INFORME 2016 DEL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE VIOLENCIA

A- La situación social de Venezuela

Este 2016 ha sido conflictivo en Venezuela y la expansión de la violencia es un claro indicador de ese proceso social y político: en Venezuela se ha expandido la violencia, en sus modalidades y en su gravedad.

El proceso de destrucción de la institucionalidad, que desde hace más de una década hemos podido documentar y denunciar, adquirió en el 2016 una dimensión mayor con la partidización abierta del sistema de justicia, en especial del Tribunal Supremo de Justicia, y su transformación en una herramienta del Poder Ejecutivo, para desconocer y someter al Poder Legislativo, pretendiendo anular sus funciones constitucionales de legislación y control.

Lo que a inicios del año se veía como una posibilidad de balance de poderes y convivencia, capaz de fomentar la institucionalidad, se transformó en un enfrentamiento, el cual, unido al bloqueo de los mecanismos electorales previstos para dirimir los conflictos de poder, las elecciones de gobernadores y la solicitud de referendo revocatorio, han peligrosamente cerrado los caminos para los procesos pacíficos de resolución de conflictos.

Ese contexto institucional ha debilitado de una manera notable el sentido de una vida social regida por normas, acuerdos y leyes. La parcialización política y social del sistema judicial afecta no sólo el acceso a la justicia de algunos, sino el rol de la ley y de la norma como reguladora de la vida social en todos los ciudadanos y abre las puertas a la violencia social y política.

En este 2016 hemos tenido también un proceso de empobrecimiento generalizado de la sociedad. Salvo una élite muy restringida y con acceso a recursos especiales que se ha enriquecido, todos los demás grupos sociales, profesionales y obreros, profesores y estudiantes, clase media y sectores populares, han sufrido un deterioro dramático en la capacidad de compra de sus salarios. A pesar que el salario ha aumentado varias veces en este año, los servicios que pueden adquirirse o los bienes que pueden comprarse con ese dinero, se redujeron notablemente.

La escasez de productos y de servicios ha fomentado la conflictividad en la sociedad, la población ha sido sometida a largas colas y otros requisitos arbitrarios que se les imponen para poder acceder a los alimentos cada vez más costosos; en este contexto surgen comportamientos y grupos delictivos que compiten por conseguir esos bienes o servicios.

La carencia o deficiencia de los servicios básicos como la electricidad, el agua, el gas para cocinar, ha propiciado conflictos en diversas regiones del país, bien sea por las disputas por adquirirlos o el incremento de los precios que deben pagarse cuando no se obtienen de manera regular: el costo del camión cisterna para llenar los tanques de agua o el costo de la bombona de gas cuando falta el suministro y que no se consigue, ha empobrecido más a la población.

Esta situación de arbitrariedad en el poder, empobrecimiento y escasez ha promovido el incremento de la violencia en el país, pero sobre todo ha provocado una nueva situación en este año 2016: la aparición generalizada de la violencia por hambre.

B- Las limitaciones en la determinación de las muertes violentas

En cualquier sociedad es muy difícil conocer cuál es la cifra real de delitos, casi siempre está subestimada, pero es mucho más engorroso cuando no hay transparencia en la información, ni la voluntad de superar los escollos y dificultades, sino, bien por el contrario, el propósito sostenido de ocultarle a la sociedad la magnitud de la grave enfermedad que padece.

En la estadística de cualquier país una parte de los delitos queda sin registrar, inclusive hay subregistro de aquellos tan graves como el homicidio. En Venezuela en 2016 eso se ha hecho evidente ante la opinión pública: ¿Dónde, en cuál estadística hubiesen quedado registradas las 12 víctimas de la violencia oficial sepultadas en las fosas comunes en Barlovento? ¿Se hubieran contado esos muertos sin la denuncia sostenida de los familiares? ¿Cuántas otras víctimas, quizá menos numerosas, de uno o dos cadáveres, pueden estar en la misma situación y quedan sin registro?

Ante esa dificultad real, que se acrecienta por la censura oficial, las universidades nacionales participantes en el OVV hemos trabajado durante una década buscando formas alternativas e independientes de información, combinando datos primarios con fuentes secundarias y proyecciones estadísticas.

En este 2016 nuestras fuentes de información se han ampliado y mejorado, y en la actualidad se analiza y procesa información en seis ciudades distintas con grupos de investigación de seis universidades: en San Cristóbal con la UCAT, en Cumaná con la UDO, en Barquisimeto con la UCLA, en Ciudad Guayana con la UCAB, en Mérida con la ULA y en Caracas con la UCV.

A fin de mejorar la calidad de nuestra información, hemos solicitado y contado con la asesoría del equipo de Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) para certificar los procedimientos empleados por el OVV para la predicción de muertes violentas en el país. Adicionalmente, el OVV adelantará para el 2017, con asistencia de HRDAG, un proyecto de uso de la metodología conocida como Estimación por Sistema Múltiples (Multiple System Estimation), que en el ámbito internacional se ha venido utilizando en situaciones de dictaduras o de guerras para estimar las muertes invisibilizadas.

Como resultado de esas revisiones, en este año se produjeron unos cambios en nuestra metodología, a fin de hacer más fácil y más abierta la comprensión de la información sobre violencia letal en el país. Para ello hemos reforzado la utilización de las fuentes primarias de datos.

C- Los pronósticos para el 2016

Contando con fuentes primarias oficiales y con las informaciones de terreno recabadas en los seis observatorios regionales de violencia, para este año 2016 estimamos una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes y un total de 28.479 fallecidos en todo el territorio nacional, que deriva de la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimamos en 18.230 casos; las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.281 muertos; y los 4.968 fallecidos incluidos en los casos de muertes violentas consideradas en averiguación, por no haber tenido una intencionalidad conocida.

Con una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes, Venezuela se ubica en el segundo lugar de los países con mayor violencia letal en el mundo.

En primer lugar calculamos que, al igual que el 2015, se volverá a ubicar El Salvador, con una tasa de alrededor de los 100 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 103); y en tercer lugar se situará Honduras, con una tasa cercana a los 60 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 56).

Nuestros estimados indican que al finalizar el 2016, Venezuela tendría una tasa de muertes letales 3,6 veces mayor que las de Colombia y Brasil. Colombia continúa su proceso de disminución de los homicidios, y con una tasa de 25,3 al finalizar este año, igualaría a la tasa de 25,1 que ha venido presentando Brasil.

D- Los rasgos de la violencia en el 2016

En este año podemos resaltar la presencia de cuatro procesos sociales violentos en Venezuela:

El delito se hizo más violento

En el 2016 aumentó el uso de un armamento más poderoso y letal por parte de los delincuentes. Un aspecto que llamó mucho la atención fue la proliferación del uso de granadas en enfrentamientos con los cuerpos policiales, situaciones de secuestros y en conflictos a lo interno de las prisiones. El uso de armamento de guerra permitió no solo enfrentamientos abiertos en batallas defensivas con las fuerzas de seguridad, sino el pase a la ofensiva con emboscadas y ataques a las sedes policiales.

La otra evidencia de ese proceso es el incremento de los asesinatos a grupos de varias personas al mismo tiempo. Lo que se ha conocido como masacres, porque resultan tres, cuatro o hasta más de siete víctimas fatales en el mismo evento. Si bien en la mayoría de los homicidios hay una sola víctima, la expansión de la violencia ha tenido como expresión estos asesinatos colectivos perpetrados por bandas delincuenciales o cuerpos de seguridad.

Las masacres de Tumeremo, Cariaco o Barlovento son una expresión conocida, pero los estimados nuestros es que en el 2016 ocurrieron al menos 22 asesinatos múltiples en cada mes calendario. Una cifra preocupante que muestra la expansión de la violencia en el país.

La respuesta policial y militar se hizo más violenta

La incorporación de nuevos delincuentes y el ejercicio de mayor violencia por ellos ha tenido una respuesta policial y militar de mayor envergadura y letalidad, que ha sido cuestionada por actuaciones violentas que pueden calificar como ajusticiamientos y abuso de poder. Si bien la población acosada por los delincuentes y la violencia requería una acción represiva y de contención por parte de las autoridades, ahora teme y ve con tristeza e impotencia los abusos que se han cometido bajo la pretensión de lucha contra las bandas criminales.

En nuestros estimados de los años anteriores, habíamos calculado que el 65% de los casos clasificados como de resistencia a la autoridad eran fatales. Este año, a partir las cifras primarias que disponemos de nuestros estudios, nos muestran que ese porcentaje se incrementó de una manera importante y para el 2016 estimamos que al menos el 80% de los casos de resistencia a la autoridad concluyeron en muertes.

En estas condiciones los delincuentes perciben que la actuación policial es violenta, los condena a la muerte y, por tanto, responden en consecuencia, haciendo más violenta la sociedad. Tanto el delito como la acción de respuesta de las autoridades se volvieron letales.

Aparece el delito por hambre

El empobrecimiento y la escasez de los alimentos ha llevado a respuestas muy variadas en la sociedad: unos deciden hurgar en la basura para poder alimentarse, otros deciden robar los alimentos o a las personas para poder conseguir dinero y comprar comida.

Históricamente el delito en Venezuela se había motivado por la búsqueda de un consumo suntuario, unos zapatos de marca o un teléfono celular. En el 2016 ocurrió un cambio y los Observatorios Regionales pudieron detectar un incremento generalizado de los robos por hambre.

Se incrementan los robos colectivos; los saqueos a negocios y transporte de alimentos, han sido una modalidad violenta que se ha incrementado en el país y aunque hay casos que han alcanzado notoriedad, como lo saqueos en Cumaná en junio, en San Cristóbal en julio, o en Ciudad Bolívar en diciembre, son muchos más frecuentes y generalizados.

En diversas zonas del país, el transporte de alimentos sólo puede hacerse en camiones que se movilizan escoltados por unidades del ejército para evitar lo saqueos de las poblaciones que atraviesan en su recorrido; y aun así hay casos donde los cuerpos militares no han podido evitar el asalto de la población que busca comida.

Se incrementó el delito amateur

Aunque hay delincuentes profesionales que roban la comida, la mayoría de las personas que cometen estos delitos no son delincuentes regulares. No se dedican al delito, tienen otros oficios y empleos, pero pueden cometer un delito transitoriamente, en el camino de regreso del trabajo; ya que su salario no le alcanza, se convierten en delincuentes amateurs; en general son actores solitarios, pues actuar con otros sería reconocer su nueva condición que todavía no quieren aceptar.

Sus acciones son pequeñas, pero su número se hace cada vez más grande, por lo tanto existe la posibilidad que muchos de ellos decidan aceptar esa identidad y pasen a convertirse en profesionales e integrar las bandas delictivas.

E.- El deterioro del sistema de justicia penal

El deterioro del sistema de justicia penal ha llevado a una desconfianza notable de la población en sus componentes. Los varios estudios de percepción de la seguridad que hemos realizado en las universidades, señalan que menos del 10% de la población considera como buenos o confiables la policía, los tribunales o las penitenciarías.

Durante el año 2016 se deterioró la función social de la policía

Las policías y los cuerpos de seguridad han padecido un gran deterioro durante este año.

En primer lugar, los policías continúan siendo víctimas del delito y la violencia, se han convertido en un objetivo del delito: Estimamos que al finalizar el año 2016 tendremos en Caracas un promedio de 2,5 policías o funcionarios asesinados en cada semana.

Adicionalmente, y en el resto de estados centrales, un promedio de 1 policía muerto por semana. El deterioro se refleja también en una disminución de la capacidad operativa de la policía. Las policías han mermado en su personal, pues, durante este año, fue muy notable la renuncia de los funcionarios policiales a sus cargos públicos.

El crecimiento de los riesgos y la reducción práctica de lo que compran sus sueldos, ha hecho que buena parte de ellos renuncien para ir a engrosar la seguridad privada.

Al mismo tiempo, se ha observado un aumento del número de policías involucrados en el delito. En este año se ha observado un incremento de su acción fuera de la ley, desde su participación en robos y extorsión comunes, hasta su colaboración con las bandas organizadas.

Los registros de prensa de todas las regiones y los partes policiales, reflejan sistemáticamente las informaciones de los funcionarios transformados en delincuentes usando su investidura policial para cometer las fechorías y que son apresados por otros agentes de seguridad, lo cual los ha convertido en depredadores de la comunidad que deben proteger.

Adicionalmente, se incrementaron las denuncias sobre la acción extrajudicial y delictiva de funcionarios y cuerpos policiales en sus funciones de seguridad. En este año 2016 se incrementaron las denuncias de ejecuciones a personas realizadas por funcionarios policiales y militares en la denominada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), lo cual coincide con el incremento de víctimas fatales calificadas en la estadística como resultado de un acto de resistencia a la autoridad.

Se estableció un sistema carcelario paralelo a las prisiones

Las penurias y los enfrentamientos violentos en las cárceles que se dan entre las bandas para controlar los penales y las rentas económicas que de allí derivan, se mantuvieron durante todo el año y a pesar de los reiterados esfuerzos de los defensores de los derechos humanos y de las autoridades.

Lo singular de este proceso en Venezuela es que paralelo al sistema penitenciario formal se ha creado una estructura de reclusión temporal que equipara en magnitud de internos a los que se encuentran en las cárceles. Estos centros de detención provisional no fueron diseñados, ni tienen las instalaciones físicas, para albergar miles de reclusos y de manera permanente.

Algunos detenidos llevan varios años en esos centros temporales y, aunque ya tienen sentencia y orden de traslado a las cárceles por un juez, no son admitidos en las cárceles formales por las autoridades penitenciarias.

Se incrementó la politización del sistema de administración de justicia

En este año se redujo la legitimidad del sistema de justicia por su parcialización política y su pérdida de capacidad operativa. El mecanismo de designación de los nuevos magistrados y las actuaciones a lo largo del año le restaron legitimidad a un sistema de justicia que debe mostrarse al servicio de toda la ciudadanía, sin
distinciones sociales o políticas.

Esta conflictividad y parcialidad, así como los bajos sueldos, han llevado a la renuncia formal o al retiro práctico de funcionarios judiciales de sus obligaciones cotidianas, pues deben buscar otras formas de obtener ingresos.

F- Las respuestas de la ciudadanía a la violencia

Ante tales niveles de empobrecimiento y violencia delincuencial y oficial, se ha provocado una respuesta de la ciudadanía, que podemos agrupar en 4 procesos sociales.

F.1- La violencia incrementó el miedo y la pérdida de libertad

El miedo de la población venezolana a ser víctima del delito y la violencia se ha generalizado a todos los sectores sociales, pero afecta de manera más grave a los sectores pobres y de clase media que deben moverse a pie o en el transporte público por las ciudades y calles del país.

Las encuestas y los grupos focales que durante este año realizamos desde las universidades nacionales, han registrado ese sentimiento de temor permanente y callado que tiene la población. Como consecuencia de ese miedo, se han generalizado también las medidas personales para la reducción del riesgo, lo cual ha llevado al encierro de la población, a la renuncia del espacio público y los cambios de hábitos de socialización, educación y trabajo.

Las calles de las ciudades se vacían al anochecer, el transporte público se reduce y las personas se resguardan en sus casas. En algunas ciudades los grupos delincuenciales ordenan toques de queda forzados. Estas acciones que en los años anteriores estaban limitadas a pequeños espacios y ocurrían de manera encubierta, pasaron en el 2016 a ocupar avenidas principales y de manera abierta.

Esto dejó de ser un fenómeno exclusivo de las zonas de frontera o las ciudades, y se extendió a poblados pequeños y zonas turísticas, los cuales perdieron dinamismo y han sufrido un impacto económico adicional, pues los pescadores artesanales se resguardan por miedo a que les roben sus botes o motores, y los visitantes se abstienen de ir a las playas por temor a ser víctimas de los asaltos colectivos.

Una de las áreas donde con mayor impacto se ha sentido este fenómeno fue en el transporte público y colectivo: ocho de cada diez venezolanos tiene miedo de ser víctima del delito en los autobuses en las ciudades o en las carreteras interurbanas.

Por ese miedo, este año muchos venezolanos optaran por renunciar a viajar en las noches o madrugadas por muchas carreteras y autopistas, las cuales se tornaron más solitarias y se hicieron más propensas a la actuación del delito.

F.2- La violencia produjo desplazamiento territorial de la población

La violencia y el miedo a ser víctima de la violencia han propiciado el desplazamiento de la población a otras zonas, otras ciudades y otros países. Lo que por un tiempo fue un fenómeno exclusivo de las zonas fronterizas, en 2016 se pudo observar en las zonas centrales del país. Los territorios controlados por las bandas se ampliaron y de igual modo la amenaza, el sometimiento y la extorsión de la población.

Ante la ausencia de protección de las autoridades, y dado que la inhibición no resulta suficiente para protegerse, las familias han decidido trasladarse completamente o al menos a sus hijos, hacia otros lugares, con la esperanza de obtener mayor seguridad.

Estos desplazamientos por la violencia de las bandas y en algunos casos, de los cuerpos policiales, se incrementaron durante el 2016. Aunque no es sencillo cuantificarlos, pues pueden confundirse con las mudanzas por motivos económicos, se ha podido registrar una mayor movilidad territorial que, dependiendo de las condiciones de las familias, se da a lo interno de la ciudad, entre ciudades o hacia fuera del país.

En el 2016 se registró un fenómeno de abundante retorno de migrantes de primera o segunda generación a sus países de origen, y no sólo a Europa, sino también en América Latina, a Colombia, Ecuador, Perú o República Dominicana, tanto por las carencias económicas, como por el temor y la desprotección que sienten ante la violencia.

F.3- La violencia incrementó los linchamientos

Por la reiterada victimización que se ha vivido durante más de una década, y el sentimiento de desamparo, muchas personas han decidido tomar la justicia por mano propia y han pasado al acto, agrediendo físicamente, y en algunos casos, hasta causando la muerte a presuntos delincuentes y hasta personas inocentes.

En este año observamos 4 aspectos relevantes.

El primero, es un incremento en la magnitud de estos linchamientos, si bien en años anteriores había ocurrido el fenómeno, se registraba como algo aislado; en el 2016 se ha visto un incremento importante, registrándose cada semana entre 1 y 3 linchamientos con víctimas fatales.

El segundo, es que su ocurrencia se ha generalizado en el país, llamando la atención su notable incremento en ciertas zonas como el estado Monagas.

El tercero, en los estudios de años anteriores se había observado que los linchamientos tenían como víctimas a personas que habían cometido crímenes horribles, asesinos o violadores, mientras que en el 2016 se observó intentos de linchamiento de personas que cometían delitos menores, hasta ladronzuelos inexpertos, que han recibido un fuerte castigo corporal como resultado del cansancio y la ira de la población.

Y, finalmente, los observatorios han registrado una actitud más tolerante y cómplice de la policía, que se retira o retrasa su intervención para permitir que la población proceda con el linchamiento.

F.4- La violencia incrementó el sicariato

Quienes deciden no tomar la justicia por sus propias manos, pueden encomendar a otros que realicen dichas tareas. Las tareas del sicario pueden ser desde intimidar al otro para facilitar una negociación hasta ejercer una venganza en respuesta al daño recibido.

Las bandas delincuenciales la utilizan, pero también los ciudadanos que se sienten desprotegidos y sin esperanza de obtener reparación o justicia. En este año 2016 pudimos registrar que cada semana se cometieron entre 1 y 4 asesinatos que, por su forma de ejecución, podían ser clasificados como sicariatos o muertes por encargo.

G- Llamado final

Las universidades nacionales agrupadas en el Observatorio Venezolano de Violencia, queremos reiterar nuestra convicción que esta dolorosa situación de violencia y criminalidad que vive la sociedad venezolana, no es una irreversible maldición del destino sino el resultado de políticas públicas equivocadas.

Con la voluntad y cooperación de los venezolanos, de todos los sectores sociales y de todos los colores políticos, podemos modificarla y construir una sociedad democrática donde se respeten los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de todas las personas.

¿Por qué la pasividad de los venezolanos ante la situación país?

Marlene Risk, Analítica

Siquiatra social José Miguel López. Foto del diario Tal Cual.

El psiquiatra social José Miguel López, explicó el actual comportamiento del venezolano ante la situación del país y el porqué no reaccionan ante casos como el de Franklin Brito, Oliver Sánchez o ante las muertes de decenas de neonatos, homicidios o violaciones de los derechos humanos.

Los estudios en el área de la neurociencia clínica aplicada, han establecido cómo los seres humanos nos defendemos ante la agresión y esa puede ser una de las explicaciones por las que no hay una reacción masiva de rechazo, ante los hechos de violencia.

Estos aspectos pueden explicar la manera como actúan los ciudadanos, ante la crisis política y social que enfrenta el país.

La realidad disminuida

El cerebro minimiza las realidades fuertes. En una situación de hambre, hace que el individuo se proteja y priorice la consecución de alimentos antes que las injusticias sociales; es decir, predomina lo instintivo.

El caso de Oliver Sánchez es importante y muchas personas se preguntan por qué en Venezuela no se le ha dado relevancia, a pesar de que esa historia es el reflejo de decenas de niños que mueren a diario, incluyendo neonatos, porque no tienen acceso al tratamiento oportuno debido a la escasez de medicamentos e insumos médicos.

Cómo actúan los ciudadanos ante la crisis política y social que enfrenta el país.

Lo que sucede es que, por los momentos, “esas muertes van a ser aspectos secundarios en una realidad donde la prioridad es calmar el hambre”.

Sin embargo, en sociedades como la británica -por ejemplo- el caso ha tenido una superlativa relevancia. La conclusión de especialistas es que “los cerebros de los británicos no tienen que preocuparse por buscar alimento, ni hacen colas, disponen de recursos, entonces al no estar comprometida la supervivencia sobreviene el altruismo y aparece la consciencia del individuo que elucubra sobre las injusticias, los regímenes totalitarios y las ayudas humanitarias”.

Es bueno tener presente que los actos heroicos son señales de despertar y han ocurrido en Venezuela históricamente; por ejemplo, la huelga de hambre de los médicos en Mérida, que dentro de sus límites pudiese ser comparada con el acto heroico del monje budista que se inmoló para protestar contra la guerra de Vietnam.

Dicho de otra forma, el cerebro humano -y en particular un área llamada lóbulo frontal y corteza prefrontal- dibujan en la mente del individuo un escenario menos catastrófico que el escenario real, lo que cognitivamente se llama minimización; y como el ser humano no actúa de acuerdo a la realidad que lo rodea sino a la realidad que interpreta, sus respuestas son de mansedumbre y sumisión”.

Seguir conductas 

Las “neuronas en espejo”, que recientemente se descubrieron y a las que se les atribuyeron funciones de generalización de conductas, podrían explicar la pasividad de los venezolanos ante hechos graves.

“Es decir un ser humano va a hacer algo parecido a lo que haga otro como conducta primaria y que no ponga en peligro su vida”.

Precisamente esas “neuronas en espejo” reflejan las conductas de otros humanos y la tendencia es a seguirlos; de allí la resignación al hacer las colas o la falta de opiniones solidarias, ya que el miedo evita que se produzcan.

Largas colas para la adquisición de alimentos, escasez de medicinas, vejación por parte los organismos públicos y maltrato por los entes coercitivos del Estado, aplacan el derecho de los ciudadanos a protestar.

Otro factor científico que explica la singularidad del comportamiento social venezolano, tiene que ver con la vivencia de un duelo patológico.

De acuerdo a los estudios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, el duelo tiene una serie de etapas: negación, rabia, tristeza, pacto, aceptación y resolución.

Parece ser que colectivamente los duelos son similares a los que pasa a solas un individuo, y hay una gran parte de la población que está en la fase de pacto.

Esta etapa, también conocida como negociación, es el conjunto de herramientas que son aplicadas para justificar la razón del duelo. Es el caso del luto por la muerte de un ser querido; el pacto sería: “tenía que morir porque estaba sufriendo”, “se hizo todo lo que se tenía que hacer”, “se pudo hacer más, pero no había medicinas y no tenemos divisas para llevarlo a que lo trataran en otra parte”.

Es decir, el dolor se negocia para que afecte menos y se alcance la aceptación.

Si lo anterior es traducido al caso venezolano, es posible decir que continuamente hay un elemento de negociación en la población. Por ejemplo, hay grupos que creen en mensajes y se convencen de razones, aunque no tengan argumentación lógica (caso de la guerra económica o de una posible invasión extranjera).

Otros grupos establecen su negociación en base a fenómenos reales, sustanciales y lógicamente argumentados, como son solicitar la renuncia del líder, comprobar la nacionalidad del actual Presidente, convocar a un referendo revocatorio presidencial y denunciar violaciones de derechos humanos, entre otras acciones.

Estos actos llevan a algunos ciudadanos a quedarse en la espera para tomar una acción contundente. Por ejemplo, es común escuchar a las personas decir “voy a esperar el revocatorio a ver si me voy o me quedo en el país”, “voy a ver qué pasa antes de iniciar un negocio” o “cuando salgamos de esto haré la inversión”.

“Ya no siento por ti”

Otro elemento inherente a los mecanismos de defensa del cerebro, está relacionado con la disminución de la sensibilidad afectiva y ello ha sido estudiado en particular en escenarios bélicos.

La solidaridad que se sentía entre venezolanos, se ha diluido en el contexto político y social.

Por ejemplo, los nazis -a partir de las matanzas que realizaron- llegaron a decir que era algo normal eliminar a los judíos, porque eran considerados al igual que una plaga y no sentían que estaban cometiendo ningún crimen (Juicios de Nuremberg).

En ese mismo tono, la cantidad de crueldades a la que la población venezolana tiene acceso, aderezada con un discurso oficial que minimiza y hace ver normal la situación, ocasionan que el individuo no tenga enojo ante hechos como los de Oliver Sánchez o el caso de Franklin Brito -de quien se han escrito libros- producto de un proceso de insensibilidad.

Decenas de niños mueren a diario, incluyendo neonatos, porque no tienen acceso al tratamiento oportuno, debido a la escasez de medicamentos e insumos médicos

La solidaridad que se sentía entre venezolanos se ha diluido en el contexto político y social, lo que ocasiona que las personas expresen pesar sólo por un grupo y por el otro se actúe con indiferencia.

Algo así como “ya no siento por ti y no me importa lo que te pase”, incluso es hasta “bien merecido” o “tú te lo buscaste por…” si te sucede algo.

NOTA DE SALA DE INFORMACIÓN

A este excelente trabajo de Marlene Risk, quisimos añadir un interesante trabajo de Isabel Herrera para El Pitazo.

Ambos trabajos se complementan y ofrecen interesante información de utilidad para nuestros distinguidos lectores, en el marco de esta crisis tan profunda que vive Venezuela.

Gracias a Marlene e Isabel.

Existe un juego de subsistencia

Lennys Lurua, psicóloga, especialista en orientación familiar y docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, señaló que no se ha realizado una evaluación por parte del gobierno o de alguna institución privada sobre el impacto de esta situación en la estructura emocional, de integración y de convivencia de la familia venezolana.

“Voy a esperar el revocatorio a ver si me voy o me quedo en el país”, “voy a ver qué pasa antes de iniciar un negocio”, “cuando salgamos de esto haré la inversión”.

“En medio de la crisis, la impulsividad sólo nos lleva actuar y no a pensar. Sin duda, todo lo que estamos viviendo está dejando huella en la estructura familiar de los venezolanos, en su dinámica, en la búsqueda de mecanismos orientados a la socioadaptibilidad.

Los grupos familiares no están bien alimentados, se prioriza quién come y quién no. Existe un juego de subsistencia que violenta, de manera importante, la convivencia”.

Agresividad y agotamiento

Dada la situación de carencia que viven las familias, es habitual vivir situaciones como:

– Una mayor sensación de desorganización en el hogar. No hay tiempo. Hay que hacer colas. Estoy desmotivado, estoy cansado. Cambio de rutina, debo levantarme a las 2 am para hacer la cola; por ejemplo.

– Gritos y molestias, cada vez con mayor frecuencia, y su consolidación como mecanismo estructural para dirimir conflictos en el hogar.

– Los miembros de la familia se muestran más sensibles e irritables de lo habitual.

– Mayores niveles de intolerancia.

– Menos muestras de afecto.

Para la profesora Lurua, la situación que estamos viviendo sirve como caldo de cultivo para la generación de problemas sociales que ya existen en nuestro país, como delincuencia, embarazos no deseados, deserción escolar, indigencia, abandono y maltrato infantil.

Para abordar el problema, recomendó -en  primer lugar- reconocer las potencialidades del grupo familiar y rescatar las formas cómo han atendido situaciones difíciles en otros momentos.

En segundo lugar planteó la identificación de redes de apoyo, tales como centros deportivos, iglesias, grupos comunitarios. Para ella, este punto es vital en tanto que permitirá reconocer los recursos emocionales, comunitarios y familiares, para atender el problema.

Por último, sugirió detectar los factores de protección familiar. Es decir, identificar en la familia el miembro más contenedor, el más tolerante, el más resolutivo, y repartir entre ellos roles y funciones para atender esta situación.

Sobrevivencia

Licenciada Brigett Barrios.

Brigett Barrios, licenciada en Trabajo Social, Magister en Seguridad Social y profesora de la Universidad Central de Venezuela, comparó la situación actual del país con experiencias muy parecidas a las vividas por los judíos en la Alemania Nazi y la Unión Soviética de Stalin, donde se vulneraron los ordenamientos jurídicos en términos de los derechos humanos, sociales, civiles y políticos.

En esos países las consecuencias fueron idénticas a las que viven hoy los venezolanos: polarización política y social; largas colas para la adquisición de alimentos, escasez de medicinas, vejación por parte los organismos públicos y maltrato por los entes coercitivos del Estado, para aplacar el derecho de los ciudadanos a protestar.

La docente consideró que en el país “hay menos solidaridad, menos reconocimiento de la otredad, focos de explosión social, focos de peleas por comida, reacciones violentas en las calles, metro y autobuses; en fin, la familia y cada uno de sus componentes se han visto disminuidos a la mínima expresión de la sobrevivencia: la animalidad. Buscar comida, cambiarla, venderla a sobreprecio, conseguirla, y el yo llegué primero, son el manifiesto de una sociedad convulsionada y golpeada entre las necesidades primarias y el cómo suplirlas”.

¿Qué hacer para afrontar la crisis?

La magister en Seguridad Social ofrece algunos consejos para afrontar la crisis:

– Estar consciente de que somos parte de una sociedad que está siendo objeto de injusticia y vulneración, por parte de un gobierno gendarme.

– Tomar en cuenta que no solo es tu familia, somos todos.

– Tratar de suplir y/o cambiar los alimentos, en la medida de lo posible, para sustituir los tradicionales.

– Motivar a cada miembro de la familia a percibir la crisis como una oportunidad para crecer y dar lo mejor de cada uno.

– Participar activamente en la promoción de la estabilidad socioemocional en la familia.

– Participar y reconocer los derechos propios y el derecho de los otros.
Utilizar la paciencia para manejar con asertividad, cada conflicto que se presente en el núcleo familiar.

– Encontrar momentos para fortalecer la unión. Si solo tengo un pan, y es repartido entre todos con amor, la historia será diferente.

– Establecer redes sociales de ayuda. Adaptarse, mas no naturalizar la crisis.

Movilnet: retrato de una empresa quebrada

John Manuel Silva, Revista Clímax

A mediados de la década pasada todos tenían un celular en las manos. Mucho de esto se debió a Movilnet y sus teléfonos “baratos”. Pero desde hace dos años, la empresa acusa una acentuada escasez de equipos y hasta de líneas.

Hoy, sus agentes comerciales lucen vacíos, ya no se hacen listas de espera y los populares teléfonos gubernamentales, el Vergatario y el Orinoquia, brillan por su ausencia. Este es el retrato de una empresa que está muriendo de mengua sin que nadie se altere.

El modelo de negocios de Movilnet es el típico de las franquicias, aunque tiene algunas especificidades. Hasta hace poco para tener un Agente Autorizado Movilnet el inversor debía contar con un local que pasara una inspección. En otras cosas, evaluaba el espacio para un mostrador estandarizado, unas puertas de vidrio que permitieran la vista hacia lo interno.

Un par de computadoras, como mínimo; una para la caja y otra para activar las líneas. Y al menos un par de promotores, que debían respetar un sencillo código de vestuario y aprender a utilizar OVAM, la Oficina Virtual de Atención Movilnet, una página web a la que solo puede accederse con un usuario, una clave y un token digital que cambia de número cada minuto y en la que se encuentra, además de la plataforma para agentes autorizados, la tienda para que los agentes repongan inventarios. Es un sistema que luego utilizaría, con algunos cambios, el Banco Bicentenario del Pueblo.

Por esa página se activaban las líneas, se cambiaban los planes, se actualizaban los datos de los clientes y se ofrecían servicios promocionales, como los pen drive de internet móvil que existieron entre 2010 y 2012. Otros servicios están más centralizados, como los desbloqueos de líneas robadas, las activaciones de líneas pospago asociadas a tarjetas de crédito y los cambios de tarjetas SIM —esas que todos conocen como chips. Todo eso se hace por teléfono, a través de una línea privada en la que cada agente tiene un código asignado para controlar las operaciones mensuales que realizan por allí.

Entre las normas de funcionamiento de los Agentes Autorizados está el respetar el protocolo y los planes promocionales de la empresa, no alterar el código de vestuario, y cumplir con una meta mensual que el supervisor regional asigna de acuerdo con la densidad de su clientela y su ubicación geográfica.

Para ser oficinas comerciales los estándares son mayores, porque estas, además de los oficios de los agentes autorizados, tienen más funciones que ofrecer a los clientes, que desde 2010 se llaman “usuarios” según memorándum enviado desde la central por orden de Conatel.

En Movilnet, aún después de la nacionalización, las cosas no iban tan mal. El populismo oficial tenía a la empresa andando y hasta produciendo dividendos. Un día, en Aló Presidente, al fallecido conductor se le ocurrió que la gente pobre tenía derecho a tener su teléfono económico.

En cadena nacional de radio y tv, varios meses después, el propio Chávez presentó un teléfono que tenía “de todo”, según sus propias palabras, “alarma, calculadora, juegos, cámara, mensajes, música, tiene teléfono también”, bromeaba al final. Mentía, o al menos exageraba, el teléfono en cuestión solo era un viejo modelo ZTE que ya no circulaba en el mercado. La cámara era solo VGA, y en realidad no se le podía poner música porque aunque tenía la opción para reproducir mp3 los teléfonos venían sin capacidad de colocarles una memoria externa y sin cable USB de datos.

Pero la gente estaba contenta, y durante meses “el Vergatario”, como bautizó el mandatario al teléfono de marras, fue el producto más solicitado en los agentes autorizados Movilnet.

Los dueños, lejos de quejarse, estaban de plácemes, ya que la otra característica de los agentes autorizados era que la ganancia no venía tanto por los teléfonos, a los que solo se les podía ganar, de acuerdo a la Ley de Precios Justos, un 30 %, que aunque en esos días no se los comía la salvaje hiperinflación que vino después, tampoco representaba un ingreso boyante.

En cambio, los agentes autorizados recibían enormes comisiones por cada línea activada, además de premios si superaban la meta mensual asignada. Las CDMA, las GSM y las pospagos, todas tenían un pago en particular. Los promotores que trabajaban en los agentes, además de su sueldo básico, cobraban cada 45 días unas comisiones por línea activada.

La creación del gobierno de la empresa VTELCA, que absorbió los restos de ZTE y el lanzamiento de sucesivas teléfonos económicos, que incluyeron versiones mejoradas del “Vergatario” y el muy popular “Orinoquia”, significó para los dueños de los agentes autorizados un incremento en sus activaciones. Les aumentaron sus metas de activación mensual y hasta les crearon otras categorías, como las líneas para consejos comunales y las líneas corporativas para empresas públicas.

El comienzo del fin

La fiesta comenzó a acabarse en 2014, cuando finalmente el país comenzó a acusar los efectos del endeudamiento. El Estado fue perdiendo la capacidad de inyectarle recursos a la empresa para seguir subsidiando los teléfonos baratos, las líneas a 25 bolívares, las comisiones generosas para cada agente autorizado. De los anaqueles desaparecieron los miles de “Vergatario” y también los teléfonos de otras marcas.

La fiebre de los Blackberry, de los que Movilnet ofrecía tanto el mejor como el más económico de los planes especialmente pensados para esos aparatos, cesó. La nueva marca que comenzó a tomar el control del mercado a nivel mundial fue Samsung, con sus teléfonos que utilizaban el sistema operativo que pronto dominaría el mercado: Android.

En este sector, fueron Movistar y Digitel quienes llevaron la delantera, tal vez porque no estaban tan forzados a ofrecer los precios absurdamente bajos que Movilnet ofrecía gracias a los ingentes subsidios del Estado.

Al tiempo, los anaqueles comenzaron a vaciarse. Ocasionalmente llegaban despachos de teléfonos Vtelca, pero las marcas privadas ya no les despachaban a los agentes autorizados Movilnet. Los Vtelca, por su parte, se agotaban el mismo día que llegaban porque los agentes autorizados se vieron obligados, a veces por amenazas de consejos comunales y grupos de bases que iban a las tiendas a presionar a los empleados acusándolos de revender los teléfonos, a hacer listas de espera.

Hoy, a dos años de la contracción, la realidad es radicalmente distinta a la de aquellos días en los que hasta niños, que apenas sabían hablar, ya iban por la calle con un flamante smartphone con línea de la empresa estatal. Los agentes autorizados reportan meses sin despacho, los anaqueles lucen vacíos y muchos, aun contraviniendo las normas de la empresa, han tenido que diversificar sus actividades, porque, además, empezaron a mutarlos por tener los mostradores vacíos. Del mismo modo, tienen prohibido despedir a su personal, debido a la inamovilidad laboral, por lo que deben ingeniárselas para pagar puntualmente la nómina.

“No quiero ser grosero contigo, pero de verdad no te pienso declarar con mi nombre y no quiero que le tomes fotos a mi tienda”, dice un hombre de cuarenta años al que llamaremos Augusto. “Todo comenzó a cambiar desde hace años, en 2010 más o menos, cuando nos anunciaron desde Caracas que los envíos ahora no los harían las empresas con las que tradicionalmente tratábamos sino unas cooperativas.

Desde ese momento el servicio comenzó a fallar, porque las cooperativas enviaban los teléfonos con tardanza y a veces llegaban incompletos. Por ejemplo, había unos que tenían una promoción, un muñequito de Bob Abreu que venía con el teléfono si lo comprabas. Acá llegaron muchos sin los muñequitos. Sonará estúpido, pero fue allí que la cosa empezó a decaer. Luego se retrasaron con el pago de las líneas y ese fue un golpe duro, porque dependemos de eso. La gente no lo sabe, pero los agentes autorizados viven de eso: de vender líneas no teléfonos”, concluyó.

Augusto es el dueño de un agente autorizado de uno de los principales centros comerciales del área metropolitana. Si hubiera permitido que fotografiásemos las vitrinas de su tienda, esas fotos mostrarían el vacío en el mostrador, excepto por una esquina en donde hay tres equipos, el más económico valorado en 150.000 bolívares. Todos tienen el precio en un papel sin logo, y dicen una mentira arriba del precio: “usados”.

No son usados, los compra el hermano de Augusto, a veces por internet, a veces en Panamá o en Colombia cuando sale del país, dice que son usados por si les cae una inspección, todo es una violación a los estatutos internos de la empresa, que no admiten la venta de equipos que no sean de Movilnet, ni permiten vender a precio de dólar negro.

A mí me están pagando desde hace meses por venir aquí a calentar la silla y decirle a todos que no hay. Y ya ni eso, porque es obvio que no hay un coño, y la gente está resignada”, dice Rebeca, joven promotora de un agente autorizado de los altos mirandinos, que accede a declarar y permite que se tomen fotos de la tienda a cambio de un estricto anonimato.

“Ya no está tan heavy, lo de la gente quiero decir. Pero hubo un tiempo en que sí. Hubo rollos con chavistas que venían arrechos porque dizque estábamos escondiendo los Vergatario y los revendíamos. Varias veces vino Indepabis, o como se llame ahora, a hacer inspecciones. Yo me di cuenta de que todo se fue al carajo en diciembre del año pasado cuando no vendimos nada, pero nada. Es increíble, hace tres años cuando yo entré a trabajar la semana previa al 24 era una locura, la gente se llevaba cualquier teléfono para regalar. Pero esta última Navidad no hubo nada. Solo quedan accesorios, podemos procesar líneas para gente que compra teléfonos liberados, y alguna tontería de servicio técnico que antes no ofrecíamos, pero ahora sí para que entre dinero. Pero más nada. Esto está muerto. Yo he hecho cierres de caja de doscientos bolívares, que es lo que se vendió ese día en tarjetas prepago. Eso es inaudito”, se sorprende.

 

Yo lo perdí todo y lo peor es que nadie me quiere comprar”, dice otro al que también le cambiaremos el nombre, llamémoslo Antonio, quien invirtió doscientos mil bolívares hace seis años por un pequeño agente autorizado Movilnet ubicado en un concurrido centro comercial.

“Al principio estaba emocionado, ese año produjimos un dineral, yo recuerdo que el 31 de diciembre de 2009 cerré a las 3:00 pm porque había vendido toda la mercancía. A finales de mes le entregábamos reportes a Caracas donde casi doblábamos la meta de activaciones que nos habían asignado. Sentí que había hecho una tremenda inversión”.

Antonio le compró la tienda al antiguo concesionario, quien se mudó fuera de Venezuela.

“No lo entendía, ¿para qué vender y más aún irte, cuando a final de mes te quedaban como cuarenta palos, y eso en meses de temporada normal, porque en meses con promociones, que si del día del padre o de la madre, la cosa subía mucho? Hoy me doy cuenta de que puede que el tipo lo viera venir”, confesó.

“Al principio nos decían que era temporal, que pronto llegarían los teléfonos y eso le decíamos a los clientes, pero luego noté que no. Verás a cada tienda le asignan en OVAM una cantidad de mercancía que pueden pedir. Allí, mal que bien, siempre se podía pedir algo. Los Huawei, por ejemplo, eran los que nos salvaban la vida: teléfonos baratos, pero al mismo tiempo de buena calidad y con todo lo que le gusta a la gente: camarita, memoria, música, internet. Desde hace dos años, allí no hay nada. En principio lo resolví comprando teléfonos por mi cuenta, pero entonces la supervisora vino un día y nos dijo que no podíamos seguir haciendo eso. Los teléfonos que debíamos vender eran los que la empresa nos asignaba con todo y habladores —etiquetas con el logo de Movilnet que se envían vía correo electrónico y que dicen el precio exacto al que deben venderse los equipos—. Yo le pregunté a la supervisora que cómo hacía si desde hace meses no nos ponían nada para poder pedir. Ella solo se encogió de hombros”.

“Hace unos meses no sabía qué hacer, no tenía plata para la nómina, la luz, el internet, los gastos de la tienda. Y encima, nadie me la quería comprar. ¿Quién va a querer un agente autorizado ahorita cuando no hay nada? Actualmente ya ni nos asignan una meta mensual de líneas a activar. Hasta ellos admiten que no hay nada qué hacer. A veces llego a la tienda y veo a los muchachos jugando solitario o conectados al Facebook y me dan unas ganas como de llorar. Los doscientos mil bolos que invertí en comprar esto hoy ni sirven ni para comprar un teléfono nuevo. Estoy esperando que todo termine de quebrar para ver cómo hago y liquido todo. Luego me voy del país, obviamente aquí ya no hay nada que hacer”.

En su tienda, como en las otras visitadas, hay artículos en las vitrinas que nada tienen que ver con telefonía: adornos, equipos de música, televisores, neveras y portarretratos. Otros aprovechan el espacio y ofrecen servicios de fotocopias y hasta de contaduría.

Ya los supervisores no multan ni reclaman cuando ven esto, porque saben que es la única manera de que los agentes autorizados produzcan algo de dinero que permita pagar nómina y gastos corrientes. ¿Y las listas de espera? Para qué si sabe que nada llegará.

Tiempo de bachaqueros. Una mirada cercana a la miseria humana

SOBRE LA MARCHA

ELIDES J. ROJAS L, El Universal

Es la nueva y más productiva actividad económica nacida en tiempos de chavismo en decadencia. En otros países que viven o vivieron con el esquema comunista o socialista de base soviética o cubana, es lo normal.

Además es mercado negro a secas. Solo que en Venezuela todo termina en corrupción desplegada y en complicidad total. Donde autoridades, policías, militares, malandros, políticos, mafiosos y hasta el comercio formal se dan la mano para delinquir y sacar plata fácil.

Es aprovecharse de la situación de pobreza, de escasez, de controles, de mercado miserable, de presiones contra productores, de amenazas contra la industria.

Es aprovechar para ganar dinero o sobrevivir, dependiendo de qué lado de la miseria humana usted esté parado.

No es la guerra económica como dice el gobierno en decadencia. No es el sabotaje de la derecha. No es Obama ni el imperio. Es escasez, es falta de suministros, es producto de un gobierno absolutamente irresponsable y mentiroso.

Claro que hay tramposos, claro que hay especuladores, claro que hay estafadores. Pero la verdad es otra. Y todo venezolano pensante lo sabe. En dos platos.

El comandante difunto destruyó casi todo el aparato productivo de la nación, dinamitó la agricultura y la agroindustria, acabó con la siderúrgica, desmanteló a Pdvsa y se tiró al comercio. Todo aguantó mientras Chávez y el gobierno tuvieron dólares para importar y mantener a la gente comiendo, viajando y sacando plata. Se cayó el precio petrolero y se vino abajo la estafa.

Le tocó a Maduro, a dedo limpio, seguir la mentira de la revolución, a punta de cadenas y motores fundidos, a punta de días libres y aumentos devaluados; pero sin plata y sin recursos personales como carisma y labia, para afrontar con éxito tamaño reto.

Así que pasó, lo que tenía que pasar. A la calle, como leonas, a buscar la comida. Todo lo demás no importa. La quiebra es general, pero la clave es seguir comiendo. Eso es así desde la prehistoria. Si no comes te mueres.

Es días pasados, en la madrugada del jueves 14 de abril, contratamos a un taxista de confianza para que nos dejara a las 4 de la mañana en las colas, muy largas por cierto, que se forman en la avenida San Martín de Caracas, en pleno Oeste de Caracas, zona popular y tradicional de la capital. La zona: entre el Centro Comercial Los Molinos, esquina de la vieja Lotería de Caracas, hoy sede de dependencias del ministerio de Salud, hasta dos cuadras hacia el oeste. Acera norte.

Tres colas diferentes. Un supermercado, un abasto grande y un local de una cadena de farmacias. La vista aprieta y da miedo. Da miedo por lo que pueda venir. Más de 200 personas en cada cola.

Ahí se ve de todo. Gente humilde, gente que necesita la comida, gente que hace la cola con sus niños y hasta bebés tirados en las sucias aceras, gente con la ropa vieja y rota. Niños llorando. Personas comiendo arepas frías rellenas de quesos indescriptibles  o pedazos de algo que va de carne mechada a carne molida sin mucha diferencia.

Todo es un puré frío y sin olor. Personas que comen sentadas en la calle con las manos marrones. Gente pobre, a secas. El propio pueblo pasando las de Caín. Viviendo la cara oscura del socialismo chavista. El socialismo con petróleo barato. El peor de todos. Pero no todo es así.

En la acera del frente está la crema y nata del comercio ilegal, el resultado del mercado negro, la sofisticación crematística de la unión cívico-militar: los bachaqueros.

Son el comercio legal en horas de la madrugada. Protegidos por las policías, asociados a los militares, cómplices de la operación desleal con empleados de supermercados y abastos.

Más o menos 40 personas por cada cola forman parte de este grupo que duerme en las cercanías y que es atendido antes de que abran oficialmente las puertas de los locales.

Pagan unos 1.000 bolívares a la gente del mercado privado y otros 1.000 a la policía o a la Guardia Nacional, o a ambos. Además, cosa muy rara en este país, hay malandros en la zona que cobran vacuna para dejar que los bachaqueros ejecuten su estafa popular.

En esa pasantía callejera de 2 horas vimos que a eso de las 5 de la mañana llegaban motorizados armados y al comienzo de la cola, más o menos en el puesto 5, le decían a la gente que “de aquí en adelante los siguientes 10 puestos son míos. Al que no le guste que hable“.

Dicho eso, la mano iba a la cintura donde se podía ver la Glock.40 negra, seguramente con muchos tiros de kilometraje. O la camionetota con logo ministerial bajando a seis personas directo a puesto preferencial.

La  parte de la cola que conforman pobres, madres, pocos hombres, y niños con la verdadera necesidad de comprar el sustento del día o de dos días, es la más larga; pero la menos atendida.

Los bachaqueros formales, los clientes ministeriales, los amigos de policías, los protegidos por los malandros se llevan la mejor parte de lo que se encuentre para ser vendido. También, y eso se explica en una sociedad moderna y de avanzada como la venezolana, existen tipos y tipas que se te acercan en la cola y ofrecen todo lo que quieras cerrando el negocio ahí mismo, pagando en efectivo y con entrega en más o menos una hora en la acera de enfrente. Precios por las nubes. Un delivery malandro, pero efectivo. Mercadeo fino. Directo.

Detalles a tomar en cuenta. Todo es sabido por todo el mundo: La gente con hambre es la que menos compra. Más de cuatro millones de venezolanos están dedicados al bachaqueo actualmente. Militares y policías son parte del negocio.

Malandros a secas controlan parte de la operación. Desde cajeros hasta gerentes están en el negocio. Muchas veces desde que el camión sale de la planta o de la distribuidora, el chofer, también cuadrado en la movida, avisó a sus compañeros de mafia para asegurar su tajada.

El bachaqueo incluye productos subsidiados por el gobierno. También atrapa  lo poco que pueda importar el gobierno actualmente. Marcar la cola es marcar la propiedad del puesto. Y ese puesto vale plata. Hasta eso se vende.

El puesto se vende a otros compañeros de hambre, a malandros desarmados o a bachaqueros. Los malandros armados no compran puesto, lo toman a la fuerza y listo.

Cosas que todo el mundo sabe, incluso el gobierno.

No hay guerra económica. Lo que hay realmente es la pérdida total del concepto de Estado. Aquí lo que hay es un territorio donde habita un montón de gente y vive como puede.

Eso es lo que hay.

COMUNICADO DE FE Y ALEGRÍA

Marzo 18, 2016

Fe y Alegría, movimiento nacido en el seno del pueblo venezolano hace 61 años, atiende a más de trescientas mil personas a través de los programas: Escuelas, Centros de Capacitación Laboral, Institutos Radiofónicos de Fe y Alegría, Educación Superior y Centros Comunitarios, es decir que,  nada que tenga que ver con niños, niñas, adolescentes y adultos,  nos es ajeno.

Siempre hemos trabajado en entornos difíciles, nacimos para defender el Derecho a la Educación, y nuestra Misión es la “Construcción de la sociedad justa y fraterna”, de acuerdo con nuestro Ideario,  seguimos en eso, por eso hoy, cuando vemos que la violencia está atentando contra ese derecho y contra esa misión, nos dirigimos al país.

  1. Somos apenas una muestra, no son sólo nuestros  alumnos los afectados, son todos los estudiantes venezolanos los que corren riesgos cuando van a sus centros educativos, son también los educadores, obreros y administrativos los que sienten que es una lotería llegar sanos y salvos a sus lugares de trabajo.
  2. La violencia atenta contra el derecho a la educación cuando las escuelas son desvalijadas por los delincuentes dejando sin equipos a los estudiantes, destruyendo instalaciones, no valen alarmas ni rejas.

Con los actuales índices inflacionarios resulta casi imposible reponer los equipos robados: computadoras, aires acondicionados de las bibliotecas, sólo por mencionar lo más frecuente.

Eso conspira contra la educación de calidad con la que estamos comprometidos y que también está establecido en  el Art. 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  y lo recoge la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) en el  Art. 53. Sabemos que también las escuelas oficiales se han visto afectadas por los continuos robos. Eso también nos duele.

  1. No es sólo el daño al patrimonio lo que nos preocupa, en los últimos años  Fe y Alegría ha tenido que acompañar a alumnos víctimas de la violencia, son atracados en las unidades de transporte o cuando  caminan a sus escuelas; también nos está tocando acompañar a huérfanos, porque la violencia va dejando niños sin padres.

Nada más entre enero y febrero de este año, en el Municipio Libertador, contamos 7 huérfanos, dos de ellos vieron morir a su papá cuando éste los iba a buscar al colegio. ¡Buscar a los hijos a la escuela también es un riesgo!  Tenemos huérfanos en todo el país. Un huérfano es una persona que requiere atención especial para que pueda curar una herida tan grande y pueda seguir viviendo. La orfandad temprana atenta contra el derecho a la educación.

¡Muchos pupitres vacíos!

  1. También hemos tenido que llorar al ver pupitres vacíos, que nunca volverán a tener a sus ocupantes, porque una bala perdida los encontró. La adolescencia es  edad para soñar, no para morir, pero en Venezuela la edad no se respeta. Según nuestra Constitución, los venezolanos tenemos derecho a la vida, y por ende,  los niños, niñas y adolescentes tienen entonces el derecho a llegar a adultos. CECODAP, organización que promueve los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, dice que en Venezuela mueren por causas violentas un promedio de un salón de clases por mes.
  2. El accionar de bandas delictivas, que protagonizan balaceras a pleno día, nos ha obligado a suspender actividades. A veces no hay tiempo de suspender y los niños deben tirarse al suelo para resguardarse de las balas. ¡Como si fuera una guerra!

Sólo que aquí no hay dos ejércitos, sino gente armada contra gente inocente.

Hay demasiadas armas sin control, demasiadas balas sin control. La vida de los estudiantes, nuestros y ajenos, para nosotros es lo mismo, están siempre en peligro sobre todo en las grandes ciudades.

  1. Las balas no preguntan la profesión ni la intención de las víctimas. Trabajadores y educadores se cuentan entre las víctimas de nuestros centros.

Entre Diciembre del 2015 y marzo del 2016, sólo en la gran Caracas, hemos tenido luto por dos profesores y un vigilante.

Esos casos colocan como víctimas a toda la población escolar de esas escuelas, pues es muy duro decirle a unos niños que su maestro no volverá porque lo mataron yendo al colegio.

¡Todos se convierten en víctimas! Venezuela se está quedando sin maestros, primero por los bajos salarios, mucha responsabilidad y ahora también por el riesgo de perder la vida.

  1. La última reforma de la LOPNNA – la del aspecto penal – se ha convertido también en un obstáculo para el derecho a la educación, pues no aborda adecuadamente el problema. Ya la Red de Defensores de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) de la cual Fe y Alegría forma parte, se ha pronunciado al respecto.
  2. Finalmente, los problemas recientes como la falta de suministro de agua, así como la escasez de alimentos y medicinas, si bien no pueden calificarse como “violencia”, se han convertido en una traba para la educación de los niños, niñas y adolescentes. Estamos teniendo inasistencias elevadas por estos problemas.

El Art. 30 de la LOPNNA considera un derecho “un nivel de vida adecuado”, esto supone, “Alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad” (literal a) y “acceso a servicios públicos esenciales” (literal c). Nada de esto se está garantizando.

Por todo lo anterior, hacemos este llamado, casi un clamor, a las autoridades, hablamos por nuestros estudiantes y participantes, hablamos por las familias a las que atendemos y hablamos por nuestros trabajadores, que también merecen protección.

Para garantizar el derecho a la Educación hay que garantizar el derecho a la protección integral.

Se necesita de manera urgente políticas integrales para proteger a los niños, niñas y adolescentes, así  como incrementar soluciones eficaces para el problema del agua, la alimentación y el acceso a medicamentos; es necesario que las autoridades recuerden que esta población es Prioridad Absoluta, tal como lo establece el Art. 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Art. 7 de la LOPNNA y hay que actuar en consecuencia.

Ante este panorama, en Fe y Alegría nos esforzamos por reducir estos obstáculos: reforzamos las redes de las que formamos parte (como la Red de Acción Social de la Iglesia y la REDHNNA) porque sabemos que aislados no podemos; tenemos la línea de Construcción de Paz y Convivencia en el proyecto educativo y en ella procuramos que los estudiantes valoren la norma como base para el respeto mutuo; trabajamos fuertemente en la conformación de grupos juveniles de manera de crear liderazgo positivo; estamos renovando la Educación en valores para fortalecer a la persona; hemos comenzado un proceso de formación de educadores y madres para poder acompañar a víctimas de la violencia urbana y sexual con Médicos Sin Fronteras; tenemos un programa para formar madres como promotoras de paz, lo que les ayuda a reducir y erradicar la violencia intrafamiliar y cooperar para prevenir la violencia en las escuelas y en las comunidades; nuestra red de emisoras desarrollan acciones y están abiertas a la iniciativas de construcción de la convivencia pacífica.

En el marco de los 61 años de Fe y Alegría, con nuestro lema “Educación con Corazón”, nuestro movimiento envía un mensaje de paz en tiempos donde la violencia va vulnerando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas.

Hoy queremos convocarles y pedirles que nos unamos para trabajar juntos por una sana convivencia donde todos y todas podamos disfrutar los derechos fundamentales, tales como: la vida, la protección, la recreación, la alimentación, salud y la educación entre otros.

Por nuestra parte seguiremos trabajando por nuestro país, por nuestras comunidades, por nuestras familias y principalmente por nuestros estudiantes.

Contamos con ustedes.

Caracas es la ciudad más violenta del mundo

Lic. José Antonio Ortega Sánchez, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C.

  • Caracas (Venezuela) ocupó el primer lugar mundial y San Pedro Sula (Honduras) pasó al segundo.
  • A San Salvador (El Salvador) correspondió la tercera posición, a Acapulco (México) la cuarta y a Maturín (Venezuela) la quinta.
  • De las ocho ciudades que dejaron el ranking, destacan Juárez (México) y Medellín (Colombia).
  • México presenta el mayor número de ciudades que salieron del ranking: cinco
  • De las 50 ciudades 41 se localizan en América Latina.
  • Las ciudades de Venezuela en conjunto presentan el mayor nivel de violencia.

En 2015 la primera posición, entre las ciudades del mundo con 300 mil o más habitantes, correspondió a Caracas con una tasa de 119,87 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Después de haber tenido el primer lugar durante cuatro años consecutivos, San Pedro Sula (111,03) pasó al segundo lugar, al lograr un descenso significativo en el número de homicidios. En el 2015 a San Salvador correspondió la tercera posición (108,54), a Acapulco la cuarta (104,73) y la quinta a Maturín (86,45).

Del ranking 2015 salieron ocho ciudades que figuraron en el ranking 2014: Belo Horizonte (Brasil); Medellín y Cúcuta (Colombia); Chihuahua, Cuernavaca, Juárez, Nuevo Laredo y Torreón (México).

A México corresponde el mayor número de ciudades que salieron del ranking (cinco), país que en el 2011 llegó a tener 12 urbes. La salida del ranking más relevante corresponde a las ciudades de Juárez y Medellín.

La primera ocupó en forma consecutiva el liderato mundial entre el 2008 y el 2010.

La segunda habría sido a inicios de los años noventa del siglo XX y durante toda la década, la ciudad más violenta del mundo si para entonces hubiera existido un ranking como este. Hubo años en que las tasas de homicidios se acercaron a los 400 por cada 100 mil habitantes.

Al ranking del 2015 ingresaron las ciudades venezolanas de Cumaná, Barcelona, Maracaibo (reingreso) y Maturín; las brasileñas de Campos dos Goytacazes, Feira de Santana y Vitória da Conquista, y la sudafricana de Johanesburgo (reingreso).

Las disminuciones más significativas en la incidencia de los homicidios dolosos fueron las de las ciudades colombianas y mexicanas y la mayor alza se produjo en San Salvador. Esta ciudad tuvo en el 2014 una tasa de 61,21 homicidios por cada 100 mil habitantes y de 111,03 en el 2015: un incremento del 81,41% en un solo año.

De las 50 ciudades del ranking, 21 se ubican en Brasil, 8 en Venezuela, 5 en México, 4 en Sudáfrica, 4 en Estados Unidos, 3 en Colombia y 2 en Honduras. Hay una ciudad de El Salvador, Guatemala y Jamaica.

La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina (41 urbes).

En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 53,08 (41.338 homicidios dolosos entre 77.878.896 habitantes). Pero sólo las primeras 20 ciudades superaron ese promedio.

Aunque Brasil presenta un mayor número de ciudades que Venezuela, el nivel de violencia de las ciudades de 300 mil o más habitantes es mayor en el segundo país que en el primero.

En Brasil la tasa promedio fue de 46,31 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en Venezuela fue de 74,65.

Sin duda Venezuela es el país que presenta el mayor nivel de violencia urbana en el mundo, fuera de Honduras con dos urbes y El Salvador con una.

 

Las 50 ciudades más violentas del mundo en 2015 

Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa
1 Caracas Venezuela 3,946 3,291,830 119.87
2 San Pedro Sula Honduras 885 797,065 111.03
3 San Salvador El Salvador 1,918 1,767,102 108.54
4 Acapulco México 903 862,176 104.73
5 Maturín Venezuela 505 584,166 86.45
6 Distrito Central Honduras 882 1,199,802 73.51
7 Valencia Venezuela 1,125 1,555,739 72.31
8 Palmira Colombia 216 304,735 70.88
9 Cape Town Sudáfrica 2,451 3,740,026 65.53
10 Cali Colombia 1,523 2,369,821 64.27
11 Ciudad Guayana Venezuela 547 877,547 62.33
12 Fortaleza Brasil 2,422 3,985,297 60.77
13 Natal Brasil 921 1,518,221 60.66
14 Salvador (y RMS) Brasil 1,996 3,291,830 60.63
15 ST. Louis EEUU 188 317,416 59.23
16 João Pessoa (conurbación) Brasil 643 1,100,956 58.40
17 Culiacán México 518 923,546 56.09
18 Maceió Brasil 564 1,013,773 55.63
19 Baltimore EEUU 343 623,911 54.98
20 Barquisimeto Venezuela 719 1,308,163 54.96
21 São Luís Brasil 802 1,511,678 53.05
22 Cuiabá Brasil 412 849,083 48.52
23 Manaus Brasil 985 2,057,711 47.87
24 Cumaná Venezuela 199 416,587 47.77
25 Guatemala Guatemala 1,528 3,239,185 47.17
26 Belém Brasil 1,101 2,402,437 45.83
27 Feira de Santana Brasil 281 617,528 45.50
28 Detroit EEUU 295 672,193 43.89
29 Goiânia y Aparecida de Goiânia Brasil 847 1,952,607 43.38
30 Teresina Brasil 360 844,245 42.64
31 Vitoria Brasil 802 1,910,101 41.99
32 New Orleans EEUU 164 395,710 41.44
33 Kingston Jamaica 492 1,196,040 41.14
34 Gran Barcelona Venezuela 334 833,328 40.08
35 Tijuana México 668 1,708,679 39.09
36 Vitória da Conquista Brasil 132 343,230 38.46
37 Recife Brasil 1,492 3,914,317 38.12
38 Aracaju Brasil 349 925,744 37.70
39 Campos dos Goytacazes Brasil 175 483,970 36.16
40 Campina Grande Brasil 146 405,072 36.04
41 Durban Sudáfrica 1,237 3,442,361 35.93
42 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 413 1,152,115 35.85
43 Porto Alegre Brasil 1,479 4,258,926 34.73
44 Curitiba Brasil 1,121 3,230,061 34.71
45 Pereira Colombia 153 469,612 32.58
46 Victoria México 107 350,862 30.50
47 Johanesburgo Sudáfrica 1,344 4,434,827 30.31
48 Macapá Brasil 138 456,171 30.25
49 Maracaibo Venezuela 477 1,653,211 28.85
50 Obregón México 90 318,184 28.29

Informe del Observatorio Venezolano de Violencia 2015

La tasa de homicidios de Venezuela alcanzó la cifra histórica de 90 por cada 100 mil habitantes.

Una de cada cinco personas que mueren asesinadas en América es un venezolano.

Una vez más, los venezolanos enfrentamos una ausencia total de información oficial sobre las cifras de homicidios proporcionadas por los organismos competentes del poder ejecutivo y judicial.

Después de doce años de censura oficial de la información sobre criminalidad, los investigadores de las siete universidades nacionales, públicas y privadas, que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), nos vemos en la obligación de ofrecer al país nuestro balance sobre la situación de violencia que ha vivido Venezuela en el año que culmina.

La situación de falta de información se ha convertido en una política de Estado que ciertamente no afecta únicamente a este aspecto de la vida social. Las universidades nacionales hemos levantado nuestra voz de protesta pues el gobierno nacional dejó de dar también cifras de pobreza, de inflación, escasez, contagio por enfermedades de trasmisión vectorial y de toda condición indicadora de las reales condiciones de vida de la población venezolana y que pudieran reflejar el fracaso gubernamental en su solución o control.

Pero las universidades nacionales nos sentimos también en la obligación con el país de proporcionar información alternativa con las herramientas y metodologías científicas que disponemos: estudios, encuestas, estimaciones, para cubrir el vacío que ha dejado la información oficial.

Metodología

En el Observatorio Venezolano de Violencia recurrimos, como en oportunidades anteriores, a la modelación estadística de tres series históricas; a saber, Homicidios, Casos de Resistencia a la Autoridad y las Averiguaciones de Muertes.

Los datos son los casos conocidos por la antigua PTJ y el actual CICPC, y compilados por estas instituciones anualmente.

Las series que disponemos abarcan datos desde 1990 hasta el año 2013 para las muertes violentas.

El concepto de muertes violentas que utilizamos se define como la suma de las muertes ocurridas bajo cada una de las tres categorías anteriores: homicidios legales, averiguaciones de muerte y resistencia a la autoridad.

La estadística oficial utiliza la categoría homicidios sólo para los casos (de una o varias víctimas) donde se abrió un expediente judicial por asesinato. Muchos otros casos, de miles de muertes violentas, de por ejemplo de personas fallecidas a causa de un disparo de arma de fuego, quedan fuera de esa categoría por tener una intención “indeterminada”.

En otros casos, miles también, donde la muerte ocurre a consecuencia de una acción del Estado, policial o militar, se clasifican y archivan como resistencia a la autoridad. Ciertamente, no todo caso de enfrentamiento con la autoridad termina en homicidio, ni toda muerte en averiguación tiene por qué ser el resultado de un acto violento, ¿cuántos son?, es imposible saberlo por la poca claridad de los datos y la censura, pero hay abundantes evidencias de ejecuciones de personas desarmadas, quizá presuntos delincuentes, que han sido filmadas por observadores casuales, y que luego son reportados como casos de resistencia a la autoridad.

En opinión del Observatorio Venezolano de Violencia, aun cuando la muerte sea el resultado de una acción legal ajustada al protocolo de uso proporcional de la fuerza, es una muerte violenta que debe ser contabilizada como tal, pues es el resultado del nivel de violencia existente en la sociedad.

Los coeficientes que fijan el número de muertes resultantes para las dos últimas categorías solamente se pueden establecer mediante aproximaciones subjetivas, más o menos consensuadas, entre los conocedores del entorno policial.

Hay que advertir que aun cuando los modelos ajustados son los “mejores” desde el punto de vista estadístico; vale señalar, aquellos que proporcionan el mejor ajuste a los datos y además aseguran el menor error de predicción, tal ejercicio ocurre asumiendo un ceteris paribus; es decir, que las condiciones determinantes del comportamiento pasado no han cambiado y se mantienen constantes.

Se comprende, por tanto, que en la medida en que el horizonte de predicción se alarga, el ejercicio de predicción es más incierto.

El procedimiento de búsqueda de los mejores modelos de predicción consideró la clase de los modelos de suavizamiento exponencial y los modelos autorregresivos de promedios móviles integrados (ARIMA), resultando un modelo ARIMA (0,1,0) para la serie de Homicidios, un modelo simple para la serie de casos de Resistencia a la Autoridad y el modelo de suavizado exponencial de Brown para la serie de casos de Averiguaciones de Muertes.

Para los cálculos de este año, se tomaron en consideración para su inclusión como muertes violentas el 100% de los casos establecidos como homicidios, el 60% de los casos establecidos como averiguación de muerte y el 95% de los casos de resistencia a la autoridad.

Esto último por considerar que la respuesta de la acción policial-militar del 2015 fue particularmente violenta, tanto en las acciones aisladas como con las realizadas en el contexto de la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), y que la gran mayoría de esos casos eran muertes violentas resultado de acciones legales o ilegales.

Resultados

Los estimados del Observatorio Venezolano de Violencia son que para el final del año 2015 tendremos en el país 27.875 muertes violentas para una tasa de 90 fallecidos por cada cien mil habitantes.

Esta tasa pudiera colocar a Venezuela como el país más violento de América, luego de conocer las cifras de Honduras y El Salvador, pues Honduras -que el año pasado se encontraba en ese primer lugar- ha tenido un descenso importante en el número de homicidios; pero El Salvador ha sufrido un incremento importante, que lo pudiera colocar con una tasa igual o superior a la de Venezuela.

Salvo Venezuela y El Salvador, la tendencia de toda la región ha sido a la estabilidad o disminución en el número de homicidios.

Brasil mantiene estable su tasa aunque varía en la distribución territorial la violencia, disminuyendo en el sur e incrementándose en el nordeste.

Colombia ha tenido unas reducciones sostenidas por una década y con una disminución histórica en las ciudades importantes del país.

México disminuye los homicidios, luego de unos años de incremento a partir de 2008, y mantiene grandes diferencias territoriales, con ciudades muy seguras al sur y muy peligrosas al norte.

Esas variaciones nos permiten estimar que para fines del año 2015 se habrán cometido en América Latina y el Caribe un total de 145.000 homicidios, de los cuales Venezuela aporta el 19%.

Es decir, que uno de cada cinco homicidios que se cometen en la región lo padece un venezolano. O dicho de otro modo, de cada diez víctimas de homicidios de la región, dos son venezolanos, tres son brasileños, uno es colombiano y otro mexicano; y los tres restantes se dividen entre todos los demás 40 países y unidades político-territoriales del subcontinente que registra la UNODC1.

Discusión

El incremento de la violencia en el año 2015 ha acompañado el deterioro general de las condiciones de vida de la población venezolana: el empobrecimiento, la escasez, la inflación, el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y asalariados, la disminución de la disponibilidad y variedad de alimentos y medicamentos, la debilidad creciente de los servicios de salud y educación, el incremento del miedo y la pérdida del espacio público.

La violencia se ha incrementado en el país por ausencia y exceso de Estado. Por ausencia de la protección de las personas y del castigo de los delincuentes; en exceso por el incremento de controles y regulaciones que han llevado al incremento de los abusos de los encargados de su aplicación y al surgimiento de mercados y conductas paralegales o ilegales.

Durante estos años el OVV ha procurado ofrecer cifras realistas aunque conservadoras de la situación de violencia e inseguridad en el país. Esas estimaciones luego han sido confirmadas por los datos o encuestas oficiales, las cuales en varias oportunidades han resultado ser peores que nuestros cálculos.

Ése es el caso de las cifras correspondientes al año 2012 que el OVV en su momento calculó como de 21.630 y una tasa de 73 por cada 100mil/h.

El filtraje de los resultados de la Encuesta de Victimización y Percepción de Convivencia Ciudadana del año 2013, que el gobierno nacional realizó y censuró estrictamente, arrojó como resultado una cifra mayor de 22.782 víctimas y una tasa de 77,5 por cada 100 mil/h., muy superior a la ofrecida por el OVV en su momento.

Hay seis factores que desde el OVV estimamos explican el incremento de la violencia en Venezuela en el año 2015.

El primero factor es una mayor presencia del delito organizado. Si bien la organización del crimen puede, en un momento dado, hacer disminuir la violencia para favorecer sus negocios, ése no es el caso de Venezuela, donde las mafias y bandas criminales han seguido utilizando la violencia como herramienta para sustentar el incremento del control territorial y las actividades del tráfico de drogas, secuestro y extorsión de comerciantes y empresarios.

En segundo lugar, se ha observado un mayor deterioro de los cuerpos de seguridad del Estado. Los funcionarios continúan siendo víctimas de la violencia, cada semana mueren varios policías, sea en cumplimiento de sus funciones o como víctimas privadas, y a pesar del sacrificio de muchos policías honestos, los funcionarios no sienten que cuentan con el apoyo de sus superiores o de la sociedad, y perciben, además, que el futuro de sus ascensos y promociones están cada vez más politizados y dependen menos de su desempeño profesional. Estos factores, aunado al importante deterioro salarial que vive la sociedad, ha llevado a la renuncia o la pasividad de muchos funcionarios.

En tercer lugar, hemos observado un incremento de las respuestas privadas a la seguridad y la justicia. En Venezuela ha ocurrido un proceso de privatización de la seguridad, pues ante el abandono de la protección de las personas por el Estado, los individuos, comunidades o empresas, asumen las labores de seguridad privadamente: se arman, contratan vigilantes y guardaespaldas. Y ante la ausencia de castigo a los criminales, se procede a ejercerla por cuenta propia, y esto aplica tanto a los ciudadanos, que ejecutan linchamientos o contratan sicarios, como a los propios funcionarios policiales o militares, quienes han respondido con las ejecuciones extrajudiciales.

En cuarto lugar, hemos observado una militarización represiva de la seguridad, tanto en sus posiciones de mando como en el tipo de acción emprendida. Luego de años de un discurso oficial que condenaba la acción represiva de la policía y la calificaba como propia de los gobiernos de derecha, se procedió a la realización de los mismos operativos policiales y militares que tanto criticó y de la manera más aparatosa e ineficiente.

Las consecuencias de las llamadas OLP no apuntan hacia una disminución de la violencia en la sociedad, sino, al contrario, hacia su incremento.

En quinto lugar, observamos que el empobrecimiento de la sociedad, acompañado de la impunidad generalizada, ha significado un estímulo a diversas formas de delito, no necesariamente violentos, pero que abonan el terreno de los comportamientos transgresores de la norma social y la ley que luego serán causa de violencia.

En el Observatorio Venezolano de Violencia no creemos que la pobreza sea causa del delito o la violencia, pero el empobrecimiento rápido y sostenido, cuando ocurre en un contexto donde la ley se ha convertido en una sugerencia y el castigo no existe, se convierte en un factor criminógeno diferente.

Finalmente, consideramos que la destrucción institucional que continúa padeciendo el país es el factor explicativo más relevante del incremento sostenido de la violencia y el delito.

La institucionalidad de la sociedad, en tanto vida social basada en la confianza y regida por normas y leyes, se diluye cada vez más ante la arbitrariedad del poder y el predominio de las relaciones sociales basados en el uso de la fuerza y las armas.

Todos estos factores no son nuevos en el país y se puede argumentar que existen también en otros países de la región, sin embargo, la magnitud del deterioro que han alcanzado en Venezuela en estos años es tan grande, que quizá sea lo que explique por qué una sociedad que fue modelo de progreso social y convivencia pacífica, al finalizar el año 2015 sufra de las más altas tasas de criminalidad del mundo.

Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)

Caracas, 28 de diciembre de 2015

Imágenes vía web.