Descenso a la Barbarie

Pedro Rojas Alcalá, fue un excelente estudiante de periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello – Guayana. Su agudo sentido del entorno y preciso uso del lenguaje, lo convirtieron en un periodista de altos quilates, que maneja la pluma con excelencia. Las siguientes líneas muestran la áspera estepa en que se ha convertido Venezuela, la realidad del óxido diario que se carcome a un país otrora paraíso de propios y visitantes. Las siguientes líneas muestran un “Así somos y aquí estamos”. Sala de Información.

 

Pedro Rojas Alcalá, blog “Vainas Literarias”

 

 

 

 “No vamos a sacarlos de la pobreza para que se vuelvan escuálidos”                             Héctor Rodríguez, Ministro para la Educación de Venezuela

Para la segunda mitad del siglo XX, Venezuela era uno de esos países que aunque presentaba problemas, se preciaba de contar con una de las sociedades más respetuosas, avanzadas, abiertas y educadas del continente.

Calles limpias, tráfico ordenado, abundancia y libertades eran (además de las misses) los puntos de referencia en el extranjero, hecho que estimuló la llegada de miles de inmigrantes de España, Italia o Portugal (entre otros países), o en años más recientes, de Chile o Argentina, debido a las vicisitudes políticas existentes en el Cono Sur.

Aunque ese orden y decencia se menoscabaron en los 70, 80 y 90, debido a malos gobiernos y decisiones equivocadas, todavía en la memoria colectiva mundial, Venezuela seguía siendo un país tranquilo (por lo menos hasta el 4F) y en donde era posible vivir.

Sí, había inseguridad, desempleo, pobreza, pero el tejido social aún estaba en buena forma, sólo golpeado por malos ejemplos producto de nuestra maldita “viveza criolla” como orinar en la vía pública, circular por el hombrillo, tirar basura en la calle, robarse insumos o estacionarse en zonas de personas con capacidades diferentes.

Pese a eso, todavía en la calle imperaban mayoritariamente los valores, el respeto, el saber que como sociedad teníamos derechos y deberes, y que situaciones que afectaran socialmente nuestra integridad física o moral por el bien de otros eran sólo casos de barbarie y de lo que se debía rechazar. Era una sociedad donde no nos faltaba nada, donde todo servía, y donde podíamos elegir nuestro futuro.

Pero, si eso lo teníamos claro, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué hizo que cambiáramos de forma tan abrupta y negativa para ser hoy una sociedad donde todo se perdió?

Welcome to the jungle

A lo largo de estos tres lustros hemos ido cayendo poco a poco en nuestra calidad social. Lo inverosímil pasó a ser cotidiano, lo absurdo pasó a ser regla. La injusticia pasó a ser Ley.

Hechos que han causado consternación y repudio, como aquella vez en Plaza Altamira en 2003, cuando tras ser tomada por afectos al oficialismo (guiados por José Vicente Rangel y el entonces chavista Ismael García), se profanó y rayó una efigie de una Virgen ubicada en ese espacio público.

De hecho uno de los “individuos” salió en cámara simulando actos lascivos al cuerpo quebrado de la religiosa, para festín de los presentes.

¿Sería que ese tipo no tuvo madre que le dijera que eso no se hace?

¿Lo habrán recibido con felicitaciones cuando volvió a su casa?

Hechos como el derrocamiento de la estatua ancestral de Cristóbal Colón en el Paseo homónimo en 2004.

Los también seguidores del oficialismo creyeron que con derribar la estatua de un tipo que lleva muerto siglos, se iba a remediar si explotó o no a los aborígenes que consiguió.

Lo mismo pasa en Buenos Aires, donde todos los años se raya la “Torre de los Ingleses” por el reconcomio malvinense, como si eso fuese a devolver el archipiélago a manos argentinas.

Estos sucesos comenzaron poco a poco a menoscabar la esencia amistosa del venezolano. A hacernos más duros, menos amables, más vinculados con actos semejantes.

Y eso se ve en el día a día.

Vas a una tienda o lugar público, dices los Buenos Días, y nada, cero respuestas.

Pides algo por favor y te voltean la cara como diciendo “¡coño éste sí ladilla!”.

Ya no damos paso a los mayores, ya no cedemos puesto en los autobuses, ya no ayudamos a quien está accidentado en la vía por flojera o por temor a un robo o secuestro.

Otro tema es la alimentación. Venezuela fue hasta hace unos años un país exportador.

Buen café, buen ron, excelente chocolate, leche de calidad. Los productos alimenticios llegaban a otras fronteras. Ahora los supermercados dan lástima.

Antes se podía elegir el de gusto o preferencia. Ahora hay que ir a cinco, a ver si se consiguen los insumos básicos como azúcar, papel sanitario, leche, arroz, o Harina Pan, ésta última esencial para las arepas.

Los fines de semana ya no son para descansar, sino para hacer tour por varios supermercados o abastos para lograr la meta de abastecerse. Hay gente que hasta hace selfies si consigue harina y otra que llega a los puños para garantizar que el paquete de papel sanitario vaya a su casa.

Cuando pensábamos que ver números en brazos era como recuerdo de los aciagos días de la Alemania Nazi, ahora resulta que los venezolanos tenemos que portar un guarismo en el brazo, para entrar a un supermercado.

Resultó al final que la idea de marcar gente de Hitler tuvo auge en Venezuela, y de parte de sus opuestos ideológicos. ¿Será que Venezuela es un 4to Reich?

Además, y gracias al sempiterno “Gran Hermano” Fidel, resulta que el régimen de Maduro se enorgullece de lanzar tarjetas de abastecimiento, versión criolla de las libretas de racionamiento cubanas, las cuales mantienen a la isla bajo una dieta forzada e insuficiente, pero que no se compara con la frugalidad de la que disfrutan los cagalitrosos tripulantes del “Granma”.

Llegamos a un punto tan bajo que ahora somos capaces de descuartizar en plena carretera a una vaca que tuvo el infortunio de ir en un vehículo volcado.

Las imágenes de la gente desmembrando al animal con desesperación dan señal o del hambre existente, o de la falta de valores y la necesidad de adueñarse de lo ajeno sin respeto.

Ni qué decir del caso Daka, donde se sacó lo más bajo de cada ser para agarrar lo que hubiera. No importa si se vivía en un rancho, si fallaba la luz, si no había trabajo, con esa tele LED ahora sí estaba todo bien, sobre todo para el venidero Mundial en Brasil.

¿Cuándo en la vida nuestra tierra tenía que haber pasado por semejante situación? ¿Cómo carrizo pasamos de ser un exportador a ser una nación donde no hay nada? ¿Cómo permitimos que eso pasara?

Antes la gente pedía regalos, equipos electrónicos o ropa para cumpleaños o aniversarios. Ahora nos contentamos si nos regalan azúcar o algún producto escaso.

Restringir es la meta

Venezuela en otras épocas, y debido a su posición geográfica, fue el destino predilecto de muchos dignatarios y turistas. Artistas y figuras como Louis Armstrong, Queen o Neil Armstrong vinieron a nuestra tierra, y para nosotros era normal que Viasa estuviera a la par de otras como KLM o Lufthansa.

Hoy, la mayoría de las líneas se ha ido. Caracas ya no es visitado por figuras de renombre, salvo uno que otro actor, o los siempre hambrientos de plata reggaetoneros. Muchas operaciones se han cambiado a países vecinos. Conviasa no es ni la cuarta parte de lo que fue Viasa (por cierto, seguimos esperando la explicación de por qué se cayó uno de sus aviones cerca de Sidor), y ahora los venezolanos tenemos menos opciones para salir o entrar a nuestra tierra cuando antes podíamos elegir.

Los servicios públicos

Un Metro de Caracas que siempre fue limpio, neutral en política, eficiente y ordenado dio paso a uno donde se vela más por el socialismo ridículo, donde los vagones chocan, donde los trenes no alcanzan, y donde no hay casi inversión. En las estaciones (y ya bajo tierra) te roban ante la mirada tranquila de la gente y si es hora pico, te aplastarán para quitarte tu chance de subirte.

Hay incendios en el país, y la Venezuela “potencia” los apaga con baldes y tobos, porque no hay camiones. Los nuevos venezolanos, los que llegan a este mundo, en lugar de hacerlo en instalaciones limpias y decentes, lo hacen en el nuevo estilo socialista: una caja de zapatos o en el suelo.

Nuestro país con su potencial hidroeléctrico era capaz de suministrar energía a sus vecinos, y ahora perdimos también el derecho a una electricidad decente. Apagones continuos y largos, subidas de voltaje que dañan nuestros enseres, y altas tarifas, quizás para pagar los cursitos de socialismo y guerra asimétrica que hacen en Corpoelec.

En el Estado Bolívar por ejemplo, el “Gobernador” Rangel Gómez, el mismo que pidió cacao el 12 de abril de 2002, prometió agua cristalina “para tu regadera”.

¿La realidad? Agua con tono marrón, con presencia de tierra y otros elementos, a lo cual cuestionó alegremente que cuál era el problema.

Antes se decretaban Parques Nacionales, Monumentos Naturales y zonas protegidas. Se construían museos, se hacía nueva infraestructura. Hoy nada de eso. No ha habido parques nuevos, y los ya existentes se entregaron al abandono.

La Plaza del Agua o Ecomuseo del Caroní en Puerto Ordaz. Un espacio que visité tantas veces, lleno de arte, cultura, limpieza y belleza, hoy es un mamotreto sucio, desolado, inseguro y que sólo muestra como nuevo el grupo de afichitos de Chávez y Maduro, mientras se cae a pedazos.

En la época de nuestros padres, podías con tu sueldo comprar casa, carro y otros beneficios. Hoy el Bolívar “Fuerte”, tiene la misma fuerza que el talco, y se necesitan varios sueldos mínimos para comprarte una miserable hamburguesa.

Guayana era una zona de un potencial enorme. Hierro, bauxita, oro, carbón, sílice, y empresas para convertirlos en productos exportables. ¿Hoy qué hay? Empresas destruidas, con nóminas triplicadas y cero inversiones. Sidor, que llegó en 2007 a producir 4.2 millones de toneladas, hoy sólo produce lástima. Alcasa no produce nada. Venalum anda Venalumbrada porque no tiene futuro propio.

Perdimos Orinoco Iron, Agroisleña, Owens Illinois, Diana, Los Andes, Electricidad de Caracas, para dar paso a empresas mediocres que no generan desarrollo y que dan vergüenza. ¿Quiere construir una casa? Pues antes que teníamos todo ahora ya no tenemos ni cabillas, ni cemento ni bloques.

Teníamos medios de comunicación independientes, variados, de calidad. Hoy, RCTV no existe, Venevisión se arrodilló, y Globovisión es la analogía perfecta de un supermercado actual: desaparecen sus mejores productos y se nota la ausencia.

TVes no sirve para nada, con sus novelas “reales” basadas en que todo funciona, y con un rating que sólo será porque lo ven en casa del llorón de Winston Vallenilla.

Todo lo anterior ha dado pie a protestas y marchas en todo el país. Pero Venezuela es tan al revés, que la policía y la Guardia Nacional se despliegan para atacar al inocente, al desarmado, mientras grupos armados a favor del gobierno andan libres y tranquilazos, destruyendo hogares y acabando con la vida de civiles, como Geraldine Moreno.

Venezuela está plagada de guerrilla de las FARC y ELN, de garimpeiros, de paramilitares, de hampa común y organizada, pero los huéspedes de las cárceles son estudiantes universitarios.

Simonovis tiene 10 años preso, Leopoldo lleva 70 días aproximadamente.

Scarano va por el mismo camino.

¿Hemos hecho algo? No. Porque también perdimos el asombro.

Highway to Hell

Al igual que la canción de AC/DC, los venezolanos vamos directo a un infierno cada vez más cercano. Perdimos nuestra variedad alimenticia, nuestra decencia, nuestras libertades, nuestros derechos, nuestro respeto, nuestro deber ser.

De lo que fuimos queda muy poco. De esa cultura y país amigo, sólo quedan retazos dispersos por la geografía, cubiertos en el lodo de lo que nosotros mismos permitimos. De ese país próspero que atrajo tantos científicos y artistas, sólo queda un cascarón vacío, que cruje lentamente mientras Maduro y Cilia bailan en medio de la matazón estudiantil.

¿Es recuperable Venezuela? Por supuesto. Si Japón soportó dos bombas atómicas, ¿por qué no podemos nosotros superar a dos ignorantes atómicos en 15 años?

Tenemos que despertar, exigir lo nuestro, retornar a ese estándar de calidad y excelencia al que siempre estuvimos acostumbrados.

No dejarnos sobornar con ideas rancias de “soberanía alimentaria” que nos hacen ir a cinco abastos. Ni mucho menos con libritos de colegio donde ahora Bolívar le cuida el perrito a Chávez.

Somos demasiado arrechos para seguir soportando esta vaina. ¡Es hora de despertar!

Crímenes de odio

Rafael Marrón González, Correo del Caroní

El odio -rencor, aversión, aborrecimiento, animadversión, abominación, antipatía, tirria, ojeriza, desprecio, fobia, inquina, rabia- nacen de la envidia, “tiende a la supresión del otro y conduce al homicidio”.

Por ello, convertir el resentimiento social en odio y este en postiza superioridad moral, fue, indudablemente, el más rotundo éxito del extinto “eterno”, como arma invencible frente al suave discurso del liderazgo opositor que habla de reconciliación nacional, de que “aquí cabemos todos”, y se pinta las palmas de las manos de blanco, lo que suena a chiste para las hordas fanatizadas que rezuman odio, evidenciado en los disparos a la cabeza que segaron vidas en recientes días de violencia represiva.

Cuánta iracundia se requiere para disparar dos cargas de perdigones, a quemarropa, contra el rostro de una joven indefensa.

Solo el odio es capaz de causar tales estragos en el espíritu humano para llegar a cometer actos de tal brutalidad, y, como razonamiento, así actúa un soldado sometido a la presión de defender su vida de un enemigo superior o equitativo, jamás un agente del orden público.

Pero, sí sería su actitud, si creyera fervientemente en el lema “socialismo, patria o muerte” inculcado desde la más alta esfera de la autoridad, y si el discurso político está traducido a terminología militar -batallones, estado mayor de la paz, comando estratégico, milicias.

Arengas de guerra- el pueblo en armas, cada uno con su fusil, la revolución está armada, rodilla en tierra. Y, en el colmo del discurso criminal, incitación a matar –“ustedes sabrán hacia adónde apuntar los fusiles: si al pecho de la burguesía traidora- 50% del pueblo venezolano -o contra el pecho de la población”- sus seguidores.

Ese agente del orden público, en su realidad una persona humilde sin mayores luces, asesinará por creer que llegó la guerra por 15 años anunciada, y en el colmo de la inconsciencia, se creerá héroe del deber cumplido con cada asesinato.

Por ello, las muertes de opositores en esta jornada de protesta, deben considerarse crímenes de odio, pues han sido cometidos bajo la influencia del discurso de la autoridad suprema del Estado, que pretende imponer a toda costa una forma totalitaria de gobierno.

El odio Che

Sin duda, el odio es el sentimiento de destrucción más poderoso como factor de lucha -15 años mediante esta gente todavía “lucha”- como solía decir el aristócrata asesino argentino Ernesto Guevara de la Serna, apodado “el Che”: “… el odio intransigente al enemigo -léase adversario o disidente, en el idioma castrista- que convierte al ser humano en una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar”, cuyo ejemplo insta imitar a nuestra juventud confundida -“seremos como el Che”- el suela espuma de Jorge Rodríguez, otro de los profetas rojo rojitos del odio.

Diapositiva1Imagínense la licuefacción cerebral que debe sufrir un fulano que admire a un humaniforme que escriba a su padre, luego de fusilar a un humilde campesino, algo como esto: “… tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar…”. O a su esposa: “estoy sediento de sangre”.

O este otro “pensamiento”: “La manifestación más pacífica que puede sentir un hombre es darle un tiro a quien se lo merezca”. Y el rostro de esta piltrafa moral, replicado en cualquier asesino en serie, “adorna” las orgullosas camisetas de la ignorancia.

Por ello comparto el concepto del dramaturgo Tennessee Williams: “creo que el odio es un sentimiento que sólo puede existir en ausencia total de inteligencia”.

¿Líder o agitador?

Un líder de masas que no sepa, por elemental deducción lógica, la responsabilidad implícita en su liderazgo, o es un estúpido agitador irresponsable al que sorprendió la fama porque le robó una cochina al jefe civil, o es el vocero de un proyecto criminal que, al no haber podido vencer por las armas, necesita el apoyo de la ignorancia resentida a la que inocula el sentimiento de revancha por supuestos o reales agravios.

En ambos casos sumamente peligroso para la paz de una república. Porque gente sin válvula de presión dispuesta a asesinar a la voz del amo emocional, hay por sacos en cualquier sociedad, hasta en la más avanzada como fue el caso de Alemania con Hitler.

¿Qué le habrá hecho Venezuela?

En la historia constitucional de nuestra patria hemos tenido toda clase de sujetos a cargo de la Presidencia de la República, con vicios y defectos a elegir, pero todos ellos, a su manera, han querido el bien de la república.

Por ello este gobierno, que comenzó el 2 de febrero de 1999, carece de parangón, no existen elementos de comparación para este desastre, explicable únicamente desde la óptica del odio.

Desastre cuya vertiente más significativa es la división de los venezolanos: el pueblo, sobornado con subsidios, pensiones y misiones que arruinan las arcas del estado, que lo sigue, y los “escuálidos”, opositores y disidentes -“bichos” llama un burócrata, de apellido contradictorio con el odio que destila, a los opositores que protestan- sometidos al escarnio del desabastecimiento y al empobrecimiento de la inflación, a menos que dejen trabajo, estudio y responsabilidad y se metan en la cola del pensamiento único, a esperar su tarjeta de racionamiento y su franelita china. Y es que este sujeto jamás engañó a nadie con sus intenciones.

En todos sus discursos “freír cabezas” el odio estuvo presente, y nunca se apartó de la línea de la violencia -31 de octubre de 2010: “oposición no podría contener una revolución violenta del pueblo y de los militares”- que lo conduciría a su ansiada guerra civil, única manera viable de imponer a este díscolo país, con una robusta clase media, que a su vez era recipiendaria de la movilidad social de la pobreza, el proyecto comunista implantado por Fidel en su bóveda craneana, como lo confesara en Siria el 5 de septiembre 2009: “soy un soldado de Fidel Castro”.

Por odio.

El Talón de Aquiles de la Guardia Nacional

Roderick Navarro

El régimen de Nicolás Maduro se alzó en armas en contra del pueblo de Venezuela. Defiende a ultranza a los agentes del castro comunismo que están infiltrados en nuestro país, con el objetivo de instaurar el modelo de dominación cubano y hacernos dependientes de su sistema político y económico.

La Junta Patriótica Estudiantil y Popular, en su manifiesto de Mérida, ha conjugado el espíritu Nacional de la protesta en torno al ideal patriótico de esta Generación de luchadores: la Libertad.

La represión por parte de la GN y de los colectivos armados, ha quedado impune. Siguen muriendo jóvenes, los siguen hiriendo, apresando, torturando, secuestrando y desapareciendo por querer conquistar un futuro diferente al que este sistema político nos plantea. Por eso el mundo está con los ojos puestos en Venezuela: estamos en guerra.

Ahora bien, nosotros tenemos una verdadera ventaja en este conflicto social, frente a los que nos quieren dominar. Podemos ganar realmente y ser libres.

En todo el territorio nacional existen menos de 8.000 efectivos de la Guardia Nacional. Solamente en la ciudad de Caracas hay alrededor de 3.200 efectivos. Es decir, los otros 4.800 están distribuidos en el resto del territorio. Hagamos un pequeño ejercicio: en los otros Estados, si dividiéramos en partes iguales la cantidad de efectivos, habrían 209 Guardias Nacionales en los otros 23 Estados.

Pero mejor hagamos ese ejercicio en el campo de batalla: dividamos a los 4.800 efectivos en Carabobo, Zulia, Aragua, Lara, Táchira, Mérida, Trujillo, Anzoátegui, Miranda, Bolívar, Barinas, Falcón y Nueva Esparta: existirían alrededor de 370 efectivos en cada Estado.

Ya va más de un mes de conflicto. Estos Guardias Nacionales están cansados: duermen con el mismo uniforme, no han dejado la guardia y muchos han desacatado la orden de reprimirnos.

En cambio nosotros somos millones. Millones de estudiantes y jóvenes en todo el territorio nacional. Son millones los familiares de estos jóvenes y estudiantes que están pasando trabajo por culpa de este régimen y de su sistema político.

Nosotros no estamos cansados: estamos indignados. Nosotros queremos Libertad: ellos quieren descansar. Nosotros somos hombres libres, luchamos por convicción: ellos son esclavos, deben obedecer órdenes que van incluso en contra de ellos mismos.

Ese es el punto débil de la Guardia Nacional. En número no nos superan. En fuerza espiritual tampoco.

Esta guerra que nos declaró el régimen la vamos a ganar. Venezuela transitará de nuevo a un proceso de reinstitucionalización del Estado y con ello, caminaremos hacia un sistema de libertades que nos garanticen a nosotros una digna existencia. Eso es lo que vamos a lograr con esta gesta heroica, por eso vamos con todo hasta el final.

En la calle demostramos de qué estamos hechos. Nosotros somos civiles que estamos desarmados pero nos estamos defendiendo con nuestras propias manos, estamos en nuestro legítimo derecho a preservar nuestras vidas.

El Guardia Nacional que utilice sus armas para disparar en contra de nuestros hogares, de nuestras familias y nuestras propiedades, se encontrará con las Trincheras de la Libertad. Barricadas que representan la dignidad de un pueblo que no se dejará dominar por los comunistas.

La Guardia Nacional tiene perdigones y bombas lacrimógenas: nosotros tenemos dignidad y honor.

Libertad o Nada.

Torturas en revolución

Francisco Olivares, El Universal

Una de las situaciones más dramáticas sufridas en estos dos meses por los detenidos en manifestaciones ha sido “el sufrimiento físico y mental” al que han sido sometidos la mayoría de ellos con “tratos crueles, inhumanos y degradantes que se ajustan a la definición de tortura“. Así lo destaca el informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

La UCAB realizó entrevistas en profundidad sobre un grupo de 30 detenidos, de los cuales 27 fueron estudiantes. Las entrevistas se realizaron entre el 24 de febrero y el 7 de marzo, en Caracas y Altos Mirandinos. El cuestionario utilizado se adapta a los estándares internacionales sobre derechos vulnerados.

Si bien las entrevistas se realizaron sobre 30 detenidos, entre más de 2 mil que han sido llevados a prisión, los relatos provenientes de todas las zonas del país en donde se han producido manifestaciones, indican que se trata de una generalidad.

Los testimonios recogidos por la UCAB, así como los medios de comunicación y otras organizaciones de DDHH, dan cuenta de “la existencia de patrones de represión y control del orden público contrarios al uso proporcional de la fuerza y a las garantías mínimas de toda persona sometida a cualquier forma de detención y a los estándares básicos de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”, destaca el informe.

Golpes y agresiones

La definición de tortura, vigente en la Convención contra la tortura de la ONU señala que es: “todo acto que inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por una acto que haya cometido, o de intimidarla o coaccionar a esa persona o otras, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejerció de funciones públicas, a instigación suya, o su consentimiento.”

El tipo de maltrato físico que más fue reportado entre los entrevistados fue el de golpes con puños y patadas. La tercera parte de estas acciones fueron durante el traslado y en especial en los centros de reclusión de la GNB y CICPC. Cabe destacar que la mayoría de los detenidos estuvieron incomunicados al menos durante 48 horas antes de que pudieran contactar a un familiar. Los golpes reportados también se realizaron con las cachas de las armas tal como lo relata Joaquín Sumalla:

“A mí me golpearon entre 5 a 6 funcionarios, me dieron como siete cachazos en la cabeza”.

Este tipo de violencia, fuera de este informe, ha sido reportado en numerosos casos en todo el país. El que más se difundió fue la agresión que recibió Marvinia Jiménez, atacada por una funcionaria con un casco. A Jorge Luis León de Valencia le reventaron los vidrios de los lentes en los ojos y le pasaron por encima en una moto.

Edberg Cantillo, detenido el 28 de febrero, lo atropellaron con una moto y luego entre varios lo golpearon con rolos por la espalda y la cabeza hasta que lo dejaron inconsciente. En camino al Destacamento 52 de la GNB lo despertaron con descargas eléctricas para luego rematar la acción golpeándolo con los cascos.

De rodillas sin alimentos

Una vez en el centro de detención, algunos reportaron haber pernoctado a la intemperie sin ingerir alimentos ni agua. Del grupo de entrevistados 11 señalaron haber sido puestos de rodilla sobre una alcantarilla por largos períodos.

Tal fue el caso de Ángel González quien relató que lo dejaron unas 5 horas arrodillado a pesar de que sufre de una lesión en una de ellas. Si volteaban a se movían eran golpeados. Otras funcionarias les pisaban los dedos con los tacones.

Varios detenidos reportaron la aplicación de sustancias químicas tales como gas pimienta y combustible El relato de Damián Martín da cuenta de ello. Martín fue capturado por el CICPC y narra cómo le aplicaron gas pimienta en la cara y lo golpearon con cascos en el trayecto hacia la sede en Parque Carabobo.

Una vez allí, los funcionarios hicieron una fila donde cada uno le pegaba y le gritaban ¡opositor maldito! ¡te las das de arrecho carajito! Uno de ellos le dio una patada en el estómago que lo dejó casi inconsciente. Luego lo metieron en un cuarto y un funcionario alto y fornido le dio un golpe en la cara luego otro hizo lo mismo. Allí terminó vomitando por el gas y los golpes frente a la burla de los funcionarios.

Gasolina y kerosene

Otros casos reportaron la aplicación de sustancias como gasolina, kerosene y pólvora, para incriminarlos. Nelson Gil manifiesta que los funcionarios seleccionaron a un grupo para incriminarlos en la quema de una patrulla. “Nos llevaron uno por uno a una habitación“.

Allí mientras un funcionario lo retenía, otro le rociaba las manos con gasolina y le ordenaba que se limpiara con el pantalón. A Marco Coello lo arrodillaron le rociaron las manos con pólvora y más tarde le hicieron una prueba balística. Coello fue detenido el 12 de febrero y aún permanece tras las rejas.

A Luis Boada lo pusieron de rodillas con la cara tapada, le rociaron todo el cuerpo con gasolina y lo amenazaron con quemarlo.

Técnicas sin rastro

Las técnicas para torturar sin dejar rastro también se han utilizado. Marco Coello refiere que estando arrodillado le presentaron una declaración ya redactada por los funcionarios en la que le dijeron: “firma esta declaración en la que dice que tu eres responsable de la quema de las patrullas”.

Al negarse a firmar la declaración lo amenazaron con volver a golpearlo. Al negarse lo llevaron esposado a un cuarto oscuro, le envolvieron el cuerpo con goma espuma. Así lo golpearon con bates y palos de golf y un extinguidor. También le dieron tres choques eléctricos y patadas. Todos estos hechos fueron ejecutados por siete funcionarios. La narración está en el informe de la UCAB.

Destaca el informe que muchas de las secuelas físicas de dolor, así como hematomas y heridas, permanecía presentes al momento de las entrevistas, a pesar de que éstas se realizaron con más de 10 días de haber ocurrido las torturas, lo que para los autores del informe, evidencia la aplicación de un sufrimiento físico orientado a ocasionar dolor o sufrimiento, independientemente que su propósito haya sido la obtención de información o la intimidación y coacción de los detenidos.

Maltrato sicológico

Entre los 30 entrevistados por los expertos de la UCAB se encontró que siete de los detenidos fueron amenazados con abuso sexual a los que fueron expuestos cuatro hombres y tres víctimas de sexo femenino, una de ellas menor de edad.

A la periodista Andrea Jiménez se le amenazó con abusar sexualmente de ella, con mutilarle extremidades, con matarla y con llevarla al INOF en donde sería igualmente violada.

A Lisset Francis, además de amenazarla con dispararle, sus captores le hicieron insinuaciones de acoso sexual al referirse a ella como “carne fresca”.

A la menor de edad, cuyo nombre está en reserva, la amenazaron con abusar sexualmente de ella y que luego la matarían. No le permitieron tener contacto con los abogados hasta pocas horas antes de la audiencia.

Algunos fueron obligados a escuchar los golpes y gritos que se producían en otra habitación donde otra persona estaba siendo sometida a torturas. Pierluigi Di Silvestre fue detenido con sus tres hijos, lo obligaron a presenciar cómo efectivos de la GNB golpeaban a sus hijos.

Como mecanismo de intimidación, para evitar que los detenidos denunciaran la violación a sus derechos, se les amenazaba con que podían “hacerles algo más adelante“; “no vayas a decir nada, tengo las llaves de tu casa y sé dónde vives”; “cuidado en la calle los vamos a estar siguiendo”.

La verdadera amenaza a la democracia en Venezuela

Daniel Wilkinson, El País (España)

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, publicó una columna de opinión en el periódico The New York Times en un intento por contrarrestar la cobertura desfavorable que ha recibido su gobierno en la prensa tras la represión de múltiples protestas en los dos últimos meses.

Acusó a los medios internacionales de haber “distorsionado la realidad” de Venezuela al describir las protestas como pacíficas y a la democracia del país como “deficiente”. Sin embargo, las medidas que adoptó para responder a las protestas en el país demostraron que las deficiencias de la democracia venezolana son absolutamente palpables.

No sólo las fuerzas de seguridad han cometido abusos contra manifestantes que no estaban armados, sino que además su gobierno ha censurado la transmisión informativa de las manifestaciones y encarcelado a un dirigente opositor que apoyó las movilizaciones.

El presidente Maduro ha enfrentado dificultades importantes desde que triunfó por una ajustada diferencia en las elecciones presidenciales celebradas hace un año. Fiel discípulo de Hugo Chávez, fallecido en marzo pasado, Maduro heredó el apoyo de cerca de la mitad de los votantes del país, muchos de los cuales se han beneficiado con los programas sociales gestionados por el gobierno durante la última década.

Pero también heredó una de las tasas de homicidio más altas del mundo y una economía que atraviesa serios problemas, con un índice de inflación que el año pasado sobrepasó el 56%, al cual se agrega una escasez crónica de alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad.

Las actuales protestas comenzaron a principios de febrero, cuando estudiantes universitarios del Estado de Táchira se congregaron para exigir mayor seguridad pública. Las protestas se propagaron rápidamente por el país, y a las demandas iniciales se fueron sumando otras, como críticas a la inflación y al desabastecimiento. Poco después se sumaron también miembros de la oposición política venezolana, cuyo candidato moderado, Henrique Capriles, casi había conseguido derrotar a Maduro en los comicios de abril pasado.

El posterior intento de Capriles por convertir las elecciones regionales de diciembre en un referendo sobre la continuidad de Maduro fracasó, y los candidatos oficialistas finalmente se impusieron. Luego, varios de los líderes más combativos de la oposición llamaron a sus simpatizantes a participar en las marchas y declararon que no abandonarían la protesta hasta conseguir “la salida”, o sea, que Maduro dejara de ser presidente.

El 12 de febrero, Caracas fue escenario de sucesos violentos en los que algunos manifestantes arrojaron piedras y miembros de las fuerzas de seguridad dispararon municiones. Tres personas murieron a causa de los disparos, incluidos dos manifestantes y un partidario del gobierno, lo cual suscitó una nueva ola de protestas en más de 20 ciudades.

Si bien la mayoría de las protestas se han desarrollado pacíficamente, en muchos lugares los manifestantes han instalado barricadas, y algunos han lanzado piedras y cócteles Molotov. Las fuerzas de seguridad fueron movilizadas para contener las manifestaciones, y hay numerosas acusaciones de abusos, incluidos casos en que se abrió fuego contra manifestantes que no estaban armados y de personas que sufrieron palizas mientras permanecieron detenidas.

Bandas de civiles armados afines al gobierno han circulado en motocicletas por distintas ciudades y han atacado a manifestantes e infundido temor para evitar que nuevas personas se sumaran a las protestas. Gran cantidad de personas han resultado heridas y más de 30 han perdido la vida, incluidos civiles, policías y miembros de la Guardia Nacional.

En su columna en el Times, Maduro reconoció que las fuerzas de seguridad cometieron abusos, pero insistió en que habían sido muy aislados y que su gobierno “había respondido con la detención de los presuntos responsables”.

Las autoridades han arrestado, en efecto, a más de una decena de miembros de las fuerzas de seguridad en las últimas semanas (si bien lo hicieron a raíz de que se trascendieran grabaciones de vídeo que mostraban el uso de armas de fuego contra manifestantes).

Sin embargo, su primera reacción a los asesinatos del 12 de febrero consistió en arrestar a políticos de la oposición.

El primero fue Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular y uno de los actores que más enérgicamente ha exigido la salida de Maduro. El ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua, señaló a López como el “autor intelectual” de los acontecimientos violentos del 12 de febrero, y la Fiscalía General gestionó rápidamente una orden de detención en su contra por diversos cargos, incluido el de homicidio.

Consiguió asimismo que se librara una orden de arresto contra Carlos Vecchio, también dirigente de Voluntad Popular, y otras dos figuras de la oposición. Después de ocultarse varios días, López finalmente se entregó y fue trasladado a una prisión militar, donde lleva detenido casi dos meses. Vecchio y los otros opositores se mantienen en la clandestinidad.

El gobierno aún no ha presentado evidencias creíbles que vinculen a López o los demás con hechos de violencia u otros delitos.

En marzo, las autoridades también comenzaron a perseguir a alcaldes opositores. El 19 de marzo arrestaron a Daniel Ceballos, alcalde de la ciudad de Táchira, donde comenzaron las primeras protestas, quien había denunciado el uso de la fuerza contra manifestantes por el gobierno, y a Enzo Scarano, alcalde de uno de los municipios de la ciudad de Valencia donde también se habían producido protestas.

El mismo día de las detenciones, el Tribunal Supremo condenó al alcalde Scarano a más de diez meses de prisión por no acatar una orden judicial que disponía el levantamiento de cortes de vías de circulación organizados por los manifestantes, y la semana siguiente condenó al alcalde Ceballos a un año de prisión por el mismo delito.

Desde entonces, el Tribunal ha dictado órdenes de detención contra otros cuatro alcaldes, y confirmó la decisión de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional que destituyó a la legisladora María Corina Machado, aliada política de López, para que ella también fuera procesada.

Estas causas penales alertan sobre uno de los problemas más flagrantes de la democracia venezolana en la actualidad: la ausencia de un poder judicial independiente. Desde que el Tribunal Supremo fue copado por magistrados chavistas en 2004, sus miembros han rechazado abiertamente la noción de separación de poderes y se han comprometido públicamente a apoyar las políticas del Poder Ejecutivo.

Numerosos jueces de tribunales inferiores han recibido fuertes presiones para no emitir pronunciamientos que vayan contra intereses del gobierno. El juez que reconozca los derechos de López y otros líderes de oposición se expone a ser destituido de manera sumaria por el Tribunal Supremo, o incluso sufrir represalias más severas.

En 2009, cuando la jueza María Lourdes Afiuni, para dar cumplimiento a una recomendación de la ONU (y a lo dispuesto por el Derecho venezolano), otorgó la libertad condicional a un opositor del gobierno, el presidente Chávez exigió que fuera encarcelada. Permaneció más de un año en prisión, al cual se añadieron otros dos bajo arresto domiciliario.

El presidente Maduro y su ministro de Justicia han señalado en varias oportunidades que corresponde al sistema judicial determinar si los políticos que fueron encarcelados son culpables de los delitos que se les atribuye. Sin embargo, a la luz del control que ejerce el gobierno sobre la justicia, estas garantías pierden plausibilidad, al igual que la afirmación de Maduro de que los funcionarios públicos que han cometido abusos responderán por sus actos.

Los esfuerzos del gobierno por controlar la información sobre las protestas han sido igualmente alarmantes. El 11 de febrero, antes de que se produjeran víctimas fatales, el director del órgano del Estado que regula a los medios de comunicación les advirtió que podrían sufrir consecuencias legales por sus transmisiones de los sucesos violentos en el marco de las protestas. La advertencia era válida.

Durante la presidencia de Chávez se dictaron normas que prohíben difundir mensajes que “fomenten zozobra en la ciudadanía” u “ofendan” a funcionarios gubernamentales, y autorizan al gobierno a cerrar canales de televisión y estaciones de radio cuando lo considere “conveniente a los intereses de la Nación”.

Pocas horas después de las primeras muertes el 12 de febrero, el presidente Maduro obligó a proveedores de televisión por cable a interrumpir la señal de NTN24, un canal internacional de noticias que se transmite en toda América Latina, debido a su amplia cobertura de los hechos violentos. Al día siguiente, anunció que su gobierno “tomaría medidas” contra la agencia de noticias France Presse por haber “distorsionado la verdad de los acontecimientos ocurridos el miércoles 12 de febrero”.

El 16 de febrero, la ministra de Comunicaciones e información anunció que el gobierno “tomaría acciones judiciales” contra periódicos nacionales e internacionales por utilizar “fotografías manipuladas” para la cobertura informativa.

El presidente Maduro se dirigió luego a CNN, y anunció el 20 de febrero que había iniciado los procedimientos para sacar del aire al canal en Venezuela. Según afirmó, CNN participaba en “propaganda de guerra” con la intención de “justificar la guerra civil en Venezuela y la intervención del ejército gringo [en el país]”.

Siete periodistas de CNN informaron que les fueron revocadas sus licencias de prensa. Al día siguiente, Maduro cambió repentinamente el rumbo y declaró con tono victorioso que CNN había “rectificado” su cobertura y, por lo tanto, se le permitiría seguir transmitiendo desde el país.

Las embestidas contra estos canales internacionales no constituyeron simples actos de improvisación ante la inminencia de una crisis, sino la más reciente medida de presión de una estrategia que, desde hace una década, pretende controlar el contenido de las noticias de la televisión venezolana.

Cuando Chávez fue separado brevemente del poder en 2002 durante un fugaz golpe de Estado, los cuatro principales canales privados de televisión dieron amplia cobertura a la intentona golpista, y luego suspendieron la transmisión cuando partidarios de Chávez se movilizaron masivamente para exigir que fuera restablecido en el cargo. Tras el golpe, Chávez adoptó medidas enérgicas para reducir el acceso de sus opositores a las señales de radio y televisión, incluso advirtiendo reiteradamente a los canales y estaciones que podrían perder su licencia.

Dos de los cuatro canales privados redujeron su programación crítica, un tercer canal fue obligado a salir del aire y el cuarto fue acosado mediante sanciones administrativas y acciones penales, hasta que su titular finalmente lo vendió a inversionistas aparentemente vinculados con el gobierno, que han limitado significativamente su programación crítica.

El gobierno también aumentó de uno a seis la cantidad de canales de televisión gestionados por el Estado y ejerció asiduamente su facultad de transmitir “cadenas” o emisiones obligatorias. Así, ha exigido a todos los canales de televisión y estaciones de radio del país que interrumpieran su programación habitual para transmitir cientos de mensajes presidenciales: en estas transmisiones, Chávez anunciaba nuevas políticas, inauguraba escuelas, se dirigía a los asistentes de reuniones políticas, tocaba la guitarra, celebraba su cumpleaños y, casi sin excepción, increpaba a sus detractores.

Estas tácticas continúan con la presidencia de Maduro. Los canales venezolanos han evitado transmitir en vivo protestas contra el gobierno, pero sí lo hacen cuando se trata de manifestaciones a favor del actual mandatario.

Desde el 12 de febrero, el gobierno ha ordenado más de 30 cadenas nacionales, que suman más de de 45 horas de transmisión, algunas de las cuales han sido usadas por Maduro para denunciar que los manifestantes intentaban instigar un golpe “fascista”.

Si bien algunos programas de noticias han entrevistado a dirigentes opositores y críticos del gobierno, lo hacen acatando restricciones legales y políticas. Un defensor local de derechos humanos que fue invitado a un programa me comentó, por ejemplo, que el conductor le advirtió antes de salir al aire que el canal había recibido instrucciones del gobierno de tratar el tema de las barricadas con suma cautela.

Un presentador de noticias de uno de los principales canales renunció mientras estaba al aire debido a las restricciones impuestas a la cobertura que, según indicó posteriormente, incluían “instrucciones específicas” de no usar las palabras “barricada”, “desbastecimiento” ni “protesta pacífica”.

Las amenazas contra CNN y la censura de NTN24 también han enviado un mensaje a los medios venezolanos, según señalan defensores locales de la libertad de prensa, quienes aseveran también que miembros de las fuerzas de seguridad han intimidado a periodistas que informan sobre los enfrentamientos en las calles.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela ha documentado más de 170 “actos de agresión” cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad contra periodistas, incluidas agresiones físicas, amenazas y detenciones.

Por ejemplo, el fotógrafo de la revista Exceso Rafael Hernández fue detenido luego de captar con su cámara el momento en que un policía golpeaba a una mujer, y recibió varias palizas durante las nueve horas que permaneció retenido. La policía confiscó su cámara y las imágenes.

Las cifras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa serían más alarmantes si tomaran en cuenta las agresiones contra ciudadanos comunes que han documentado por su propia iniciativa la violencia contra manifestantes. Marvinia Jiménez, de profesión costurera, fue atacada por una oficial de la Guardia del Pueblo cuando intentó filmar con su teléfono a miembros de la Guardia Nacional mientras disparaban a manifestantes.

Jiménez fue arrojada al asfalto, y una vez allí la oficial la inmovilizó sentándose encima de ella y la golpeó en la cabeza con su casco, a raíz de lo cual sufrió graves contusiones en el rostro. Pasó la noche detenida y actualmente enfrenta cargos por resistirse a la detención. Afortunadamente, varias personas filmaron la golpiza con sus teléfonos celulares y pudieron mostrar al mundo lo sucedido.

Los defensores de Chávez y Maduro a menudo intentan restar gravedad a las preocupaciones sobre la situación de la libertad de prensa en Venezuela, mostrando para ello ejemplos de información crítica con el gobierno que se publica en varios periódicos del país. Es cierto que el gobierno no ha atacado a la prensa escrita con la misma determinación con la que arremetió contra medios televisivos, posiblemente debido a que los venezolanos que leen periódicos son sólo un pequeño sector comparado con quienes ven televisión.

Sin embargo, varios periódicos han sido objeto de sanciones administrativas —e incluso acciones penales— por su cobertura informativa. En noviembre pasado, el director de El Mundo, un diario de baja circulación, fue despedido después de que Maduro fustigara públicamente la “perversidad de los dueños”, en reacción a un titular donde se criticaba a su gobierno.

Y desde que empezaron las protestas, Últimas Noticias, el periódico de mayor circulación del país, ha recibido presiones por su línea informativa independiente. Tal vez su artículo más importante haya sido un análisis de grabaciones de vídeo tomadas el 12 de febrero, que captaron imágenes de policías uniformados acompañados por hombres vestidos de civil mientras disparaban contra manifestantes que intentaban escapar del lugar, y en las cuales incluso se ve cómo uno de ellos cae abatido a causa de un balazo mortal en la cabeza.

Cuando este material se difundió por Internet el 19 de febrero, se convirtió en la primera evidencia firme de que los agentes de las fuerzas de seguridad habían empleado fuerza letal contra manifestantes que no estaban armados, y para el gobierno se tornó más difícil atribuir esa violencia a la oposición. Sólo después de este informe comenzaron los arrestos de miembros de las fuerzas de seguridad, y la fiscalía se sintió obligada a retirar los cargos de homicidio contra Leopoldo López.

Sin embargo, pronto se hizo evidente que no sería fácil para el periódico seguir publicando estas revelaciones. Poco después de la difusión del informe, el presidente del grupo de medios al cual pertenece Últimas Noticias renunció a su cargo y fue reemplazado por un exgobernador y abierto partidario del gobierno de Maduro.

La vicepresidenta del grupo renunció una semana después, y explicó que su decisión se debió a que el nuevo presidente le había pedido que politizara el contenido del periódico. Y a fines de marzo, la directora de la Unidad de Investigación del periódico, que había preparado el informe del 19 de febrero, renunció a modo de protesta cuando este medio decidió en el último momento no publicar otro artículo sobre las manifestaciones debido a que era demasiado “político”.

Ese artículo —que desde entonces ha sido publicado de manera independiente— es obra de la experimentada periodista Laura Weffer, quien estuvo presente y dialogó con manifestantes y también con miembros de la Guardia Nacional durante enfrentamientos en la Plaza Altamira, la principal plaza de Caracas donde se han congregado los manifestantes desde el 12 de febrero.

El artículo de Weffer describe a los manifestantes como personas de origen humilde que se vuelcan al activismo debido a la difícil situación económica. También ofrece a varios soldados la oportunidad de contar su perspectiva. Un joven soldado de la Guardia Nacional cuenta: “Mi mamá, del Zulia, tiene que calarse la misma cola que la que hacen estos chamos, para comprar cualquier pote de aceite. Yo creo que ellos tienen razón, pero a veces se pasan”.

Pero esta información no coincide con la versión que ofrece el gobierno de la realidad, según la cual, como Maduro escribió en el Times, “las protestas son organizadas por personas de los sectores más privilegiados de la sociedad” que no están en contacto con las aspiraciones del pueblo venezolano.

De hecho, para Maduro y sus seguidores, la verdadera ofensa cometida por López y otros opositores es haber usado “la salida” como su eslogan. En su opinión, el reclamo de que el presidente renuncie al poder equivale a un golpe de Estado. Sin embargo, exigir la salida no constituye un golpe de Estado; tampoco es, ni debería ser, un delito. Un golpe se produce cuando se toma el poder por la fuerza, y no cuando simplemente se reclama la dimisión.

En una sociedad democrática, las personas deberían tener la libertad de tomar un megáfono, marchar por las calles y pedir lo que quieran a sus líderes electos.

Si la salida es o no una estrategia política acertada, eso ya es otro asunto. Algunos líderes de oposición han criticado esta retórica. El ex candidato presidencial Capriles ha instado a la oposición a que se ocupe de problemas concretos que afectan a la mayoría de la población.

Difícilmente la oposición pueda sumar a sus filas a expartidarios de Chávez si estos creen que un nuevo golpe está en ciernes. También es menos probable que los manifestantes puedan estar seguros en las calles si miembros de las fuerzas de seguridad y bandas afines al gobierno también creen en la posibilidad de un golpe de Estado.

Y no debería sorprendernos que esta creencia esté extendida: durante más de una década, el gobierno se ha ocupado de mentalizar a sus partidarios para que vislumbren el riesgo de un golpe de Estado prácticamente en cualquier situación. También lo hace Maduro en su artículo en The New York Times, cuando pone de relieve que algunos opositores apoyaron el breve golpe de 2002.

Ese evento se produjo hace doce años. En cambio, el daño que el gobierno venezolano le está causando a la democracia en el país está sucediendo ahora: encarcela a opositores políticos, controla al Tribunal Supremo, intimida a jueces, golpea a manifestantes, comete abusos contra detenidos, tolera a violentas bandas de civiles armados que defienden al gobierno, cierra canales de televisión, censura a periodistas y llena las ondas con transmisiones obligatorias en las cuales el presidente califica de criminales y ”fascistas” a sus críticos.

Algunas voces sensatas, tanto dentro de Venezuela como en el exterior, han señalado que la única salida a la crisis actual es a través del diálogo entre el gobierno y sus opositores, y el 8 de abril el presidente y líderes de la oposición acordaron iniciar conversaciones.

Para que se produzca un diálogo genuino, la oposición deberá, casi sin ninguna duda, abandonar la exigencia de que el gobierno deje el poder.

Pero, sobre todo, el gobierno deberá dejar atrás las tácticas autoritarias que ha estado empleando para dirigir el país.

Ruanda, las consecuencias del discurso del odio

, El Nacional

“Los tutsis no merecen vivir. Hay que matarlos. Incluso a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé”.

Este es tan solo uno de los mensajes que se transmitieron en abril de 1994 a través de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTML), en Ruanda, que incitaron al genocidio. “Las tumbas están sólo a medio llenar“, repetían desde la emisora.

Al cumplirse 20 años de esa ola de violencia que causó la muerte de 800.000 personas, según cifras de Naciones Unidas, resurge el tema de las responsabilidades de las autoridades extremistas hutus.

Los mensajes que alimentaban el odio eran acompañados de comunicados oficiales que justificaban la limpieza étnica.

La RTML fue creada por Ferdinand Nahimana, un intelectual fanático amigo de la esposa del entonces presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana (hutu), cuyo asesinato fue el detonante de la masacre propiciada, inicialmente, por los extremistas hutus contra los ciudadanos tutsis.

La población manipulada por años y fuertemente empobrecida se hizo eco de estos llamados. Sobre todo por el achicamiento del Estado como consecuencia de la aplicación de los planes de ajuste estructural y la merma de los ingresos de la agricultura (eran dependientes del café y el cacao) a partir de los años ochenta.

“Mucha gente nos dijo que mataban porque la radio se lo pedía”, dijo la policía durante las investigaciones del exterminio. La llamada “emisora del odio” llegaba a todos los rincones de Ruanda.

La incitación al delito venía acompañada de datos, nombres y señas de los tutsis y hutus moderados a quienes los extremistas hutus llamaban a eliminar.

La identificación se facilitaba porque por años los distintos actores políticos y económicos en Ruanda se habían asegurado de dejar registros que distinguieran a los hutus de los tutsis, cuando en realidad eran parte de una misma familia lingüística con patrones de vida común.

“A los tutsis los llamábamos escarabajos o serpientes, y eran nuestros enemigos. No decíamos ir a matar, sino a trabajar. Ir al trabajo era el sinónimo que usábamos, a menudo, para animar a la gente a asesinar”, confesó la locutora Valérie Bemeriki ante la justicia.

La emisora tuvo un complemento en el diario oficialista Kamarampak, que publicó mensajes e informaciones contra los tutsis, específicamente contra el Frente Patriótico Ruandés, liderado por el actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, también acusado de genocida por su arremetida contra los hutus, principalmente, los que se asentaron en Zaire (luego República Democrática del Congo) como parte de la escalada del genocidio en la zona de los Grandes Lagos.

Los mensajes, de la radio y del diario oficialista, estaban dirigidos a la población en general y, sobre todo, la campesina. Todo hutu estaba llamado a hacer una labor de patria en el exterminio de los tutsis. Los interhamwe (grupo paramilitar), los militares y vecinos estaban destinados a “trabajar” contra el enemigo común.

Una década después, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó a cadena perpetua al editor del diario Kamarampak, Bernard Hategekimanam, por genocidio e incitación pública a cometerlo.

La sentencia dejó constancia de que “no se respetó la responsabilidad que conlleva la libertad de expresión y envenenaron las mentes de sus oyentes”, dice el escrito.

Justicia en entredicho

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, instalado en Tanzania, fue establecido para enjuiciar a los máximos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho humanitario cometidas en Ruanda entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 1994.

“Hubo una pugna con las nuevas autoridades en Ruanda que decían que por haberse registrado el genocidio allí, dependía de la justicia local impartir justicia con la aplicación de la pena de muerte, y la comunidad internacional abogó porque fuese en un país vecino sin pena capital”, explicó el africanista Mbuyi Kabunda, que calificó de lamentable la actuación de la corte que a la fecha solo ha juzgado a ocho personas.

Se han realizado otros juicios puntuales en otras cortes como el del excapitán hutu Pascal Simbikangwa, sentenciado en Francia a 25 años de cárcel.

Inacción internacional

La ONU se vio sobrepasada por los hechos en Ruanda. La respuesta del organismo fue lenta pues se generó un debate sobre cuándo el sistema internacional debía considerar que se estaba frente a un genocidio y si lo que sucedía en Ruanda respondía a esa tipificación.

“El Consejo de Seguridad no estaba dispuesto a describir lo que estaba ocurriendo como un genocidio hasta que transcurrieron semanas. No hubo una voluntad colectiva de la comunidad internacional para poner fin a esta terrible situación”, escribió el periodista británico Adam LeBor en su libro Complicidad con el mal: Naciones Unidas en la era del genocidio moderno. La atención de Occidente estaba centrada en la crisis de los Balcanes.

El entonces secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, dijo: “No es solo un fracaso de las Naciones Unidas, sino también de la comunidad internacional. Se ha cometido un genocidio. Más de 200.000 personas han sido asesinadas y la comunidad internacional aún sigue discutiendo qué hacer”.

Posteriormente, Boutros-Ghali acusó a otros actores internacionales como Estados Unidos y Francia, debido a los intereses en la región y su actuación en el organismo.

En los hechos, la misión de Naciones Unidas (Unamir) se retiró luego de que 10 cascos azules fueron asesinados en la residencia presidencial mientras custodiaban a la primera ministra hutu, Agathe Uwilingiyimana, acusada por los extremistas de complicidad. Boutros-Ghali pidió en la ONU que se restaurara la misión, pero la propuesta no tuvo éxito.

Se ha criticado, además, que el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU, dirigido entonces por Kofi Annan, negó al comandante de las tropas de Ruanda, Romeo Dallaire, el permiso para confiscar armas de las milicias hutu antes de que ocurriera el genocidio.

Lo sucedido en Ruanda supuso un cambio en los mecanismos de la organización, ya que antes de 1994 el secretario general sólo permitía que los asuntos del Consejo de Seguridad fuesen presentados por su asesor personal, Chinmaya Gharekhan, lo que supuso más demoras.

Después de Ruanda, especialmente durante la secretaría general de Kofi Annan, el Departamento de Operaciones de Paz informa constantemente, de manera directa y sin dilaciones, sobre el progreso de las misiones.

¿Dialogar o no dialogar?

Luis Vicente León, Prodavinci

La oposición o, mejor dicho, las oposiciones han jugado un rol relevante durante estas semanas de conflicto.

El clúster moderado, conformado por quienes buscan presionar legítimamente los cambios en el gobierno para que atienda los gravísimos problemas del país y respete los derechos políticos y ciudadanos, ha intentado canalizar la protesta por la vía firme pero pacífica, aunque sin mucho éxito operativamente hablando.

Han quedado opacados por lo sexy del discurso radical, que no es mayoría pero sí rimbombante.

El clúster radical, conformado por quienes buscan cambiar al gobierno sin elecciones invocando el artículo 350 de la Constitución, sin duda ha sido mucho más activo, operacionalizándose en las guarimbas y las barricadas focalizadas en zonas de clase media y alta de las principales ciudades del país, con excepción de la masificación del tema en San Cristóbal.

No se trata de una convulsión nacional que esté respaldada por las masas populares, sino de una expresión de una parte muy específica de la sociedad, algo que para nada disminuye su relevancia pero sí su capacidad para lograr el objetivo.

Además, la acción radical de calle la acompañan con una estrategia internacional de comunicación que busca impactar la imagen del gobierno negativamente, tomando ventaja de la respuesta represiva oficial a las protestas, que originalmente califiqué de torpe pero que ahora me confunde: no estoy seguro de si ha sido más bien una estrategia deliberada del gobierno para desviar de atención de los problemas económicos que pueden afectar de manera mucho más dramática su popularidad.

Por eso, da la impresión de que están alargando las barricadas como elemento distractor, porque no parecen representar a corto plazo un grave riesgo para su estabilidad, toda vez que luce anárquica y recibe el rechazo de más de 60% de la población total.

El gobierno ha jugado con varios estilos a lo largo de la crisis. Desde sus intentos iniciales de negociación y paz (bastante toscos y prepotentes) mezclados bipolarmente con el uso de sus colectivos armados (que no son más que malandros que usan para atemorizar adversarios), pasando por el uso de la fuerza del Estado con represión militar contra los manifestantes, violentos y pacíficos sin distinción.

Así las cosas, vamos directo al punto.

La protesta pacífica se ha desinflado y el liderazgo moderado quedó preso de los presos, desdibujado en su discurso y su acción.

No se atreven siquiera a mencionar, con nombre y apellido, a quienes consideran responsables del desaguisado en que estamos y, para evitar fracturas irremediables en el futuro de su propio mercado objetivo, se dedican a enviar indirectas que difícilmente puede entender la población masiva.

Por su parte, la protesta radical se ha focalizado en zonas muy particulares y la gente que ahí participa, quienes se están expresando de la única manera que han conseguido ante la rabia y la frustración que les produce la terrible situación del país, no son capaces de responder algunas preguntas fundamentales como quién es su líder o cuál es el plan para pasar de la etapa de trancar a sus vecinos y hacerles tragar humo de caucho a algo que camine realmente hacia el logro de sus objetivos, que obviamente involucran a Maduro.

Tampoco pueden responder si están en capacidad de convertir la desestabilización masiva que intentan producir (y que no existe en este momento, pues los barrios no acompañan este tipo de protestas ni se sienten identificados con ellas) en un cambio de gobierno que incluya una decisión militar en la que ese mismo sector (hoy con el control total del gobierno, las divisas, las importaciones y el país) decidirá poner a un opositor, que se supone aparecerá como Rock Star en el momento en que ya Maduro esté volando a La Habana, permitiendo recuperar la democracia y el equilibrio, lo que incluye fulminar el poder que han ganado esos mismos militares durante este gobierno. (¡Sí, hombre…!)

Los estudiantes se mantienen en pie de lucha, perdiendo clases, siendo gaseados y apresados, valientes y dispuestos, pero sin una respuesta concreta a otra pregunta relevante: ¿y ahora qué?

Pese al riesgo inherente a cualquier convulsión social, el gobierno parece no sentir temor de que la situación se les vaya la mano. Sorpresivamente, han hecho todo lo contrario a lo que el librito básico dice que haga para dejar que las protestas mueran de mengua.

Las reprime y azuza, pero lo hace con mira telescópica y sólo donde la agudización de la crisis por protestas y represión molesta principalmente a los vecinos de los protestantes. Pero sobre todo donde la oposición radical siente que se la está comiendo, aunque no puedan afirmar más que un “¡Tiembla, Maduro, que estamos rodeándonos nosotros mismos!”

En paralelo, el debate sobre la crisis económica pasa agachado. Se devalúa el tipo de cambio y nadie dice ni pío. Suben los precios de los productos esenciales, se debate sobre la gasolina, se habla de reformas tributarias y se anuncia la reducción de gasto público.

Es decir: se tiran un ajuste estructural encubierto (con el cual yo estoy de acuerdo, por cierto, pero que usualmente es muy difícil de aplicar por sus costos políticos) y el país centra la discusión en las bombas y perdigones tirados este fin en El Cafetal. ¡Una pelusa!

Sin embargo, Maduro no sale ileso. No logra parar la tendencia de caída en su popularidad, que por cierto ya estaba cantada desde antes sin ninguna guarimba ni barricada. ¡Cuidado y si éstas, más bien, no amortiguaron la caída!

La imagen de la represión, incluso focalizada, es demoledora para el maquillaje de amor y paz de la revolución. La polarización del país siempre les ha convenido, pero hay presiones, políticas e internacionales para que el gobierno se siente a negociar. Y por supuesto que lo intentará con la idea de manipularla.

La oposición, por su parte, también necesita negociar: si no lo hace, mostrará una vez más que cuando no sabes para dónde vas, corres el terrible riesgo de llegar ahí.

Ambos grupos tienen estímulos para negociar. El 65% de la población siente que es vital que esto ocurra, algo muy importante para empezar a hacerlo. Pero la oposición debe tener incuso más interés que el gobierno. Los moderados porque siempre han pensado que el final de su protesta es una negociación, así que lograrla y obtener algo en la mesa sería un éxito.

Los radicales también porque, guarimbeando alrededor de sus propias casas, empiezan a entender que las barricadas no las van a quitar ni los colectivos ni la GNB, sino sus propios vecinos, hartos de una situación masoquista y anárquica que no tiene posibilidad de éxito y sólo es aprobada por el 10% de la población total.

El argumento de que no es posible sentarse con un asesino/dictador (del lado opositor) ni con un golpista/terrorista (del lado oficial) es simplista e inadecuado.

Las negociaciones políticas durante las crisis ocurren entre actores que desconfían totalmente entre ellos y, sin embargo, ha sido vital para resolver problemas en conjunto, tras ceder de parte y parte para rescatar la paz. Y en esas circunstancias es irrelevante si el otro es malo o peor, porque es lo que hay.

Lo clave en una negociación no es tener confianza en la otra parte (algo que nunca ocurrirá) sino que ambas confíen en el mediador. Esa mediación no la puede hacer alguien de un solo lado, pues el otro simplemente la rechazará. Habrá que buscar lo que no hay en las instituciones del país: gente que resulte decente y confiable para todas las partes. UNASUR sola no es un actor válido, pues la oposición, con muchas razones, tendrá desconfianza en ella por su relación oficial con el gobierno.

La Iglesia Católica local tampoco funciona, pues el gobierno la ubica plenamente en el clúster opositor. Habrá que trabajar con una mezcla en la que se incorporen los países aceptados por todos y el Vaticano directamente.

Las partes tratarán de poner sobre la mesa sólo lo que les interesa a cada una. No más. Pero la realidad es que no puede haber negociación alguna sin incorporar los elementos políticos fundamentales, dentro de los cuales cabe mencionar la amnistía de los presos políticos (incluyendo a Simonovis, Leopoldo López y los estudiantes detenidos), el desarme efectivo de los colectivos (que en realidad es una decisión oficial de que las fuerzas del “orden” ya no les permitirán hacer lo que les da la gana para acometer el trabajo sucio que no hacen los uniformados), renovar las autoridades de los entes que conforman el Poder Moral con un mínimo de equilibrio para rescatar la confianza institucional perdida, sacar de la agenda política la estrategia de “La Salida” que por definición resulta golpista al gobierno, y levantar las barricadas y las guarimbas sine qua non.

¿Todo eso se puede lograr? Ninguna negociación en crisis ha sido fácil, pero ése será la única forma de avanzar. Después de todo, también existe el campo en el que la creatividad de las partes podría cambiar el futuro o la falta de ella podría ratificar y empeorar el presente.

Claro que hay que negociar, pero eso no significa sacrificar la lucha por un país decente y mejor. Resulta obvio que hay que sentarse con los adversarios, porque plantear un conflicto existencial del tipo “Existes tú o existo yo”tiene más probabilidades de dejar al que lo plantee más débil.

Y sin duda van a intentar manipularla, pero el éxito real en esa negociación será que sean capaces de triangular ese intento y conseguir mucho más de lo que la gente imagina que obtendrá.

Por supuesto que la apertura de la negociación será tímida al principio y no estarán todos los que tiene que estar, pero la sola construcción del espacio de negociación ya sería un avance. Así como la incorporación posterior de actores claves será una consecuencia natural.

Finalmente, está cantado que los radicales de ambos lados intentarán bombardear cualquier acuerdo y raptar a la mayoría de la población en su intento. Esta batalla por la racionalidad no sólo incluye lidiar con el adversario externo, sino especialmente con el interno, cuyos estímulos para copar los centímetros por columna de los medios parecen mucho más importantes que los de representar a las grandes mayorías y buscarle una solución al problema.

En este momento están dadas las condiciones para que no haya que agregar una nueva pancarta a la protesta que rece: “el olvido que seremos”.

La historia no recuerda a nadie por no estar, sino por lo que hizo estando.