El Ministerio de Alimentación es un cuartel de amigos

Arysbell Arismendi, Armando Info

Las manos de 36 oficiales del Ejército pusieron el rancho morado en el despacho encargado de importar, producir y distribuir, los alimentos que se volvieron escasos en Venezuela. Por esas manos pasaron cerca de cien mil millones de dólares durante los tres años del Gobierno de Nicolás Maduro. Sus cargos se asignaron como parte de un continuo enroque entre tres promociones castrenses.

De tenientes coroneles a mayores generales

En el Gobierno de Nicolás Maduro no ha habido distinciones con respecto a las jerarquías militares y los nombramientos en posiciones clave dentro del Ministerio de Alimentación.

Un grupo de al menos 36 oficiales superiores del Ejército se convirtió en una élite que concentró en los últimos tres años designaciones; no solo para los cargos de ministro y viceministros, sino para otros como los de directores principales y suplentes de juntas directivas de nueve empresas públicas que, durante el período, manejaron un poco más de 500 mil millones de bolívares para una actividad principal: la importación, producción y distribución de alimentos en Venezuela.

Una investigación realizada a partir de la revisión de más de 1.250 documentos públicos (https://www.dropbox.com/s/khfqrvsrytgj7rs/Base%20de%20datos.xlsx?dl=0) -entre ellos Gacetas Oficiales y Memorias y Cuentas del Ministerio de Alimentación, difundidas entre enero de 2013 y mayo de 2016, y las listas de graduados de la Academia Militar de Venezuela– permitió identificar los nombramientos de los integrantes de ese grupo selecto que, además de tener responsabilidades en las compras y ventas, tuvo otras misiones como las de diseñar y evaluar las políticas públicas en materia alimentaria.

El cruce de información reveló que 12 de los 36 militares fueron designados por compañeros de promoción que ostentaban, en su condición de ministros, la titularidad del órgano ejecutivo. Algunos de los oficiales llegaron a tener hasta cuatro cargos directivos al mismo tiempo y otros han circulado por al menos nueve posiciones en los tres años que acumula Maduro en el poder.

Las importaciones públicas de alimentos se transformaron, en la última década, en una parte esencial de la estrategia gubernamental para atender las necesidades de la población. Lo que comenzó con la presidencia del fallecido Hugo Chávez –durante la cual se quintuplicaron a partir de 2010 con respecto a 2005– continuó con la gestión de su discípulo político.

Solo en 2015 las compras más allá de la frontera sobrepasaron los 5 millones de toneladas. Según datos oficiales, este número representa la cifra más alta de los últimos doce años.

La dependencia de productos extranjeros ha sido criticada no solo por detractores del gobierno, sino también por expertos y por industriales nacionales que se han quejado de que no han dispuesto de divisas para cancelar deudas con proveedores internacionales lo que, según han afirmado, les ha impedido producir dentro del país al ritmo que necesitan.

Hoy, con el descenso de los precios petroleros, la compra de alimentos por parte de los venezolanos se ha transformado en un calvario. Los saqueos se han convertido en un fenómeno común y cientos de miles de ciudadanos moran en larguísimas filas con la esperanza de conseguir algo para servir en la mesa, no comen para dejar a sus hijos o esperan por una bolsa de comida con cuatro o cinco productos subsidiados:

“La poca disponibilidad se debe a los controles de precio, a las expropiaciones de las unidades agrícolas que ahora están en manos del Estado con nada o muy poco que producir; al control del tipo de cambio y a las dificultades para la importación de materia primas impuestas al sector privado”, dijo Alejandro Gutiérrez, economista y fundador del Centro de Investigaciones Agroalimentarias, quien en el corto plazo solo avizora como única solución nuevas y masivas importaciones para apañar lo que muchos califican de crisis humanitaria. Si ocurre como pronostica, el Ministerio de Alimentación y sus funcionarios estarán en el centro del asunto.

Los favorecidos

Maduro no solo mantuvo la estrategia de las importaciones sino también la tradición que inició su padre político de designar militares al frente del Ministerio de Alimentación.

Durante su gestión ha nombrado a cinco oficiales al frente del despacho: Félix Ramón Osorio Guzmán, Hebert Josué García Plaza, Yván José Bello Rojas, Carlos Alberto Osorio Zambrano y Rodolfo Clemente Marco Torres.

Uno de ellos está prófugo de la justicia –García Plaza fue acusado por el Ministerio Público de comprar tres barcos españoles con sobreprecio, cuando se desempeñaba como presidente de la compañía estatal Bolipuertos– y los otros tres están siendo investigados por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que los acusa por el desvío de dos mil millones de dólares en compras alimentarias.

A Marco Torres, de hecho, le dieron voto de censura por no comparecer ante la plenaria, pero la decisión fue desconocida por Maduro. El Presidente le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia desestimar el dictamen de los parlamentarios y el Poder Judicial aceptó.

Cada uno de ellos incluyó a compañeros de promoción en puestos claves de la nómina ministerial.

Cuando Félix Osorio asumió el poder en 2013 –su segundo mandato después de haber ocupado la misma posición con Chávez– militarizó la conducción de la productora y distribuidora de alimentos Pdval y colocó a oficiales como miembros principales o suplentes, de seis de los ocho cargos de la junta directiva de la compañía.

Dos de los seleccionados, Luis Moreno Machado y Luis Fernández Abreu, habían compartido formación con el entonces coronel como parte de la promoción “José Trinidad Morán”, egresada de la Academia Militar 23 años antes. Osorio conocía de cerca cómo era el manejo y la operatividad de la compañía.

En 2010, cuando desempeñaba su primer mandato como titular de la cartera alimentaria, tres gerentes de la empresa fueron aprehendidos por la descomposición de al menos 130 mil toneladas de alimentos. Para la fecha, Pdval estaba adscrita a la petrolera estatal Pdvsa, a cargo de Rafael Ramírez, y debido a la irregularidad fue transferida a la Vicepresidencia de la República y luego al Ministerio de Alimentación.

En su momento, el entonces coronel calificó las denuncias de “manipulación mediática” y afirmó que la cantidad de productos descompuestos no era “notoria” en comparación con lo comercializado por la compañía. El caso, sin embargo, fue investigado por el Ministerio Público y tres directivos fueron acusados de delito de boicot y peculado doloso.

La Contraloría General de la República, por su parte, todavía no ha emitido un acto conclusivo. “Se trata de una investigación muy engorrosa”, reconoció el contralor Manuel Galindo en abril de 2016.

Osorio también incluyó a otro compañero de promoción en otra vacantes del organigrama ministerial: José Dionisio Moreno Oliva quien -junto con Moreno Machado- fue designado como parte de la junta directiva de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La Casa.

Entre 2013 y 2014, esa fue la empresa de alimentos que más recursos públicos recibió al obtener 11 y 12% del presupuesto nacional aprobado por el parlamento para esos años.

El presidente de la compañía también había sido su compañero de generación de la Academia Militar: Manuel Barroso. No era un desconocido para la opinión pública: había sido presidente de Cadivi por seis años –el órgano encargado de la administración de divisas– y Maduro había decidido apartarlo del cargo en medio de las crecientes denuncias de corrupción en la asignación de dólares preferenciales para empresas de maletín y el cual ha sido considerado como uno de los mayores escándalos de irregularidades administrativas de la historia de la República.

Una investigación del diario El Nacional de 2014 reveló que Barroso y Osorio –quien también formaba parte de la directiva de Cadivi– habían aprobado en 2012 más de 17 millones de dólares para la importadora Alimentos Venenceres de año y medio de existencia que tenía entre sus accionistas a un miembro retirado de la misma promoción de la dupla, la José Trinidad Morán: Carlos Arias Delgado.

En su momento, sus representantes negaron que la suya fuera una compañía espejo.

Práctica repetida

Exministro Félix Osorio//Fotografía VTV.

Quienes siguieron a Osorio repitieron la práctica. El mayor general García Plaza incluyó a dos antiguos condiscípulos en la dirección de evaluación y seguimiento de políticas públicas del ministerio, y en la junta directiva de Mercal empresa responsable de la venta de alimentos en mercados abiertos.

El coronel Yván José Bello Rojas designó a otros cuatro en el ministerio y en la presidencia y junta directiva de la Red de Abastos Bicentenario, empresa pública que según los balances comerciales mostrados en las memorias y cuentas, ha estado en déficit durante dos años consecutivos por un monto de 687 millones de bolívares en 2014 y por 3.419 millones en 2015. Este último número supera en más de dos tercios su capital social.

En junio de 2015, Carlos Osorio Zambrano nombró a Heber Aguilar Suárez presidente de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Alimentos, Cval, consorcio agroalimentario intervenido un año antes para la optimización de los procesos productivos y el abastecimiento oportuno de productos agrícolas para la población.

A principios de 2016, Suárez fue detenido junto a la administradora de la compañía por legitimación de capitales. Se les acusó del desvío de bienes, fondos públicos y alimentos del pueblo, hacia redes de comercialización privada.

La última designación la hizo el recién ascendido general de división, Marco Torres, quien el pasado 24 de mayo le otorgó a su compañero de promoción, Luis Alberto Medina Ramírez, la presidencia de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, una súper compañía a la que ahora estarán adscritas las 15 empresas de alimentos del Estado. En los próximos meses -y así lo ordena el decreto 2.325 del Ejecutivo- desaparecerán La Casa, Cval y Corpo-pdmercal.

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano dedicada a la discusión de seguridad y defensa de la nación, afirmó que en la gestión de Maduro se ha consolidado la militarización de la administración pública:

“Los militares controlan 32% de los ministerios más importantes de Venezuela, por la cuantía de los montos que manejan y de las dimensiones de las competencias que realizan”.

La abogada lamentó que –como debería suceder en cualquier país con control democrático– la FAN no reporte y aclare cuántos de sus efectivos están en comisión de servicio en los despachos gubernamentales.

Los reciclados

En el gobierno de Maduro también resaltan los casos de quienes han ostentado más de un cargo directivo al mismo tiempo en el Ministerio de Alimentación: el mayor Anderson José Medina Delgado, el teniente coronel Rafael Martín Hidalgo Belisario, el coronel Luis Rafael Moreno Machado y el general de brigada Valmore Ascanio Lugo Yépez, han ocupado múltiples funciones tanto en el despacho como en la presidencia y juntas directivas de las empresas públicas.

Moreno Machado, de la promoción de Félix Osorio, fue nombrado Superintendente Nacional de Silos y Depósitos Agrícolas en abril de 2013. Luego, en julio y en menos de una semana, lo designaron miembro principal del consejo directivo de Fundaproal, director principal de la junta directiva de La Casa y director principal de la junta directiva de Pdval.

El coronel debía, entonces, disponer de su tiempo para: inspeccionar, vigilar, fiscalizar y sancionar sobre actividades de almacenamiento, acondicionamiento y actividades conexas de los depósitos agrícolas; aprobar y hacer cumplir el presupuesto de ingresos y egresos, de la fundación de programas estratégicos que tiene como objetivo garantizar la alimentación a poblaciones desfavorecidas; y definir, controlar y supervisar las estrategias y actuaciones, convenios y contratos, de las empresas de alimentos.

Las responsabilidades del general Lugo Yépez al frente de la dirección general de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del ministerio de Alimentación, tuvieron que ser compartidas con las de la Vicepresidencia de La Casa, compañía que para 2014 estaba presidida por su compañero de grado y ministro Hebert García Plaza.

El teniente coronel Hidalgo Belisario, por su parte, fue designado Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, director principal de la junta directiva de Pdval, director principal de la junta directiva de Logicasa y director suplente de la junta directiva de la Red de Abastos Bicentenario, cargos que se fueron sumando en tan solo tres meses.

En septiembre de ese mismo año, Medina Delgado –graduado junto a Bello Rojas en 1993– inició funciones como presidente de la Red de Abastos Bicentenario y en octubre fue nombrado director principal de la junta directiva de Logicasa.

El mayor no duró más de ocho meses en el cargo y fue sustituido en abril de 2015 por la detención de tres de sus gerentes en la sucursal del estado Anzoátegui, quienes incurrieron en el desvío de los alimentos distribuidos por la red de supermercados en esa entidad.

El Gobierno informó a principios de 2016 que un total de 49 empleados de la compañía han sido arrestados por corrupción. Otros funcionarios, durante la gestión de Maduro, han llegado a pasearse por un laberinto de hasta nueve cargos públicos en un período de tres años.

Es así como el coronel Johan Alexander Hernández Lárez ha sido Viceministro de Producción Alimentaria; director y miembro principal de las juntas directivas de Pdval y de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas; integrante de la junta administradora del Complejo García Hermanos S.A, expropiado en 2010; director principal de la junta directiva de La Casa; y presidente de la Red de Abastos Bicentenario, Corpo-pdmercal y de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Alimentos, Cval, cargo que desempeña desde enero de 2016.

Los investigados

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional no solo ha responsabilizado a Félix Osorio, a Carlos Osorio y a Marco Torres, por la crisis alimentaria sino también por presuntos actos de corrupción que habrían sido cometidos por ellos mientras estaban al frente del despacho y de la principal empresa importadora de alimentos, la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La Casa.

A Carlos Osorio se le acusa de haber beneficiado a familiares de su esposa con la compra de alimentos, a través de una empresa de maletín, y a Marco Torres de avalar órdenes de compra con sobreprecio, mientras ambos ostentaban la presidencia del conglomerado.

A principios de 2016, los militares fueron citados para rendir cuentas ante la plenaria, pero ninguno asistió. La inasistencia fue amparada luego por el Tribunal Supremo de Justicia que, días después de que el Parlamento aprobara el voto de censura contra Marco Torres, inhabilitó a la Asamblea Nacional para remover a los ministros del Gobierno.

El 28 de junio de 2016, la cabeza del Poder Judicial admitió una demanda de Carlos Osorio y prohibió a los miembros de la Comisión de Contraloría, diputados Carlos Berrizbeitia e Ismael García, difundir “contenido vilipendioso” sobre el general.

El mismo fallo se aplicó al portal http://www.cuentasclarasdigital.com (http://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/portada), responsable de haber publicado los datos de los nombres, montos y empresas vinculadas al supuesto entramado de corrupción.

El presidente Nicolás Maduro salió en defensa de Marco Torres y aseveró que la moción parlamentaria era un ataque contra la Misión Alimentación, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y el heroico esfuerzo por satisfacer las necesidades de los venezolanos a pesar de la caída en los ingresos petroleros.

“Le digo al señor Ramos Allup que al ministro no lo remueve nadie”, sentenció en una frase dirigida al presidente del parlamento.

Osorio, por su parte, no contó con el aval público del Jefe de Estado pero aprovechó su cuenta en la red social Twitter para expresarse frente a lo que calificó como un engaño de la burguesía:

“Con esa misma fortaleza que mi Comandante Chávez nos enseñó a tener, sostendré mi moral en alto y defenderé la patria y su legado ahora más que ayer (…) mi demanda contra los ciudadanos Tablante, García y Berrizbeitia, obedece a no seguir permitiendo más injurias a mi reputación y honor”.

El diputado Berrizbeitia señaló en declaraciones a Armando.info que las investigaciones parten de las denuncias introducidas en la anterior Comisión de Contraloría y que no fueron procesadas: “Son más de 20 los procesos que no se abrieron”, aseguró. Entre 2010 y 2015, la comisión estuvo presidida por el actual diputado por el partido de gobierno, Pedro Carreño, quien se graduó con Carlos Osorio en la promoción militar “Lucas Carvajal” de 1985.

“En los últimos 10 años, la compra de alimentos se ha vuelto un negocio cambiario. Y, tanto en el Gobierno de Chávez como de Maduro, las compras se han realizado sin ningún tipo de supervisión: no ha habido control previo ni posterior del gasto; tampoco ha sido una licitación internacional o consulta de precio. Las compras han sido hechas de forma discrecional”.

El parlamentario opositor aseguró, además, que manejan pruebas sobre a qué personas y empresas, y por cuánto dinero, benefició el general Marco Torres como presidente de La Casa, en 2008.

El ministro habría firmado órdenes de compra, con tarifas que casi duplicaban los precios internacionales de las toneladas de pollo y carne, para el momento de la transacción.

La Comisión solicitará a la Fiscalía General de la República abrir una investigación contra Carlos Osorio por la sospecha de que, junto a sus cuñados y otros empresarios, incurrió en los delitos de pago de sobornos y comisiones a funcionarios, sobrefacturación, tráfico de influencia, compra de comida vencida, entre otras imputaciones, para la conformación de una red de corrupción que buscaba enriquecerse con el diferencial cambiario aplicado a las compras de alimentos.

La petición incluye que el exministro sea citado a declarar y que mientras duren las averiguaciones, sean confiscados los bienes y congeladas las cuentas bancarias relacionadas con el caso.

Armando.info intentó contactar al ministro Rodolfo Marco Torres, al exministro Carlos Osorio y al diputado Pedro Carreño. De igual forma, se le solicitó al Ministerio del Poder Popular para la Defensa información sobre los funcionarios militares en comisión de servicio dentro de la administración pública.

Hasta la fecha de publicación de este reportaje, las solicitudes no han sido respondidas.

La realidad como subversión

Juan Guerrero, SienteAmérica

Hay que ser tajante en esto: el chavizmo no es socialismo ni mucho menos, comunismo. Es, básicamente, una mala copia del oscurantismo castrista, que es semejante al nazifascismo.

Esta afirmación viene porque desde hace cierto tiempo escucho y leo a sesudos aspirantes a intelectuales críticos, quienes se esmeran en afirmar, unos que esto es un comunismo, mientras otros afirman que es un socialismo de Estado. Son alegres hablantes que practican teorías salidas de su “socialismo de cafetín”

Los neo regímenes autoritarios que se han desplegado en los últimos años en algunas sociedades, engendran como soporte teórico, una suerte de síntesis de retazos de pensamientos marxistas que colocan en una licuadora donde resulta una combinación de lo más abyecto de la mente humana, que en definitiva, traza el camino donde nos encontramos los venezolanos.

Es una ambigüedad conceptual donde todo aquello que sirve para justificar la serie de atropellos contra los derechos humanos de los ciudadanos, es utilizado como actos de propaganda de Estado.

Sin embargo, predomina en la práctica un solo pensamiento que se practica constantemente desde hace años. Nos referimos a la mentalidad militarista. Así como existen militares civilistas, existen también civiles militaristas. Y a la inversa. Esta práctica constituye la marca, la impronta que en los últimos años descubre el rostro de un Estado autoritario y por tanto, regido por la arbitrariedad de sus actos político-administrativos.

El autoritarismo y la arbitrariedad ejercidos desde el Estado venezolano están incorporados a la administración pública, y es por ello que toda decisión es asumida como una actitud donde la amenaza, con pistola desenfundada en el cerebro, es parte de la agresión constante.

En la actualidad ningún ciudadano que habita esta expresión geográfica llama venezuela (-así, en minúscula) está a salvo de este mal, esta patología que amenaza convertirse en epidemia social.

Por eso es ridículo cuando aparecen algunas posiciones de dirigentes de cierta “izquierda Disney” ofreciendo explicaciones sociológicas, desde una aparente perspectiva socialista.

Hoy esos pensamientos del izquierdismo radical terminaron en puro fracaso histórico. Especie de remiendos y retazos teóricos que nadie tiene interés en conocer, porque las tripas suenan y el fantasma de la hambruna es una cruda realidad que está a la vuelta de la esquina.

Nadie con vacío en el estómago va a discutir hoy para categorizar si este régimen es o no socialista o democrático o comunista. Esas cosas aparecen ahora como especie de delicatesses o ejercicios retóricos, que se ejecutan después de haber comido o sanado alguna enfermedad.

Como he afirmado en varios escritos, la realidad ahora es la gran subversiva. La realidad se está llevando a todos por los cachos. Sea la categorización de este sistema, sea incluso el deseo de la mayoría en una salida, tipo Revocatorio, o sea también diálogos.

Y es que el hambre y la atención de pacientes en situación terminal o padecimientos crónicos, o secuestros o encarcelamientos injustos y torturas, y desapariciones de seres humanos, están adelantándose a todo.

Esto que indicamos no es para nada alarmismo ni amarillismo. Las evidencias están en los registros de noticias y encuestas. Ya están apareciendo personas que prefieren suicidarse antes de continuar sufriendo enfermedades que se agravan por falta de medicamentos.

Mientras en los centros psiquiátricos, a los pacientes les están abriendo las puertas para que salgan y deambulen por las esquinas de ciudades, pueblos y carreteras. Los zoológicos ven morir de inanición a los animales, mientras las mascotas aparecen trituradas por las ruedas de camiones y gandolas.

Nada de esto que afirmo se puede desmentir. ¡Nada! La realidad terminó triturando el poco de decencia que alguna vez existió entre la militancia psuviana y demás miembros del Polo Patriótico. Ahora se les ve como ánimas en pena buscando, tratando de evitar que el rebaño se disgregue.

Pero ya es demasiado tarde. La subversiva realidad es más poderosa que la propaganda del régimen. Y ya no creen ni en el chavizmo ni mucho menos en las lenguaradas de estos comediantes, aspirantes a dictadores.

Las teorías y principios de un socialismo del Siglo XXI y la centralización de un régimen a través de la unidad Estado-Milicia-Partido-Pueblo quedó hecha añicos. Pulverizada por tanta trácala de un solo y único pensamiento: la marginalidad mental hecha Estado y gobernada por un pensamiento militarista, autoritario, arbitrario y obscenamente decadente y colonial.

Cicatrices de una revolución

Elides J. Rojas L., El Universal

Primero veamos cómo definen “revolución” la mayoría de los textos, sin ánimo de entrar en grandes profundidades: Una revolución (del latín revolutio, “una vuelta”) es un cambio social fundamental en la estructura de poder o la organización que toma lugar en un período relativamente corto o largo dependiendo la estructura de la misma.

El proceso venezolano, visto públicamente por allá en 1992 con los golpes de Estado y elevado al poder por la vía democrática en 1998, en efecto ha hecho cambios fundamentales en la estructura del poder y también en la organización social.

Todo en nombre de la revolución social de izquierda, de inspiración cubana, más dañina y fracasada de la historia.

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No obstante, se puede afirmar, sin mayores riesgos, que el chavismo no dejará cambios positivos en la sociedad venezolana.

Deja, eso sí, montones de cicatrices, de heridas sin sanar, de navajazos lanzados por toda la piel del país.

Esa es la titánica labor que le tocará a la próxima generación: reconstruir este desastre, suturar las heridas, meterle curitas a los navajazos.

Con optimismo decimos que bastará una generación. Hay talento y recursos para que en solo 40 años Venezuela esté en el camino de un real y sostenido desarrollo.

Hagamos un recorrido por las profundas heridas que la revolución cubana, tirada a empujones sobre los venezolanos, deja para la historia:

Polarización política, división de clases, discriminación por militancia, odios hasta entre familiares, abuso de poder como forma de gobierno, irrespeto a las leyes, anomia instalada, pérdida de ciudadanía, la trampa y el ventajismo como forma primaria de actuar, mendicidad, vagancia, flojera en las escuelas, bachilleres aprobados a juro, admiración por la riqueza fácil, destrucción del respeto a instituciones fundamentales como las Fuerzas Armadas o los tribunales, criminalización de todo lo que huela a oposición.

Demolición de toda la economía. Quiebra y ruina del sector privado. La expropiación usada como una forma de asalto disfrazado de legalidad.

Aniquilación del bolívar como unidad monetaria. Provocar la más bestial inflación sufrida por los venezolanos en toda su historia. Instalar la miseria, la pobreza, el desabastecimiento, la escasez como forma de vida de un pueblo que desde hace 17 años los respaldó electoralmente hasta que descubrió qué clase de dirigencia lo acogota. Introducir la limosna política y la amenaza como fórmula de compromiso militante.

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Barrer con los símbolos de la patria hasta convertirlos en símbolos del partido de gobierno. Desintegrar el aparato productivo. Quitarles a los jóvenes la esperanza y la posibilidad real de crecer en el país, de comprar vivienda, de adquirir un carro, de hacer carrera, de tener familia con chance de un futuro mejor.

Convertir a Venezuela en objeto de burla de otros países de la región que sí encontraron un camino efectivo para ofrecer mejor calidad de vida a su gente. Haber militarizado todos los estamentos de la vida nacional. Permitir que el hampa se haya convertido en la autoridad en las calles y barrios. Instalar la impunidad como elemento característico de tribunales, policías y hasta contraloría.

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Haber dilapidado la bicoca de 1.300 millones de millones de dólares, sin dejar ni siquiera una autopista completa nueva. Y hay mucho más.

Hasta aquí aguanta la crónica. No será fácil. Una generación destruyó al país. A otra le tocará levantarlo de la ruina y curar las heridas.

Y lo harán bien. Seguro.

Los delitos de la Guardia Nacional: del robo al tráfico de drogas

Javier Ignacio Mayorca, Revista Clímax

En apenas seis meses de 2016 han sido aprehendidos 89 funcionarios del componente militar. Los homicidios se combinan con delitos de naturaleza militar, como la sustracción de armas de los cuarteles

El 19 de mayo, cuando apenas despuntaba el sol, corrió un revuelo en las instalaciones del destacamento 351 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en San Fernando de Apure.

Había desaparecido un fusil AK103 asignado a un sargento primero que, además de escolta de otros sargentos de esa misma unidad, era vigilante de las personas que permanecen detenidas en la instalación por distintos delitos. La sustracción del arma presumiblemente ocurrió cuando el uniformado que la utilizaba la guardó luego de finalizar su turno.

Tres sargentos fueron detenidos mientras se llevaban a cabo las averiguaciones. Otro militar, de apellido Conde, desapareció del cuartel. La presunción de que podía tener el arma fue confirmada por uno de los investigados, que supuestamente decidió delatarlo tres días después.

A partir de entonces se inició una cacería que llevó a los investigadores hasta la población de Calabozo, en Guárico. Allí se solicitó la ayuda de la policía municipal para vigilar todas las entradas y salidas de la población, en la búsqueda de un Ford Fiesta que supuestamente era usado por el guardia en fuga.

Luego de las 2 pm los policías municipales alertaron a la GN que los ocupantes del vehículo compacto fueron avistados cuando iban a encontrarse con otros hombres que viajaban en una camioneta Hyundai Tucson azul. Eran presumiblemente integrantes de la megabanda conocida como “Tren de Aragua”.

La venta del fusil a los delincuentes fue abortada cuando uno de los guardias que participaba en la negociación quiso desistir a última hora. Ya ellos sabían que la sustracción de un arma de guerra es un delito militar, y que probablemente la fiscalía castrense adelantaba una pesquisa contra todos los uniformados que estaban esa noche en el destacamento.

En ese momento se escuchó una detonación en el interior del Fiesta. De la cabina del auto salió herido el sargento primero Jesús Álvarez, quien fue atendido en el servicio médico de una instalación militar. El sargento Conde, de 25 años de edad, optó por entregarse días después ante un fiscal del Ministerio Público Militar en Guárico. Iba con su mamá y otros familiares. Pero del fusil no se tienen mayores pistas. Solo que fue entregado a un antisocial conocido como Omar.

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Este es apenas uno de los 31 casos conocidos durante el primer semestre en los que aparecen implicados efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Este componente de la Fuerza Armada Nacional (FAN) actualmente posee más de 60.000 integrantes, incluidos los miembros de la llamada Guardia del Pueblo, una unidad creada para que labore como “policía de proximidad”.

Las cifras sobre los efectivos de la GNB procesados por diversos delitos son un secreto. No obstante, una revisión de todos los partes enviados por el Ministerio Público y de diversas minutas conocidas de manera extraoficial revela que fueron aprehendidos por lo menos 89 uniformados.

La estadística, aunque parcial, hace de la GN el cuerpo de seguridad y castrense que más efectivos ha perdido por detenciones durante el primer semestre del año. Lo sigue de lejos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 66.

Expuestos a las tentaciones

La GN juega un papel fundamental en los planes de seguridad del Ejecutivo. Solamente en Caracas son desplegados por el comando de zona más de 1500 efectivos cada vez que se anuncia una operación Liberación del Pueblo, o en cualquiera de los dispositivos para la vigilancia de la ciudadanía durante asuetos como Carnaval o Semana Santa.

Esto hace que sus integrantes estén más expuestos a la comisión de ilícitos que los de otros componentes. La mayor parte de las detenciones reportadas entre enero y junio, 31 caso, fue por homicidio. Los otros delitos más atribuidos a los guardias fueron hurtos y tráfico de drogas, 17 y 12 respectivamente. También hubo siete detenidos por extorsiones e igual número por robos genéricos.

La GN además ha sido criticada por su actuación sesgada. Por ejemplo, sus efectivos fueron grabados por aficionados cuando juntaron fuerzas con miembros de colectivos para atacar a manifestantes y periodistas en la avenida Urdaneta, el 2 de junio. También cuando se excedieron en el rigor de trato al presidente de la Asamblea Nacional (AN) Henry Ramos, y le revisaron su equipaje en el aeropuerto Caracas cuando regresaba de Estados Unidos.

El parlamentario indignado observó que los guardias no aplican la misma receta cuando llegan otros generales y miembros del oficialismo. “A ustedes la gente ni les tiene miedo, ni los quiere ni los respeta. Pusieron a la Fuerza Armada por el suelo”, les increpó en las mesas de revisión.

El comandante de la fuerza Néstor Reverol —recientemente sustituido por el general Antonio Benavides— calificó de “cobardía” los señalamientos de Ramos.

“Es muy fácil envalentonarse, acusar de contrabandistas y periqueros a nuestros funcionarios”, declaró.

Reverol, sin embargo, está consciente de las consecuencias que ha traído el crecimiento desproporcionado de las filas de la GN. Luego de su designación para la comandancia general de la fuerza, en octubre de 2014, exhortó por escrito a los distintos jefes de unidades para que aplicaran mecanismos más rigurosos a la hora de captar y seleccionar nuevos reclutas.

Ese mismo año corrió en varias dependencias del componente un radiograma:

“Este comando ha observado con preocupación a oficiales y guardias nacionales involucrados en hechos de corrupción y otros actos contrarios a la moral y las buenas costumbres que deben caracterizar a quien decide seguir la honrosa carrera de armas”.

El texto ordenaba a los jefes de esas unidades llevar a cabo “todas las acciones de comando” necesarias para que tales hechos no se repitiesen.

Tal parece que el mandato no fue escuchado. En junio, cuatro efectivos de ese cuerpo adscritos a la unidad Antidrogas del aeropuerto de Maiquetía fueron detenidos por tener una supuesta participación en el traslado en un jet de Aeroméxico de 600 kilos de cocaína. Otros cinco guardias quedaron tras las rejas en Zulia, cuando supuestamente intentaban llevar a Colombia miles de litros de combustible.

También hay guardias involucrados en delitos que no tienen ese grado de organización. En un peaje de Táchira, la policía regional apresó a los guardias del pueblo Jesús Alberto Cañizárez y Carlos Julián Rivero, quienes supuestamente tenían en su poder un teléfono celular robado recientemente.

Instancias sin control

Según el general retirado de ese mismo cuerpo Régulo Díaz Vega, la GN padece severos problemas de control en la actualidad. Este oficial, quien llegó a ser subcontralor general de la FAN, señaló que las medidas correctivas se toman “cuando es descubierta o denunciada una operación” ilegal.

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“Hoy en día, como todos son cómplices necesarios, se tapan unos con otros. Nadie, por lo menos, pregunta al subalterno por qué tiene un teléfono de última generación”, sostuvo.

Indicó que la fuerza posee mecanismos institucionales para prevenir los ilícitos, pero que se encuentra “cooptados” por la jerarquía.

“Hay un primer órgano de control que son los consejos disciplinarios. Actúan a pedido de los comandantes naturales del pelotón, la compañía o el destacamento cuando la falta cometida excede la capacidad de sanción permitida a esos comandantes. Pero en la actualidad, como hay conchupancia superior/subalterno este mecanismo de sanción está disminuido”, explicó.

Un general de división ya retirado, que llegó a ocupar altos cargos de esa fuerza, dijo a condición de anonimato que el incremento de detenciones en esa fuerza tiene una relación directa con la falta de filtros en las etapas de reclutamiento y selección.

“El sistema educativo de la GN fue violentado. Antes, para ser un guardia debía ser bachiller y pasar año y medio en las escuelas de guardias. Esto fue obviado en los últimos años al crear la Guardia del Pueblo, que son reservistas con pocos meses de formación y los lanzan a la calle, sin habérseles efectuado pruebas de selección”, alertó.

Son estos guardias los que engrosan la lista de detenidos en delitos contra la propiedad. En marzo, por ejemplo, dos sujetos robaron una moto en San Fernando de Apure. Pero el vehículo se les apagó poco después. Cuando otros guardias los apresaron se dieron cuenta de que uno de los asaltantes era un sargento primero, de 25 años de edad y compañero de su propio cuartel.

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Otros terminan aliados a algunas de las megabandas que han surgido en todo el país. Tal fue el caso de Willy Solórzano, de 26 años de edad, egresado de la escuela de orden público de la GN en Cagua, quien fue detenido en diciembre de 2014 y enviado a Ramo Verde porque supuestamente era cuñado de José Tovar Colina, alias Picure, líder de la banda “Tren del Llano”.

La fiscalía militar le imputó rebelión, pero los defensores del guardia lograron convencer al juez militar de que la banda del Picure no era un movimiento armado contra la estabilidad del país sino un “azote para las comunidades del municipio Mellado de Guárico”. Este argumento fue comprado y Solórzano fue condenado por delitos contra la seguridad de la FANB, previa admisión del cargo.

Hoy Solórzano cuenta los días en Ramo Verde para salir en libertad.

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Aplausos para Delcy

César Miguel Rondón

Voy a salir en defensa de Delcy Rodríguez.

Sí, creo que le hace un gran beneficio a la revolución. Es, a mi parecer, la mejor canciller que han podido encontrar en toda la geografía patria.

Ella abre la boca, habla, sonríe, mira para un lado y para el otro, y es la personificación misma de la revolución. Su sonrisa refleja el cinismo del régimen.

Su verbo es la camorra que este régimen exhibe como su principal característica. Esa y la crueldad, por supuesto. De manera que hay que defenderla. Hay que felicitar a Maduro por haberla elegido.

Otra persona más docta, más experimentada en los delicados vericuetos de la diplomacia y –hay que decirlo- más sensata y equilibrada, le pondría la vara muy alta a la causa de los venezolanos que luchan por libertad, justicia y democracia.

Dio pena ajena verla en su torpe intervención en el Consejo General de la OEA. Desde el principio, cuando se empasteló de manera tragicómica con el tema de la agenda del día, provocó sorna y sarcásticas sonrisas entre los diplomáticos, empezando por el propio presidente del consejo.

Después vendría la segunda derrota a su estrategia: 20 votos a favor contra 12 y dos abstenciones para que se mantuviera la agenda en la que el Secretario General presentaría su informe.

La primera derrota, no la pasemos por alto, ocurrió con la realización de esa misma sesión en la que ella estaba presente. El gobierno venezolano lo hizo todo para que no se reuniera el Consejo, pero perdieron y Almagro expuso su informe ante todos los embajadores.

Menos ella y sus escoltas, Álvarez y Chaderton quienes, en un arrebato malcriado, abandonaron la sala durante la intervención del Secretario General.

Luego vendría el momento crucial cuando ella, para beneplácito de Maduro quien a la distancia seguro la aplaudió de pie, brindó su magistral intervención en defensa de la revolución.

“Adefesio”, fue su primer y más suave calificativo para el informe de Almagro. Pidió su renuncia y, de paso, le enrostró que jamás sería el empleado del mes de McDonald´s (¡!).

Afirmó -en realidad, fue casi un grito con énfasis dramáticos- que Venezuela estaba bien, muy bien, que no había tal crisis humanitaria, que todo no era más que un pretexto para una invasión imperial. Con lo que –seguro- incrementó la sorna y el desconcierto entre los presentes que ya la habían visto, en fotos recientes, muy sonriente y feliz, estrechando las manos de Kerry y Shannon.

La curiosa y particular intervención de Delcy, pues, sólo sirvió para corroborar, por si hacía falta, que todo lo dicho por Almagro era verdad. Ella, en definitiva, era la digna y elocuente representante –por sus palabras, sus modos, sus argumentos, sus desplantes y arrogancia- de ese gobierno oprobioso y abusador que había descrito el Secretario General.

Muchas gracias, Delcy. Nos hiciste un gran favor. Y te aplaudo por eso.

Informe del Secretario General de la OEA, ante el Consejo Permanente, sobre la situación de Venezuela

23 de junio del 2016

Señor Presidente, Embajadores, Representantes, Colegas:

Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y en mi calidad de Secretario General, solicito al Consejo Permanente que realice “una apreciación colectiva de la situación” en Venezuela y adopte “las decisiones que estime conveniente”.

En este sentido, me permito presentarles las razones por las cuales estimo que existe una grave alteración del orden constitucional en ese pais. Una buena parte de la información que presentaré, ya con anterioridad incluí en mi carta al Presidente del Consejo Permanente el 30 de mayo.

Hoy presentaré un informe actualizado, dado el rápido deterioro de la crisis en Venezuela.

La defensa de la democracia es uno de los principales mandatos de la OEA y la base fundamental de las relaciones internacionales en las Américas.

Estos principios están claramente plasmados

En la Carta de la Organización de Estados Americanos,

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

En la resolución de la Asamblea General AG/RES. 1080, “Democracia representativa”,

Y en la Carta Democrática Interamericana que es la verdadera Constitución de las Américas.

Estos no son documentos que nos hayan sido impuestos.

Como Estados Miembros hemos elegido firmarlos, unirnos al consenso sobre los principios que definen quiénes somos, en qué creemos y cómo interactuamos unos con otros.

Las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen solo cuando es conveniente.

Si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos estar dispuestos a actuar.

Si existen claras violaciones, nuestra obligación es señalarlas, En particular cuando se enfrenta una situación difícil.

Los temas que vamos a debatir hoy día están claramente delineados en la Carta Democrática Interamericana.

Es conforme a estas normas que consideramos que se ha alterado el orden democrático en Venezuela.

En el artículo 3 de la Carta se enumeran los elementos esenciales de la democracia:

El “respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto[…]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

En el artículo 4 se delinean los componentes esenciales para el ejercicio de la democracia:

“la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.

En mi informe del 30 de mayo se exponen claramente los argumentos de que ha ocurrido una alteración del orden constitucional que trastoca el orden democrático en un Estado Miembro.

Hoy, les pido que consideren las vidas, la salud y la seguridad del pueblo venezolano a la luz de estos compromisos.

El Consejo Permanente debería tomar las medidas necesarias para atender a la crisis humanitaria sin precedentes e innecesaria que sufre Venezuela.

El Consejo debería expresarse claramente sobre los prisioneros políticos y los informes persistentes de tortura.

El Consejo debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un referendo revocatorio

Es conforme a estos principios que debemos decidir actuar o no.

Como decía Desmond Tutu: “si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

La democracia es el gobierno del pueblo.

Aquellos que han elegido representar al pueblo, lo hacen para encauzar la voz de los ciudadanos en los procesos decisorios del Estado.

El Gobierno lo hace a través de la legitimidad que le ha conferido el pueblo, los ciudadanos.

Es un servicio al público; una vocación de servicio para el bien común.

No es un negocio en donde las personas buscan un beneficio o el poder.

La ética política nos conmina a ser coherentes con nuestras palabras y nuestras acciones.

Es mucha la tensión entre la ética y la política como para ensalzar a los líderes sin abusar del poder que se les confiere.

Cuando los Gobiernos y los políticos no cumplen con estas normas, vemos que los ciudadanos se frustran con sus líderes políticos.

Al perder la confianza en sus representantes electos, los ciudadanos harán que sus voces sean escuchadas.

Lo que hemos atestiguado en Venezuela es la pérdida del propósito moral y ético de la política.

El Gobierno se ha olvidado defender el bien mayor, el bien colectivo.

Venezuela tiene una de las más grandes reservas de petróleo del planeta, así como vastas tierras fértiles y una gran cantidad de recursos minerales.

El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo.

El enfrentamiento entre las ramas de Gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura de la gobernabilidad, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país.

La inflación ha llegado a 720%.

El PIB disminuirá un 8% más en 2016.

La deuda externa ha alcanzado los 130.000 millones de dólares; es decir, el equivalente de casi seis años de exportaciones de petróleo.

Venezuela ocupa el noveno lugar mundial con la peor tasa de desempleo.

El 73% de los hogares y el 76% de los venezolanos vivieron en la pobreza en 2015.

Después de lo que fue el 12º aumento desde que el Gobierno fue electo en 2013, el salario mínimo equivale aproximadamente a 13,75 dólares al mes.

Eso es menos de 50 centavos de dólar por día.

La falla sistemática del tipo de cambio controlado ha ocasionado que la moneda haya perdido el 99% de su valor desde 2013.

Las empresas internacionales han cerrado sus puertas porque nadie puede pagar.

La población enfrenta una escasez de alimentos y medicamentos sin precedente en todo el país.

Esta crisis está alcanzando un punto crucial.

Estos problemas no los causan fuerzas externas.

La situación que enfrenta Venezuela hoy día es el resultado de las acciones que han emprendido y siguen emprendiendo quienes están en el poder.

Venezuela podría y debería ser uno de los países más prósperos e influyentes en la región.

Pero más bien es un Estado plagado de corrupción, pobreza y violencia

La población sufre las consecuencias.

Es mucho más redituable para los negocios vender dólares subsidiados en el mercado negro que reabastecer los anaqueles de las tiendas.

La escasez de alimentos e insumos alcanzó el 82,8% en enero de este año.

Desde 2003, más de 150 productos alimenticios han sido puestos en la lista de precios fijos que ha establecido unilateralmente el Poder Ejecutivo.

En principio, los aumentos en los precios iban a la par de la inflación.

Sin embargo, desde 2007 la brecha entre costos de producción y precios fijos ha crecido exponencialmente y, en consecuencia, muchos negocios han cerrado sus puertas.

A fin de responder a esta escasez creada, el Estado ha intervenido cada vez más en la producción de alimentos, incluyendo a través de la expropiación o nacionalización:

De productores de café,

De ingenios azucareros,

De productores de arroz y pasta,

De Agriozlena, la principal compañía distribuidora de semillas,

De Lácteos Los Andes, el principal productor de lácteos,

De más de 10,000 hectáreas de ranchos ganaderos y lecheros

De por lo menos 5 productores de harina de maíz,

De dos fabricantes de aceites y

De la empresa Polar, la principal cadena de supermercados de Venezuela.

Esta escasez provocada por el Gobierno también ha dado lugar a una economía de mercado informal o “negro” de productos regulados.

Las comunidades más pobres fuera de la capital son las más afectadas.

El 87% de los venezolanos declaran que no tiene el suficiente dinero para comprar los alimentos que necesitan.

Se requerirían 16 salarios mínimos para alimentar debidamente a una familia.

Un cuarto de la población vive con menos de dos comidas al día.

La desnutrición afecta a los más vulnerables. Y las tasas de mortalidad infantil están aumentando a la par que los problemas de crecimiento entre los niños.

La falta de agua y electricidad se ha tornado común.

La única presa hidroeléctrica del país ha alcanzado niveles críticos, pues el agua apenas llega a cinco pies arriba del nivel en el que las turbinas simple y sencillamente dejaría de funcionar.

Ante esta falta de energía, las oficinas de Gobierno e instituciones públicas solo abren tres días a la semana.

La falta de insumos básicos y sustancias químicas, como el cloro para tratamiento de agua, ha dado lugar a un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua.

El sistema de salud en Venezuela enfrenta serios problemas al no haber equipo, ni doctores, ni medicinas.

Los servicios médicos se encuentran debilitados por el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento y actualización de los recursos y equipo técnico, lo que agrava todavía más la escasez de medicinas e insumos.

Los pacientes que requieren tratamiento deben aportar todo: desde papel higiénico, jeringas, medicinas y hasta frazadas.

Y cuando se les acaban estos insumos se interrumpe su tratamiento.

La inestabilidad ha dado lugar a la emigración en masa de profesionales de la salud. Incluso ha cerrado la mayoría de los hospitales cuyo personal era de origen cubano.

En enero de 2016, la Cámara de la Industria Farmacéutica reconoció una deuda de 6.000 millones de dólares con proveedores internacionales.

Las farmacias solo pueden surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados.

El 27 de enero de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró una emergencia nacional en el sistema de salud.

El 5 de abril de 2016, la Asamblea Nacional promulgó una ley especial para “atender la crisis humanitaria en salud”.

Con esta legislación se permitiría al Gobierno venezolano buscar asistencia internacional para responder a la crisis de salud. El 9 de junio la Corte Suprema la declaró inconstitucional.

La situación ha pasado de ser desesperada.

La violencia ha estado aumentando en las últimas semanas a medida que la escasez se hace intolerable.

Se han reportado más de 250 casos de saqueo este año en todo el país.

Los transportes de alimentos o bebidas fueron el blanco en el 81% de los casos de saqueo en sus rutas de distribución.

El 19% restante ocurrió en centros comerciales y almacenes.

Los embarques de alimentos ahora van acompañados de guardias armados, leales al Ejecutivo, protegiendo así las limitadas raciones de ciudadanos hambrientos.

El martes pasado, mientras nos encontrábamos reunidos en la Asamblea General en República Dominicana, en Cumaná, más de 100 tiendas fueron saqueadas y destruidas, y se reportaron por lo menos 3 muertes.

En el estado de Trujillo, las manifestaciones ocurren todos los días pues la gente protesta por la falta de servicios básicos del Gobierno.

Esto incluye la trágica muerte de una niña de cuatro años en un tiroteo afuera de un mercado en Guatire; son estos daños irreparables del aumento de la violencia.

La falta completa de confianza en el aparato de seguridad estatal sirve de incentivo para que las comunidades tomen la justicia en sus manos.

La fiscalía ha abierto investigaciones en torno a 74 asesinatos presuntamente cometidos por tales grupos en los primeros cuatro meses de este año.

Los índices de violencia y delincuencia han alcanzado niveles históricos.

Las estadísticas oficiales del Gobierno, que no son publicadas con regularidad, indican que en 2015 ocurrieron 58,1 homicidios por cada 100,000 personas.

La sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100,000 personas.

En 2015, el número de muertes violentas fue superior en Venezuela que el registrado en Afganistán.

El 66,7% de la población se siente muy insegura o en cierta forma insegura.

La escala de la victimización también ha aumentado drásticamente. En 2013, 54,2% de la población decía que ni ellos ni ningún familiar habían sido víctimas de un delito. En 2015, esa cifra bajó a 10,6%.

La penalización del Estado también es motivo de preocupación creciente.

Tres de cada cuatro venezolanos dijeron en una encuesta nacional que no creían que la policía podía protegerlos.

La policía, la Guardia Nacional, los jueces, los fiscales y el personal carcelario están involucrados de manera tácita o expresa en la delincuencia organizada, incluso en secuestros, asesinatos, robos o narcotráfico.

La fuerza paramilitar establecida por el Gobierno para reprimir la delincuencia organizada, ha sido acusada de ejecuciones sumarias.

No hay datos oficiales sobre las personas que mueren a manos de las fuerzas de seguridad.

En los últimos cuatro años murieron 1320 integrantes de fuerzas policiales y militares; de ellos, 75% no estaban de servicio en el momento de su muerte.

Este año ya se han notificado más de 109 muertes de integrantes de fuerzas policiales y de seguridad desde el 1 de enero.

Venezuela está en un estado perpetuo de lucha civil.

El colapso de una gestión de gobierno responsable y efectiva se ve exacerbado por la corrupción endémica que plaga al Gobierno.

Un estudio reciente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional suscitó preocupación en torno a gastos del Gobierno, que ascienden a 69.000 millones de dólares por presunta corrupción.

Dos ex integrantes del gabinete del difunto presidente Hugo Chávez han presentado quejas por la desaparición de ingresos derivados del petróleo del orden de los 300.000 millones de dólares.

Transparencia International clasifica a Venezuela en el lugar 158 entre 168 países evaluados en lo que se refiere a la corrupción. Esta es la posición más baja en el continente americano.

Los países que están por debajo, es decir, Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán e Iraq, son regímenes ilegítimos o países devastados por guerras prolongadas.

El Gobierno ha perdido la confianza del público, con 75% de los venezolanos consideran que hay corrupción generalizada.

Los derechos civiles y políticos son una clase de derechos que protegen las libertades individuales.

Garantizan la participación de las personas en los procesos de adopción de decisiones que las afectan, sin discriminación y sin represión.

El gobierno venezolano ha creado un esquema de persecución política en contra de quienes expresan opiniones contrarias.

Hay prensa libre cuando la prensa realiza una sana cobertura de las noticias políticas, se garantiza la seguridad de los periodistas y la prensa está protegida de presiones jurídicas o económicas indebidas.

En Venezuela, los medios de comunicación son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición de viajar, a censura indirecta y al acoso.

Los persiguen por publicar noticias o artículos con una óptica crítica del Gobierno.

Disposiciones poco precisas relacionadas con la “incitación al odio”, la “intolerancia” o la “incitación a la violencia” que se han usado de manera discrecional para iniciar procedimientos administrativos contra medios de comunicación que cuestionan o impugnan la propaganda del Gobierno, crean un ambiente de autocensura.

Las licencias de difusión están controladas por medio de un proceso opaco y discrecional, y con frecuencia se las suspende o no se las renueva.

La empresa estatal Corporación Maneiro controla el acceso al papel periódico.

Se acusa a empresarios supuestamente vinculados al Gobierno de comprar medios de comunicación, dándole a la cobertura periodística un tono favorable al Gobierno.

A las personas que han acudido a declarar ante esta institución que representamos sobre los retos que enfrentan en Venezuela, su Gobierno las llama “traidores de la patria”.

Una persona que no está de acuerdo con las medidas tomadas por un Gobierno elegido democráticamente no es un traidor.

La política es una discusión de ideas en busca del bien común.

Cuando el hombre que te acusa de ser traidor a la patria también controla las fuerzas armadas, los órganos de inteligencia, la policía nacional y el poder judicial, se trata de un acto abierto de intimidación.

La falta de un auténtico diálogo político ha llevado a los ciudadanos a salir a la calle a protestar para hacerse oír.

La penalización de protestas para acallar las críticas es la acción de un Estado autoritario.

Las tendencias en Venezuela han sido perturbadoras, a la vez que se está usando a los tribunales y a los juicios penales en medida creciente como arma de persecución política.

En Venezuela, las protestas públicas suelen ser reprimidas con fuerza excesiva.

El enero de 2015, autoriza explícitamente el uso de armas de fuego para controlar encuentros públicos y protestas pacíficas.

Esto contradice directamente la propia Constitución de Venezuela.

En 2013, cuando el Presidente Nicolás Maduro asumió el cargo, según el Foro Penal Venezolano había 11 presos políticos.

Entre enero de 2014 y el 31 de mayo de 2016 se denunciaron al Foro 4253 detenciones, arrestos o encarcelamientos.

Todos ellos vinculados a diversas protestas y críticas contra el Gobierno de Venezuela.

Actualmente hay 1986 personas a quienes se les aplican medidas restrictivas.

Otras 94 están en la cárcel.

Son Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre otros.

También son las personas utilizadas para hacer propaganda, los chivos expiatorios de los fracasos de la política del Gobierno.

Ese es el caso de Manny, un hombre de 54 años, con dos hijos. También era Director General de la cadena de supermercados Día Día.

El 2 de febrero de 2015, Manny fue arrestado, sin orden de arresto, afuera del Palacio de Miraflores, cuando salía de una reunión con el Vicepresidente de Seguridad Alimentaria.

Al cabo de 51 días de detención en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en El Helicoide, Manny fue acusado de delitos tales como acaparamiento, agravación de la escasez de alimentos e intentos de desestabilizar la economía.

El día de su arresto, las fuerzas de seguridad del Gobierno ocuparon los supermercados Día Día.

En noviembre de 2015, Manny fue liberado del centro de detención y se le siguen aplicando medidas restrictivas.

Este domingo pasado, Francisco Marquez Lara y Gabriel San Miguel fueron detenidos arbitrariamente por la Guardia Nacional mientras viajaban al Estado de Portuguesa para apoyar el proceso de referendo revocatorio.

Han sido interogados extensivamente por la policia y por el servicio de inteligencia, sin la presencia de sus abogados.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha encontrado más de 300 casos de detención arbitraria en Venezuela.

Desde 2014 se han denunciado al Foro Penal Venezolano 145 casos de castigo cruel e inhumano, incluida la tortura.

Gerardo es uno de los 120 estudiantes que fueron arrestados por la Guardia Nacional Bolivariana, sin orden de arresto, el 8 de mayo de 2014, en Chacao, Caracas. Formaba parte de un grupo de estudiantes que hicieron un campamento como medio de protesta pacífica junto a la sede del PNUD en Chacao.

El 21 de agosto 2014, varios oficiales sacaron a Gerardo de su celda. Lo esposaron a un caño, colgando del techo, donde lo dejaron más de 12 horas, con las muñecas envueltas con periódicos y cinta adhesiva para reducir al mínimo las marcas.

Fue golpeado violentamente, sufirendo serias lesiones en las piernas y en la espalda.

Lo acusaron de delitos menores de narcotráfico pero nunca se presentaron pruebas de su delito.

Gerardo fue detenido durante 17 meses, permaneciendo bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

En agosto de 2015, Joselyn, de 23 años, fue arrestada en el estado Falcón y permaneció detenida en una cárcel de máxima seguridad en Corco, donde compartía una celda con otros nueve presos.

Debido a la temperatura agobiante, los presos solían dormir desnudos, y de comer les daban solamente alimentos podridos.

Durante su permanencia en la cárcel, Joselyn sufrió violaciones sexuales y graves golpizas, tanto en el momento de su arresto como durante su detención.

Un mes más tarde le avisaron a la familia de Joselyn que la estaban poniendo en libertad a fin de que recibiera atención médica adecuada para sus graves lesiones.

Daniel tiene 18 años. El 18 de mayo, fue arrestado por el SEBIN, alegándose que había participado en protestas a favor del referéndum.

Durante el período en que estuvo encarcelado, a Daniel le propinaron duras golpizas y le aplicaron la picana eléctrica.

Otras seis personas que fueron arrestadas junto con Daniel declararon que se les aplicó un trato similar, con golpizas, amenazas de violación y picana eléctrica.

Daniel sigue incomunicado en El Helicoide, sede del SEBIN.

Debemos recordar que, cuando hablamos de presos políticos, no son simplemente cifras y estadísticas.

Son personas…

Tienen un rostro, un nombre y una historia…

Son madres, padres, hermanas, hermanos, hijos, hijas y cónyuges…

Son ciudadanos a quienes les importa el futuro de su país…

Tener presos políticos es claramente un acto de un régimen autoritario…

No puede haber diálogo cuando un gobierno detiene y encarcela arbitrariamente a quienes se expresan en su contra.

Eso no es democracia.

Estos relatos son solo unos pocos de los miles de relatos de ciudadanos venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente debido a sus ideas. No sus actos, sino sus ideas.

No basta con que no haya alimentos.

No basta con que no haya hospitales ni medicamentos.

No basta con que el nivel de delitos violentos se encuentre entre los más altos del mundo.

Cuando los ciudadanos se organizan para expresar su preocupación, los reprimen implacablemente.

El pueblo venezolano se enfrenta a un Gobierno que ya no le rinde cuentas.

Un Gobierno que ya no protege los derechos de los ciudadanos.

Un Gobierno que ya no es democrático.

La función misma del Gobierno se ha incumplido.

La separación de poderes es uno de los elementos más fundamentales de una democracia.

Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen cada uno su propio conjunto de responsabilidades y atribuciones, para prevenir la concentración del poder y disponer de mecanismos de control y equilibrio.

En Venezuela hemos sido testigos de un esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para impedir e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional.

El ejecutivo repetidamente ha empleado intervenciones inconstitucionales en contra de la legislatura, con la connivencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Las evidencias son claras.

Después de los comicios del 6 de diciembre y antes de la instalación del período de sesiones de la nueva legislatura, 13 de los 32 magistrados y 21 suplentes del Tribunal Supremo prestaron juramento mediante nombramientos partidistas.

Como resultado, una cadena de decisiones posteriores del Tribunal Supremo ha adoptado un modelo de bloquear cada una de las leyes promulgadas por la Asamblea Nacional.

Estas resoluciones han incluido una serie de decisiones para impedir que tres diputados ocupen sus escaños y así reducir la mayoría calificada de la oposición a una mayoría simple.

Invalidando la legislatura, el Tribunal Supremo aprobó dos decretos ejecutivos que declararon un estado de emergencia y un estado de emergencia económica, lo que concentró el poder en manos del ejecutivo y estableció límites arbitrarios a la autoridad de la legislatura sobre los contratos públicos, los altos funcionarios y el presupuesto.

Estos decretos ejecutivos también se han prorrogado dos veces.

El Tribunal Supremo ha determinado, además:

Limitar las funciones de auditoría de la legislatura, con lo cual se elimina la rendición de cuentas externa del Gobierno.

Eliminar la facultad de la legislatura para revocar los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo.

Impedir que cualquier enmienda constitucional sea aplicable al actual Presidente.

Declarar inconstitucionales y por ende inválidas las leyes para reformar el Banco Central, el Tribunal Supremo, enmendar el Reglamento Interior y de Debates del Congreso y la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad.

Bloquear la liberación de presos políticos detenidos por el Gobierno y

Prohibir las protestas no autorizadas en los alrededores del Consejo Nacional Electoral y ordenar que la Guardia Nacional y la Policía Nacional repriman “las protestas violentas”.

Por último, el Tribunal Supremo expidió un fallo oficial el 14 de junio para restringir las facultades de la Asamblea Nacional, pues afirma que se está extralimitando al pretender usurpar funciones del Ejecutivo.

El activismo del Tribunal Supremo se ha disparado con el número de fallos en el período de febrero a marzo de 2016, al pasar de dos a 252.

Entre el 5 de enero y el 24 de mayo se registraron nueve apelaciones. Todas las decisiones se han dispuesto a favor del poder ejecutivo.

Estos ejemplos demuestran claramente la falta de independencia del poder judicial.

El sistema tripartito de la democracia ha fracasado y el poder judicial ha sido cooptado por el ejecutivo.

Más del 60% de los jueces de los tribunales de primera instancia pueden ser destituidos de sus cargos, sin el debido proceso, si una comisión del Tribunal Supremo así lo decide.

La provisionalidad y la temporalidad de jueces y fiscales debilita aún más la independencia judicial y las posibilidades de imparcialidad.

A su vez, la falta misma de credibilidad en el poder judicial desalienta a los candidatos calificados de intentar obtener puestos en la judicatura.

La falta de independencia del poder judicial socava el acceso de los ciudadanos a la justicia.

En una encuesta reciente, solamente el 31% de las personas que respondieron aseveraron tener confianza en su sistema nacional de justicia.

La legitimidad de un Gobierno requiere la confianza de su ciudadanía.

En 1999, el entonces Presidente Hugo Chávez consagró la figura del referendo revocatorio en la Constitución de Venezuela como un vehículo para asegurar la “democracia participativa y protagonista”.

Este proceso está previsto en la Constitución.

En Venezuela, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

El artículo 72 señala que se puede convocar a un referendo revocatorio “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria”.

Si el referendo da como resultado la revocación del Presidente durante los primeros cuatro años, entonces “se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.

Si el plebiscito se lleva a cabo después de los primeros cuatro años, el Vicepresidente Ejecutivo asumirá la presidencia durante el período restante.

Debido a la falta de claridad en el proceso, incluso es imposible confirmar estas fechas.

Para activar el proceso revocatorio se requieren las firmas del 1% de electores que soliciten un referendo. Luego esa activación tiene que ser apoyada por al menos el 20% del público elector.

Si la Junta Nacional Electoral puede verificar los resultados, el Consejo Nacional Electoral convoca el referendo presidencial.

Para revocar el mandato presidencial la tasa de participación electoral debe ser superior al 25% y el número votos válidos debe ser igual o mayor al número de votos con los cuales se eligió al Presidente.

Nadie está por encima de la Constitución.

En agosto de 2004, cuando el Presidente Hugo Chávez enfrentó un referendo revocatorio el 59,1% del público votó en contra de su destitución.

Es responsabilidad del Presidente y del Consejo Nacional Electoral implementar este proceso, de conformidad con sus deberes legislativos y constitucionales.

Seguir un procedimiento previsto en la Constitución no es un golpe de Estado;

Por el contrario, negar, postergar u obstruir este proceso por cualquier vía es un abuso de poder y un trastorno patente del orden democrático.

El Consejo Electoral no ha proporcionado las garantías necesarias para la celebración del referendo revocatorio.

Se han expresado numerosas quejas sobre intentos deliberados de demorar activamente el proceso, entre ellas: demoras en la entrega de las planillas requeridas para reunir el 1% de firmas; retrasos en la verificación y validación del 1% de firmas; creación de cuatro requisitos nuevos de digitalización, verificación, transcripción y auditoría, y amenazas de difundir públicamente los nombres de quienes firmen en favor del referendo.

La coalición de la oposición ha presentado más de diez veces la cantidad de firmas que se requieren para iniciar el primer paso en el proceso.

Tras varios meses de retraso, el proceso de validación se inició apenas esta semana.

A través de un proceso opaco, el Consejo repetidamente ha incumplido sus propios plazos y ha actuado en violación de sus propias reglas.

Adicionalmente, cuatro de los cinco miembros del Consejo Electoral están vinculados con el partido en el poder, el PSUV.

Estos vínculos ponen en entredicho la capacidad de la mayoría de los miembros para decidir de manera independiente e imparcial.

Bajo estas circunstancias excepcionales, es imperativo que el proceso sea implementado de manera oportuna y transparente por una institución neutral que mantenga la confianza pública.

Los grupos que abogan por un referendo revocatorio han cumplido hasta ahora sus responsabilidades en este proceso.

El Gobierno y el Consejo Electoral no lo han hecho. La celebración del referendo revocatorio en 2016 es la única manera constitucional de resolver la crisis política en Venezuela.

Como miembros del sistema interamericano, todos queremos lo mismo:

Una solución pacífica a la crisis en Venezuela.

La vuelta al orden democrático.

El fin de la crisis humanitaria.

Estabilidad, alimentación, salud y seguridad adecuados.

El objetivo hoy es no castigar ni sancionar a Venezuela.

Estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y ayudarlo a volver al camino de la democracia – en ese sentido apoyo la idea de que se constituya un grupo de países amigos de la OEA.

Así pues, hoy les solicito a ustedes, miembros del Consejo Permanente, que consideren las recomendaciones que les he planteado:

Que se lleve a cabo antes del final de 2016 el referendo revocatorio previsto en la Constitución.

Que se libere de inmediato a todos los presos políticos.

Que los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias y empiecen a trabajar juntos de inmediato para responder a la crisis humanitaria.

Que todos los poderes del Gobierno trabajen juntos para recuperar la estabilidad y la seguridad en el país.

Que el poder ejecutivo cese de inmediato sus esfuerzos por desconocer a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y que se implementen y apliquen todas las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional.

Que se nombre a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso transparente acordado conjuntamente por los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno.

Que se establezca un ente independiente para combatir la corrupción, compuesto por expertos internacionales, facultado para hacer frente a la situación financiera en Venezuela.

Y, por último, afrecemos apoyo técnico a la Comisión de la Verdad y solititamos que se asegure la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sí, la democracia requiere diálogo.

Pero para que este diálogo sea eficaz, debe ir acompañado de acciones.

La democracia no tiene nacionalidad

La democracia es más que una elección; es más que contar votos en las urnas.

Es libertad.

Libertad de expresión, de asociación, de reunión.

Una ciudadanía empoderada.

Una judicatura independiente.

Una estructura de seguridad que tenga la confianza del pueblo y que le rinda cuentas.

Es el ejercicio legítimo del poder dentro del Estado de derecho.

Los Gobiernos democráticos tienen una responsabilidad hacia sus ciudadanos.

La responsabilidad de proveer seguridad, dar acceso a las necesidades básicas, proteger los derechos humanos.

Y rendir cuentas.

Asi que les pido considerar las vidas, la salud y la seguridad del pueblo venezolano.

El Consejo Permanente debería adoptar las medidas necesarias para abordar la crisis humanitaria inédita e innecesaria en Venezuela.

Debería expresarse respecto a los presos políticos y los persistentes informes de tortura.

Debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su solicitud de un referendo revocatorio.

El Consejo Permanente debe mantenerse del lado correcto de la historia y defender a un pueblo que necesita voz.

Solo volviendo a un ejercicio legítimo y responsable del poder, podrá Venezuela volver a la senda de la paz y de la prosperidad.

Ciudad Guayana: de milagro de planificación a ejemplo de destrucción

María de Los Ángeles Ramírez Cabello, Revista Clímax

Fotos: William Urdaneta

Ciudad Guayana ya no es la cité de oro que fue: patrón de planificación urbanística lo mismo que modelo productivo junto a las empresas básicas del sur. Su panorama actual es más que desolador: pobreza, herrumbre, improvisación y una ideología —chavista— que minó todo espacio de desarrollo.

Héctor Goitia recorre la ciudad entera a diario. Volanteando su taxi se maravilla de la grandeza del río Caroní, cuando atraviesa el puente homónimo desde su residencia en una invasión de la estropeada San Félix.

Disfruta su portento en las caídas de agua del parque Cachamay —que se observan desde la avenida Guayana. Bordea la emblemática sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en donde al menos una vez a la semana se cruza con protestas y continúa su largo camino de huecos, deterioro y mengua, hasta llegar a las empresas básicas que detrás de sus estructuras de acero guardan la desventura de un anhelo frustrado.

Él como muchos en Guayana no entiende qué pasó ni por qué el milagro que representó esta ciudad, en la margen sur del río Orinoco, ha sido derruido sin recato. Su resumida vida dibuja solo un añico del quebranto de la única ciudad de Venezuela planificada, cuya piedra fundacional fue colocada el 02 de julio de 1961, tras la fusión política-administrativa de Puerto Ordaz y San Félix, las más pobladas del estado Bolívar.

El crecimiento desordenado, obras en promesas y el estancamiento productivo de su motor industrial son en la actualidad algunos de los puntos frágiles de la urbe, cuyo levantamiento fue pilotado por el Plan Maestro de Desarrollo Urbano para Santo Tomé de Guayana, elaborado por profesionales del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) en 1962.

Así como Brasilia en Brasil, Ciudad Guayana fue dibujada en lienzos en blanco. Sus grandes avenidas, su conexión con San Félix, sus perfectas cuadras y la ubicación distante de las industrias del hierro, el acero y el aluminio con líneas férreas en sus márgenes fueron planificadas y llevadas a la realidad al calco.

Al cobijo de la CVG, creada en 1960, el proyecto de un polo de desarrollo en una zona bendita por su proximidad con los reservorios de minerales y metales y el río Orinoco se desarrolló de forma exitosa, tanto que sus tres objetivos primigenios se cumplieron, algunos con reservas: el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní, en donde se produce 70% de la energía eléctrica que mueve al país; el desarrollo del emporio industrial con la creación inicial de Alcasa en 1960 y Sidor en 1964; y la creación del centro poblacional que se cristalizó con la fundación de Ciudad Guayana en lo que para entonces era un espacio despoblado.

Hoy la ciudad atraviesa una de sus peores crisis, en medio de una discusión sobre el agotamiento del planeamiento urbano y el mando asumido —entretanto— por la improvisación. Colapso del sistema de transporte; resguardos de terrenos a granel por el congelamiento de los grandes desarrollos habitacionales que por años dinamizaron la ciudad o invasiones, en su defecto; pérdida de la estética urbana y falta de visión bosquejan hoy el plano.

Pobreza general en el polo

En 1960, la función de Ciudad Guayana como polo de desarrollo apuntaba a la creación de empleo, al surgimiento de una alternativa económica no petrolera y al desarrollo urbano, en el marco de una visión global de país.

“Se cumplió con aquello de ser útil al país y cruzamos fronteras a Colombia y a Brasil al suministrarles energía limpia. Solo en las industrias de Guayana, se generaba 40% del Producto Interno Bruto no petrolero, resaltó Waldo Negrón, ingeniero químico llegado de Maracaibo a Guayana en 1969 cuando la ciudad, recuerda, era pujante y atraía a nacionales y extranjeros de todo el mundo, que siguieron llegando cautivados por una ciudad que en su interior atesoraba cascadas de agua en los parques La Llovizna y Cachamay, obras portentosas como la central hidroeléctrica Antonio José de Sucre en Macagua, una mirada única al oscuro río Caroní y las deslumbrantes estructuras de las empresas básicas.

Al cierre del 2014, la radiografía socioeconómica es totalmente aciaga. 72,7% de la población de Puerto Ordaz vive en pobreza general, de modo que no es capaz de cubrir el costo de la cesta básica, integrada por alimentos y servicios, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones para la Productividad, la Educación y la Vida (Ciepv) de la Universidad Católica Andrés Bello, campus Guayana (UCAB).

La pérdida del timón gerencial y la preeminencia del factor ideológico chavista en las empresas básicas de Guayana con la inyección de experimentos sociales, como la cogestión y el control obrero, extinguió los resquicios de productividad y la capacidad de aporte al país —que se descuidó además por la confianza en la renta petrolera como fuente inagotable de recursos.

En el 2014, de acuerdo con las Memorias y Cuentas del Ministerio de Industrias las pérdidas alcanzaron a más de 20 mil millones de bolívares entre el sector hierro-acero y aluminio.

“Leopoldo Sucre Figarella era gobernador y Rómulo Betancourt, presidente. Crean el municipio Caroní, se crea la ciudad y la CVG, una de las cinco corporaciones más exitosas de América Latina y de las 30 más importantes del mundo, capaz de planificar, dirigir, construir. Pero la visión cambió y de ser un ente omnipresente, si hoy quitas a la CVG, la gente no se daría cuenta, perdió los roles que tenía”, dijo.

Al entrar a las empresas básicas, no existen fronteras entre el partido político y el espíritu empresarial de una industria. La política penetró y los colores y las imágenes en la empresa son las mismas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). No hay división.

Las industrias se convirtieron en máquinas de empleo, a costa de su rendimiento. Pero no siempre fue así.

El investigador José María Fernández explicó que entre 2004 y 2007 las industrias de Guayana, en manos estatales, alcanzaron resultados positivos porque “gozaban de autonomía, respetaron la gerencia de expertos en las áreas cuya meta era la producción, aumentaron los precios internacionales de los commodities, tenían ganancias y podían invertir en mantenimiento y actualización tecnológica”.

Ordenación territorial

El descalabro de las industrias es un espejo de lo que ocurre en el resto de Ciudad Guayana y sus servicios. A las cinco de la tarde, las colas para tomar un bus destartalado o, con suerte, alguna de las unidades rojas administradas por la Alcaldía de Caroní o la Gobernación de Bolívar son kilométricas. Otros con menos suerte deben abordar camionetas, conocidas como “perreras”.

Más de 50 buses de tránsito rápido —BRT, por sus siglas en inglés— con capacidad para transportar 180 personas permanecen estacionados en el Aeropuerto Internacional Manuel Piar, mientras el gobierno regional pisa el acelerador para construir 21 estaciones, que apenas empezó a edificar después de la llegada de las unidades, en febrero de 2015.

Polos comerciales como Alta Vista muestran hoy su peor cara por el descuido urbanístico de la ciudad y la falta de planificación de su ordenamiento, planeado con detalle en el Programa de Desarrollo Urbano Local (PDUL), engavetado hace un par de años.

La proliferación de resguardos de tierras, invasiones y construcciones residenciales no permisadas también ha sido una constante en los últimos años, a lo que se suma la falta de urbanismos y servicios. Fernando Roa lo vive desde que se levanta.

Llegó a Ciudad Guayana, desde su natal San Cristóbal, hace más de 30 años. Para ingresar a su vivienda en Villa La Paragua —al oeste de la ciudad— hay que atravesar un pasaje de huecos, enlodados por las lluvias de los últimos días.

Es beneficiario de la Gran Misión Vivienda, su casa del programa gubernamental carece de sistemas de aguas blancas y negras, y un servicio eléctrico de calidad, pese a estar a pocos kilómetros del poderoso en generación hidroeléctrica, río Caroní.

“La ciudad está sujeta a improvisaciones. No sabemos para dónde va y la respuesta es obvia, tenemos un caos”, expresó la docente investigadora de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), Ana Jorge, quien lideró el proyecto “Modelo de gestión local para avanzar hacia el desarrollo sustentable” del municipio Caroní, realizado durante dos años por un grupo de académicos a través del método de la prospectiva estratégica.

El estudio —que culminó recientemente— muestra las secuelas de la improvisación. “No planificamos el desarrollo, nuestras autoridades ejecutan un presupuesto, de allí los resultados. Éramos una ciudad urbano-industrial y ese cometido se estaba cumpliendo. Desde el 2007 los informes del Ministerio de Industria reflejan que nuestras empresas están disminuyendo la producción, así que lo que éramos ya no lo somos, ya no sabemos qué somos, tenemos que repensar nuestra ciudad”.

El estudio arrojó en la dimensión sobre estructura y funcionamiento del estado; Derechos Humanos, transparencia pública y participación ciudadana, asociatividad y diálogo social que en Ciudad Guayana hay violación de los Derechos Humanos en todas las áreas; hay opacidad en la gestión pública y contradicción de las estadísticas con fines propagandísticos y los espacios para la participación son limitados y solo favorecen la participación de los grupos adeptos al gobierno, lo que ha ocasionado que el diálogo social sea inexistente.

En cuanto a la economía local, persiste el cierre de las empresas privadas ante el “acoso y hostigamiento” y sigue siendo baja la inversión pública, que no responde a la planificación para el desarrollo, pues se limita a gastos corrientes.

“La inversión privada es la menor en el histórico y se limita a construcción comercial y residencial”.

Aunque la baja generación de empleos y el deterioro del poder adquisitivo ha abierto la puerta a innumerables emprendimientos en Ciudad Guayana, el estudio destaca que “las actividades emergentes no logran consolidarse por las precarias condiciones socioeconómicas y la inseguridad jurídica”.

En materia de ambiente, ordenación del territorio y calidad de vida, la investigación confirma “el deterioro progresivo en manejo de desechos urbanos, tratamiento de aguas servidas, potabilización y protección de áreas de alto valor ambiental”.

“La gestión no valora la planificación, se tiene desactualizado el marco de ordenación territorial generando condiciones para rezonificación y ocupación de zonas de riesgo ambiental”.

Despertar ciudadano

La urbanista María Nuria de Cesaris explicó que el PDUL contiene las previsiones de requerimientos y servicios de la ciudad hasta 2026, que considera se dejaron de lado en perjuicio de los intereses colectivos de los guayaneses. “Ha habido mucha ineficiencia y eso ha dado paso a la improvisación”.

El déficit de servicios sociales, espacios de recreación y crecimiento anárquico de la población, “metiendo casas por cualquier lado cuando existen terrenos determinados para construir”, a la par del trabajo no colaborativo entre las instituciones públicas devienen deterioro de la planificación, expresó la experta.

Bajo ese crepúsculo, sin embargo, grupos como el Plan Urbe, del que Cesaris es miembro, que apuesta al proyecto “Más P: más plazas, más parques y paseos”, empiezan a despertar tratando de incidir en la calidad de vida de su propia comunidad.

Muraleja.

La reserva de emprendimientos sociales que aspiran a una mejor ciudad es vasta y cada vez más entusiasta con iniciativas como el Festival de Espiritualidad en el Cine Venezolano (Fescive), los Arborizadores Voluntarios Urbanos de Guayana (AVUG), Ecocívico, Muraleja, FundArte, los Cachamay y Llovizna runners, entre muchos otros apasionados culturales, deportivos y ambientales.

Su apuesta es por una ciudad próspera, que respete el valor de su gente, que atraiga inversiones y cambios positivos y que, finalmente, sepulte la improvisación.