colegas latinoamericanos, es de “izquierda” y quienes destituyeron a Lugo eran supuestamente de “derecha”.

Aunque muchas cosas han cambiado para mejor en América Latina en las últimas décadas —hay menos dictaduras que en el pasado, una política económica más libre y moderna, una reducción importante de la extrema pobreza y un crecimiento notable de las clases medias—, su subdesarrollo cultural y cívico es todavía muy profundo y esto se hace patente en el caso de Venezuela: antes de ser acusados de reaccionarios y “fascistas” los gobernantes latinoamericanos que han llegado al poder gracias a la democracia están dispuestos a cruzarse de brazos y mirar a otro lado mientras una pandilla de demagogos asesorados por Cuba en el arte de la represión van empujando a Venezuela hacia el totalitarismo.

No se dan cuenta que su traición a los ideales democráticos abre las puertas a que el día de mañana sus países sean también víctimas de ese proceso de destrucción de las instituciones y las leyes que está llevando a Venezuela al borde del abismo, es decir, a convertirse en una segunda Cuba y a padecer, como la isla del Caribe, una larga noche de más de medio siglo de ignominia.

El presidente Rómulo Betancourt, de Venezuela, que era de otro calibre de los actuales, pretendió, en los años sesenta, convencer a los gobiernos democráticos de la América Latina de entonces (eran pocos), de acordar una política común contra los Gobiernos que —como el de Nicolás Maduro— violentaran la legalidad y se convirtieran en dictaduras: romper relaciones diplomáticas y comerciales con ellos y denunciarlos en el plano internacional, a fin de que la comunidad democrática ayudara de este modo a quienes, en el propio país, defendían la libertad. No hace falta decir que Betancourt no obtuvo el apoyo ni siquiera de un solo país latinoamericano.

La lucha contra el subdesarrollo siempre estará amenazada de fracaso y retroceso mientras las dirigencias políticas de América Latina no superen ese estúpido complejo de inferioridad que alientan contra una izquierda a la que, pese a las catastróficas credenciales que puede lucir en temas económicos, políticos y de derechos humanos (¿no bastan los ejemplos de los Castro, Maduro, Morales, los Kirchner, Dilma Rousseff, el comandante Ortega y compañía?) conceden todavía una especie de superioridad moral en temas de justicia y solidaridad social.