La malnutrición que mata en Venezuela

Venezuela tiene las mayores reservas comprobadas de crudo en el mundo, pero su economía ha colapsado en los últimos años.

El hambre ha azotado a la nación y, ahora, está matando a niños.

El gobierno venezolano lo sabe, pero no lo reconoce.

Durante cinco meses, The New York Times dio seguimiento a veintiún hospitales públicos donde los doctores dijeron ver cifras récord de niños con desnutrición severa, cientos de los cuales han muerto.

Por MERIDITH KOHUT and ISAYEN HERRERA

Photographs by MERIDITH KOHUT

The New York Times

Apenas a sus 17 meses, Kenyerber Aquino Merchán murió de hambre.

Su padre salió de la morgue del hospital antes de la madrugada para llevarlo de regreso a casa. Cargó al bebé esquelético a la cocina y se lo entregó a un trabajador funerario que hace visitas a domicilio para las familias venezolanas que no tienen dinero para realizar un funeral.

Se podían ver claramente la espina dorsal y las costillas de Kenyerber mientras le inyectaban los químicos de embalsamar. Las tías intentaban mantener alejados a los primitos curiosos.

Sus familiares llegaron con flores y reutilizaron cajas de alimentos que reparte el gobierno a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), de las que dependen cada vez más los venezolanos ante la escasez de comida y los precios altísimos, para recortar dos pequeñas alas de cartón. Las pusieron cuidadosamente encima del ataúd de Kenyerber, una práctica común entre los venezolanos, para que su alma pueda alcanzar el cielo.

En cuanto el cuerpo de Kenyerber quedó listo para que lo vieran comenzó el llanto incontrolable de su padre, Carlos Aquino, un trabajador de construcción de 32 años.

“¿Cómo puede ser esto?”, decía entre sollozos mientras abrazaba el ataúd y hablaba con voz suave, como si pudiera reconfortar a su hijo en la muerte. “Tu papá ya nunca te va a ver”.

El hambre ha acechado a Venezuela durante años. Pero ahora, según médicos en los hospitales públicos, está cobrando una cantidad alarmante de vidas de menores de edad.

La economía comenzó a colapsar en el 2014. Las protestas y disturbios por la falta de alimentos, las filas insoportablemente largas para conseguir suministros básicos, los soldados apostados afuera de las panaderías y las multitudes enfurecidas que saquean las tiendas han cimbrado varias ciudades.

Sin embargo, las cifras de muertes por desnutrición continúan siendo un secreto bien guardado por el gobierno venezolano.

Durante una investigación de cinco meses de The New York Times, los doctores en veintiún hospitales públicos de diecisiete estados del país dijeron que sus salas de emergencia están atiborradas de menores con desnutrición severa.

“Los niños están llegando con unas condiciones muy precarias de desnutrición”, dijo el doctor Huníades Urbina Medina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría.

Añadió que los médicos incluso están viendo cuadros de desnutrición tan extrema como la que llega a presentarse en campos de refugiados; casos que, dijo, eran extremadamente raros antes del colapso económico del país.

Para muchas familias de escasos recursos, la crisis ha sacudido por completo su panorama. Padres como los de Kenyerber pasan días sin comer y, a veces, terminan pesando lo mismo que un niño.

Hay mujeres que hacen fila afuera de clínicas de esterilización para evitar embarazarse de bebés a los que no van a poder alimentar.

Niños pequeños dejan sus hogares y se unen a pandillas que escarban por doquier en busca de alimentos: sus cuerpos tienen cicatrices por las peleas a cuchillo contra sus rivales.

Adultos en multitudes revuelven la basura de los restaurantes después de que estos cierran. Muchos bebés mueren porque es difícil encontrar –o poder costear– la fórmula para el tetero, incluso en salas de emergencia.

“Hay veces que se te muere en las manos por deshidratación”, dijo la doctora Milagros Hernández en la sala de emergencias de un hospital infantil en la ciudad de Barquisimeto. El hospital, señaló Hernández, vio un aumento pronunciado de personas con desnutrición hacia el final del 2016.

“Pero el 2017 ha sido un incremento terrible de pacientes desnutridos”, dijo. “De niños que te llegan lactantes y tienen el peso y talla de un recién nacido”.

Carlos Aquino llora a Kenyerber, su hijo de 17 meses, quien falleció en agosto por problemas cardiacos causados por desnutrición severa.

Antes de que la economía venezolana comenzara a desplomarse, casi todos los casos de desnutrición infantil en hospitales públicos se debían a negligencia o abuso parental. Pero entre 2015 y 2016, conforme se intensificó la crisis, se triplicaron los casos de desnutrición infantil severa en los centros médicos de la capital, según los doctores. Este año podría ser aun peor.

En muchos países la desnutrición a estos niveles sería “por cualquier causa si hay una guerra, una sequía, alguna catástrofe o un terremoto”, dijo la doctora Ingrid Soto de Sanabria, jefa del Servicio de Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del Hospital de Niños J. M. de los Ríos. “Pero en nuestro país está directamente relacionada con la escasez y la inflación”.

El gobierno venezolano ha intentado encubrir la gravedad de la crisis y ya prácticamente no emite estadísticas de salud. Esto genera un clima en el que los doctores a veces temen registrar casos y muertes ligados a los fracasos de la política pública.

Pero las estadísticas que hay son impactantes.

En el reporte anual del 2015 del Ministerio del Poder Popular para la Salud se reportó un aumento de cien veces en la tasa de mortandad de niños menores de cuatro semanas: de 0,02 por ciento en el 2012 a poco más de 2 por ciento.

La tasa de mortalidad materna aumentó casi cinco veces durante el mismo periodo.

Por casi dos años el gobierno no publicó ningún boletín epidemiológico con estadísticas como la mortandad infantil. Hasta que, en abril de este año, apareció de repente un enlace en el sitio web oficial del ministerio con todos los boletines no publicados. Mostraban que 11.446 niños menores de un año habían muerto en el 2016: un aumento de 30 por ciento en solo doce meses, ante la aceleración de la crisis.

Los nuevos hallazgos atrajeron la atención de medios nacionales e internacionales antes de que el gobierno declarara que el sitio web había sido atacado y quitara los boletines.

La ministra de Salud fue destituida y se puso al ejército a cargo de monitorear los boletines; ninguno se ha publicado desde entonces.

La desnutrición también enfrenta censura dentro de los hospitales: muchos doctores reciben advertencias de no registrarla en los antecedentes médicos de los niños.

“En algunos hospitales oficiales se ha prohibido el diagnóstico de desnutrición en las historias clínicas”, dijo el Urbina.

Médicos entrevistados por The New York Times en nueve de los veintiún hospitales dijeron que sí llevaban un conteo.

En el último año, dijeron, habían registrado 2.800 casos de desnutrición infantil y alrededor de 400 de los menores que llegaron famélicos murieron.

“Nunca en mi vida he visto tantos niños con hambre”, dijo la doctora Livia Machado, pediatra de práctica privada que da consultas gratuitas a niños que han sido hospitalizados en el sanatorio Domingo Luciani, en Caracas.

Ese hospital es de los pocos que todavía acepta ingresar a infantes desnutridos para tratamiento. Otros hospitales los rechazan y les dicen a los padres que no tienen suficientes camillas o suministros para tratar a los bebés. Casi todos los hospitales venezolanos reportan escasez de insumos básicos, como leche de fórmula.

El presidente Nicolás Maduro ha reconocido que algunas personas pasan hambre en Venezuela, pero ha rechazado recibir ayuda internacional pues dice que la crisis es causada por una “guerra económica” impulsada por empresarios y fuerzas extranjeras como Estados Unidos.

Venezuela tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo en todo el mundo. Sin embargo, muchos economistas afirman que años de mal manejo de la política económica han resultado en el desastre actual.

El daño no era evidente cuando los precios internacionales del petróleo eran altos. Pero a finales del 2014 comenzó a caer el precio del barril y la escasez y los precios de alimentos se dispararon.

El Fondo Monetario Internacional advirtió en octubre que la inflación podría superar el 2.300 por ciento el próximo año.

El Ministerio para la Salud y el Instituto Nacional de Nutrición venezolano no respondieron a solicitudes de entrevista ni de comentario sobre reportes oficiales de salud con estadísticas sobre desnutrición.

Pero la oposición, que controla la Asamblea Nacional que fue despojada del poder, continuamente alerta sobre la situación.

“Tenemos un pueblo que se está muriendo de hambre”, dijo en noviembre Luis Florido, asambleísta que dirige la comisión de relaciones exteriores. Dijo que la crisis alimentaria en el país era una “emergencia humanitaria” que viven “todos los venezolanos”.

Tantos tantos niños

Kenyerber nació sano y pesaba casi 3 kilogramos. Pero a su madre, María Carolina Merchán, de 29 años, le picó un mosquito y se contagió del virus del Zika cuando el bebé tenía tres meses. Tuvo que ser hospitalizada y los doctores le dijeron que no podía amamantar.

La familia no podía encontrar o pagar el alimento para el bebé y tuvieron que improvisar con lo que tenían al alcance: teteros de crema de arroz o de harina de maíz mezclada con leche entera. Eso no le daba a Kenyerber los nutrientes necesarios.

A los 9 meses su padre lo encontró inmóvil en su cama, con la nariz ensangrentada. Corrió a la sala de emergencia pediátrica del hospital Domingo Luciani, donde pacientes y camillas atiborran los pasillos junto a soldados patrullando.

Kleiver Enrique Hernández, de 3 meses, estaba recibiendo tratamiento cerca de donde fue internado Kenyerber. Él también nació saludable –3,6 kilogramos– pero su madre, Kelly Hernández, tampoco lo podía amamantar. Lo mismo: Hernández y su novio, César González, buscaron sin tregua, pero no pudieron encontrar fórmula.

En una búsqueda en línea del inventario de Locatel, una de las cadenas de farmacias más grande de Venezuela, el Times encontró que solamente una de sus 64 tiendas en todo el país tenía la fórmula para bebés que los doctores le recetaron a Kleiver.

Y es poco probable que Kelly y César siquiera hubieran podido pagarla. La hiperinflación ha diezmado los salarios que se pagan en bolívares en comparación con lo que valían hace dos años. Un surtido para un mes de la fórmula que necesitaba Kleiver costaba dos veces más que el sueldo mensual de González, un trabajador agrícola.

La escasez de fórmula también afecta a los hospitales. Doctores en la sala de emergencia del Domingo Luciani dijeron que no tenían abasto para alimentar a pacientes como Kenyerber y Kleiver.

La Encuesta Nacional de Hospitales 2016 halló que el 96 por ciento de los hospitales venezolanos reportaron no tener la cantidad de fórmula que necesitaban para atender a los pacientes. Más de 63 por ciento reportó que no tenía fórmula, punto.

Con tan pocas opciones, la madre de Kleiver preparó teteros con almidón de arroz y agua, a veces con leche entera si la podían encontrar. No era suficiente.

Los padres de Kleiver lo habían llevado a tres salas de emergencia, pero los hospitales estaban repletos. “Estaba desesperada viendo cómo tantos tantos niños estaban en la misma situación”, dijo Hernández.

Cuando los ingresaron al Domingo Luciani fue un gran alivio. Pero pronto comenzaron a ver un flujo constante de padres que llegaban con sus bebés desnutridos y terminaban yéndose en llanto: “¡Mi hijo está muerto!”.

Esperaron con ansias a que la condición de Kleiver mejorara; dormían en una silla junto a su cama o en un patio afuera, siempre pendientes por si el doctor les recetaba algo.

Después de pasar veinte días en el hospital, terminaron por sumarse a esas familias a las que habían visto salir horrorizadas. Un equipo de doctores trabajó durante horas para ayudar a Kleiver, llenándolo sin querer de sangre y moretones conforme trabajaban para intubarlo.

Kelly Hernández llora junto con sus familiares durante el velorio para su hijo Kleiver, de tres meses, en agosto.

Parecía que su cuerpo sin vida había recibido una golpiza para cuando los doctores aceptaron que no iban a poder salvarlo.

Familiares cargan el ataúd de Kleiver durante el cortejo fúnebre.

Los deudos de Kleiver comen un caldo en la madrugada durante el velorio.

Pese a que la desnutrición severa es evidente, su diagnóstico no es sencillo. Incluso cuando los doctores sí están dispuestos a reportarlo no necesariamente lo incluyen como la causa oficial de defunción.

La desnutrición grave puede resultar en toda una patología que conlleva la muerte por falla respiratoria, infecciones u otros malestares. Pero, en el caso de Kenyerber y Kleiver, sucedió algo poco común en Venezuela: sus certificados de defunción sí muestran a la desnutrición como la causa de fallecimiento.

Más de cien amigos y allegados fueron al velorio en la casa de la familia de Kleiver, que duró toda la noche. Sus tías y primos colgaron carteles decorados con mensajes y caricaturas hechas a mano. Kleiver yacía debajo, en un pequeño ataúd blanco, con las alas de papel.

Apenas tres meses antes la familia había hecho carteles con mensajes y caricaturas hechas a mano y las había colgado en la pared, para celebrar el nacimiento. Uno de esos carteles, en forma de un globo, todavía estaba encima de su cama durante el velorio.

“Bienvenido, Kleiver Enrique, te quiero mucho”, decía.

Cuando salió el sol el vecindario realizó una procesión hasta el cementerio. Hernández colapsó cerca de una tumba cercana; no podía dejar de llorar. Se sentía culpable de no haber podido amamantar a su hijo ni de encontrar la fórmula láctea y no dejaba de decir: “¿Soy mala madre? Por favor, ¡dímelo!”.

Impotencia e indignación

La doctora Milagros Hernández entró corriendo a la sala de emergencia del hospital donde trabaja en Barquisimeto gritando: “Voy con un bebé de 18 meses. Le dieron té de anís, leche de vaca y lo amamantaba una vecina. ¡Está malo!”.

Los doctores y enfermeros en el Hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga trabajaron rápidamente para evaluar al bebé, Esteban Granadillo. Pesaba 2 kilogramos y se veía asustado.

“Dígame lo que le dio de comer”, le preguntó la doctora Hernández a la tía abuela, María Peraza, quien lo había llevado al hospital. “A ese niño se le destrozó el estómago y posiblemente hasta el hígado”.

Cuatro de las doce camas de la sala de emergencia estaban ocupadas por niños desnutridos ese día de agosto. Los doctores dijeron que había llegado un caso de desnutrición prácticamente cada día, algo que no sucedía hasta hace dos años cuando se agravó la crisis.

Pero solo había una fracción de los medicamentos necesarios. El entonces director del hospital, el doctor Jorge Gaiti, dijo que había solicitado en junio 193 medicamentos que requerían a la agencia gubernamental responsable de distribuirlos a los hospitales públicos.

Solo cuatro de los 193 fueron entregados, de acuerdo con los reportes en la computadora de Gaiti. El hospital no cuenta siquiera con suministros básicos como jabón, jeringas, gasas, pañales o guantes de látex.

Los enfermeros les dan a los pacientes listas con objetos que deben buscar en farmacias o comprar de vendedores del mercado negro, o bachaqueros, que se encuentran cerca del hospital y venden suministros médicos difíciles de encontrar a precios exorbitantes.

Hernández estaba indignada y se sentía impotente como doctora al ver morir innecesariamente a esos niños en su sala de emergencias: “Es injusto”.

Dayferlin Aguilar, de cinco meses, fue diagnosticada con desnutrición y deshidratación.

A los 18 días de nacido Esteban Granadillo fue llevado al Hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga, en Barquisimeto, por desnutrición.

La madre de Esteban, según dijo la tía abuela, era soltera, tenía una discapacidad y no podía amamantarlo. Desesperados, los familiares le pidieron a una vecina con un infante que ayudara. La familia también le dio teteros de leche de vaca o agua con camomila y anís para llenarle el estómago.

“No conseguimos leche en ninguna parte. En vista de que no se nos muriera el niño tuvimos que hacer eso”, dijo Peraza, la tía abuela, al reconocer que sabía que era posible que el bebé tuviera problemas por ello. “Sí, hicimos algo malo, pero yo digo que si no hubiéramos hecho eso el niño hubiera muerto”.

Peraza se quedó en el hospital junto a la incubadora de Esteban durante días, acariciando su estómago mientras le susurraba. Durante semanas, el bebé salió y reingresó del hospital. Murió el 8 de octubre.

Tres pisos más arriba en el hospital, los pediatras examinaban a una bebé de un mes, Rusneidy Rodríguez, una semana después de que fue admitida por desnutrición severa. Su madre, hospitalizada con una infección, no había podido amamantarla.

Como en el caso de Esteban, sus familiares no pudieron encontrar fórmula y prepararon teteros con lo que pudieron: leche entera, crema de arroz o agua mezclada con cebada.

La sala de emergencia estaba desbordada; había camillas en los pasillos. A veces, el hospital tenía que poner a dos pacientes en una sola cama.

En la incubadora al lado de Esteban, una niña de cinco meses, Dayferlin Aguilar, estaba batallando por mantener abiertos sus ojos y sonreírle a su mamá, Albiannys Castillo.

Albiannys había llevado a Dayferlin al hospital cuando la niña estaba muy débil: de repente quedaba inconsciente y tenía una diarrea incontrolable. Los doctores la diagnosticaron con desnutrición y deshidratación.

Castillo no podía producir leche así que tenía que llegar a la una de la mañana a hacer cola afuera de las farmacias para esperar a que abrieran y tratar de encontrar fórmula. Casi nunca tenían o ya se les había acabado para cuando ella llegaba al frente de la fila.

“Hija, aquí está contigo tu mamá, que te quiere”, le decía a Dayferlin cuando la bebé lograba abrir los ojos.

Murió tres días después de ser internada en el hospital. La enterraron con unas alas de color fucsia hechas de papel, con bordes turquesas, y con una corona que combinaba.

Escarbando en la basura

Orianna Caraballo, de 29 años, esperó en la fila durante horas con sus tres hijos –Brayner, de 8 años; Rayman, de 6, y Sofía, de 22 meses– para ingresar a un comedor comunitario organizado por una iglesia católica en Los Teques. No habían comido nada en tres días.

Antes de la crisis, Caraballo le daba de comer a sus hijos gracias a su trabajo en un restaurante. Ahora llora mientras le da una cucharada de sopa a Sofía y cuenta cómo sus hijos fueron quienes detuvieron su intento de suicidio.

No podía vivir viendo cómo sus hijos estaban famélicos. Dice que los llevó afuera de la casa, mientras Sofía dormía, y volvió a entrar ella sola antes de cerrar la puerta. Luego Caraballo colgó un cable y se lo amarró al cuello. Cuando estaba a punto de colgarse escuchó llorar a su hija.

“Algo me decía: ‘Hazlo, hazlo, hazlo’”, recordó. “Y luego en otro oído me decía: ‘No lo hagas, no lo hagas; mira a tus hijos’”. Su hijo la llamó y le pidió que abriera la puerta. Se sintió culpable y decidió no colgarse.

Su hijo mayor se ha desmayado varias veces en la escuela por no haber desayunado ni cenado el día antes. Llora cada noche porque tiene hambre y, a los 8 años, le ruega a su madre que lo deje trabajar para poder comprar comida para la familia.

Una escena que raramente se veía antes de la crisis: algunas familias buscan comida entre la basura en Caracas.

Orianna Caraballo dándole de comer a Brayner, Rayman y Sofía, sus hijos, en una cocina comunitaria en Los Teques, en septiembre

Un informe reciente de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud encontró que 1,3 millones de personas que antes podían alimentarse en Venezuela no han podido encontrar la comida necesaria desde que se desató la crisis hace tres años.

En comedores comunitarios que visitó el Times, muchos padres que habían llevado a sus hijos tenían empleos de tiempo completo. Pero la hiperinflación había destruido sus sueldos y había acabado con ahorros.

Una encuesta hecha en el 2016 por tres universidades concluyó que había inseguridad alimentaria en nueve de cada diez hogares venezolanos.

Caritas, una organización de ayuda católica, ha estado pesando y midiendo a grupos de niños menores de 5 años en comunidades pobres en varios estados a lo largo del último año. El 45 por ciento de esos menores presentan algún tipo de desnutrición, según su estudio.

Muchas familias buscan comida en las calles o en basureros. Solo algunos son indigentes y la mayoría dijo que no habían tenido problema en conseguir alimentos antes de la crisis.

En Morón, decenas de personas estaban hasta las rodillas en un basurero en busca de comida y objetos reciclables que pudieran vender. El cercano Puerto Cabello, alguna vez el impulsor de la economía local, ahora luce prácticamente vacío.

En el basurero, muchas personas dijeron que antes trabajaban en el puerto, pero que ahora estaban desesperados por encontrar comida para sus familiares, después de que sus empleos desaparecieron cuando se redujo el tráfico portuario. Varias madres dijeron que nunca imaginaron que tendrían que alimentar a sus familias con lo que conseguían en la basura.

También cada vez más familias mandan a sus hijos a pedir comida en las calles o a trabajar para conseguir alimentos. Algunos nunca regresan.

La calle o el bisturí

Dos hermanos caraqueños, José Luis y Luis Armas, de 11 y 9 años, respectivamente, dicen que huyeron de su casa porque apenas había suficiente comida. Ahora viven en las calles con otros niños que forman pandillas y se pelean con cuchillos para defender o aumentar los territorios en los que mendigan o buscan entre la basura.

Han matado a varios de sus amigos, según dijeron los hermanos Armas. Luis se levantó la camisa para mostrar una cicatriz que cruzaba todo su abdomen: fue lo que quedó de un ataque con un machete de un miembro de otra pandilla. Casi muere, aseguró Luis.

Los hermanos dicen que prefieren vivir en las calles pese al peligro porque así comen mejor que en sus casas. Pasan sus días mendigando, en busca de comida tirada y de reciclables; se bañan en fuentes públicas y guardan sus pertenencias en árboles y alcantarillas mientras buscan escaparse de la policía y otras pandillas.

Nelson Villasmil, un trabajador social del gobierno de la capital, dijo que antes de la crisis la mayoría de los niños de la calle vivían ahí por negligencia o abuso por parte de sus padres. Pero ahora cuando los entrevistan, le dicen que dejaron sus hogares porque no había comida.

“Lo que no encuentran en su casa lo consiguen en la calle”, dijo Villasmil.

Hace tres meses, Yail Fonseca, de 13 años, dijo que dejó su hogar en Los Valles del Tuy para buscar comida en Caracas.

“Me fui de mi casa porque la cosa está dura”, dijo. “Ya ni comíamos bien”.

Afirma que come mejor en las calles de la capital. Duerme debajo de un voladizo en un parque de patinaje junto con otros adultos y niños sin casa, con los que despierta a las seis de la mañana para buscar comida en la basura o para pedírsela a los restaurantes locales.

En las tardes practica a pelearse con palos con otros integrantes de su pandilla para ser más ágiles cuando tengan peleas a cuchillo con rivales. El líder les exige que practiquen por lo menos media hora cada día.

Ese líder, un adulto que no quiso revelar su nombre, dijo que tenían un código: si alguien es atacado por solo un integrante de otra pandilla debe protegerse solo, incluso hasta la muerte, sin importar su edad. El resto del grupo se meterá solo si un integrante es atacado por varios rivales a la vez. El líder dijo que cuatro miembros de su pandilla fueron acuchillados a muerte en los últimos meses. Varios de los niños que lo rodeaban se levantaron la camisa para mostrar cicatrices.

A veces, el Estado se involucra y saca a menores de edad de hogares en los que hay hambre crítica. Después de que dos de sus hijos fallecieron por complicaciones de la desnutrición, Nerio José Parra y Abigail Torres perdieron a otros tres: se los llevaron trabajadores sociales.

Veintiuna mujeres fueron operadas durante un evento de esterilización gratuita en el Hospital José Gregorio Hernández de Caracas, en julio.

Familias haciendo fila para una clínica de salud gratuita para niños en Morón, en septiembre.

Eduardo José Martínez, de 13 años, en un parque de patinaje en Caracas, donde vive con otros niños y adultos indigentes

Su hija de siete meses, Nerianyelis, murió en septiembre de 2016 cuando la familia no pudo encontrar leche de fórmula, dijeron Parra y Torres. Parra tenía un trabajo de tiempo completo en una empresa que hace etiquetas, pero la pareja dijo que solo podía darle de comer a sus hijos una vez al día. La mañana que falleció Nerianyelis estaba muy callada y delgada. Los padres dijeron que la llevaron al hospital, pero que no ayudó.

Abigail recordó que estaba tan desconsolada que no dejaba que nadie se llevara el cuerpo de su hija. Tuvo que intervenir el equipo de seguridad del hospital y separarlas a la fuerza.

El 1 de diciembre murió Neomar, su hijo de 5 años, por desnutrición, deshidratación y otros problemas, según el trabajador social de ese caso.

Después de que falleció Neomar, los servicios sociales se llevaron a los tres hijos que quedaban y los pusieron en casas hogar. Ahora la pareja visita a sus hijos ahí y a los fallecidos en el cementerio.

El peso de criar hijos en Venezuela es tal en estos momentos que muchas mujeres prefieren esterilizarse.

Un sábado de julio, poco después de que saliera el sol, un grupo de mujeres jóvenes vestidas con batas quirúrgicas esperaban para someterse al procedimiento durante un evento gratuito del hospital público José Gregorio, ubicado en Caracas.

El hospital dice que ha esterilizado a más de 300 mujeres. Ese sábado las veintiuna mujeres formadas para la operación, de entre 25 y 32 años, dijeron que ya tenían hijos y querían esterilizarse por la crisis económica. Cada una temía embarazarse de nuevo por la escasez de pañales, fórmula, leche y medicinas.

La crisis también ha resultado en una escasez severa de pastillas anticonceptivas y condones. Muchas de las madres en el evento de esterilización dijeron que sus embarazos más recientes no habían sido ni planeados ni deseados, pero que no tenían acceso a métodos anticonceptivos confiables.

Eddy Farías, estilista de 25 años, dijo que estaba nerviosa por la operación pero que su decisión era inamovible. Dijo que su sueldo en el salón, un empleo de tiempo completo, no era suficiente para criar como madre soltera a sus cinco hijos.

Es fuerte ser mamá”, dijo. “Si un niño se te enferma tienes que recorrer y recorrer los hospitales”, añadió. “Es una guerra de sobrevivencia en el día a día”.

Después de la operación dijo que, más allá del dolor por el corte en su abdomen, se sentía aliviada.

“Otra vez embarazada, eso sería ir otra vez a la guerra por los pañales”, dijo. “Es la guerra porque un paquete lo compras o bachaqueado”, añadió en referencia al mercado negro, “o tienes que madrugar haciendo colas aquí y colas allá, y que se cuela la gente”.

“Es una guerra con la comida, con los pañales, con todas las cosas personales de un niño”.

Sin comer para que sus hijos puedan hacerlo

Seis semanas después de que recortaran las alas de ángel de las cajas de CLAP para Kenyerber, su familia todavía luchaba con el hambre.

Su madre, María Carolina Merchán, dijo que ya solo pesaba 29 kilogramos porque se saltaba comidas para que sus otros cuatro hijos tuvieran algo más en el plato. Los trabajadores sociales dijeron que estaba muy desnutrida, al igual que su madre, la abuela de Kenyerber, y su hija de 6 años, Marianyerlis. La familia ha llegado a pasar hasta cinco días sin ingerir algo más que agua.

Marianyerlis sigue a Merchán por horas mientras llora, rogándole que le dé comida. Merchán se queda viendo hacia el piso mientras la niña solloza.

“Mamá, ¡tengo hambre!”, le dice.

Pesa entre 9 y 13 kilos según cuánto llega a comer.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC, por su sigla en inglés), las niñas de 6 años que pesan menos de 18 kilogramos están en el percentil más bajo del promedio de crecimiento infantil. Marianyerlis recientemente se desmayó tras no haber comido durante días.

La familia vive con otros parientes en un edificio de vivienda pública abandonado que no tiene agua potable ni tuberías, y cuya electricidad funciona con cableado improvisado. No es cómodo, pero su ingreso debe destinarse por completo a la comida.

A la derecha, María Carolina Merchán, la madre de Kenyerber y quien pesa apenas 29 kilogramos; su hija Marianyerlis, en el piso, la sigue a todas partes pidiéndole comida.

Los retratos de los niños cuando eran bebés, entre los bienes más preciados de la familia, adornan la pared. El único alimento en toda la casa es una bolsa de sal y un limón.

“Esto es una pesadilla”, dijo la hermana de Merchán, Andreína del Valle Merchán, de 25 años, al describir cómo los niños empiezan a vomitar, sudar frío y aletargarse después de días de no haber comido.

Su hija de 5 años ha perdido casi 5 kilogramos en lo que va del año y ahora solo pesa unos 7,5 kilogramos.

Se prevé que el sufrimiento de las familias venezolanas empeore en el 2018. Más allá de la previsión del Fondo Monetario Internacional respecto a la inflación, los observadores están preocupados de que el gobierno seguirá rechazando recibir ayuda por cuestiones políticas.

Es que si aceptan la ayuda, aceptan que aquí hay una crisis humanitaria y como Estado reconoces que tu población es vulnerable y, por lo tanto, tu política no sirvió”, dijo Susana Raffalli, especialista en emergencias alimentarias que trabaja como consultora para Caritas en Venezuela.

Según los críticos, el gobierno ha utilizado la comida como una manera de mantenerse en el poder.

Antes de las elecciones más recientes, la gente que habitaba en vivienda pública dijo que los visitaron representantes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) –los grupos que organizan la entrega de las cajas de alimentos provistas por el gobierno– y que los amenazaron con cortarles el suministro si no respaldaban al chavismo en las urnas.

Los familiares de Kenyerber no creen que vaya a mejorar la crisis económica. Temen que otro de los niños vaya a morir.

“Lo pienso día y noche y es lo que más me preocupa”, dijo Andreína.

Producido por Craig Allen, David Furst, Meghan Petersen, Andrew Rossback y Greg Winter.

Los látigos del hambre en Venezuela

Génesis Herrera (@genherr15), El Nacional Web

Eran muy delgadas, rondaban los cinco o seis años, tenían muchísima hambre. Parecían hermanas, compartían los mismos ojos enormes hundidos en unos rostros inocentes y sumamente demacrados que se tragaban toda la inocencia y la alegría que un niño debería tener en ese momento de su vida. Se estaban peleando por un muslo de pollo.

Jhonnairys Hernández se encontraba en el terminal Big Low de San Diego, estado Carabobo, el 4 de septiembre. La tarde comenzaba a caer y faltaba poco para que anocheciera. Hernández y su familia se dirigían a Caracas. Debían hacer un trasbordo y decidieron detenerse para comer en un establecimiento en el que vendían pollo. En el local no había mucha gente. Algunos murmullos inundaban los pasillos. Allí fue donde Hernández vio a las pequeñas.

La triste escena, que se había vuelto común en la vida diaria de todos los venezolanos, ocupó el resto de la tarde: cada una sostenía un extremo de la pieza y una de ellas intentaba morder un pedazo mientras la otra le gritaba “No, ya tú comiste”, bajando la cabeza para poder comer ella también. El hecho se grabó en la memoria de la joven para siempre.

“Sus huesos se marcaban en la ropa. Fue muy duro”, recordó.

Con el transcurrir de los meses, los casos de desnutrición en Venezuela se van replicando en todos los estados del país y el aumento parece ser imparable.

Para el año 2011, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de acuerdo al balance de su Examen Periódico Universal, informó que Venezuela se ubicaba entre los cinco países de la región con las cifras más bajas de desnutrición infantil en menores de cinco años de edad.

Entre 1990 y 2009, el índice de subnutrición disminuyó en 58%, pasando de 7,7% en 1990 a 3,2% en 2009.

Para finales de 2017 estas cifras parecen formar parte de una realidad ficticia, inalcanzable.

Un informe de la organización Cáritas Venezuela reveló en el mes de septiembre un incremento de la desnutrición infantil a raíz de la escasez de alimentos y la inflación más alta del mundo.

Las medidas para hacerle frente a esta situación parecen ser insuficientes o inexistentes, como señaló Jennifer Alfonsina, una madre desesperada que relató su historia.

Sentada en un consultorio del Hospital de Niños doctor José Manuel de los Ríos, ubicado en Caracas, sin haber desayunado, con una de sus hijas en su regazo y su hijo de pie a su lado, comenzó a contarle al equipo de El Nacional Web cómo era su situación.

Su hija menor, de dos años de edad, adormilada y mordiéndose el pulgar mientras ella la cargaba, presentaba un cuadro de desnutrición grave que apenas comenzaba a dar escasas señales de mejoría gracias al cuidado de los doctores de ese hospital.

Con una mano abrazaba con fuerza a su pequeña y con la otra acariciaba a su hijo, quien no se despegaba de ella ni por un momento.

“Mi niña empezó a perder peso, no gateaba, no alzaba la cabeza. Todo lo que hacía era dormir”, aseguraba Alfonsina, quien se quedaba pensativa por algunos segundos y trataba de animar a su hija. La madre explicaba en tono de disculpa que le daba lo que podía, usualmente arroz picado o yuca.

Para el año 2016 hubo un incremento y se tuvo registro de 110 pacientes, situación que encendió una primera señal de alarma y que se convirtió en una alerta atemorizante con las cifras del primer semestre del 2017, en el que los casos habían ascendido a 50.

La situación era compleja para todo el grupo familiar de Alfonsina, conformado por los dos pequeños que la acompañaban y una tercera hija mayor. El hambre, la angustia y un esposo ausente que la maltrataba y que no velaba ni siquiera por sus hijos, eran aspectos que la atormentaban diariamente.

“Yo siento que estoy luchando porque vengo al médico a traer a la niña. A veces vengo solo con una arepa en el estómago, un plátano, o nada”, dijo.

Ocasionalmente trabajaba vendiendo cigarrillos y café para poder mantenerse con “alguito”. La idea de perder a su hija la aterrorizaba, evitar ese escenario se había convertido en su motor de vida, la razón de su lucha.

En el centro asistencial le dan al paciente el sulfato de zinc, pero el resto de las vitaminas que los infantes necesitan las tienen que costear los padres. Soto indicó que es el Ministerio de Salud el que siempre se ha encargado de suministrar los alimentos y las vitaminas que los niños requieren, pero es una situación que ha cambiado. Ahora todos los insumos llegan al hospital a través de donaciones.

La doctora indicó que no solo registran casos de infantes con mala alimentación, sino también de sus padres, quienes han tenido que dejar de comer para darle lo poco que tienen a sus hijos.

Alfonsina, quien ya se iba del hospital con sus pequeños y que al momento de ponerse de pie dejó mostrar su torso delgado que parecía perderse dentro de un mar de ropa, dijo que no perdería la fe y que salvaría a su hija.

Muchas historias como la de esta madre llegan al área de trabajo de la doctora Soto, quién frente a esta situación hizo énfasis en que se debe manejar correctamente toda la información sobre este tema.

Explicó que la desnutrición grave es de tres tipos:

Primaria, cuando solamente es por falta de nutrientes.

Secundaria, cuando es por una enfermedad renal o cardíaca que tiene más demanda alimenticia.

Y mixta, que es cuando el paciente presenta una afección y no se poseen los recursos para darle la dieta y el tratamiento que requiere.

Además, señaló que los niños que acuden al centro asistencial no son desnutridos primarios solos, sino que generalmente llegan con alguna otra enfermedad como neumonía, cardiopatía o nefropatía, por lo que los males que afectan a los pacientes son mixtos.

La especialista también indicó que existe una suerte de ceguera frente a la realidad actual de la desnutrición infantil en el país. El Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional del Instituto Nacional de Nutrición (INN) era el encargado de informar sobre la situación, pero desde el año 2007 no publica las cifras y el único control que se tiene son los registros que elabora Cáritas en algunas comunidades venezolanas y que demuestran una tendencia que va en aumento.

Asimismo, alertó sobre el hecho de que 60% de los pacientes por desnutrición grave son lactantes, etapa sumamente importante para el crecimiento y desarrollo permanente del niño. Ese momento en la vida del infante es clave y recuperarse de una desnutrición en ese periodo es toda una dificultad que deben enfrentar los padres y para la que no están preparados.

Marisol Lore, de 23 años de edad, es otra madre a la que el hambre le ha tocado la puerta y se ha instalado en su vida y en la de su pequeño de 1 año y dos meses. Las noches en las que tuvo que acostarse a dormir sin nada en el estómago y con incertidumbre sobre qué le daría a su hijo la mañana siguiente, son innumerables.

Lore, quien vive en Catia, Caracas, aseguró para el equipo de El Nacional Web que desde hace un par de años no sabe lo que es tener una comida segura sobre la mesa. A veces come y la mayoría de las veces no.

Por las noches, la desesperación le llena el rostro de lágrimas y se siente inútil ante la situación de su hijo, quien llora desconsoladamente porque tiene hambre y ella no tiene nada más que agua para tratar de engañar al estómago de su pequeño.

Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres, aborda estos temas y advierte que Venezuela necesita con carácter de urgencia una serie de políticas públicas que atiendan lo que denomina como una etapa de inseguridad alimentaria severa.

La especialista indicó que con Cáritas Venezuela lleva el único monitoreo de desnutrición aguda que se hace a nivel comunitario, que son mediciones que se realizan cada dos semanas o cada mes en las parroquias de más bajos recursos.

En una entrevista para El Nacional Web, explicó que uno de los aspectos que más le preocupa es que los casos severos son muchos y siguen creciendo.

Destacó que cada vez hay más incapacidad a nivel institucional para solucionar esta problemática. A su juicio, esta situación debe ser tratada desde el comienzo, cuando se inicia el deterioro en las personas, pero esto es algo que no se ha tomado en cuenta.

“El Estado ni siquiera los ve, los ignoran. Dicen que no existen. ¿Cómo vas a resolver una emergencia que no quieres ver?”, sentenció.

Raffalli, con base en sus registros, señaló unas cifras que funcionan como un indicador para entender cómo se ha ido desarrollando la crisis alimentaria severa y cómo evoluciona de manera alarmante en todo el territorio venezolano, afectando sobre todo a quienes son más vulnerables ante esta realidad: niños, mujeres embarazadas, ancianos y los privados de libertad.

Indicó que 33% de la población infantil ya presenta retardo en el crecimiento y este es un daño tanto físico como mental que los acompañará toda su vida, es irreversible.

El problema de la crisis alimentaria perjudica a todos los componentes de la sociedad venezolana: adultos, ancianos, jóvenes y niños. Nadie parece poder escapar por completo de esta realidad abrumadora que a diario crece y que comienza a dejar daños permanentes en las generaciones futuras. “Todos los pasos que hacen posible que el alimento llegue a la mesa de cada venezolano están rotos y colapsados”, aseguró Raffalli.

El hambre como método de control

Frente a esta cruda crisis que atraviesa el país, es importante poder entender cómo funciona el hambre en la psicología del venezolano, por lo que en una entrevista exclusiva para El Nacional Web, Mikhael Iglesias, psicólogo e investigador social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó cómo el hambre se convierte en un instrumento de poder y control.

El 3 de abril de 2016, el gobierno de Nicolás Maduro creó Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como una medida para paliar el desabastecimiento que se aunaba a la creciente crisis económica y alimentaria en el país. Esta iniciativa se encargaría de la distribución de comidas, productos de higiene personal y limpieza del hogar de manos de las instituciones del Estado.

Ante este método, Iglesias explicó que solo se ha generado una relación de dependencia del Estado, donde se pierde la autonomía individual y colectiva. Dicha relación tiene su fundamento en el poder y el individuo queda completamente a merced de las políticas establecidas por el ente de poder, en este caso, el gobierno, que todo lo decide y lo controla.

El especialista explica que las necesidades básicas quedan atadas al que controla todos sus aspectos, es decir, el Estado. “Ellos son los que tienen el poder de decidir cuándo, dónde y qué comer”, afirmó.

“Una simple mención de esto hace ruido en la autonomía y en la libertad de los ciudadanos de nuestro país, Venezuela”, agregó.

El problema que atraviesan los venezolanos es agudo y se hace notar en casi todos los espacios de la sociedad. El psicólogo detalló que el hambre consigue atravesar todas las actividades de una persona y las altera, hecho que tiene un gran impacto en las relaciones interpersonales.

El tejido social comienza a fracturarse y eso que caracteriza al venezolano, como ofrecer café o comida a algún invitado, se vuelve una tarea imposible y de alguna manera la cultura comienza a desintegrarse.

¿Cómo actuar ante estos métodos de control?, es la pregunta que se plantea el investigador social. “Todo puede ser impredecible”, indicó.

Alertó que cuando el hambre se asienta, actúa como un narcótico, como un sedante, y sin notarlo, despacio, se naturaliza la miseria y la ceguera aparece.

Hacer cola para comprar, comer a medias, todo se vuelve algo “normal”. Poco a poco se va perdiendo la capacidad de soñar y de pensar en otras posibilidades para el país.

Iglesias indicó que el conflicto entre querer vivir una libertad y una democracia plena y sobrevivir está latente. A su juicio, hay que optar por fortalecer los vínculos comunitarios, familiares, laborales, escolares y todos los que sean necesarios.

“Si perdemos nuestros vínculos y se pierden las cosas que nos aglutinan como sociedad, ahí es cuando realmente se pierde el país, se pierde el norte”, expresó.

El oscuro papel de las cabezas del Complejo Editorial Maneiro

“Cabezas” (por Hugo su director) y “Coronado” (por Luis, mano derecha del anterior) son dos apellidos de evocación cefálica que se revelan claves en una trama de negociados tejida alrededor de la empresa que el Estado venezolano creó en el 2013 para centralizar los suministros de papel imprenta importado a medios y editoriales. La privatización tras bambalinas de su razón de ser, se consuma a través de redes de parientes en funciones ejecutiva, manipulación de las tasas cambiarias, vínculos con intermediarios privilegiados, y otras maniobras que permiten comprobar que el papel aguanta todo.

Roberto Deniz, ArmandoInfo

El Complejo Editorial Alfredo Maneiro (Ceam) nació hace poco más de tres años. Enclavada en Los Flores de Catia, en el oeste de Caracas, en su sede se decide –mediante la asignación de provisiones de papel imprenta- la suerte que corren desde periódicos longevos a nuevas empresas editoriales.

Comenzó como un sueño del comandante Hugo Chávez”, relató una voz en off de un video institucional de la empresa. Si acaso fue un sueño presidencial, cristalizaría con cierto retraso. Porque el decreto que dio origen al nuevo ente se expidió cuando ya habían pasado dos meses del deceso de Chávez y cuando Nicolás Maduro escasamente completaba su primer mes como mandatario.

La partida de nacimiento del Ceam está en la Gaceta Oficial número 40.168 del 16 de mayo de 2013. Entonces quedó adscrito al Ministerio de Comunicación e Información (Minci) y alineado a la superestructura del Sistema Nacional Bolivariano de Información y Comunicación (Sibci), a cargo de la “producción, distribución y comercialización de diversos productos impresos, destinados a la información, divulgación, propaganda y publicidad, tales como: periódicos, libros, revistas, folletos, afiches y afiches desplegables, tanto para el consumo nacional como para la exportación”.

Por disposición presidencial, el Ceam también quedó facultado para participar en la “fabricación, comercialización, importación, exportación, modificación y restauración de insumos, partes, piezas y equipos de impresión y reproducción” justo cuando los periódicos independientes y la industria gráfica empezaban a tambalearse por la imposibilidad de importar papel y otros insumos por los retrasos de la antigua Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a la hora de pagar los dólares.

Hugo Cabezas, presidente del Complejo Editorial “Alfredo Maneiro”

Era el comienzo de un negocio monopólico, manejado con opacidad y dirigido desde sus inicios por Hugo Cabezas, ex gobernador del estado de Trujillo, ex ministro del despacho de la Presidencia y ex director de la antigua Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex).

“Hemos decidido simplemente abrogarnos y adherirnos al derecho que nos da el ser una sociedad anónima que simplemente se reserva el derecho de venderle papel periódico a quien consideremos sea nuestra prioridad, no prioridad de Hugo Cabezas, sino prioridad por el tiraje que tengan estas instituciones”, declaró Cabezas en abril del 2016.

El funcionario reaccionaba a la sorpresiva inspección a las instalaciones del Ceam realizada por diputados de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional (AN), desde enero dominada por la oposición.

Pero en su respuesta no está toda la verdad detrás de las actividades del Ceam y del negocio del papel, que en Venezuela podría suponer más de 100.000 toneladas anuales.

Esta familia coronó

El control estatal de la importación de papel levantó un mercado paralelo o de bachaqueros, como reveló una investigación publicada en febrero del 2016 en Armando.info. (http://armando.info/historias/6011=el-papel-prensallega-a-las-redes-de-los-bachaqueros).

Nuevas evidencias permiten comprobar que no se trata de una simple distorsión espontánea en el sistema, sino de un esquema conectado a las cabezas del Ceam. Pero ni en febrero ni ahora, ese ente o el propio Hugo Cabezas han atendido a los llamados que solicitan respuestas sobre estas y otras irregularidades.

Propietarios de periódicos, empresarios de la industria gráfica, impresores y directivos de editoriales, reconocen que desde el año pasado irrumpieron en el mercado empresas “desconocidas” que ofrecían el papel importado por el Ceam.

Son varias y aparecen repentinamente intentando dejar pocos rastros. “Llamaban directamente a los dueños o jefes de compra de los medios”, aseguró un propietario de periódico.

Una de esas compañías fantasmales es Proyectos y Ejecuciones Guian C.A, domiciliada en Maturín, estado de Monagas.

El expediente de la empresa que yace en el Registro Mercantil indica que está dedicada a la “explotación mercantil del ramo de construcción de obras de ingeniería civil, movimientos de tierra, drenajes, proyectos, cálculos, estudios topográficos, urbanismo, puentes, pilotajes, mantenimiento básico de edificaciones, plazas, avenidas, vías rurales, plantas de tratamiento de aguas, viviendas, edificaciones industriales, obras civiles menores, refractarios, soldadura en general, electricidad industrial, transporte de equipos, productos, enseres y materiales, alquiler de vehículos, y transporte de personal, alquiler de todo tipo de maquinarias, servicios de mantenimiento y reparación de obras civiles, pintura, desmonte, reforestación y jardinería, recolección de basura, impermeabilización, mantenimiento y reparación química de tanques y en general cualquier otra actividad de licito comercio o relacionado con lo anteriormente descrito”.

Pero a finales del año pasado a las cuentas bancarias de Proyectos y Ejecuciones Guian C.A ingresó dinero proveniente de empresas necesitadas de papel prensa y otros tipos de papel traído por el Ceam.

Los depósitos no son casualidad. Proyectos y Ejecuciones Guían C.A está relacionada con Luis Coronado Viaje, hombre de confianza de Hugo Cabezas y directivo del Ceam hasta enero de este año, de acuerdo a los registros en línea del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

“Luis Coronado era la mano derecha de Hugo Cabezas”, coinciden varios empresarios que dependen de los despachos del Ceam. Los apellidos Coronado Viaje se repiten en uno de los socios de Proyectos y Ejecuciones Guían C.A. Se trata de Ana Coronado Viaje, quien actualmente es la vicepresidenta de la empresa.

El otro socio y presidente de la compañía es Luis Guillermo González Regardiz, que también tiene una sociedad con Luis Coronado Viaje, Raquel Coronado Viaje y Rubén José Coronado Viaje, los tres ligados al Ceam y Hugo Cabezas desde hace tiempo, en la Cooperativa Coronela Manuela Sáenz R.L.

La cabeza sabe lo que hacen las manos

Varios datos confirman la cercanía de los Coronado Viaje y Hugo Cabezas. Luis Coronado Viaje fue director de finanzas de la Gobernación de Trujillo en la gestión de Cabezas entre 2008 y 2012.

Raquel Coronado Viaje fue directora de recursos humanos de la Gobernación y Rubén José Coronado Viaje dirigió la Fundación Regional Niño Simón, dependiente del gobierno regional. Años después los tres llegarían al Ceam de la mano del mismo Cabezas. Raquel Coronado Viaje figuró como directora suplente del Ceam en la junta directiva que se oficializó el 22 de julio del 2013 (Gaceta Oficial 40.212), poco más de un mes después de que el entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, designara a Hugo Cabezas como presidente del organismo recién creado.

Rubén José Coronado Viaje ingresó al Ceam el 1 de febrero de 2014, de acuerdo al IVSS, mientras que Luis Coronado Viaje, comenzó desde 2013 en la Oficina de Administración y Finanzas del Ceam, tal y como recoge la Memoria y Cuenta de ese año del Minci.

En enero del 2014 Nicolás Maduro nombró a Hugo Cabezas como ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. “He decidido convocar a un hombre que lo conocí hace muchos años en las luchas estudiantiles, sociales, y que fue un extraordinario ministro de la presidencia del presidente Hugo Chávez en su momento, se trata de Hugo Cabezas, ex gobernador de Trujillo, y le he dicho que asuma el ministerio de la presidencia”.

Su designación como ministro apareció en la Gaceta Oficial número 40.330 del 9 de enero de 2014. En cuestión de días, y en su doble condición de ministro y presidente del Ceam, tomó decisiones que beneficiaron a los Coronado Viaje.

El 22 de enero nombró a Raquel Coronado Viaje como directora general de la Oficina de Recursos Humanos del ministerio, el 31 de enero el Ceam pasó del Minci al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gobierno – justamente bajo responsabilidad de Cabezas- y el 11 de febrero ascendió a Luis Coronado Viaje al puesto de director general de Operaciones del Ceam.

El bachaqueo por las coimas

De acuerdo al testimonio de los empresarios que prestaron sus testimonios bajo condición de reserva de sus nombres, el pago a Proyectos y Ejecuciones Guian C.A funcionaba como una especie de “coima” , “comisión” o “alcabala”.

El papel que trajo Maneiro comenzó a regarse, es el mismo fenómeno del bachaqueo” , sostuvo una de las fuentes consultadas.

Explicó que el precio del papel era “bastante más elevado” que el fijado por el Ceam, pero “más barato que calculado al dólar paralelo” , lo que hacía atractivo el intercambio. “En el último trimestre del 2015 comenzó lo del pago por fuera, las coimas”, insistió.

A Proyectos y Ejecuciones Guian C.A el negocio parece haberle funcionado. El 3 de diciembre del 2015 el capital de la compañía ascendió a 3,135 millones de bolívares –unos 3.000 dólares, al cambio paralelo del mercado negro-, un incremento de 2.222% con respecto a los135.000 bolívares –unos 135 dólares a la parida negra de 2016- con que se fundó el 3 de julio de 2007.

“Hubo periódicos que hacían negocios a través de Luis Coronado Viaje, tenía contactos con los periódicos”, reconoció un directivo de un medio impreso. A Luis Coronado Viaje se le contactó para conocer su versión, pero desechó esa posibilidad indicando que estaba fuera del país.

Un propietario de periódico también reconoció el esquema de reventa. “Nos llamaban empresas desconocidas ofreciendo el periódico, el papel importado por Maneiro, a un precio mayor al de Maneiro, pero menor al del mercado del dólar libre, ¿Cómo tenían acceso a ese papel?”, se preguntó.

Los intermediarios de Panamá y Miami

En el negocio del Ceam hay más intermediarios. Son los que adquieren el papel a las papeleras en el exterior, especialmente canadienses, y luego se lo revenden a la compañía estatal. “El Ceam no hace licitaciones internacionales”, precisó un empresario.

El registro fotográfico de la inspección que realizaron los diputados de la AN a las instalaciones del Ceam, arrojó algunas pistas.

En las etiquetas de las bobinas de papel almacenadas está el nombre de la importadora: Morichal Corp. Morichal Corp fue registrada en Panamá en el 2007 con un capital de 1 millón de dólares por el bufete Rodrigo Molina Ortega y Asociados, una firma legal que al estilo de la ya famosa Mossack Fonseca, cuyos documentos se filtraron en la investigación periodística Panamá Papers, se dedica al registro de empresas para clientes que buscan los beneficios fiscales del istmo.

Quienes hacen las veces de directores de esas empresas suelen ser empleados del agente registrador, quien cobra por ese servicio, pero siempre a nombre de un beneficiario final (beneficiary owner) que suele permanecer oculto.

En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) venezolano, Morichal Corp aparece inscrita como una sociedad extranjera “sin domicilio ni filial en Venezuela” y apenas cuenta con un trabajador en su nómina. La persona de contacto y el nombre detrás del número telefónico venezolano que aparece en las facturas emitidas por la empresa panameña al Ceam, es Thierry Dumoulin Pereira.

En diciembre del 2014 el presidente del Ceam convocó a los empresarios de la industria gráfica a una reunión en el Hotel Eurobuilding, en Caracas, y les pidió “prepagar” en bolívares la importación de la mercancía que Dumoulin Pereira y Morichal Corp había negociado frente a los proveedores canadienses.

Las facturas prueban que en agosto del 2015 Morichal Corp vendió al Ceam “papel recubierto brillante (glasé)” por un valor de 1.195 dólares la tonelada y que en enero de este año le despachó papel bond de distinto “gramaje” en 1.250 dólares la tonelada, en una factura que suma casi 4,2 millones de dólares.

Aunque en los mercados internacionales los precios varían según las cantidades a comprar, las condiciones de pago, y la disponibilidad y procedencia del producto, varias fuentes consultadas coinciden en que esos precios de Morichal Corp son elevados.

“Esos productos comprados a las papeleras debieron salir entre 600 y 800 dólares por tonelada”, apuntó una fuente.

Carlos Prosperi, uno de los diputados que visitó en abril de este año las instalaciones del Ceam como integrante de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, también sospecha que los intermediarios encarecen la compra.

“Lo que llegamos a creer y presumir es que hay un gran sobreprecio y por eso se les compra a los brokers e intermediarios, y no directamente a los molinos en Chile o Canadá”.

Morichal Corp no estaba en el negocio, asumió eso por contactos con el gobierno”, señaló otro de los empresarios de la industria gráfica nacional.

El historial empresarial de Thierry Dumoulin Pereira, muestra que durante años ha sido proveedor de numerosos organismos públicos mediante la Asociación Cooperativa La Fuente 4598699 R.L, de la que fue socio fundador en el 2004.

Según el RNC, entre 2005 y 2011, esa cooperativa -cuyo promedio anual de trabajadores es de apenas 5 personas- suministró a entes como el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Interior y Justicia, el Seniat, la Alcaldía del Municipio Libertador, la Universidad Bolivariana y la Corporación Venezolana de Petróleo, entre otros, productos de limpieza, papel higiénico, electrodomésticos, equipos electrónicos y aires acondicionados.

También se encargó de realizar obras como la “recuperación de la plaza Martí” en el centro de Caracas, la construcción de un galpón en la instalación militar de Fuerte Tiuna y la “recuperación integral de módulos de Barrio Adentro”, por citar algunas.

De acuerdo al expediente que reposa en el Registro Público, Dumoulin Pereira renunció a la Asociación Cooperativa La Fuente 4598699 R.L en marzo de 2010. No obstante, en el IVSS está registrado como trabajador de la cooperativa desde el 8 de abril del 2016.

Las oficinas de la Asociación Cooperativa La Fuente 4598699 R.L y Morichal Corp, el proveedor de papel para el Ceam, también parecen estar conectadas por su ubicación. Ambas están en el piso 14 de la Torre Miranda del Edificio Multicentro Empresarial del Este, en Caracas.

Además de Morichal Corp, el Ceam le ha comprado papel prensa, al menos, a otro intermediario. Se llama FS Paper Trading, está domiciliado en Coral Springs, en la ciudad de Miami, y su propietario es el venezolano Frank Siegel, relacionado con una familia que durante años se ha movido en el negocio de la importación de papel prensa.

De acuerdo a una factura emitida por la papelera canadiense Resolute Forest Products, FS Paper Trading compró en agosto del año pasado 4.010 toneladas de papel prensa en 600 dólares cada una destinada para revender al CEAM.

“Tanto que criticamos al imperio, tanto que hablamos de los Estados Unidos y resulta que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro le está comprando a unos brokers que están dentro de los Estados Unidos, lo que nos lleva a pensar es que hay un gran negocio con el papel prensa”, criticó el parlamentario.

Aunque las restricciones económicas de Venezuela han obligado a numerosas empresas a trabajar con la figura de los intermediarios para poder comprar en el exterior, los manejos del Ceam levantan sospechas en el sector.

Si se trae el producto de Canadá, por qué lo negocian con un trader en Panamá o en Miami. ¿Qué molinos hay ahí para comprar el papel periódico en esos países?”, observó uno de los empresarios consultados.

Añadió que una compañía que atiende la demanda de unos 150 periódicos, entre estatales e independientes, podría negociar directamente con las papeleras mejores precios sobre la base de ese volumen.

Propietarios de periódicos que han logrado comprar papel prensa al Ceam, indicaron que en los últimos meses el precio rondó los 20.000 bolívares por tonelada, pero Hugo Cabezas anunció en marzo pasado que la tonelada de papel prensa se elevaría a 47.754 bolívares, debido a los efectos de las sucesivas devaluaciones del bolívar.

“Sabemos que de acuerdo a las últimas facturaciones de Maneiro, el kilogramo de papel estaría en 42 bolívares; cuando uno multiplica y divide eso, nos da un monto por el orden de 4.000 y pico de dólares por cada tonelada, es un monto exorbitante” , denunció el diputado Prosperi.

Jugando con el diferencial cambiario

El desconcierto cambiario de la economía venezolana, le ha permitido al Ceam jugar con los precios y cotizaciones para sus clientes.

“Nosotros importamos a 13 bolívares y nacionalizamos a 200 bolívares”, dijo Hugo Cabezas, según reseñó el Correo del Orinoco el 2 de marzo de este año, tras reunirse con algunos dueños de medios impresos y anunciar ajustes en los precios de la tonelada de papel prensa.

Pero las Declaraciones de Aduana (DUA) relacionadas con las facturas de Morichal Corp, incluyendo una de enero del 2016, muestran que el tipo de cambio utilizado para nacionalizar la mercancía fue el preferencial de 6,30 bolívares por dólar. Los empresarios de la industria gráfica lo saben.

A finales del 2014 acordaron con el Ceam “prepagar” en bolívares una mercancía al tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar. La carga debía llegar en los primeros meses del 2015, pero no fue sino hasta agosto de ese año cuando empezaron a recibir parte de los pedidos.

Para entregar la mercancía, el Ceam exigió el pago de un diferencial que estaba asociado al uso de un nuevo tipo de cambio en la importación, aunque el producto fue comprado a 6,30.

“Inicialmente el papel se compró a 20 bolívares por kilo, pero luego recalcularon a más de 40 bolívares por kilo. Según la Declaración de Aduana se adquirió a 6,30, no se justificaba el aumento, aunque aún era a un precio por debajo del dólar paralelo”, detalló uno de los empresarios que participó de la negociación.

Las cotizaciones envidas por el Ceam a las compañías muestran que en diciembre del 2014 la tonelada de papel bond se había fijado en 18.765 bolívares y que para julio del 2015, cuando el Ceam comenzó a entregar la mercancía, el precio de los mil kilogramos de papel bond se había disparado a los 44.286 bolívares.

Mientras decenas de periódicos han dejado de circular definitivamente en los últimos meses y otros tantos han sufrido recortes en su circulación. o se han visto obligados a reajustar su diseño para sobrevivir en el mercado, el rol oficial del Ceam en el manejo del papel prensa continúa.

En septiembre llegarán al país poco más mil toneladas de papel prensa que Morichal Corp, el intermediario registrado en Panamá, compró en Canadá como parte de una negociación que alcanzaría las 30.000 toneladas para abastecer el mercado en los próximos meses.

Imágenes vía web.

Los oscuros negocios en la Cantv

Hermilis Guerrero, Nueva Prensa de Guayana (06-03-2015)

La necesidad de obtener una línea telefónica, principalmente por requerir el servicio de Internet, ha contribuido a la conformación de una verdadera “mafia organizada” que trabaja con algunos técnicos corruptos, ex empleados de la empresa y personal capacitado.

El extenso tiempo de espera -que en casos puede hasta exceder los 3 años para lograr la adjudicación de un número- viene poniendo “contra la pared” a muchos residentes, empresarios y comerciantes, a quienes urge el servicio para activar computadoras, puntos de venta y teléfono fijo.

Entre las irregularidades que más denuncian sobre Cantv, se encuentran los “chanchullos” y “palancas” a los que se tiene que recurrir para acelerar la adjudicación de líneas; asimismo la lentitud en el Internet, es otra de las fallas que critican los usuarios.

De manera extraoficial se conoció que cobran entre 18 y 25 mil bolívares para la venta ilegal de la línea, no obstante no existe ninguna garantía de durabilidad del servicio.

El supervisor de la oficina comercial ubicada en Alta Vista en Puerto Ordaz, George Ramírez, informó que el lapso para obtener el servicio de telefonía “no se puede manejar”, puesto que no todas las direcciones se prestan para instalar una línea.

Existen personas que vienen a solicitar una línea donde no hay ni redes. El tiempo de espera puede variar de acuerdo a la disposición técnica para prestar el servicio”, expresó.

En relación a las ofertas que se dan en la calle por las diferentes personas que se presten para ofrecer líneas de manera ilegal, …los ciudadanos que realicen ese tipo de operación corren el riesgo de ser estafados”, comentó Ramírez.

Asimismo, el representante aseguró que “la empresa que maneja la disposición técnica, es un departamento de asignación, después de realizar un pago que empiece a generar esas solicitudes, ya sea de adjudicación o cambio de residencia, Cantv las va a registrar en la primera factura que emita”.

Cuando la empresa detecte alguna irregularidad, se encuentra en el deber de eliminar esa operación, al igual que sancionar la parte técnica y anular el derecho a reclamo que pueda tener el suscriptor por prestarse a un acto ilícito.

Ante la situación del cobro de llamadas a larga distancia y a otros números desconocidos, que los usuarios rechazan, Ramírez sostuvo que “hubo un tiempo en que personas inescrupulosas violentaban los armarios ADS y realizaban conexiones para llamadas; sin embargo, esa irregularidad fue solventada”.

Con respecto a las deudas que dejan algunos clientes de la empresa de comunicaciones, el monto queda registrado en el número de cédula del suscriptor y no en la línea; es decir, que la persona que adquiera de manera legal el servicio, no deberá pagar por pagos pendientes de antiguos adjudicados.

De igual modo, el líder de la sede de Cantv informó que para comprar un equipo de telefonía, el cliente debe visitar la oficina comercial para hacer la solicitud. El usuario tiene dos opciones para pagarlo: de contado o cargado a la facturación de su línea telefónica.

Oficinas y requisitos

Para optar por el servicio de telefonía, los venezolanos deben dirigirse a cualquiera de las oficinas comerciales, llevar la copia de la cédula de identidad, presentar la dirección exacta del lugar donde se desea la instalación del servicio, dar un número de teléfono de contacto y un número local de referencia; este último es necesario para saber qué puerto se encuentra cerca y verificar la disponibilidad.

Beneficios

Con la línea telefónica tradicional, Cantv ofrece llamadas locales, nacionales e internacionales, 0500, 0501, 0800, 0900 y teléfonos celulares.

Asimismo, planes locales postpago o prepago, para elegir el que mejor se adapte a las necesidades de los usuarios. También, planes de descuento para llamadas de larga distancia nacional y larga distancia internacional.

Igualmente, los clientes pueden contar con beneficios complementarios para saber quién llama antes de contestar y mantenerse comunicado con buzón de mensajes, entre otros.

Además del servicio de telefonía, los venezolanos pueden disfrutar de conexión a Internet, afiliándose a cualquiera de los planes: Aba o Internet básica.

Usuarios opinaron

Geraldin Villalba: “El servicio que ofrece Cantv es pésimo, algunas ocasiones las líneas se caen y el Internet a veces se cae y es muy lento. Si se te daña el módem por mala suerte tienes que esperar como tres meses para poder comprar uno porque nunca hay. Además, en las oficinas de algunos centros los que atienden les venden a quienes les da la gana”.

Elina Bello: “Es una estafa para obtener una línea fija Cantv te cobran de 5 mil en adelante si no, no hay línea”.

Linna Rondón: “Es lamentable todo esto, pero yo no puedo decir lo mismo, porque cada vez que he solicitado algún servicio de Cantv he tenido buenas repuestas y muy buenos beneficios. Hace casi un año compré una casa nueva, solicité una línea y en 2 meses me la dieron fija”.

Katushka Cabello: “Coloqué la línea con palanca, un trabajador de allí me ayudó. Pero el Internet es pésimo, lento, se cae, hasta más de tres días sin el servicio”.

Moisés Madrid: “Pues el servicio de telefonía es bueno, pero no puedo decir lo mismo del Internet. Los servicios menores a 3G son nefastos, para conseguir módem, antenas y teléfonos tienes que pagar 20 veces el precio establecido”.

Gonzalo Gutiérrez: “La Cantv se transformó en uno de los sindicatos del crimen organizado más grandes y millonarios del país. Solicité una línea y me estaban cobrando 15.000 bolívares por el cupo; es decir por la opción. Una vez aprobada la solicitud debía pagar otra suma no determinada”.

Adrián Manrique: “Con respecto a la solicitud de línea siempre dicen que no hay línea. Son incapaces de verificar el estado de las líneas por zona, entonces para mi es excusa el que siempre digan lo mismo. Ya tengo varios años intentando y nada que puedo tener la línea telefónica directa aquí en casa, pero bueno así son las cosas”.

Trino Marrero: “En mi zona lo único malo es que ‘no hay números para clientes nuevos’. Lo puse entre comillas porque son palabras textuales de la gente de Cantv al momento de hacer una solicitud de línea residencial”.

José Ferrer: “Tengo 5 años esperando por línea asignada y seguiré en espera”.

Yannelis Quintero: “El servicio es bueno pero podría ser excelente. Tengo tres meses que me mudé, solicité cambio por mudanza y hasta el momento nada. Lo que me dicen es que no hay servicio técnico, que deposite mi línea que no pueden hacer nada más”.

Milagros Navarro: “Tengo 3 años esperando que me vayan a poner la línea desde que hice la petición y nada”.

Denuncias

La empresa coloca a disposición de los venezolanos que deseen realizar una denuncia, los números de atención 155 y 0800Cantv00 y la cuenta en redes sociales @ContactoCantv.

Hacer colas para comprar comida se ha tornado de alto riesgo

Dulce María Rodríguez, El Nacional

“Nos sacaron de nuestros supermercados. Ya no podemos comprar en los comercios que nos eran habituales, a los que hemos acudido por años”, contó Carmen Landaeta, vecina de El Cafetal, refiriéndose a los bachaqueros.

Aseguró que no ha vuelto a ir al supermercado, en el centro comercial Caurimare, porque la golpearon por avisarle al vigilante que un grupo de bachaqueras se estaba coleando.

“Me amenazaron y me persiguieron hasta el carro. Allí me cayeron a golpes por ‘sapa’, dijeron, y se llevaron mis compras”.

Dijo que hizo la denuncia ante la seguridad del centro comercial, pero le respondieron que lamentablemente eso pasaba todos los días y que no podían impedirles el acceso.

En el centro comercial Vizcaya Marta Singer vivió una situación de pánico y zozobra al quedar encerrada en un supermercado. Refirió que una mujer amenazó con una navaja a una cajera porque no le permitió pasar la compra de productos regulados y los clientes corrieron hacia los pasillos.

Aunque los vigilantes actuaron y lograron sacar a la bachaquera, junto con otras personas intentó entrar por la parte de atrás.

“Hicieron disparos al aire y nosotros, aterrados, estábamos dentro del supermercado”, agregó.

Luego llegó la policía y se los llevaron. Sin embargo, todo el centro comercial cerró y ella decidió no volver a ese supermercado, al que acudía frecuentemente.

Mary Salazar describió que el “modus operandi” de algunos bachaqueros en el centro comercial Macaracuay Plaza la alejó de allí porque consideró que su vida estaba en riesgo.

Narró que un día se fue muy temprano a hacer la cola de productos regulados y entró en la lista de los primero 50 clientes. Al rato llegó un grupo de bachaqueros y uno de ellos se subió la camisa para mostrarle a los vigilantes la pistola que llevaba en la cintura.

“Entraron primero que los que teníamos horas en la cola y nadie se atrevió a decir algo porque a nosotros también nos enseñó la pistola”.

Consumidores afirmaron que reconocen a las personas que van con la intención de provocar violencia en las colas por su forma de actuar, vestir y hablar.

“No son vecinos de la zona, ni gente humilde que viene a buscar comida. Portan armas de fuego o navajas y no le temen a la autoridad”, expresó Salazar.

La violencia, además, ha adquirido otro matiz según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

En su último informe señaló que entre enero y febrero de 2016, documentaron 64 saqueos o intentos de saqueo por falta de alimentos.

Precisó que en febrero se reportaron 41 saqueos, el número más alto en los últimos 12 meses.

También destacó que 81% de los hechos vandálicos fue en contra de transportes de alimentos o bebidas mientras cubrían sus rutas de distribución.

“El 19% restante fue contra centros de expendio de alimentos, depósitos y otras instalaciones”, señaló el Observatorio.

Ventas por el suelo

Algunos comerciantes de los centros comerciales Caurimare y Macaracuay Plaza coincidieron en que sus ventas han descendido 80% por la presencia de bachaqueros en las instalaciones.

“Los vecinos les tienen pánico y al ver las colas no pasean por el centro comercial ni vienen a comprar”, afirmaron.

Maria Betancourt, dueña de una tienda de ropa para dama en Macaracuay, dijo que a todos los que trabajan allí los han despojado del celular o la cartera y les han robado mercancía pequeña.

“Nosotras también nos sentimos aterrados y cerramos más temprano cuando la cola es muy larga para evitar el riesgo”, manifestó.

Señaló que entre las 12:30 pm y las 3:00 pm, cuando se apagan las luces de los pasillos, los ascensores y el aire acondicionado por el ahorro de electricidad, hay toque de queda en las tiendas.

“Algunos bachaqueros aprovechan la oscuridad para robar a los clientes, también para orinar y dejar sus excrementos en los pasillos”, contó.

Betancourt agregó que sacaron la fila de compradores para afuera del centro comercial porque las instalaciones están destruidas.

“Han roto las piezas sanitarias de los baños, rayado las paredes y dejan restos de bebidas y comida tiradas por todos lados”, aseguró.

Un aviso colocado en el Centro Comercial Caurimare dice:  “Se prohíbe la permanencia de personas frente a los locales comerciales”. Y en las fachadas de las tiendas hay notas en las que se lee: “No se guardan bolsos” y “No se presta el baño, no insista”.

Helena Barrios, propietaria de una juguetería, indicó:

“Es muy duro trabajar con temor de que te van a robar o a agredir”.

Refirió que ha recibido todo tipo de insultos por no prestar el baño, los vigilantes son amenazados con armas todos los días y hasta han secuestrado a personas en el estacionamiento.

Barrios relató que en la zona viven muchas personas de la tercera edad que valoraban la cercanía a los comercios; pero ahora lo consideran una desgracia. Pero aun en presencia de la Guardia Nacional Bolivariana en los establecimientos, los consumidores no se sienten seguros en las colas.

José Gregorio Tovar indicó que en el Unicentro el Marqués por el racionamiento eléctrico retrasaron a las 12:00 m la hora de apertura. Sin embargo, la cola para el supermercado y la farmacia igual se forma desde la madrugada.

“A mediodía la gente ya esta desesperada de aguardar debajo de sombrillas, malhumorada e incontenible. El miércoles pasado pedían con rabia que agilizaran el proceso de acceso a la tienda y el ambiente era tenso”, relató.

“Son hechos aislados”

Claudia Itriago.

Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines, señaló que las largas filas en las tiendas o supermercados han generado inconvenientes.

“Son hechos aislados, que a veces se salen de las manos, pero que deben haber sido atendidos por el personal de seguridad de los centros comerciales”.

Aclaró que los establecimientos Macaracuay Plaza y Caurimare no están afiliados a Cavececo.

“Los agremiados a la cámara ofrecen a su personal de seguridad programas de capacitación y se mantienen en comisiones todo el año para desarrollar nuevas tácticas y estrategias a fin de solventar los inconvenientes que pudiesen presentarse, explicó.

Dijo que trabajan en coordinación con las policías municipales para el control de los incidentes irregulares.

 

 

En Guayana la muerte se baña en oro

Clavel Rangel, Revista Clímax. Fotos: Germán Dam Vargas

En los últimos seis meses 41 personas han muerto en enfrentamientos por el control de las minas del sur del estado Bolívar. Mientras Minerven opera a un 16 % de su capacidad, delincuentes y mineros se ufanan de multiplicar por 10 la producción de la empresa estatal aurífera. Pero riquezas que, a juzgar por los datos del Banco Central de Venezuela, no se quedan en el país. Al cierre del 2013, el aporte del sector minero al PIB cayó 21%.

Esa noche celebraron como nunca. Cada balazo retumbó en las montañas de oro y los casquillos cayeron como una lluvia de granizo sobre la tierra de Caolín. El asesinato de Yorman Márquez, mejor conocido como el “Gordo Bayón”, el lunes dos de junio, se supo primero en las minas de Guasipati, al sur oeste del estado Bolívar, donde la señal telefónica es casi imposible.

A 15 horas de carretera desde Caracas, entre las minas Caolín y Cicapra, una llamada prendió la parranda en las galerías artesanales y, más aún, en la última barraca, loma arriba, en aquella alta guarida de madera y plástico.

“El Menor”, un minero ilegal, fue el primero en enterarse de la muerte de su último contrincante y rival en los negocios: Márquez, quien estuviera implicado en extraños tejemanejes en los sindicatos de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, SIDOR, y con una causa penal abierta por homicidio.

“Le di hasta en la madre”, le aseguró “El Pelón”. El hombre que, en la avenida Francisco Fajardo, cerca del Hotel Alba Caracas, dejó sin aliento a Yorman.

“Bayón”, sospechoso de un triple homicidio y otros asesinatos más que la policía nunca registró, había intentado apoderarse de todos los yacimientos de oro que van desde Guasipati, El Callao y el kilómetro 88; filones que por el Decreto 8.683 pertenecen al estado venezolano —pero en los hechos el dueño es quien más se haga respetar.

Con su gente y a tiro limpio, “Bayón”, aquel flaco como una escoba, alto, moreno, de corte bajo y lentes de pasta, consiguió hacerse de la mina Las Vainitas, dejando a su rastro una rivalidad que en los últimos seis meses cobró más de 41 vidas y diversificó las vacunas en toda la cadena ilegal de explotación.

El incremento de los precios del metal en 500 por ciento en la última década atrajo no sólo a las bandas sino también a cientos de pobladores del centro occidente del país. Vieron en la minería de pico y pala la oportunidad de un mejor futuro —aunque eso a veces signifique quedar atrapado en la línea de fuego.

Los lugareños del sur de Venezuela calculan que fue hace un año cuando la delincuencia se apoderó de los pueblos.

“Esto está imposible. Pura matazón y nadie hace nada. Hace tiempo un alumno salió de la mina con tanto dinero que le dio para comprarse una finca y un carro del año”.

“El muchacho no pagó vacuna y ahora lo andan buscando”, cuenta Juana, una mujer dedicada a la artesanía que entre sorbos de café confiesa haber deseado nacer en otras tierras. “El oro es nuestra maldición”.

Y de esa guerra hay rastro hoy. Sobre la tierra color ladrillo decenas de casquillos dorados se confunden con la riqueza de ese suelo. Entre los arbustos del kilómetro 45, el sol tuesta la piel, como a una concha de naranja. Sobre esa montaña de Caolín, la brisa cálida entra por los agujeros que uno de tantos enfrentamientos dejó en los techos de cinc.

—Eso fue la última guerra, como dos horas de tiro trancao, varón —comenta “El Menor”.

“El Menor”, un hombre retaco, de 38 años, amarillo como un apio, conoció a Cristo cuando “le sembraron” dos kilos de cocaína. Desde entonces es adventista. Tiene casa por cárcel en Guasipati, pero este miércoles se estira sobre lo alto de la montaña para recibir a la visita.

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Se llega a Cicapra casi por casualidad. Sin una referencia sería imposible atravesar más de tres alcabalas que cercan los perímetros de al menos tres de las cuatro minas más populares del sur: Cicapra, Florinda, Caolín y Campanero. Atrás, en la plaza Bolívar de Guasipati, en el municipio Roscio, los vecinos esperan la pick up que los lleva. Doscientos bolívares hasta el río Yuruari, 800 ida y vuelta.

Son casi dos horas hasta el río, que en temporada alta se atraviesa en balsa, y cuando comienza el verano en camioneta sin problema. Después de sus aguas, tres adolescentes con escopetas y pistolas automáticas arman la primera alcabala. Son parte de la base, un grupo de 100 hombres armados que custodian los perímetros de la mina.

Es también en ese camino, donde el asfalto termina, en el que decenas de cadáveres han quedado tiroteados o quemados. En noviembre del 2013, la policía halló dos cuerpos calcinados con balazos en la cabeza. El señor Vedy Chirinos apareció muerto allí, y su hijo tuvo que transitar esa trocha con el cadáver de su padre acuestas; porque “la base” no permitió la entrada ni de la policía ni del cuerpo de investigaciones.

—A los únicos que le dieron permiso de pasar fue a mí, a mi hijo y a mis dos hermanos. Varios hombres armados nos escoltaron hasta donde estaba mi esposo. Tuvimos que atravesar un río, envolver el cuerpo en bolsas negras, porque estaba muy descompuesto, cargarlo y caminar varios metros —contó Ligia, la esposa de Vedy, en noviembre de 2013.

“Ahora con la muerte de ‘Bayón’ la cosa está calmada”, desliza una de las hermanas de “El Menor” que, para la sazón, carga con cajas de margarina, aceite, cerveza, galletas y refrescos —productos que en la ciudad son escasos— para reabastecer su bodega en “la esquina”, entre las minas Cicapra y Caolín. Cree que no habrá otro líder que se alce sobre “Bayón”. “Lo que pasa es que no hay nadie que controle así como lo hacía él”, remata la muchacha.

Aun así, cada tantos metros, adolescentes aparecen en el camino sobre motocicletas con armas largas. Advierten de una incursión de grupos contrarios o del paso del Ejército que una vez al mes entra a quemar las máquinas, destruir campamentos y a cobrar vacuna.

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No hay, oficialmente, datos sobre la producción de la minería ilegal en el estado. En el 2011, el entonces Jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, general Henry Rangel Silva, aseguró que el gobierno había erradicado el 85 por ciento de la minería ilegal con el Plan Caura, uno de los últimos proyectos sucesores de la “Reconversión Minera” con que el gobierno del presidente Hugo Chávez intentó diversificar la actividad económica en los pueblos del sur.

La entrada en vigencia del Decreto 8.683, en el 2011, reservó la exploración, explotación y comercialización del oro al Estado. Convirtió en ilegal toda la actividad minera y revirtió todas las concesiones otorgadas a rusos, chinos y canadienses. Con la estatización, la actividad estatal decayó a niveles históricos. De acuerdo a la Memoria y cuenta del 2013, Minerven produjo 1.6 toneladas de oro, el 16 por ciento de su capacidad instalada.

Los mineros —que otrora soñaban un empleo en Minerven— ahora se ufanan de multiplicar por 10 la producción de la estatal en las minas ilegales. “Nosotros aquí producimos más dinero que la Ferrominera, que Sidor, que el aluminio, ¿entiendes?”, dice orgulloso Pedro García, un ex trabajador de la siderúrgica, que hace 30 años se dedica a la minería.

Ya cumplió dos meses sin salir de la selva que lo ha provisto del sustento para formar a sus tres hijos. Ahora le faltan los dientes y se inclina sobre el fondo de la tierra para mostrar unas piedras que consiguió y le pueden dar hasta 20 mil bolívares semanales.

Un 10 por ciento se lo queda el molino, pero “la pelota” la venden a compradores foráneos y la ganancia se la reparten entre todos.

“Cuando llega el Ejército corremos selva adentro, pa’ allá adentro. Eso es lo único malo de esto, que se meten y nos queman todos”.

Hace tres años el entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, señaló que el 50 por ciento de la producción de oro —entre 2008 y 2009— no fue reportado al Estado. Representó pérdidas de 385 millones de dólares. En 2010, sólo se reportaron el 29.4 por ciento de las toneladas de oro comercializadas a nivel internacional.

La industria estatal del oro ha sufrido un retroceso en su proceso de tecnificación. Pero en los yacimientos ilegales, los payloders y retroexcavadoras de los mineros no tienen nada que envidiarle a otras empresas del mundo.

“Tenemos una manera de samplear —de ubicar el oro. Agarras un ‘samplecito’ como una ‘bateita’, y allí lavas un poquitico de tierra… ¿y sabes cuánto paga eso? Ya nosotros sabemos que esto paga, que esto no paga, que esto sí. Donde hay más metemos un detector, un 5 mil y allí varón, eso es tremendo, eso jala, jala duro y lejos”, explica “El Menor”.

Con la grama a 2.250 Bs. en el pueblo y 3 mil en “los colombianos”, ya nadie pelea un puesto en la única empresa del estado de la zona que, por cierto, hace tres años que no discute contrato colectivo.

Un salario mínimo es el equivalente a dos gramos de oro que un poblador cualquiera puede sacar cargando 10 sacos de tierra con material aurífero en Guasipati o El Callao. En zonas de alto tenor —cantidad de oro por tonelada— un grupo de mineros puede llegar a moler hasta siete kilos en una noche, el equivalente a un apartamento de dos habitaciones en una buena zona de Alta Vista en Ciudad Guayana y un carro.

—A mí me quedaron mil 100 gramas. Y de allí yo tengo que darle a todo el mundo, al Ejército. Tengo que pagar todos los gastos de aquí y todavía no he pagado el azogue —mercurio que en Mercado Libre se consigue a 16 mil Bs. el kilo— que le debo a la flaca, medio kilo a los rusos y 200 gramas por allí. A esos muchachos, los valencianos, le tocan tres gramas a cada uno vale, esos muchachos tienen tres días aquí” —reclama “El Menor”.

Si es verdad que están legales ¿por qué el Ejército se mete?

—Porque yo no les puedo pagar vacuna a ellos, hermana. ¿Sabes por qué? Si otras minas le pagan es porque se metieron malandros… y ellos nunca en su vida han sido mineros. ¿Y sabe qué? En todo este terreno yo dificulto que haya una mina que tenga más oro que esta, porque esta no tiene gasto. No tiene agua y es blandita porque es puro Caolín —vuelve “El Menor”.

Hay quienes dicen que el negocio compite con el narco, pero con menos riesgo. Hay quienes entran a la montaña y nunca salen porque un alud de tierra los tapió. También por quedar atravesado en la línea de fuego o porque fueron interceptados en el camino para quitarle el oro como a los últimos tres que mataron en Cicapra en el mes de abril.

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La noche que en Cicapra, Campanero y Caolín supieron que el “Gordo Bayón” estaba liquidado, celebraron con tiros al aire el comienzo de la venganza. “El Menor” y sus aliados se apertrecharon y una semana después fueron por el resto de sus rivales en la mina Las Vainitas. Hace dos meses, sus enemigos buscaban al “El Chileno”, hermano de Jhonatan, quien es uno de los sobrinos de “El Menor”. Dos hombres se metieron en un pool con un AR15 y dispararon una ráfaga contra más de 30 personas.

—¿Si ve que el Señor es grande? Sólo a una chamita le volaron la cabeza. Hubo como 10 heridos. Dijeron que era algo pasional y quedó allí —dice “El Menor”.

En Campanero oscurece y se encienden los bombillos de los campamentos de plástico. “El Menor” recorre las minas en una Autana blindada que un propietario de máquinas le dejó a cambio de favores.

“Caracas”, el chofer que llevó a estos periodistas hasta Cicapra y Caolín, espera en una pickup verde a tres mujeres que se repartieron “La Pelota” y salen de las minas con más de un kilo de oro en los bolsillos.

—Ta pendiente “Caracas”, si no está el Gobierno por allí. Ve preguntando, que llevo un “orero” en los bolsillos —dice una ellas. Es hermana de “El Menor”. La familia de este último va nerviosa en la parte trasera de esa camioneta. Cambiaron al comandante del Core 51 y no han tranzado con la Guardia.

—La última vez me metieron presa y me llevaron pa’ la comandancia —suelta otra de las mujeres de la transacción.

El motor de esa camioneta verde retumba en medio de la selva. Los sobresaltos de los baches tienen a la tripulación con los nervios de punta y el dedo en el gatillo.

Hace unas semanas unos mineros fueron interceptados para robarle el oro. Maelo Ruíz interpreta una canción del momento y en el camino, un letrero despide en el kilómetro 40: “Que no te encuentre la muerte sin antes conocer a Jesucristo”.

Cansados de la delincuencia, venezolanos hacen justicia por sus manos

Diego Oré y Alexandra Ulmer, Reuters

Como muchas otras noches, unos ladrones irrumpieron hace poco en un bloque de apartamentos en Valencia para robar neumáticos, baterías y radios, de los autos que dormían a la intemperie.

Pero en esa ocasión, un grupo de residentes, furiosos por los robos semanales y alertados por el llamado de un vecino, atraparon a uno de los tres hombres, lo desnudaron, lo golpearon con rudeza y lo ataron a un poste de alumbrado público, donde lo apedrearon y rociaron con gasolina, relataron vecinos.

Mátenlo, denle“, gritaba la turba según recordó Trina Castro, de 82 años, que vive en uno de los edificios de Kerdell, la urbanización azotada, y que se despertó por el alboroto en plena madrugada hace poco más de una semana.

Fue horrible“, agregó cerca de unas paredes pintadas con mensajes como “choro (ladrón) que se agarre, se quema”. El hombre finalmente no fue quemado, pero quedó inconsciente y fue llevado a un hospital local, según testigos y la policía, que no dio mayores detalles.

En Valencia y por toda Venezuela, los linchamientos o intentos de ajusticiamientos están aumentando, de acuerdo a grupos de derechos humanos y reportes de medios.

Organizaciones no gubernamentales (ONGs) creen que la justicia por mano propia está surgiendo en respuesta a la rampante delincuencia que ha colocado desde hace unos años a Venezuela, según Naciones Unidas, como uno de los países con la mayor tasa de homicidios en el mundo.

Pero también por la impunidad.

De cada 10 criminales atrapados por la policía sólo uno acaba en la cárcel, asegura el Observatorio Venezolano de Violencia y otras agrupaciones.

En lo que va del año han ocurrido al menos una treintena de linchamientos o intentos de linchamiento. Y tan sólo en el último mes hubo 13, de acuerdo con un seguimiento de medios locales hecho por Reuters.

Una fuente en el ministerio de Interior y Justicia, quien pidió no ser identificado porque el ministro el único autorizado para hablar con la prensa, dijo que la dependencia usualmente no comenta sobre casos en investigación.

Sin embargo, funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro y muchos de sus simpatizantes aseguran que la “ola de linchamientos” es un “invento” de medios opositores que, con financiamiento extranjero, buscan derrocarlo.

Represalias

En otros países de la región como Bolivia, México y los andes peruanos, los linchamientos ocurren con frecuencia pero a mucha menor escala. El año pasado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo reportó 10 personas linchadas en toda Bolivia.

Durante el mismo período, en Venezuela lincharon a 40 personas, en su gran mayoría, en zonas pobres del interior, según la ONG local Observatorio Venezolano de Violencia.

Pero esa tendencia está cambiando con un aumento de casos en zonas urbanas: a finales del mes pasado, dos delincuentes fueron brutalmente golpeados luego de arrebatar la cartera a una mujer en una zona de clase alta de Caracas.

Tras el robo, los ladrones fueron perseguidos por vecinos enardecidos que lograron atraparlos una cuadra después para golpearlos airadamente hasta que llegó la policía. Desde los apartamentos circundantes, otros vecinos gritaban “denles duro“.

Por la gravedad de sus heridas, los ladrones tuvieron que ser llevados en una ambulancia a un hospital cercano.

No estoy de acuerdo con los linchamientos, pero ¿qué podemos hacer?”, se preguntó Raquel Brito, una vecina testigo de los hechos quien aseguró que los robos en la zona son comunes.

Elisio Guzmán, un experimentado comisario al mando de la Policía del estado de Miranda asegura que la impunidad en la zona que protege, llega al 60 por ciento: de cada 10 aprehendidos, seis regresan a las calles.

“En la medida en que no haya respuesta del Estado, van a incrementarse los linchamientos. La policía lo puede poner preso, pero llega al tribunal y lo sueltan“, opinó Guzmán, quien tiene 45 años de experiencia policial.

Fuera de Caracas, donde viven el 80 por ciento de los casi 30 millones de venezolanos, los linchamientos son más feroces.

A mediados de agosto, en el estado central de Aragua, una turba arremetió contra tres supuestos ladrones de baterías de autos, escasas en el país. Uno de los acusados fue brutalmente atacado a machetazos y finalmente degollado.

Cuando los pobladores se disponían a linchar a sus dos acompañantes, la policía llegó y se llevó a la pareja.

La gente es perversa. El delito, generalmente, no se compara con los daños que le ocasionan al ladrón“, dijo Guzmán.

Analistas sostienen que los linchamientos no disuaden a los ladrones. Sólo alimentan un círculo vicioso de violencia ya que los familiares de las víctimas van en busca de venganza o porque los ladrones se arman para evitar ser linchados.

Ahora creemos que pueden venir represalias. No me siento segura“, dijo María Pérez, una vecina de Kerdell, la urbanización en Valencia, al centro del país. “Estamos pensando en mudarnos“.

“Una pared pintada con el mensaje “choro (ladrón) que se agarre, se quema” en uno de los edificios de la urbanización Kerdell en Valencia”. Imagen: Thomson Reuters 2015.