Los 10 hechos irregulares de la Misión Vivienda chavista

Como el mismo presidente Maduro admitió, hay tráfico de drogas y prostíbulos afianzados en los apartamentos del urbanismo.

Muchos de estos edificios tienen el rostro de Chávez o su firma. (TWITTER)

Diario Las Américas

En Venezuela arreciaron los allanamientos a las viviendas otorgadas por el Gobierno venezolano en una Misión iniciada por Hugo Chávez, debido que a muchos edificios de esta urbanización funcionan como centros de delincuencia, distribución de drogas y prostitución.

Muchas son las realidades que rodean estas edificaciones, ya sea por razones sociales o por  fallas en su construcción. A continuación presentamos algunos.

1) Los edificios de la Misión Vivienda son gobernados por pranes (jefes de peligrosas bandas) que se disputan un territorio.

2) Hay que pagar un “impuesto” por usar los ascensores. A veces estas instalaciones son “secuestradas” por algunos vecinos para uso exclusivo.

@Dayidayi: “Dirán los que le decomisaron esto en urbanismo “Ojos de Chávez”, que su casa estaba bien equipada. Foto MIJ “

3) Muchas personas han dejado sus apartamentos y vuelto a las barriadas de dónde venían por temor a los delincuentes que hacen vida en la zona y en el mismo edificio.

4) Los bombillos, enchufes y encendedores de las áreas comunes son robados constantemente al punto que hay edificaciones sin iluminación.

5) Como el mismo presidente Maduro admitió hay tráfico de drogas y prostíbulos afianzados en los apartamentos del urbanismo.

‏@Dayidayi: “De cómo lo de que en la GMVV meten motos en los apartamentos, no es un mito. Foto del MIJ “

6) La falta de urbanidad de algunos habitantes hace que lancen la basura por las ventanas y no usen los bajantes destinados a ello. Además hacen fiestas hasta altas horas de las noches con música alta que transgrede las normas de convivencia.

7) Urbanismos de la Misión Vivienda fueron colocados en terrenos expropiados, y han generado incomodidad en los vecinos originales de ciertas zonas porque rebasan el uso de servicios y bajan la calidad de vida.

8) Los apartamentos otorgados no son completamente del propietario, el Estado venezolano puede disponer de ellos. Estos inmuebles no se pueden vender o alquilar.

@NTN24ve: “Operación policial tomó por sorpresa peligroso edificio del gobierno en Montalbán”

9) Las personas que viven en estas viviendas deben ser afines al régimen, inclusive son llevadas a votar en grupos en las elecciones para garantizar los números chavistas.

10) La cantidad de crímenes dentro las edificaciones han aumentado siendo los tiroteos y asesinatos los que más ocurren. Otro tanto se relaciona con personas secuestradas, acaparamiento de alimentos y ocultamiento de carros robados.

Imagen: Luis Toro

Así se vive en las “casas de Chávez”

Daniel Pardo, BBC Mundo

El grifo del lavaplatos de Deris Reyes está al revés: el tubo no sale del lado de la pared, sino del de donde uno se para.

El lavaplatos “al revés” de Deris Reyes.

“Era la única forma de instalarlo”, le explicó a BBC Mundo en la cocina de su apartamento de Misión Vivienda, el proyecto de vivienda social del gobierno bolivariano de Venezuela.

“El apartamento me lo entregaron sin terminar, y el lavaplatos que me conseguí no sirve con las tuberías de acá”, contó entre risas sobre un detalle que para ella ilustra que la casa prácticamente la ha construido ella misma, “con las uñas”.

Su casa tiene puertas, marcos de ventana y hasta inodoros distintos en marca, color y tamaño a los del apartamento de al lado.

Pero a pesar de los problemas, Reyes y sus vecinos son afortunados: a diferencia de muchos de estos complejos sociales, el suyo está en medio de un centro urbano, el sector de La Urbina, en el este de Caracas.

La imagen de Chávez, siempre presente en los edificios de Misión Vivienda.

Deris dijo estar “eternamente agradecida” por su vivienda, pero eso no impide que se refiera a cosas que para ella faltan, como espacios recreacionales.

“Las piedras es lo único que tienen con qué jugar”, señaló, mientras unos niños al frente del edificio corroboran su comentario.

En Misión Vivienda se unen problemas y beneficios: cientos de miles de personas han recibido la casa que nunca habrían podido comprar, pero hoy muchas de ellas se quejan de que es deficiente o insuficiente.

Misión Vivienda pretende ser una solución a la falta de viviendas formales que afecta a muchos venezolanos.

 Mientras tanto, el déficit habitacional en Venezuela –el número de personas que no tienen una vivienda formal– sigue siendo un problema que el mismo gobierno socialista admite.

Para este reportaje BBC Mundo intentó durante cuatro meses y a través de varios mecanismos hablar con el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, pero nunca se concretó la entrevista. Asimismo tratamos de hablar con especialistas de la alcaldía de Libertador en Caracas, también sin éxito.

Boom de construcción

Aunque los hay de varios colores, tamaños y materiales, los edificios de Misión Vivienda tienen algo en común: la firma del expresidente Hugo Chávez –la famosa “rabo e’ cochino”– estampada en al menos una pared de cada complejo.

La firma de Chávez, denominada por él mismo como la “rabo e’ cochino”.

Estas son, en el lenguaje de los residentes, “las casas de Chávez”.

Cuando llegó a la presidencia, en 1999, Hugo Chávez puso como una de sus prioridades luchar contra la vivienda informal. Según cifras oficiales, al menos 1.500.000 personas no tenían una habitación digna en ese momento.

Durante sus primeros años en el poder, el entonces mandatario instaló varios programas sociales para intentar atender el déficit.

En el 2011, la Misión Vivienda se convirtió en una prioridad para el gobierno de Chávez.

Las condiciones eran propicias: entre 2004 y 2008, Venezuela vivió uno de los períodos de mayor bonanza en su historia gracias a los altos precios del petróleo, la mayor fuente de ingreso del país.

“Gracias presidente”

Pero fue en el 2011, después de unas fuertes lluvias que dejaron a cientos de miles de personas sin hogar, que la construcción o sustitución de viviendas se convirtió en una de las políticas más ambiciosas de su gobierno.

Tras las lluvias, la construcción creció en más del 10% durante dos años. Eso generó una suerte de boom en el sector que permitió mantener el crecimiento de la economía, pese al golpe que significó la crisis financiera global.

En el 2012, además, Chávez estaba en la que terminó siendo su última campaña presidencial, un motivo para invertir más en lo social hasta puntos que incluso exfuncionarios del gobierno –entre ellos quien fuera el cerebro de la economía chavista, Jorge Giordani– han considerado irresponsables.

Los residentes de Misión Vivienda en La Urbina se quejan de que no tienen cuarto de ropas.

El logo de dicha campaña, una imagen de los ojos de Chávez, hoy se ve en cientos de estos edificios, como si el expresidente, quien murió de cáncer en el 2013, aún los estuviera mirando.

Una de las beneficiadas fue Ada Martínez

Madre de tres niños, Martínez vivía en el sector de La Montañita en el barrio popular de Petare, en Caracas, un sector empinado con casas informales aglomeradas en pequeñas zonas.

Durante las lluvias, le contó Martínez a BBC Mundo, “una piedra del tamaño de un escritorio cayó sobre la casa, mató a mi hija de 3 años y al resto nos dejó encerrados por horas“.

Martínez pasó un año en un refugio, hasta que le asignaron un apartamento de Misión Vivienda en El Morro –también cerca de Petare– que tiene decorado con un afiche de Chávez que dice “Gracias presidente por darme una vivienda digna. Unidad, unidad, unidad”.

Arreglos sin hacer

Hasta ahora el gobierno dice haber entregado 700 mil viviendas en total, pero en el 2014 no cumplió con el objetivo de dar 400 mil: llegó a 127 mil.

“No fue un buen año”, admitió al respecto el vicepresidente Jorge Arreaza, en su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional en febrero del 2015.

Muchos recibieron su apartamento en obra gris, sin baldosas, nevera o lavaplatos.

Durante los últimos dos años el sector de la construcción ha decrecido. Y hoy el problema es más grande: el déficit habitacional es de 3 millones, de acuerdo con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

Este 2015 el gobierno se volvió a comprometer con 400 mil viviendas, pero se enfrenta –incluso más que años anteriores– a una dura crisis económica, que se ilustra en una inflación del 68% en el 2014 según cifras oficiales, contracción del Producto Interno Bruto y escasez de varios productos, entre ellos materiales para la construcción.

Además, durante los últimos ocho meses los precios del petróleo han bajado a niveles más bajos de los estimados por el gobierno.

Marelbis Mena, residente de una Misión Vivienda de La Urbina.

El presidente, Nicolás Maduro, ha dicho que la caída del precio del crudo no afectará la inversión social.

Aunque Marelbis Mena, una de las organizadoras de la comunidad en la Misión Vivienda de La Urbina, asegura que ya ha sentido los efectos de la recesión.

Según le dijo a BBC Mundo, el complejo necesita recuperar unas entradas, pavimentar las áreas comunes, poner unas ventanas e instalar impermeables en las terrazas, entre otras cosas. “Y ninguno de esos arreglos nos los ha aprobado el ministerio (de Vivienda)”, apuntó.

Los niños de La Urbina que, según sus madres, solo tienen piedras con qué jugar.

Mena, quien se definió como chavista y está extremadamente agradecida por lo que tiene, pasa el día vendiendo cerveza fría a los taxistas y autobuseros que se estacionan y lavan sus automóviles al frente del complejo. Ponen música, hace sol casi todos los días, parece sábado cuando es lunes.

Pero cuando habla con BBC Mundo, reconoce que hay cosas que pueden mejorar: además de los arreglos puntuales, la construcción del complejo –que según los teóricos de la vivienda social debe ir acompañado de una infraestructura que permita hacer vida alrededor del edificio– se quedó incompleta: “No tenemos enfermería, escuela ni supermercado”, dijo.

“Por eso los chamos (niños) son tan dados a la delincuencia”, afirmó.

Silencio y delincuencia

Muchos venezolanos no se atreven a entrar a un complejo de Misión Vivienda por el estigma que tienen de violentos.

BBC Mundo siempre fue de día y con un conocido local a manera de guía. No tuvimos problemas.

La falta de zonas verdes es evidente en este complejo de Misión Vivienda de Caracas.

Pero los reportes en los medios locales de que Misión Vivienda –sobre todo en Caracas, la ciudad más violenta de Sudamérica– está “tomado por la anarquía” son frecuentes, sobre todo en la prensa opositora.

De acuerdo con esos reportes, el complejo de La Paz, cerca del centro de la capital, está tomado por cuatro bandas que tienen repartido el territorio. Los delincuentes lo usan como punto de partida de su operación: allí estacionan motocicletas robadas y venden narcóticos, afirma la prensa de sucesos.

La cancha de Misión Vivienda de Charallave.

Ocho personas vinculadas al caso del diputado Robert Serra, quien fue asesinado en octubre de 2014 en Caracas, fueron arrestadas en ese mismo complejo.

Pero no todos son así.

En La Urbina, Mena explicó que al principio “hasta asomarse por la ventana por las noches” era peligroso. Pero después de lo que llamó una “depuración de la policía”, hoy el ambiente es relativamente pacífico.

La violencia es menor aún en Altos del Dividive, en Charallave, dos horas al sur de Caracas, según dos vecinas de la zona que pidieron no revelar su nombre. Las llamaremos Marta y María.

El Misión Vivienda donde viven está entre las frondosas montañas del trópico venezolano. El viento que sopla es fresco, se escuchan guacamayas, la temperatura promedia los 25 grados.

“Acá se vive muy bueno”, dice una vecina de Altos del Dividive.

“Acá se vive muy bueno”, dijo Marta. “Porque no tenemos la bulla de Caracas ni la delincuencia“.

Acá puedes dormir con la puerta abierta”, aseguró, una apreciación que no cualquier venezolano puede hacer.

Pero Marta y María están insatisfechas: de hecho, pidieron no revelar su verdadero nombre para poder hablar sin tapujos.

“Efectos secundarios”

María Isabel Peña es, como directora del Instituto Urbanístico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela (UCV), una de las académicas que más ha seguido el tema de Misión Vivienda.

Tras varias conversaciones, Peña no quiso responder a la pregunta de si Misión Vivienda es un proyecto bueno o malo.

Los vecinos del Misión Vivienda de El Morro dicen que el alcalde opositor no recoge la basura. El mandatario lo niega.

Un viernes por la tarde finalmente me escribió: “La verdad es que sí considero que es un beneficio para muchos, pero que como no ha sido planificado de manera integral, trae efectos secundarios negativos sumados a sus aportes favorables“.

Para ella, el problema principal es la falta de planeación en la construcción de los complejos.

“Por la falta de visión no se previó las otras necesidades que tienen los nuevos habitantes: infraestructuras (como luz, agua, gas, recolección de basura), vialidades y otras formas de movilidad y equipamientos (como escuelas, hospitales y ambulatorios, bibliotecas, centros culturales)“, le dijo a BBC Mundo.

Marta y María están de acuerdo: la única forma de trabajar, estudiar o comprar en Altos del Dividive es desplazándose en un jeep que pasa esporádicamente por el complejo; después en un bus hasta la estación de tren y, una vez en la ciudad, tomar el metro o un bus hasta el destino final.

“Si no hay trabajo ni escuelas para los niños, ¿para qué hacer tanta vivienda?”, se preguntó Marta.

Muchos residentes se quejan de que Misión Vivienda, que suele estar ubicada fuera de los centros urbanos, está lejos de su trabajo.

A pesar de que el gobierno inició la construcción de dos sistemas de acueducto, ninguno se concretó. Y los vecinos siguen recogiendo el agua de un camión cisterna que pasa cada tanto.

“Las construcciones se frustraron porque entre los entes gubernamentales hay mucho choque y todos se quieren adjudicar la entrega de los proyectos”, explicó María.

No se conoce una versión oficial sobre por qué los acueductos no funcionaron. BBC Mundo le hizo llegar al ministro Molina una pregunta concreta sobre los problemas de planificación, pero no obtuvimos respuesta.

Asignación vs. Ocupación

Los apartamentos de Misión Vivienda se asignan a través de un proceso de inscripción que suelen llevar a cabo los consejos comunales, los grupos de articulación y organización política asociados al gobierno venezolano.

Pero algunos residentes se quejan de que este proceso está tomado por la corrupción y el proselitismo político.

En el caso de Altos del Dividive, en Charallave, los complejos fueron ocupados incluso antes de que terminara la obra. Un video de dos minutos en YouTube muestra a personas que corren hacia estos edificios, se suben por las paredes y se meten por las ventanas.

VEA AQUÍ EL VIDEO.

Marta y María confirmaron que “los ocupamos para garantizarnos los apartamentos porque nos dijeron que eso se lo iba a tomar la gente de la oposición”. Y añadió que antes de ocupar los apartamentos estaban esperando en la calle del frente, donde vivieron unos meses.

Marta y María no solo dicen ser chavistas de corazón, sino que aseguran que nunca votarían por alguien de la oposición.

“Nuestro presidente amado (Chávez) nos dio lo que pudo darnos, y ahora este (Maduro) está luchando, pero nos enfrentamos a que toca tener demasiada palanca (influencia) para que se den los proyectos, para meter al niño al colegio”, contó María.

En El Morro, en Petare, está “el barco”, un par de edificios que según la gente “se está hundiendo”.

La culpa de esa ineficiencia, aseguran, no es de los políticos del gobierno, sino de quienes trabajan para ellos. “Nosotros vivimos acá muy abandonados; los ministros no saben la situación de acá por culpa de los bajos mandos“, explicó.

“Eso sí, si se acercan las elecciones, tú los ves venir acá todos en bomba (en masa) a pedirnos sus votos y a que les ayudemos para que la gente vote”, agregó Marta.

“Una cosa es que estemos agradecidos, pero otra que los payasitos de los ministerios hagan marramuncias (trampas) en vez de solucionar los problemas”, opinó.

“El barco” hundido

Kelsy Quiroz es, además de habitante de la Misión Vivienda en El Morro, presidente de un consejo comunal.

Kelsy Quiroz, presidenta del Concejo Comunal de El Morro, activista, “hija de Chávez”.

De 49 años, Quiroz dice ser un ejemplo del empoderamiento que Chávez “le dio al pueblo”. Su consejo comunal ha logrado construir colegios, una unidad de bomberos y hasta una fábrica de paletas, le enumera a BBC Mundo.

Hemos comprado dos motores que estamos adaptando a los buses”, contó, orgullosa.

Quiroz insiste en que en El Morro se vive bien, pero por la ventana se ve un detalle que no puede ocultar: dos edificios de Misión Vivienda que parecen estar a punto de caerse.

Les dicen “el barco”, porque se están hundiendo.

En un terreno sumamente empinado, los dos edificios tienen enormes grietas en sus paredes: están despedazados, como si alguien hubiese entrado a destruirlos. Pero no fue así: se deterioraron con el tiempo y el uso de dos años.

El consejo comunal y el gobierno recomendaron desalojarlo, pero varias familias aún viven ahí, pese a no tener ventanas, baños o barandas en las escaleras.

“Muchos de los complejos de Misión Vivienda se construyeron sin considerar las condiciones climáticas y la selección de los materiales”, explicó Peña, la arquitecta de la UCV.

Expertos coinciden en que ha habido problemas de construcción y planeación en Misión Vivienda.

 Según Transparencia Venezuela, hay casos de complejos que terminaron costando el mismo dinero que un edificio de lujo porque no se tuvieron en cuenta las condiciones del terreno.

“Los proyectos pudieron haberse explorado con profesionales venezolanos, que conocen bien las respuestas de los materiales al clima local y que han experimentado buenos resultados replicables”, indicó un informe del 2014 de la ONG que lucha contra la corrupción. La mayoría de estos proyectos fueron construidos por ingenieros chinos, rusos y bielorrusos.

Peña compara esto con el boom de la construcción que hubo en Venezuela en los años 50, un proceso que dejó una amplia infraestructura que todavía es útil: “La convocatoria estuvo abierta a los mejores, comenzando por los venezolanos”, dijo.

Pero ahora, añade, “la construcción se ha visto nublada por el sesgo político de los que han estado a cargo de la selección de los profesionales”.

El ministerio encargado de la vivienda ha tenido 11 ministros distintos en 16 años de gobierno revolucionario y su nombre y funciones han cambiado cinco veces.

Empoderamiento

Kelsy coincidió con sus comadres de La Urbina en que la culpa de los problemas son los funcionarios de los ministerios, que, según ella, “están infiltrados por escuálidos (opositores)“, haciendo eco de una denuncia que realizó el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Uno de esos problemas es la basura que se ve quemándose en las calles que conectan los edificios: “Está ahí porque el irresponsable del alcalde (el opositor Carlos Ocariz) nos tiene desasistidos”, aseguró.

Ocariz rechaza esa acusación, porque para él los problemas en la recolección de basura se deben al “sabotaje” del oficialismo.

Kelsy tiene varios hijos y nietos que han recibido educación. Uno de ellos muestra el reloj última tecnología que le regaló la abuela. La activista viaja, educa, lidera.

Si no fuera por Chávez, dice, ella no habría podido salir de la pobreza: “Me dio vivienda, me permitió, caramba, sentirme mujer, persona, me convenció de que los barrios tienen ideas, de que pueden ser influyentes“.

Kelsy se limpia las lágrimas. “Chávez es mi padre, mi hermano; todos los días de Dios hablo con él“, dice sentada en una cancha de béisbol mientras se toma un dulce jugo de guayaba.

La mirada del expresidente es testigo de sus palabras.

Todo lo que debe saber sobre la actualidad del Sector Construcción en Venezuela

Anabella Abadi, Prodavinci

El Sector Construcción representa 10% del PIB no petrolero del país y emplea a 8% de los trabajadores venezolanos. Así que, siendo un motor económico, su decrecimiento debe preocupar.

  1. Comportamiento del PIB Construcción. El PIB Construcción suele moverse en la misma dirección del PIB Consolidado y el PIB No Petrolero: todos crecen o odos decrecen. Esta relación se mantuvo durante los últimos 16 años, con la excepción de 2013, cuando el crecimiento del Sector Comunicaciones y el Sector Instituciones Financieras y Seguros ayudó a mantener el PIB a flote. Si se excluyen estos sectores, la variación del PIB Consolidado de 2013 pasa de +1,3 a -0,3; y la del PIB No Petrolero pasa de +1,8% a -0,3%.

Aunque el PIB Construcción sigue la misma dirección que el PIB Consolidado y el PIB No Petrolero, su magnitud suele ser mucho mayor: crece o decrece más. Los años con las brechas más grandes fueron 2003, 2006, 2007 y 2012. El año 2003 fue el año posterior al paro general de actividades, por lo que se registró una importante recesión.

Pero los años 2006, 2007 y 2012 fueron años no sólo de crecimiento, sino de importantes elecciones nacionales: elecciones presidenciales (2006 y 2012) y referéndum para la reforma constitucional (2007), por lo que se dio un impulso particular al Sector Construcción.

Luego de que el PIB Construcción decreciera -0,2% en 2009 y -7% en 2010, la puesta en marcha de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) impulsó su recuperación: crecimiento de 4,8% en 2011 y de 16,6% en 2012. Pero las trabas asociadas a la actividad sectorial, resaltando la escasez de insumos, resultaron en una caída de 2,3% y de 10,9% en 2014, siendo ésta última la tercera más alta de los últimos 16 años.

  1. Situación laboral de los trabajadores de la construcción. Aunque el Sector Construcción emplea a 8 de cada 100 trabajadores venezolanos, tiene una tasa de desempleo de 17,2% (primer semestre de 2014), poco más de dos veces la tasa de desempleo general de la economía (7,8%).

Aún más: es dudosa la calidad de los empleos. Por una parte, 57% de los trabajadores de la construcción laboran en el mercado informal. Y por otra parte, a mediados de marzo 2015, el presidente de la Federación de Trabajadores de la Construcción (Fetraconstrucción), William Lizardo, aseguró que el sueldo de los trabajadores de la construcción “está por debajo del salario mínimo nacional” y que la escasez de los insumos para la industria “hace que no sea posible incrementar los puestos de trabajo”.

  1. Trabas para el crecimiento: escasez de insumos. El coordinador de la Alianza Nacional de Trabajadores Cementeros (Antracem), Orlando Chirinos, aseguró que en el primer trimestre de 2015 registraron “una paralización de obras que está alrededor del 80% en todo el país”, producto de la escasez de insumos.

En el caso particular del cemento, precisó que la capacidad instalada en Venezuela es de 9 millones de toneladas métricas anuales, pero que el nivel de producción ronda el 50%.

Según cifras filtradas por el diario español ABC el 24 de abril de 2014, en febrero de 2014 “en términos anualizados la producción [de cemento] totalizó 7,66 millones de toneladas, dirigidas en su totalidad al mercado nacional”. Y aunque el Gobierno Central planteaba que se estaba produciendo a 85% de la capacidad instalada, para ese momento, la escasez de cemento se había acentuado y se había traducido en la paralización de varias obras.

Las cabillas son otras grandes ausentes. La producción de este insumo por parte de Sidor cayó 40% en 2014, llegando a producir 28,4% de lo producido en 2007, cuando la empresa estaba en manos de privados (Ternium).

No sorprende pues que –a la fecha– haya gran cantidad de obras paralizadas por la falta de cabillas.

  1. ¿Qué podemos esperar? Las industrias de insumos para la construcción fueron nacionalizadas por considerarse estratégicas, pero han mostrado pobres resultados desde que están en manos del Gobierno Central, sobre todo cuando habían sido particularmente productivas en manos del sector privado.

La falta de insumos seguirá siendo la principal traba para el sector construcción en 2015, en buena medida por la menor cantidad de divisas disponibles para invertir en estos sectores y para importar lo necesario para suplir el déficit de oferta. Vale decir que estas trabas han afectado, no sólo a la actividad del sector privado, sino también al sector público.

Si bien la GMVV ayudó a la recuperación de un muy golpeado Sector Construcción, se ha tendido a migrar esfuerzos hacia la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que implica menos recursos y resultados más inmediatos. Pero, en última instancia, será imposible que el Sector Construcción se recupere si no se toman medidas pertinentes para garantizar la producción, distribución y comercialización oportuna y suficiente de insumos para la construcción.

La torre de David

Texto y fotos en ByN Alejandro Cegarra

Las apariencias

La torre de David es un rascacielos empotrado en el centro de Caracas, 195 metros de altura, 45 pisos, dos torres.

Su construcción empezó en 1990 y en 1994 -tras una fuerte crisis financiera y bancaria que azotó a Venezuela- la construcción se detuvo con un 60% de progreso; 13 años después su construcción volvió a empezar, solo que esta vez no fue para albergar oficinas si no inquilinos.

En el 2007 el enorme edificio fue invadido por alrededor de 2 mil familias de las que quedan unas 1.300 según el último censo hecho por los mismos habitantes.

La torre de 196 mts de altura alberga, alrededor de 1.300 familias; la residencia de las familias es obvia a simple vista, la fachada original ha sido retirada para darle paso a bloques y antenas de televisión satelital.

La torre da la sensación de ser el verdadero símbolo de una Caracas que quiso pero no pudo ser, es una pequeña Venezuela, es el verdadero ejemplo de lo que hoy por hoy somos como país.

Fotografía de Jorge Silva.

Los habitantes de la torre se definen como partidarios de gobierno, a pesar de que este no les da respuesta a su situación.

Cuando alguien te describe la Torre de David, te da a entender que es el infierno en la tierra; rumores y mitos van y vienen respecto a la fama de sus inquilinos, el efecto boca a boca de lo que ocurre en su interior es potenciado cuando se hace una simple búsqueda de internet y se lee lo que los medios reseñan cada tantos meses: asesinatos, secuestros y violaciones.

Un joven que se identificó como “sindicalista” de la torre.

Leí sobre que hombres armados cobraban vacuna y que se manejaban a los inquilinos con la ley de la cárcel; debo admitir que desistí varias veces de acercarme con la cámara, la torre inspira miedo.

“Aquí se vive rico varón”

Algunas familias se unen para ayudar al vecino a construir poco a poco su apartamento.

La torre es un lugar asombroso, tanto por lo que se suponía que debía ser y por lo que es ahora, muchos de sus habitantes se sienten orgullosos de llamar a la torre de David su “hogar”, se esfuerzan para mejorarla cada día, algunos la ven como su proyecto de vida y otros tan solo como vivir en un lugar prestado.

Los apartamentos que se encuentran en el centro de los pisos y carecen de ventanas, tienen que colgar la ropa mojada en la sala de sus apartamentos.

Existe un consenso y es el más contradictorio con la fama que se gasta la torre, no hubo un solo habitante que me dijera que la torre es un lugar inseguro si no todo lo contrario, me explicaron que el mayor beneficio de vivir en la torre actualmente es su seguridad, que los líderes comunales habían logrado expulsar a las personas de mala conducta.

La comunidad dentro de la torre, organizada por la cooperativa Caciques de Venezuela, tiene vigilancia la mayor parte del día en el estacionamiento, para evitar robos y que personas ajenas a la torre entren y salgan a sus anchas.

Asdrúbal me explica que vivía en Petare y que constantemente tenía que llamar a su esposa, para saber si los malandros de la zona estaban merodeando a ver a quién robaban. “Aquí uno puede llegar tranquilo a las 2 ó 3 de la mañana y sabes que no te va a pasar nada”. En ese momento estaba Daniel, conocido como el “Gnomo”; dándome palmadas en la espalda me dijo con una sonrisa que delataba que algo iba a decir: “Aquí, aquí se vive rico varón

Explorando la torre

Son realmente dos torres, la torre A la más alta y visible desde casi cualquier parte del valle de Caracas, y la torre B que con “tan solo” 16 pisos.

Yohana vive en el piso 16, es madre soltera y explica que vivir con niños en la torre es un desafío.

Ambas torres se conectan por otra pequeña de también 16 pisos que solo es una escalera y un pasillo hacia cada torre.

Fotografía de Jorge Silva

Está el estacionamiento que llega hasta el piso 10, en cada piso abrieron una pequeña puerta improvisada para poder acceder a los pasillos. Hay mototaxistas que por 40 bolos te llevan a cualquier nivel.

Fotografía de Jorge Silva

La economía tiene su sitio dentro de la torre

La torre es un pequeño microcosmos del que surgen vendedores informales, quienes usan las fachadas de sus viviendas como vitrina.

El estacionamiento es fuente perpetua de ingresos, mayormente son los autobuses los que entran y salen.

El estacionamiento sirve como taller para algunos habitantes de la torre, la mayoría de las grúas no logran pasar por los techos bajos.

La economía informal también dice presente; hasta el piso 23, hay varios apartamentos que sirven de pequeños abastos donde se venden desde huevos, pan canilla, harina, jamón endiablado, hasta jabón de baño y detergente.

Los precios varían dependiendo de qué tan alto se tengan que subir los insumos.

En el piso 20 está Jonathan, quien arregla computadoras pero también te puede tatuar o abrirte un piercing donde quieras por un precio módico, o en el 6 está la Señora Becky, una agradable mujer de avanzada edad que por las tardes de los fines de semana vende ropa y helados.

María trabaja en su taller de costura en su apartamento. Fotografía de Jorge Silva

En la torre de David hay ciertas reglas que cumplir, como el pago de un condominio y la limpieza de los pasillos una vez por semana.

La otra fuente de ingresos es el condominio: 150 Bsf al mes por cada vivienda, es lo exigido para el mantenimiento de los espacios públicos, el pago de la electricidad y demás gastos.

Ellos descansan al filo de la torre. Fotografía de Jorge Silva

En los primeros pisos está la iglesia, el barbero, los mototaxistas y la cancha multiusos.

Luego en los pisos inferiores, están mayormente habitados por familias que llegaron en la primera invasión o que tienen algún familiar de la tercera edad, también están personas enfermas que no pueden subir hasta los pisos más altos, o que por alguna emergencia necesiten ser evacuados rápidamente.

La torre A está habitada hasta el piso 28 y la B hasta el tope hasta el 16, cada piso tiene una puerta que restringe el acceso a vecinos de otros pisos, las escaleras son un lugar húmedo y con poca iluminación y en todo momento alguien sube o baja con bolsas de comida o materiales de construcción.

Adriana Gutiérrez y su hijo Carlos, ven televisión en su apartamento en el piso 24. Fotografía de Jorge Silva

Carolina vive en el último piso habitado, el 28. Quiere estudiar ingeniería para poder arreglar el edificio.

Deyvid, coordinador del piso 28, me explica que tuvieron que cerrar el acceso a los pisos superiores porque muchos estaban subiendo la basura en vez de bajarla para que el aseo la retirara.

Tras abrirme paso para poder subir, me dio un consejo algo obvio: “Cuidado con los voladeros”.

Una mujer mira hacia afuera en su tienda dentro de la Torre de David. Fotografía de Jorge Silva.

Lo más extraño que conseguí en mi pequeña travesía al helipuerto, fue un perro en el piso 44, tomaba agua de un pequeño charco y se disponía a tomar sol cuando me vio; por su emoción al verme, solo pude pensar que el perro llevaba ya un tiempo sin ver a alguien por esos lares y, efectivamente, llevaba 2 semanas extraviado puesto que su casa estaba en planta baja.

La torre de David está habitada hasta el piso 28. Los siguientes 18 pisos están totalmente abandonados, cada cierto tiempo algún perro se pierde en los pisos superiores. Este llevaba dos semanas extraviado.

Tras subir  los 46 pisos hasta el helipuerto, los últimos 2 acompañado de “Goofy”, el estar entre las ruinas de lo que pudo haber sido el gran centro financiero de Caracas y ahora convertido en un barrio vertical, te hace pensar sobre el rumbo y el futuro del país.

Una niña maneja bicicleta en la terraza del atrio principal de la torre B; los espacios a medio terminar, suponen un peligro para los nuevos inquilinos de la torre, quienes han colocado algunas barandas en los lugares más peligrosos.

“Cuando la ciudad no se adapta a sus habitantes, sus habitantes se adaptarán a ella”.

Fotografía de Jorge Silva.

Diseño gráfico: Sala de Información.

“Esta no es la casa que me dieron”

Anyimar Cova Lugo, El Universal

Los problemas están lejos de resolverse para los habitantes de El Morro (Petare); aunque desde hace tres semanas es demolida la torre 5 de la terraza 10 porque se la tragó la tierra antes de ser ocupada, bajo los edificios 6A y B los terrenos se siguen hundiendo y ponen en peligro la vida de 40 familias.

“Debajo de esto hay agua, cuando llueve se me llena la casa. Nos dicen que no digamos nada y mucha gente tiene temor porque no es fácil vivir en un refugio pero no podemos tapar el sol con un dedo, esta no es la casa que me dieron”, dijo una residente de la torre 6 que llegó a El Morro después de pasar año y medio en un albergue.

Detrás de la torre 6B la pared cambia de altura pues el edificio está visiblemente inclinado hacia un lado. Adicionalmente, cuando llueve fuerte, las alcantarillas se tapan y en la planta baja se desbordan las aguas residuales.

Un obrero explicó que la torrentera que atraviesa tres terrazas (1, 10 y 11) está destruida, lo que hace que el agua corra libremente saturando la tierra bajo de los edificios. De desalojos no se ha hablado en la terraza 10 -allí viven 160 familias- y en los taludes que la sostienen se van a construir pantallas atirantadas para contener el movimiento, obras que ya se están haciendo en la terraza 7.

Desde la 10 se ve desalojado el edificio 2 de la terraza 11. Allí quedan cuatro familias que el pasado 6 de septiembre se negaron a salir a apartamentos de Fuerte Tiuna, porque estaban en peores condiciones. La orden de evacuación llegó para 60 de las 80 viviendas de la terraza 11, pero solo se fueron 16 debido a que las alternativas de adjudicación eran fuera de Caracas o en refugios.

“El Morro es un terreno desestabilizado porque allí había una cantera, hacían voladuras para sacar la piedra, y eso hace que la tierra sea inestable”, dijo el arquitecto Alfredo Cilento, investigador del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción FAU-UCV.

En 2003, después de un Aló Presidente en el que Hugo Chávez habló por primera vez de construir en El Morro, los vecinos de Paulo VI alertaron sobre la imposibilidad de levantar viviendas allí porque era una zona donde nacen muchos riachuelos, con un alto nivel freático y afectada por una falla geológica que viene desde Turumo y pasa por el eje de Paulo VI y El Encantado. Al menos cuatro informes emitidos por Funvisis y la División de Gestión de Riesgos de Protección Civil Sucre, lo confirman.

Plagado de fallas

Aunque no hay un consolidado de fallas en el Área Metropolitana, desde junio 2012 en El Universal se han publicado denuncias de al menos nueve conjuntos levantados en el marco de la Gran Misión Vivienda con problemas de infraestructura.

“Jamás en la historia de la construcción de viviendas populares ha habido tantas fallas y casas dañadas antes de ser ocupadas, inclusive, y en tan poco tiempo”, precisó Cilento.

Recordó como ejemplo de construcciones bien hechas -la mayoría con financiamiento del Banco Obrero- Propatria, los bloquecitos de Coche y Santa Eduvigis, el 23 de Enero y Caricuao. No ignora errores como Nueva Tacagua, urbanismo levantado en 1974 que comenzó a derrumbarse dos años después de inaugurado y dónde aún hoy viven 600 familias que esperan reubicación.

“Cuando se empezó a construir todos sabían que los terrenos eran geológicamente inestables (falla Tacagua – Ávila) pero en el Inavi se empeñaron en construir allí y no solo se construyó sino que una vez que las viviendas empezaron a fallar volvieron a reconstruirlas… Un desastre que se está repitiendo ahora“, apuntó Cilento.

Explicó que los problemas de calidad en las obras obedecen a múltiples factores: ausencia de licitaciones, contratación con empresas extranjeras sin ninguna responsabilidad en Venezuela, levantamientos topográficos y estudios de suelo mal hechos, fallas en el proyecto y su inspección. Detallar qué ocurre en cada caso, es complicado porque los cuerpos colegiados no han tenido acceso a las obras para hacer inspecciones.

Advirtió además que en Caracas el problema de la calidad es más complejo porque, por ser zona sísmica, las normas urbanísticas obligan a respetar una serie de pautas técnicas que garanticen la durabilidad de viviendas, hospitales y escuelas.

“La calidad es un estorbo porque quieren hacer todo a la carrera. Hacer las cosas bien cuesta trabajo, dinero y tiempo. Aquí hay un gran descuido, una gran improvisación y una gran irresponsabilidad”, remató.

Otros casos

CIUDAD TIUNA. En siete edificios levantados por la Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas hubo errores en el vaciado de concreto en pisos y columnas, lo que generó fallas estructurales. En las torres afectadas se hicieron refuerzos y en septiembre pasado salió la directiva de la Fundación Rusa en medio de múltiples conflictos laborales.

NUEVA CARACAS. En octubre del 2012, a cinco meses de haberse mudado al OPPP15 (calle El Cristo, Catia), las 48 familias residentes del edificio denunciaron filtraciones por fallas en las tuberías y grietas por malos trabajos en las juntas de las paredes. La torre modular, levantada con placas de fibrocemento y laminas de fenol, se reforzó con bloques.

TANAGUARENA. El edificio OPPP25 construido en la avenida principal de Tanaguarena (Vargas) presenta filtraciones dentro de los apartamentos y baños mohosos. En la parte externa la azotea se filtra, el tablero eléctrico del sistema de bombas produce cortos circuitos, la acera está levantada por un bote de aguas servidas y en áreas comunes hay obras inconclusas.

CIUDAD CARIBIA. En junio de 2012, seis meses después de haberse ocupado el edificio 01 de la terraza D, el viento se llevó la pared de un apartamento. La torre se hizo con paredes externas de drywall al igual que los edificios 15 y 16 de la terraza C. Tras el incidente, debieron reforzar las estructuras con bloques y cemento. También hubo problemas en la terraza B cuyos edificios tuvieron filtraciones, paredes abombadas, cañerías tapadas y pintura pelada.

Diseño gráfico: Sala de Información.

El derrumbe del inquilinato

Daniela Romero Nava, Panorama

“No señora. Si tiene niños no podemos hacer contrato. Usted sabe… Como está la ley… nadie quiere alquilar. A menos que se busque a algún amigo con una empresa y se haga el contrato con la empresa como tal. Esa es una opción, de resto no es posible”.

Esa es la respuesta que, por cuarta vez en la misma cantidad de intentos, obtiene Moraima, trabajadora social y madre de dos niños, de seis y dos años, en busca de una vivienda en alquiler, en Maracaibo.

Sus ingresos, sumados a los de su esposo, alcanzan apenas para pagar la cantidad de 4.000 bolívares mensuales por un techo donde vivir, mientras ahorra —en la medida de lo posible— para comprar una vivienda propia o resultar beneficiada con algún programa social —en los que ha recaudado hasta el más mínimo requisito— que le facilite las maneras de tener una casa.

“Además de que los precios no bajan de 4.000 bolívares (dependiendo de la zona), las condiciones son insólitas. El principal impedimento sigue siendo el tener niños, muy por encima de lo que se aprobó en la reforma de Ley de Arrendamientos, en vigencia desde hace dos años. Sigue habiendo discriminación, aun cuando está prohibida. Eso sin contar la cantidad de meses de depósitos que exigen, no menor a tres o cuatro. Es decir, por una vivienda cuyo arrendamiento tenga un costo de 4.000 bolívares se exige la cifra de 12 mil bolívares o 16 mil bolívares de depósito. Una cantidad exorbitante”.

Aunque la condición no queda expuesta ante los anuncios clasificados que se aprecian en la prensa regional y en las páginas digitales dedicadas al mercado inmobiliario, especificaciones como “Solo para parejas”, “Solo para empresas”, “Para recién casados”, “Para soltero (a)” o “Solo estudiantes”, dejan claro en los avisos que queda excluida la posibilidad de que sea una familia con niños la que pueda ocupar el apartamento o la casa en oferta.

Los constantes “No” que recibe Moraima, no solo se presentan tras el hilo telefónico entre los ejecutivos de las inmobiliarias o los dueños que hacen negocio directamente con el cliente.

En busca de un techo para su familia, le ha tocado caminar las calles y avenidas marabinas que le resulten más cercanas o no al colegio de sus niños, en la avenida La Limpia, en busca de letreros colgados en balcones, conserjerías, o portones que digan “Se alquila”.

“Igual he recibido la misma respuesta: “Ay no, señora. Preferiblemente buscamos a personas sin niños”, replicó decepcionada Moraima al recordar las respuestas.

El peregrinaje —que comparte con su esposo, cada tarde, a partir de las 4:00 pm, cuando salen de sus trabajos y antes de buscar a sus niños en la guardería— obedece al apuro de buscar residencia, pues la que habitan, desde hace seis años, también es alquilada y le han solicitado desocupar.

“La dueña alega que va a hacer remodelaciones en la vivienda y aunque eso va en contra de la Ley contra los Desalojos Arbitrarios, aprobada también en el 2011, entiendo que esa es su propiedad y que debo entregarla. Pero ¿cómo hago? No consigo para dónde irme y tengo dos niños”, relató con angustia Moraima.

La posición de la arrendataria, está basada en el temor a la aplicación de esa ley y también en las malas experiencias infundadas por aquellos inquilinos (que también existen) que se niegan a desocupar el inmueble, aun cuando el propietario tiene la necesidad de ocuparlo.

Así se justifica Jackeline C. propietaria de un apartamento ubicado en el sector Indio Mara y quien también ha mandado a desalojar a sus inquilinos: una pareja con un niño de seis años.

“Yo necesito mi apartamento. Quiero venderlo. Ellos me pagan al día y el inmueble está bien cuidado. Pero tienen siete años viviendo ahí, además de un niño, y eso me da temor por aquello de que la ley protege al menor y hasta que los inquilinos no tengan a dónde irse no se puede aplicar el desalojo. Hay casos en los que los propietarios han tenido que ir a juicios para demostrar que necesitan su vivienda y, aún con sentencia en mano, los inquilinos permanecen dentro de los inmuebles. No quiero pasar por eso”.

A la necesidad de los que no tienen vivienda, la incertidumbre de los propietarios y la usura de algunos que sobrepasan los límites en los precios, se unen las regulaciones establecidas a través del marco legal, entre los que cuentan la congelación de los cánones de arrendamiento aplicados desde el año 2003 a aquellas edificaciones construidas antes de 1987, que en el 2011 fue ajustada y ampliada a través de un mayor control tomado por el Estado para la regulación de este mercado, con la aprobación de la Ley contra los Desalojos Arbitrarios y la reforma a la Ley de Arrendamientos, en la que se establecía que sería el Estado quien estaría a cargo de la fijación de los cánones de arrendamiento, la revisión de los contratos, la determinación del precio de venta de las casas alquiladas, además de la evaluación de los proyectos del sector privado.

En los instrumentos legales se detalla que para la estimación de los alquileres está a cargo la Superintendencia de Arrendamientos y el cálculo toma en cuenta cinco aspectos: el precio del metro cuadrado de la vivienda, las dimensiones del inmueble, la vulnerabilidad sísmica, la depreciación y la región geográfica.

Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

Sin embargo, a juicio del presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, “este parámetro para alquileres es solo una teoría, pues la Superintendencia de Arrendamientos no tiene la capacidad física para atender los casos de arrendamiento en todo el país. Apenas hay algunas oficinas en algunas capitales de estados y en el resto de las zonas los alquileres se llevan a cabo de manera ilegal, pues son notariados sin el documento de visto bueno dado por el nuevo ente creado por el gobierno para la vigilancia de estos contratos”.

En Zulia, los contratos se siguen realizando sin la aprobación de la Superintendencia de Arrendamientos, aun cuando su oficina fue inaugurada y está ubicada en la oficina regional del Ministerio de Vivienda y Hábitat, en el edificio Inavi, en el casco central de Maracaibo.

Víctor Querales, asesor inmobiliario, respalda la versión de Martini al confirmar que los contratos en el Zulia se están efectuando sin pasar por la Superintendencia, y que -peor aún- no se están notariando para no presentar este requisito.

“Los dueños están optando por hacer un contrato privado con el cliente directamente, sin pasarlo por notaría para evitar presentar el requisito representado por el documento de aprobación de la Superintendencia. Nadie quiere arriesgarse a que sea el Estado el que calcule el precio en el que va a arrendar su inmueble”.

La situación, que a juicio del experto en mercados inmobiliarios pone en riesgo a ambas partes, ha dejado como resultado una merma de casi 95% en alquileres en el Zulia, mientras que en todo el país, según Martini, la oferta es casi nula.

“No llega al 1% la oferta, cuando estamos en un país que tiene unos 30 millones de habitantes”

“No llega al 1% (la oferta), cuando estamos en un país que aún presenta un déficit de viviendas considerable y que tiene unos 30 millones de habitantes”, aseguró el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

“El mercado medio se fue abajo por completo”, detalló Querales. “Lo que se aprecia es el alquiler de habitaciones para estudiantes o casas y apartamentos para el alto poder adquisitivo, por el orden de los 25 mil bolívares, exclusivos para empresas”.

Aprovechando este escenario, los propietarios han preferido limitar la oferta a compañías privadas y hasta del Estado, cuyas necesidades alcanzan el uso de una vivienda para residenciar a profesionales de afuera especializados en algún área.

“Por eso la función de la inmobiliaria ha decaído también, pues como ya no es tanto el marco legal manejado, el contrato puede ser entre el dueño y el arrendatario a través de un documento privado. En el caso de las empresas del Estado, la empresa deposita el dinero al trabajador y es él quien hace el negocio directamente con el dueño del inmueble”, aseguró Querales, al agregar que muchas empresas dedicadas al sector inmobiliario han preferido alquilar solo locales comerciales.

Entre el debate de los altos precios, las condiciones para los contratos, la merma en la oferta, el alza en la demanda, las regulaciones de la ley, la incertidumbre de los propietarios y la ejecución de los acuerdos fuera de la Superintendencia de Arrendamientos, Moraima sigue recorriendo la ciudad y revisando a diario los avisos clasificados en busca de un techo en el que pueda resguardarse mientras reúne la cantidad requerida para negociar la opción a compra de una vivienda propia, si es que corre con la suerte de que el vendedor quiera aceptar la aplicación de la Ley de Política Habitacional.

“Hasta ahora todos me han pedido negociar a través del Crédito al Deudor Hipotecario. Esa es otra traba que debo manejar mientras que al mismo tiempo veo cómo resuelvo buscar otro techo para vivir hasta tener mi propia casa y así poder entregar el inmueble en el que resido actualmente a la angustiada propietaria”, concluyó con preocupación y gesto de desesperanza la trabajadora social.

Diseño gráfico: Sala de Información.

Se diluyen las casas iraníes

Joseph Poliszuk, El Universal

Antes de crear ofertas engañosas, en una de las empresas subcontratadas reconocen que no han empezado las viviendas prefabricadas que les encargó el Gobierno para este año.

Y aunque las terminen, desde ya adelantan que es tarde para que en 4 meses puedan llegar a producir todos los “kits” que aseguran las paredes y los techos de 60.000 casas prometidas, entre los acuerdos firmados en Miraflores con la República Islámica de Irán.

En la empresa Novatech señalan que de ninguna manera podrán concretar la meta de este año. Lo dice sin dudas su representante legal en el país, Tony Tovar, tras lamentar que ningún organismo del Estado haya querido recibir las máquinas que ya les pagaron y que en este momento podrían estar produciendo las piezas de una serie de viviendas prefabricadas, que darían techo a unos 300.000 venezolanos.

El Ministerio para Industrias ha venido anunciando tres fábricas de viviendas en los estados Cojedes, Monagas y Zulia. Proyectaron el futuro con tres líneas de producción en las poblaciones de Tinaquillo, Temblador y Cabimas, para que desde esos puntos salieran camiones cargados con las bases y las estructuras metálicas de una serie de casas a las que no queda más que armar como lego.

“Nuestra capacidad instalada por cada planta es la de producir 20 mil kits, lo cual nos permitiría un total de 60 mil kits al año”.

Eso sostuvo el Ministerio para Industrias el pasado 8 de mayo en una nota de prensa que publicó a través de la página web de su Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela. Añadieron, incluso, que se trata de parte de las casas proyectadas para este diciembre:

“Esto nos ayudaría a cumplir el gran compromiso que tenemos este año 2013 con la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la cual se tiene una meta de 380.000 viviendas a construir”.

En Novatech se preguntan, sin embargo, cómo concretarán el anuncio si aun no han encontrado quien les reciba las máquinas que el Gobierno ya les canceló. Aunque el Estado venezolano terminó adquiriendo otros equipos, aseguran que con esos el proyecto de las viviendas prefabricadas se borrará del mapa.

Tony Tovar

El representante legal de la compañía, Tony Tovar, incluso advierte que los anuncios y las matemáticas del Gobierno no cuadran: la misma nota de prensa que hace tres meses aseguraba 60.000 viviendas por año añade que fabricarán 10 kits por turno, lo que suma poco más de la mitad de la meta.

“Dicen que ‘debido a la curva de aprendizaje se tiene calculado 10 kits por turno en cada fábrica’. Pero de la simple suma aritmética se desprende que si operaran en 3 turnos diarios -a una rata de producción de 30 kits- cada una de ellas llegaría a construir 10.950 kits en el caso de que trabajen los 365 días del año“.

Cara iraní, cerebro canadiense

De acuerdo con los números oficiales, las tres plantas de producción podrían concretar hasta 32.850 viviendas prefabricadas por año. Pero más allá de las cifras, Tovar cree que es hora de precisar una serie de informaciones que empiezan por advertir que las 60.000 viviendas prefabricadas anunciadas por el Gobierno nacional con tecnología iraní, en realidad, son parte de un proyecto de más de 14 millones de dólares que el Ministerio para Industrias adjudicó a una empresa iraní que luego subcontrató a la firma canadiense que representa.

Todo empezó en el exterior en un registro de Belice. Allí, la empresa iraní Tarasazeh Tabriz firmó el 10 de febrero del año pasado un contrato con la canadiense Novatech, para adquirir las máquinas que pondrían a funcionar las fábricas de Tinaquillo, Temblador y Cabimas.

El asunto no pasaría de una mera transacción sellada fuera de Venezuela si no se hubiera ventilado en el Tribunal Tercero de Control del Área Metropolitana de Caracas, por una demanda en la que -apoyados por el Gobierno- los iraníes piden echar para atrás el acuerdo.

Tony Tovar abre las puertas de Novatech para advertir que no están en capacidad de revender las mismas máquinas que sus clientes terminaron comprando a otros, porque se trata de tres plantas de producción que fueron diseñadas para Venezuela con parámetros especiales del propio Gobierno nacional.

Mucho menos puede hacer caso a los funcionarios públicos que -mediante un oficio- les solicitaron devolver a la empresa iraní los fondos públicos que habían sido depositados por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), a través de ocho transferencias que suman 2,8 de los 3,5 millones que presupuestaron por las máquinas.

“¿Cómo es que el Bandes reconoció una relación contractual en los formularios que tuvo que llenar antes de transferir el dinero a una cuenta del Commerzbank y la Corporación para Industrias Intermedias de Venezuela ahora desconoce nuestro contrato?”, pregunta Tovar.

Así se lo han hecho saber a los representantes del Ministerio para Industrias que los atendieron hace dos meses y así lo dejaron por escrito cuando reclamaron al Gobierno por haber permitido y apoyado la compra de otras máquinas a una tercera compañía.

“Pudiéramos estar frente a la materialización del delito de estafa, presunción a la que habría que agregar la ‘defraudación de fondos públicos'”, señalaron el pasado 19 de junio en una carta que dirigieron al recién nombrado presidente de Venezolana de Televisión, Yuri Pimentel, quien hasta esta semana se mantenía al frente del proyecto en calidad de viceministro de Planificación y Políticas Industriales, y, presidente de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa).

“La empresa Tarasazeh Tabriz ha podido haber incurrido en serias y graves irregularidades en contra del Estado venezolano, por cuanto las líneas de producción LSF finalmente entregadas por dicha empresa a Corpivensa, no reúnen las características tecnológicas y de capacidad de producción que les fueron contratadas y pagadas hasta por el 70% del valor total del contrato”, añadieron.

El Gobierno voltea la cara

Por los caminos verdes, en Novatech se enteraron que sus clientes terminaron desconociendo el contrato porque habían comprado otras máquinas más baratas. Recuerdan, de cualquier modo, que hay fondos públicos en medio del caso y por eso no se explican por qué los funcionarios de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela han estado impidiendo, en nombre del Gobierno, una serie de inspecciones judiciales que buscan dejar constancia de la calidad de las otras máquinas.

“A la secretaria del Tribunal de Tinaquillo, en Cojedes, la botaron por haber admitido la solicitud de inspección y en Temblador, estado Monagas, mandaron a la milicia a cerrar el paso hasta el día siguiente, cuando llegó de Caracas un gerente de Corpivensa que ordenó no dejar entrar ni al juez que iba a hacer la inspección“, cuenta Tovar.

“Una empresa de maletín terminó vendiéndoles chatarra“, concluye. Seguro de estar frente a un acto irregular, recuerda que la Ley Contra la Corrupción tipifica delitos tanto para los casos en que se cancelan dos veces por el mismo bien o servicio como cuando se adquieren otros que no reúnen las características para las que fueron presupuestados.

Como ciudadano venezolano, profesional del derecho y apoderado jurídico de la empresa afectada, Tony Tovar por eso pregunta qué pasó con los 14,1 millones de dólares que el poder Ejecutivo destinó al proyecto.

Aunque se intentó contactar a los responsables, no hubo forma de verles la cara o de dejarles un mensaje: en el Edificio Central de la avenida Urdaneta no hay quien permita la entrada o cualquier otro contacto con el departamento de prensa de la Corporación de Industrias Intermedias y el Ministerio para Industrias. La orden es no dejar pasar aun a los que advierten que la central telefónica tranca las llamadas de quienes no conocen la extensión a marcar.

Ni siquiera hubo forma de hacer el puente a través del Ministerio de Comunicación e Información, tampoco hubo respuestas a una solicitud enviada a través de la plataforma digital del Ministerio para Industrias.

De cualquier modo, Corpivensa anunció en su sitio web que acaban de levantar las primeras 8 viviendas del proyecto.

“La Fábrica de Estructuras Metálicas Los Cabimos, ubicada en la ciudad de Cabimas estado Zulia, entregó a 5 Consejos Comunales cercanos a la planta los 8 kits que permitieron la construcción simultánea de las primeras viviendas como parte de la innovación del sistema constructivo en Venezuela en conjunto con la República Popular de Irán”, informaron a través de una nota de prensa.

El proyecto sigue a pesar de los retrasos. Para el Gobierno no se trata de un espejismo, pero igual cada vez se ven más lejos las 60.000 casas prometidas por año.

En Novatech esperan que las fábricas de viviendas no se diluyan como la empresa Tarasazeh Tabriz, cuyo registro mercantil la muestra como una firma pequeña consentida solo en esta parte del mundo.

Según la información comercial de Irán, hasta el 21 de mayo de 2011 tenían un capital de 1.000 dólares y a partir de ese momento empezaron a manejar los más de 14 millones de dólares entregados por Venezuela, con un capital de apenas 20.000 dólares.

En esta historia hay cosas que no cuadran y por eso, en la empresa canadiense Novatech señala que el Ministerio Público debe convertir la demanda que los iraníes hicieron en su contra en una investigación en el marco de la Ley Contra la Corrupción.

El juez encargado del caso, Irving Molina Flores -sobrino de Cilia Flores- decidió el congelamiento de las cuentas y las propiedades del director de la empresa canadiense, así como una orden de prohibición de salida del país. Se trata de una situación que para Tovar se aleja de la lógica. “Epa, estos son fondos públicos”, advierte. “¡La víctima es el Estado!”.

El precedente uruguayo

Hace siete años que el Gobierno nacional destinó más de 155 millones de dólares a unas casas importadas desde Uruguay que al final no se concretaron.

Las viviendas iraníes no son las únicas que se borran del mapa: no es la primera vez que en Venezuela se anuncian “kits” de paredes y techos listos para armar y tampoco la primera vez que se advierte sobre contratos internacionales que no terminan de materializarse.

Ya en el año 2009 la Contraloría General de la República había señalado irregularidades con las célebres “casas uruguayas”. En su Informe de Gestión de ese año, señaló que solo habían dado con 11 de las más de 12.000 unidades habitacionales que el Gobierno había encargado a la empresa uruguaya Unión Metalúrgica Industria del Sur:

“Sólo fueron instalados 11 kits de viviendas terminadas con material venezolano, dado que no se había recibido ningún kit completo“.

Las demás viviendas uruguayas son un enigma que no quiso despejar el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, cuando lo interpelaron el 17 de febrero de 2011 en la Asamblea Nacional.

“Hay un solo problema, señor ministro, las casas no se construyeron (…) ¿Usted ha hecho algo para recuperar ese dinero o para que se construyan esas viviendas?”,

le preguntó el diputado de Un Nuevo Tiempo, Julio Montoya, a lo que Ramírez quedó en investigar.

Dijo que exigiría a la compañía el cumplimiento del contrato pero sus palabras retumbaron en Montevideo, donde el presidente de la firma, Alejandro Lagrenade, respondió que el convenio seguía vigente y sin contratiempos.

“En ningún momento Venezuela ha pagado nada que no hayamos entregado”, declaró a los medios locales.

El gerente general de la Unión Metalúrgica Industria del Sur, Gastón Tealdi, también devolvió la pelota a la cancha de Ramírez y los otros funcionarios que los habían contratado: dijo que habían enviado material para armar “más o menos 6.000” viviendas prefabricadas y justificó las demoras con una “congestión en el puerto” y “problemas burocráticos en Venezuela”.

En tiempos de escasez de cabillas, cemento y bloques, los “kits” de viviendas son una alternativa habitacional para levantar casas de manera rápida.

Sin embargo, la experiencia uruguaya no funcionó y, ahora, las fábricas de los iraníes tampoco pintan soluciones inmediatas.

Diseño gráfico: Sala de Información