El oscuro papel de las cabezas del Complejo Editorial Maneiro

“Cabezas” (por Hugo su director) y “Coronado” (por Luis, mano derecha del anterior) son dos apellidos de evocación cefálica que se revelan claves en una trama de negociados tejida alrededor de la empresa que el Estado venezolano creó en el 2013 para centralizar los suministros de papel imprenta importado a medios y editoriales. La privatización tras bambalinas de su razón de ser, se consuma a través de redes de parientes en funciones ejecutiva, manipulación de las tasas cambiarias, vínculos con intermediarios privilegiados, y otras maniobras que permiten comprobar que el papel aguanta todo.

Roberto Deniz, ArmandoInfo

El Complejo Editorial Alfredo Maneiro (Ceam) nació hace poco más de tres años. Enclavada en Los Flores de Catia, en el oeste de Caracas, en su sede se decide –mediante la asignación de provisiones de papel imprenta- la suerte que corren desde periódicos longevos a nuevas empresas editoriales.

Comenzó como un sueño del comandante Hugo Chávez”, relató una voz en off de un video institucional de la empresa. Si acaso fue un sueño presidencial, cristalizaría con cierto retraso. Porque el decreto que dio origen al nuevo ente se expidió cuando ya habían pasado dos meses del deceso de Chávez y cuando Nicolás Maduro escasamente completaba su primer mes como mandatario.

La partida de nacimiento del Ceam está en la Gaceta Oficial número 40.168 del 16 de mayo de 2013. Entonces quedó adscrito al Ministerio de Comunicación e Información (Minci) y alineado a la superestructura del Sistema Nacional Bolivariano de Información y Comunicación (Sibci), a cargo de la “producción, distribución y comercialización de diversos productos impresos, destinados a la información, divulgación, propaganda y publicidad, tales como: periódicos, libros, revistas, folletos, afiches y afiches desplegables, tanto para el consumo nacional como para la exportación”.

Por disposición presidencial, el Ceam también quedó facultado para participar en la “fabricación, comercialización, importación, exportación, modificación y restauración de insumos, partes, piezas y equipos de impresión y reproducción” justo cuando los periódicos independientes y la industria gráfica empezaban a tambalearse por la imposibilidad de importar papel y otros insumos por los retrasos de la antigua Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a la hora de pagar los dólares.

Hugo Cabezas, presidente del Complejo Editorial “Alfredo Maneiro”

Era el comienzo de un negocio monopólico, manejado con opacidad y dirigido desde sus inicios por Hugo Cabezas, ex gobernador del estado de Trujillo, ex ministro del despacho de la Presidencia y ex director de la antigua Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex).

“Hemos decidido simplemente abrogarnos y adherirnos al derecho que nos da el ser una sociedad anónima que simplemente se reserva el derecho de venderle papel periódico a quien consideremos sea nuestra prioridad, no prioridad de Hugo Cabezas, sino prioridad por el tiraje que tengan estas instituciones”, declaró Cabezas en abril del 2016.

El funcionario reaccionaba a la sorpresiva inspección a las instalaciones del Ceam realizada por diputados de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional (AN), desde enero dominada por la oposición.

Pero en su respuesta no está toda la verdad detrás de las actividades del Ceam y del negocio del papel, que en Venezuela podría suponer más de 100.000 toneladas anuales.

Esta familia coronó

El control estatal de la importación de papel levantó un mercado paralelo o de bachaqueros, como reveló una investigación publicada en febrero del 2016 en Armando.info. (http://armando.info/historias/6011=el-papel-prensallega-a-las-redes-de-los-bachaqueros).

Nuevas evidencias permiten comprobar que no se trata de una simple distorsión espontánea en el sistema, sino de un esquema conectado a las cabezas del Ceam. Pero ni en febrero ni ahora, ese ente o el propio Hugo Cabezas han atendido a los llamados que solicitan respuestas sobre estas y otras irregularidades.

Propietarios de periódicos, empresarios de la industria gráfica, impresores y directivos de editoriales, reconocen que desde el año pasado irrumpieron en el mercado empresas “desconocidas” que ofrecían el papel importado por el Ceam.

Son varias y aparecen repentinamente intentando dejar pocos rastros. “Llamaban directamente a los dueños o jefes de compra de los medios”, aseguró un propietario de periódico.

Una de esas compañías fantasmales es Proyectos y Ejecuciones Guian C.A, domiciliada en Maturín, estado de Monagas.

El expediente de la empresa que yace en el Registro Mercantil indica que está dedicada a la “explotación mercantil del ramo de construcción de obras de ingeniería civil, movimientos de tierra, drenajes, proyectos, cálculos, estudios topográficos, urbanismo, puentes, pilotajes, mantenimiento básico de edificaciones, plazas, avenidas, vías rurales, plantas de tratamiento de aguas, viviendas, edificaciones industriales, obras civiles menores, refractarios, soldadura en general, electricidad industrial, transporte de equipos, productos, enseres y materiales, alquiler de vehículos, y transporte de personal, alquiler de todo tipo de maquinarias, servicios de mantenimiento y reparación de obras civiles, pintura, desmonte, reforestación y jardinería, recolección de basura, impermeabilización, mantenimiento y reparación química de tanques y en general cualquier otra actividad de licito comercio o relacionado con lo anteriormente descrito”.

Pero a finales del año pasado a las cuentas bancarias de Proyectos y Ejecuciones Guian C.A ingresó dinero proveniente de empresas necesitadas de papel prensa y otros tipos de papel traído por el Ceam.

Los depósitos no son casualidad. Proyectos y Ejecuciones Guían C.A está relacionada con Luis Coronado Viaje, hombre de confianza de Hugo Cabezas y directivo del Ceam hasta enero de este año, de acuerdo a los registros en línea del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

“Luis Coronado era la mano derecha de Hugo Cabezas”, coinciden varios empresarios que dependen de los despachos del Ceam. Los apellidos Coronado Viaje se repiten en uno de los socios de Proyectos y Ejecuciones Guían C.A. Se trata de Ana Coronado Viaje, quien actualmente es la vicepresidenta de la empresa.

El otro socio y presidente de la compañía es Luis Guillermo González Regardiz, que también tiene una sociedad con Luis Coronado Viaje, Raquel Coronado Viaje y Rubén José Coronado Viaje, los tres ligados al Ceam y Hugo Cabezas desde hace tiempo, en la Cooperativa Coronela Manuela Sáenz R.L.

La cabeza sabe lo que hacen las manos

Varios datos confirman la cercanía de los Coronado Viaje y Hugo Cabezas. Luis Coronado Viaje fue director de finanzas de la Gobernación de Trujillo en la gestión de Cabezas entre 2008 y 2012.

Raquel Coronado Viaje fue directora de recursos humanos de la Gobernación y Rubén José Coronado Viaje dirigió la Fundación Regional Niño Simón, dependiente del gobierno regional. Años después los tres llegarían al Ceam de la mano del mismo Cabezas. Raquel Coronado Viaje figuró como directora suplente del Ceam en la junta directiva que se oficializó el 22 de julio del 2013 (Gaceta Oficial 40.212), poco más de un mes después de que el entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, designara a Hugo Cabezas como presidente del organismo recién creado.

Rubén José Coronado Viaje ingresó al Ceam el 1 de febrero de 2014, de acuerdo al IVSS, mientras que Luis Coronado Viaje, comenzó desde 2013 en la Oficina de Administración y Finanzas del Ceam, tal y como recoge la Memoria y Cuenta de ese año del Minci.

En enero del 2014 Nicolás Maduro nombró a Hugo Cabezas como ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. “He decidido convocar a un hombre que lo conocí hace muchos años en las luchas estudiantiles, sociales, y que fue un extraordinario ministro de la presidencia del presidente Hugo Chávez en su momento, se trata de Hugo Cabezas, ex gobernador de Trujillo, y le he dicho que asuma el ministerio de la presidencia”.

Su designación como ministro apareció en la Gaceta Oficial número 40.330 del 9 de enero de 2014. En cuestión de días, y en su doble condición de ministro y presidente del Ceam, tomó decisiones que beneficiaron a los Coronado Viaje.

El 22 de enero nombró a Raquel Coronado Viaje como directora general de la Oficina de Recursos Humanos del ministerio, el 31 de enero el Ceam pasó del Minci al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gobierno – justamente bajo responsabilidad de Cabezas- y el 11 de febrero ascendió a Luis Coronado Viaje al puesto de director general de Operaciones del Ceam.

El bachaqueo por las coimas

De acuerdo al testimonio de los empresarios que prestaron sus testimonios bajo condición de reserva de sus nombres, el pago a Proyectos y Ejecuciones Guian C.A funcionaba como una especie de “coima” , “comisión” o “alcabala”.

El papel que trajo Maneiro comenzó a regarse, es el mismo fenómeno del bachaqueo” , sostuvo una de las fuentes consultadas.

Explicó que el precio del papel era “bastante más elevado” que el fijado por el Ceam, pero “más barato que calculado al dólar paralelo” , lo que hacía atractivo el intercambio. “En el último trimestre del 2015 comenzó lo del pago por fuera, las coimas”, insistió.

A Proyectos y Ejecuciones Guian C.A el negocio parece haberle funcionado. El 3 de diciembre del 2015 el capital de la compañía ascendió a 3,135 millones de bolívares –unos 3.000 dólares, al cambio paralelo del mercado negro-, un incremento de 2.222% con respecto a los135.000 bolívares –unos 135 dólares a la parida negra de 2016- con que se fundó el 3 de julio de 2007.

“Hubo periódicos que hacían negocios a través de Luis Coronado Viaje, tenía contactos con los periódicos”, reconoció un directivo de un medio impreso. A Luis Coronado Viaje se le contactó para conocer su versión, pero desechó esa posibilidad indicando que estaba fuera del país.

Un propietario de periódico también reconoció el esquema de reventa. “Nos llamaban empresas desconocidas ofreciendo el periódico, el papel importado por Maneiro, a un precio mayor al de Maneiro, pero menor al del mercado del dólar libre, ¿Cómo tenían acceso a ese papel?”, se preguntó.

Los intermediarios de Panamá y Miami

En el negocio del Ceam hay más intermediarios. Son los que adquieren el papel a las papeleras en el exterior, especialmente canadienses, y luego se lo revenden a la compañía estatal. “El Ceam no hace licitaciones internacionales”, precisó un empresario.

El registro fotográfico de la inspección que realizaron los diputados de la AN a las instalaciones del Ceam, arrojó algunas pistas.

En las etiquetas de las bobinas de papel almacenadas está el nombre de la importadora: Morichal Corp. Morichal Corp fue registrada en Panamá en el 2007 con un capital de 1 millón de dólares por el bufete Rodrigo Molina Ortega y Asociados, una firma legal que al estilo de la ya famosa Mossack Fonseca, cuyos documentos se filtraron en la investigación periodística Panamá Papers, se dedica al registro de empresas para clientes que buscan los beneficios fiscales del istmo.

Quienes hacen las veces de directores de esas empresas suelen ser empleados del agente registrador, quien cobra por ese servicio, pero siempre a nombre de un beneficiario final (beneficiary owner) que suele permanecer oculto.

En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) venezolano, Morichal Corp aparece inscrita como una sociedad extranjera “sin domicilio ni filial en Venezuela” y apenas cuenta con un trabajador en su nómina. La persona de contacto y el nombre detrás del número telefónico venezolano que aparece en las facturas emitidas por la empresa panameña al Ceam, es Thierry Dumoulin Pereira.

En diciembre del 2014 el presidente del Ceam convocó a los empresarios de la industria gráfica a una reunión en el Hotel Eurobuilding, en Caracas, y les pidió “prepagar” en bolívares la importación de la mercancía que Dumoulin Pereira y Morichal Corp había negociado frente a los proveedores canadienses.

Las facturas prueban que en agosto del 2015 Morichal Corp vendió al Ceam “papel recubierto brillante (glasé)” por un valor de 1.195 dólares la tonelada y que en enero de este año le despachó papel bond de distinto “gramaje” en 1.250 dólares la tonelada, en una factura que suma casi 4,2 millones de dólares.

Aunque en los mercados internacionales los precios varían según las cantidades a comprar, las condiciones de pago, y la disponibilidad y procedencia del producto, varias fuentes consultadas coinciden en que esos precios de Morichal Corp son elevados.

“Esos productos comprados a las papeleras debieron salir entre 600 y 800 dólares por tonelada”, apuntó una fuente.

Carlos Prosperi, uno de los diputados que visitó en abril de este año las instalaciones del Ceam como integrante de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, también sospecha que los intermediarios encarecen la compra.

“Lo que llegamos a creer y presumir es que hay un gran sobreprecio y por eso se les compra a los brokers e intermediarios, y no directamente a los molinos en Chile o Canadá”.

Morichal Corp no estaba en el negocio, asumió eso por contactos con el gobierno”, señaló otro de los empresarios de la industria gráfica nacional.

El historial empresarial de Thierry Dumoulin Pereira, muestra que durante años ha sido proveedor de numerosos organismos públicos mediante la Asociación Cooperativa La Fuente 4598699 R.L, de la que fue socio fundador en el 2004.

Según el RNC, entre 2005 y 2011, esa cooperativa -cuyo promedio anual de trabajadores es de apenas 5 personas- suministró a entes como el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Interior y Justicia, el Seniat, la Alcaldía del Municipio Libertador, la Universidad Bolivariana y la Corporación Venezolana de Petróleo, entre otros, productos de limpieza, papel higiénico, electrodomésticos, equipos electrónicos y aires acondicionados.

También se encargó de realizar obras como la “recuperación de la plaza Martí” en el centro de Caracas, la construcción de un galpón en la instalación militar de Fuerte Tiuna y la “recuperación integral de módulos de Barrio Adentro”, por citar algunas.

De acuerdo al expediente que reposa en el Registro Público, Dumoulin Pereira renunció a la Asociación Cooperativa La Fuente 4598699 R.L en marzo de 2010. No obstante, en el IVSS está registrado como trabajador de la cooperativa desde el 8 de abril del 2016.

Las oficinas de la Asociación Cooperativa La Fuente 4598699 R.L y Morichal Corp, el proveedor de papel para el Ceam, también parecen estar conectadas por su ubicación. Ambas están en el piso 14 de la Torre Miranda del Edificio Multicentro Empresarial del Este, en Caracas.

Además de Morichal Corp, el Ceam le ha comprado papel prensa, al menos, a otro intermediario. Se llama FS Paper Trading, está domiciliado en Coral Springs, en la ciudad de Miami, y su propietario es el venezolano Frank Siegel, relacionado con una familia que durante años se ha movido en el negocio de la importación de papel prensa.

De acuerdo a una factura emitida por la papelera canadiense Resolute Forest Products, FS Paper Trading compró en agosto del año pasado 4.010 toneladas de papel prensa en 600 dólares cada una destinada para revender al CEAM.

“Tanto que criticamos al imperio, tanto que hablamos de los Estados Unidos y resulta que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro le está comprando a unos brokers que están dentro de los Estados Unidos, lo que nos lleva a pensar es que hay un gran negocio con el papel prensa”, criticó el parlamentario.

Aunque las restricciones económicas de Venezuela han obligado a numerosas empresas a trabajar con la figura de los intermediarios para poder comprar en el exterior, los manejos del Ceam levantan sospechas en el sector.

Si se trae el producto de Canadá, por qué lo negocian con un trader en Panamá o en Miami. ¿Qué molinos hay ahí para comprar el papel periódico en esos países?”, observó uno de los empresarios consultados.

Añadió que una compañía que atiende la demanda de unos 150 periódicos, entre estatales e independientes, podría negociar directamente con las papeleras mejores precios sobre la base de ese volumen.

Propietarios de periódicos que han logrado comprar papel prensa al Ceam, indicaron que en los últimos meses el precio rondó los 20.000 bolívares por tonelada, pero Hugo Cabezas anunció en marzo pasado que la tonelada de papel prensa se elevaría a 47.754 bolívares, debido a los efectos de las sucesivas devaluaciones del bolívar.

“Sabemos que de acuerdo a las últimas facturaciones de Maneiro, el kilogramo de papel estaría en 42 bolívares; cuando uno multiplica y divide eso, nos da un monto por el orden de 4.000 y pico de dólares por cada tonelada, es un monto exorbitante” , denunció el diputado Prosperi.

Jugando con el diferencial cambiario

El desconcierto cambiario de la economía venezolana, le ha permitido al Ceam jugar con los precios y cotizaciones para sus clientes.

“Nosotros importamos a 13 bolívares y nacionalizamos a 200 bolívares”, dijo Hugo Cabezas, según reseñó el Correo del Orinoco el 2 de marzo de este año, tras reunirse con algunos dueños de medios impresos y anunciar ajustes en los precios de la tonelada de papel prensa.

Pero las Declaraciones de Aduana (DUA) relacionadas con las facturas de Morichal Corp, incluyendo una de enero del 2016, muestran que el tipo de cambio utilizado para nacionalizar la mercancía fue el preferencial de 6,30 bolívares por dólar. Los empresarios de la industria gráfica lo saben.

A finales del 2014 acordaron con el Ceam “prepagar” en bolívares una mercancía al tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar. La carga debía llegar en los primeros meses del 2015, pero no fue sino hasta agosto de ese año cuando empezaron a recibir parte de los pedidos.

Para entregar la mercancía, el Ceam exigió el pago de un diferencial que estaba asociado al uso de un nuevo tipo de cambio en la importación, aunque el producto fue comprado a 6,30.

“Inicialmente el papel se compró a 20 bolívares por kilo, pero luego recalcularon a más de 40 bolívares por kilo. Según la Declaración de Aduana se adquirió a 6,30, no se justificaba el aumento, aunque aún era a un precio por debajo del dólar paralelo”, detalló uno de los empresarios que participó de la negociación.

Las cotizaciones envidas por el Ceam a las compañías muestran que en diciembre del 2014 la tonelada de papel bond se había fijado en 18.765 bolívares y que para julio del 2015, cuando el Ceam comenzó a entregar la mercancía, el precio de los mil kilogramos de papel bond se había disparado a los 44.286 bolívares.

Mientras decenas de periódicos han dejado de circular definitivamente en los últimos meses y otros tantos han sufrido recortes en su circulación. o se han visto obligados a reajustar su diseño para sobrevivir en el mercado, el rol oficial del Ceam en el manejo del papel prensa continúa.

En septiembre llegarán al país poco más mil toneladas de papel prensa que Morichal Corp, el intermediario registrado en Panamá, compró en Canadá como parte de una negociación que alcanzaría las 30.000 toneladas para abastecer el mercado en los próximos meses.

Imágenes vía web.

Los oscuros negocios en la Cantv

Hermilis Guerrero, Nueva Prensa de Guayana (06-03-2015)

La necesidad de obtener una línea telefónica, principalmente por requerir el servicio de Internet, ha contribuido a la conformación de una verdadera “mafia organizada” que trabaja con algunos técnicos corruptos, ex empleados de la empresa y personal capacitado.

El extenso tiempo de espera -que en casos puede hasta exceder los 3 años para lograr la adjudicación de un número- viene poniendo “contra la pared” a muchos residentes, empresarios y comerciantes, a quienes urge el servicio para activar computadoras, puntos de venta y teléfono fijo.

Entre las irregularidades que más denuncian sobre Cantv, se encuentran los “chanchullos” y “palancas” a los que se tiene que recurrir para acelerar la adjudicación de líneas; asimismo la lentitud en el Internet, es otra de las fallas que critican los usuarios.

De manera extraoficial se conoció que cobran entre 18 y 25 mil bolívares para la venta ilegal de la línea, no obstante no existe ninguna garantía de durabilidad del servicio.

El supervisor de la oficina comercial ubicada en Alta Vista en Puerto Ordaz, George Ramírez, informó que el lapso para obtener el servicio de telefonía “no se puede manejar”, puesto que no todas las direcciones se prestan para instalar una línea.

Existen personas que vienen a solicitar una línea donde no hay ni redes. El tiempo de espera puede variar de acuerdo a la disposición técnica para prestar el servicio”, expresó.

En relación a las ofertas que se dan en la calle por las diferentes personas que se presten para ofrecer líneas de manera ilegal, …los ciudadanos que realicen ese tipo de operación corren el riesgo de ser estafados”, comentó Ramírez.

Asimismo, el representante aseguró que “la empresa que maneja la disposición técnica, es un departamento de asignación, después de realizar un pago que empiece a generar esas solicitudes, ya sea de adjudicación o cambio de residencia, Cantv las va a registrar en la primera factura que emita”.

Cuando la empresa detecte alguna irregularidad, se encuentra en el deber de eliminar esa operación, al igual que sancionar la parte técnica y anular el derecho a reclamo que pueda tener el suscriptor por prestarse a un acto ilícito.

Ante la situación del cobro de llamadas a larga distancia y a otros números desconocidos, que los usuarios rechazan, Ramírez sostuvo que “hubo un tiempo en que personas inescrupulosas violentaban los armarios ADS y realizaban conexiones para llamadas; sin embargo, esa irregularidad fue solventada”.

Con respecto a las deudas que dejan algunos clientes de la empresa de comunicaciones, el monto queda registrado en el número de cédula del suscriptor y no en la línea; es decir, que la persona que adquiera de manera legal el servicio, no deberá pagar por pagos pendientes de antiguos adjudicados.

De igual modo, el líder de la sede de Cantv informó que para comprar un equipo de telefonía, el cliente debe visitar la oficina comercial para hacer la solicitud. El usuario tiene dos opciones para pagarlo: de contado o cargado a la facturación de su línea telefónica.

Oficinas y requisitos

Para optar por el servicio de telefonía, los venezolanos deben dirigirse a cualquiera de las oficinas comerciales, llevar la copia de la cédula de identidad, presentar la dirección exacta del lugar donde se desea la instalación del servicio, dar un número de teléfono de contacto y un número local de referencia; este último es necesario para saber qué puerto se encuentra cerca y verificar la disponibilidad.

Beneficios

Con la línea telefónica tradicional, Cantv ofrece llamadas locales, nacionales e internacionales, 0500, 0501, 0800, 0900 y teléfonos celulares.

Asimismo, planes locales postpago o prepago, para elegir el que mejor se adapte a las necesidades de los usuarios. También, planes de descuento para llamadas de larga distancia nacional y larga distancia internacional.

Igualmente, los clientes pueden contar con beneficios complementarios para saber quién llama antes de contestar y mantenerse comunicado con buzón de mensajes, entre otros.

Además del servicio de telefonía, los venezolanos pueden disfrutar de conexión a Internet, afiliándose a cualquiera de los planes: Aba o Internet básica.

Usuarios opinaron

Geraldin Villalba: “El servicio que ofrece Cantv es pésimo, algunas ocasiones las líneas se caen y el Internet a veces se cae y es muy lento. Si se te daña el módem por mala suerte tienes que esperar como tres meses para poder comprar uno porque nunca hay. Además, en las oficinas de algunos centros los que atienden les venden a quienes les da la gana”.

Elina Bello: “Es una estafa para obtener una línea fija Cantv te cobran de 5 mil en adelante si no, no hay línea”.

Linna Rondón: “Es lamentable todo esto, pero yo no puedo decir lo mismo, porque cada vez que he solicitado algún servicio de Cantv he tenido buenas repuestas y muy buenos beneficios. Hace casi un año compré una casa nueva, solicité una línea y en 2 meses me la dieron fija”.

Katushka Cabello: “Coloqué la línea con palanca, un trabajador de allí me ayudó. Pero el Internet es pésimo, lento, se cae, hasta más de tres días sin el servicio”.

Moisés Madrid: “Pues el servicio de telefonía es bueno, pero no puedo decir lo mismo del Internet. Los servicios menores a 3G son nefastos, para conseguir módem, antenas y teléfonos tienes que pagar 20 veces el precio establecido”.

Gonzalo Gutiérrez: “La Cantv se transformó en uno de los sindicatos del crimen organizado más grandes y millonarios del país. Solicité una línea y me estaban cobrando 15.000 bolívares por el cupo; es decir por la opción. Una vez aprobada la solicitud debía pagar otra suma no determinada”.

Adrián Manrique: “Con respecto a la solicitud de línea siempre dicen que no hay línea. Son incapaces de verificar el estado de las líneas por zona, entonces para mi es excusa el que siempre digan lo mismo. Ya tengo varios años intentando y nada que puedo tener la línea telefónica directa aquí en casa, pero bueno así son las cosas”.

Trino Marrero: “En mi zona lo único malo es que ‘no hay números para clientes nuevos’. Lo puse entre comillas porque son palabras textuales de la gente de Cantv al momento de hacer una solicitud de línea residencial”.

José Ferrer: “Tengo 5 años esperando por línea asignada y seguiré en espera”.

Yannelis Quintero: “El servicio es bueno pero podría ser excelente. Tengo tres meses que me mudé, solicité cambio por mudanza y hasta el momento nada. Lo que me dicen es que no hay servicio técnico, que deposite mi línea que no pueden hacer nada más”.

Milagros Navarro: “Tengo 3 años esperando que me vayan a poner la línea desde que hice la petición y nada”.

Denuncias

La empresa coloca a disposición de los venezolanos que deseen realizar una denuncia, los números de atención 155 y 0800Cantv00 y la cuenta en redes sociales @ContactoCantv.

Hacer colas para comprar comida se ha tornado de alto riesgo

Dulce María Rodríguez, El Nacional

“Nos sacaron de nuestros supermercados. Ya no podemos comprar en los comercios que nos eran habituales, a los que hemos acudido por años”, contó Carmen Landaeta, vecina de El Cafetal, refiriéndose a los bachaqueros.

Aseguró que no ha vuelto a ir al supermercado, en el centro comercial Caurimare, porque la golpearon por avisarle al vigilante que un grupo de bachaqueras se estaba coleando.

“Me amenazaron y me persiguieron hasta el carro. Allí me cayeron a golpes por ‘sapa’, dijeron, y se llevaron mis compras”.

Dijo que hizo la denuncia ante la seguridad del centro comercial, pero le respondieron que lamentablemente eso pasaba todos los días y que no podían impedirles el acceso.

En el centro comercial Vizcaya Marta Singer vivió una situación de pánico y zozobra al quedar encerrada en un supermercado. Refirió que una mujer amenazó con una navaja a una cajera porque no le permitió pasar la compra de productos regulados y los clientes corrieron hacia los pasillos.

Aunque los vigilantes actuaron y lograron sacar a la bachaquera, junto con otras personas intentó entrar por la parte de atrás.

“Hicieron disparos al aire y nosotros, aterrados, estábamos dentro del supermercado”, agregó.

Luego llegó la policía y se los llevaron. Sin embargo, todo el centro comercial cerró y ella decidió no volver a ese supermercado, al que acudía frecuentemente.

Mary Salazar describió que el “modus operandi” de algunos bachaqueros en el centro comercial Macaracuay Plaza la alejó de allí porque consideró que su vida estaba en riesgo.

Narró que un día se fue muy temprano a hacer la cola de productos regulados y entró en la lista de los primero 50 clientes. Al rato llegó un grupo de bachaqueros y uno de ellos se subió la camisa para mostrarle a los vigilantes la pistola que llevaba en la cintura.

“Entraron primero que los que teníamos horas en la cola y nadie se atrevió a decir algo porque a nosotros también nos enseñó la pistola”.

Consumidores afirmaron que reconocen a las personas que van con la intención de provocar violencia en las colas por su forma de actuar, vestir y hablar.

“No son vecinos de la zona, ni gente humilde que viene a buscar comida. Portan armas de fuego o navajas y no le temen a la autoridad”, expresó Salazar.

La violencia, además, ha adquirido otro matiz según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

En su último informe señaló que entre enero y febrero de 2016, documentaron 64 saqueos o intentos de saqueo por falta de alimentos.

Precisó que en febrero se reportaron 41 saqueos, el número más alto en los últimos 12 meses.

También destacó que 81% de los hechos vandálicos fue en contra de transportes de alimentos o bebidas mientras cubrían sus rutas de distribución.

“El 19% restante fue contra centros de expendio de alimentos, depósitos y otras instalaciones”, señaló el Observatorio.

Ventas por el suelo

Algunos comerciantes de los centros comerciales Caurimare y Macaracuay Plaza coincidieron en que sus ventas han descendido 80% por la presencia de bachaqueros en las instalaciones.

“Los vecinos les tienen pánico y al ver las colas no pasean por el centro comercial ni vienen a comprar”, afirmaron.

Maria Betancourt, dueña de una tienda de ropa para dama en Macaracuay, dijo que a todos los que trabajan allí los han despojado del celular o la cartera y les han robado mercancía pequeña.

“Nosotras también nos sentimos aterrados y cerramos más temprano cuando la cola es muy larga para evitar el riesgo”, manifestó.

Señaló que entre las 12:30 pm y las 3:00 pm, cuando se apagan las luces de los pasillos, los ascensores y el aire acondicionado por el ahorro de electricidad, hay toque de queda en las tiendas.

“Algunos bachaqueros aprovechan la oscuridad para robar a los clientes, también para orinar y dejar sus excrementos en los pasillos”, contó.

Betancourt agregó que sacaron la fila de compradores para afuera del centro comercial porque las instalaciones están destruidas.

“Han roto las piezas sanitarias de los baños, rayado las paredes y dejan restos de bebidas y comida tiradas por todos lados”, aseguró.

Un aviso colocado en el Centro Comercial Caurimare dice:  “Se prohíbe la permanencia de personas frente a los locales comerciales”. Y en las fachadas de las tiendas hay notas en las que se lee: “No se guardan bolsos” y “No se presta el baño, no insista”.

Helena Barrios, propietaria de una juguetería, indicó:

“Es muy duro trabajar con temor de que te van a robar o a agredir”.

Refirió que ha recibido todo tipo de insultos por no prestar el baño, los vigilantes son amenazados con armas todos los días y hasta han secuestrado a personas en el estacionamiento.

Barrios relató que en la zona viven muchas personas de la tercera edad que valoraban la cercanía a los comercios; pero ahora lo consideran una desgracia. Pero aun en presencia de la Guardia Nacional Bolivariana en los establecimientos, los consumidores no se sienten seguros en las colas.

José Gregorio Tovar indicó que en el Unicentro el Marqués por el racionamiento eléctrico retrasaron a las 12:00 m la hora de apertura. Sin embargo, la cola para el supermercado y la farmacia igual se forma desde la madrugada.

“A mediodía la gente ya esta desesperada de aguardar debajo de sombrillas, malhumorada e incontenible. El miércoles pasado pedían con rabia que agilizaran el proceso de acceso a la tienda y el ambiente era tenso”, relató.

“Son hechos aislados”

Claudia Itriago.

Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines, señaló que las largas filas en las tiendas o supermercados han generado inconvenientes.

“Son hechos aislados, que a veces se salen de las manos, pero que deben haber sido atendidos por el personal de seguridad de los centros comerciales”.

Aclaró que los establecimientos Macaracuay Plaza y Caurimare no están afiliados a Cavececo.

“Los agremiados a la cámara ofrecen a su personal de seguridad programas de capacitación y se mantienen en comisiones todo el año para desarrollar nuevas tácticas y estrategias a fin de solventar los inconvenientes que pudiesen presentarse, explicó.

Dijo que trabajan en coordinación con las policías municipales para el control de los incidentes irregulares.

 

 

En Guayana la muerte se baña en oro

Clavel Rangel, Revista Clímax. Fotos: Germán Dam Vargas

En los últimos seis meses 41 personas han muerto en enfrentamientos por el control de las minas del sur del estado Bolívar. Mientras Minerven opera a un 16 % de su capacidad, delincuentes y mineros se ufanan de multiplicar por 10 la producción de la empresa estatal aurífera. Pero riquezas que, a juzgar por los datos del Banco Central de Venezuela, no se quedan en el país. Al cierre del 2013, el aporte del sector minero al PIB cayó 21%.

Esa noche celebraron como nunca. Cada balazo retumbó en las montañas de oro y los casquillos cayeron como una lluvia de granizo sobre la tierra de Caolín. El asesinato de Yorman Márquez, mejor conocido como el “Gordo Bayón”, el lunes dos de junio, se supo primero en las minas de Guasipati, al sur oeste del estado Bolívar, donde la señal telefónica es casi imposible.

A 15 horas de carretera desde Caracas, entre las minas Caolín y Cicapra, una llamada prendió la parranda en las galerías artesanales y, más aún, en la última barraca, loma arriba, en aquella alta guarida de madera y plástico.

“El Menor”, un minero ilegal, fue el primero en enterarse de la muerte de su último contrincante y rival en los negocios: Márquez, quien estuviera implicado en extraños tejemanejes en los sindicatos de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, SIDOR, y con una causa penal abierta por homicidio.

“Le di hasta en la madre”, le aseguró “El Pelón”. El hombre que, en la avenida Francisco Fajardo, cerca del Hotel Alba Caracas, dejó sin aliento a Yorman.

“Bayón”, sospechoso de un triple homicidio y otros asesinatos más que la policía nunca registró, había intentado apoderarse de todos los yacimientos de oro que van desde Guasipati, El Callao y el kilómetro 88; filones que por el Decreto 8.683 pertenecen al estado venezolano —pero en los hechos el dueño es quien más se haga respetar.

Con su gente y a tiro limpio, “Bayón”, aquel flaco como una escoba, alto, moreno, de corte bajo y lentes de pasta, consiguió hacerse de la mina Las Vainitas, dejando a su rastro una rivalidad que en los últimos seis meses cobró más de 41 vidas y diversificó las vacunas en toda la cadena ilegal de explotación.

El incremento de los precios del metal en 500 por ciento en la última década atrajo no sólo a las bandas sino también a cientos de pobladores del centro occidente del país. Vieron en la minería de pico y pala la oportunidad de un mejor futuro —aunque eso a veces signifique quedar atrapado en la línea de fuego.

Los lugareños del sur de Venezuela calculan que fue hace un año cuando la delincuencia se apoderó de los pueblos.

“Esto está imposible. Pura matazón y nadie hace nada. Hace tiempo un alumno salió de la mina con tanto dinero que le dio para comprarse una finca y un carro del año”.

“El muchacho no pagó vacuna y ahora lo andan buscando”, cuenta Juana, una mujer dedicada a la artesanía que entre sorbos de café confiesa haber deseado nacer en otras tierras. “El oro es nuestra maldición”.

Y de esa guerra hay rastro hoy. Sobre la tierra color ladrillo decenas de casquillos dorados se confunden con la riqueza de ese suelo. Entre los arbustos del kilómetro 45, el sol tuesta la piel, como a una concha de naranja. Sobre esa montaña de Caolín, la brisa cálida entra por los agujeros que uno de tantos enfrentamientos dejó en los techos de cinc.

—Eso fue la última guerra, como dos horas de tiro trancao, varón —comenta “El Menor”.

“El Menor”, un hombre retaco, de 38 años, amarillo como un apio, conoció a Cristo cuando “le sembraron” dos kilos de cocaína. Desde entonces es adventista. Tiene casa por cárcel en Guasipati, pero este miércoles se estira sobre lo alto de la montaña para recibir a la visita.

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Se llega a Cicapra casi por casualidad. Sin una referencia sería imposible atravesar más de tres alcabalas que cercan los perímetros de al menos tres de las cuatro minas más populares del sur: Cicapra, Florinda, Caolín y Campanero. Atrás, en la plaza Bolívar de Guasipati, en el municipio Roscio, los vecinos esperan la pick up que los lleva. Doscientos bolívares hasta el río Yuruari, 800 ida y vuelta.

Son casi dos horas hasta el río, que en temporada alta se atraviesa en balsa, y cuando comienza el verano en camioneta sin problema. Después de sus aguas, tres adolescentes con escopetas y pistolas automáticas arman la primera alcabala. Son parte de la base, un grupo de 100 hombres armados que custodian los perímetros de la mina.

Es también en ese camino, donde el asfalto termina, en el que decenas de cadáveres han quedado tiroteados o quemados. En noviembre del 2013, la policía halló dos cuerpos calcinados con balazos en la cabeza. El señor Vedy Chirinos apareció muerto allí, y su hijo tuvo que transitar esa trocha con el cadáver de su padre acuestas; porque “la base” no permitió la entrada ni de la policía ni del cuerpo de investigaciones.

—A los únicos que le dieron permiso de pasar fue a mí, a mi hijo y a mis dos hermanos. Varios hombres armados nos escoltaron hasta donde estaba mi esposo. Tuvimos que atravesar un río, envolver el cuerpo en bolsas negras, porque estaba muy descompuesto, cargarlo y caminar varios metros —contó Ligia, la esposa de Vedy, en noviembre de 2013.

“Ahora con la muerte de ‘Bayón’ la cosa está calmada”, desliza una de las hermanas de “El Menor” que, para la sazón, carga con cajas de margarina, aceite, cerveza, galletas y refrescos —productos que en la ciudad son escasos— para reabastecer su bodega en “la esquina”, entre las minas Cicapra y Caolín. Cree que no habrá otro líder que se alce sobre “Bayón”. “Lo que pasa es que no hay nadie que controle así como lo hacía él”, remata la muchacha.

Aun así, cada tantos metros, adolescentes aparecen en el camino sobre motocicletas con armas largas. Advierten de una incursión de grupos contrarios o del paso del Ejército que una vez al mes entra a quemar las máquinas, destruir campamentos y a cobrar vacuna.

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No hay, oficialmente, datos sobre la producción de la minería ilegal en el estado. En el 2011, el entonces Jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, general Henry Rangel Silva, aseguró que el gobierno había erradicado el 85 por ciento de la minería ilegal con el Plan Caura, uno de los últimos proyectos sucesores de la “Reconversión Minera” con que el gobierno del presidente Hugo Chávez intentó diversificar la actividad económica en los pueblos del sur.

La entrada en vigencia del Decreto 8.683, en el 2011, reservó la exploración, explotación y comercialización del oro al Estado. Convirtió en ilegal toda la actividad minera y revirtió todas las concesiones otorgadas a rusos, chinos y canadienses. Con la estatización, la actividad estatal decayó a niveles históricos. De acuerdo a la Memoria y cuenta del 2013, Minerven produjo 1.6 toneladas de oro, el 16 por ciento de su capacidad instalada.

Los mineros —que otrora soñaban un empleo en Minerven— ahora se ufanan de multiplicar por 10 la producción de la estatal en las minas ilegales. “Nosotros aquí producimos más dinero que la Ferrominera, que Sidor, que el aluminio, ¿entiendes?”, dice orgulloso Pedro García, un ex trabajador de la siderúrgica, que hace 30 años se dedica a la minería.

Ya cumplió dos meses sin salir de la selva que lo ha provisto del sustento para formar a sus tres hijos. Ahora le faltan los dientes y se inclina sobre el fondo de la tierra para mostrar unas piedras que consiguió y le pueden dar hasta 20 mil bolívares semanales.

Un 10 por ciento se lo queda el molino, pero “la pelota” la venden a compradores foráneos y la ganancia se la reparten entre todos.

“Cuando llega el Ejército corremos selva adentro, pa’ allá adentro. Eso es lo único malo de esto, que se meten y nos queman todos”.

Hace tres años el entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, señaló que el 50 por ciento de la producción de oro —entre 2008 y 2009— no fue reportado al Estado. Representó pérdidas de 385 millones de dólares. En 2010, sólo se reportaron el 29.4 por ciento de las toneladas de oro comercializadas a nivel internacional.

La industria estatal del oro ha sufrido un retroceso en su proceso de tecnificación. Pero en los yacimientos ilegales, los payloders y retroexcavadoras de los mineros no tienen nada que envidiarle a otras empresas del mundo.

“Tenemos una manera de samplear —de ubicar el oro. Agarras un ‘samplecito’ como una ‘bateita’, y allí lavas un poquitico de tierra… ¿y sabes cuánto paga eso? Ya nosotros sabemos que esto paga, que esto no paga, que esto sí. Donde hay más metemos un detector, un 5 mil y allí varón, eso es tremendo, eso jala, jala duro y lejos”, explica “El Menor”.

Con la grama a 2.250 Bs. en el pueblo y 3 mil en “los colombianos”, ya nadie pelea un puesto en la única empresa del estado de la zona que, por cierto, hace tres años que no discute contrato colectivo.

Un salario mínimo es el equivalente a dos gramos de oro que un poblador cualquiera puede sacar cargando 10 sacos de tierra con material aurífero en Guasipati o El Callao. En zonas de alto tenor —cantidad de oro por tonelada— un grupo de mineros puede llegar a moler hasta siete kilos en una noche, el equivalente a un apartamento de dos habitaciones en una buena zona de Alta Vista en Ciudad Guayana y un carro.

—A mí me quedaron mil 100 gramas. Y de allí yo tengo que darle a todo el mundo, al Ejército. Tengo que pagar todos los gastos de aquí y todavía no he pagado el azogue —mercurio que en Mercado Libre se consigue a 16 mil Bs. el kilo— que le debo a la flaca, medio kilo a los rusos y 200 gramas por allí. A esos muchachos, los valencianos, le tocan tres gramas a cada uno vale, esos muchachos tienen tres días aquí” —reclama “El Menor”.

Si es verdad que están legales ¿por qué el Ejército se mete?

—Porque yo no les puedo pagar vacuna a ellos, hermana. ¿Sabes por qué? Si otras minas le pagan es porque se metieron malandros… y ellos nunca en su vida han sido mineros. ¿Y sabe qué? En todo este terreno yo dificulto que haya una mina que tenga más oro que esta, porque esta no tiene gasto. No tiene agua y es blandita porque es puro Caolín —vuelve “El Menor”.

Hay quienes dicen que el negocio compite con el narco, pero con menos riesgo. Hay quienes entran a la montaña y nunca salen porque un alud de tierra los tapió. También por quedar atravesado en la línea de fuego o porque fueron interceptados en el camino para quitarle el oro como a los últimos tres que mataron en Cicapra en el mes de abril.

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La noche que en Cicapra, Campanero y Caolín supieron que el “Gordo Bayón” estaba liquidado, celebraron con tiros al aire el comienzo de la venganza. “El Menor” y sus aliados se apertrecharon y una semana después fueron por el resto de sus rivales en la mina Las Vainitas. Hace dos meses, sus enemigos buscaban al “El Chileno”, hermano de Jhonatan, quien es uno de los sobrinos de “El Menor”. Dos hombres se metieron en un pool con un AR15 y dispararon una ráfaga contra más de 30 personas.

—¿Si ve que el Señor es grande? Sólo a una chamita le volaron la cabeza. Hubo como 10 heridos. Dijeron que era algo pasional y quedó allí —dice “El Menor”.

En Campanero oscurece y se encienden los bombillos de los campamentos de plástico. “El Menor” recorre las minas en una Autana blindada que un propietario de máquinas le dejó a cambio de favores.

“Caracas”, el chofer que llevó a estos periodistas hasta Cicapra y Caolín, espera en una pickup verde a tres mujeres que se repartieron “La Pelota” y salen de las minas con más de un kilo de oro en los bolsillos.

—Ta pendiente “Caracas”, si no está el Gobierno por allí. Ve preguntando, que llevo un “orero” en los bolsillos —dice una ellas. Es hermana de “El Menor”. La familia de este último va nerviosa en la parte trasera de esa camioneta. Cambiaron al comandante del Core 51 y no han tranzado con la Guardia.

—La última vez me metieron presa y me llevaron pa’ la comandancia —suelta otra de las mujeres de la transacción.

El motor de esa camioneta verde retumba en medio de la selva. Los sobresaltos de los baches tienen a la tripulación con los nervios de punta y el dedo en el gatillo.

Hace unas semanas unos mineros fueron interceptados para robarle el oro. Maelo Ruíz interpreta una canción del momento y en el camino, un letrero despide en el kilómetro 40: “Que no te encuentre la muerte sin antes conocer a Jesucristo”.

Cansados de la delincuencia, venezolanos hacen justicia por sus manos

Diego Oré y Alexandra Ulmer, Reuters

Como muchas otras noches, unos ladrones irrumpieron hace poco en un bloque de apartamentos en Valencia para robar neumáticos, baterías y radios, de los autos que dormían a la intemperie.

Pero en esa ocasión, un grupo de residentes, furiosos por los robos semanales y alertados por el llamado de un vecino, atraparon a uno de los tres hombres, lo desnudaron, lo golpearon con rudeza y lo ataron a un poste de alumbrado público, donde lo apedrearon y rociaron con gasolina, relataron vecinos.

Mátenlo, denle“, gritaba la turba según recordó Trina Castro, de 82 años, que vive en uno de los edificios de Kerdell, la urbanización azotada, y que se despertó por el alboroto en plena madrugada hace poco más de una semana.

Fue horrible“, agregó cerca de unas paredes pintadas con mensajes como “choro (ladrón) que se agarre, se quema”. El hombre finalmente no fue quemado, pero quedó inconsciente y fue llevado a un hospital local, según testigos y la policía, que no dio mayores detalles.

En Valencia y por toda Venezuela, los linchamientos o intentos de ajusticiamientos están aumentando, de acuerdo a grupos de derechos humanos y reportes de medios.

Organizaciones no gubernamentales (ONGs) creen que la justicia por mano propia está surgiendo en respuesta a la rampante delincuencia que ha colocado desde hace unos años a Venezuela, según Naciones Unidas, como uno de los países con la mayor tasa de homicidios en el mundo.

Pero también por la impunidad.

De cada 10 criminales atrapados por la policía sólo uno acaba en la cárcel, asegura el Observatorio Venezolano de Violencia y otras agrupaciones.

En lo que va del año han ocurrido al menos una treintena de linchamientos o intentos de linchamiento. Y tan sólo en el último mes hubo 13, de acuerdo con un seguimiento de medios locales hecho por Reuters.

Una fuente en el ministerio de Interior y Justicia, quien pidió no ser identificado porque el ministro el único autorizado para hablar con la prensa, dijo que la dependencia usualmente no comenta sobre casos en investigación.

Sin embargo, funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro y muchos de sus simpatizantes aseguran que la “ola de linchamientos” es un “invento” de medios opositores que, con financiamiento extranjero, buscan derrocarlo.

Represalias

En otros países de la región como Bolivia, México y los andes peruanos, los linchamientos ocurren con frecuencia pero a mucha menor escala. El año pasado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo reportó 10 personas linchadas en toda Bolivia.

Durante el mismo período, en Venezuela lincharon a 40 personas, en su gran mayoría, en zonas pobres del interior, según la ONG local Observatorio Venezolano de Violencia.

Pero esa tendencia está cambiando con un aumento de casos en zonas urbanas: a finales del mes pasado, dos delincuentes fueron brutalmente golpeados luego de arrebatar la cartera a una mujer en una zona de clase alta de Caracas.

Tras el robo, los ladrones fueron perseguidos por vecinos enardecidos que lograron atraparlos una cuadra después para golpearlos airadamente hasta que llegó la policía. Desde los apartamentos circundantes, otros vecinos gritaban “denles duro“.

Por la gravedad de sus heridas, los ladrones tuvieron que ser llevados en una ambulancia a un hospital cercano.

No estoy de acuerdo con los linchamientos, pero ¿qué podemos hacer?”, se preguntó Raquel Brito, una vecina testigo de los hechos quien aseguró que los robos en la zona son comunes.

Elisio Guzmán, un experimentado comisario al mando de la Policía del estado de Miranda asegura que la impunidad en la zona que protege, llega al 60 por ciento: de cada 10 aprehendidos, seis regresan a las calles.

“En la medida en que no haya respuesta del Estado, van a incrementarse los linchamientos. La policía lo puede poner preso, pero llega al tribunal y lo sueltan“, opinó Guzmán, quien tiene 45 años de experiencia policial.

Fuera de Caracas, donde viven el 80 por ciento de los casi 30 millones de venezolanos, los linchamientos son más feroces.

A mediados de agosto, en el estado central de Aragua, una turba arremetió contra tres supuestos ladrones de baterías de autos, escasas en el país. Uno de los acusados fue brutalmente atacado a machetazos y finalmente degollado.

Cuando los pobladores se disponían a linchar a sus dos acompañantes, la policía llegó y se llevó a la pareja.

La gente es perversa. El delito, generalmente, no se compara con los daños que le ocasionan al ladrón“, dijo Guzmán.

Analistas sostienen que los linchamientos no disuaden a los ladrones. Sólo alimentan un círculo vicioso de violencia ya que los familiares de las víctimas van en busca de venganza o porque los ladrones se arman para evitar ser linchados.

Ahora creemos que pueden venir represalias. No me siento segura“, dijo María Pérez, una vecina de Kerdell, la urbanización en Valencia, al centro del país. “Estamos pensando en mudarnos“.

“Una pared pintada con el mensaje “choro (ladrón) que se agarre, se quema” en uno de los edificios de la urbanización Kerdell en Valencia”. Imagen: Thomson Reuters 2015.

Cómo se vive en las zonas de paz de Venezuela bajo control de los “malandros”

“Muchos de ellos deben meterse en esto por presión social, porque si no matan, los matan”, sostiene el pastor Frank Huiz.

Daniel Pardo, BBC Mundo

¿Esa es la versión ocumareña de la zona de paz?, les pregunté a los delincuentes.

Asienten, aunque no entienden bien qué es eso de las zonas de paz: “Acá firmamos una paz entre las bandas que ha funcionado, pero el gobierno yo no sé qué tuvo que ver”, dice uno. Y otro de los presentes lo corrigió: “¿Tú eres bobo? La iniciativa fue del gobierno, o si no por qué crees que la policía acá no se mete”.

Barlovento, tierra ardiente…

“Carlos es el segundo hijo que debo enterrar por la delincuencia”, me dijo Jorge.

Sentados en el porche de su casa, en una zona de Venezuela donde las puertas principales tienen marcas de disparos y la mitad de las viviendas están abandonadas, nos acompañó un grupo de familiares y vecinos que vinieron a dar el pésame.

A Carlos, quien tenía 19 años, lo mataron hace menos de 48 horas. Entre los presentes estaba Juliana, una niña de 13 años que -mientras tanto- amamanta al bebé que tuvo hace dos semanas con el difunto.

“Lo mataron por matarlo”, continuó Jorge. “Son cuestiones de la delincuencia; el diablo se les mete en la cabeza a estos jóvenes y ya después de eso no le paran bolas a uno”.

Estuvimos en Barlovento, “tierra ardiente” de Venezuela a 100 kilómetros al este de Caracas, que bien podría ser una potencia en turismo y producción de cacao.

Aquí, la lógica de violencia parece haberse aliado con la pobreza extrema.

Aunque en las costas hay lujosos yates navegando en playas de postal, en el interior los niños juegan a llenar botellas de gaseosa con la arena del piso.

Hace una semana, justo un día después de mi visita, 1.300 oficiales de las fuerzas de seguridad el Estado entraron a Barlovento como parte de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una reciente campaña del gobierno de Nicolás Maduro para tomar zonas controladas por bandas armadas.

La consolidación de estas pandillas dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el secuestro en ciertas localidades, es la nueva faceta del crimen que mantiene a Venezuela como el segundo país con más homicidios del mundo detrás de Honduras.

Poco menos de 25.000 personas murieron por el crimen en Venezuela en 2014, según el Observatorio Venezolano de Violencia, un centro de estudios.

Las últimas cifras oficiales, del 2013, estimaron más de 11.000 homicidios en el año.

Zonas de paz

En 2013, el gobierno se sentó a dialogar con cientos de bandas para impulsar un proceso de desarme y reinserción social de los delincuentes.

Viceministro del Interior José Vicente Rangel Ávalos, se reunió con 280 bandas de delincuentes. Imagen: http://fotos2013.cloud.noticias24.com

A cargo del entonces viceministro del Interior José Vicente Rangel Ávalos, las conversaciones les exigían a las pandillas dejar la delincuencia y desmovilizarse.

A cambio, el gobierno les proveería empleo e insumos para la producción.

 Rangel –hijo del exvicepresidente José Vicente Rangel– dijo que se reunió con 280 bandas y declaró en la televisión pública algunas de estas zonas como “territorios de paz”.

BBC Mundo solicitó entrevista con Rangel Ávalos, hoy secretario de la Comisión Presidencial para la Paz y la Vida, pero al momento de la publicación no habíamos obtenido respuesta.

Comisario general Elisio Guzmán Cedeño.

La versión sobre la tregua que da la policía de Miranda, el estado donde se encuentran la mayoría de estas bandas, es otra: “Las negociaciones les dieron a las bandas control de las zonas y les permitió ganar más poder del que ya tenían”, dijo a BBC Mundo el comisario Elisio Guzmán, director de la PoliMiranda, estado gobernado por el excandidato presidencial Henrique Capriles.

Se les denominaron “zonas de paz”, a pesar de que no hay decreto o campaña que así las denomine.

“Las zonas de paz no existen. Es una expresión que ha comentado la oposición para sabotear el trabajo de pacificación”, le dijo Rangel Ávalos al portal Contrapunto.

Pero en algunas localidades donde hubo negociaciones los vecinos comentan haber visto vallas que declaraban el territorio como “zona de paz”. Pero las quitaron.

Según PoliMiranda, el número de homicidios en el estado aumentó en 2014 respecto a 2013, una tendencia que Guzmán atribuye a las negociaciones.

PoliMiranda calcula más de 60 zonas de paz en un estado que rodea a Caracas por todos los lados y uno de los más grandes del país en población.

“La palabra”

Pastor Frank Huiz

Antes de los allanamientos, el pastor Frank Huiz, de 43 años, era la única persona que, sin vivir ahí o ser delincuente, podía entrar y salir a las zonas de paz de Barlovento sin que lo miraran con sospecha.

En una vieja camioneta pickup, Frank entra a la zona cual celebridad: sonando la bocina del carro, saludando a medio mundo, “dándole la cola” (llevando) a cualquiera que camine por estas desoladas y agujereadas carreteras.

Algunos de los que saluda, jóvenes que se montan en su carro, llevan un arma en los pantalones –me explicó el pastor, entre risas, cuando le pregunté qué cargan ahí dentro.

“Estos delincuentes viven acá llenos de ira, encerrados porque si salen se deben enfrentar con otra banda o con la policía”, dijo mientras conducía.

“Muchos de ellos deben meterse en esto por presión social, porque si no matan, los matan”.

Por el paisaje se ven plantaciones de cacao y hombres de edad secando las semillas sobre el pavimento.

No hay muchos comercios. Las canchas de fútbol están estropeadas. Los lugares públicos por excelencia son los porches como el de Jorge, en pequeñas pero coloridas casas.

“Si no fuera por la delincuencia, dijo Huiz, esta zona ya habría salido de la pobreza”.

“La guerra entre bandas y la delincuencia es un cuento viejo en esta región. Pero de dos años para acá –continuó– están más armados y son más crueles”.

En estos días, por ejemplo, una de las bandas locales mató a un enemigo, le cortó la cabeza con una motosierra y la puso en una plaza para marcar territorio.

Huiz tiene contacto frecuente con los “malandros” y a muchos, dijo, ha logrado sacarlos de la delincuencia “a través de la palabra”.

Es decir, de la cátedra evangélica.

“¿Qué le puedes pedir a un adolescente que no tiene padre, que su madre es alcohólica y debe cuidar a otros seis niños, que no lo pueden llevar al colegio del barrio más cercano porque está la banda enemiga, que desde los 12 años tiene acceso a un arma?”, se preguntó el pastor.

O para explicar la violencia de otra manera, añade: “Acá los niños juegan a ser malandros. ‘¡Toma, deliciero!’, se gritan entre ellos”.

Los niños lo dicen en referencia a Las Delicias, uno de los barrios controlados por bandas.

Y el pastor se vuelve a reír, tapándose la cara.

“Paramilitares colombianos”

Así como en Barlovento, donde según cifras oficiales desmantelaron 8 bandas y detuvieron a 83 personas, la OLP ha cubierto varias zonas del país.

En Caracas, en un barrio conocido como la Cota 905, el operativo dejó 15 muertos y 134 detenidos, según el reporte oficial, de los cuales 19 fueron formalmente acusados en la Fiscalía.

En Maracay, hace un par de meses, los allanamientos dejaron 10 muertos y casi 900 detenidos, de quienes 16 siguen en la cárcel.

En Montalbán, Caracas, recuperaron 260 apartamentos y arrestaron a 212 personas.

Ministro Gustavo González.

Las informaciones las suele dar por televisión el ministro del Interior, Gustavo González López, vestido con un chaleco antibalas.

Los operativos han sido reprobados por ONGs de derechos humanos, que denuncian allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y tratos crueles.

Sectores de oposición dicen que la política de seguridad del gobierno ha sido “pasiva y permisiva” y califican la OLP como una estrategia mediática de campaña en vísperas de las parlamentarias en diciembre.

Pero el gobierno dice que las críticas a la OLP responden a “intereses politiqueros y financieros”, según denunció el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

BBC Mundo pidió una entrevista con el ministro del Interior, Gustavo González López, pero no obtuvo respuesta.

El presidente Maduro informó que decretará, a través de los poderes especiales que le otorgó la Asamblea, un conjunto de leyes para fortalecer la OLP.

Y ha dicho: “Voy a liberar a Venezuela del paramilitarismo”.

De acuerdo al oficialismo, las bandas criminales que operan en Venezuela están integradas por paramilitares colombianos financiados por políticos de derecha como el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien rechaza las acusaciones.

“No recuerdo cuánta gente he matado”

En una zona de paz en los Valles del Tuy, otra verde región de Miranda pero al sureste de Caracas, le pregunté a uno de los jefes de una banda si es paramilitar.

“Esas son puras ganas de politizar”, dijo. “Acá los únicos colombianos son tan venezolanos como yo”, señaló, en referencia a los inmigrantes colombianos que llegaron hace décadas a Venezuela.

El delincuente, a quien llamaremos Eduardo, me recibió en un barrio de Ocumare del Tuy, un pueblo mirandino, donde se refugia su banda de entre 30 y 40 personas.

Flaco, con ropa vieja y modesta, marcado por todo tipo de cicatrices en el cuerpo, Eduardo dijo que empezó a robar a los 13 años, hace 17.

“A los 20 comencé a matar y hoy solo me dedico a golpes grandes”, dijo.

Y añadió que esta semana extorsionó a una persona rica de Caracas por 500.000 bolívares, unos US$2.500 a la tasa oficial más alta.

“Investigamos al tipo, hablamos con gente que lo conoce, y le pegamos un susto”, relató.

¿Y cómo es el susto?, le pregunté.

Se rió. Sacó una pistola nueve milímetros -pintada con líneas amarillas- y me la puso cerca de la cara, sin apuntarme directamente.

“¿Te sientes asustado, así, cuando te la muestro? Bueno, eso es un susto”.

Los presentes se rieron.

Eduardo dijo no recordar el número de personas que ha matado.

“A veces me pasa que me acuerdo de uno que tenía borrado y digo ahhhh verdad”.

Contó que no tuvo padre. Que tiene varios hijos por los que debe trabajar. Que la plata no alcanza y por eso delinque.

Pero ahí se detuvo, y me miró de reojo: Eduardo prefirió omitir más detalles personales.

Sin madre, sin instituciones

Profesora Mirla Pérez.

“En una sociedad donde la figura de la madre es central, cuando falta el afecto materno se generan ideales como la individualidad o heroicidad que promueven la delincuencia”, dijo Mirla Pérez, profesora de antropología de la Universidad Central de Venezuela.

Pérez dijo que la causa principal de la violencia es la falta de instituciones.

Y Guzmán, el comisario de Polimiranda, coincide: “En un país donde el 90% de los homicidios no tienen ningún tipo de consecuencia legal y donde las cárceles están controladas por delincuentes (conocidos como Pranes), se cocina el caldo de cultivo para que bandas como estas operen sin dificultad”.

“Crecen en las plantas”

Cuando le pregunto a Eduardo si le asustan los operativos de la OLP, hace un gesto de sonrisa irónica.

En el caso de la Cota 905, medios locales reportaron, citando fuentes policiales, que los jefes de las bandas no fueron arrestados porque antes del operativo les filtraron la información y se fueron.

Eduardo hizo eco a esos reportes: “Mira lo de la Cota 905; allá arrestaron y mataron gente inocente pero los grandes capos están libres”.

Y uno de sus “convive” (colega) añadió: “En Venezuela el que está en la cárcel es porque es idiota”.

Cuando arrestaron a uno de ellos hace unos meses, sobornaron al juez y al abogado público con carros y otros bienes.

Estamos en un pequeño patio del barrio por el que pasan niños en bicicleta y madres con sus bebés. Suena reguetón a todo volumen. Se fuma marihuana en papel kraft.

De repente uno le dice a la señora que pasa: “Disculpe lo malo, doña”.

Todos participaron a la vez en la conversación. No se quedan quietos más de 5 minutos. En la misma moto, unos van y otros vuelven.

Después revelaron que conseguir armas en Venezuela es fácil, aunque costoso: una pistola vale 200.000 bolívares, por ejemplo, unos US$1.000 a la tasa oficial más alta.

Prácticamente el único productor e importador de armas en Venezuela es el gobierno que, según estudios de ONGs, es la mayor fuente de armas para bandas.

Los delincuentes de Ocumare corroboraron estas versiones, aunque añadieron que las diferentes bandas se venden armas entre ellas, incluso a veces por medio de un sistema de subastas en chats colectivos de celular.

Las denuncias de los delincuentes me llegaron todas al tiempo, mediadas por sus rocambolescas expresiones.

Grabar o tomar notas –o fotos– no es una posibilidad.

Entre el reguetón y los comentarios, escuché una frase, de uno de los más viejos, que me quedó grabada: “En Venezuela pareciera que las armas crecen de las plantas”.

“Con nosotros estás en casa”

Según la prensa local, Ocumare de Tuy es una de las zonas más peligrosas del país: se reportan matanzas, robos y secuestros.

Según cifras de PoliMiranda, el municipio Tomás Lander del que Ocumare es capital registra el mayor número de homicidios por cada 100.000 habitantes: 129 al año, muy por encima del promedio del país, que según el OVV es 89 por cada 100.000 personas.

Pero de acuerdo a los delincuentes, Ocumare dejó de ser peligroso después de que hace dos años las diferentes bandas firmaron una tregua que delimita la zona de cada una y les garantiza que la policía no entra.

“Acá no se mata al que no se lo busca”, me dijo el vigilante de una escuela que está parcialmente inundada.

¿Esa es la versión ocumareña de la zona de paz?, pregunté a los delincuentes.

Asienten, aunque no entienden bien qué es eso de las zonas de paz: “Acá firmamos una paz entre las bandas que ha funcionado, pero el gobierno yo no sé qué tuvo que ver”, dijo uno.

Y otro de los presentes lo corrigió: “¿Tú eres bobo? La iniciativa fue del gobierno, o si no por qué crees que la policía acá no se mete”.

Algunos analistas dicen que estas zonas funcionan como gobiernos paralelos, aunque informales, en un estilo de extensión de lo que se vive en las cárceles, donde la figura de autoridad es el Pran.

Ese podría ser el caso de Eduardo, el mayor y de más experiencia entre los presentes.

“Nosotros ya no jodemos (robamos) a la gente de la zona; nos enfocamos en los ricos de Caracas”, dijo.

Entre más cerca esté uno del Pran, más lejos del peligro.

Los jóvenes me hablan de sus fiestas, que –dijeron– es la mejor forma de ver cómo funcionan las cosas acá.

“Allí cada uno lleva sus armas para mostrarlas”, explicó Eduardo, como quien guarda la joya más fina para el viernes en la noche.

La próxima vez vienes a una fiesta”, me dijeron, ansiosos por la que tienen en la noche.

“Sin nosotros tú no sales de acá sin que te maten; pero ya con nosotros estás en tu casa”.

De bolívar fuerte a limosna nacional

Víctor Amaya, Clímax

Composición fotográfica: Mercedes Rojas Páez-Pumar

 Si un billete pudiera hablar, hace rato que los nuestros dirían: “sálvenme o mátenme”. Ahora no sólo la inflación y la devaluación arremeten contra los bolsillos sino una prohibición que prescribe los montos máximos a tener en efectivo.

Menos mal que los rostros impresos en los billetes de bolívar, aunque no sean del prócer a cuyo nombre y honra los bautizaron, no pueden mostrar emociones. Por eso son como estatuas, siempre regios, siempre con porte de trascendencia. Imagínense si pudieran adaptar su cara y ponerla de circunstancia.

Por allí ha corrido una imagen de un George Washington en el billete de dólar con mohín de escándalo visto el aumento del billete verde en el mercado negro. La crisis nacional se resume en colores, como para niños. Pero en realidad el independentista gringo pudiera es estar sonriente, porque va ganando la partida.

El que debería tener expresión de aquelarre es Bolívar, quien mantenía con su bigote en aquella orquídea de 500 la marca de la más alta denominación. Luego otro de sus rostros pasó a 1.000, y otro más identificó una nueva tirada de ese monto. Ahora es la faz del billete de 100.000 de los viejos, aunque sin tres ceros. Y aún así se queda corto.

Mientras piden que circule un papel que marce de nuevo 1.000 pero de los “fuertes”, al que le pudieran poner el figurín digitalizado y 3D del prócer, vemos cómo la vida se le hace agreste a cualquier ejemplar de nuestros papeles moneda.

1) Inflación: un Bolívar logró independizar a seis naciones, pero hacen falta 500  —si acaso— para hacerse de un cartón de huevos. En la batalla diaria de la gente por comprar lo que consiga se usa un auténtico ejército de bolívares, pacas enteras de papel sobre papel. Pobrecitos.

2) Devaluación: cuando lo bautizaron como “fuerte” dijeron que tendría músculo para equiparar a Washington. Pero no pasó mucho tiempo cuando los músculos comenzaron a enflaquecer. Algunos dirán que nunca estuvo entrenado, que la anemia venía “de atrás”, pero lo cierto es que terminó vapuleado por el imperialista y hasta dibujado por allí con un ojo morado. Pobrecito.

3) Ni Miranda ni “Negro Primero”: al billete de dos bolívares le pusieron un jovencísimo Francisco de Miranda, y menos mal porque si hubiese sido ya el héroe que combatió por medio mundo y conquistó a montón de mujeres y reinas, no se hubiese calado esa afrenta. Salir del catre de La Carraca para entrar al catre del Banco Central de Venezuela (BCV). Y además, por debajo del también devaluado “Negro Primero”.

A Pedro Camejo, nombre de pila, le debe doler que ya nadie lo nombre por su legendario mote. Ahora el negro es el dólar.

Guaicaipuro va por el mismo camino. Ya no alcanza ni para un pasaje urbano. Su único entierro no fue en el Panteón Nacional hace algunos años. Y no es que los demás, como doña Luisa Cáceres o Simón Rodríguez la tengan mejor, pero ellos sí compran, al menos, una chupeta. Pobrecitos.

4) De héroes a bachacos: Un billete de 100 bolívares se cambia en la frontera con Colombia por unos Bs 140. El bachaqueo de billetes consume papel moneda y lo intercambia por transferencias electrónicas.

El “cambiazo”, como lo conocen en la vía entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, sirve para llenar las manos de quienes se dedican al contrabando, al facilismo de sacar productos baratos para vender caro en la nación de Santander, pagando en no pocas alcabalas el ínterin. Es una trata de blancas de los próceres numismáticos. Pobrecitos.

5) Corralito con patacón: En Zulia ya dieron la orden. Y Táchira quizá no se quede atrás, como aquello del chip de la gasolina. No se podrá sacar de los bancos montos mayores a 40 mil bolívares. Hace años las restricciones del cupo Cadivi hicieron a más de uno vociferar “¿pero si ese dinero es mío por qué no puedo usarlo?”.

En el 2015 el asunto es ya contra la empequeñecida moneda nacional. Además, ya se había impartido la indicación de dejar en taquilla billetes de 2, 5, 10 y hasta 20 bolívares, para poner los verdes chillones y marrones en los cajeros automáticos. Los billetes no pueden ser manoseados, ni aunque se quiera. Además, para ellos el “libre tránsito” no aplica. Pobrecitos.

Qué difícil es ser un billete bolivariano. Es decir, del cono monetario signado por el apellido de El Libertador. Pobrecitos.