Régimen Laboral Transitorio, la Resolución 9.855 y el trabajo forzado en Venezuela

De acuerdo con la Resolución Ministerial 9.855 donde se establece un Régimen Laboral Temporal, el gobierno de Venezuela puede decidir “insertar temporalmente” trabajadores de una empresa en otra.

Es como tomarlos “prestados” como si fueran cosas y moverlos a donde la necesidad del gobierno se los indique.

Este “préstamo” es OBLIGATORIO; y si bien el texto de la resolución indica que las beneficiaras de los “trabajadores prestados” serán empresas de la agroindustria, las potenciales “prestamistas de trabajadores” son todas las empresas del país.

Nancy Aguirre y Mariela Llovera, Nayma Consultores

Nunca pensamos que escribiríamos en tiempo real sobre el trabajo forzado y esclavitud en Venezuela, pero en virtud de la Resolución 9.855 dictada por Oswaldo Emilio Vera Rojas, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.950 del 23 de Julio del 2016 en Venezuela, nos vemos en la imperiosa necesidad de tocar un tema que no era sujeto de las Relaciones Laborales venezolanas desde 1854 cuando se dicta la Ley que declara Abolida para siempre la Esclavitud en Venezuela (Lee un extracto de la ley y del debate ¡aquí!)

Oswaldo Vera, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.

Es innegable que los trabajadores venezolanos vivieron situaciones de precariedad en el paso de un país agrario a la nación petrolera en la que nos convertimos. Que la lucha de los trabajadores petroleros dio origen la legislación laboral que nos rigió por muchos años.

No pretende este artículo ser una retrospectiva de la evolución de las relaciones laborales en el país, pero si queremos dejar claro que, por más precaria que alguna vez haya sido la situación de los trabajadores en Venezuela no fueron jamás obligados por gobiernos democráticos a realizar trabajos forzados.

La excepción la configuran las tenebrosas dictaduras de Juan Vicente Gómez, donde obligaban a los presos con grilletes a hacer carreteras; y la de Marcos Pérez Jiménez donde podían tomar a cualquier trabajador de la calle y forzarlo a apagar incendios forestales.

Régimen Laboral Transitorio. Resolución 9.855 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo

El ministro Vera, para dictar la Resolución 9.855 que establece el “Régimen Laboral Transitorio“, pretendió sustentarse en lo establecido en el artículo 500, numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), asumiendo que dentro del ámbito de su competencia como ministro puede disponer libremente de las vidas de los trabajadores, extralimitándose en sus funciones.

Adicionalmente, invocó el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227, que tampoco lo autoriza para disponer la ubicación obligatoria y forzosa de los trabajadores.

¿A qué nos obliga el Régimen Laboral Transitorio?

Este régimen es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO para todas las entidades de trabajo públicas y privadas.

Nos llama la atención el uso de las palabras “inserción” y “disposición” para referirse al desplazamiento forzado de los trabajadores de una entidad de trabajo hacia otra, refleja la cosificación de la persona en la mente de quien sea que redactó esta resolución.

En pocas palabras, el texto de la Resolución 9.855 pretende DESCONOCER la libertad de los trabajadores de decidir con quién quieren trabajar, a qué desean dedicarse y OBLIGAR a las empresas a ceder a sus trabajadores a petición hecha por un tercero.

Es decir, el ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, busca FORZAR a los trabajadores a trabajar en la empresa, lugares y condiciones que decida el gobierno.

Nos preguntamos, si el gobierno desea reactivar las empresas que están paralizadas por la misma política intervencionista que han desarrollado,

¿por qué no contratar personal? ¿Cuál es el propósito de someter a las personas a realizar trabajos forzados?

La suspensión de la relación de trabajo, opera según lo establecido en el artículo 73 de la LOTTT; aunque de estricto derecho, lo previsto en esta resolución no está enmarcado en ninguno de los supuestos establecidos en la legislación laboral vigente.

Desconocemos si la entidad de trabajo requirente pagará al trabajador, forzosamente desplazado, el mismo sueldo que le paga su empleador original.

Lo que sí queda claro en la resolución es que los pasivos laborales recaen en el empleador original, que este además deberá correr con las consecuencias de crear un nuevo cargo en caso de que su trabajador regrese de esta “inserción temporal” con una enfermedad o accidente ocupacional que le impida desempeñar su trabajo anterior.

60 días es el plazo mínimo que estarán los trabajadores en estas labores forzosas, y pueden prorrogarse por igual tiempo “si las circunstancias lo ameritan“.

Quién determina cuáles son esas circunstancias, no lo sabemos.

¿Esto es legal?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

“Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

Veamos, cuáles derechos y principios constitucionales viola esta resolución.

Garantía de los Derechos Humanos

“El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”. Artículo 19 e la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Resolución 9.853 contraviene lo dispuesto en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo (…)”.

Hacemos hincapié en la libre elección de su trabajo, algo que a todas luces impide esta resolución ministerial, pues será un acto administrativo que determinará a cuál empresa deberá obligatoriamente desplazarse el trabajador en el marco de este “Régimen Laboral Transitorio”.

También viola lo establecido en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 6, numeral 2:

“Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio”.

Al hacer que los trabajadores sean trasladados a otra empresa contra su voluntad  -pues no existe en la Resolución ningún mecanismo para que el trabajador manifieste abiertamente su aceptación o rechazo al traslado– esto se configura como trabajo forzoso, aunque se comprometan a pagar un salario.

Derechos Sociales y de las Familias

En su artículo 87 nuestra Carta Magna consagra:

“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar (…). La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca”.

Cuando se habla de restricciones legales, se refiere a que se garantizan los trabajos LÍCITOS; es decir, que se trate de actividades que no estén expresamente prohibidas y penadas por la legislación.

Usted no puede trabajar dedicándose al narcotráfico, porque eso es un crimen, pero si puede trabajar libremente como ebanista, mecánico o enfermera porque se trata de actividades lícitas.

En este caso, la Resolución 9.855 limita la libertad de trabajo, porque OBLIGA al trabajador a dedicarse a una labor que no es la que acordó libremente con su empleador.

Debemos resaltar que la voluntariedad es una de las características fundamentales de la relación de trabajo.

En palabras de a centavo: Nadie puede ser obligado a trabajar en algo que no desea hacer y nadie puede ser obligado a contratar a quien no quiere contratar”.

Debemos recordar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 89, numeral 2, señala expresamente que “Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos”.

En este caso es el gobierno venezolano quien está ejecutando una acción que configura la renuncia de los derechos laborales.

En resumen, esto es una ilegalidad. ¿Será aplicado?

Tristemente lo más probable es que esta Resolución 9.855 sea aplicada en las empresas y afecte directamente a los trabajadores.

La Sala Constitucional ha fallado en garantizar la supremacía y efectividad de los principios constitucionales, misión que le encomienda nuestra Carta Magna en su artículo 335.

Así como la Sala Constitucional ha sido tan diligente, actuando sin petición de partes, para entrometerse en las decisiones del legislativo amparándose en el artículo 335, debería declarar la nulidad por inconstitucional de la Resolución 9.855 del Ministerio el Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.

¿Qué podemos hacer?

Individualmente, poco es lo que podemos hacer frente a esta arbitrariedad. En acciones colectivas, tanto de gremios empresariales, profesionales y de trabajadores, podemos y debemos solicitar un Recurso de Nulidad ante la Sala Constitucional.

Otras voces sobre el tema

A propósito del “préstamo forzoso” de trabajadores ordenado por el gobierno, escribe el Dr. José Ignacio Hernández  ¡click aquí!

4 apuntes sobre el “préstamo forzoso” de trabajadores en Venezuela; escribe el Econ. Ángel Alayón ¡click aquí!

Descarga

“Régimen Laboral Transitorio” Resolución 9.855 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo ¡click aquí!

Decreto de Estado de Excepción y de la Emergencia Económica. Gaceta Oficial Extraordinaria 6.227 ¡click aquí!

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras ¡click aquí!

Las autoras

Nancy Aguirre es licenciada en Relaciones Industriales y Contaduría Pública, egresada de la Universidad de Carabobo. Consultora Sistémica y Asesora Empresarial. Posee más de 40 años de experiencia en el ejercicio profesional. Fundadora de Nayma Consultores.

Mariela Llovera es Abogado egresada de la Universidad de los Andes y licenciada en Relaciones Industriales, egresada de la Universidad de Carabobo. Consultora en Gestión del Talento y Capacitación. Estudiosa del tema tributario y del derecho empresarial. Fundadora de Nayma Consultores.

Preguntas (y sus respuestas) acerca del nuevo aumento del sueldo mínimo

A partir del 1° de noviembre entrará en vigencia un aumento de 30% del salario mínimo y de 200% del bono de alimentación.

Bárbara Lugo y Jean Manzano, El Mundo, Economía & Negocios

El presidente Nicolás Maduro decretó el jueves 15-11-15 el cuarto aumento salarial del año, correspondiente a 30%, que entrará en vigencia desde el 1° de noviembre.

¿El aumento se cobrará en la próxima quincena?

No. El aumento entra en vigencia el 1° de noviembre, por lo que el incremento deberá pagarse en la quincena o semana posterior, dependiendo del método de pago del patrono.

¿Cuánto significa en bolívares este aumento? 

El sueldo mínimo se ubicará en Bs. 9.648,16, mensuales. Comparado con el anterior (Bs. 7.421,68) aumentó Bs. 2.226,48 al mes. Es decir, que el salario diario pasó de Bs. 247,38 a Bs. 321,60, un incremento de Bs. 74,22.

¿En cuánto quedará el ticket de alimentación? 

El bono alimenticio, conocido como Cestaticket, aumentó su cálculo tope de 0,75 a 1,5 Unidades Tributarias y la base de cálculo de 22 a 30 días, por lo que ahora será de Bs. 6.750. Comparado con el anterior (Bs. 2.250) representa un incremento de 200%.

¿Cuándo entra en vigencia el aumento del ticket alimentación?

El 1° de noviembre, por lo que usted recibirá el primer pago con este incremento en el mes de diciembre.

¿En total cuánto ganará al mes un empleado que percibe sueldo mínimo?

El salario integral mensual, que incluye el bono alimenticio, será de Bs. 16.398,16. Esta cifra representa un incremento de 69,54% con respecto al último aumento aprobado por el gobierno, que se ubicaba en Bs. 9.671,68.

¿El aumento aplicará para los pensionados y jubilados? 

Sí. Aunque los jubilados y pensionados sólo percibirán al mes el monto correspondiente al salario. Hasta los momentos no cobran bono de alimentación, a pesar de que el presidente Maduro anunció que estaba evaluando otorgarles este beneficio.

¿Sólo el sector público cobrará el incremento? 

No. El sector privado también deberá ajustar el salario mínimo a este decreto. Los trabajadores de empresas privadas que perciban un sueldo superior, deberán regirse por la política de aumento de cada empresa.

¿Cuáles serán los cambios en el sector público regido por el tabulador?

Este aumento implica ajustar el tabulador de los empleados y obreros quienes trabajan para la administración pública, de manera que se aplique el incremento desde los que ganan salario mínimo hasta los que están en el tope de esa escala salarial.

¿Cuándo se oficializan todos estos ajustes?

Debe esperarse a que aparezca publicado en la Gaceta Oficial. Son tres publicaciones distintas. La primera es el decreto de aumento de salario, la segunda es la reforma de la Ley de Alimentación de los Trabajadores (para la modificación de la tarjeta de alimentación) y la tercera es el nuevo tabulador de la administración pública.

¿Cómo impactará en el pago de los aguinaldos?

El decreto de pago de aguinaldos debe definir si esa bonificación de fin de año se pagará calculando el salario de octubre o el de noviembre.

Claves de Luis Vicente León acerca del aumento del salario mínimo

> Los aumentos salariales son indispensables en economías de alta inflación, pero sin medidas integrales se convierten en “Ilusión Monetaria”.

> No tiene sentido criticar la acción oficial que busca compensar la pérdida de ingreso real. El tema es que eso no resuelve el problema.

> Todos los actos que ejecutan los políticos en medio de una campaña, tienen que ver con ella y buscan influenciarla. ¿Cuál es la sorpresa?

> La raíz del problema no es el deterioro del salario, esa es una consecuencia de la política económica. Y esa no se resuelve aumentando salarios.

> La gente necesita aumentar su ingreso para compensar inflación. Pero si mantienes la candela inflacionaria prendida, se pierde todo esfuerzo.

> La inflación es consecuencia del control e intervencionismo. Sin atender los cambios, los decretos de aumento salarial serán continuos.

> Si tuviera que definir el aumento salarial sin medidas económicas integrales, diría que es una compensación política que se diluirá en breve.

> La proyección de inflación oficial es la mitad de las proyecciones promedio del mercado y aún así sería la inflación más alta del mundo.

LOS 10 ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE TRABAJO (RNET)

José Javier García P., PricewaterhouseCoopers

El 7 de mayo del 2015, fue publicado en Gaceta Oficial N° 40.655 la Resolución N° 9.108 referente al Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) establecido en el artículo 519 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadores, donde se regula lo siguiente:

1) Están obligadas a inscribirse en el RNET todas las entidades de trabajo públicas, privadas, de propiedad social y mixta dentro de los 120 días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución en Gaceta Oficial. Las entidades de trabajo que ya están inscritas en el Registro Nacional de Empresas y Establecimientos deberán ingresar al RNET y actualizar sus datos dentro de los 90 días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución en Gaceta Oficial.

2) Para obtener el Certificado Electrónico del Número de Identificación Laboral (NIL), la entidad de trabajo deberá inscribirse en el RNET llenando la planilla correspondiente en el portal web http://www.mppst.gob.ve.

3) Para poder inscribirse en el RNET la entidad de trabajo deberá estar inscrita previamente en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (“IVSS”), el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (“BANAVIH”) y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (“INCES”).

4) Las entidades de trabajo deberá suministrar los datos de las plantas, sucursales o agencias que posea, al momento de su registro en el RNET. Si el inicio de las operaciones de estos establecimientos es posterior al proceso de inscripción ante el RNET, la entidad de trabajo deberá cargar los datos correspondientes dentro de los 15 días hábiles siguientes al inicio de operaciones. Igualmente, están obligadas a actualizar cualquier modificación en la información suministrada originalmente en el RNET, llenando la Solicitud de “Actualización de Datos de la Entidad de Trabajo”.

5) Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la culminación de cada trimestre del año calendario, las entidades de trabajo privadas deberán suministrar información relativa al desarrollo del proceso social de trabajo, las condiciones de trabajo, de salud y seguridad laboral, así como los datos de seguridad social, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.

6) La constancia de solvencia laboral la otorgará el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo mediante certificación electrónica emanada por el RNET.

7) Los órganos, entes y empresas del Estado sólo podrán celebrar contratos, convenios o acuerdos y cualquier tipo de actuación de carácter legal, financiero o contractual con los Representantes Legales de las Entidades de Trabajo privadas inscritas y solventes en el RNET.

8) La solicitud de la solvencia laboral podrá ser realizada por la entidad de trabajo o por cualquier interesado, a través del RNET. La consulta de la condición de solvencia que posea la entidad de trabajo será de carácter público y de libre acceso por parte de los órganos, entes y empresas del Estado, así como por las instituciones que conforman el sistema financiero público.

9) Cuando el sistema del RNET haga constar la condición de insolvente, se generará como consecuencia automática la revocatoria del Certificado Electrónico de la Solvencia Laboral emitido con anterioridad. Se establece que la situación de insolvencia será generada cuando la entidad de trabajo:

a – Incumpla una Resolución del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo o cualquier otro acto o decisión dictada por éste en el ámbito de sus competencias;

b – Se niegue a cumplir efectivamente la providencia administrativa o cautelar de reenganche, restitución de la situación jurídica infringida y pago de salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir, así como cualquier otra orden o decisión que dicte la Inspectoría del Trabajo en el ámbito de sus competencias;

c – Desacate cualquier ordenamiento realizado por los funcionarios competentes en materia de supervisión, inspección y fiscalización del proceso social de trabajo y de la seguridad social;

d – Incumpla cualquier ordenamiento o requerimiento dictado por el IVSS, el Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laborales (INPSASEL), el INCES o el BANAVIH.

e – Incumpla una decisión de los tribunales con competencia en materia del trabajo o la seguridad social;

f – No efectúe oportunamente el pago de las cotizaciones y demás aportes al Sistema de Seguridad Social;

g – Menoscabe los derechos de libertad sindical, negociación colectiva voluntaria o de huelga;

h – Incurra en cualquier otra causal prevista en las leyes, reglamentos, decretos y demás actos administrativos de efectos generales.

10) La condición de solvencia laboral podrá ser consultada directamente en el portal web www.mppst.gob.ve. Cuando una persona que tenga información de que alguna entidad de trabajo esté bajo la condición de solvencia, haya incurrido en algún hecho o irregularidad que pudiera generar la condición de insolvencia, podrá notificarlo al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, a través de cualquiera de sus unidades o por medio electrónico mediante los correos que a tal fin se dispongan en el portal web.

Aquí el texto completo de la Resolución: http://wp.me/p2i0kq-ZF

RESOLUCIÓN Nº 9.108 QUE REGULA EL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE TRABAJO (RNET)

Gaceta Oficial Nº 40.655 del 7 de mayo de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 30 de marzo de 2015

204°, 156º y 16°

RESOLUCIÓN N° 9.108

El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo,

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS,

según Decretos Nros. 729 y 818 publicados en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela Nros. 40.330 y 40.401, respectivamente, de fechas 9 de enero de 2014 y 29 de abril de 2014, en su orden, en ejercicio de la competencias establecidas en los numerales 1, 3, 19 y 27 del Artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 500, numeral 1, y 520 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en concordancia con lo dispuesto en los Artículos 40 del Decreto N° 1.612 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional y 13, 30, 31, 38, 45 y 53, numeral 1, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos;

CONSIDERANDO

Que el pueblo venezolano, en revolución bolivariana, bajo la dirección de nuestro amado Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez Frías, mediante referéndum, reconoció con rango constitucional al trabajo como proceso social fundamental para alcanzar los fines esenciales del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia,

CONSIDERANDO

Que a partir de ese reconocimiento constitucional, el proceso social de trabajo deja de ser la estrategia para la acumulación de capital en manos de la burguesía y se constituye en la estrategia fundamental para consolidar la libertad, la independencia y la soberanía nacional como esencia de la Patria; alcanzar la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo,

CONSIDERANDO

Que es deber del pueblo constituido en Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, adoptar las medidas necesarias para la correcta aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, para proteger, estabilizar y desarrollar el proceso social de trabajo, en función de la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan las necesidades de la población, mediante la justa distribución de la riqueza,

CONSIDERANDO

Que el Artículo 519 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, prevé que el Ministerio del Poder Popular del Proceso Social de Trabajo tendrá un Registro Nacional de Entidades de Trabajo, para llevar los datos en materia de trabajo y de seguridad social de todas las entidades de trabajo del país, y en el cual se hará constar todo lo referente a las solvencias laborales,

CONSIDERANDO

Que la Solvencia Laboral constituye un requisito indispensable para que los órganos, entes y empresas del Estado puedan celebrar contratos, convenios o acuerdos y cualquier tipo de actuación de carácter legal, financiera o contractual con los Representantes Legales de las entidades de trabajo en función de la estabilidad y desarrollo del proceso social de trabajo,

CONSIDERANDO

Que la gestión pública está al servicio del pueblo y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, debe simplificar sus trámites administrativos desarrollando sistemas automatizados que optimicen los tiempos de respuestas, en función de garantizar la satisfacción de las necesidades sociales.

RESUELVE

REGULAR EL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE TRABAJO

TÍTULO I

DEL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE TRABAJO (RNET)

Registro Nacional de Entidades de Trabajo

Artículo 1. El Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), es de carácter obligatorio para todas las entidades de trabajo del país públicas, privadas, de propiedad social y mixta. En el registro se llevarán los datos en materia de proceso social de trabajo y de seguridad social, y se hará constar todo lo referente a las solvencias laborales.

El registro dependerá administrativamente de la Dirección de Registro Nacional de Entidades de Trabajo adscrita a la Dirección General del Despacho del Ministro o Ministra. El funcionamiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) se realizará en forma automatizada, tendrá carácter único, público y obligatorio, para la consolidación y concentración de los datos que en materia de proceso social de trabajo y de seguridad social aporten las entidades de trabajo del país, cuya información servirá de base para la constancia de solvencia o insolvencia laboral.

Ámbito de aplicación

Artículo 2. Todas las entidades de trabajo del país públicas, privadas, de propiedad social y mixta establecidas en el Artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, están obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET).

Registro

Artículo 3. A los fines de efectuar la inscripción en el Registro, la entidad de trabajo llenará la planilla electrónica correspondiente a través del sistema automatizado del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), la cual estará disponible en el portal web del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo http://www.mpppst.gob.ve a fin de obtener el Número de Identificación Laboral (NIL), que se emitirá a través de un Certificado Electrónico.

Requisitos

Artículo 4. Para efectuar la inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), la entidad de trabajo deberá estar previamente inscrita ante las instituciones del Sistema de Seguridad Social, a saber: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (BANAVIH). Igualmente, deberá suministrar todos los datos e información sobre el proceso social de trabajo y seguridad social que le sea requerida por el sistema automatizado. Adicionalmente, se requiere la previa inscripción de la entidad de trabajo ante el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).

Validación

Artículo 5. El Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), validará, de manera inmediata, a través del sistema de interoperabilidad con los órganos y entes del Estado, la información suministrada por la entidad de trabajo que solicite su inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET).

Número de Identificación Laboral (NIL)

Artículo 6. El sistema de Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) generará de manera automática el “Certificado Electrónico del Número de Identificación Laboral (NIL)”, luego de validada la información suministrada por las entidades de trabajo.

Agencias, plantas o sucursales

Artículo 7. En el caso de que la entidad de trabajo posea agencias, plantas o sucursales, deberá suministrar los datos e información de cada una de ellas al momento de su registro. Si el inicio de las operaciones de la agencia, planta o sucursal ocurre con posterioridad al proceso de inscripción ante el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), la entidad de trabajo deberá cargar los datos correspondientes dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al inicio de operaciones.

Actualización del registro

Artículo 8. Las entidades de trabajo están obligadas a actualizar cualquier modificación en la información suministrada originalmente en el sistema automatizado del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), llenando la Solicitud de “Actualización de Datos de la Entidad de Trabajo”.

Declaración trimestral

Artículo 9. Las entidades de trabajo privada, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la culminación de cada trimestre del año calendario, deberá suministrar la información relativa al desarrollo del proceso social de trabajo, a condiciones de trabajo, de salud y seguridad laboral, así como los datos de seguridad social, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.

 TÍTULO II

DE LA SOLVENCIA LABORAL

Solvencia Laboral

Artículo 10. La solvencia laboral es el cumplimiento por parte de las entidades de trabajo de todas sus obligaciones a favor de sus trabajadores y trabajadoras y con los organismos encargados de recaudar las cotizaciones asociadas a los regímenes prestacionales del Sistema de Seguridad Social, así como el acatamiento de las órdenes e instrucciones destinadas a la protección del proceso social de trabajo emanadas de los órganos o entes públicos que consta el Registro Nacional de Entidades de Trabajo. La constancia de solvencia laboral la otorgará el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo mediante certificación electrónica emanada del sistema del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET).

Obligatoriedad de la Solvencia Laboral

Artículo 11. Los órganos, entes y empresas del Estado sólo podrán celebrar contratos, convenios o acuerdos y cualquier tipo de actuación de carácter legal, financiero o contractual con los Representantes Legales de las Entidades de Trabajo privadas inscritas y solventes en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo.

Certificado Electrónico de la Solvencia Laboral

Artículo 12. La solicitud de constancia de solvencia laboral será realizada por la entidad de trabajo o cualquier interesado a través del sistema del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), el cual estará disponible en el portal web del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST): www.mpppst.oob.ve.

La consulta de la condición que posea la entidad de trabajo será de carácter público, y de libre acceso por parte de los órganos, entes y empresas del Estado, así como por las instituciones que conforman el sistema financiero público.

Estatus solvente

Artículo 13. El sistema del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), una vez verificado el estado de solvencia en materia de proceso social de trabajo y de seguridad social de la entidad de trabajo, lo hará constar mediante certificación electrónica.

Estatus insolvente

Artículo 14. El sistema del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), cuando verifique algún incumplimiento de las obligaciones derivadas del desarrollo del proceso social de trabajo, en materia de condiciones de participación en el proceso social de trabajo, de salud y de seguridad laboral, así como de seguridad social por parte de la entidad de trabajo privada, generará de manera automática el estatus de insolvente. El sistema Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), indicará en pantalla la situación por la cual está insolvente la entidad de trabajo privada.

Situación de Insolvencia

Artículo 15. La situación de insolvencia será generada cuando la entidad de trabajo:

a) Incumpla una Resolución del Ministro o Ministra del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo o cualquier otro acto o decisión dictada por éste o ésta en el ámbito de sus competencias;

b) Se niegue a cumplir efectivamente la providencia administrativa o cautelar de reenganche, restitución de la situación jurídica infringida y pago de salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir, así como cualquier otra orden o decisión que dicte la Inspectoría del Trabajo en el ámbito de sus competencias;

c) Desacate cualquier ordenamiento realizado por los funcionarios competentes en materia de supervisión, inspección y fiscalización del proceso social de trabajo y de la seguridad social;

d) Incumpla cualquier ordenamiento o requerimiento dictado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); el Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laborales (INPSASEL); el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES); y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIT), en el ámbito de sus competencias.

e) Incumpla una decisión de los tribunales con competencia en materia del trabajo o la seguridad social;

f) No efectúe oportunamente el pago de las cotizaciones y demás aportes al Sistema de Seguridad Social;

g) Menoscabe los derechos de libertad sindical, negociación colectiva voluntaria o de huelga.

h) Cuando la entidad de trabajo incurra en cualquier otra causal prevista en las leyes, reglamentos, decretos y demás actos administrativos de efecto generales.

Modificación del estatus de solvencia laboral

Artículo 16. El sistema del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), cuando haga constar la condición de insolvente, generará como consecuencia automática la revocatoria del Certificado Electrónico de la Solvencia Laboral emitido con anterioridad. El Ministro o Ministra del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo a solicitud de un órgano o ente del Ejecutivo Nacional, por razones de interés público nacional, garantía, estabilidad y desarrollo del proceso social de trabajo, podrá otorgar, de manera temporal y excepcional, una dispensa de la Solvencia Laboral a aquellas entidades de trabajo que se encuentren insolventes, en cuyo caso se establecerán compromisos para que en un plazo perentorio la entidad de trabajo regularice su situación de insolvencia. Tal situación se hará constar en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNLT).

Consulta de la solvencia laboral

Artículo 17. La condición de solvencia laboral podrá ser consultada directamente en el portal web www.mpppst.qob.ve. Cuando una persona tenga información de que alguna entidad de trabajo que esté bajo la condición de solvencia, haya incurrido en algún hecho o irregularidad que pudiera generar la condición de insolvencia podrá notificarlo al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, a través de cualquiera de sus unidades desconcentradas territorialmente o por medio electrónico mediante los correos que a tal fin se dispongan en el portal web.

Desacato en materia de supervisión e inspección del trabajo

Artículo 18. Cuando la entidad de trabajo desacate las órdenes impartidas por los funcionarios o funcionarias competentes en materia de supervisión, inspección y fiscalización, relativas al cumplimiento de obligaciones derivadas del proceso social de trabajo y de la seguridad social, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST), hará constar de inmediato la situación de insolvencia en el sistema de Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET).

Desacato a las decisiones

Artículo 19. Cuando la entidad de trabajo desacate cualquier decisión definitivamente firme emanada de los tribunales con competencia en materia del trabajo o seguridad social, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST), hará constar de inmediato la situación de insolvencia en el sistema de Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET).

Subsanación

Artículo 20. La entidad de trabajo deberá subsanar la situación de insolvencia, a los fines de hacer constar la situación de solvencia en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET). Contra la negativa de emisión del Certificado Electrónico de Solvencia Laboral, el afectado podrá interponer los recursos previstos en la legislación vigente.

TÍTULO III

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIA Y FINAL

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA

Las entidades de trabajo inscritas en el Registro Nacional de Empresas y Establecimientos (RNEE) de conformidad con la Resolución N° 8.100, del 29 de noviembre de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.064 del 4 de diciembre de 2012, deberán ingresar al Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) a objeto de actualizar sus datos dentro de un lapso de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la publicación de esta Resolución.

SEGUNDA

Las entidades de trabajo establecidas en el Artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, están obligadas a realizar su inscripción dentro de los ciento veinte (120) días hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución.

TERCERA

La presente Resolución no deroga la Resolución conjunta emanada de los Ministerios de Energía y Minas (hoy Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería) y del Trabajo Nros. 034 y 2.203, respectivamente, del 1° de marzo de 2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.411, de fecha 25 del mismo mes y año, mediante la cual se dispuso que el entonces Ministerio del Trabajo (hoy Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo) certificará mediante solvencia, el cumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas transportistas de hidrocarburos inflamables y combustibles, a los fines de que éstas puedan ejercer actividades o celebrar contratos con las empresas distribuidoras mayoristas.

CUARTA

Queda encargado de la ejecución de la presente Resolución el Director o Directora General del Despacho del Ministro o Ministra del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Se deroga la Resolución N° 4.524, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.402, del 21 de marzo 2006, con reforma parcial de acuerdo a la Resolución N° 8.100 del 29 de noviembre de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.064 del 4 de diciembre de 2012 y la Resolución N° 4.525 del 22 de marzo de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.403 del 22 de marzo de 2006.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS, MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Según decretos Nros. 729 y 818 de fechas 09/01/2014 y 29/04/2014, gacetas oficiales Nros. 40.330 y 40.401 de fechas 09/11I/2014 y 29/04/2014.

Cinco alternativas laborales para el 2015

Jair De Freitas De Jesús, Notilab

Cierra un 2014 catastrófico, donde el trabajo de los laboralistas fue inminentemente destructivo: validación legal de pasivos laborales y liquidaciones, salidas negociadas, reclamos y litigios, desaceleración del ritmo de ajustes en los beneficios, inhibición de expansión y crecimiento, análisis de escenarios de cierre e incluso acompañamiento en dichos procesos.

Con contadas excepciones, el contexto no dio para hablar de muchas negociaciones colectivas ni de grandes conquistas en los casos que se celebraron, tampoco referir a la inversión generadora de puestos de trabajo ni mejoras reales al salario.

Los empresarios responsables que aún sobreviven en el país han tenido y tienen aún una pregunta en mente que les quita el sueño; a saber: ¿cómo continuar operando el año que viene?

La verdad es que no es para menos la preocupación. Si con un barril de petróleo que superaba los 90 dólares no fuimos capaces de invertir, generar desarrollo y bienestar, sino atornillar un proyecto político a punta de populismo, manejo poco transparente de las finanzas y una gran ineficiencia de la política fiscal y monetaria, qué queda esperar ahora que el precio del crudo coquetea con la baranda de los cincuenta dólares; es decir, cuando ha perdido aproximadamente 45% del valor en muy pocos meses.

Como he dicho antes, vivimos en un país que casi todo lo importa y en donde lo muy poco que aun se produce depende también de insumos que deben ser traídos del extranjero. Si hubo escasez con un petróleo elevado, cómo no esperarla con un barril deprimido.

Llegó la hora del sincericidio económico y por tanto del saneamiento del manejo de las relaciones de trabajo.

Al régimen se le acabaron las excusas para defender el fracaso de todo este tinglado del socialismo del siglo XXI.

El presidente obrero se quedó solo en su lucha contra el imperio, capitalismo, neoliberalismo o como quiera llamarlo.

¿Quiénes son los perjudicados? Los sobrevivientes de nuestro país.

Surge entonces la pregunta central: ¿es posible recomponer nuestro sistema de relaciones laborales para 2015? La respuesta es que sí se puede.

Desde luego, quienes regentan deben estar dispuestos a sanear la política laboral y de seguridad social del país. Sin populismos, sin discursos que causen más divorcios entre los distintos actores laborales.

El primer paso consiste en reactivar el diálogo y la concertación social pidiendo el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. Sin doble verbo, en un compromiso responsable y sincero que nos ayude a transitar juntos la crisis económica que nos aguarda a la vuelta de la esquina.

¿Cuáles son principales puntos de esa agenda?

En mi criterio urge abordar cinco ámbitos; a saber: la insuficiencia del salario, la protección del trabajo, el fomento de las fuentes de empleo, la retención del talento y revisión de los costos de la aplicación de la legislación laboral.

Primero

Respecto de la insuficiencia del salario, las variables socioeconómicas hablan por sí solas.

Es trillado seguir insistiendo en que el salario mínimo no cubre la canasta alimentaria normativa. El indicador más claro está en el bolsillo de los venezolanos.

La política salarial no puede consistir en actualizaciones parciales de la inflación. Es preciso renovar el gabinete económico y rodearse de un equipo con verdadera capacidad para atacar las causas estructurales de dicho flagelo.

Disciplina y apego irrestricto a buenas prácticas en materia fiscal y monetaria son condiciones sin las cuales no es posible recobrar el poder adquisitivo del salario.

En un contexto de crisis, es riesgoso, irresponsable y contraproducente pretender seguir siendo ilimitadamente progresista, por tanto, los salarios deben ser objeto de la concertación social entre Estado, patronos y trabajadores.

Segundo

En cuanto a la protección del trabajo, hay que ser muy ingenuo para creer que la tasa de desempleo del país es de 6,4% como señala el Instituto Nacional de Estadísticas.

Las calles están llenas de testimonios de personas que luego de perder su trabajo anterior, no consiguen reinsertarse en el mercado laboral. Vivimos en una economía laboral de empresas, esto es, donde la oferta de trabajo es poca y muchos son los aspirantes; con una notable contradicción: captar talentos que reúnan el perfil que debe tener el ocupante del cargo, es cada vez más cuesta arriba. La inamovilidad laboral se tradujo en ausentismo, en inobservancia a las obligaciones propias de un contrato de trabajo, en impunidad laboral.

Las inspectorías del Trabajo están colapsadas de procedimientos de reenganches y calificaciones de falta que para lo único que han servido es para encarecer los despidos. La alternativa para esto, la explora ya la zona euro desde hace algún tiempo: la flexiseguridad.

Se trata de un nuevo esquema de relaciones laborales basado en una menor rigidez en la contratación (que estimula el mercado de trabajo) mayor protección para personas con contingencias de pérdida de empleo; y en tercer lugar, fomento en formación y reinserción laboral.

No se puede sostener irresponsablemente la hiperprotección, corresponde delimitar bien a quién proteger, cómo y hasta donde proteger.

Tercero

El fomento de las fuentes de trabajo. Ya basta de golpear el emprendimiento, extorsionarlo, chantajearlo y de obstaculizar el desarrollo del aparato productivo con controles inútiles que lo único que hacen es promover la esclerosis del flujo económico, auspiciar la corrupción y enriquecer a unos pocos.

Reprimir y asfixiar el capital privado inhibe las muy necesarias inversiones extranjeras, frena la expansión del desarrollo nacional y compromete las fuentes de trabajo existentes. Durante 2015, es imperativo que el Estado asuma un rol sensato de acompañamiento de la inversión privada, de su fomento sincero.

El empresario, el inversionista, el patrono-empleador no son enemigos ni un mal necesario.

Cuarto

La retención del talento. Quienes están ligados al manejo de Recursos Humanos tienen muy claro que este ha sido uno de los problemas más significativos de 2014: conformar, consolidar y mantener un sólido equipo de trabajo.

El contexto inflacionario alimentó el gen mercenario de muchos colaboradores, quienes ante la necesidad económica optaron por cambiar de trabajo, a veces por muy poca diferencia salarial.

El estancamiento no solo de las condiciones y beneficios económicos con ocasión del trabajo, sino además las escasas oportunidades de desarrollo profesional colocó al segmento profesional a mirar más allá de las fronteras.

Sacar al país del atolladero económico en el que estamos sumergidos, depende de contar con la mayor cantidad y calidad de talento humano.

Por tanto, urge que el Estado fomente y revitalice el sistema de relaciones laborales para crear condiciones favorables que permitan a nuestros connacionales contar con verdaderas oportunidades de desarrollo de carrera, de ascenso social, con bienestar y calidad de vida.

Quinto

Los costos excesivos resultantes de la aplicación de las normas laborales vigentes. He repetido varias veces sobre el impacto económico de la LOT: sostener un régimen retroactivo de prestaciones sociales en una economía inflacionaria, fomenta el estancamiento salarial.

El trabajador se desfasa del mercado de trabajo, las bandas salariales se solapan, al tiempo que peligrosamente se aproximan al salario mínimo. Se frenan incentivos para el desarrollo de carrera y aumenta la rotación de trabajadores.

Un esquema rígido de relaciones de trabajo como el que tenemos fomenta contrataciones por tiempo determinado, el cambio de empleo pasa a ser la mejor vía para lograr verdaderos ajustes salariales; y el estancamiento del sueldo acaba por incentivar fórmulas pararremunerativas.

La mejor demostración de esto último, la acabamos de presenciar los venezolanos cuando el presidente obrero tuvo que ajustar el salario mínimo por debajo de la canasta alimentaria normativa e incrementar los límites del beneficio de alimentación (que no se considera sueldo según la legislación del trabajo vigente).

Lanzarse por la ruta de decretar nuevos “beneficios adicionales de carácter no remunerativo” sería correr una arruga que más temprano que tarde también vamos a tener que sincerar.

Lo que corresponde es modificar con sensatez los costos actuales de la normativa laboral vigente como condición de viabilidad económica en nuestro país. Omitirlo equivaldrá a seguir fabricando miseria.

Comentarios a la Ley de Trabajadores Residenciales y a la Ley Orgánica el Trabajo

Abog. Enrique Herrera Silla

En Gaceta Oficial N° 39.668, del 05 de Mayo del 2.011, fue publicado el Decreto N° 8.197, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial para la dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales.

¿QUIÉNES SE CONSIDERAN TRABAJADORES RESIDENCIALES? CONCEPTO LEGAL.) (Art. 4)

Aquellos que tienen a su cargo la limpieza y el aseo de las áreas comunes de un inmueble destinado a viviendas multifamiliares, establecimientos u oficinas.

No solo comprende los inmuebles regulados por la ley de Propiedad Horizontal o Ley del Régimen de Viviendas, sino también toda clase de inmuebles multifamiliares; además se incluyen los centros comerciales o edificios de oficinas.

Aun cuando son denominados Trabajadores “Residenciales”, son igualmente catalogados como tales, si laboran en Edificios de oficinas o centros comerciales.
No es menester que el Trabajador Residencial habite en el edificio o centro comercial, solo es suficiente que se encargue de la limpieza y aseo de las áreas comunes para que sea amparado por el Decreto y sea considerado como tal.

Es eliminada la palabra “conserje”, porque según la exposición de motivos del Decreto,  la misma fue adoptada por el castellano, del vocablo francés “consierge”, la que -según se expresa de manera textual en el Decreto-, “probablemente” provenga del latín vulgar “conservius”, formado por la preposición cum(con) servus (esclavo).

Otras acepciones señalan que el vocablo  tiene su origen en la palabra francesa “con sierge” pero el mismo significa (el que cuida o conserva). En países como España, por ejemplo, se les denomina “porteros”; en otros países también se les denomina “encargados de casas de renta”, etc.

EL PATRONO DE LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES. (Art. 9)

El Decreto establece que en los inmuebles destinados a “viviendas” multifamiliares, la comunidad de propietarios o de habitantes será considerada como patrono en la relación laboral establecida con los trabajadores residenciales.

En los casos de inmuebles destinados a vivienda, regulados bajo la ley de Propiedad Horizontal, la comunidad actuará, a los fines de establecer instrucciones o directrices en el trabajo, a través de la Junta de Condominio.

IMPORTANTE

No se considerarán patronos ni actuarán como tales, las empresas u organizaciones que presten servicios de administración de condominios.

Este postulado, a mi parecer, contraviene el principio de responsabilidad laboral solidaria de los intermediarios o contratistas, establecida en el artículo 50 de la  Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras, aparte de que resulta inconveniente que pueda eliminarse la posibilidad de que las administradoras giren instrucciones a los trabajadores residenciales.

Cuando se trate de Edificios destinados a locales, oficinas o centros comerciales, el Decreto de manera expresa  sí establece el principio de responsabilidad laboral solidaria y señala que la figura de patrono será ejercida por la Junta de Condominio o la comunidad de propietarios, arrendatarios, administradores, responsables o encargados de los establecimientos u oficinas.

DE LA CORRESPONSABILIDAD LABORAL. (Art 11, Art. 12 y Art. 13)

El artículo 13 del Decreto ratifica el principio de responsabilidad laboral solidaria y establece que las Juntas de Condominio o la organización que haga sus veces son responsables, de manera indelegable, de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo en favor de los trabajadores residenciales.

El Decreto incluye a los inquilinos e inquilinas como personas corresponsables del cumplimiento de los derechos que pudieran asistir a los trabajadores residenciales. Igual sucede con la Asamblea de propietarios o residentes; esta entidad es corresponsable del cumplimiento de los deberes laborales a favor de los trabajadores residenciales. (Art. 11)

Aun mas, todos los propietarios  y propietarias, de manera individual y conforme al porcentaje de su alícuota, responden de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo con los trabajadores residenciales.

El artículo 10 del Decreto establece la responsabilidad de todos los habitantes de la comunidad de mantener en buen estado de limpieza las áreas comunes, quienes responden por cualquier perjuicio ocasionado por el incumplimiento de este deber.

SE ESTABLECE EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES. (Arts. 7 y 10)

Los medios de comunicación y los que ejerzan la relación patronal, deben contribuir a la formación de los vecinos y las vecinas sobre su corresponsabilidad en el cuidado de las áreas comunes y en el respeto al oficio de aseo y limpieza de los Trabajadores Residenciales.

¿QUIEN PUEDE TOMAR LA DECISION DE TERMINAR LA RELACION LABORAL CON EL TRABAJADOR RESIDENCIAL? (Art. 11 y Art. 12)

Los trabajadores residenciales deben ser contratados o despedidos, mediante acuerdo de asamblea de propietarios o residentes.

GOZAN DE INAMOVILIDAD LABORAL. (Art. 38)

Por mandato expreso del artículo 38 del Decreto, los trabajadores residenciales gozan de inamovilidad laboral y en tal virtud se prohíbe toda forma de despido sin que medie justa causa previamente calificada por el Inspector del trabajo. Esta disposición, se encuentra ratificada en los artículos 85, 86 y 97 de la LOTTT.

LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES SON CONSIDERADOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD. (Arts. 8, 19, 22 y 45)

Durante la relación laboral, se considerará al Trabajador Residencial, así como a los integrantes de la familia que vivan con él o ella, como habitantes de la comunidad en la que presta el servicio, con los mismos derechos inherentes a la vida social comunitaria, familiar y ciudadana que el resto de los habitantes del inmueble.(Art. 8).

Este derecho solo se otorga si el trabajador residencial es provisto de una vivienda en el lugar de trabajo (Art 14). El Decreto otorga el derecho a los Trabajadores Residenciales y a su núcleo familiar de hacer uso de las áreas comunes del inmueble. (Art. 19 y Art. 45). De igual forma exige a estos trabajadores el respeto por las normas de convivencia establecidos en la comunidad (Art. 8).

Lo anterior, no significa en modo alguno que los trabajadores residenciales puedan formar parte de la administración de los edificios, conjuntos residenciales o centros comerciales, ni que puedan por sí mismos o en su nombre, asistir a asambleas de propietarios o conformar alguna junta de condominio. Sin embargo, podrían tener derecho a voz en las asambleas de propietarios.

TRABAJOS DE SUPERVISION O DE  REPARACION. (Art. 12)

Las labores o tareas que tengan que ver con garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos, instalaciones, maquinarias y equipos del inmueble NO podrán ponerse a cargo de los trabajadores residenciales.

TRABAJOS QUE “NO” PUEDEN EXIGIRSE A LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES. (Art. 13)

Conforme al Decreto, a los trabajadores residenciales no puede exigírseles las siguientes labores:

A – Ejecutar actos distintos a la limpieza y aseo de las cosas comunes del inmueble. (Cualquiera)

B – Ejecutar tareas que impliquen trabajos especializados o que sean responsabilidad de la Junta de Condominio.

C – La realización de esfuerzos que estén por encima de sus posibilidades físicas.

D – El control, observancia y supervisión del cumplimiento de los servicios públicos, tales como agua, luz y gas, así como otras obligaciones y responsabilidades derivadas de la administración del inmueble o de quienes habiten en el mismo.

E – Vigilancia y custodia del edificio; la limpieza, aseo y mantenimiento de áreas comerciales, en caso de que existan,  así como de aquellas distintas a las áreas comunes  del inmueble.

F- Reparación de daños y desperfectos ocurridos en el inmueble.

G – Cualquier otro trabajo considerado como pesado, conforme a la normativa que rige la materia.

H – Labores que impliquen riesgo, de conformidad con la normativa relativa a la seguridad laboral (ver art. 32).

AREA A CUBRIR POR CADA TRABAJADOR RESIDENCIAL. (Art. 14)

Conforme al artículo 14, el Reglamento del Decreto que sea aprobado, podría determinar el área máxima a cubrir por cada trabajador residencial. Este reglamento aún no ha sido aprobado y el Decreto establece un lapso de seis meses para su elaboración y promulgación.

CONTRATACION DE AYUDANTES DE TRABAJADORES RESIDENCIALES. (Art. 14)

En caso de que sea necesaria la contratación de algún ayudante para el trabajador residencial, debido al tamaño del área común a cubrir o por cualquier otra circunstancia, el ayudante tendrá los mismos derechos establecidos y garantizados en el Decreto a los trabajadores residenciales, a excepción hecha de la provisión de vivienda y los derechos adquiridos como habitante del edificio o inmueble, salvo que el ayudante sea pariente consanguíneo o afín del trabajador residencial o que haya común acuerdo con el trabajador residencial para ocupar la vivienda.

Los familiares del trabajador residencial NO se consideran como parte de la relación laboral, salvo que el familiar “SUSCRIBA” un contrato aparte, conforme a la ley. (Art. 18)

DE LA VIVIENDA ASIGNADA A LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES. (Art. 22)

El apartamento asignado al trabajador residencial, es considerado su vivienda familiar y en consecuencia tanto el trabajador como su familia, tienen el derecho de usar las áreas comunes del edificio, conjunto residencial o centro comercial, según sea el caso. De igual modo tiene los mismos deberes que cualquier otro miembro de la comunidad, sin que esté permitido ningún tipo de discriminación contra el trabajador residencial.

La vivienda asignada al trabajador residencial, no podrá ser cedida, enajenada o traspasada en forma alguna  por el trabajador residencial.

¿ES OBLIGATORIO LA ASIGNACION DE LA VIVIENDA? (Art. 42)

Conforme se desprende de la normativa del Decreto, no es obligatorio la asignación de la vivienda a los trabajadores residenciales. El Reglamento a dictarse podría establecer las condiciones estructurales o similares de la vivienda asignada a los trabajadores residenciales.

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ASIGNADA. (Art. 42)

Cuando se asigne la vivienda, tendrá las mismas condiciones de habitabilidad del resto de las viviendas que conforman la comunidad. En todo caso, la vivienda asignada al trabajador residencial, deberá reunir condiciones óptimas de higiene, comodidad, privacidad, seguridad, dignidad y salubridad.

DEL PAGO Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIVIENDA ASIGNADA A LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES. (Art 44)

La vivienda asignada a los trabajadores residenciales, deberá tener acceso a los servicios básicos, en las mismas condiciones que el resto de las viviendas que componen el inmueble.

El pago de los servicios de agua, gas y electricidad, así como la renta básica del servicio de telefonía fija, con los cuales esté dotada la vivienda asignada a los trabajadores residenciales, correrán por cuenta del patrono.

El Decreto prohíbe el cobro de alguna cantidad de dinero por concepto de canon de arrendamiento de la vivienda asignada.

PLAZO PARA DESOCUPAR LA VIVIENDA ASIGNADA A LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES. (Art. 40)

Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa, el trabajador residencial tiene derecho a que se respete su condición de miembro de la comunidad. En tal virtud, el Decreto establece que debe otorgársele un plazo mínimo de tres meses (3) para exigir la desocupación del inmueble, contados a partir de la fecha en que se haga efectivo el pago total de las prestaciones sociales y demás derechos laborales que le pudieran corresponder al término de la relación laboral.

La redacción nos indica que aunque el trabajador residencial renuncie o fallezca, debe respetarse este plazo.

JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES. (Art. 26 y 28)

Se establece que la jornada laboral para los trabajadores residenciales es la jornada diurna  señalada en el artículo 173 de la LOTTT.  Esta jornada se encuentra establecida en el artículo 173 y señala sin lugar a dudas que la jornada diurna no podrá exceder de 40 horas semanales.

Esta jornada está comprendida dentro del horario que va desde las 5:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.  Y de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Decreto ley en estudio y de la propia LOTTT,  los Trabajadores Residenciales no trabajarán los días sábados y domingos.

El decreto prohíbe que los trabajadores laboren los fines de semana y horas extraordinarias (Art. 28). Sin embargo,  conforme al citado artículo 173 de la nueva LOTTT  y del artículo 28 del propio Decreto, en aquellas localidades donde sea necesario trabajar durante los fines de semana, los dos días de descanso pueden ser trasladados a otros días de la semana para compensarlos. Igualmente, si el trabajador residencial voluntariamente quiere trabajar horas extras, podrá hacerlo, siempre que se respete su pago y reglamentación conforme a la Ley.

DESCANSO DE LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES. (Arts. 23, 26)

Conforme al artículo 168 de la nueva LOTTT y del artículo 84 del Reglamento de la Ley del Trabajo, los trabajadores  residenciales tendrán derecho a una hora de descanso obligatorio durante cada jornada de trabajo diaria.

Los trabajadores residenciales no deben trabajar los fines de semana (Art. 26). Sin embargo y como ya lo comentara, conforme a lo establecido en el artículo 173 de la LOTTT, artículo 88 del Reglamento de la LOT y según se desprende del artículo 28 del propio Decreto, en aquellas localidades donde sea necesario trabajar durante los fines de semana, los dos días de descanso pueden ser trasladados a otros días de la semana para compensarlos.

Los trabajadores residenciales no están obligados a permanecer  en su sitio de trabajo durante su tiempo de descanso.

DEBER DE ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO. (Art. 27)

A los fines de garantizar el cumplimiento de la jornada laboral, el decreto exige la elaboración de un plan de trabajo, el cual deberá acordarse de mutuo acuerdo con el trabajador residencial. Hay que tomar en cuenta que este plan de trabajo debe ser elaborado y firmado entre la comunidad y el trabajador residencial. En caso de disconformidad, deberá acudirse a la Inspectoría del Trabajo, a fin de establecer el plan de trabajo para el trabajador Residencial

DE LAS SUPLENCIAS DE LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES.(Art. 30)

Es obligación del patrono, contratar un suplente durante el periodo de vacaciones, reposos y licencias otorgadas al trabajador residencial. La vivienda no podrá usarse por el suplente, salvo acuerdo del trabajador residencial.

SALARIO DE LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES. (Art. 29)

– No puede ser inferior al salario mínimo.
– Debe ser pagado íntegramente en efectivo.
– Debe ser pagado en forma quincenal. (El señalamiento de esta norma, pareciera estar en disconformidad con lo establecido en el artículo 126 de la LOTTT, sin embargo, debe respetarse, sin lugar a dudas, el contenido del artículo 29 de la LTR, por ser más favorable a estos trabajadores.)

Hay que entregar  un recibo de pago al trabajador residencial.

Al trabajador residencial debe otorgársele el beneficio de alimentación establecido en la reciente reforma de la Ley de Alimentación.

PROVISION DE UTILES DE TRABAJO. (Art. 35)

El patrono deberá proveer al trabajador residencial, los implementos y útiles necesarios para el desempeño de sus labores, así como UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.

DEL RESGUARDO DE LOS IMPLEMENTOS DE TRABAJO Y AREA DE ASEO PERSONAL DE LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES. (Art. 36)

El resguardo de los implementos y útiles de trabajo, deberá efectuarse en un espacio distinto a la vivienda que habite el trabajador residencial. Debe crearse un espacio idóneo para el desempeño de sus labores, el cual deberá contar con todos los servicios necesarios para el aseo personal.

LAS PRESTACIONES SOCIALES y DEMAS DERECHOS LABORALES  DE LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES. (Art. 31)

Conforme al artículo 31 del Decreto, los trabajadores residenciales  tienen los mismos beneficios laborales que un trabajador común, a excepción hecha de las llamadas utilidades, las cuales son sustituidas por una bonificación de fin de año (artículo 140 LOTTT), equivalente a 30 días de salario (no puede ser menor), lo cuales deben ser pagados dentro de la primera quincena del mes de Diciembre de cada año.

En consecuencia, los trabajadores residenciales gozan del derecho a percibir  prestaciones sociales, bonificación de fin de año, del derecho al pago y disfrute de vacaciones, al pago del bono vacacional, etc.

LIQUIDACION LABORAL EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR RESIDENCIAL. (Art.41)

Según este artículo, el monto de la liquidación laboral en caso de fallecimiento, deberá pagarse a sus descendientes y en caso de que no los hubiere, a sus ascendientes. La redacción de este artículo, excluye a las viudas o viudos, así como también a las concubinas o concubinos, quienes sí se encuentran comprendidos en el artículo 145 de la LOTTT, por lo que sobre la base del principio de aplicación de la norma que mas favorezca al trabajador, será el artículo 145 antes señalado, el aplicable.

DE LA COLABORACION CON LA FORMACION Y ESTUDIO DE LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES. (Art. 37)

Los Trabajadores residenciales, tienen derecho a ser parte de un programa de formación permanente. en este sentido los patronos deben facilitar y promover dicho proceso de formación, acordando modificacion de horario, otorgamiento de becas e incentivos.

SE CONSIDERAN SUJETOS VULNERABLES. (Art. 6)

El Decreto establece que los Trabajadores Residenciales deben ser considerados como sujetos vulnerables de atención especial por parte del Estado Venezolano en las áreas de vivienda, trabajo, seguridad social, mujer e igualdad de género, niñas y niñas y adultas y adultos mayores.

RESPETO A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD (Art. 17)

El Derecho a la familia debe ser respetado en favor de los trabajadores residenciales. El Derecho de lactancia materna, fuero maternal, permisos pre y posnatal, entre otros, deben de garantizarse y otorgarse.

Así mismo, el Decreto contempla  que no puede prohibirse de ningún modo el embarazo ni limitar la libre reproducción y libertad familiares.

Comentario personal: Si concatenamos este artículo con el artículo 8, referido a que los trabajadores residenciales son considerados habitantes de la comunidad y como tales tienen los mismos deberes y derechos  que  los demás residentes y, teniendo en cuenta que en los condominios existe un derecho limitado para el uso de los bienes propios (Art. 3 LPH), el trabajador residencial pasaría a ser considerado un habitante “privilegiado” en las comunidades reguladas por la Ley de Propiedad Horizontal, al tener un derecho de uso ilimitado del inmueble asignado, en contraste con la limitación de habitantes por apartamento, exigida a los demás propietarios en el referido artículo 3 de la LPH.

Pienso que este aspecto debería ser objeto de un tratamiento especial en el Reglamento que se apruebe.

PROTECCION ESPECIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE VIVAN CON LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES. (Art. 20)

El artículo 20, señala que los niños, niñas y adolescentes que convivan con los Trabajadores Residenciales, no podrán ser objeto de violencia por parte de los residentes u ocupantes del inmueble, no podrán ser obligados a trabajar, ni mucho menos sometidos a tratos discriminatorios.

PROTECCION ESPECIAL A LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES CONSIDERADOS COMO ADULTOS MAYORES. (Art. 21)

El Decreto establece en el artículo 21 que el Ejecutivo Nacional deberá garantizar políticas especiales de atención a los Trabajadores Residenciales considerados como adultos mayores, en lo relacionado con planes de vivienda y seguridad social.

PLAZO PARA ADECUARSE A LAS NORMAS DEL DECRETO Y PARA DICTAR EL REGLAMENTO DEL MISMO. (Disposiciones transitorias)

Se establece un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia del decreto (5-05-11) para que las comunidades y demás entidades obligadas, se adecúen  a las normas en él establecidas. Igual plazo se establece para dictar el Reglamento del Decreto. A la fecha de esta revisión (15-05-12) el Decreto Ley se encuentra vigente, pero el Reglamento aún no ha sido dictado).

El plazo para adecuarse a la normativa, no significó en modo alguno que el Decreto  entrara en vigencia a partir del 5 de Noviembre de 2.011; solo se refería a aquellas circunstancias novedosas tales como las reformas de procedimientos legales establecidos o la construcción del espacio para el descanso de los trabajadores residenciales. El Decreto entró en vigencia el día 05 de Mayo de 2.011.

OTRAS CONSIDERACIONES. LOS TRABAJADORES RESIDENCIALES Y LA LOPCYMAT (Arts. 31 y 35).

Conforme a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT), en todo centro de trabajo, establecimiento o unidad de explotación de las diferentes empresas, debe constituirse un COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

La ley considera a los condominios como verdaderas asociaciones, las cuales no escapan de la obligación de conformar el comité de seguridad  salud laboral.
Esta agrupación (Comité de Seguridad y Salud Laboral), es un órgano paritario y colegiado conformado por representantes del empleador y de los empleados (delegados de prevención), el cual debe registrarse en el INPSASEL.

De igual forma,  establece el artículo 41 de la LOPCYMAT, que en todo centro de trabajo, los trabajadores elegirán delegados de prevención; los cuales serán los representantes ante el comité de seguridad y salud laboral, de acuerdo a la siguiente tabla mientras no se cree el reglamento.
1)    Hasta 10 trabajadores 1 delegado
2)    De 11 a 50 trabajadores 2 delegados
3)    De 51 a 250 trabajadores 3 delegados
4)    De  251 en adelante (además de los acumulados 1 delegado por cada 500 trabajadores

Los  representantes del patrono y los delegados de prevención, conforman el comité de seguridad y salud laboral.

No es el tema de este trabajo, pero considero prudente señalar que las funciones del delegado están establecidas en el artículo 43 de  la LPOCYMAT y  pueden resumirse en colaborar y demandar del empleador  la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de lo trabajadores.

De acuerdo a lo expuesto, aun cuando en un edificio, conjunto residencial o centro comercial, solo labore un trabajador residencial, es obligatorio la conformación del Comité de Seguridad y Salud Laboral y designar a este trabajador como delegado de prevención.

De igual forma recomiendo someterse a todos los lineamientos establecidos en la LOPCYMAT y evitar así graves problemas en caso de ocurrir algún accidente o enfermedad ocupacional o laboral.

Debido al cambio de régimen legal, resulta necesario modificar y actualizar todo lo relacionado con la evaluación y notificación de riesgos laborales.

OTRAS OBLIGACIONES LABORALES CON EL TRABAJADOR RESIDENCIAL.

Explicado ha quedado que el trabajador residencial es considerado un trabajador y sujeto vulnerable, como tal, tiene todos los derechos y obligaciones que las leyes sociales le otorga (Art. 31).

Es por ello que el trabajador residencial debe estar inscrito en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contar con el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Política Habitacional), estar inscrito en el INCES si en el edificio laboran más de 5 trabajadores, etc.

Reposo médico ante el IVSS

Abg. Adriana Fernández, Microjuris de Venezuela

Durante la relación laboral, todo trabajador puede ser objeto de una determinada situación que lo incapacite temporalmente para realizar su trabajo habitual. Tal incapacidad temporal, puede originarse por los siguientes motivos:

(i) una enfermedad laboral o común;

(ii) un accidente común o laboral;

(iii) por maternidad.

Ante dicha incapacidad temporal, el trabajador tendrá derecho a percibir de parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), una indemnización diaria desde el cuarto (4to) día de incapacidad, resaltándose que la duración y asignación de las indemnizaciones no podrán exceder de cincuenta y dos (52) semanas (1 año) para un mismo caso.

Es importante destacar que, cuando la incapacidad, y por ende el reposo médico, tenga una duración de uno (1) a tres (3) días, el patrono es quien debe pagar el cien por ciento (100%) del salario por tales días, además de todos los beneficios socio económicos que le puedan corresponder al trabajador como si efectivamente estuviese trabajando, como por ejemplo el Bono de Alimentación.

A partir del cuarto (4º) día de ausencia y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación, cura o declaratoria de discapacidad permanente o de la muerte, según sea el caso (encontrándonos ante una suspensión de la relación de trabajo, conforme a la cual el trabajador no presta servicios y el empleador no está obligado a pagar el salario), el trabajador recibirá una indemnización diaria por parte de la seguridad social, normalmente el 66,66% del salario normal declarado, correspondiendo al patrono pagar el 33,33% restante (Art. 73 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, G.O. N° 6.076, del 07/05/2012).

En razón de ello, el trabajador deberá validar dicho reposo médico ante el IVSS, en el plazo de las primeras 72 horas, contadas desde la fecha de emisión del mismo. (De esto se entiende que cuando el reposo es hasta 3 días, el Seguro Social no debe convalidarlo).

Dicho esto, los recaudos para validar un reposo mayor a tres (3) días en el Seguro Social, son:

  1. Ingresar a la página del IVSS http://www.ivss.gov.ve/. Descargar e imprimir  la planilla haciendo clic en el cuadro de cuenta individual. En caso de no encontrar su información personal por no estar registrado en el IVSS, la empresa deberá asumir el pago total del salario durante los días de reposo.
  2. Cédula de identidad laminada y fotocopia.
  3. Informe médico con letra legible y en el que se detalle el diagnóstico y resultado de todos los exámenes realizados, así como el tiempo de duración del reposo (mayor a 3 días). Dicho informe debe estar impreso en hojas donde se visualice el nombre y dirección del centro de salud, nombre y firma del médico tratante, con su respectivo sello húmedo.

Con tales recaudos, el propio trabajador o un familiar, o incluso el representante del Departamento de Recursos Humanos  podrá solicitar la cita en el centro asistencial del IVSS, donde se le informará la fecha en la que el trabajador deberá acudir a revisión, a fin de abrir su historial médico en el IVSS, y una vez verificada su incapacidad proceder a firmar, sellar y validar los días de reposo.

En caso que el trabajador no pueda trasladarse debido a que su incapacidad lo obliga a guardar reposo absoluto, siendo que los requisitos indicados, hayan sido suministrados por un familiar o por recursos humanos, el personal del IVSS procederá a visitarlo, sea en su domicilio o en el centro de salud, a objeto de comprobar la veracidad del reposo correspondiente.

Otras de las disposiciones legales, que respaldan lo referido al reposo médico, las encontramos en las siguientes normativas:

  1. Ley del Seguro Social (G.O. n.º 39.912 del 30/04/2012)

“Artículo 9

Los asegurados y aseguradas tienen derecho en caso de incapacidad temporal para el trabajo debido a enfermedad o accidente, a una indemnización diaria desde el cuarto día de incapacidad. La duración y atribución de las indemnizaciones diarias no podrán exceder de cincuenta y dos semanas para un mismo caso.”

“Artículo 10

Cuando el asegurado o asegurada, sometido o sometida a tratamiento médico por una larga enfermedad, agotare el lapso de prestaciones médicas y de prestaciones en dinero por incapacidad temporal, tendrá derecho a continuar recibiendo esas prestaciones siempre que haya dictamen médico favorable a su recuperación.”

“Artículo 11

Los asegurados y aseguradas tienen derecho a la prestación médica que se requiera con ocasión de su maternidad y a una indemnización diaria, durante los permisos de maternidad y por adopción establecidos legalmente, la cual no podrá ser inferior al salario normal devengado por la beneficiaria en el mes inmediatamente anterior a la iniciación de los permisos o a la fecha en que éstos debieron otorgarse de conformidad con esta Ley.”

  1. Reglamento General de la Ley del Seguro Social (G.O. n.º 39.912 del 30/04/2012).

Artículo 141

En caso de enfermedad o accidente que le incapacite para el trabajo, el asegurado tendrá derecho desde el cuarto (4º) día de incapacidad y hasta por cincuenta y dos (52) semanas consecutivas, a una indemnización diaria equivalente a los dos tercios (2/3) del promedio diario de salario, la cual se pagará por períodos vencidos. (…)”.