El rostro de la pobreza

Los embates de la Emergencia Humanitaria Compleja que se acentuó en el país mientras las riendas del Estado están en manos de Nicolás Maduro, cada vez se perciben con más fuerza.

La pobreza se instaló en hogares donde expulsarla luce como utopía.

Lo refleja la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), desarrollada por la Universidad Católica Andrés Bello, convertida en faro estadístico de Venezuela ante la ausencia de cifras oficiales sobre la realidad socioeconómica de la nación.

Los resultados de la edición 2019-2020 son dramáticos: 96,3% de los hogares viven en pobreza de ingresos y la tendencia de deterioro de la alimentación continúa, con solo 3% de ellos escapando de la inseguridad alimentaria.

Una crisis que borra nociones de clases sociales y avanza aceleradamente, con pobreza multidimensional creciendo de 51% en 2018 a 64,8% en 2019.

No son números fríos, sino la realidad recogida en las visitas a más 10.000 hogares venezolanos donde se tomaron más de 30.000 testimonios recopilados por centenares de encuestadores distribuidos a lo largo y ancho de la nación. Investigadores que observaron las postales de un país donde 79,3% de la gente no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos, al menos uno de cada cuatro hogares presenta la Inseguridad Alimentaria severa y unos 639.000 niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica.

Datos que generan alarma, pero que asumen otra dimensión cuando pasan a convertirse en un testimonio, como los que relatan quienes durante meses miraron de cerca el rostro de la pobreza, y escucharon a madres decirles, con voz quebrada o en llanto, que no tenían qué darle de comer a sus hijos. Voces como las contenidas también en este reportaje, las de involuntarios protagonistas del desastre nacional.

Con cada puerta que se abrió en el trabajo de campo que devino en la Encovi 2019-2020, incluyendo en lugares recónditos y rurales, se obtenía una nueva historia. Con suerte, la siguiente entrevista sería menos triste que la anterior.

En Carabobo abundan hogares abarrotados de niños que no van a la escuela (Cortesía Marian Serrano).

Cara a cara

«La pobreza te mira a los ojos«, dice Nelson Martínez, profesor de química de 45 años de edad, refiriéndose a su primer encuentro con la precariedad. Antes de ser encuestador para la Encovi 2019-2020 solo la había visto en fotografías de países declarados en crisis humanitaria. Ignoraba que la hallaría tantas veces repetida frente a sí mismo, y en la tierra que lo vio nacer, Yaracuy.

En muchas comunidades a las que llegó como encuestador vio elementos unificadores, transversales, comenzando por las decenas de niños que corrían sobre la tierra, pues no había asfalto, y en ropa interior. Allí solo bastaba que una persona adulta viera llegar a quienes se acercaban cargados de preguntas para que se regara la voz y fuesen invitados con insistencia a ingresar a hogares: la gente pensaba que la visita les aseguraría una bolsa de comida o un beneficio económico.

Así pasó en Los Cañizos, municipio Veroes del estado Yaracuy. «No parecía que ese lugar quedara en Venezuela. Allí vimos niños barrigones, cabezones, casas prácticamente abandonadas o infraestructuras donde no cabía más gente», cuenta.

Allí entrevistó a una mujer de 56 años de edad que vivía junto a tres hijos y 12 nietos en una antigua casa otorgada por gobiernos de la llamada «IV República». Otros dos hijos emigraron y a duras penas enviaban dinero, según escuchó. La mujer le dijo que los menores de edad asisten a la escuela solo cuando es seguro que les darán comida. De lo contrario, «no tiene sentido».

En los hogares que se visitaban se debía medir y pesar, con previa autorización de los padres, a los niños menores de cinco años. En los datos se reflejaba el impacto del hambre. «¿Cuánta carne compró?, ¿cada cuánto tiempo consume proteínas?, ¿qué tipo de comidas consume a la semana?, ¿considera que come bien?», eran algunas de las interrogantes que hacía Martínez en el apartado de seguridad alimentaria de la entrevista.

Hubo gente, a finales de 2019, que le admitió haber estado por más de 90 días sin comer carne. En febrero otras dijeron que no habían probado el primer pedazo de proteína en lo que iba de año 2020.

Encuestadores en Carabobo encontraron lugares que les recordaban a imágenes de África o Haití (Cortesía Marian Serrano).

Nelson Martínez relata que el choque con la realidad fue progresivo. Mientras se encontraban con historias cada vez más fuertes crecían las ganas de querer ayudar y, con ellas, la impotencia por no poder hacer mucho.

El profesor universitario agrega que hubo lugares donde parecía que la gente moría de mengua. Cuenta que visitó la casa de un hombre de unos 70 años que padecía de un cáncer ya avanzado. Vivía solo. Lo primero que le preguntó fue que si tras su visita se podría hacer la quimioterapia. La interrogante lo dejó atónito.

También pudo ser testigo de las condiciones en que se vive en zonas de Yaracuy. Había hogares donde se comía y dormía en el piso porque no había ni mesa ni cama. En otros, en lugar de baños había pozos sépticos, o alguna letrina. Más allá se mantienen los pisos de tierra, las paredes de bahareque, la falta de gas, las cocinas a leña, la luz intermitente y el agua de servicio deficiente.

Eran esas las «catacumbas del pueblo», las que se plantearon visitar desde agosto de 2019 cuando el equipo regional comenzó a recopilar los datos necesarios para determinar el rango de acción y levantar una suerte de censo en hogares que posteriormente visitarían para hacer las entrevistas completas.

Una primera etapa que cumpliría el requisito de conocer la zona y ubicar con nombre y apellido a los jefes de hogar, además de determinar la cantidad de habitantes de cada uno.

Fue su primera vez como encuestador de la Encovi, y Nelson pagó la «novatada». Tuvo que aprender cómo manejarse con el poder que han adquirido los consejos comunales, convertidos también en censores y vigilantes de sus propios vecinos.

En Chivacoa, por ejemplo, los líderes comunitarios intentaron expulsar a los enviados de la UCAB, y cuando los vecinos los protegieron desde el consejo comunal hubo amenazas de llamar a la policía o convocar a la alcaldesa Carmen Suárez, del oficialista partido PSUV.

Casas prácticamente abandonadas o infraestructuras donde no cabía más gente eran parte del panorama en Yaracuy (Cortesía Nelson Martínez)

A punta de pistola

En el estado Sucre, los encuestadores de la Encovi no solo debían rendir cuentas a los integrantes de consejos comunales. Grupos delictivos también pedían explicaciones. Exigían que se les aclarara si trabajaban para las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y que les dijeran si eran afectos al régimen de Nicolás Maduro o a la oposición venezolana.

La inseguridad está desbordada en esa entidad, dice Carlos Urrieta, abogado de 38 años. Este año, trabajando para Encovi, atestiguó cómo la delincuencia volvió minúscula la figura de los cuerpos policiales, al menos en territorios al oriente de Venezuela.

Se encontró con comandos policiales desabastecidos en los que funcionarios les sugerían no ir a ciertas zonas porque iban a estar desprotegidos, sitios donde la policía no entra y, de hecho, admite que bandas delictivas tienen el control y mejores arsenales.

En Yaracuy hubo personas que admitían haber estado más de 90 días sin comer carne (Cortesía Nelson Martínez).

En Yaguaraparo, Güiria e Irapa el trabajo inicialmente planteado no pudo completarse debido a la inseguridad. En San Juan de Unare, dos sujetos armados amenazaron a uno de los encuestadores apenas entró al hogar previsto para la entrevista y le ordenaron abandonar el pueblo. En Carúpano, al terminar una visita, un grupo de hombres amedrentó a Urrieta, entre ellos el padre del niño de cinco años de edad al que habían pesado y tomado las medidas.

Pero ninguna imagen se tatúa tanto en la mirada como la de la pobreza. «Aunque no soy especialista, puedo decir que nos encontramos con desnutrición, hubo niños con resequedad en la piel, labios agrietados y la piel pegada a los huesos«, rememora Carlos Urrieta.

Mientras Carlos Urrieta y Nelsón Martínez tocaban puertas en Sucre y Yaracuy, Nejhellyt Gil se adentraba en los suburbios de Caracas, donde la noción de una capital, de una metrópolis, se desvanecía.

La mujer de 39 años, docente de educación inicial, tiene 11 años trabajando como encuestadora. Esta vez visitó unos 300 hogares en zonas como 23 de Enero, La Vega, El Paraíso, Los Frailes de Catia, Los Flores de Catia, El Valle, San Martín y El Junquito. Allí constató que los reclamos más comunes fueron por la ineficiencia de los servicios públicos, principalmente agua y gas, y donde las condiciones de vida parecían ajenas. Evidenció hogares donde se cocina con fogones a leña.

En Sucre los consejos comunales y hasta grupos delictivos pedían explicaciones sobre las visitas de encuestadores (Cortesía Carlos Urrieta).

La pobreza vive a sus anchas en Caracas. Gil lo ilustra de la siguiente manera: hay zonas que parecen ser rurales pero están dentro de una urbe.

«Fuimos a lugares donde a duras penas se podía llegar a pie, donde había casas con muros caídos, hechas de zinc y tablas. Llegamos a comunidades de puro monte y estructuras levantadas sobre la tierra sin acceso a agua porque en muchos casos las tuberías tenían años dañadas», relata.

Entretanto, Marian Serrano recorría Puerto Cabello, Guacara, Valencia, Naguanagua, Libertad, Mariara y Morón, del estado Carabobo. Allí encontró lugares que le recordaban a imágenes de África o Haití. «Encontré a abuelitos con dos días sin comer, a niños que parecían estar en desnutrición aguda. ¿A qué padre no se le arruga el corazón cuando un niño de la calle le pide las sobras de lo que comía?«.

También vio hogares de ocho personas que viven en espacios de entre ocho y diez metros cuadrados, sin colchones donde dormir ni dinero para costear una dieta decente, con servicio eléctrico deficiente, y meses sin gas ni agua corriente. Hogares abarrotados donde los niños no asisten a la escuela y personas con enfermedades crónicas pasan ronchas para encontrar medicinas que, quizá, no logren pagar.

«En urbanizaciones de clase media en las que años atrás se veían casas pintadas y carritos de año estaban desmejoradas, también por la crisis. Los habitantes eran adultos y adultos mayores que en su momento la profesión que tenían les dio buena vida, que hoy quedó para el recuerdo», agrega.

En Táchira muchos sitios eran invasiones o urbanismos no consolidados donde la gente se organizaba para sobrevivir (Cortesía Ana Rondón).

«Vi la crisis empeorar»

Onelsys Suarez, de 55 años de edad, es docente y trabaja en la Encovi desde su inauguración en 2014. Ha visto cómo la pobreza se multiplica y, peor, se profundiza. A partir de 2016 lo notó con más certeza, al volver a entrevistar a quien ya había contactado para ediciones anteriores.

«Conocí gente que cada vez que la visité era más pobre. La gente se quedaba anclada o era que el país no les daba oportunidades», matiza.

Esta última vez, fue peor. Conoció familias que apenas podían comer cambur en su menú diario, o alguna legumbre cosechada en conucos. De proteína, nada.

Lo mismo veían sus colegas en otras partes del país. Escenas repetidas, como calcadas, aunque en aquel momento ellos no lo supieran.

Ana Rondón, criminólogo e investigadora del Observatorio Social del estado Táchira, registró un patrón que evidenciaba la pobreza: las zonas más vulnerables no cuentan con servicios básicos, abundan las casas improvisadas levantadas con madera, lata, plástico o zinc, y las cloacas no existen.

Su rango de acción fue Táchira, Apure y Barinas, donde 95% de las zonas a las que fue eran vulnerables. La mayoría eran invasiones o urbanismos no consolidados, donde los habitantes se organizan para cubrir sus necesidades principalmente por sus propios medios, aunque dependen de las cajas CLAP para comer; alimentos que cocinan a leña.

En Barinas los afectos ideológicos o políticos prevenían a algunas personas de contestar las preguntas (Cortesía Ana Rondón).

«Ví personas que se adaptaron a estar desempleados y depender de la caja CLAP. A estar sucios y que los niños están desnutridos. Son personas que no las ves preocupadas, son como muy conformes y siempre esperan que algo les llegue. Yo lo que pude ver es que ya es un estilo de vida. Básicamente son familias que vivían en las mismas condiciones antes», añade. También detectó ausencia de esperanzas de cambio.

La criminólogo resalta que recibieron mejor trato en las zonas más vulnerables. Quienes vivían en las invasiones se esforzaban por atender a los encuestadores, quizá sí esperando alguna ayuda a cambio pero incluso luego de escuchar que ese no era el objetivo. En cambio, en urbanizaciones o segmentos de otros estratos sociales, las personas se negaban incluso a dar los datos. Esto también fue reportado por los encuestadores de otros estados. Es una sociedad que sospecha, que desconfía.

Y si de política se trata, los contrastes saltaban. «En Barinas hubo situaciones particulares, porque en las comunidades de ese estado suelen ser afectas al gobierno de forma radical, intuyen que tienen precariedad y saben que los resultados de la encuesta no favorecen al gobierno entonces no quieren participar. Los líderes comunales son reacios a que se otorguen estos datos«. Pero hay realidades que son imposibles de ocultar.

LA POBREZA EN VENEZUELA SE CEBA EN LAS MUJERES

Los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2019-2020 muestran que 96% de la población venezolana es pobre, una realidad que afecta más a las mujeres. La clase media desapareció y 54% de los encuestados se ubica en pobreza reciente.

“Me fui para la calle con mis hermanitos cuando tenía 11 años, para pedir comida en las casas vecinas”, resume Yolimar López el momento en que tuvo que salir a las calles por primera vez. En 2012 ya las carencias de su hogar eran mayúsculas, y su madre y siete hermanos necesitaban subsistir. Vivía en Cocorote, un sector rural del estado Miranda donde habitan, al menos, 200 familias. Allí las casas son de bloques, materiales de desechos, bahareque o todo eso combinado, y en ninguna hay servicios básicos confiables. En algunas no los hay de ningún tipo.

“Vivíamos en un rancho hecho con latas de zinc y comíamos de lo que teníamos sembrado (maíz, caraota, ñame, ocumo, cambures). En el 2012 ya no se pudo seguir sembrando, porque no teníamos plata. Mi mamá empezó a trabajar sembrando champiñones, pero el pago era muy poco”. Había que pedir a otros. Y así ocurrió durante tres años.

En pleno siglo XXI y a pocos kilómetros de la capital, aún hay paredes de bahareque.

Yolimar ahora tiene 20 años, un esposo y una bebé de 18 meses. No pudo terminar sus estudios en un núcleo de la Misión Ribas. Sin profesores que la alentaran, porque sencillamente no los había, y un transporte deficiente que le hacía cuesta arriba llegar a clases, la joven abandonó. Tardaba entre dos y tres horas en cada recorrido. “Era demasiado difícil”, lamenta.

Dos años más tarde, para 2014, Yolimar tuvo que abandonar también su casa debido al hambre. Al revisar la llamada “línea de la pobreza” del país, a partir de ese año se observa una curva que solo hace más que subir. De un 33,1% de pobreza total que se registraba en el país ese año, escaló hasta un 96,2% en 2019.

Estos números plasman una realidad demoledora: la clase media desapareció, hay un grupo bien pequeño de personas ricas y el resto sobrevive al día, la semana o al mes, dependiendo de los ingresos y las ayudas que perciba.

En estos cinco años el Producto Interno Bruto del país cayó 70%, la inflación se acumuló en más de tres mil por cierto hasta marzo de 2020, mientras los venezolanos vieron pulverizados sus ingresos a menos de un dólar promedio en este periodo. Ni hablar de los alimentos, solo 20,7% de los ciudadanos tiene cómo cubrir la canasta básica, según datos de la Encuesta Nacional de Vida (Encovi).

“Mi abuela también era muy pobre y no podía mantenerme”, comenta Yolimar. Ese 2014, consiguió trabajo en una granja productora de huevos de gallina, en la que trabajó hasta 2017 cuando se terminó de desplomar la economía del país con la hiperinflación. Entonces decidió irse de la casa materna, para “ser una carga menos”.

Ser pobre es…

Para el periodo 2019 hasta marzo 2020, la Encovi detalló que una de las razones del aumento de la pobreza general es el deterioro progresivo de los ingresos, además del empeoramiento del empleo.

Al mirar detalladamente estos datos, mujeres como Yolimar llevan la peor parte. Tanto en el quintil más pobre como en el más rico, los jefes de hogar son mayormente mujeres, con un nivel de escolaridad medio o superior bajo y una tasa de actividad que no supera el 60% para el estrato más alto.

Mientras que 71% de los hombres participa en la actividad económica del país, tan solo 43% de mujeres lo hacen; es decir, cuatro de cada 10 tiene un tipo de participación en el desarrollo económico. La misma Encovi señala que en todos los rangos de edades “son amplias las brechas de género”.

Al discriminar la tasa de ocupación femenina por quintiles, la Encovi reporta que las mujeres de estratos más bajos están prácticamente desempleadas en el país, pues solo el 29,1% puede decir que tiene trabajo u oficio estable y percibe un sueldo adecuado. En el quintil de estratos más altos la situación es distinta, pues 58,2% de las encuestadas manifestó tener un empleo.

Yolimar López, durante dos días a la semana, ayuda a vender tequeños en un puesto de comida en el Mercado Principal de Coche, un trabajo que le deja unos ocho dólares semanales para comprar “dos kilos de arroz, un pedacito de pollo y un pedacito de queso para medio comer”. De resto, se bandea con lo poco que pueda sembrar en el terreno donde vive, en el sector La Cortada del Guayabo.

Su casa, de barro y bahareque, no tiene tuberías y el agua tiene que cargarla desde la naciente de un manantial cercano; cocina a leña en un fogón, mientras que la electricidad llega a través de tomas improvisadas con cables de teléfono. Ni siquiera cuenta con un lavadero o sanitarios.

“Para mí, ser pobre es cocinar todos los días en fogón, no tener televisor, comer arroz puro todos los días, no poder darle ni un tetero a mi niña, que el agua no llegue a la casa como debe ser”.

Una pareja joven en edad productiva, condenada a sobrevivir.

Héctor Rojas, pareja de Yolimar, también se reconoce pobre. No lo maquilla ni esquiva. “Nosotros hemos pasado hambre. Ayer no tenía nada para darle a la niña y arranqué una mata de yuca y la comimos sola. Muchos días no hemos tenido nada para comer”.

Él está desempleado, y con una herida en la pierna producida por un accidente y que de no ser atendida pronto podría dejarlo discapacitado. Pero los jóvenes, que viven juntos desde hace tres años, no pueden costear el tratamiento o siquiera trasladarse a un hospital.

El sociólogo y profesor de la UCAB Francisco Coello pone la lupa justo en los datos de la Encovi que agrupan a Héctor, Yolimar, y gran parte de los venezolanos. “Más del 70% de ese 96% de la población que está en pobreza, está en pobreza extrema, es decir, que no le da para comer. Entonces estamos hablando de una gravedad enorme”.

Además, resalta que ese gran 96% se “reconfiguró” como sociedad “y pasó al plano más elemental de la existencia, que es sobrevivir. Es gente que piensa cómo va a hacer para llegar al día de mañana, hasta ahí les llegó el futuro.

Estamos hablando de familias que no pueden pensar que sus hijos obtengan un buen trabajo, que sus hijos puedan estudiar, de mejorar socioeconómicamente. Estamos hablando de gente que piensa ¿cómo mañana voy a comer?, y no mucho, sino como mañana voy a medio comer. Ese es el nuevo horizonte de vida para gran parte de la población”.

Una palabra, dos variantes

El sociólogo y exdirector del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB Luis Pedro España detalla que en Venezuela existen dos tipos de pobreza: la de ingreso y la crónica. La primera ocurre ante la imposibilidad de cubrir la canasta básica normativa.

«Usualmente afecta a profesionales con cierto nivel de estudios, que viven en viviendas formales y tienen ciertos activos, pero su ingreso no cubre sus necesidades. Este grupo de personas pertenece a una nueva pobreza, que data de hace seis años, aproximadamente», explica el experto.

Según los datos más recientes de la Encovi, 96% de los venezolanos tiene pobreza de ingresos, una realidad que vive Evelyn Fernández, una enfermera de 46 años que vive en La Dolorita, uno de los barrios que forman la populosa parroquia Petare.

Con tres hijos, un marido que trabaja por contratos y un sueldo que apenas alcanza el equivalente a tres dólares cada quincena, Evelyn no tiene reparos en ubicarse a sí misma dentro de esa pobreza de ingresos, y además reciente. “Desde hace unos cuatro o cinco años la situación se ha agudizado para mí, sobre todo con los gastos del hospital y las medicinas (su hija padece talasemia mayor), el transporte, la comida. Todo se va en comida, y cada vez es menos lo que se puede comprar”.

En La Cortada del Guayabo «resolver el día» es el modus vivendi.

Conseguir bocado y poco más, inscribe a Evelyn en la pobreza de consumo, que afecta al 68% de la población según Encovi.

“Yo antes le podía poner carne en la mesa a mis hijos seis días a la semana, un solo día les hacía granos. Ahora hago el esfuerzo para que sea balanceado, que ellos coman bien. Yo prefiero que ellos coman, y a veces me quedo yo sin poder hacerlo”.

La gente está sobreviviendo, precariamente, afirma el sociólogo Coello, ante la degradación y primitivización de la sociedad que refleja la destrucción del aparato económico.

“Bajo este escenario las personas han empezado a manifestar problemas de ansiedad, depresión, angustia, gente que no puede dormir. Evidentemente nadie en este momento puede decir en Venezuela que lleva una vida normal”.

Fernández lo siente. Para ella “es rudo”. La enfermera afirma sentirse “en un pozo y no le veo salida por ahora”.

Incluso en Caracas las condiciones de vida son cada vez más semejantes a las rurales por los precarios servicios públicos.

Sin techo digno

En Venezuela la pobreza crónica “se da, principalmente, en personas que no tienen una vivienda digna, o que fueron construidas con materiales de desechos, tienen un nivel de educación inferior a la media y su acceso a los servicios públicos es muy precario o casi nulo. La mayoría, normalmente se dedican al comercio informal muy menudo”, refiere España.

La Encovi ubica la pobreza crónica del país en 46%. Aunque Yakelin Márquez no lo sepa, el dato la retrata. En 2013 era gerente de una tienda ubicada en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Fue el mismo año de la muerte de Hugo Chávez, de la llegada de Nicolás Maduro al poder por un margen mínimo de votos, del comienzo de la caída libre de todos los indicadores económicos.

Los estratos sociales se han ido borrando, con una sociedad que se iguala «hacia abajo».

El descalabro trajo cierre de locales comerciales y nuevos desempleados. Aunque Yakelin aún tenía su trabajo, la inflación que escaló de 20,1% en 2012 a 56,2% al cierre de 2013 hacía que lo que llegaba al bolsillo se diluyera rápidamente. Ese mismo año abandonó su puesto de gerente para trabajar en un colegio privado del este de Caracas.

“Estuve un año allí y renuncié para comenzar un negocio propio con mi esposo«, relata la mujer, ahora de 47 años de edad. Se trataba de un kiosko que la pareja alquiló para vender desayunos frente al Hospital Oncológico Luis Razetti, en Cotiza, pero quebró debido a las malas ventas. Decidieron rentar otro puesto en el barrio El Guarataro, donde servían comida rápida y cervezas, pero en ocho meses “los robos y hurtos nos llevaron a la quiebra”.

En 2015, Yakelin perdió más que su esposo. El hombre decidió abandonar el hogar, y no lo hizo solo. Cargó con electrodomésticos y enseres comunes. Ella se quedó con dos hijos, siete meses de un nuevo embarazo, un divorcio en puertas y cero ingresos. Imposibilitada de cubrir el alquiler, se fue a vivir a casa de su hermana.

Pero su hijo mayor, que aún era un niño, no pudo quedarse en la misma casa que su madre y “vivió cuatro meses debajo de un puente en Caño Amarillo, en una suerte de refugio a la intemperie, donde la mayoría de los que están ahí son indigentes y mala conducta”.

A diario, con o sin pandemia, muchos venezolanos toman las calles para abrirse camino ante la precariedad.

Luego del embarazo, Yakelin retomó la actividad laboral como cocinera, limpiadora doméstica, cuidadora de niños. Desde 2017 es vendedora informal y puede mantener a todos sus hijos bajo un mismo techo, ahora en el Kilómetro 4 de la carretera hacia El Junquito, en un anexo que consiguió “a cambio de la cocina, la nevera y la lavadora que se salvaron del divorcio-saqueo”.

Sin agua corriente, electricidad, gas directo y otros servicios, su casa cumple con los parámetros que describe la Encovi para las viviendas en pobreza. Yakelin completa el retrato:

“No tenía nada, ni con qué cocinar. Solo mi casa. Así que comencé por ahí, buscando lo que sea que pudiera vender. Ropa usada, zapatos, herramientas, remedios, libros o lo que no necesitara le ponía precio y lo vendía y así llegué hasta aquí”.

Ese aquí es el Mercado de Quinta Crespo, donde Yakelin extiende una sábana o cartón, se sienta frente a algún negocio que permanece cerrado por la pandemia en 2020 y espera concretar alguna compra que le permita llevar un kilo de harina de maíz o de arroz a su casa.

“A veces cuando no tengo nada mi vecina me da algo para que lo venda y ganamos las dos. Los días que no se vende ni se cambia nada, rescatamos las bolsas con desperdicios que sacan del mercado y allí siempre se consigue algo”.

EL HAMBRE TAMBIÉN SE SIENTA A LA MESA

Cada día desde que se despierta, Rodolfo Marchán, trabajador público de 34 años de edad, piensa en qué les dará en el desayuno, almuerzo y cena a su esposa y a sus dos hijos, un adolescente de 13 y una niña de ocho. Las tres comidas diarias dependen de si le va bien en el mercado municipal de San Félix, en Ciudad Guayana, al sureste de Venezuela, donde trabaja a veces como caletero y otras veces vendiendo mangos, que tumba de la mata de su casa, o pan, que prepara con ingredientes que le regalan sus amistades.

«A veces no consigo dinero y tengo que darles a mis hijos dos comidas», dice. «Desde 2018, cuando me sacaron de la empresa, me limitaron mi sueldo y nos eliminaron de un plumazo el beneficio del comisariato, me he visto limitado. No tengo los recursos para que mis hijos puedan comer tres veces al día».

Marchán trabajaba en el área de operaciones ferroviarias de Ferrominera Orinoco hasta que la directiva de la estatal le desactivó en 2018 a él y a otros trabajadores sus fichas para poder entrar a las instalaciones, debido a que la capacidad ociosa de la empresa supera el 80%.

En su cuenta bancaria le sigue cayendo mensualmente un salario de 300.000 bolívares, menos de un dólar, con el que, hasta mediados de agosto, solo podía comprar un paquete de harina de maíz, que en mercados populares del estado Bolívar costaba 285.000 bolívares en ese entonces.

«Sobrevivo gracias a la misericordia de Dios», expresa varias veces Marchán, «por lo menos siempre hay una mano amiga, un familiar, un hermano, que de lo poquito que tiene nos colabora para que nosotros podamos comer. También sobrevivimos gracias a los trabajitos que hago por mi cuenta en mi localidad, en San Félix. Tengo que rebuscarme para poder llevar aunque sea un plato de comida a mi familia. Gracias a Dios no he llegado a pedir en la calle«.

La caja CLAP se ha convertido en salvavidas y a veces única fuente de bocado (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

De su cocina desapareció casi todo. El 22 de agosto de 2020 solo tenía dos sardinas, un plátano, dos kilos de yuca y un arroz. Si come carne y pollo una vez a la semana es mucho, y para comprar un solo cartón de huevos tiene que trabajar 15 días.

Le cuesta decirlo, pero lo reconoce:

«El chavismo me convirtió en un trabajador económicamente pobre. Este gobierno acabó con todo, hizo a la clase trabajadora más pobre. Ni podemos tomarnos un plato de sopa. Todos, chavistas y no chavistas, pasamos las de Caín por las políticas antiobreras que acabaron con nuestra calidad de vida. Nicolás Maduro es una persona antiobrera, supuestamente él fue dirigente sindical pero yo no sé de dónde».

Marchán es uno de los millones de venezolanos que han visto al hambre instalarse en sus hogares y sentarse a la mesa. El huésped no deseado. Esto como consecuencia de un modelo económico de controles y ataques a la propiedad privada llamado socialismo del siglo XXI, que provocó que la economía venezolana se haya desplomado 90% entre el segundo trimestre de 2013, cuando Nicolás Maduro recién llegaba al poder, y el mismo período de 2020, según la Asamblea Nacional (AN).

La dieta del venezolano se ha reducido hasta llenar estómagos pero no alimentar el cuerpo.

Esta abrupta caída del PIB generó que 96% de los hogares estén en situación de pobreza y 79% en pobreza extrema, tal como lo revelan los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), números que retratan a un país que se ha alejado considerablemente de sus pares suramericanos, acercándose a la situación de países de África.

En Venezuela solo 3% de los hogares no tienen ningún tipo de inseguridad alimentaria.

Según el estudio, elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, 79,3% de los venezolanos no tienen cómo satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación.

El salario mínimo de Venezuela, el más bajo del mundo, representó en julio de 2020 apenas 0,54% de la canasta alimentaria familiar, que llegó a 73,97 millones de bolívares. Siete años atrás, en mayo de 2013, alcanzaba para cubrir 41,2% de su costo, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Los 1,6 millones de bolívares que Pdvsa le pagó en la segunda quincena de agosto a Luis Fuenmayor, trabajador con 54 años de edad y 35 de servicio, se le fueron en un kilo de pasta, una harina, medio kilo de queso, una teta de azúcar y otra de café, dos tomates y una cebolla. Nada de proteínas.

«Hemos tenido que vender la licuadora, la tostadora, la freidora, una cocina eléctrica, un aire acondicionado y televisores para poder comer. Solo nos queda un televisor pequeño. Hay días que no se desayuna, tiene que ser que se haya recopilado algo o vendido algo para que los adultos tengamos algo que desayunar. La prioridad son mis dos nietos».

En su casa, en el municipio San Francisco, estado Zulia, viven él, su esposa de 58 años, su hija mayor de 32 años, un hijo de 17 y sus dos nietos, uno de cinco y otro de nueve años.

«Antes éramos clase media alta, ahora clase muy baja, se puede decir pobre, cerca del desasosiego, de la depresión, porque a veces mi esposa, que es hipertensa y operada de los riñones, y yo, que soy hipertenso, diabético y también sufro de los riñones, no tenemos para comprar los medicamentos».

Encovi estima que 30% de los niños se encuentran en desnutrición crónica (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

Entre los años 1988 y 1998 ganaba, incluyendo el sobretiempo, 1.500 dólares mensuales. Tenía dos casas y dos vehículos. También había podido comprar una pequeña granja que luego fue tomada por militares durante el gobierno de Hugo Chávez en 2004. En 2020 y con más de tres décadas de servicio en la industria petrolera, gana seis dólares mensuales, un salario pobre de acuerdo con estándares internacionales.

«Mi esposa y yo comemos una vez al día, bien sea pasta con requesón y mantequilla, o los frijoles que vienen del Mercal. Nos ha tocado almorzar arroz solo, y tiene que haber platica para comer un arrocito con huevo. En mi casa se come una vez al mes carne molida, una vez al mes un pollo, y una vez al mes dos o tres kilos de pescado, si es que conseguimos un poquito de efectivo para comprarles a los pescadores en la orilla de la playa a las tres de la mañana».

Fuenmayor asegura que no es el único trabajador petrolero que vive una precaria situación. «Pero hay otros que tienen la suerte de que tienen a los hijos afuera, que les envían que si 20 o 50 dolaritos al mes. Yo corrí con suerte este mes porque un amigo que se fue para Estados Unidos me vio en los videos de una protesta y me dio 50 dolaritos en bolívares. Gracias a eso los bebés desayunaron, almorzaron y cenaron bien una semana; mientras que nosotros seguimos haciendo una sola comida al día para mantener la rutina y no engañarnos el estómago«.

«Como lo más fácil de conseguir es pasta, o arroz, le hacemos a los bebés arroz dulce cuando no hay para comprar un poco de leche de vaca o de cabra, porque la leche en polvo es inalcanzable para prepararles un teterito«, agrega Fuenmayor.

Los resultados de la Encovi 2019-2020 sobre la situación nutricional de los menores de cinco años, de acuerdo con el indicador peso-edad, revela que alrededor de 21% se encuentra en riesgo de desnutrición y 8% está desnutrido, un nivel que se distancia considerablemente del registro en Colombia (3,4%), Perú (3,2%) o Chile (0,5%).

Igualmente, según el indicador talla-edad se ha estimado en 30% quienes se encuentran en desnutrición crónica, que son aproximadamente 639.000 niños.

Marianella Herrera Cuenca, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) y directora de la Fundación Bengoa, señala que la Encovi muestra un país muy vulnerable, con unas brechas enormes que deben ser trabajadas con consciencia y visión, tanto de la urgencia como del largo plazo. «Lo que se haga por superar las brechas sin pensar en el futuro no será sostenible en el tiempo«.

Cuando al plato le falta

Uno de los pocos productos que Nora Parra, cocinera en el preescolar Simoncito de Fuerte Tiuna, aún puede comprar es medio kilo de queso duro para rellenar las arepas de ella, de su esposo y de sus dos hijos durante toda una semana. Ella se lleva al mercado cada dólar que ahorra de lo que le pagan por remendar pantalones a vecinos en Los Jardines del Valle, en Caracas, y los 270.000 bolívares de quincena que le abonan en el preescolar.

«En Venezuela no se vive, se sobrevive«, expresa Parra mientras veía los pocos cultivos de lechuga, pepino, batata y cebollín que sembró con otras cocineras en los jardines del preescolar, ubicado en la Misión Vivienda dentro del complejo militar Fuerte Tiuna.

«Sigo viniendo para distraerme un poco, aunque esté cerrado. Si me quedo en casa me vuelvo loca. Nos la hemos visto rudo. Vivo con tres hombres y no puedo mandarlos a la calle a trabajar por el coronavirus. Yo le digo a mi hijo que comeremos arepas mientras podamos, porque cuando no se pueda comprar harina no sé qué vamos a desayunar».

Parra ya ni recuerda cuándo fue la última vez que su familia comió carne y pollo, pero sí está segura de que fue mucho antes de la pandemia. En el espacio del plato donde antes ponía la proteína animal, ahora Parra sirve frijoles chinos y lentejas. A ella le pagan en el Simoncito un salario de 540.000 bolívares. En los mercados municipales de Caracas, la carne superaba, a mediados de agosto, el millón de bolívares y el kilo de pollo los 600.000 bolívares.

«Los precios en la calle son una locura. Nosotros prácticamente dependemos de lo que nos llega en la caja CLAP. El arroz nos lo comemos con unos granos, y a veces pongo a sofreír tomates y cebollas y pico un poquito de mortadela para hacer una salsa para el arroz».

En Venezuela, las familias de bajos recursos económicos tienen una alimentación basada en carbohidratos. Los bajos ingresos y los altos precios de la carne, el pollo y los huevos, que juntos salían aproximadamente en 2,61 millones de bolívares a mediados de agosto, ha hecho que el consumo nacional promedio de proteínas sea solo 34,3% del requerido, de acuerdo con la Encovi.

«Al plato de mi casa le falta«, asegura Franklin, de 33 años de edad, quien vive en Charallave, estado Miranda. «Dos o tres veces a la semana sí están completos, pero hay días en los que le falta. Hay días que comemos solo granos para que rinda la carne. Tampoco podemos comer ensalada siempre porque los vegetales también son costosos. Así que un día se hace carne, al siguiente solo vegetales, al otro pollo, al próximo arroz con granos y una ensalada, variado para que el mercado pueda rendir 15 días«.

Una generación crece sin poder comer completo para garantizar su desarrollo (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

Según un estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos entre julio y septiembre de 2019, que reveló que 9,3 millones de venezolanos sufren inseguridad alimentaria moderada o grave, 60% de la población ha tenido que recortar las porciones que comen. El consumo de carne, pescado, huevo, vegetales y frutas está por debajo de los tres días a la semana.

«Hemos estado bastante complicados. Me preocupo más que todo por el salado (proteínas), porque no tengo el ingreso que tenía antes de la pandemia y cada día aumenta más», dice Franklin. Albañil por cuenta propia, tiene otros dos trabajos: de lunes a viernes en la mañana hace mantenimiento general de un edificio de la Misión Vivienda en Fuerte Tiuna, y es mototaxista en la tarde y los fines de semana en una línea en Charallave, donde vive con su esposa, un hijo de cinco años y un bebé que nació en febrero de 2020.

«Hay trabajos que me pagan con comida», señala Franklin. El estudio realizado por el programa de las Naciones Unidas indica que 33% de los venezolanos ha aceptado trabajar a cambio de alimentos. «Y por ser trabajador del Fuerte Tiuna, cada vez que llega la caja CLAP me dan una. Pero en la comunidad donde vivo llega cada cierto tiempo. No una vez al mes, es una vez cada dos meses. Eso allá es bastante difícil. Y llega cada vez con menos productos. Ya no trae leche, azúcar, salsas (mayonesa, tomate), atún ni lentejas. Tengo muchísimos vecinos que dependen del CLAP mucho más que yo y se han visto súper, súper, súper mal«.

Según la Encovi, las cajas CLAP, que junto con los bonos son lo único que conforman el plan de ayuda del gobierno para las familias, contienen básicamente arroz, granos y pasta. Aproximadamente 5% de los pobres extremos no reciben este subsidio de alimentos y 15% la recibe cada dos meses.

De acuerdo con la ONG Ciudadanía en Acción, en julio de 2020 la caja CLAP pesó 7,8 kilos, una reducción de 11,2 kilos en comparación con los 19 kilos de 2016 -cuando nació el programa de subsidio de alimentos de Maduro-; y llegó a 41% de los 6,15 millones de hogares registrados en el sistema. En promedio, ha tardado un promedio de 41 días en llegar.

«Estamos ante la pésima noticia para las familias venezolanas de que el único suministro que estaba llegando en condiciones de emergencia para las poblaciones en vulnerabilidad está desapareciendo, lo que conlleva a un incremento de la vulnerabilidad alimentaria, de la desnutrición aguda y aumento o sostenimiento de la desnutrición crónica«, dice el especialista en desarrollo y seguridad alimentaria Edison Arciniega, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción.

El consumo nacional promedio de proteínas es solo 34,3% del requerido, según Encovi (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

Un Estado incapaz

Para el Estado venezolano es cada vez más difícil importar alimentos debido a la caída de sus ingresos por el desplome de la producción petrolera, que provee 86 de cada 100 dólares que ingresan al país, además de la caída del precio del barril, los problemas para comercializarlo por las sanciones de Estados Unidos, los descuentos que ha ofrecido Pdvsa y ahora los efectos del coronavirus.

El sector productivo nacional no tiene capacidad para responder ante una merma en la importación de alimentos. La producción nacional de absolutamente todos los rubros vive el peor momento en la historia de Venezuela.

Entre 2002 y 2019 la producción nacional de carne de res se desplomó de 565.000 a 169.000 toneladas métricas, una caída de 70%, de acuerdo con Carlos Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Invelecar).

«La Ley de tierras y la inseguridad personal, jurídica y económica causaron un gran estrago a la economía productiva rural. En 2002 el consumo por habitante al año era muy cercano a los 20 kilos. Ya para el 2019 era de cuatro kilos al año«, señala Albornoz.

Por otro lado, en los últimos 12 años, desde 2008, la producción agrícola ha caído más de 70% como consecuencia de la intervención de la propiedad agraria a través de confiscaciones, ocupaciones y expropiaciones, control de precios, el crecimiento de las importaciones agroalimentarias sin pago de aranceles y a un dólar preferencial que competían de manera desleal con lo cultivado en Venezuela, los limitados recursos de la banca para otorgar créditos, la inseguridad rural, el rezago tecnológico, la obsolescencia de máquinas y equipos y la severa escasez de semillas, fertilizantes, agroquímicos, repuestos, lubricantes, gasolina, cauchos y otros insumos.

La falta de gasolina, que pareciera no tener una solución a corto o mediano plazo, y la pandemia de coronavirus, se suman a los problemas que ya venía enfrentando los productores agropecuarios desde que empezó la caída sostenida en 2008.

Se espera que la poca cosecha de 2020 sea inferior a la de las décadas de los 60 y 70, cuando la población no superaba los 15 millones de habitantes. Rubros extensivos como el maíz, el sorgo y el arroz están desapareciendo.

Los productores proyectan que este año se produzca la mitad de lo que se cosechó en 2019, que apenas cubrió el consumo de 1 de cada 10 venezolanos.

“TODO EL MUNDO VENDE ALGO” PARA SUBSISTIR

“Esta situación nos ha tocado bien ruda. Yo tengo mi máquina para hacer jardinería, pero ahora no me sale tanto trabajo. Le pido a Dios que me ayude para que me salga un trabajo de pintura, de destapar cañerías, cualquier trabajito”, dice Ángel Bello, jardinero de 31 años de edad y quien vive en la parroquia Petare en Caracas, con tres niños de 10, 5 y 3 años, además de una niña en camino puesto que su pareja está embarazada de ocho meses.

Ángel no sabe leer ni escribir y por ello no ha podido encontrar su “quince y último”. Este joven forma parte de esos venezolanos que integran el mercado laboral informal, y los cuales buscan cualquier oficio por horas que le ayude a obtener ingresos.

“Nunca he trabajado en una empresa o tenido un trabajo formal, el trabajo que más hago por mi cuenta es la jardinería y podar árboles. Es difícil porque no sé leer ni escribir y siempre para uno entrar a una compañía tiene que tener mínimo eso”, señala.

Desde hace décadas el trabajo informal ocupa una cuota significativa en el sector laboral en Venezuela. Las políticas económicas de los últimos 20 años han generado una crisis compleja y han llevado a un empobrecimiento de la población que ve cómo se esfuman sus ingresos. Para sobrevivir y “para salir adelante” hay que matar tigres, como se suele decir en el país.

«Matar tigres» gana terreno como principal fuente de ingresos en el país.

“Ahorita estoy necesitado porque va a parir mi mujer”, acota Ángel con preocupación puesto que esos trabajos esporádicos, de tres o cuatro veces por semana, y disminuyendo. “Siempre me salía algún trabajito, como cortar un jardín, podar unas matas o un terreno, pero ahora es raro que me llamen para hacer algún arreglo. Empecé a cobrar en dólares y ahora es raro que salga un trabajito, la situación ha pegado más ahorita que antes. Me pongo a caminar toda la zona donde siempre trabajo y paso días sin hacer nada”.

La tasa de desocupación en el país ha variado. La última encuesta Encovi 2019-2020 revela que el nivel de participación económica de la población en Venezuela es de 56% en todas las edades (15 a 60), el más bajo de América Latina. Y es precisamente en los sectores con menos ingresos (los quintiles 1 y 2) donde hay mayor porcentaje de inactividad con 57% y 52% del total, respectivamente.

“La evolución de la participación en la actividad económica en el último quinquenio muestra leves fluctuaciones a la baja, ubicándose en el mismo nivel alcanzado en el año 2015 (…) siendo Argentina (58%) el que se acerca más y Perú (72%) el más distante”, reporta el estudio.

Del 44% de la población inactiva, la mitad alega que atiende responsabilidades en el hogar. De hecho, 43% de la población económicamente activa son mujeres, mientras que 71% son hombres, lo que muestra la baja participación de las venezolanas en el mercado laboral.

La mayor brecha entre el número de trabajadores masculinos y femeninos se observa en las edades comprendidas entre 55 y 64 años. 

“La contracción del mercado laboral, la emigración preferiblemente masculina y las transferencias a los hogares pueden haber favorecido una menor participación femenina en la fuerza de trabajo y que se refugien en la inactividad (…) En todas las edades son amplias las brechas de género en las tasas de actividad”, indica el informe Encovi.

La mujer de Ángel no trabaja y con 23 años debe prepararse para atender a sus tres hijos y a la nueva integrante de la familia que viene en camino y a quien sus padres esperan pueda ser atendida en el hospital El Llanito, ubicado en el municipio Sucre en Caracas.

“Tengo mis clientes que algunos son buenos de corazón y he hablado con ellos para ver si me pueden dar una ayuda ahora que mi mujer va a parir, y me han dicho que sí, que me pueden colaborar con los pañales, unas toallas, una batica para mi mujer, alguna otra cosa; pero con dinero no, porque ahorita no hay efectivo. Agradecido con que me ayuden para que ella pueda hacerse los exámenes, en estos días pregunté por un ecosonograma y costaba 11 dólares y el perfil 20 unos 6 dólares. Ese dinero no lo tengo”, afirma Ángel.

El dinero en efectivo se ha convertido en una excentricidad, por su poca capacidad de compra (Ronald Peña | Archivo El Pitazo).

El joven jardinero también ha visto con los años cómo se ha deteriorado la economía en el país, y cómo lo ha afectado de manera significativa. Asegura que antes con los ingresos que obtenía podía comprar alimentos, ropa, pagar exámenes y las vacunas de sus dos primeros hijos porque a la pequeña de tres años no ha podido ponérselas.   

La encuesta Encovi señala que 96% de los venezolanos son pobres por ingresos. Es decir, no ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades elementales de alimentación, salud, servicios y recreación, entre otros. 

Según el Banco Mundial, se considera que hay pobreza extrema cuando el sueldo es 1,9 dólares diarios. En Venezuela el sueldo mínimo es de 1,38 dólares al mes, es decir, 0,045 dólares por día, en septiembre 2020. Además, con 32 meses en hiperinflación, el país muestra una inflación acumulada desde marzo de 2013 hasta mayo 2020 de 12.323.312.864%, una cifra difícil de pronunciar y de digerir.

“En aquellos tiempos con lo que ganaba podía comprar comida en Makro, compraba pañales, harina y arroz por bulto. Ahorita qué va. Hace unos días nos llegó la bolsa de CLAP y vino por el suelo, le sacaron el aceite, el azúcar, trajo solo una sola harina, los espaguetis se botaron todos en la bolsa, eso fue como si no nos la quisieran dar. La situación se complicó desde que se murió (Hugo) Chávez y se montó (Nicolás) Maduro, porque ellos no quieren ayudar a los pobres, lo que quieren es matar a los pobres de hambre”, dice Ángel, quien nació en Petare.

Ángel Bello es jardinero pero afronta cualquier oficio para llevar comida a su casa (Ahiana Figueroa).

Para la mayoría de la población, “lo que ganen hoy deben gastarlo hoy”, especialmente si sus ingresos son en bolívares. Están conscientes de eso desde que al país lo invadió un histórico proceso hiperinflacionario que va por su tercer año consecutivo, y por una devaluación del tipo de cambio que no deja de parar.  

“Quien recibe bolívares en Venezuela, sabe que está recibiendo despojos y los toma porque sabe que puede aún cargárselos a alguien. Esto lo saben muy bien quienes cada dos o tres semanas reciben transferencias o bonos que otorga el gobierno como parte de los programas sociales para paliar la crisis”, dice el economista y profesor del Instituto de estudios Superiores de Administración (IESA), Leonardo Vera.

Y Ángel habla de cuánto vale nuestra moneda local. “Los bolívares no sirven para nada y dólares no hay, porque aquí no se hacen dólares. Entonces los que están ahorita en el gobierno si se siguen llevando el poquito de dólares que hay aquí, nos vamos a morir de hambre. En estos días Maduro dijo en una cadena que todos los venezolanos tenemos derecho a tener 200.000 bolívares en el bolsillo (refiriéndose al pago de un bono), en qué alcanzan esos 200.000, ni para un paquete de arroz ni de harina”.  

Por lo pronto, Ángel siente que él y su familia “no han corrido con suerte”, pero se refugia en Dios y mantiene la esperanza de que su situación mejore y pueda seguir haciendo lo que su padre le enseñó para vivir: la jardinería.

“Estamos yendo a una iglesia que se llama Las voces de Dios y nos ha ido mejor, es por eso, porque todas las noches oramos y le pedimos mucho que meta su mano. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza pero yo les digo que no la pierdan”.

Por cuenta propia

Los venezolanos han tenido que bregar por aumentar sus ingresos, por lo que se ha ampliado el número de trabajadores por cuenta propia incluso de personas con profesión y postgrados. 

La encuesta Encovi señala que en el país existe una disminución de los trabajadores asalariados, los cuales pasaron de 62% a 46% del total de ocupación en 2014 y 2019, respectivamente. A su vez, revela un crecimiento de los trabajadores por cuenta propia al pasar de 31% a 45% del total del mercado laboral.

“Soy docente con experiencia, pero desde 2018 me interesé en el área estética, por lo que hice cursos de manicure y pedicure, depilación, entre otros. Inmediatamente me puse a trabajar a domicilio, aunque sigo trabajando como docente”, cuenta Natacha Paredes, profesora de Artes Plásticas con 14 años de servicio en el Ministerio de Educación.

Con 36 años, casada también con un docente y con 19 años de graduada en el Pedagógico de Caracas, señala que a partir del año 2017 vio cómo sus ingresos dejaron de cubrir sus gastos. Achaca a la inflación y a la paralización del contrato colectivo que su sueldo de su trabajo formal hoy se desvanezca por completo y que solo cuente con sus ingresos extras.

“En muchas oportunidades lo que cobro en un día por servicios de peluquería, equivale a lo que me paga el Ministerio en una quincena por mi trabajo en una escuela bolivariana”.  

Irse a trabajar a una institución educativa privada no es garantía de un mejor salario, dice Natacha. “Tengo colegas que renunciaron a la escuela pública y se fueron a la privada, donde le ofrecieron una buena remuneración, incluso con bonos en dólares, pero para algunos esto último resultó ser un engaño, y a otros luego el sueldo no se lo aumentaban mientras subía la inflación”.    

Cuenta algo decepcionada que a pesar de haber cursado una maestría, esto no fue suficiente para lograr una remuneración acorde con sus estudios. De hecho, su esposo quien también cursó estudios de postgrados decidió abandonar la docencia y dedicarse a otros oficios como programador de sistemas y reparación de computadoras.

“Uno hace un estudio superior creyendo que va a obtener un mejor salario y resulta que no es así”.  

La docente Natacha Paredes vive de otra cosa, aunque sigue enseñando ‘por amor al arte’.

Los empleados de la administración pública son los que cuentan con salarios mucho más bajos que el resto de los trabajadores. Froilán Barrios, representante del Movimiento Laborista, señala que los obreros, empleados, profesionales y profesores universitarios, trabajadores de empresas básicas del sector público, “son los más depauperados”, ya que sus remuneraciones oscilan entre 1,3 y 20 dólares mensuales. 

“Si vamos al sector privado de la economía, que registra una cantidad aproximada de tres millones de trabajadores, en este sector se ha mantenido la contratación colectiva, aun cuando conocemos que la tasa de sindicalización es de un tercio de la del sector público”, señala Barrios.

Indica que la remuneración ha sido más dinámica en el sector privado ya que el empleador privado supera el salario mínimo, y en donde también se ha comenzado a cancelar bonos en dólares.

“Se podrá encontrar a un vigilante de un centro comercial devengando la misma cantidad que un profesor titular de una universidad pública”, destaca Barrios.

El deterioro del salario mínimo en Venezuela se observa una vez más cuando se compara con la cifra anterior, en mayo de 2019 –por ejemplo- era de 40.000 bolívares, lo que para ese momento representaba 7,70 dólares. Mientras que en septiembre de 2020 con un salario mínimo de 400.000 bolívares, representa menos de un dólar a la tasa oficial.

La encuesta Encovi resalta que entre los beneficios percibidos por los empleados u obreros, 96% de los trabajadores del sector privado percibe un salario, 55% recibe bono de alimentación, 11% comisiones y propinas, 9% horas extras, 5% bono de transporte, otro 5% bono de rendimiento o productividad, 3% ingreso en petros, 2% bono de antigüedad y 1% prima por hijos.   

Mientras que 97% de la nómina del sector público percibe salarios, 70% recibe bono de alimentación, 36% ingresos en petros, 7% bono por antigüedad, 5% prima por hijos, 4% horas extras, otro 4% bono de transporte, 2% comisiones y propinas y otro 2% bono de rendimiento. 

“Dos, tres o cuatro dólares no generan un ingreso de subsistencia, al final dos salarios mínimos no te permiten acceder a una canasta básica normativa de alimentos y medicinas. Se requieren 100 o 200 dólares al mes para que una familia pueda cubrir sus necesidades”, resalta José Manuel Puente, economista y profesor del IESA. 

El sector manufacturero redujo a la mitad su capacidad de absorber a la fuerza de trabajo solamente en cinco años.

“Uno de los dramas que vive Venezuela es que más del 50% de la población está en el sector informal o trabajadores por cuenta, y eso sumado a los trabajadores que ganan salario mínimo, te acerca a un porcentaje de la población tenga que salir a la calle a buscar mayores ingresos”, señala Puente. 

Para Natacha tener ingresos extras a través de sus servicios de peluquería le ha permitido arreglar su vivienda, pero también para ahorrar. Cuenta que hace poco tuvo que llevar a su madre a una clínica para que le atendieran su enfermedad, y pudo cancelar los gastos médicos, exámenes y medicinas. Pero también la joven docente tiene un objetivo bien importante para hacer el esfuerzo de tener dos trabajos: dar vida y formar una familia.

“Mi esposo y yo estamos en un tratamiento de fertilidad, queremos tener hijos y no hemos podido. Nuestros ingresos extras nos han permitido poder hacer ese tratamiento y los exámenes, que como todos saben es costoso y no lo cubren los seguros. En eso nos ha ayudado nuestros ingresos extras”.  

Decisión personal

Anteriormente el desempleo en el sector formal era consecuencia de la imposibilidad de las empresas de mantener un número determinado de personal, debido a menores ingresos y subidas en la carga tributaria. En los últimos años, la decisión de trabajar por cuenta propia o ser un emprendedor, se ha hecho una decisión personal. “Está motivada por diferentes factores como la necesidad y la oportunidad”, señala Asdrúbal Oliveros, economista y director de la consultora Ecoanalítica.

Esa es la historia de Jaime Rodríguez de 43 años, abogado graduado en 2003 de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en donde también hizo su postgrado. Luego de varios años trabajando en el sector público, comenzó a ejercer por su cuenta para finalmente emprender con su propio negocio de venta de alimentos con servicio de delivery.

Jaime Rodríguez pasó del derecho al emprendimiento buscando ingresos decentes.

“Cuando empecé con mi profesión los salarios me dieron para comprarme un carro, me mudé, me independicé, pero ya para 2010 la situación empieza a empeorar y en el año 2014 los salarios no servían para nada. Además, el ejercicio como abogado particular comenzó a dificultarse más por los costos asociados en los registros y notarías. Si no iba con un saco de billetes bajo el brazo no podía resolver. Ahí fue que decidí emprender”, cuenta. 

Jaime comenzó a vender aves beneficiadas. “Yo empecé el negocio prácticamente solo. Limpiaba, empacaba, preparaba y repartía los pedidos, hacía todo. Luego la señora que limpiaba en mi casa, dejó de hacerlo porque no tenía cómo pagarle, pero comenzó a trabajar conmigo en el negocio y después nos acompañó un señor que trabajaba como chofer de una familia que se fue del país y ahora me ayuda con el delivery. Así que lo que comenzó como una ayuda o un complemento económico para hacerle frente a la adversidad, terminó siendo mi modus vivendi”.    

En los hallazgos de Encovi resalta que es en el sector de los servicios y del comercio donde la población activa ha encontrado alguna forma de emplearse. Más del 80% trabaja en esta área”, se indica en el estudio. 

Jaime cuenta que de sus colegas y/o amigos abogados son pocos los que se dedican a su profesión y que muchos optaron por un emprendimiento o trabajo por cuenta propia.

“El venezolano en ese espíritu de seguir sobreviviendo ha buscado las mil y un formas de seguir adelante. Todo el mundo vende algo”.  

Hoy, ese negocio de Jaime que inició con la venta de proteínas hace seis años, ofrece además otros víveres y productos de limpieza. “Hoy mi mercado cambió porque ahora me compran personas que viven fuera del país, que emigraron y necesitan ayudar a la familia que dejaron en Venezuela, sobre todo a los adultos mayores”.

EL ASCENSO SOCIAL PIERDE A LA ESCUELA COMO ESCALERA

Cuando cumplió 16 años, Ángel Cabello pasaba por su segundo año de educación media y también por su segundo intento de terminarlo. Había abandonado el bachillerato un año antes porque la situación en su casa, en el sector El Plan de la Cota 905, cada vez apretaba más y su mamá estaba sola soportando los gastos de tres hijos. Ángel fue dejando de asistir a clase un día o dos seguidos, luego faltaba durante una semana y así casi sin darse cuenta dejó de ir por completo al liceo. Se acabaron sus días de básquet en la cancha con los amigos y su nombre se marcó en la casilla de perdido por inasistencia.

“Me toca trabajar”, se dijo.

Ya se había quitado la chemise azul para laborar como ayudante de un electricista y a la mamá no le gustó que su hijo menor dejara la escuela por lo que le insistió que retomara las clases por parasistema para que se graduara de bachiller. Agarró un segundo impulso y se volvió a inscribir. Corría el annus horribilis de 2017 para la economía venezolana en el cual la hiperinflación se convirtió en un fenómeno de números escandalosos, mientras en la mesa de la casa de Ángel desaparecían los desayunos y quedaban a medias las comidas del día. 

Las aulas se van quedando vacías (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

“A veces no teníamos nada para desayunar y me iba directo a trabajar porque tenía clase en la noche, pero me redoblaba para hacer más plata. Otra vez empecé a faltar y volví a dejar el liceo”.

Esta vez, su mamá no lo contrarió. Ella, que sabe de luchas, renuncias e insistencias, lo había vivido personalmente cuando de joven tuvo que dejar los estudios para trabajar y criar a sus hijos, y aun así nunca desistió hasta que se graduó de contadora a los 40 años.

Ángel lo cuenta con orgullo. Se le asoma una sonrisa tímida en los labios cuando piensa en que la historia de su madre también puede ser la propia porque los cálculos de su juventud lo ayudan: “Ahora tengo 19 años, si logro terminar bachillerato en dos o tres años, puedo estudiar en la universidad o hacer una carrera corta y graduarme como a los 25 años”.

Pero el obstáculo principal lo resume en un término que viene escuchando por todos lados desde hace años: “situación país”. No sabe explicar muy bien de qué va el concepto, pero entiende claramente que es la combinación de un todo que no lo ayuda.

Ángel Cabello abandonó los estudios pero volvió a inscribirse, esperando terminar.

Esa “situación” no es más que una larga lista de indicadores que en los últimos cinco años revelan cómo la cobertura educativa del sistema escolar venezolano tocó techo y comenzó a retroceder especialmente en los sectores con menos ingresos entre los niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años, la edad bisagra del bachillerato, que se agrava al intentar pasar a la educación superior donde desaparecen tres cuartas partes de la población entre los 18 y 24 años, según revelan los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) correspondientes a 2019-2020.

Con 19 años las ocupaciones de Ángel giran en torno al dinero para comprar la comida y resolver qué van a almorzar en su casa donde vive con otros dos hermanos y dos sobrinos. Sin que nadie se lo diga, él queda a cargo porque su mamá sale desde temprano a trabajar como lo ha hecho cada día desde que tiene memoria.

La encuesta le pone números a un marcador que se llama exclusión social: mientras 44% de los y las jóvenes entre 18 y 24 años que se ubican en el estrato de mejores ingresos logran mantenerse dentro de la cobertura educativa en la edad adecuada, apenas 16% de aquellos que viven con menos ingresos pueden sostenerse en el sistema educativo.

Mientras ayuda a su cuñada atendiendo la bodega que ocupa la sala de la estrecha vivienda en la Cota 905, Nelsimar Prin habla de su pasión por la criminalística. Acaba de cumplir los 18 años y el año pasado, cuando le entregaron el título de bachiller, ya tenía a su bebé recién nacida en brazos. Ella y otra compañera del liceo pasaron los últimos días de clase embarazadas esperando para graduarse, un escalón que se le hizo difícil de subir pero que logró con el impulso de su madre.

La joven estrenó su mayoría de edad con un bebé. Como mujer, su riesgo de abandonar la escuela al quedar embarazada es ocho veces más alto que el de su pareja. Es lo que se conoce como brecha de género, y que se recoge claramente en los datos de Encovi con otras jóvenes de su misma edad: mientras que apenas 2% de los varones abandona la escuela cuando tienen hijos, cuando son las muchachas la cifra llega a 16%.

Durante los días de confinamiento debido a la cuarentena obligatoria por la pandemia del covid-19, Nelsimar atiende a su bebé pero no deja de pensar que se le retrasaron los planes indefinidamente por otro motivo: no tiene posibilidad de dedicarse por completo a iniciar un semestre en línea. “Apenas pueda voy a ser la primera de mi familia en ir a la universidad”.

La continuidad escolar de Nelsimar está amenazada por su situación familiar y económica

Nelsimar estudió en un liceo de modalidad subsidiada que le permitió culminar todo el ciclo. Además queda cerca de su casa por lo que no tenía problemas para ir a clase ya que se ahorraba el dinero para el transporte. “Pero muchos de los que estudiaban conmigo pasaban mucha roncha y dejaban de ir”. Cuando no era el pasaje, era que no tenían agua o comida, le faltaban los zapatos o los útiles. Así que se sabe afortunada pues “nunca tuve esos problemas, mi mamá hacía todo para que no me faltara nada”.

Pero la responsabilidad económica que aumenta al criar una hija también va posponiendo la meta. Desde que inició la cuarentena ni el papá de su niña ni ella tienen trabajo, por lo que junto a su suegra y su cuñada -quien tiene dos niños más- se aferraron a los ingresos que entran a la casa por las ventas de la bodega como única manera de subsistir.

“Hay que buscar el dinero porque estudiar nada más tampoco sirve. Yo conozco gente que ha estudiado y es profesional pero no genera ingresos. Lo que pasa es que el país tampoco ayuda porque todo se le va a uno en comida”, reflexiona.

Según la más reciente Encovi, en Venezuela hasta un tercio de la población en edad escolar ha decidido abandonar las aulas. El segundo motivo para hacerlo es «no querer» continuar en las aulas o «no considerarlo importante». Después de todo, entre el quintil más pobre y el quintil más rico del país la diferencia en niveles de escolaridad es de 1,8 años.

La pobreza actual en el país no responde a niveles de formación. Más tiempo en un pupitre no necesariamente te aleja de la precariedad.

Por minutos Nelsimar se queda mirando en silencio el piso de la casa por donde su hija gatea y ensaya sus primeros pasos. Nelsimar la levanta del suelo, le arregla la colita que le recoge el cabello y dice en voz alta: “estudiar es como una cadena, mi mamá me ayudó a mí y como uno quiere ser mejor, tener sueños, quieres que tus hijos también los tengan”.

Las respuestas en monosílabos dominan la conversación de Anthony Chacón, quien acaba de cumplir los 16 años. “Sí. No. No he pensado en eso”. De frases cortas y esquivas va resumiendo las razones por las cuales dejó la escuela hace dos años cuando iba a comenzar el tercer año de educación media. Presta atención a lo que le preguntan pero es evasivo y solo deja de ver la pieza de la moto que está reparando cuando se limpia las manos con un trapo para responder algún mensaje que le llega por el celular.

-Dejé de estudiar porque necesitaba plata

-¿Pero te gustaba ir al liceo?

-No mucho, era malo en las materias.

-¿Y tu mamá qué dijo cuando dejaste de ir?

-Nada. Ella está clara.

Anthony repara motos en un espacio cercano a su casa en El Valle, donde vive junto a su madre, un hermano de 20 años con quien comparte el oficio de arreglar carros y motos, una hermana de 23 años, tres sobrinos y un hermano menor.

“La verdad es que estudiar no es lo mío”, sentencia tajante. Dice que no le ve mucha diferencia a estudiar o no cuando se trata de buscar dinero para mantener la casa. “No creo que sea mejor o peor que nadie”.

Lismary, la mamá, se asoma en la puerta mientras su hijo trabaja. También es parca con las palabras pero interviene para explicar que ella quería que todos sus hijos estudiaran, principalmente porque es una meta que ella tampoco pudo completar. Fue madre adolescente y desde entonces hizo su vida aparte. “Siempre he sido yo para todo y uno antes se bandeaba pero en los últimos años se puso peor y sola no puedo. Quizá no estudiaron pero ninguno de mis hijos puede decir que se acostó sin comer”. Además está sosteniendo a su hija mayor que se separó de su pareja y se devolvió a la casa materna con tres niños de entre dos y cinco años.

En la vivienda donde conviven cuatro adultos y cuatro niños, el único que permanece en el sistema escolar es el hermano menor de 12 años que acaba de culminar sexto grado de educación primaria.

Anthony Chacón no ve en la educación una manera de mejorar su economía.

El rezago escolar es el paso que antecede a la deserción. El término se refiere a quienes permanecen dos años o más por detrás del nivel escolar correspondiente. Las cifras muestran que desde el año 2014 se ha agravado este indicador dentro del grupo de niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años.

Al comparar a quienes subsisten en el estrato más pobre con el estrato más rico, la encuesta revela una brecha que se profundiza: 27% de los que tienen menos recursos presenta indicios de lo que se considera un severo rezago en la escuela. 

Pero en ambos extremos las cifras no son muy alentadoras, en especial cuando se comparan con el cierre del año escolar precedente (2018-2019). Los docentes se encontraron en las aulas con que dos de cada cinco niños y niñas presentaban algún nivel de rezago escolar, por lo menos de un año.

¿Dónde están los jóvenes?

El descalabro que hizo caer casi a la mitad la cobertura educativa del país ocurrió en apenas tres años. En 2016, los datos de Encovi reflejaban una cobertura que alcanzaba 48%. Al cerrar 2019 las cifras que recopilaron apenas llegaba a 25% de esa población.

Son los mismos tres años que tiene Ángel sin pisar un salón de clases. Desde la esquina de la casa donde vive con su familia, en la Cota 905, la vista domina el panorama de casi toda Caracas. Pone un pie en el borde de la vereda que marca el límite hacia el barranco de desechos por donde se arroja una cascada de basura que cae en la avenida principal.  

Ángel está en el grupo estadístico de los que están en peores condiciones: los de 18 a 24 años. Encovi se basa en cálculos que refieren que de los 3,14 millones de jóvenes venezolanos dentro de esas edades, hay 2,82 millones que no asisten a la escuela.

Pero si no están en el liceo, en la universidad o en el mercado laboral ¿entonces dónde están? La política de opacidad de la información oficial no ayuda. El Ministerio de Educación (ME) no publica datos oficiales en la Memoria y Cuenta desde el año 2015 y desde hace 2017 no brinda cifras desagregadas en cada inicio y cierre del período escolar como era habitual.

Un documento al que pudo tener acceso TalCual, proveniente de la Dirección general de registro y control académico del ME y que muestra la carga de la matrícula para el período académico 2019-2020, revela una disminución general aunque no tan drástica: el registro detalla que en educación media hay 1.575.201 estudiantes y en la educación media técnica se matricularon poco más de 55.000 estudiantes, que ubica a esta población de entre 12 y 18 años dentro de la escolaridad.

Puertas abiertas para entrar, pero también para salir y nunca volver (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

Tulio Ramírez, sociólogo e investigador en educación, precisa que si bien la diáspora de venezolanos ha incidido en la disminución de la matrícula, debido a que partieron familias enteras con sus hijos en estas edades, también es notorio que la tradición y la cultura de la escuela en los estratos de menos recursos tiene un peso importante. 

“Es cierto que tenemos en contra que este bachillerato en la educación pública es desestimulante, pero todavía las familias siguen mandando a los muchachos a la escuela como una tradición, sobre todo los más pobres hacen el esfuerzo que tengan que hacer para que sigan en la escolaridad. Los mandan, no tanto por el ascenso social, sino porque tienen que mantenerlos ocupados, para que no estén sin hacer nada en la casa o, peor aún, en la calle”, explica Ramírez.

La seriedad de Ángel contrasta con el rostro de adolescente que mantiene a sus 19 años. Observa en silencio a todo el que pasa por la vereda y nunca da la espalda por completo. Pero no deja de sostener la mirada hacia la ciudad enorme que se abre panorámica ante sus ojos.

Desde La Cota 905 el futuro luce cada vez menos atado al logro académico.

“Siento que todavía lo puedo lograr”, responde sin que antes haya mediado una pregunta.

-¿Graduarte de bachiller, ir a la universidad?

-Sí. Creo que estudiar o no depende de uno mismo. En parte es la familia, si tienes apoyo o si tienes ganas. Claro que la situación del país lo pone bien cuesta arriba. Siento que me faltaron oportunidades porque no tuve el apoyo de mi papá, mi mamá es sola para todo y así me tocó. Pero también conozco mucha gente que no tiene excusas porque sus papás los pueden mantener para que nada más estudien y no les da la gana porque quieren todo fácil.

-¿Y dónde te ves en los próximos cinco años?

-Quiero estudiar Ingeniería eléctrica porque soy bueno trabajando en eso y he aprendido bastante. También pensé en estudiar Turismo para conocer lugares, y me encanta cocinar. Yo me veo con mi propio local de comida rápida, inventando mi estilo, aprendiendo ingredientes”.

Un largo y complicado camino por delante (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

Por ahora los planes son “a futuro”, una palabra que aparece cada tanto en su conversación. El tiempo de inactividad impuesto por la cuarentena es un nuevo obstáculo a sortear porque el trabajo se ha reducido al mínimo y apenas consigue algo que hacer. Lo que pasa es que la necesidad no sabe de confinamiento y su mente está ocupada en rebuscar aquí y allá de dónde va a sacar la plata para ayudar a su mamá, quien sale todos los días a trabajar y seguir llevando a flote la casa.

“¿De verdad sabes que es lo que más quiero? Tener otra vida y algún día poder regalarle su casa a mi mamá”.

 TESTIMONIOS

«Para mí, ser pobre es cocinar todos los días en fogón«. Yolimar López

«Yo antes le podía poner carne en la mesa a mis hijos seis días a la semana. Yo prefiero que ellos coman, y a veces me quedo yo sin poder hacerlo«. Evelyn Fernández

«Yo conozco gente que ha estudiado y es profesional pero no genera ingresos«. Nelsimar Prin

«Ayer no tenía nada para darle a la niña y arranqué una mata de yuca y la comimos sola«. Héctor Rojas

«Dejé de estudiar porque necesitaba plata«. Anthony Chacón

AL FUTURO SE LLEGA EMIGRANDO

Hombre, joven, padre, hijo. Estas son las características que predominan en el emigrante venezolano de los últimos cinco años cuando, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), se revirtió la feminización de la emigración con una oleada de hombres que para el año 2019 representaron 54% del total de quienes salieron del país huyendo de la demacrada realidad nacional.

Wilmer Vallejo se fue en noviembre de 2018. El desespero por no tener cómo llevar el plato a la mesa de sus hijos -para entonces de uno y tres años de edad-, y el haber agotado todos los recursos para conseguir un empleo digno que le permitiera satisfacer las más elementales necesidades de los suyos, obligaron al caraqueño a tomar esta decisión.

El empujón vino cuando la hermana mayor de Wilmer organizó un viaje a Ecuador. Dejando a sus hijos y esposa en la casa de su suegra ubicada en Macarao, una gran barriada del suroeste caraqueño, metió en un pequeño bolso “lo necesario” –realmente, lo que tenía– y emprendió aquel viaje. El 7 de noviembre de 2018 comenzó “mi nueva vida”.

Hasta la frontera, así sea en autobús (Ronald Peña | Archivo El Pitazo).

Aunque ahora hace vida en Perú, recuerda que fue duro abandonar su tierra a sabiendas de que no volvería. El trayecto a Ecuador por carretera duró entre cinco y siete días. “Hoy no recuerdo con exactitud cuánto fue, pero sé que no estaba acostumbrado, creo que nadie lo está, a pasar viajando tantos días en un autobús (…) estaba cansado, desesperado, era una mezcla de sentimientos inexplicables”.

En 2018 la Encovi registraba que 57% de los migrantes venezolanos eran jóvenes entre 15 y 29 años. Entonces ya comenzaba a predominar la población masculina, mientras aumentaba la cantidad de adultos jóvenes y de personas con menores niveles de escolaridad.

Claudia Vargas, investigadora del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, ratifica que la migración venezolana actual, mayoritariamente compuesta por hombres, se relaciona con la visión culturalmente arraigada de la figura masculina como proveedor. Los hombres salen pensando «tengo que mandar algún tipo de ayuda a mi casa, mantener a mis hijos, tengo que mantener a mis padres”.

Ese pensamiento fue el motor de Wilmer, quien recuerda sus días en Ecuador como “los más duros”. Tocó muchas puertas buscando empleo y ninguna se abrió, vivía en casa de su hermana en Quito y sobrevivía de “tigritos”, haciendo trabajos de carpintería, albañilería, y vendiendo dulces en la calle, pero esto no le permitía enviar dinero a su esposa e hijos en Venezuela.

Aunque nunca estuvo entre sus planes regresar al país, necesitaba generar ingresos que le confirmaran que haber dejado a su familia atrás valía la pena. Entonces, con unos amigos, planificó un nuevo viaje. Pidiendo cola y caminando logró llegar a Lima.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 817.105 venezolanos aguardan respuesta a su solicitud para optar por la condición de refugiado, siendo Perú el país con el mayor número de solicitantes en espera, con un 60,8%. Entre ellos está Wilmer, quien cuenta en la actualidad con un carnet que lo identifica como solicitante y le otorga cierta legalidad en su nueva nación de acogida, a donde llegó portando solo su cédula de identidad venezolana.

Tramitar un pasaporte venezolano era un lujo impagable que no se pudo permitir. Mejor ahorrar para lo que ahora es un objetivo cumplido: su esposa e hijos lo acompañan.

En el horizonte lo que se divisa es otra frontera donde sí poder crecer.

Remesas como cordón umbilical

Catalina Chacón pensaba que la vejez sería para disfrutar sus ingresos por los años trabajados como docente, compartir con sus hijos y ver crecer a sus nietos. Ideas que se fueron desvaneciendo a golpe de realidades.

Sentada desde una banqueta de madera, se mece al ritmo de ser parte del 19% de hogares venezolanos que reportaron tener al menos a uno de sus integrantes fuera del país. Los dos hijos mayores de Catalina ya no la acompañan. En los últimos tres años solo puede ver en persona el rostro de la menor, Daniela, de 22 años.

La primera en partir fue María, su primogénita, en agosto de 2016 vía Colombia. Al año siguiente le tocó el turno a Julio César, un ingeniero de sistemas de 31 años que dejó el Metro de Caracas para subir a un avión rumbo a Santiago en Chile. Desde allá le envía dinero a su mamá.

“Al principio lo hacía mensual, incluso cuando estuvo sin empleo me mandaba de sus ahorros. Era esencial, para la compra de las medicinas y de los alimentos”, cuenta su madre. Con el tiempo, el monto se hizo insuficiente, y las remesas tuvieron que pasar a ser quincenales. Ahora los envíos son cada semana.

Pero no solo es dinero. Chacón también recibe cajas con jabón, champú, papel de baño, enlatados y variedad de productos que él considera de primera necesidad. “Ahora no salgo a recibir a mi hijo, sino una caja que me manda de otro país”, dice Catalina resistiendo la lágrima que se asoma.

La encuesta Encovi registra que 30% de los hogares con migrantes recibe remesas. Un 37% de receptores son personas entre los 40 y 59 años, el 66% son mujeres jefas de hogar, como se asume Catalina a pesar de que vive de esos envíos pues su jubilación como docente del Pedagógico de Caracas ya no suma ni el equivalente en bolívares a un dólar mensual.

La terminal aérea de Maiquetía se ha convertido en puerto de despedidas (Ronald Peña | Archivo El Pitazo).

Pies en la tierra, título en el bolsillo

De acuerdo a los datos reflejados en la Encovi 2019-2020, uno de cada tres migrantes venezolanos alcanza la enseñanza universitaria. En total, 29% de migrantes mujeres partieron con su título bajo el brazo, mientras que los hombres llegan a 19%. Sin embargo, dejar el país incluye afrontar que la profesión pudiera no ser ejercida.

En mayo de 2015, Deilhy Alcalá y su esposo Johans Villasmil decidieron empezar de cero. “Yo soy publicista sin ejercer mi profesión, trabajé por seis años en Mercantil Seguros como analista de indemnizaciones en el área de automóvil y salud. Johans es administrador e igualmente trabajó allí en lo mismo”.

Vivían separados, en las casas de sus padres en diferentes zonas de Los Teques, estado Miranda, pero sus empleos les permitían vivir “bien”, según afirma la mujer. “Podíamos darnos el lujo de viajar fuera del país cada año y realmente nunca pasamos necesidad”, cuenta Deilhy. Pero pensar en un futuro común con Johans lucía poco alentador. “Ya para ese entonces la adquisición de un apartamento se hizo muy cuesta arriba para nosotros, cosa que nos llevó a tomar la decisión de marcharnos”.

Pusieron la meta en Estados Unidos. Pero ella no tenía visa para un sueño, ni de turista. “Nunca nos vimos en un escenario donde uno se fuera primero y el otro después. Eran los dos juntos o nada”. La Encovi 2019-2020 señala que uno de cada tres venezolanos que emigran van acompañados. De estos, 30% van junto a su pareja. “Decidimos ir a España, y mi hermano nos abrió las puertas de su casa”.

Ahora ambos trabajan en oficios muy diferentes a lo aprendido en las universidades venezolanas. Deilhy labora en dos casas de familia, “en una cuido a tres pequeñitos, incluidas las labores del hogar, y en la otra solo limpieza y lavandería. Johans trabaja en Ikea, una tienda de cosas para el hogar”.

Sus ingresos alcanzan. Lograron alquilar un apartamento para establecerse, se casaron y confían en seguir creciendo en tierras españolas. A Venezuela no la ven sino como parte del pasado.

Según la Encovi 2019-2020, antes de la pandemia por covid-19, el retorno era una opción considerada apenas por 4% de los emigrantes criollos.

UN PAÍS ENVEJECIDO

Muchos jóvenes pierden la vida en Venezuela a causa de la violencia, que cada día enluta a más hogares. La mortalidad infantil también se eleva. Y las mujeres, al insertarse en mayor proporción al mercado de trabajo y hacerlo con mayores responsabilidades que los hombres en muchos casos, han disminuido el porcentaje de embarazos y nacimientos, como ha ocurrido en ortas sociedades.

Sin embargo, un factor clave y muy venezolano se ha sumado a los anteriores para generar un cambio abrupto en la conformación etaria de la población venezolana: la acelerada emigración.

Los hogares venezolanos han sufrido una mutación. Fue un proceso inicialmente lento pero luego vertiginoso, con la partida de muchachos y adultos jóvenes en plenas capacidades productivas. Atrás quedaron angustiados padres, bebés que mantener y abuelos que crían a sus nietos.

Las personas mayores de 50 años son las menos propensas a emigrar (Ronald Peña | Archivo El Pitazo).

Mirna Xiomara Becerra tiene 54 años, es residente en Barinas, y aún no tiene edad para jubilarse. Es madre de tres hijas, de las cuales dos, de 27 y 25 años respectivamente, se fueron del país hace más de un año. «Para mí fue algo que me impactó demasiado. Yo prácticamente crié a mis hijas aquí, ellas siempre han estado cerca«.

Daibelys, la segunda hija pero la primera en emigrar, partió primero a Perú, aunque luego recaló en Chile. Le siguió Darbelys, la más pequeña y quien cargó con su bebé, un morral y un boleto de autobús para emigrar a Colombia. Ambas tenían empleos formales -en un supermercado y en un ministerio, respectivamente-, y a ambas se les hizo insuficiente el ingreso tanto como insostenible las condiciones de vida.

Desde entonces, Xiomara se siente más sola, incluso desprotegida. “Ellas se preocupan, saben que dejaron a su mamá por aquí y yo me preocupo porque ellas están por allá”.

Los más pequeños van quedando al cuidado de los más adultos (Cortesía Ana Rondón).

Su hija mayor, Dairelys, de 35 años, es docente y permanece en el país junto a su esposo y un hijo. “Ella vivía un poquito mejor, pero ahora les ha tocado fuerte. El sueldo no alcanza para nada”.  De los temores de Xiomara no escapa la posibilidad, cada vez más cierta, de que Dairelys decida cortar cabos.

Su caso replica el de muchos. En cada rincón de Venezuela se multiplican los hogares con menos habitantes, familias con integrantes distanciados y, especialmente, de espacios que dejaron vacíos quienes están en edades productivas, amén de los lugares de trabajo que perdieron talentos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima en cerca de cinco millones de personas las que han abandonado el país. La edad de la mayoría está entre los 18 y los 39 años, precisamente las más activas. En suelo venezolano ha quedado buena parte de los mayores de cuarenta, un alto porcentaje de mayores de 50 años y la casi totalidad de los mayores de 60 años.

Un cambio de este tipo no pasa sin consecuencias. Cuando tenía una población mayormente joven, Venezuela contaba con lo que se llama el “bono demográfico”, una característica que se presenta una vez en la historia de los países, que abre amplias perspectivas pues la mayor parte de la población está en edad productiva y los ciudadanos más dependientes y necesitados (niños y adultos mayores) son minoría.

Más población adulta en edad de trabajar significa mayor producción interna, mayor impulso a la economía, mayor cantidad de personas cotizando al seguro social que ampara a todos, mayor recaudación de impuestos y mayores índices de consumo e intercambio económico.

Asimismo, una posibilidad más grande de generar los recursos necesarios para sostener a quienes no pueden valerse por sí mismos. Lo contrario es una nación debilitada, con una economía que se queda sin músculo para moverse, con todas sus derivaciones en calidad de vida.

Encuestadores comprobaron que la composición de los hogares venezolanos ha cambiado (Cortesía Carlos Urrieta).

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) 2019-2020 recoge las consecuencias de este cambio demográfico, la pérdida de ese bono que se preveía duraría hasta mediados del presente siglo. Esa venta de oportunidades prácticamente se “evaporó” en los siete años en que Nicolás Maduro ha gobernado.

Luis Pedro España, sociólogo y coordinador del estudio, detalla que el bono demográfico registrado es regional, todo el continente lo vive actualmente en el marco de “transición demográfica”.

El académico relata cómo se da el proceso.

“Cuando comienzan las primeras etapas de desarrollo de los países, que pasan de economías rurales, de subsistencia, con una población con esperanza de vida muy corta, y llega el desarrollo urbano, llega la penicilina y todo eso, las personas viven más tiempo, la tasa de mortalidad infantil se reduce y la población empieza a crecer. Eso hace que tengas una población con muchos niños, pocos adultos y casi nada de viejos».

Más adelante, «cuando comienza la primera fase de la transición demográfica, la fecundidad comienza a reducirse, la mujer tiene mayor nivel de instrucción, comienza a participar en la vida pública y las proporciones de hijos por mujer va cayendo. Por lo tanto, comienzas a tener más población en edad activa que la que tenías antes».

En América Latina el bono demográfico, entendido como la existencia de más adultos que niños en la población, comenzó en los años 80. «Hay unos países donde la transición la hacen primero y otros que la tienen de manera más tardía, que son los centroamericanos. Con una velocidad intermedia era el caso de Venezuela, Colombia, Perú”, sostiene España.

Pero ese ritmo se modificó. En Venezuela se esperaba que el fenómeno alcanzara hasta 2045, y llegó hasta 2020. “Perdimos el bono demográfico. Lo que iba a ocurrir en 2045 está ocurriendo ahora porque la mayor parte de las personas que se están quedando son mayores de 65 años”. Y lo que se pierde, no retoña. “La única posibilidad de volver a tener cierta paridad entre activos e inactivos es que tengas saldo migratorio favorable, lo que pudiera empezar a ocurrir si los que emigraron regresaran”.

Luis Hernán Salcedo quiso hacer carrera en Venezuela, hasta que el camino dejó de hacerse al andar. Locutor y productor de radio y espectáculo, conducía el programa La embajada del vallenato, por Radio Venezuela 790 AM en Caracas y con transmisión nacional. El “embajador”, como era conocido, se hizo un espacio como organizador de eventos. Esa carrera le dio la posibilidad de comprar apartamento y vehículo propio, amén de aumentar la capacidad de generar shows cada vez más multitudinarios.

“La mía fue la primera productora que llevó a Venezuela una agrupación de Colombia llamado Los Diablitos, que tenían un tema que se titula ‘Los caminos de la vida’, a un evento en el Parque Naciones Unidas que congregó a cuatro mil quinientas personas. Tenía el programa más popular de vallenatos en Venezuela en ese momento”, cuenta Salcedo refiriéndose a 1993.

Dos décadas más tarde, la fama le pasó factura. A través de los micrófonos dejó colar críticas a la calidad de vida en Caracas, el desvencijar de las infraestructuras públicas y el detrimento de los servicios básicos. Entonces, afirma, recibió ataques. “Fui acosado por los llamados círculos bolivarianos, me amenazaron y me siguieron, intentando sabotear mis actividades”.

En 2015 cerró su última maleta y se largó a Estados Unidos. “En Miami me dedico a trabajar de security; soy lo que se conoce en Venezuela como guachimán”. Atrás quedó su programa de radio pero también todas las actividades con las que generaba decenas de empleos indirectos.

Un país distinto

La demógrafa y docente de la UCAB María Gabriela Ponce explica que Venezuela venía con una proyección demográfica según la cual para este año debía contar con cerca de 33 millones de habitantes, pero según los datos de Naciones Unidas en 2019, ahora es de 28,4 millones.

“Ya no es un país joven. No es el país que teníamos en el ideario. Nos estamos adentrando en un proceso de envejecimiento poblacional para el que no estábamos preparados”, sostiene la investigadora.

La demógrafa indica que, cuando se planifican políticas públicas, lo primero es ver la base poblacional, “porque eso te marca la demanda de servicios; no es lo mismo hacer políticas para niños, con salud preventiva y vacunación, que para jóvenes para los que hay que enfocarse en la prosecución educativa, la inserción laboral, etc; y que para adultos mayores”.

Añade que las tendencias demográficas son muy estables, pues no cambian rápidamente en el corto plazo. Venezuela lo hizo producto de la crisis. “15% de la población salió del país, si atendemos a las cifras de la Organización Internacional de Emigraciones. Eso no es cualquier cosa, tiene unos impactos”.

Ponce precisa que la proyección de personas a partir de 59 y 60 años coincide con lo esperado, pero las diferencias están entre aquellas entre 15 y 39 años. “Se suponía que estábamos en pleno bono demográfico. Si se aprovecha se supone que el país puede aumentar las capacidades productivas, generar riqueza y prepararse para lo que viene después”, argumenta.

Pero ahora Venezuela se adentra a un proceso para el que sus habitantes no están preparados. “La receta que te da la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es ‘aproveche el bono demográfico porque después usted se va a tener que enfrentar a un proceso de envejecimiento’. Significa otro cuadro de demandas distintas. Hay más presión para temas de salud, de atención a enfermedades crónicas, etc”.

Aspectos positivos

La visión del sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Tomás Páez contrasta con la de sus colegas de la UCAB. A su juicio, que gran parte de los jóvenes venezolanos estén en el exterior de igual manera puede ser beneficioso para el país. Afirma, de hecho, que «el bono demográfico venezolano lo está aprovechando el mundo, pero por supuesto lo está aprovechando también Venezuela«.

Se refiere a la transferencia de recursos. «El segundo rubro de ingresos son las remesas, están en este momento cayendo producto del coronavirus, pero el problema no es el cambio en edad. El cambio en la composición etaria de la población tiene que ver con una situación de gravedad en el país«, señala el sociólogo.

“El problema no es el cambio en la estructura de población, sino el modelo que está empujando a una parte de esa población, la más joven y ganada a construir su futuro, a irse del país, una migración forzada y forzosa», apunta.

Tomás Páez estima que Venezuela tiene en este momento 6,15 millones de sus ciudadanos fuera del país, lo que representaría el 20% de la población. Esas personas estarían en edades de 18 a 45 años, distribuidas en 30 ciudades y 90 países. Sus hijos ahora nacen en otras latitudes, lo que efectivamente ha hecho que la población en la nación envejezca.

Postales que una generación de venezolanos nacidos en el extranjero no ha visto.

Sin embargo, observa que si esas personas se hubiesen quedado en el país “serían seis millones de venezolanos peleando por gasolina, harina y agua que no existe. Si se hubieran quedado estaríamos comiéndonos nosotros mismos. No hay servicios, transporte, medicinas para los que se quedaron, imagínate si a eso le agregas seis millones más de personas”.

Desde su perspectiva, la diáspora no solamente ha sido un alivio porque esas personas que se fueron no generan presiones sobre los servicios, o en la distribución de gasolina, sino porque envían remesas.

“Tenemos 10 mil organizaciones diaspóricas (sic) y una parte está dedicada al envío de medicinas, o de toneladas de alimentos. El hecho que hayan salido seis millones de venezolanos que están estudiando, trabajando, invirtiendo afuera y enviando parte de esos recursos a los venezolanos, es lo que paga las reparaciones de bombas de agua en los edificios, la junta de condominio, los compresores de neveras y carros o la compra de cauchos”.

A su juicio, que tanta gente se haya ido además significa una posibilidad enorme de colocar productos en el exterior, haciendo estudios de mercado mucho más sencillos. “La diáspora no es el problema, sino parte de la solución. Tienes dos millones de venezolanos en Colombia, que consumen y aportan al PIB. Eso es beneficioso para la empresa venezolana, porque ya son baquianos que conocen el mercado, la realidad cultural, tienen contactos, han creado redes empresariales, personales e institucionales que ha permitido el desarrollo de programas conjuntos de emprendimiento en Bogotá, Cúcuta, Medellín”, enumera.

La fuerza de trabajo que queda se va agotando (Ronald Peña | Archivo El Pitazo).

El investigador Tomás Páez, ahora ubicado en Ecuador y con varios años estudiando la migración venezolana, considera que el asunto relevante no es si las personas están dentro o fuera de Venezuela, sino que esa fuerza de trabajo y todo ese talento y formación no se esté aprovechando, independientemente de donde estén.

“Puede ocurrir lo que pasó en países que se recomponen, como España luego de la guerra civil o Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En España, el principal ingreso fue el que enviaba la diáspora«.

El académico considera inútil la idea de la «fuga de cerebros» que tanto se ha dicho desde hace décadas. Refiere que «países de Europa, Estados Unidos y Argentina han crecido con sus diásporas. Las personas enviaban remesas, después construyeron empresitas, hoteles, tenían un pie aquí y otro allá, tenían familia, la visitaban. Si los países se recomponen y hay políticas serias, se recupera ese capital”.

Advierte que lo contrario ocurre en países como Cuba y otros con sistemas socialistas de inspiración marxista, pues pierden esa capacidad, aprovechan apenas las remesas, y sus procesos de reconstrucción tarda muchísimo más.

Candy Quintana vive en Barcelona, España. Es cocinera de alto nivel y ha trabajado en restaurantes importantes de esa ciudad, dejando colar algo de sus orígenes. Nació en Petare y creció abriéndose camino entre la inseguridad y la precariedad. “Soy de Mesuca, donde viví hasta los 19 años. Decidí irme a vivir a (la isla de) Margarita, pues quería salir de esta zona donde tenía que estar con miedo y peligrando, donde me intentaron robar muchas veces”.

Egresada de Turismo en el Colegio Universitario de Caracas, se formó como cocinera en el High Training Educational Institute en Bello Monte. En Nueva Esparta hizo carrera en restaurantes y hoteles hasta que estar frente a la boca de un revólver la convenció de irse más lejos.

Luego de una estadía corta en Noruega recaló en Cataluña, donde ahora cursa una maestría en la Universidad de Barcelona en Conducción de empresas turísticas con mención en organización de eventos. Su vida se ha ido reconstruyendo, lejos.

Uno de los retos es diseñar políticas que aprovechen la diáspora que ha dejado atrás a las generaciones más gastadas (Andrés Rodríguez | Archivo El Pitazo).

Para María Gabriela Ponce hay muchas hipótesis para la recuperación de ese capital humano que está fuera del país. “Tiene que haber algún cambio político, en la conducción. Ya tenemos seis años que se insiste en lo mismo y vemos que cada año el deterioro es peor. Es lo que muestra el registro de la Encovi cuando ves los niveles de pobreza, la inseguridad alimentaria”.

Admite Ponce que la emigración trajo cosas positivas, especialmente la baja en la presión sobre diferentes servicios, pero hace énfasis en que la contracara es la reconfiguración de las demandas sociales.

“Tu base poblacional no son 32 millones, es de 26 y pico, ya hay una porción más grande de adultos mayores, es un país distinto. No es un país rico, no es joven, tampoco un país petrolero”.

«EL PAÍS SE HA HOMOGENIZADO EN TÉRMINOS DE POBREZA»

Luis Pedro España es sociólogo y profesor universitario. Tiene una maestría en Ciencias Políticas y dirige Ratio UCAB, la encuestadora de la Universidad Católica Andrés Bello. Investigador constante, coordina la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).

España es coordinador del Proyecto Estudio de la Pobreza en Venezuela de la UCAB desde 1997 (Andrés Kerese | Archivo Prodavinci).

-¿La pobreza en Venezuela es distinta en 2019-2020 con respecto a años anteriores, más allá de las cantidades?

-Encovi es un estudio cuantitativo no cualitativo. Pero creo que lo que ha cambiado, sobre la hipótesis desde el punto de vista cuantitativo, son los mayores niveles de angustia, de incertidumbre, y sobretodo de saber que estás jodido, que no vas a salir de la pobreza. Desde el punto de vista cuantitativo, se han profundizado algunas diferencias. Por ejemplo, las diferencias de género. La caída de las remuneraciones, su deterioro, ha hecho que las mujeres se retiren del mercado de trabajo. Solamente cuatro de cada diez mujeres en edad activa trabajan. No es que no quieran trabajar, sino que las actividades del hogar están distribuidas desigualmente por género, y el costo de oportunidad de las mujeres es mayor. Entonces, para lo que van a ganar, que es muy poco, prefieren quedarse en la casa atendiendo las labores de cuido, tanto de las personas de la tercera edad como de los niños.

-¿La remuneración de la mujer frente a un hombre por un trabajo similar es menor y por tanto impulsa ese desgano?

-Sí, sin duda. Especialmente en los trabajos informales. En el sector informal las diferencias son gigantescas y allí la constitución fisiológica en materia de fuerza y resistencia vale mucho. Eso aleja mucho más a la mujer en el mercado laboral. La otra diferencia es que en los hogares la jefatura de las mujeres ha aumentado mucho, incluso donde la pareja vive con ella.

-¿Cómo es el retrato actual de los estratos sociales en Venezuela?

-Evidentemente el tema de la desigualdad en termino de ingresos, el distanciamiento entre las brechas sociales, es muy grande. Nosotros reconstruimos los estratos sociales. Nosotros reconstruimos para esta Encovi los estratos sociales que utilizamos en el estudio de la pobreza. Tenemos 10 años de estratificación total y se ve cómo se han achicado los estratos, cómo el país se ha homogenizado en términos de pobreza, y cómo hay una pequeña parte del país que es la que se diferencia socialmente. 

-¿Cuál es el segmento que termina siendo dominante en esa torta?

-La mayoría está en el estrato D. Tenemos cinco estratos, del A al E. El estrato D sería un estrato que está en situación de pobreza urbana, personas que viven en zonas populares en donde las casas no están completamente consolidadas, el techo es de algún tipo de lámina y el piso es de cemento. Eso es el 47,4% de la población. El estrato E, que sería como una pobreza extrema, más rural que urbana o semiurbana, es 26,5%. El estrato C (22,1%) sería como un estrato no pobre popular, personas que son vecinas de estas zonas populares, pero son zonas mucho más consolidadas del barrio, más cerca de la principal vía que usan por ahí, por ejemplo. El estrato B y el estrato A serían nada más 4% de la población, cuando en 2007 era 16,4%. Entonces, lo que estamos viendo es que el país se está homogenizando en términos de pobreza.

-¿Desapareció la clase media en Venezuela?

-Por supuesto se achicó. No fue que se murieron o se mudaron. No es que alguien vivía en Los Palos Grandes y ahora vive en José Félix Ribas. Zonas consolidadas, como San Martín, construidas por el sector formal con edificios construidos con todos los servicios, ahora tienen las mismas carencias que las zonas populares. El empobrecimiento masivo ha hecho que la clase media deje de tener el estilo de vida de clase media, a pesar de que un 40% de los hogares tiene esa infraestructura.

-¿Las ciudades se han reducido a vivir en una modernidad residual? 

-A mí me recuerda a países que vivieron momentos de esplendor y después se empobrecieron durante varias décadas. Cuba es el ejemplo más cercano a nosotros. Pero hay otros países del norte de África, como Marruecos, que eran unas sociedades de ingresos gigantes y después tú vas y son unos cascarones vacíos. Nosotros nos estamos pareciendo mucho a eso.

-Viendo los gráficos de línea de pobreza se nota claramente cuándo comenzó la debacle, con la curva ascendente. Defensores de Hugo Chávez usan eso para separarlo de Nicolás Maduro.

-Los ingresos del país tuvieron una época muy diferente, no tanto de aumento de la producción petrolera, sino del precio entre el año 2005 y 2009. Después, a punta de endeudamiento, Chávez mantuvo la cosa irresponsablemente hasta el 2012, su última elección. El ingreso petrolero fue lo que permitió que los niveles de consumo de la población mejoraran mucho, pero no su calidad de vida necesariamente. El venezolano compró más productos, remodeló la casa, viajó, pero no tenía un mejor servicio de agua, no podía mejorar la seguridad. El gobierno fue muy irresponsable porque lanzó al consumo todo el ingreso petrolero, y cuando eso cayó vino la debacle del país y el empobrecimiento.

-¿La Encovi demuestra que esta realidad económica ha dejado vetustos conceptos como el uso del salario mínimo como indicador, por ejemplo?

-Cualquier regulación laboral en Venezuela no se cumple, porque no se puede cumplir. Nadie gana el salario mínimo en Venezuela. El promedio anda por los 60 o 65 dólares mensuales, en el mejor de los casos, lo cual es un salario de mierda y por eso es que todos somos pobres. Pero aquí todo lo que tiene que ver con la regulación de los contratos por parte del Estado se acabó. El Estado no tienen ninguna posibilidad de regular absolutamente nada porque la realidad se lo tragó. Todo lo que tiene que ver del dominio del Estado sobre la sociedad se acabó, a excepción de la represión que además es muy selectiva y muy variable.

-En la década pasada se asumía que trabajar para el Estado venezolano era más rentable. ¿La realidad de hoy cuál es?

-El sector público remuneró mejor en una época, unos pocos años cuando se generó algo que no era lo normal. Normalmente la remuneración del sector público y del sector privado era similar. Ciertamente en la época del boom petrolero se despegó la remuneración pública. En este momento por supuesto no. Ahora la mejor remuneración es el sector privado formal. Y la segunda es el sector público formal, y después todo el tema de la informalidad. Lo que sí preocupa mucho es que la educación ha perdido importancia desde el punto de vista de remuneración. Es decir, en promedio cada año de escolaridad igificaba 6% más de remuneración, en 2014. A finales de los años 90 era 14%. Para el año 2019 ese promedio bajó a 2%. Entonces no vale la pena estudiar. También eso habla de una escuela que no tiene calidad, especialmente en la educación superior.

El estudio Encovi 2019-2020 llegó a sitios recónditos (Cortesía Nelson Martínez).

-Aunque ha bajado la matrícula universitaria, la de educación básica no. ¿Por qué ocurre esto? 

-¿Y qué vas a hacer con un niño sino mandarlo para la escuela?

-¿Las escuelas son como depósitos de niños? 

-Por supuesto. Lo único que puedes hacer con un niño de entre siete y 12 años es mandarlo para la escuela. Después de los 12 años, los niños comienzan a tener unos destinos diferentes a la escuela porque empiezan a tener un valor dentro del mercado de trabajo, más los varones que las hembras. Antes, lo único que puedes hacer es llevarlo a la escuela o dejarlo en su casa. Por eso es que los niveles de matrícula de primaria son más universales. Ahora, una cosa es estar matriculado, otra es ir al salón y otra distinta es aprender algo.

-Hay quien se graduó hace dos o tres décadas y también tiene ingresos precarios. ¿Son pobres ilustrados?

-Por supuesto. Ese 2% es un promedio que no solamente considera a los que se graduaron o terminaron un ciclo escolar ese año, sino todos los profesionales. Tienes entonces ilustrados empobrecidos, como se ha empobrecido la inmensa mayoría. Esa clase media empobrecida que vive en cascarones vacíos son profesionales.

-Encovi muestra que no ha reducido la cantidad de alimentos que se consume, sino la calidad de la dieta. ¿Es el hallazgo más relevante en ese aspecto?

-Solamente 10% de la población no tiene ningún tipo de inseguridad alimentaria. Eso ya te habla de un país que está comiendo y adquiriendo muchísimo menos alimentos que el que considera que necesita. Pero no solamente eso es lo más grave, sino las dietas. La dieta esencialmente se basa en carbohidratos. El consumo de proteínas está a un 50% de lo que debería ser el requerimiento. El país se está llenando el estómago para no sentir hambre, pero sin valor nutricional.

España ha sido coordinador de varios libros sobre pobreza y políticas públicas en Venezuela (Maura Morandi | Archivo Prodavinci).

-¿Un país con estos resultados por dónde se comienza a arreglar?

-La respuesta siempre es la misma, pero es más difícil llegar a ella. Tú tienes que lograr dos cosas: que el país pueda volver a producir, lo que sea, pero producir; y lograr tener ayuda externa. Al país le fue destruido su aparato productivo, y no puede reconstruirse solo. Necesita créditos para el desarrollo, y créditos en largo plazo con mucha plata. Quienes puedan dar eso son los organismos multilaterales, y hasta que este país no se acomode políticamente no vamos a poder tener acceso a esos recursos. Desde el punto de vista social lo que hay que hacer es recomponer la cotidianidad, que las personas vayan a trabajar y que los niños vayan a la escuela, con todo lo que eso implica.

-Una reconstrucción también pasa por tener tejido social. ¿Cómo hacer cuando el retrato social es tan precario? 

-Vas a tener ese cuello de botella pero en el mediano plazo. Tú con lo que tienes en el país de recurso humano, tienes posibilidades de volver a ser productivo. Tienes una fuerza de trabajo reducida pero muy subutilizada. Los cuellos de botella llegarán a los dos o tres años cuando se acaben los maestros, los médicos, y así. Por eso es que en una segunda oleada de reconstrucción del país hay que tener políticas de repatriación.

-¿Y si esa reconstrucción no comienza todavía, hacia dónde caminamos luego de ver que la pobreza de ingreso en hogares ya es de 96%?

-Algunos indicadores se van a mantener porque no pueden seguir aumentando. Pero todo se puede seguir deteriorando en otros aspectos que no se hayan deteriorado, como el servicio de agua donde un 25% de la población dice que la recibe agua todos los días. Eso puede llegar a 10% o bajar hasta 4%. Hay espacio para seguir deteriorándonos.

-¿Si la calidad de vida desmejora más sería un detonante para un cambio político?

-La conflictividad social es una condición necesaria para el cambio político, pero no es suficiente. Lo que pasa es que en Venezuela hay una suerte de fantasía construida con el 27 de febrero (de 1989), de que hay algo así como un momento de saturación, y eso no es verdad. Necesitamos los otros ingredientes para el cambio político. Tú puedes tener países política e institucionalmente frágiles que son frágiles toda su vida. Y eso es lo que nos está empezando a pasar a nosotros.

-¿Como investigadores, les duele trabajar con estos resultados?

-Uno tiene que actuar como un médico. No hay tiempo para llorar sino para resolver. Siempre hay una distancia con el dato. Ahora, lo que nos ha resultado cada vez más difícil es conseguir el dato. Que nos detengan encuestadores, que haya unos señores que se asumen dueños del barrio o de la urbanización, la desconfianza de las personas, que casi linchen a una encuestadora porque una señora empezó a pegar gritos diciendo que le querían robar al niño… Las situaciones de peligro a las que sometemos al personal que está en campo es algo que cada vez nos cuesta más. Nos cuesta tener protocolos de seguridad, perder la capacidad de sorpresa de lo que es capaz de hacer una sociedad cuando está en extremo estresada. Hay más miedo de lo que va a pasar en campo.

-¿Pensaban que los resultados serían tan duros?

-Uno nunca se espera nada mejor porque está viendo el país todo el tiempo, pero sí te sorprenden algunas cosas. Por ejemplo, estas diferencias de género yo no me las esperaba. Tampoco la caída tan importante del consumo de alimentos, el empobrecimiento mayúsculo de los sectores medios y los sectores profesionales. Allí comienzas a ver el retrato de personas que tú conoces, que fueron colegas tuyos, que han perdido 30 kilos sin haberse enfermado. Eso es lo que no te esperas.

-Encovi se ha convertido casi en el indicador nacional de pobreza. ¿Alguien de la burocracia gobernante los ha contactado y/o mostrado preocupación o interés? 

-Esta Encovi ha sido muy demandada pues la esterilidad de datos, la ausencia absoluta de información, tiene a todos los sectores muy desasistidos. Hay mucho interés y necesidad de información. Uno siente que cada año la demanda es mayor. Pero nadie del gobierno nos ha contactado. Antes decían que éramos unos mentirosos. Ahora ya ni eso, nos ignoran. Uno aspiraría a que al menos llamen, aunque sea pidiendo confidencialidad. En la universidad siempre estaríamos dispuestos a ayudar.

TESTIMONIOS

«Lo que cobro en un día por servicios de peluquería, equivale a una quincena por mi trabajo en una escuela«. Natacha Paredes

«Los días que no se vende ni se cambia nada, rescatamos las bolsas con desperdicios que sacan del mercado y allí siempre se consigue algo«. Yakelin Márquez

«Lo que comenzó como un complemento económico terminó siendo mi modus vivendi«. Jaime Rodríguez

«¿Sabes qué es lo que más quiero? Tener otra vida y algún día poder regalarle su casa a mi mamá«. Ángel Cabello

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Coordinación y Edición
Víctor Amaya

Periodistas
Roison Figuera
Luisa Quintero
Zulvyn Díaz
Carlos Seijas Meneses
Ahiana Figueroa
Gabriela Rojas
Orianny Granado
José Luis Carrillo
Víctor Amaya

Fotografía
Luna Perdomo

Infografía y Diseño gráfico
Carlenys Zapata

Este trabajo fue realizado por TalCual como parte de la Alianza Rebelde Investiga

Caracas, 1 de octubre de 2020

 

El Plagio Académico

Mario Castro Villegas, docente universitario.

Antes de hablar de plagio, es forzoso hablar del fraude académico.

Este se expresa como toda conducta antiética, cuyo propósito es defraudar para obtener un beneficio o una ventaja desleal.

Se manifiesta –entre otras acciones- a través del engaño, la mentira, el cohecho, la falsificación, la suplantación, el sabotaje, la mala conducta profesional y –por supuesto- el plagio.

En el tema que nos ocupa, plagio (plagium, plagiare, plagiator) deriva del griego «plagios», que significa dolo y califica a quienes cometen hurto intelectual a través de medios fraudulentos.

Por ello, el plagio es despreciable.

Significa que quien lo comete ha tenido la intención dolosa de hacerlo, no se ha sentido intimidado por las sanciones morales y las legales y –además- se siente confirmado en su ego ante la posibilidad de que le sea reconocida una autoría que no le pertenece.

Esta reprochable conducta, se expresa a través de un abanico que va desde la tramposa reproducción parcial a una total; en cualquier caso -sin  importar la dimensión del hecho ni el daño- despoja al autor de su condición original, para ser usurpada por el plagiario como creación ilegítima con pretensiones de propia.

El alumno que plagia espera que se le reconozca un derecho que no tiene, porque su titularidad está condicionada a la satisfacción de un requisito fundamental que no cumple: ser el verdadero autor. Eso lo equipara a lo que hacen los estafadores: obtener de los estafados un trato beneficioso que no les corresponde.

En síntesis, el plagio académico es un fraude cometido -con toda conciencia e intención- que despoja (parcial o total) a un autor de textos, ideas, métodos, mecanismos, diseños, opiniones y todo lo que puede ser considerado como propiedad intelectual ajena, y suplanta su autoría para adjudicársela como propia.

Es un engaño con el que el plagiador busca un beneficio inmerecido.

QUÉ ES COMO DELITO

El plagio es un delito autónomo tipificado en la Ley sobre el Derecho de Autor, que no admite justificación ni atenuación por su condición de consciente, intencional y fraudulento.

Este delito se perfecciona cuando quien lo comete exterioriza la suplantación dolosa de un autor, aún cuando no sepa de quién se trata, y espera ser reconocido como tal.

El plagiador está consciente de que con su hecho se apropia de una autoría que no es suya y, a pesar de ello, comete el delito. Es la plena conciencia de que la obra que falsea es ajena, no la ha creado ni le pertenece.

PROTECCIÓN JURÍDICA

El derecho de autor está protegido por la Constitución, por leyes nacionales, y por tratados, pactos y convenios suscritos por Venezuela.

Es así como la Constitución, en su artículo 98, prevé que “la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluye la protección legal de los derechos del autor”.

Agrega que “El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia”.

Por su parte la Ley sobre el Derecho de Autor, en su artículo 1°, “… protege los derechos de los autores sobre todas las obras del ingenio de carácter creador, ya sean de índole literaria, científica o artística, cualesquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino”.

¿Y cuáles son esas obras?

El artículo 2° establece que son “… los libros, folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos, incluidos los programas de computación, así como su documentación técnica y manuales de uso; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado por escrito o en otra forma; las composiciones musicales con o sin palabras…”

Añade que también “…las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía; las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales; las ilustraciones y cartas geográficas; los planos, obras plásticas y croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y, en fin, toda producción literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento”.

Adicionalmente, el artículo 3° prevé que también están protegidas las “…obras del ingenio distintas de la obra original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, así como también las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyen creaciones personales”.

La autoría intelectual también se encuentra resguardada por los siguientes instrumentos jurídicos internacionales, suscritos por Venezuela:

* Convenio de París para la Protección de Obras Literarias.

* Convención Universal sobre el Derecho de Autor.

* Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.

* Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para Protección a los Autores de Obras Literarias, Artísticas o Científicas.

POR QUÉ DEBE IMPORTARNOS EL PLAGIO

Porque es un plaga que azota el ámbito académico.

Es una realidad que lesiona la honestidad, la integridad, el apego a valores compartidos que permiten el funcionamiento del sistema educativo y que -a través del tiempo- ha desarrollado en el país una cultura fraudulenta desde la primaria.

ALGUNAS FORMAS EN QUE EL ALUMNO INCURRE EN PLAGIO

Mediante el plagio el alumno –ante un requerimiento académico- disfraza los textos, ideas, entrevistas y opiniones de las fuentes, cambiando algunas palabras, oraciones y el tipo de letra; en casos, incorporando algunas faltas de ortografía, eliminando el lenguaje técnico, modificando el inicio de párrafos y –en otros- transcribiendo la información para excluir códigos de seguridad.

Con ese encubrimiento procura que se le reconozcan como propios, los análisis y argumentos solicitados por el docente.

En ese momento está violando normas de derecho, normas éticas y poniendo en riesgo el resultado de su evaluación si es descubierto por el docente.

También es frecuente que el alumno plagiador cite lo dicho por un autor y exprese que está de acuerdo con su opinión, pretendiendo que ello sea un “análisis” a valorar por el docente.

En otro caso, el alumno cita a un autor y luego inicia un análisis de la cita, pero con los mismos argumentos del autor –cambiando palabras- para hacerlos pasar como propios.

Otra situación se configura cuando el alumno realiza entrevistas y utiliza lo dicho por el entrevistado para dar argumentos como si fueran propios.

En ocasiones más descaradas el alumno simplemente copia y pega un texto, sin transformación alguna, y también lo hace pasar como propio.

Por otra parte, es importante resaltar la experiencia del docente para detectar el estilo de redacción del estudiante. Cuando se encuentra ante un trabajo presentado, le llama la atención una morfosintaxis que no es propia de estudiantes (salvo excepciones muy contadas); en especial, de quienes cursan los primeros semestres o años.

El docente sabe que ese no es el estilo habitual que tiene un estudiante al redactar. Allí se encienden las alarmas.

Con relación a los párrafos anteriores y según Andrea Romano (2016: “El discurso de Melania Trump fue plagio”), “…la probabilidad de que ante una exigencia de cátedra, el alumno luego de investigar redacte 16 palabras consecutivas (esto es aproximadamente la extensión de una oración mediana) como propias y que ello en lugar de plagio sea “simple coincidencia”, es de menos de una en 1 millón de millones”.

OTRAS FORMAS DE FRAUDE ACADÉMICO INCLUIDO EL PLAGIO

Gustavo Peña, vicerrector académico de la Ucab, en una exposición síncrona (vía Zoom Ucab) acerca del tema, el viernes 9/10/20, a las 2:00 p.m., señaló las acciones fraudulentas cometidas con mayor frecuencia en las evaluaciones en el marco de las clases presenciales, como de las correspondientes a las clases a distancia.

Actos administrativos

– Presentar justificativos falsos –o poco creíbles- para cambiar fecha de evaluaciones o para justificar inasistencias que generaron la pérdida de una evaluación o de una materia.

– Firmar la lista de asistencia en nombre de un compañero de clases inasistente.

– Permitir ser incluido en una lista de asistencia sin haber asistido.

– Incluir a un compañero en un trabajo en equipo, al que nunca aportó esfuerzo.

– Presentar un examen o un trabajo, en nombre de otro.

– Utilizar el sistema de evaluación de profesores, para evaluar falsamente.

– Evaluar a un docente sin nunca haber asistido a clases.

– Confabularse con otros para perjudicar a un docente a través del sistema de evaluación.

En exámenes

– Copiar las respuestas dadas por otros compañeros.

– Copiar y pegar diferentes fuentes bibliográficas o clases.

– Realizar reuniones en red, para discutir las respuestas de una evaluación.

– Justificaciones falsas relativas a la conectividad, para solicitar más tiempo o para lograr una nueva oportunidad.

– Utilizar herramientas no permitidas –como programas estadísticos- para responder un examen.

– Informar de accidentes personales falsos para solicitar más tiempo o para lograr una nueva oportunidad.

– Utilizar dispositivos electrónicos para buscar las respuestas.

– Enviar las respuestas a un compañero o dejar que las copie.

– Facilitar o permitir que otra persona realice el examen.

– Fotografiar un examen y enviarlo a otra persona para recibir las respuestas.

En foros o tareas evaluadas

– Copiar y pegar de diversas fuentes bibliográficas.

– Copiar y pegar de diferentes estudiantes, quienes respondieron en otro momento.

– Copiar y pegar de informes de semestres anteriores.

– Copiar y pegar de informes de grupos de otra sección.

En la redacción de trabajos o de tareas

– Copiar o parafrasear parte de otros trabajos, sin la correspondiente cita.

– Copiar trabajos anteriores y presentarlos como nuevos.

– Copiar parcial o totalmente el trabajo de otro y hacerlo pasar como propio.

– Prestar un trabajo para que alguien lo copie.

– Bajar un trabajo de internet y presentarlo como propio.

– Utilizar lo dicho por un autor sin citarlo.

– Pagar por un trabajo a quien ofrece ese servicio.

POR QUÉ SE PRODUCE EL PLAGIO

¿El alumno está consciente de la importancia de la autonomía interpretativa, de su ejercicio intelectual, de analizar y argumentar acerca de temas y de problemas?

¿Reconoce lo enriquecedor que es para su formación académica que aprenda cómo aportar ideas propias a las asignaciones docentes?

¿Es una reacción al sentir que el entorno académico privilegia –en casos- cantidad por calidad, en las asignaciones docentes?

¿Acaso muestra una deficiente formación en valores propios de la familia, de la academia y de la sociedad?

¿El plagio será el resultado de flojera intelectual?

¿Es consecuencia del desconocimiento acerca de los derechos de autor?

¿Es consecuencia de un mundo académico más competitivo, en el que se persigue la recompensa?

¿El entorno académico aporta causas y condiciones que contribuyen al plagio?

Copiar y pegar se ha convertido en una conducta pretendida como normal, entre muchos estudiantes.

Estas son las causas más recurrentes:

1) Desde la primaria el plagio ha sido estimulado. A los alumnos les asignan trabajos y -en muchos casos- les indican las páginas de los libros, o direcciones web, donde se encuentra la información. Lo que hacen es copiar y presentar la asignación como propia, a la que el docente recompensa con una nota.

Esta recompensa, legitima el plagio e internaliza en el alumno la convicción de que es así como se hace y de que no comete un ilícito.

Por otra parte, estimula al alumno a no pensar; con ello, desnaturaliza el propósito de la formación académica.

Para Sergio Castro Becerra (2016, “Nueva Denuncia de Plagio”), “El alumno copia y pega porque es más fácil y cómodo que hacer el trabajo por sí mismo”.

2) Hay plagios que son difíciles de detectar; en especial cuando al docente no se le encienden las alarmas y -por ello- no verifica la autenticidad del producto académico solicitado al alumno.

3) Los plagiadores desarrollan capacidad para descubrir los puntos ciegos de los docentes (falta de recursos para verificar fuentes, desinformación, inexperiencia, mínimo esfuerzo, indiferencia, deseo de ser aceptado por los alumnos…).

4) Algunos estudiantes –al plagiar- sienten que es el camino más corto (mínimo esfuerzo) para resolver rápidamente un requerimiento de cátedra y con “apego” a lo solicitado por el docente.

También sienten que demuestran su habilidad para hacerlo y –a la vez- obtienen la recompensa de una nota favorable.

5) Para muchos alumnos el plagio es una manera de retar la autoridad académica y de tener la satisfacción de haberla derrotado. No se sienten intimidados por las sanciones morales ni las legales.

6) El alumno desmotivado infravalora el requerimiento del docente, lo considera irrelevante y –en consecuencia- le da un mateo a la investigación a través del copia y pega.

Especialmente cuando no tiene sólida formación académica, arrastra vicios desde la primaria y la secundaria, y no ha tenido interés real por esforzarse en aprender ya que siente que todo lo tiene disponible en internet, que la web “piensa” por él.

Entonces, ¿para qué investigar y aprender, cuando puede “investigar” sólo para aprobar una asignación docente?

A esa desmotivación se suma que muchas veces no tiene clara conciencia de que estudia para adquirir herramientas cognitivas que pueda monetizar en el futuro y no porque los padres se lo exigen para que “sea alguien en la vida”.

7) Según Regueiro (2015: “La motivación e implicación en los deberes escolares a lo largo de la escolaridad obligatoria”) “… la motivación, la implicación y el interés de los estudiantes para cumplir con sus asignaciones de cátedra, decrece en la medida en que avanza a los cursos superiores; es decir, genera una gran emoción en los primeros años y adquiere menos importancia conforme avanza en la estructura académica. De ahí el interés por resolverlas en poco tiempo y el plagio les brinda esa oportunidad”.

Es decir, a medida que avanza el alumno siente que más que aprender lo que necesita es cumplir con requisitos para culminar sus estudios.

8) A pesar de ser una realidad extendida en el ámbito académico –en todos sus niveles- y preocupación frecuente de directivos y de docentes, no existe hasta ahora una congruente política de formación (que aglutine lo intelectual, lo ético y lo legal), para producir estrategias de formación eficaz antiplagio y –por tanto- de alumnos éticamente responsables.

9) Algunos argumentan que “no sabían” que era delito; otros, que eso es lo que hacían en otros niveles de la educación formal y que –además- los docentes lo evaluaban y le colocaban nota.

Al respecto el Código Civil, en su artículo 2, es determinante: “La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento”.

10) Para el alumno plagiador, a veces no hay consecuencias; y si las hay, no son las eficaces para castigar y para evitar casos futuros. En ocasiones, la sanción se circunscribe a una llamada de atención sin consecuencias reales.

Esa falta de sanciones se debe –en líneas generales- a la lasitud de las instituciones educativas, a la falta de reglamentos, a la incapacidad directiva y –en muchos casos- a la complicidad (por acción u omisión) de integrantes de la comunidad académica.

 “Esa complicidad convierte al plagio en silencioso, con demasiada frecuencia.

Desde la incapacidad de detectarlo a tiempo, hasta la complicidad no sólo de docentes sino la institucional que -para evitar el escándalo- lo oculta o lo disimula, y no lo pesquisa.

Por eso el plagio es tan peligroso, porque es callado, sigiloso. Si fuera sonoro sería más fácil de evitar” (Romano et al., 2016).

El alumno, al comparar los riesgos y los beneficios de plagiar, no se siente en peligro y considera a los segundos muy por encima de los primeros.

Esa ausencia de consecuencias reales, también envía un mensaje a la comunidad estudiantil, que refuerza su cultura de plagiar.

Como agregado a las diez causas señaladas, varios modelos metodológicos (Agüello, 2009; Caldevilla, 2010; Egaña, 2012; Morató, 2012) identifican las más recurrentes del copia y pega.

Vivian Abenshushan y Luigi Amara (2012, “El Plagio como una de las Bellas Artes”), resumen las causas del plagio académico así:

“* El plagiador está convencido de que no será descubierto.

* Siente que el fácil hacerlo con éxito.

* La mala distribución que el alumno hace de su tiempo para cumplir con los requerimientos académicos.

* El desconocimiento de las normas para citar; la carencia de competencias para investigar y redactar.

* El exceso de trabajos asignados a los alumnos, que exige un sobre esfuerzo del docente para leer en profundidad los trabajos y hacer adecuado seguimiento al uso de las fuentes en cada uno.

* Ese exceso de trabajos que se asignan, también ha incrementado en los alumnos la tentación de recurrir al atajo del plagio.

* La poca claridad de las instrucciones dadas a la hora de solicitar trabajos.

* La descoordinación entre los profesores para hacer seguimiento a los plagiadores.

* La evaluación docente de los trabajos de forma superficial y poco razonada.

* Un sistema universitario que premia el resultado por encima del proceso.

* Un modelo que convierte la capacitación para un trabajo en el objetivo prioritario de la educación, dejando poco espacio y reconocimiento para metaaprender, crear y pensar.

* El cambio de modelo en la universidad, que ahora considera al estudiante como cliente y a su aprendizaje como fast food.

* La facilidad y anonimato que confieren las TIC a la hora de plagiar.

* La idea, muy enraizada entre los más jóvenes, de que todo cuanto hay en la web es de todo el mundo y se puede utilizar, compartir, apropiar y difundir de la manera que se desee.

* Los modelos y esquemas sociales basados en la cultura de la reproducción, más que en la reproducción y producción de la cultura.

* El paradigma social de ver y hacer diversas cosas en muy poco tiempo, con lo que se amplían los límites de la acción pero se reduce su profundidad.

* Los ejemplos casi diarios de fraude y falta de ética, en numerosos ámbitos de la vida del país.

* El empobrecimiento de la relación profesor-alumno a causa –principalmente- de la masificación de las aulas. Una mayor y mejor relación interpersonal, reduce la incidencia del plagio académico.

* La presión del entorno para obtener buenas notas.

*  Y –posiblemente la más importante- la falta de modelaje social que apoye el ético desempeño académico”.

Para el polaco Zygmunt Bauman (1999: “Modernidad líquida”): “La ausencia de normas, el menosprecio por el esfuerzo, la «modernidad líquida», un entorno en el que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para solidificarse; un medio en el que el olvido y la renuncia a toda planificación a largo plazo es condición imprescindible para el éxito, constituyen un biotipo idóneo para el desarrollo del plagio académico”.

EFECTOS

Para el estudiante

A) Limita y ralentiza la posibilidad de crear, de innovar, de aportar con autonomía de pensamiento. Si no desarrolla independencia intelectual, analítica y argumental, se conformará con copiar y pegar.

B) Imposibilita el desarrollo del pensamiento crítico, puesto que no contrasta información.

C) Disminuye considerablemente la posibilidad de alcanzar competencias; por tanto, sus habilidades profesionales serán limitadas al no desarrollar capacidad de investigación.

D) Coloca en riesgo su futuro profesional, en un mercado de trabajo cada vez más competitivo. Al no desarrollar su capacidad para analizar, comprender y contrastar información, será difícil que obtenga densidad cognitiva que pueda monetizar en el mercado laboral.

E) Legitima y fortalece una conducta censurable, que tendrá impacto nocivo en su desempeño académico, social y laboral.

Uno de esos impactos académicos se manifiesta cuando un docente sanciona el plagio y la reacción del alumno –en casos- es agresiva contra él por cuanto “los demás profesores no nos quitan puntos por eso. ¿Por qué usted sí?”

F) Se convierte en modelo multiplicador de esa conducta.

Para los docentes

A) Dificulta, en gran medida, el desarrollo en los alumnos de habilidades para investigar.

B) Se hace cuesta arriba enseñar a los alumnos a cultivar una creciente capacidad de pensar con independencia intelectual y juicio crítico.

C) Entorpece la formación que imparte a sus estudiantes para que amplíen la capacidad de entender, valorar y discriminar información aplicativa a la solución de problemas.

D) La complicidad por acción u omisión al no sancionar el plagio, repercute en los docentes quienes sí lo hacen.

El alumno que obtiene una nota deficiente por plagio no asume su responsabilidad y culpa al docente, por cuanto considera que si otros profesores no lo sancionan, “eso no deben hacerlo los demás”. Es decir, el alumno supone que tiene derecho al plagio académico, se arropa en el manto de la ausencia de sanción y reacciona contra el docente quien sí lo hace.

Esto lo refleja el alumno cuando le toca evaluarlo, sin importarle el daño que le causa al profesor una inmerecida “venganza” a través de una valoración negativa.

SANCIONES

La Ley sobre el Derecho de Autor, en su artículo 119, ordena castigo “… con prisión de seis (6) a dieciocho (18) meses, a todo aquel que con intención y sin el consentimiento del autor, utilice en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente, obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas, equiparadas a la fotografía; o distribuya ejemplares de obras del ingenio protegidas por esta Ley…”.

En su artículo 120 fija en cuatro (4) años la pena de prisión para quien “… con intención y sin derecho reproduzca en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente, obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas equiparadas a la fotografía; o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga de cualquier otra manera en circulación reproducciones ilícitas de las obras del ingenio o productos protegidos por esta Ley”.

Igual pena establece el artículo 121, para quien “…intencionalmente y sin derecho, reproduzca o copie, por cualquier medio, la actuación de un intérprete o ejecutante, o un fonograma, o una emisión de radiodifusión, en todo o en parte, sin autorización expresa del titular del derecho respectivo… o a quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga de cualquier otra manera en circulación dichas reproducciones o copias”.

Por su parte el artículo 122 destaca que las penas “…se aumentarán en la mitad cuando los delitos sean cometidos respecto de una obra, producto o producción no destinados a la divulgación, o con usurpación de paternidad, o con deformación, mutilación u otra modificación de la obra, producto o producción que ponga en peligro su decoro o la reputación de una de las personas protegidas por la Ley”.

Vale destacar que el artículo 124 otorga al juez la facultad para “… decretar la publicación por la prensa de la sentencia a costa del reo…”.

Para esta ley cuyo un ámbito de validez es todo el territorio nacional, el plagio es un delito.

Al momento de cerrar estas líneas, no fue posible acceder a los reglamentos disciplinarios de –al menos- las seis primeras universidades del país (salvo la Ucab) para conocer cómo abordan el tema.

En su caso, no existe un reglamento específico que contemple el plagio.

Lo disponible es el “Reglamento Sobre el Régimen Disciplinario Aplicable a los Alumnos” (vigente desde el 22-10-19), que trata -de manera genérica- la conducta plagiaria como una falta.

En su artículo 5, numeral 1, establece que una de las infracciones sancionadas con suspensión de hasta por dos meses, es “Incurrir en conductas fraudulentas que comprometan la integridad de cualquier tipo de evaluación”.

Por otra parte, el artículo 6, numeral 1, determina -en los casos de alumnos de postgrado- la negativa de reinscripción hasta por dos períodos académicos consecutivos, cuando presenten “…como propio una idea o trabajo autoría de terceros, sea en forma parcial o total, con o sin consentimiento del autor”.

Y en el artículo 7, numeral 9, sanciona con expulsión por el resto del período académico y hasta por un máximo de cuatro (4) años, el hecho de “Presentar como propio un trabajo o idea de autoría de terceros, sea en forma parcial o total, con o sin consentimiento del autor, cuando aquél sea requisito final para obtener el título o grado correspondiente”.

Ahora bien, ¿cuál de estas normas debe ser aplicada en el caso de plagio en la Ucab?

En aparente respuesta a esta interrogante, el artículo 8 afirma que “El ejercicio de la potestad sancionatoria respetará la debida proporcionalidad entre la infracción cometida y la cuantificación de la sanción impuesta. A tal fin también se podrá considerar la reparación del daño causado, la aceptación de la responsabilidad y la reincidencia entre infracciones similares”.

Recordemos que el plagio es un delito autónomo que no admite justificación ni atenuación por su condición de consciente, intencional y fraudulento.

Vale señalar que el artículo 10 expresa que “La aplicación de la sanción disciplinaria es independiente de las sanciones de otra naturaleza que podrían derivarse de la conducta realizada por el alumno”.

Añade que “No constituye sanción disciplinaria la calificación de aplazado en la actividad o evaluación en la que se perpetró la falta que dé origen al procedimiento disciplinario”.

Al respecto, este artículo no especifica quién estaría legitimado para accionar el debido proceso y lograr la ejecución de esas “sanciones de otra naturaleza”.

Como ejercicio imaginario de la aplicación de este artículo 10, es válido preguntarse si en todas las instituciones académicas:

– ¿Está legitimado el docente?

– La institución educativa, en su propósito y obligación de preservar la integridad ética y jurídica que reviste al derecho de autor, ¿debe notificar a los autores plagiados y a las editoriales, cuando se comete plagio?

– Si la institución no sanciona el plagio, ¿se habrá convertido en cómplice por omisión del delito y –en consecuencia- nació para los autores plagiados y las editoriales el derecho a accionar contra el plagiador y contra la institución?

CIERRE

Estas líneas no han tenido la pretensión de presentar fórmulas mágicas para evitar o neutralizar el plagio académico, puesto que cada institución debe desarrollar mecanismos propios al efecto.

Lo cierto es que el plagio ocurre en las instituciones educativas; y por tanto, estas no pueden pretender que el problema sea resuelto solamente por los docentes.

La cultura de plagio académico es del tiempo que se vive; y en todas sus causas, muestra la forma como se agrupan los falsos valores, la falta de controles apropiados y la ineficaz aplicación de sanciones.

Es por ello que para cualquier institución educativa, el plagio tiene que ser una conducta muy cuestionable y severamente sancionada; pero también debe prevenirla.

No basta con producir normas punitivas (necesarias por supuesto) ante un problema social de profundas y gruesas raíces, que se manifiesta solamente en las instituciones educativas.

Se trata de desarrollar e internalizar en directivos, docentes y alumnos, una cultura activa antiplagio; y ello, también debe reflejarse en la malla curricular de cada nivel académico. No solo como un tema de las cátedras de Metodología.

Al respecto, es importante hacer referencia a lo afirmado por Gustavo Peña Torbay, vicerrector académico de la Ucab, en el documento “Confiabilidad, validez y significancia de las calificaciones en la evaluación a distancia”.

Allí afirma que “…desde la Escuela se debe preparar una campaña formativa para explicar cómo debe citar textualmente, hacer paráfrasis, respetar las fuentes en productos audiovisuales, periodísticos y gráficos a través de ejemplos que puedan ser de referencia para los estudiantes”.

Si el plagio tiene identidad propia, pues así hay que entenderlo y combatirlo.

Cuando las instituciones académicas reconceptualicen el plagio en su condición de delito autónomo y en función del daño que causa –especialmente a los valores éticos, al desarrollo de la autonomía intelectual y a los principios que sustentan a la enseñanza, y actúen en consecuencia- entonces podrá hablarse del inicio de un cambio en esta perniciosa cultura social.

ALGUNAS HERRAMIENTAS ANTIPLAGIO EN LA WEB

* Plagium (http://www.plagium.com/)

* The Plagiarism Checker (http://www.dustball.com/cs/verificador.plagio/)

* Viper (https://www.scanmyessay.com/)

* SmallSeoTools (https://smallseotools.com/es/plagiarism-checker/)

* Plagiarisma (http://plagiarisma.net/es/)

* Edubirdie (https://edubirdie.com/detector-de-plagio)

* Turnitin (https://www.turnitin.com/es)

* Plagius (https://www.plagius.com/es)

* Plag (https://www.plag.es/)

* Dupli Checker (https://www.duplichecker.com/)

* Paper Checker (https://www.paperrater.com/free_paper_grader)

* Prepostseo (https://www.prepostseo.com/es/plagiarism-checker)

* Unicheck (https://unicheck.com/es-es/free-plagiarism-checker-online)

* Compilatio (https://www.compilatio.net/es/)

FUENTES CONSULTADAS

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ARISTEGUI, Carmen, Irving Huerta, Sebastián Barragán, Juan Omar Fierro y Rafael Cabrera (2016): “Peña Nieto, de plagiador a presidente”, en http://aristeguinoticias.com/2108/mexico/pena-nieto-de-plagiador-a-presidente/

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URBINA, Santos (2004): “Ciberplagio: “construyendo” trabajos universitarios”. Disponible en http://www.lmi.ub.es/edutec2004/pdf/159.pdf

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Las 50 ciudades más violentas del mundo en el 2019

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Por tercer año consecutivo, una ciudad mexicana es la más violenta del mundo; y por segundo año consecutivo, esa ciudad es la más violenta del mundo: Tijuana, con una tasa de 134,24 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En las ediciones anuales de este ranking, la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana (esto es, en los años 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 y 2019).

En el 2019 las cinco ciudades más violentas del mundo, son mexicanas:

Tijuana (área metropolitana o AM), Juárez, Uruapan, Irapuato (AM) y Ciudad Obregón.

De las 10 ciudades más violentas del mundo 6 son mexicanas. Además de las cinco mencionadas, figura Acapulco.

México es el país con el mayor número de ciudades violentas: 19 de 50. Casi el 40% de todas las ciudades más violentas del mundo son mexicanas.

Sólo en el 2016 un país, Brasil, alcanzó tal cifra con las ciudades más violentas del mundo.

Si México es el epicentro mundial de la violencia se lo debe a sus gobernantes. Los gobiernos anteriores, fueron incompetentes en extremo para controlar la violencia, pero al menos parecía que intentaban frenarla.

Pero la política del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es mucho peor que las de los gobiernos anteriores; y el resultado es el de niveles de violencia sin precedentes. El problema central es que ese gobierno -al tiempo que trata a los delincuentes como víctimas- es claramente hostil hacia las verdaderas víctimas.

Ese gobierno se niega a aplicar la fuerza legal contra los criminales y en cambio les ofrece subsidios, como las “becas” del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que debieran, supuestamente, poner fin a los sicarios al convertirlos en becarios. Por supuesto los sicarios, aunque sean becarios, siguen siendo sicarios.

Por si fuera poco, el gobierno de López ha ofrecido amnistía a delincuentes presos y ha empezado a otorgarlas.

En contraste, los gobiernos que han decidido aplicar la ley a los criminales han tenido éxito. San Salvador dejó el ranking en el 2019, luego de figurar en todos desde el 2008. Todavía en el 2015 esta ciudad ocupó el tercer lugar.

El nuevo gobierno se propuso y está logrando retomar el control territorial del Estado frente a las pandillas y endurecer las medidas contra los pandilleros presos, en lugar de negociar “treguas” con ellos.

En el 2019, del ranking salieron 6 ciudades de Brasil. Cabe recordar que en el 2018 tuvo 14. Pero ingresaron dos ciudades brasileñas. Sin embargo se trata de un logro notable bajo el nuevo gobierno, el cual tampoco es complaciente con los criminales y les aplica la ley sin miramientos.

Además, hubo notables reducciones en las tasas de homicidio de ciudades que permanecieron en el ranking. Fortaleza tuvo una reducción de -50.15%, Natal del -35.28 y Maceió del -33.83.

Otras novedades que presenta el ranking 2019 son:

•  Incluidas en el ranking del 2018, salieron del de 2019, las siguientes nueve ciudades: Aracaju, Belém, Campos dos Goytacazes, João Pessoa, Macapá y Teresina de Brasil; New Orleans de Estados Unidos; Coatzacoalcos y Nayarit de México.
• Al ranking del 2019 ingresaron las ciudades mexicanas de Cuernavaca (reingreso), Guadalajara, León, Morelia y Zacatecas; las ciudades brasileñas de Rio Branco y Caruaru y la ciudad sudafricana de Johannesburgo (reingreso).
• De las 50 ciudades del ranking 2019, se ubican en México 19, 10 en Brasil, 6 en Venezuela, 4 en Sudáfrica, 3 en Estados Unidos, 3 en Colombia, 2 en Honduras y 1 Guatemala, 1 en Puerto Rico y 1 en Jamaica.
• Cuarenta y seis ciudades se ubican en el continente americano y 42 en América Latina.
• En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 49,45 asesinatos por cada 100 mil habitantes (35.734 homicidios entre 72.258.167 habitantes). Las primeras 30 ciudades superaron ese promedio.

Criterios de selección 

Los seis criterios principales para considerar la inclusión de una urbe en el ranking son:

1) Debe ser una unidad urbana claramente definida. No puede ser un área o jurisdicción que sea parte de una ciudad ni pertenecer a un municipio (o jurisdicción equivalente) que en lugar de ser predominantemente urbano sea predominantemente rural.

2) La urbe en cuestión debe tener 300 mil o más habitantes, según datos demográficos de fuentes oficiales.

3) Los datos sobre homicidios deben corresponder a las definiciones universalmente aceptadas de los homicidios dolosos u homicidios intencionales o muertes por agresión (con la excepción de muertes en operaciones de guerra o la muerte legalmente justificada y no en ejecuciones por parte de agentes del orden). No se incluyen cifras sobre homicidios en grado de tentativa.

4) Las cifras de homicidios deben provenir de fuentes oficiales o fuentes alternas. En cualquier caso, los datos, las estimaciones y la metodología de cálculo deben ser verificables y/o replicables. En algunos casos los datos son resultado de un conteo propio, a partir del análisis de notas periodísticas.

5) Las cifras deben corresponder al año anterior en que se difunden los resultados. Sólo de manera excepcional se pueden considerar los datos de un año anterior (los del 2014 para el 2015, por ejemplo), ante la presunción fundada de que no hubo variación sustancial de la incidencia de homicidios.

6) Las informaciones deben ser accesibles a través de Internet.

Procuramos, siempre que sea posible, que las ciudades incluidas sean unidades urbanas integradas y no localidades parte de ellas, independiente de las jurisdicciones político-administrativas. Sólo cuando no hay datos de las ciudades consideramos los datos del municipio o “ciudad principal” de una urbe.

Para la definitiva inclusión en el ranking la ciudad en cuestión debe estar entre las 50 con las tasas más elevadas.

El sentido de considerar sólo ciudades de 300 mil o más habitantes, responde al propósito de reconocer la magnitud de la violencia urbana.

Las poblaciones de algunos miles o cientos de habitantes presentan una realidad criminal diferente a las de las ciudades medianas a grandes.

En estas últimas se presentan los fenómenos generales de la aglomeración y el anonimato, así como los fenómenos específicamente criminales, entre otros, la distribución de mayor a menor incidencia a partir de los centros hacia la periferia, en círculos concéntricos o bien la mayor frecuencia de asesinatos en los que victimario y víctima no se conocían (lo cual es característico de las epidemias de violencia urbana y de violencia organizada).

Asimismo, en las localidades de unos miles de habitantes puede presentarse fuertes distorsiones estadísticas. Por ejemplo, un poblado de 5 mil habitantes del país X, normalmente pacífico, en un año puede haber cinco homicidios (mientras que en el anterior hubo uno y en el año siguiente cero), porque por ejemplo un sujeto enloqueció y mató a todos los miembros de una familia.

Entonces ese año la tasa de homicidios habría sido de 100 por cada 100 mil habitantes, cuando en grandes ciudades en el país X es en promedio de 20. Ello daría la impresión de que esa pequeña población vive una verdadera epidemia de homicidios y no ciudades que durante varios años han tenido tasas de 40 a 60 homicidios por 100 mil habitantes.

Por eso se excluyen las pequeñas poblaciones, además de que según nuestra experiencia a menor población de una ciudad es mayor la dificultad – o de plano imposibilidad- de obtener datos útiles.

Ahora bien, para elaboración del ranking se mantiene un monitoreo a lo largo del año, pero que se torna más meticuloso hacia al final y el inicio del siguiente cuando diversas autoridades gubernamentales dan a conocer sus datos anuales.

En principio todas las ciudades con más de 300 mil habitantes son consideradas, aunque como es lógico hay unas urbes que merecen más atención que otras. Además de algunos países hay una dificultad mínima para obtener datos, mientras que de otros hay una gran dificultad o de plano imposibilidad de acceso.

Las ciudades que merecen mayor atención son las de aquellos países que tienen las tasas de homicidios más elevadas, lo que no implica suponer que en países con tasas relativamente bajas no haya ciudades con altas tasas.

Por eso un primer paso para la identificación de las ciudades prospectos a figurar en el ranking, es primero analizar las tasas generales de homicidio de los países. Para ello consideramos cuatro tipos de fuentes principales:

1) Las cifras de los estudios periódicos sobre incidencia criminal (y operación de los sistemas de justicia penal) de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas.

2) Las cifras de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud.

3) Las cifras sobre incidencia criminal de los gobiernos de países, además de los gobiernos de jurisdicciones subnacionales y policías metropolitanas.

4) Informaciones periodísticas.

Todas estas ciudades (y cientos más) fueron consideradas para el ranking. Si no figuran no es por falta de información, sino porque o las ciudades no tenían más de 300 mil habitantes o las tasas no fueron los suficientemente elevadas (en el caso del 2016 el lugar cincuenta tuvo una tasa de 34,43 por cada 100 mil habitantes).

Estamos informados de que hay muchas ciudades con tasas más elevadas que las que corresponde a la posición 50, pero que no cumplen con el requisito de tener una población de 300 mil habitantes como es el caso, por sólo citar unos ejemplos, de las ciudades de Mossoró en Brasil o Colima y Chilpancingo de México.

También haya decenas de municipios en Brasil, Venezuela, México, Honduras y el Salvador, pero que no son ciudades en sí (sino parte de otras) o no tienen más de 300 mil habitantes.

Por similar razón se excluyen ciudades como Belice y Nassau en América y muchas de África.

Hay que hacer otra aclaración. Como se dijo, tratamos de reconocer la realidad de la incidencia de homicidios por ciudad y no por municipios y también tratamos de mantener seguimiento al comportamiento de tal o cual ciudad año tras año.

La realidad es que en torno a un municipio que suele ser capital de una jurisdicción subnacional (estado, entidad federativa, estado federal, provincia, etcétera) hay otros municipios conurbados, que constituyen una zona metropolitana.

Preferimos las zonas metropolitanas antes que uno de sus municipios, porque eso es más cercano a la realidad de una urbe, más allá de los límites político-administrativos, que en buena medida son arbitrarios, que no responden a la realidad de la integración económica y social de las ciudades.

Algunos gobiernos ya comprenden la necesidad de reconocer esta realidad, mientras que otros (la mayoría) siguen sólo enfocados en clasificar la información según estrechos criterios político-administrativos.

Cuando no hay más información que de un municipio y no de la zona metropolitana, pues no tenemos más remedio que considerarla, a sabiendas que sólo revela una parte de la realidad urbana y de la violencia urbana.

Ahora bien, en ocasiones sólo hay información sobre un municipio en un año, pero al siguiente aparecen datos sobre la zona metropolitana de la que forma parte y a veces, la información es global para esa zona y no está desglosada por los municipios que la integran.

Ante esta situación optamos por tomar la información por zona metropolitana, con la esperanza de que para el siguiente año también haya datos por zona. Decidimos esto conscientes de que se rompe la continuidad en el seguimiento del comportamiento de una localidad o jurisdicción (cuando por ejemplo ya no consideramos como hasta entonces el municipio de Fortaleza en Brasil, sino a la región metropolitana del que el municipio forma parte).

Pero entre tratar de reconocer la realidad de una urbe y dar seguimiento al comportamiento de una localidad o jurisdicción (municipio), optamos por lo primero, por ser más cercano a los propósitos del estudio.

Por lo que hace a la definición de homicidios, en primer lugar, es pertinente puntualizar que debe tratarse de homicidios consumados y no de tentativas. En segundo lugar es necesario evitar los términos confusos como “muertes violentas”.

Por ejemplo, las autoridades de Brasil clasifican a la mayoría de los homicidios dolosos en tres categorías: homicidio doloso, muerte en el marco de un robo con violencia o atraco y muerte como consecuencia de lesiones dolosas. Después las tres categorías se suman en los que se denomina “crímenes violentos letales intencionales”.

Pero el homicidio no es lo mismo que la muerte intencionalmente provocada y ejecutada con violencia. Hay homicidios que se cometen sin violencia, como los envenenamientos.

Por eso la definición correcta es la de homicidio doloso o como parte de una agresión, según el concepto de la Organización Mundial de la Salud (con exclusión de las operaciones de guerra y los homicidios “justificables” cometidos por agentes del orden en el marco del cumplimiento de la ley y que no sean ejecuciones extrajudiciales).

El diccionario define violencia como el acto que “implica el uso de la fuerza, física o moral” mientras que la definición de agresión es más amplia: “Acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño”.

Asimismo, forman parte de los homicidios dolosos aquellos de carácter preterintencional, definidos como aquellos en que la agresión tiene un resultado que excede la intención del agente agresor. Por ejemplo, un sujeto usa un arma contra su víctima con el propósito de intimidarla o lesionarla, aunque termina quitándole la vida.

Criterios de cálculo

El cálculo de la tasa de algún delito, para el caso homicidios, es muy simple: se divide el número de homicidios entre el número de habitantes y el resultado se multiplica por 100 mil.

En términos ideales la información sobre homicidios debe ser la oficial y definitiva y los datos sobre población deben ser los del año, ya provengan de un censo o de estimaciones oficiales.

Pero no siempre se dan estos supuestos, sobre todo al inicio del año siguiente al del ranking, que es cuando realizamos estos ejercicios y procedemos a su difusión. Además, no pocos gobiernos demoran a difundir sus cifras y algunos las ocultan o manipulan para simular menor incidencia a la real.

Por eso no queda más remedio que recurrir a fuentes alternativas de información y/o hacer estimaciones, sobre todo mediante proyecciones estadísticas e inferencias cuando los datos no son completos.

En cualquier caso, el criterio es la prudencia. Más vale hacer estimaciones que después se revelaron conservadoras, por debajo de las cifras oficiales definitivas cuando son difundidas, que lo contrario. Hasta ahora muy rara vez nuestras estimaciones sobrepasaron las cifras oficiales que después se conocerían.

En cada caso explicamos cuando debimos utilizar las cifras oficiales tal y como estaban, cuando utilizamos una fuente alternativa o porqué y cómo hicimos nuestras estimaciones y proyecciones.

LAS 50 CIUDADES MÁS PELIGROSAS DEL MUNDO

Fuentes de información y cálculos (caso Venezuela)

En Venezuela en inaccesible la información sobre homicidios.

Reconocer las cifras reales en el país es cada vez más difícil.

Desde hace años las autoridades han dejado de publicar estadística criminal y los diarios se dieron a la tarea de realizar recuentos mensuales, a partir de las propias notas periodísticas de nota roja.

Pero ahora hasta estos conteos son escasos o inexistentes. La crisis general ha golpeado duramente a los medios y su labor de suplir la ausencia de información oficial.

Los datos oficiales son por completo falsos, pura propaganda. La prueba es que los datos no son verificables por observadores independientes y contradicen la experiencia cotidiana de los venezolanos.

La crisis en la que el régimen ha sumido a Venezuela ha sido tan devastadora, que no sólo por la represión, sino incluso por el mero efecto del desastre económico, la prensa independiente casi ha desaparecido.

Y esa prensa era la fuente de información alternativa las mentiras oficiales. Pero lo que queda de esa prensa ha dejado de producir esa información.

Hay ONG que tratan de producir información alternativa. El problema con el Observatorio Venezolano de la Violencia es que ofrece tasas de homicidios por estado y nacionales, pero sin los elementales requisitos de clarificar sus fuentes de información u ofrecer la base demográfica para el cálculo.

En esta ocasión solicitamos al Observatorio su colaboración para aportar información debidamente respaldada. Respondió con un mero acuse de recibo y nada más.

Por tanto, para calcular las tasas de homicidios de las ciudades procedimos a lo siguiente:

A) Retomamos la cifra nacional de homicidios del Observatorio en el 2019: 16.506 que es un 28,38 % inferior a la de 23.047 difundida por la misma organización respecto al 2018. A decir verdad, no sabemos si se produjo ese descenso, pero no tenemos más remedio que suponer que sí.

B) Las cifras absolutas de homicidios por ciudades que presentamos en el 2018, las recalculamos para el 2019 con ese mismo porcentaje de reducción a nivel nacional. Obviamente, no sabemos si ese porcentaje fue igual en todas las ciudades, pero no tenemos más remedio que suponer que sí.

C) Las cifras de población, según los estimados y proyecciones oficiales, debimos recalcularlas, en virtud de que desde el 2013, 4.7 millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar el país según la OEA. De modo que si según la proyección oficial en Venezuela hubo 32.219.521 habitantes en el 2019, en realidad hubo 27.519.521, es decir un 14,59 % menos.

D) Pues ese mismo porcentaje de reducción, lo aplicamos a la población estimada de cada uno de los municipios que componen las ciudades. No sabemos si la reducción fue igual, inferior o superior en todos los casos, pero no hay otra forma de calcular, pues no hay datos confiables sobre el origen último de los venezolanos expatriados.

Con base en esos cálculos se establecieron las respectivas tasas de las ciudades para el 2019.

Nota de Sala de Información: la tasa universal de homicidios es de 9 por cada 100 mil habitantes, según la Organización de las Naciones Unidas.

LAS 6 CIUDADES MÁS PELIGROSAS DE VENEZUELA

Araya, la sal del desierto

Por: Helena Carpio.  Fotografías: Iñaki Zugasti | RMTF

PRODAVINCI

Las salinas de Araya fueron las más importantes de Venezuela por quinientos años. En 2020, el sistema de lagunas funciona otra vez como lo hacía durante la colonia. Los avances industriales se perdieron y la producción es mínima. Un grupo de jubilados trabaja para recuperar la producción. También lucha contra el olvido.

Frente al cristal de sal más grande del pueblo, Aníbal Núñez recordó al turco que visitó Araya diez años atrás.

Nunca supo cómo ni por qué un comerciante viajó más de 9.500 kilómetros desde Turquía hasta el estado Sucre, pero un día le tocó la puerta y preguntó por el gran cristal blanco. Era una mole translúcida formada por miles de pequeños cubos de cristal.

Pesaba más de veinte kilogramos.

Lo sacaron del centro de la Laguna Madre, llamada así porque parió la sal que dio origen al pueblo. Aníbal, al ver el asombro del turco, se adelantó: no está a la venta. El turco insistió con un precio. Era muy bajo: el cristal era un recuerdo de la mejor época de su vida. Le regatearon toda la tarde, pero ningún precio fue suficiente.

El cristal era invaluable para Aníbal. Al no poder comprarlo, el turco se despidió y no regresó a la Península de Araya.

Aníbal Núñez es un arayero de sesenta años, poeta y cronista, jubilado de las salinas. Ha escrito más de diez poemarios sobre Araya y al menos dos libros que recopilan mitos y leyendas de la península. Vive en una casa colonial de más de cien años de antigüedad, en la avenida principal de Araya.

La sala es amplia y tiene ventanas largas que dan a la calle. Las conversaciones de los transeúntes se cuelan y las de la sala se escuchan en la calle. Algunos caminantes se asoman a saludar. En Araya todos se conocen.

Todas las mañanas, un grupo de extrabajadores de las salinas se reúne en la sala para compartir la vida en Araya, los avances sobre sus reivindicaciones laborales y recordar mejores tiempos. Intercambian ideas sobre cómo recuperar la producción de sal.

Aunque están jubilados y muchos bordean los setenta, creen que pensar en el futuro les alarga la vida.

Jany Vásquez, un señor de lentes redondos, se recuesta de una pared mientras lee un viejo periódico.

Alí Frontado, de piel curtida y arrugas pronunciadas alrededor de la boca y los ojos, se arrima en el sofá.

Las salinas de Araya fueron las más productivas del país desde su descubrimiento en 1499. La Laguna Madre era la gran salina: el agua entraba directamente del mar, se evaporaba y se formaba la sal, todo en una misma laguna.

A partir de 1915, en la península se producía más de la mitad de la sal que se consumía en Venezuela. Era considerada sal de alta calidad. En los años sesenta se construyó un sistema de lagunas que alimentaban a la Laguna Madre, aumentando la productividad de la salina.

Hoy la producción es mínima.

En 1998 se produjeron 441 mil toneladas de sal para diferentes usos. Pero en los últimos años se abandonó el sistema de lagunas y ahora la Laguna Madre, una masa de agua rosada y marrón con más de 800 metros de diámetro, se alimenta como lo hacía en la colonia: directamente del mar.

No hay cifras oficiales sobre producción de sal en Araya desde 2001, pero trabajadores de las salinas que pidieron protección de su identidad, aseguran que entre 2008 y 2018 no se produjeron 300 mil toneladas. Cincuenta años de avances industriales se perdieron.

Vista de la Unidad 1 y Laguna Madre o cristalizador, en noviembre del 2019.

El día que jubilaron a Aníbal de las salinas en el 2008, asumió la dirección de la asociación de jubilados de las salinas de Araya. Representaría a 77 extrabajadores.

Esa semana, sus compañeros de trabajo fueron a las salinas y sacaron un gran cristal del centro de la Laguna Madre. Lo cargaron con payloader y lo transportaron hasta la puerta de la casa de Aníbal. No tenían otra forma de pagarle por su trabajo.

El gran cristal blanco brillaba bajo el sol. Aníbal pensó que parecía valioso, porque las cosas preciadas brillan. Jany dijo que era oro blanco.

La sal común que usamos para cocinar o salar alimentos es cloruro de sodio, pero no es la única que existe. Hay miles de sales. Cada una tiene propiedades distintas, varían en colores, usos y sabores, y no todas son comestibles o solubles.

Por ejemplo, el cromato de sodio es una sal amarilla, el permanganato de potasio es morado y el disulfuro de hierro es metálico y brillante, a veces llamado oro de tontos. Cuando se queman sales coloridas, se producen los colores brillantes de los fuegos artificiales.

El sabor “salado” que asociamos a las sales es el del cloruro de sodio, pero hay sales que tienen sabores dulces como el diacetato de plomo (que es venenoso), y otras con sabores ácidos o amargos.

Las sales nacen cuando dos opuestos se unen: cuando un ion con carga positiva (catión) se pega a un ion con carga negativa (anión). Un ión es un átomo que perdió o ganó electrones: cuando pierde es un catión y cuando gana es un anión.

Estos compuestos positivos buscan juntarse con uno negativo para equilibrar la carga y estabilizarse. Y los negativos buscan los positivos para lo mismo. Todos los compuestos iónicos son sales. Convertirse en sal los estabiliza.

El cristal de Aníbal está en el piso, detrás de la nevera, entre la pared y el olvido. Con el tiempo se le incrustó polvo, arena y telarañas. Ahora está marrón. Aníbal no lo mueve. Como a los recuerdos distantes, decidió no tocarlo por miedo a que se desmoronase. Pero esa mañana insistió en trasladarlo al jardín para verlo brillar. Aníbal y Jany pidieron ayuda a un señor más joven.

Con la espalda encorvada, el hombre lo cargó y lo llevó al jardín. El cristal tenía rasguños y rastros de insectos por debajo.

Los animales necesitan sal para vivir y los animales silvestres, especialmente los herbívoros, buscan fuentes de sal en la naturaleza. Una de las primeras formas que usaron los humanos para encontrar sal fue seguir huellas animales; muchas llevaban a manantiales o lagunas saladas.

Cuando el hombre los domesticó, los animales perdieron la capacidad de encontrar sal y el hombre debió proveerla.

Aníbal tomó una escoba y su esposa una manguera y comenzaron a limpiar el cristal. Los jubilados contaron que el imperio romano a veces pagaba a sus soldados con sal. De allí vino la palabra “salario”.

Según Mark Kurlansky, autor de Una historia mundial de la sal, los romanos también salaban sus vegetales y de allí viene la palabra “ensalada”.

Hoy se conocen más de 14.000 usos diferentes para la sal. Van desde la industria de la belleza, pasando por la farmacéutica, petroquímica, agricultura, tratamiento de aguas, hasta materiales de construcción, según la Enciclopedia Ullmann de Química Industrial.

En Sahara Occidental, hay registro de una ciudad completamente hecha de sal. Taghaza era una ciudad blanca construída con bloques tallados y resplandecientes, incluyendo una elaborada mezquita, pero poco a poco las arenas del desierto la ensuciaron hasta volverla gris. Ibn Batuta, un viajero árabe que había atravesado África, Europa y Asia, escribió sobre el lugar en 1352. Era hogar de esclavos. La sal era el único material que tenían para construir.

La sal también se usa para preservar.

Los egipcios pueden haber sido los primeros en emplear sal para preservar alimentos a gran escala, según la investigación de Kurlansky. Todas las grandes civilizaciones humanas de la antigüedad salaban el pescado.

Como los egipcios vivían rodeados por el desierto del Sahara, dependían de las fértiles y angostas orillas del río Nilo para cultivar alimentos. El Nilo se desbordaba, dejando materia orgánica sobre la tierra, como algas y restos de peces, los cuales funcionaban como fertilizantes naturales. Pero cuando no había inundaciones, no había cosechas.

Para prepararse contra estas catástrofes y evitar el hambre, comenzaron a preservar comida. Esto los llevó a desarrollar conocimientos sobre la salazón y la fermentación.

Los egipcios comenzaron a usar la sal para preservar las momias. Primero extraían el cerebro y los órganos internos del abdomen. Luego cubrían el cuerpo con una sal llamada natrón por setenta días.

Al terminar, lavaban y secaban el cuerpo y lo envolvían con tiras de lino. En Egipto también hay cadáveres de cinco mil años, más antiguos que el uso de jeroglíficos, que todavía tienen piel. No son momias, pero están increíblemente preservadas, porque el desierto salado los protegió.

La sal preserva porque absorbe la humedad, la cual permite el crecimiento de las bacterias.

La sal (cloruro de sodio) también es esencial para la vida.

El cuerpo necesita sal para mantener el balance de fluidos extracelulares, contraer y relajar músculos, incluyendo los del corazón, venas y arterias, y absorber nutrientes.

El sodio es más importante para la salud que el cloruro, por eso las etiquetas nutricionales señalan el contenido de sodio (expresado en miligramos), no de “sal”.

La falta de sodio puede producir dolores de cabeza, estados mentales alterados o de confusión, náuseas, vómitos, fatiga, debilidad, espasmos musculares, convulsiones, comas y la muerte.

Aníbal pasaba el cepillo de escoba por los recovecos cristalinos y su esposa dejaba correr el agua encima del cristal. Pero no se disolvía. Los cristales de sal son difíciles de disolver porque el nexo entre moléculas es fuerte y organizado, requiere mayor energía para romperse.

La sal fina que se usa en la cocina, llamada sal amorfa por los químicos, es más fácil de disolver porque las uniones entre moléculas son más inestables y débiles.

La sal se cristaliza con el tiempo. Cuando el agua salada se evapora lentamente, con una fuente de calor estable como el sol, le da tiempo a los iones de organizarse.

Por eso se forman grandes cristales en el centro de la laguna, porque al ser más profundo, el sol tarda más tiempo en evaporar el agua. En cambio, la sal que se forma en las orillas es amorfa porque hay poca agua: se evapora rápido y no da tiempo para que se formen cristales.

La forma del cristal —pirámide, cubo, pentágono— la define el tamaño de los iones que lo forman. En el caso de las sales siempre cristalizan como cubos, pero cuando hay impurezas mezcladas, pueden formarse octaedros o dodecaedros.

Mientras lavaban el terrón, Jany contó que el poder de la laguna para cristalizar es impresionante. Los arayeros hacían figuras o escribían nombres con alambre y los lanzaban a ella. En una semana los sacaban y cientos de cristales de sal se habían formado sobre el metal, contorneando las figuras. En el pueblo se regalaban corazones de sal.

***

Cristóbal Colón pisó el Golfo de Paria, a 200 kilómetros de Araya, en 1498. Era la primera vez que llegaba a la plataforma continental y su tercer viaje al hemisferio.

Los españoles descubrieron las salinas al mismo tiempo que el continente americano. Pedro Alonso Niño y Cristóbal Guerra, que viajaban con él, exploraban la costa oriental de Venezuela en busca de perlas y otros recursos valiosos.

Avistaron las salinas de Araya en 1499. Llevaron la noticia a España de una salina gigante, pero a la corona no le importó. Tenían salinas propias que abastecían su mercado interno y daban para exportar. Lo que sí resultó atractivo fueron las perlas en Margarita, Coche, Cubagua y Araya.

La costa oriental de Venezuela pasó a conocerse como “La costa de las perlas”. Cuarenta años después comenzaron a agotarse los ostiales y dejó de ser atractiva por la baja productividad.

Antes de la llegada de los españoles había asentamientos humanos en Araya. Los guaiqueríes eran expertos pescadores y buzos que vivían entre esa península, Margarita, Coche, Cubagua y Cumaná. Extraían perlas y sal, y elaboraban pescado salado para intercambiar.

La Península de Araya está en el oeste del estado Sucre. Es árida. No tiene ríos de agua dulce. Después de Chacopata, el punto más cercano a Nueva Esparta, la tierra apenas logra soportar la vida de unos pocos dividives, cardonales y yaguareyes. La costa norte es un barranco continuo de tierra naranja, roja y amarilla que se yergue frente a las olas.

Son montañas ásperas, sin vegetación, tumultos de pliegues que frenan el mar. En Araya las olas no abrazan la costa, la relación se invierte. La península se le impone al mar Caribe, que la azota tratando de recuperar lo perdido. Araya es una tierra terca, donde los pocos árboles que crecen lo hacen torcidos.

El pueblo de Araya está en el extremo oeste de la península, entre dos serranías cardinales, el Cerro Macho que indica el norte, y un cerro sin nombre, coronado por antenas telefónicas, al sur. El mar Caribe al oeste y la salina al este. Es un punto de encuentro. Después de los guaiqueríes y españoles, llegaron los holandeses.

Los océanos, especialmente el Báltico, son poco salados. Llueve frecuentemente, hay poca incidencia solar y cientos de ríos desembocan cerca, aumentando la cantidad de agua que disuelve la misma cantidad de sal.

Entonces el agua tiene menor densidad y salinidad. Sobre el ecuador y en los trópicos sucede lo contrario: llueve poco, hay fuerte incidencia solar todo el año y hay corrientes calientes de viento. Esto evapora más agua y deja la sal atrás. Menos agua disuelve la misma cantidad de sal; entonces el agua tiene mayor salinidad y es más densa.

Los países del norte de Europa necesitaban sal. Con la ampliación de armadas y ejércitos y más viajes de exploración, se necesitó más comida no perecedera para los largos viajes y para el establecimiento en regiones donde escaseaba la carne.

La industria de salazón de pescado también creció, junto con la de quesos, mantequillas y otros productos. Holanda fue uno de los países que comenzó a buscar sal en otras latitudes.

Para los holandeses, Araya era atractiva porque la sal era de fácil acceso, alta calidad, gratis y aparentemente inagotable. La distancia entre Europa y Venezuela se compensaba al aprovechar el viaje de venida para traer mercancía de contrabando, la cual se vendía en las costas cercanas. También se llevaban perlas. El viaje generaba ganancias de ida y vuelta.

Cada año, entre 1600 y 1606, por lo menos 100 naves cargaron sal en Araya. A veces había 40 a la vez, según el gobernador de Cumaná, Diego Suárez de Amaya. También había barcos franceses e ingleses, pero en menor cantidad. Eran tantas, que Amaya no pudo visitar las salinas en su primer año de gobierno.

El número de barcos holandeses en Araya se disparó después de 1618 porque Holanda y España entraron en la Guerra de los Ochenta Años, y España limitó el acceso de los holandeses a las salinas europeas.

Cuando buscaban sal, peleaban con los locales, se abastecían de agua dulce en Cumaná o robaban mercancía. Los pobladores no tenían cómo defenderse. Cumaná tenía apenas unas 60 casas de bahareque, aunque había hatos y fincas en los alrededores. No había fuertes, artillería ni ejércitos.

En las salinas, los extranjeros bajaban de los barcos y arrastraban artillería hasta la laguna por si los cumaneses se presentaban. Cuando había barcos de distintas nacionalidades extrayendo sal al mismo tiempo, usaban las armas para defenderse. Con tanto poder de artillería cerca, los vecinos de Cumaná, Cumanacoa y Cariaco abandonaban sus cultivos de tabaco y de otros rubros para hacer guardia.

Las autoridades locales estaban desesperadas. No tenían cómo ahuyentar los cientos de barcos que anclaban en sus costas ni cómo defenderse en caso de un ataque.

Se sentían rodeados. Suárez de Amaya, el gobernador, pidió a la corona española estacionar galeras artilladas en las costas de Margarita, Cumaná y Araya. Propuso envenenar las salinas, para que causara daños consumir la sal. Pedro Suárez Coronel, sucesor de Amaya, propuso cegar la salina, interrumpiendo su comunicación con el mar para secarla.

Otros propusieron anegarla, construyendo un canal para que entrara agua a la Laguna Madre. Sin salinas, no vendrían los holandeses. Pero la corona española no autorizaba estas medidas.

Como España no necesitaba sal, la decisión estaba entre conservar las salinas con miras a explotarlas en el futuro, exponiendo a la población a continuos asaltos y ataques, o eliminarlas, ahorrando los costos de defensa.

En 1622, se aprobó la construcción del castillo “La Real Fuerza de Santiago de Arroyo de Araya”. Tomó 20 años. El castillo tenía 200 fusileros, 20 artilleros. El resto, oficiales y empleados. Era costoso de mantener. En 1684 hubo un fuerte terremoto que causó graves daños a la estructura, y en 1725 un huracán anegó la laguna e inhabilitó el cuajo de sal.

Las salinas dejaron de ser productivas. Cuando los holandeses dejaron de buscar sal en Araya, no necesitaron más el castillo. Al Consejo de Indias llegaron solicitudes de provincias limítrofes pidiendo las armas, cañones y los hombres. Hacían falta en otros lugares.

El 6 de enero de 1762, la Corona pidió que se demoliera el fuerte. A pesar de los explosivos, no lograron destruirlo por completo.

Las ruinas del castillo se levantan sobre una loma que marca el final de la playa. Los kioscos que sirven comida y bebida se acumulan cerca. Es el sitio más turístico de la península. Las fundaciones de la fortaleza parecen intactas, pero las columnas de piedra están retorcidas y las paredes tienen cráteres. Los muros de roca miden más de veinte metros y nacen en el mar. Es la edificación más alta de Araya. Nadie pudo o nadie quiso construir algo más alto desde entonces.

Los kioskos son el único lugar abierto para almorzar. Las mesas están en la orilla del mar y las olas rompen contra las sillas.

Son las tres de la tarde, y la cumbia y el reguetón suenan tan alto que las olas no se escuchan. Una familia llega caminando. Una mujer embarazada carga un bebé en un brazo y una botella de ron en el otro. Su pareja trae un niño más grande agarrado de la mano izquierda. La mujer sienta al bebé en la mesa y pone la botella al lado. Mientras saluda a sus amigos, el bebé gatea hasta el borde y se balancea. El hombre lo ataja. La mujer canta adelantándose al vocalista. Abre la botella, sirve y reparte. Uno para su pareja, uno para ella, otro para el bebé. La madre se ríe viendo al bebé tomar. Sigue cantando.

***

Francisco Marvar, uno de los jubilados que se reúne en la sala de Aníbal, dice que la vieja refinería de las salinas parece más antigua que el castillo de Araya. La visitó en 2019. Apenas entró al edificio de tres pisos, subió al segundo buscando el tablero de control de la planta donde trabajó como operador.

Desde allí veía a todos los trabajadores y máquinas: los molinos, lavaderos, centrífugas, secaderos, elevadores, mezcladores, tamices, silos y empacadoras. Recuerda que se encendían luces en el tablero para indicar máquinas operativas y alertar fallas. El diagrama de flujo ilustrado en el tablero le permitía sentirse conectado con cada paso del camino de la sal: desde que llegaba de la laguna hasta que salía empaquetada y la montaban en gandolas y barcos. Se sentía orgulloso de su trabajo.

Francisco trabajó 36 años en las salinas y recuerda con exactitud el primer día. Lo emplearon en la Empresa Nacional de Salinas (ENSAL) el 19 de agosto de 1976. Fue un día soleado como la mayoría en Araya. Varios amigos comenzaron a la vez y aquello parecía una fiesta. Primero trabajó montando sal en un elevador, pero quiso aprender más. Al final de su turno, aprendía sobre otras máquinas y otras partes del proceso. Al cabo de unos años lo ascendieron a supervisor del tablero de control.

Cuando se dañaba algo, Francisco y sus compañeros buscaban repuestos hasta en el basurero. Una vez se dañó una rejilla. Tardaban 3 meses en traerla de Estados Unidos.

“Había una gandola esperando la sal y teníamos que cumplirle. La sal de la Unidad 3 era la más valiosa, y con dos o tres gandolas llenas, prácticamente nos pagaban a todos”.

Entonces trabajó todo el fin de semana sin pago para reparar la rejilla. El lunes la planta estaba funcionando.

Otro fin de semana se ofreció para lavar la secadora y el lunes amaneció limpia. Cualquier cosa que se parara en la refinadora, los trabajadores la reparaban. “Se trabajaba bonito”, dice. Cuando lo jubilaron, no quería dejar de trabajar.

Foto Archivo Fotografía Urbana.

Doce años después, Francisco todavía habla con los empleados y a veces los ayuda con averías. Siente la misma hermandad. “Si me llaman para trabajar, regreso. Hay amor todavía”.

Ese día del 2019, dentro del edificio abandonado, el guardia le preguntó si estaba loco. “¿Qué pasa? ¿Quieres seguir trabajando aquí?”, le preguntó con ironía. Francisco no sabía qué responder. Se rió. Claro que quería volver. Quería regresar a la refinería, al edificio blanco de cerámica que los trabajadores llamaban “chíser” porque era difícil pronunciar Escher Wyss, el nombre de la empresa suiza que la construyó. No a ese cadáver de edificio.

Foto Archivo Fotografía Urbana.

Esa visita fue difícil. Francisco sintió que el trabajo de toda su vida se había perdido. “Con mi salario pude tener por lo menos dos casas. Todos mis hijos se graduaron. ¿A base de qué? De la empresa. Por eso me duele”.

La sal era uno de los productos principales para el Estado venezolano desde 1830. Santos Michelena, ministro de José Antonio Paéz, bajó los impuestos de exportación para hacerla competitiva en las Antillas. Creía en exportar para generar valor a la nación. Pero no funcionó: el contrabando de sal venezolana era mayor y la sal antillana no pagaba impuesto por su exportación; entonces se vendía más barata que la sal venezolana.

Foto Archivo Fotografía Urbana.

Para 1882, había 1.500 salinas, salinetas y pozos donde se formaba sal en Venezuela, según un informe del Administrador de Salinas, Sección Cumaná, José María Lárez. Las más importantes y rentables eran las de Araya.

Foto Archivo Fotografía Urbana.

En Araya se organizó y masificó la extracción de sal a partir de 1915, cuando el gobierno de Juan Vicente Gómez otorgó las salinas de Araya al Ministerio de Hacienda. Ese año se promulgó la Ley de Minas, que daba control al Estado de todas las salinas del país.

Foto Archivo Fotografía Urbana.

Los jubilados hablaron de Juanchú, un pariente que trabajó durante la administración del Ministerio de Hacienda, que duró 53 años hasta 1968. Juanchú trabajaba en las salinas con su familia: los hombres extraían sal y las mujeres empaquetaban.

Un día, el celador, sentado en la cúspide del pillote o pirámide de sal, pesó su mara (cesta) y le dijo que no servía: le faltaba un kilogramo para completar los treinta. En vez de dejarlo completar la mara y entregarle su ficha de bronce que luego canjeaba por pago, desechó la cesta. Juanchú respiró profundo y trató de nuevo.

Bajo la ley, los celadores eran la autoridad. Por eso tenían la pesa de un lado de la silla y la escopeta del otro. Juanchú escaló la montaña de sal en alpargatas, esta vez con 30 kilos sobre la cabeza. El celador agarró la cesta y la volteó. Entonces Juanchú entendió que era a propósito. Por tercera vez cargó sal de la laguna; más de noventa kilos recolectados esa tarde y ni un bolívar.

Cuando el celador fue a voltear la mara, Juanchú le pegó un puñetazo en la cara y corrió. El celador agarró la escopeta y se deslizó del pillote. Juanchú esquivó los disparos y, al ver un barco saliendo del puerto, sin pensarlo dos veces saltó al agua y nadó hasta encaramarse. No volvieron a ver a Juanchú.

Aunque las condiciones eran duras, el padre de Aníbal, también llamado Aníbal, dice que se vivía bien. El trabajo daba sus frutos, especialmente después de 1969 cuando las salinas pasaron a la Empresa Nacional de Salinas (ENSAL), creada por el Instituto Venezolano de Petroquímica. ENSAL administró, explotó y comercializó todas las salinas de Venezuela hasta 1994. Por 25 años una empresa estatal tuvo el monopolio de la sal en el país.

Foto Thea Segall, Lo que miró el almirante (1992). Archivo Fotografía Urbana.

Aníbal padre recuerda que llegaron televisores giratorios, bicicletas y patines a los mercados del pueblo. Había hasta cines: uno dentro de la casa del señor Comas, que tenía un televisor a color en su sala y cobraba “un medio” (un cuarto de bolívar) para entrar a verlo, y otro que llamaban el “cine frío” porque era a la intemperie, cerca de la cancha de fútbol, donde pegaba brisa en la noche. El cine frío lo organizaba ENSAL, y pusieron un proyector, una caseta y una lona blanca guindada de dos postes. Pasaban westerns americanos y películas mexicanas. Pero duró poco. Un año después, se dañó el proyector, habían cambiado la gerencia de ENSAL y nadie lo arregló.

Comer pollo en Araya era un lujo, cuenta Aníbal padre. Y en ese pueblo de mar comía pollo casi todos los días. Cuando ENSAL pagaba los aguinaldos, los arayeros viajaban a Margarita a comprar. Aníbal padre construyó dos casas y crió diez hijos con su salario. Nunca les faltó nada.

Foto Thea Segall, Lo que miró el almirante (1992). Archivo Fotografía Urbana.

Aníbal hijo, Alí, Francisco, Jany y José, entraron a trabajar en las salinas con ENSAL. La empresa abastecía las farmacias del pueblo, construyó el colegio, pagaba el sueldo de los profesores, entregaba útiles a los hijos de los trabajadores y hacía donaciones frecuentes al hospital, cuentan.

Foto Thea Segall, Lo que miró el almirante (1992). Archivo Fotografía Urbana.

Pero el trabajo seguía siendo duro, incluso con la mecanización del proceso. El sol sacaba lágrimas, y la sal, llagas, cuenta Alí. El reflejo de la luz arayera sobre la sal hacía daño a la vista. Los cristales cortaban los pies, brazos y manos, la temperatura de la sal quemaba, y el constante roce con la ropa mojada sacaba ampollas. La sal de las salinas cura toda herida, excepto las hechas en la salina. Según los jubilados, entonces usaban la mata de guayaba para curarlas.

En la sala de Aníbal enseñaban sus cicatrices con orgullo.

Producción industrial de sal en los setentas (ENSAL). Video Bolívar Films.

Aunque las condiciones eran duras, el padre de Aníbal, también llamado Aníbal, dice que se vivía bien. El trabajo daba sus frutos, especialmente después de 1969 cuando las salinas pasaron a la Empresa Nacional de Salinas (ENSAL), creada por el Instituto Venezolano de Petroquímica. ENSAL administró, explotó y comercializó todas las salinas de Venezuela hasta 1994. Por 25 años una empresa estatal tuvo el monopolio de la sal en el país.

A finales de los años ochenta bajó la venta de sal arayera. El Fondo de Inversiones de Venezuela decidió liquidar ENSAL en 1994. Ese año, bajo la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias a los Estados y Municipios, el gobierno otorgó todas las salinas del país a las gobernaciones.

En 1995, la gobernación del estado Sucre le dió una concesión a Tecnosal, un consorcio entre la empresa venezolana Tecnored (55%) y la empresa israelí Salt Hiram Process (45%), que luego se llamó Salinas de Araya C.A.

Un trabajador actual de las salinas, que pide proteger su identidad, vivió cinco administraciones entre 1997 y 2020. Para él hay dos etapas: antes y después de PDVSA.

En Tecnosal se premiaba al trabajador del mes y se daba un bono en premio a la labor. Cuando se dañaba algo se reparaba rápido. Los materiales llegaban a tiempo, la empresa entregaba uniformes y equipos a los trabajadores, los jefes iban a toda hora a la empresa, eran puntuales y no dejaban esperando a nadie. “Los gerentes preguntaban si los trabajadores necesitaban algo, se preocupaban por uno y eso motivaba. Provocaba trabajar. A todos nos importaba lo que pasaba en la empresa”.

En 2001, el gobierno de Hugo Chávez revocó la concesión de Tecnosal y estatizó la empresa, creando el Servicio Autónomo Complejo Salinero de Araya (Sacosal), un “servicio autónomo sin personalidad jurídica”.

Cuando llegó PDVSA en 2009, las cosas cambiaron. Los gerentes convocaban asambleas de trabajadores a las ocho de la mañana, llegaban a las doce y no daban explicaciones ni ofrecían disculpas.

La directiva prometía invertir, reparar maquinaria, comprar equipos y traer materiales para trabajar, pero no lo hacían.

“Ni siquiera traían el gasoil o el aceite, y había operadores que no estaban pendientes de que las máquinas tuvieran aceite. No revisaban porque igual cobraban. ¿Y qué pasaba? Se dañaban”.

PDVSA Industrial, una filial de PDVSA, creó la Empresa Socialista Salinas de Araya S.A., adscrita a varios ministerios durante los nueve años que la filial explotó las salinas.

Unidad 2 en el 2019.

Después de PDVSA, la gobernación de Sucre tomó control. El trabajador ve la administración actual de la gobernación como la de PDVSA. A los jefes tampoco le importan los trabajadores.

“La máquina de empaquetar sacos tiene un problema y el trabajador tiene que agacharse y le salen hernias en la espalda, pero en vez de repararlo, lo dejan así porque todavía empaqueta”.

Ve a los trabajadores sin zapatos y se pregunta por qué van si saben que no pueden trabajar así. La gobernación no ha dado uniformes.

“Los trabajadores firman asistencia en el laboratorio o en la planta, ven que no hay nada que hacer y se van. Después de PDVSA, la gente no tiene amor por el trabajo, ¿cómo va a tenerlo?”.

Unidades 3, 4, 5 y 6, en el 2019.

En la antigua refinería de la Unidad 3, el guardia advierte que la estructura está inestable y los escombros caen sin aviso. El suelo acumula medio metro de basura, bolsas para empaquetado de sal, arena, papeles del antiguo laboratorio químico y excremento de caballo.

El guardia dice que no hay nada que hacer ahí, no queda nada de valor. Las tuberías y los rieles que sostenían las máquinas guindan del techo como ramas de un árbol seco. La sal hinchó el sostén de metal del edificio quebrando las paredes y revelando vigas deformes y endebles. Lo poco que queda se desintegra.

Hoy los únicos que visitan el edificio son caballos vagabundos, traídos a la península para cargar peso. Y extrabajadores que tratan de reconciliar el pasado con este presente.

***

Guaranache parece un codo pronunciado en la carretera peninsular. Es el punto más importante de alimentación para la Laguna Madre. Allí el mar entra en la tierra para poco a poco convertirse en sal.

En 2015, una tubería salía de una caseta de bloques en la costa y se enterraba en el mar, succionando agua del Caribe y depositándola en una laguna con forma de “S”. Arrastraba algas, peces pequeños, arena y sedimentos. El mar y la laguna estaban separados por una carretera y una playa angosta.

Dos empleados uniformados de rojo, con el logo de PDVSA en el pecho, cuidaban las bombas. Había muchos robos en Araya. Extrañaban al gobierno del general Marcos Pérez Jiménez aunque no lo vivieron. Preferían a Pérez Jiménez que a Hugo Chávez porque creían que hacía falta “mano dura” en el país.

“Guaranache mar” se creó en los setenta, durante la era de ENSAL, como parte de la Unidad 1, para aumentar la productividad y la calidad de la sal.

Antes, el agua de mar entraba por la playa de Araya directo a la Laguna Madre. Con Guaranache, el agua de mar pasaba primero al “evaporador”, una laguna donde el agua alcanzaba cierta salinidad por acción del sol y del viento.

Luego se bombeaba al “concentrador” donde se repetía el proceso, y por último, se pasaba al “cristalizador”, donde se formaban los cristales y se cosechaba la sal.

El sistema de lagunas ayudaba a eliminar compuestos que vienen en el agua de mar, como el sulfato de calcio (que se convierte en yeso), entre otros. Cuando la salmuera o agua saturada con sal aumenta en salinidad, estos compuestos se solidifican y se hunden. Al bombear el agua a la próxima laguna, los compuestos sólidos se quedan en el fondo y no pasan.

En Araya, cuando la salmuera llegaba al cristalizador, precipitaba cloruro de sodio con 98% de pureza. Sal de excelente calidad.

Hace ocho mil años, los chinos cosechaban sal de una laguna en la provincia de Shanxi. Con el tiempo, los gobiernos entendieron la importancia de este mineral.

En China, durante la dinastía Qi, el Estado creó un monopolio con dos productos: el hierro y la sal. Fijaron precios altos. Los ingresos se usaron para mantener ejércitos y, entre otras cosas, para construir la Gran Muralla China. Durante la dinastía Tang, que duró desde el año 618 al 907, la mitad de los ingresos que percibió el Estado venían de la sal. Es el primer caso conocido de un monopolio controlado por el Estado sobre un producto básico, según Kurlansky.

Los romanos, aunque no impusieron un monopolio, controlaron los precios de la sal. El imperio también tomó control de las salinas privadas de Ostia, porque consideraba que sus precios eran demasiado altos. Durante la República, el imperio subsidió los precios para asegurar que fueran accesibles. Era una recompensa, como un recorte de impuestos, que usaba cuando necesitaba apoyo popular.

El emperador Augusto también distribuyó sal y aceite de oliva gratis para lograr apoyo antes de una gran campaña naval. Durante las guerras púnicas, que duraron casi cien años, manipularon los precios de la sal para levantar dinero para la guerra. Como los chinos, declararon precios artificialmente altos y usaban las ganancias para fortalecer al ejército.

Venecia veía la sal como un producto estratégico y construyó una serie de lagunas de agua salada con un sistema de canales con esclusas y bombeo, que las comunicaba. Era un sistema de lagunas de evaporación, concentración y cristalización, que permitía un constante flujo de agua y aseguraba abundante producción de sal. El sistema que tenía la antigua Venecia para producir sal era el mismo de Araya.

Las bombas y las tuberías de Guaranache no existían ya para finales de 2019. La laguna tampoco. No había empleados uniformados. No había nada que cuidar.

Photo Credits: Before Google Earth After Google Earth.

El sistema que modernizó la producción de sal en Araya, las lagunas de evaporación y concentración, ya no estaban. Ahora se alimenta la Laguna Madre como se hacía durante la colonia, directamente del mar. Cincuenta años de industrialización desaparecieron.

Montañas de conchas abiertas de pepitona y guacuco cubren la playa. Seis pescadores cocinan su escasa pesca del día en una caldera sobre leña. Tobos rotos y abandonados marcan los lugares de ollas extintas. Dos personas excavan el suelo seco de la laguna, acumulando la sal de un pequeño charco.

“Antes, estas lagunas estaban llenas de camarones y uno venía a pescar”, dice Alí al ver las lagunas vacías. “Pero se robaron todo”, agregó Francisco.

Guaranache se quedó solo.

La Unidad 2, una ampliación de las salinas que ENSAL construyó cerca de Punta Araya para duplicar la producción de sal, también está sola. El laboratorio químico de control biológico no tiene techo ni paredes. Los vecinos de la zona juegan fútbol en las lagunas vacías. Las arquerías están hechas con tuberías y las mallas con redes de pesca. Algunos se sientan en los divisores de las lagunas que servían para que los técnicos caminaran y midieran la salinidad de la salmuera, y cuentan goles.

Después de las lagunas abandonadas se ve una franja arenosa. Le dicen playa Los Muertos.

Un grupo de niños juega dentro de la Laguna Madre de la Unidad 1. Son las cinco de la tarde y no hay electricidad en la península. Junior, de once años, persigue a Leomar, pero se corta el pie con un cristal de sal.

Otros dos niños recogen cristales en la orilla y los devuelven al centro de la laguna. Antes subían los silos y se lanzaban a las pirámides de sal, deslizándose como un tobogán. La sal amortiguaba sus caídas. Pero con la producción parada, el patio de juego en la Unidad 1 se redujo: solo les queda una laguna salada que les corta los pies.

Los abuelos de Leomar aparecen en la película de Margot Benacerraf. Francisco explica los procesos de la extracción y el lavado. Su padre que trabaja allí, le enseñó. Todos tienen un padre o un abuelo que vivió de las salinas. Hoy ninguno quiere trabajar ahí. “Hoy solo sirve para jugar”.

***

En la avenida principal de Araya no había electricidad. En el mercado solo aceptaban efectivo. Una muchacha pidió una barra de chocolate, un pote pequeño de Nutella, dos paquetes de chicles y harina. Pagó con un billete de cincuenta dólares. Afuera, sentado en la acera, un niño con morral escolar y uniforme de colegio pedía dinero para comprarse unos zapatos. Estaba descalzo.

En el mercado vendían sal, pero no de Araya. Los paquetes recorren más de 1.280 kilómetros para llegar a los estantes. Vienen de San Francisco de Zulia. El dueño del mercado dice que cuando le ofrecen sal de Araya prefiere no comprarla.

Algunas personas están sacando sal de la laguna, moliéndola en casa, empaquetándola y vendiéndola como sal comercial. Es sal que no está lavada ni procesada adecuadamente. Para evitar vender sal “mala”, compra sal que viene del otro lado del país.

Cerca, en la sala de Aníbal, más de veinte fotografías viejas estaban puestas sobre la mesa. En una, un grupo de cuatro personas posaba frente a la Laguna Madre. La laguna era rosada y tenía orillas de sal que parecían espuma. En la foto, Aníbal era irreconocible. “Ahí pesaba casi 120 kilos. Ahora estoy en 68”.

En el jardín de la casa, el gran cristal de sal comienza a brillar. Jany, José Boada y Aníbal ven cómo regresa al esplendor original. José recuerda sus 42 años de trabajo en las salinas. Jany, su 45 años y la vida que le dio a su familia.

“El cristal cumple doce años pronto”, dice Aníbal. El terrón marca los aniversarios de su jubilación. Sacosal jubiló al grupo en 2008. De 77 extrabajadores de las salinas, han muerto 18. Ninguno ha recibido sus prestaciones, ni los vivos ni los muertos.

El año pasado, la gobernación de Sucre los citó a las siete de la mañana para hablar de sus prestaciones.

Salieron a las cinco de Araya, sin desayunar, para estar a las siete en Cumaná. El gobernador llegó doce horas después.

Tienen doce años haciendo reuniones, protestas, cartas, cabildos, informes y comunicados, para que les paguen sus prestaciones. “Pero lo único que hemos conseguido es la muerte”, dice Jany.

Entre varios, levantan el cristal blanco. Por primera vez se ve la parte de abajo. Hay un gran hueco. Se lo habían comido los animales, poco a poco, desde adentro. Se ven rasguños y mordiscos. Hay alas rotas guindando de la cúpula. El cristal es una cáscara. Está vacío.

Agradecimientos

A Bolívar Films, al profesor Jesús Pastrana de la Universidad Simón Bolívar, al ingeniero Carlos Toro y a los jubilados de las salinas de Araya.

Créditos

Dirección general: Ángel Alayón y Oscar Marcano

Jefatura de investigación: Valentina Oropeza

Jefatura de diseño: John Fuentes

Jefatura de innovación: Helena Carpio

Dirección de fotografía: Roberto Mata | RMTF

Texto: Helena Carpio

Fotografías: Iñaki Zugasti | RMTF y Archivo Fotografía Urbana

Video: Bolivar Films

Edición: Ángel Alayón, Oscar Marcano y Valentina Oropeza

Concepto gráfico, desarrollo y montaje: John Fuentes

Redes sociales: Salvador Benasayag

Original en https://araya.prodavinci.com/

Magnate del aluminio porque Dios y el Estado así lo permitieron

Una conveniente aleación de serendipia de inspiración divina y conexiones con amigos bien ubicados blindó el ascenso económico de Jesús Alfredo Vergara Betancourt en Guayana. Adepto a modular su imagen pública, apenas la expone con las acciones filantrópicas de su fundación y clínica. Pero solo cierta voracidad de hombre de negocios puede explicar cómo sacó provecho de los vaivenes de la gestión ‘socialista’ de las languidecientes empresas básicas, para pasar de ser el dueño de una farmacia de vecindad a uno de los mayores comercializadores de aluminio desde y para la industria pesada venezolana.

Clavel Rangel y Marcos Valverde, para

Jesús Alfredo Vergara Betancourt es el nombre que todos escuchan y la cara que nadie conoce, la dádiva a la vez más connotada y reservada de Ciudad Guayana, cuna de la industria pesada de transformación de minerales en el sur de Venezuela.

En estos tiempos de fortunas exhibicionistas solo muestra su cara pública con la Fundación Lala, una contribución altruista alejada de la industria del aluminio, una de sus principales fuentes de riqueza.

Este ingeniero electrónico e informático de verbo muy pausado repite la palabra «Dios» en cada frase, no como muletilla sino como expresión constante de su credo.

La suya es una historia que comenzó hace más de 30 años con tiendas de computadoras en Puerto Ordaz y una farmacia de vecindario que en menos de 20 días de fundada cambió el nombre de Gran Sabana a Farmacia Lala.

Con ella entró en la lista de contratistas de CVG Venalum, una de las reductoras de aluminio más grandes y, alguna vez, productivas de Venezuela.

Para esa empresa, Farmacia Lala sirvió de proveedora de las medicinas que el Estado entregaba a los trabajadores y como un inesperado portaaviones, pues Vergara pasó de proveedor de medicinas a empresario del aluminio en pleno apogeo de los precios del metal compuesto. De allí al estrellato.

El aluminio primario fue uno de los productos predilectos de Vergara.

El aluminio primario fue uno de los productos predilectos de Vergara quien representa ahora un emporio donde, desde 2006, hay más de 30 sociedades registradas y una fortuna que creció sobre varios baches en una historia donde mucho sale pero nada entra.

Nadie sabe qué produce Vergara en esas decenas de empresas en las que figura como accionista mayoritario y como socio de algunos nombres directamente relacionados con el chavismo. “Son sueños”, asegura él mismo, sentado en un mueble de la sede de la Fundación, mientras toma café y escucha la música de Marcos Witt.

En cambio, la publicidad de su emporio se concentra en la Fundación Lala y en el Centro Pediátrico Lala, los espacios de filantropía que le han ganado su mejor fama, sobre todo el último, un edificio colorido de baldosas pulidas, clima gélido y equipos médicos de primer nivel que contrasta con el endeble sistema de salud pública de Ciudad Guayana. Además de este centro, Lala cuenta con una academia deportiva, una orquesta sinfónica infantil y un equipo de fútbol de primera división, Asociación Civil Lala Fútbol Club.

Un despegue con suerte

Su vida empresarial comienza en Reservi, el negocio de su padre en Ciudad Bolívar, la capital del estado homónimo, el más extenso del país, rico en minas.

Luego, al independizarse, tuvo tiendas de computadoras en Puerto Ordaz hasta que en 1994 fundó la Farmacia Lala, un negocio cuyo trazado es lineal y modesto hasta el 2005, cuando, con Freddy José García Gutiérrez, Vergara registró la empresa Alumisur con el objeto social de comercializar todo tipo de metales y aleaciones.

Un año después, él y su socio cambiaron el nombre de la empresa por SMS Casting de Venezuela para “suscribirnos en el programa de Empresas de Producción Social de la Corporación Venezolana de Guayana”.

Desde 2006 hasta ahora, Vergara cotiza en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) con esa empresa.

SMS Casting fue una de las primeras incursiones registradas de Vergara en el negocio de los metales.

Con esa incursión en el negocio de los metales llegó al convulso 2007, en un contexto político marcado por el cierre de la estación Radio Caracas Televisión -orden expresa del entonces presidente Hugo Chávez- pero, en lo productivo, también por ser uno de los mejores años para la industria del aluminio.

Él mismo recuerda que al mundo del aluminio llegó como tender. Y explica que esa figura consiste en alguien que puja en “un proceso licitatorio del excedente de producción que las empresas ponen en oferta en una subasta. Fue como en 2003, 2004. Las trasnacionales como Glencore o Noble o JB Commodities me hicieron una guerra mediática porque yo era el mejor postor”.

Entre 2005 y 2008 los precios del metal saltaron de 1.700 dólares por tonelada métrica hasta 3.000 dólares, un incremento de casi 100% en su pico más alto, lo que lo convirtió en un nicho lucrativo en sí mismo, pero amplificado por el diferencial que generaba el control cambiario, con enormes brechas entre las tasas de cambio más favorables, accesibles solo a través del Estado mediante los mecanismos oficiales de la Comisión para la Administración de Divisas (Cadivi) o por contactos informales, o la tasa real del mercado paralelo.

No son pocos los que ven en Lala una tabla de salvación en plena crisis humanitaria.

En mayo de 2007, justo cuando esa práctica de reventa de divisas comenzó a entrar en apogeo, se multiplicaron los folios de Vergara en el Registro Mercantil de Puerto Ordaz -la sección occidental de Ciudad Guayana- .

El cúmulo de carpetas contenía ahora la documentación de Vergara Group Metals (VGM), empresa que, en el papel, apuntaba a la transformación de aluminio.

En septiembre, en el Registro Inmobiliario del municipio Caroní, Vergara y su esposa, Marisol Londoño, junto con Francisco Hamilton y Vanessa Hamilton, registraron Fundación Lala para atender menores y ancianos “en situación de minusvalía”.

Aunque sin fines de lucro, en algún momento entre el año de su constitución y 2011 la Fundación Lala Internacional recibió de la extinta Cadivi 711.520 dólares (a una tasa oficial de 4,30 bolívares fuertes por dólar, vigente después de la reconversión monetaria de 2008).

“Fundación Lala nace para seguir con el legado de nuestra amada abuela (una enfermera a la que sus nietos llamaban Lala), cuya calidad humana y amor por el prójimo fue (sic) ejemplo para todos nosotros, quienes junto a nuestra madre, asimilamos esas enseñanzas. La idea es hacerlo desde el corazón manteniendo las raíces de la humildad”, explicó su hermana en una entrevista.

Fundación Lala, la consumación del proyecto altruista que nació con las mieles de la orgía cambiaria.

Un commoditie en ascenso

Para que sus negocios crecieran exponencialmente Vergara Betancourt estuvo en el momento y lugar adecuados y tuvo quien le echara una mano… y hasta dos.

Uno de ellos fue su primo hermano Ramón Betancourt, un ingeniero especialista en adecuación de plantas de carbón que provenía de la también reductora Venalum, que en abril de 2005 fue nombrado integrante del equipo gerencial de CVG Alcasa (empresa estatal fundada en 1967 y alguna vez la productora de aluminio más importante de Venezuela).

La consanguinidad entre primos no fue el único lazo que los unió: en 2017, Betancourt (militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, fallecido en un accidente) figuraría como socio de Vergara en V Ingeniería, empresa con sede en el Centro Empresarial Autana, en Puerto Ordaz, dedicada a la “planificación y redacción de proyectos”.

La otra mano que ayudó a Vergara fue la de un hombre de apellidos conocidos. Se trata de Isaías Suárez Chourio, un ingeniero de larga carrera en las empresas básicas de Guayana, presidente de Venalum entre 2005 y 2009, y hermano de Jesús Suárez Chourio, uno de los militares más cercanos al entonces presidente Hugo Chávez y hoy jefe del Estado Mayor de la Comandancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Una antigua empleada de la Gerencia de Comercialización de Venalum, que pidió el anonimato para este reportaje, confirma que Isaías Suárez Chourio fue quien abrió la puerta de Venalum a Vergara.

“La entrada de los clientes se negocia a través de directores y presidentes de las empresas, y uno se daba cuenta de que los directores favorecían a ciertos grupos”, comentó.

Ese fue el apogeo para que en mayo de 2007 y en sociedad con su padre, Carlos Julio Vergara Eljach, constituyera Vergara Group Metals (VGM) con un capital de 500 millones de bolívares divididos en dos partes iguales: 250 millones que aportó el padre y 250 millones que aportó el hijo (121.951,22 dólares, de acuerdo con la tasa de cambio paralela de entonces: 4.100 bolívares por dólar).

Ese mismo año, en Panamá (uno de los destinos favoritos de las divisas preferenciales de Cadivi), Vergara fundó, con un capital de 10.000 dólares, V. Aluminium Group, tal y como está asentado en el folio 575844 del Registro Público de ese país.

VGM fue el trampolín para el crecimiento de Vergara a la sombra del diferencial cambiario y de sus influencias en las empresas básicas del aluminio.

El entramado plateado

El telón de fondo para incursionar en el negocio del aluminio fue la Gaceta Oficial 38.307, del 4 de noviembre de 2005, mediante la cual se acordó en Caracas, con la conjunción del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam), CVG Venalum y CVG Alcasa, asegurar materias primas a varias empresas nacionales para que el aluminio se transformara en Venezuela.

El trato apuntaba que los precios “serán iguales o superiores a los acordados por Venalum y Alcasa con cualquiera de sus clientes de exportación”. El objetivo era que estas empresas destinaran “su producción a la satisfacción del mercado nacional”. ¿Por qué?

“Los industriales siempre se quejaron de la desventaja que sufrían en materia de mala calidad del suministro de insumos básicos (las mejores calidades se exportaban) y de despachos mínimos desmesurados en comparación con su capacidad instalada, lo que los obligaba a caer en manos de intermediarios y sin las facilidades de financiamiento que sí se les daba a los clientes extranjeros”, recordó el exministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez, quien estuvo en esa cartera entre 2005 y 2006.

Además de eso, y sondeando el contexto de entonces, lo mejor que le podía suceder a cualquier venezolano era que el Banco Central de Venezuela (BCV) le vendiera un dólar al precio de las tasas oficiales de Cadivi.

Sencillamente porque una vez recibido, podía voltearse y venderlo en el mercado paralelo por cuatro, seis o hasta diez veces su valor. “Por eso, cualquier operación de importación o exportación convirtió a los bienes o commodities solamente como ‘vehículos’ para transar esos dólares”, recordó una fuente del sector.

Víctor Álvarez sintetizó que con Cadivi “vino la degeneración, los incentivos perversos para la corrupción al amparo de la orgía rentística, el desmadre. Recuerde que yo salí del gobierno en agosto del 2006”.

VGM fue una de las empresas favorecidas por la resolución 38307 y se convirtió en receptora de aluminio primario. La resolución fue cuestionada entonces hasta por dirigentes del chavismo, como el ahora constituyentista José Gil.

“Este decreto se convirtió en una estafa para la nación, porque ninguna de las empresas que se describen como procesadoras de aluminio tienen la capacidad de hacerlo”, enfatizó en marzo del 2009.

Muchas empresas se constituyeron entonces en fachadas a la caza de dólares preferenciales a través de lo que se conoció en Guayana como “cupos del aluminio”.

Una investigación que inició el Ministerio Público en 2007 a las empresas transformadoras arrojó resultados tímidos con la incautación de 2.063 toneladas de aluminio de Venalum y Alcasa que saldrían por contrabando del puerto estatal de Palúa, en San Félix -la sección de Ciudad Guayana al este del río Caroní-, además de la promesa de investigar a diez empresas -cuyos nombres jamás se revelaron- involucradas en la reventa del aluminio, entonces prohibida, así como la evasión de reporte al BCV.

El mismo Chávez denunció en marzo de 2009 que estos grupos “son verdaderas mafias” y prometió investigar y sancionar.

El resultado de aquel anuncio fue ambivalente: fiscalizaciones muy severas para algunos, que debían reportar al BCV hasta el 70% de sus ingresos por exportaciones, y cancha libre para otros, que pasaron agachados por las alcabalas impuestas por el chavismo.

Esa contraloría fue casi una misión imposible, recuerda un vicepresidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el ente estatal encargado desde los años 60 de promover y direccionar el desarrollo de la región al sur del río Orinoco: “Lamentablemente, desde hace muchos años, a veces no había respuesta para que nos entregaran los programas anuales de comercialización o los planes de venta. Era una información que uno no tenía cómo manejar”.

Vergara actuaba a través de tres de sus empresas: VGM, Alumiservice y V Aluminium. Así como en su momento hizo el representante de Glencore en Venezuela, Roberto Wellisch, Vergara tenía varias empresas registradas como clientes en lista para recibir el metal.

Una de esas empresas, Consorcio Alumiservice, figura en los planes de venta de aluminio primario y de lingotes tanto de Venalum como de Alcasa. Consorcio Alumiservice fue creada en 2007 entre VGM y Jaotol, esta última una empresa fundada en 1989 con base en el estado Carabobo -entidad de la industria liviana en el centro norte de Venezuela- y de la que Vergara era una suerte de apoderado desde principios de la década del 2000.

El objetivo del consorcio fue ejecutar, frente a Alcasa y a Venalum, la compra de aluminio para su transformación y posterior venta. Y en efecto, en la base de datos de importaciones y exportaciones internacionales Import Genius se puede confirmar que Jaotol exportó en 2009, 2015 y 2019 aleaciones de aluminio y figuró como una de las beneficiarias de Cadivi con 92.863 dólares liquidados.

Exprimiendo la crisis

El otro gran momento de Vergara fue consecuencia de los rigores ideológicos de Hugo Chávez entre 2006 y 2008. En ese lapso, los presidentes de las empresas tenían la prohibición de comerciar con “países capitalistas” como Estados Unidos y México.

Un informe del 2006 del Sindicato Único de Trabajadores y Profesionales de la Industria del Aluminio (Sutrapuval) detalla que por esa decisión del Ejecutivo y de la directiva de la empresa, Venalum dejó de recibir 100 millones de dólares.

No había posibilidad de que las empresas estatales exportaran aluminio primario, por lo que las privadas, como las de Vergara, tuvieron entonces la pista libre para comprar y revender.

Entre 2007 y 2008, Jesús Vergara ofreció a clientes internacionales a través de su oficina en Panamá el aluminio primario de Venalum y de Alcasa a 2.550 dólares la tonelada métrica, en un momento en el que la cotización del aluminio en la bolsa London Metal Exchange era de 2.445 dólares por tonelada métrica.

Unos de esos clientes eran Quimera Metals y JB Commodities AG (una de las que, según lo que lamenta, le declaró la guerra), que entonces compartía acciones con Glencore, la trasnacional de materia prima que figura entre las más poderosas del mundo, y a través de la cual también se había monopolizado el suministro de materias primas y la venta y el transporte del metal.

De esta empresa, entre cuyos dueños figuraban Rodrigo González Piazza, yerno del entonces gobernador de Bolívar y connotado dirigente del chavismo, Francisco Rangel Gómez, V Aluminium recibió al menos 15,6 millones de dólares.

En un correo electrónico del 13 de marzo de 2008, Vergara plantea a González Piazza concretar un negocio “por la alianza y amistad que hemos hecho y de verdad tenemos mejores propuestas que las tuyas hasta ahora”.

El propio Vergara explicó en el correo: “Nuestra propuesta para esta nueva negociación (es) material de Venalum (vendido por) LME (precio del London Metal Exchange) con un mínimo de veinte dólares de prima, y material de Alcasa con el LME sin ninguna prima”.

Eso significa que Vergara vendió a clientes internacionales aluminio primario de Venalum y de Alcasa, contraviniendo lo establecido en la Gaceta Oficial y favorecido por el tráfico de influencias encabezada por el exgobernador chavista Rangel Gómez, quien debido a ello fue denunciado en el 2013 por diputados de oposición (los correos electrónicos de este reportaje son parte de las pruebas consignadas en aquel entonces).

Su caso quedó en el aparente olvido por el despacho de la entonces Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hoy exiliada en Colombia.

El 3 de junio de 2008, René Vicente Toro, otro de los socios de Vergara, escribió a González Piazza para recordar que, además del pago de los 15,6 millones de dólares, estaban pendientes otros 4,075 millones de dólares para cancelar la totalidad de 19,71 millones de dólares comprometida.

El dinero debía depositarse en el banco JP Morgan Chase, con sede en Nueva York, a la cuenta de V Aluminium Group.

A modo de recordatorio, Toro insistió: “Es importante que se realice cuanto antes la transferencia por el monto pendiente, recuerda que esos recursos son utilizados para poder cumplir con el resto de los despachos”.

Acerca de V Aluminum Group hay otra pieza que no encaja: su ubicación. Los registros detallan que la oficina principal tiene sede en el piso 2 de la torre Advanced, calle Ricardo Arias, de Ciudad de Panamá. Pero en ese piso solo hay bufetes de abogados y en la administración del edificio jamás han escuchado hablar acerca de esa empresa.

La puerta giratoria

La emergencia eléctrica que se generó en Venezuela a finales de 2009 entre la sequía y el pésimo estado del tendido energético venezolano impulsaron al presidente Hugo Chávez a tomar una decisión devastadora, “apagar” dos líneas de producción de aluminio en CVG Venalum.

La decisión se pagó con creces y Venalum no logró recuperarse desde entonces a la fecha. De 422.000 toneladas producidas en 2009, cayó a 266.000 en 2012. La deficiente condición de Venalum y la progresiva disminución de la producción de Alcasa pusieron en bandeja de plata la necesidad de importar 60.000 toneladas de aluminio primario para cumplir con los compromisos locales a finales de 2010.

Siete empresas estaban en lista para la importación de aluminio. Dos de ellas, al menos, eran de Jesús Vergara: Sidutrade, con sede en Curazao, y Veraloum Group.

De acuerdo con el registro de compras interno de la empresa, el aluminio se cotizó con primas de 891 y 674 dólares por encima del precio del mercado internacional (LME) para 2012.

En agosto de 2011 esta idea se asumió también en unos contratos de inversión suscritos con tres clientes nacionales: VG Group, Alumiservice (ambas de Vergara) y The Company Metals.

El objetivo era que estas empresas aportaran 30 millones de dólares para la incorporación de celdas (una suerte de hornos industriales), y a cambio se les pagaría con el aluminio que resultara tras el arranque de la producción y la transformación del metal foráneo.

“Tú apadrinabas la celda y mes a mes te pagaban lo que esa celda producía”, explicó Vergara Betancourt. Con los contratos con clientes nacionales se podría “importar aluminio y darle valor agregado en nuestras instalaciones. Eso nos va a permitir un ingreso para ir anillando el flujo de caja y resolviendo cualquier situación puntual de materia prima”, señaló Elio Sayago, expresidente de Alcasa, el 1 de agosto del 2011.

Sin embargo, de acuerdo con los datos de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE), Venezuela solo importó de Estados Unidos y Brasil 6.941 toneladas de metal, lejos de las 60.000 anunciadas.

¿Y a dónde fue a parar el aluminio que el gobierno importó?

Ni en el gobierno de Chávez ni en el régimen de su sucesor, Nicolás Maduro, ha habido respuestas al respecto. El discurso oficial y los datos del INE contrastan además con el SAP (sistema de verificación de compras) de Alcasa, que señala que recibió 71.000 toneladas de aluminio entre 2011 y 2013 de las 120 mil toneladas solicitadas a seis empresas, 20 mil de ellas a Veraloum Group, una de las empresas de Vergara Group. “Algo de ese aluminio llegó, pero por otra puerta salió”, aseguró un exgerente de Alcasa.

Con todos los hierros

El aluminio no contuvo las ambiciones del empresario Vergara, cuyo alcance también llegó al mercado del mineral de hierro, también extraído en la región.

Varias de sus empresas pasaron por debajo de la mesa en el 2013, cuando Nicolás Maduro, a pocos meses de su cuestionada elección, decidió investigar lo que llamó la “mafia del hierro”.

Pese a la corrupción que de manera literal corroía a la estatal Ferrominera, Vergara no dudó en participar como trader, pues “uno no puede poner la semilla que Dios le dio en otro lado. Por eso estoy aquí. Yo me he dedicado a ayudar a la gente. Aunque no siempre te va bien: de los diez leprosos que sanó Jesús, solo uno le agradeció”.

Pero en el 2009 Vergara sí había padecido un trago amargo cuando el director de logística de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Luis Velásquez, inspeccionó, junto al entonces presidente de la CVG, Rodolfo Sanz, los patios de VGM. El 16 de mayo de 2009 quedó asentado en un tribunal que en los patios de la empresa de aluminio se encontraron 2.494 cabillas de una pulgada, compradas a la sociedad mercantil Inversiones Marce, C.A.

El material fue retenido y ese mismo año rechazado un amparo constitucional que buscaba resarcir los daños contra Vergara Group. Dos años más tarde, Velásquez fue detenido por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), acusado de corrupción.

También hubo investigaciones cuyos resultados develaron, en 2013, una amplia red de extorsión, comandada por el coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, apodado El Tiburón, y que terminó con su encarcelación, junto a tres empresarios de Guayana, entre ellos Yamal Mustafá, director del diario Primicia, y Radwan Sabbagh, presidente de Ferrominera del Orinoco. Vergara Group Metals salió ilesa del trance de las cabillas y de la investigación por contrabando y malversación en Ferrominera, estatal en la que Sidutrade fungía como trader (intermediario) en la comercialización del mineral de hierro.

También Commvensa, una empresa que Vergara Betancourt registró en 2011 como único accionista, con el objeto de comprar, vender y transformar minerales.

Tan ilesa resultó que en 2015 registró su filial en Panamá, donde muchas de sus empresas tienen asentamiento mercantil. Una de ellas es Consorcio Quantum, S.A., dedicada a la comercialización de metales.

El socio de Vergara en esta empresa es Carlos Eduardo Santiago da Silva (“es mi amigo”, confirma), desde entonces nombre clave no solo en el área de metales, sino también en ramas tan dispares como los motores y las turbinas (con la Corporación Handel, registrada en 2010) y las comunicaciones (mediante Valcor, registrada en Barcelona, España, en 2014). Carlos Eduardo Santiago da Silva también se ha dedicado a la militancia política activa y de carné en el PSUV, del que todavía forma parte.

En el 2013, Santiago da Silva y Vicenzo Bianco da Silva se presentaban en CVG Venalum como representantes en Venezuela de la empresa asiática Chalieco, un equivalente más pequeño de Glencore.

Ambos eran socios de Vergara según los documentos constitutivos del Consorcio Quantum en Venezuela, inscritos en el Registro Nacional de Contratistas y en cuestión de meses, al ser rescindidos los contratos con Glencore, Chalieco y Vergara pasaron a ocupar el vacío que dejó en el mercado la transnacional de origen suizo.

Uno de los socios y amigos de Vergara fue una de las personas que desembarcó con Escarrá en EEUU en 2017.

Tan pronto comenzó a fallar la producción de alúmina (materia prima para la reducción del aluminio), Vergara se convirtió en el proveedor de este insumo a cambio de más metal.

En un reporte diario de tráfico de CVG Venalum de 2018, de 11 despachos, 10 iban dirigidos a V Aluminium Group. Fue el momento en el que el Gobierno afianzaba sus relaciones con Chalieco y Chinalco como parte del proyecto de recuperación de la industria financiado por el Fondo Conjunto Chino Venezolano, y para el que se comprometieron más de 1000 millones de dólares por pagar con materias primas, entre ellas aluminio.

En el 2020, el contrato con Chalieco sigue abierto y no hay rastros de esas inversiones en Venalum.

Una expansión multifacética

En el 2016, Vergara quiso ampliar su margen de maniobra con el intento de administrar el diario Nueva Prensa de Guayana, a través de Desarrollo e Inversiones Valcor, SL, una empresa registrada en Barcelona, España, y cuyo cargo como administrador lo tomó en enero del 2017, según la información financiera disponible en la web.

El dueño del periódico, el peruano Rubén Gamarra, murió envenenado en noviembre del 2008. Su esposa, la abogada Jealousie Fondacci, fue acusada y apresada por el homicidio.

Entre 2008 y 2016, el periódico estuvo intervenido por una junta ad hoc. En 2016 se incorporaron nuevos administradores cuando Valcor se presentó como inversionista. Pero Foundacci, ya liberada, recuperó el control de la empresa en el 2018 y la intención de Vergara y sus socios se diluyó.

Aunque no ha concretado la ambición de regir un periódico, Vergara Betancourt mantiene el esquema de registrar empresas y de ampliar sus sociedades sin que ello se traduzca en producción. Como recalca a ratos en la entrevista, “son sueños”.

El abanico de las empresas no es discriminante. Entre 2011 y 2017 ha registrado no menos de 25, desde una hotelera sin sede hasta una fábrica de juguetes de la que no se conoce ningún juguete, pasando por una chocolatería cuyos productos nadie ha visto.

La productividad de todas estas empresas es ahora un secreto encajonado en las oficinas de un emporio que creció a la sazón del aluminio preferencial, de ciertos padrinos en la era del chavismo y de una sagacidad para mantenerse a la sombra.

Vergara insiste en que hasta hace un par de años sus empresas transformaban el aluminio que recibían, pero a raíz de la debacle industrial de Guayana, los momentos duros se le han multiplicado.

“Yo veo varias veces al mes (la película) La Lista de Schindler. ¿Por qué lo hago? Porque no estamos en un país normal y Dios me ha puesto a hablar con mucha gente y debo mantenerme de pie para no dejar caer a tantos. No puedo poner excusas a Dios”, dijo, ataviado con una franela y en el mismo tono lineal que nunca pierde.

Y remata: “De mí se ha dicho de todo: narco, socio de personeros del Gobierno. ¿Qué no se ha dicho? Pero aquí estoy, donde siempre he estado. Esas puertas están abiertas para mis amigos y mis enemigos”.

Mientras tanto, no son pocos los que se preguntan cómo sobreviven sus empresas en medio de la debacle de la industria del aluminio en Guayana.

CURVA DE LA VIOLENCIA EN ESTADOS FRONTERIZOS DE VENEZUELA, EN EL 2019

 

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), América Latina ocupa el primer lugar de las regiones más violentas del mundo, y en los últimos años Venezuela se ha posicionado de los primeros lugares del ranking regional y mundial.

En el 2017 la UNODC registró que Venezuela fue el segundo país con más muertes violentas con una tasa de homicidios de 53,7 por cada 100.000 habitantes –sólo superado por El Salvador con 62,1–, un indicador en crecimiento sostenido desde 1995 a pesar de que las autoridades no publican cifras oficiales desde el 2014.

En el 2018 el Observatorio Venezolano de Violencia reveló que Venezuela superó a El Salvador y se posicionado del primer lugar en América Latina con 84,4 por cada 100.000 habitantes en la tasa de homicidios, e identificaba como factores que originan la escalada de violencia: el crimen organizado, la inestabilidad política, el desempleo, la corrupción y los estereotipos de género.

Más reciente, esta misma fuente informó que en el 2019 en Venezuela hubo 16.506 muertes violentas, representando la tasa de homicidios un 60,3 por cada 100.000 habitantes, 23.1 puntos menos que en el 2018, pero aún la más alta de la región.

Un elemento que en este último conteo se suma al de años anteriores que aún persiste es la “epidemia” de la violencia policial por el uso excesivo de la fuerza o por ejecuciones extrajudiciales.

Los estados fronterizos concentran gran parte de esta ola de criminalidad, en el 2019 en Bolívar, Táchira, Falcón, Zulia, Apure y Amazonas ocurrieron 1.850 muertes por homicidio, 104 desapariciones y secuestros, y 484 enfrentamientos armados.

Ante esta realidad, el Observatorio FundaRedes –organización no gubernamental que trabaja en la construcción de tejido social para la promoción y defensa de los derechos humanos en la frontera venezolana– decidió hacer seguimiento, documentar y procesar la data sobre la creciente violencia en la zona limítrofe con Colombia y Brasil, así como en las zonas costeras colindantes con islas del Caribe.

En los datos que presentamos a continuación –obtenidos por un seguimiento diario de la notitia criminis, confirmación de data y denuncias recibidas por nuestra organización– se muestra la curva de violencia en los seis estados de estudio mencionados y desagregados por cada mes del año.

Allí se puede observar que el estado Bolívar es la entidad que más tiñe de sangre la zona fronteriza venezolana.

El análisis muestra una fluctuante tendencia al alza con el transcurso de los meses.

Fueron cometidos crímenes de toda naturaleza, desde homicidios con desmembramientos y decapitaciones, como los registrados en Táchira, Zulia, Bolívar y Falcón, así como incineración de cadáveres, infanticidios, feminicidios y masacres en áreas urbanas y comunidades indígenas.

¿ENFRENTAMIENTOS O EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES?

Un patrón observado por FundaRedes al analizar la data correspondiente a lo que los organismos de seguridad del Estado presentan como “enfrentamientos” es la particularidad de que los hechos sucedieron en circunstancias prácticamente similares, sólo cambió el escenario, pero en todos los casos las víctimas murieron en el lugar de los hechos.

Un punto de coincidencia es que los familiares de las víctimas solicitaron derecho a réplica para desmentir que se haya tratado de enfrentamientos. De acuerdo a las versiones de los familiares de las víctimas en esos casos se trataría de ejecuciones extrajudiciales.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como algunas policías estadales, son los organismos que más aparecen mencionados en las denuncias sobre este tipo de hechos.

De acuerdo con el seguimiento realizado por FundaRedes, el incremento de los supuestos enfrentamientos en los territorios fronterizos obedece más a una política de exterminio delincuencial aplicada por los organismos de seguridad del Estado desde el 2017, así como procedimientos de grupos armados irregulares por el control de territorios, principalmente de Táchira; pugnas entre bandas delictivas y de fuerzas de seguridad del Estado contra la delincuencia común.

De esa manera, las cifras que evidencian un incremento totalizan 692 muertos en “enfrentamientos” o “ejecuciones extrajudiciales” en los seis estados analizados en el transcurso de 2019.

SILENCIO EN DESAPARICIONES Y SECUESTROS

Desde hace tres años, aproximadamente, los organismos de seguridad han recomendado a familiares de desaparecidos y secuestrados no revelar información a los medios de comunicación con el argumento de llegar a una rápida solución de los casos; no obstante, para las organizaciones no gubernamentales como FundaRedes lejos de lograr ese propósito resulta una forma de silenciar el delito y avalar la impunidad, más aún en los últimos años cuando la participación de funcionarios policiales en secuestros y extorsiones ha sido una práctica común, muchas veces en alianza con delincuentes.

Al analizar los datos se evidencia que la prensa tiene poco acceso a este tipo de informaciones, solo lo tuvo cuando las víctimas fueron halladas sin vida.

En Táchira y Zulia es donde más casos de secuestro y desapariciones se conocieron en el 2019.

Otro tipo de desapariciones se dieron en el estado Falcón, donde 38 personas fueron denunciadas como desaparecidas luego de abordar embarcaciones para emigrar del país.

En estos casos se habló de redes de trata de personas que secuestran a los migrantes.

TÁCHIRA, TERRITORIO CODICIADO

Táchira es uno de los estados fronterizos con mayor variedad criminal. Las cifras indican que en el 2018 la tasa de homicidios fue de 23 por cada 100.000 habitantes, pero en el 2019 esa cifra ascendió a 26,36 por cada 100.000 habitantes al registrarse 316 muertes por esa causa.

En total hubo 316 víctimas. De los 29 municipios que tiene esa entidad federal el mayor número de homicidios ocurrió Pedro María Ureña (20,57%), San Cristóbal (8,54%), Bolívar (8,23%), García de Hevia (8,23%) y Fernández Feo (6,33%). 90% de esos crímenes fueron cometidos por arma de fuego.

Los principales victimarios fueron grupos armados irregulares (cerca de 70% de los casos), y el móvil principal fue el sicariato (más de 25%). 20 víctimas eran mujeres. La mayoría de las víctimas de ambos sexos eran de entre 20 y 35 años de edad. Los meses más violentos del 2019 en Táchira fueron enero, febrero, octubre y diciembre.

El fenómeno violento en esta frontera tiene su origen en aspectos como la migración interna, utilizada por los grupos criminales y paramilitares que se aprovechan de la necesidad de cientos de venezolanos para reclutarlos a sus filas o extorsionarlos para permitirles el acceso al trabajo en la zona.

La presencia de diversos grupos armados irregulares colombianos (guerrilla y paramilitares) y venezolanos (colectivos) hace de este territorio una zona de enfrentamiento por el control de los pasos fronterizos usados para el contrabando, narcotráfico y secuestros.
Del total de víctimas, 68 fueron reportadas como muertas en “enfrentamientos”, principalmente los meses de febrero, mayo, junio, julio y noviembre.

Las partes involucradas en estos hechos fueron: cuerpos de seguridad del Estado contra bandas delincuenciales (más de 65% de los hechos); grupo irregular sin identificar contra cuerpos de seguridad del Estado (cerca de 13%); grupo paramilitar colombiano contra cuerpo de seguridad del Estado (más de 13%); y enfrentamientos entre grupos paramilitares contra grupos guerrilleros colombianos o colectivos venezolanos (cerca de 6%).

Además, hubo 13 casos de secuestros y/o desapariciones para una tasa de 1,96 por cada 100.000 habitantes de los que 43,48% califica como secuestro, pues hubo lugar de cautiverio y/o las víctimas fueron liberadas con o sin pago por la liberación; 56,52% es considerado como desapariciones por cuanto aún se desconoce el paradero de la víctima.

En los secuestros y/o desapariciones hubo participación de personas identificadas como miembros de algún cuerpo de seguridad del Estado en 30,79% de los casos.

De la totalidad de estos casos, 65,22% fueron víctimas del sexo masculino y 34,78% del sexo femenino; 78,26% fueron víctimas civiles y 21,74% perteneció a algún cuerpo de seguridad del Estado.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 19 y los 63 años y los hechos ocurrieron principalmente durante los meses de febrero, marzo y junio.

BOLÍVAR, RIQUEZA Y MUERTE

El estado Bolívar es una tierra con grandes riquezas, pero bañada en sangre, donde se registró el índice más alto de violencia con una incidencia muy significativa de homicidios seguido de enfrentamientos o ejecuciones extrajudiciales y secuestros y/o desapariciones.

La ocurrencia de estos hechos despuntó en torno a las actividades de extracción ilegal de minerales.

Los medios de comunicación digitales reseñaron que durante el 2019 hubo 869 homicidios: 532 asesinatos y 337 muertos en “enfrentamientos” o “ejecuciones extrajudiciales”, con una tasa de 36,59 por cada 100.000 habitantes.

Entre las víctimas resaltan 32 niños y/o adolescentes. Entre los hombres la mayor incidencia se dio de 18 a 45 años de edad. Los meses más violentos fueron mayo, junio y enero, en ese orden.

El municipio más violento fue Caroní con 54,35% de los casos; se recurrió a armas de fuego (77,95%), arma blanca (6,19%), violencia física (estrangulamientos y golpes 6,19%).

Los principales victimarios fueron: la delincuencia común, grupos armados irregulares y las mafias que operan en la extracción minera (sindicatos).

Los móviles fueron: 41,78% hechos delictivos no esclarecidos. 19,34% sicariato, 14,31% robos, 10,44% ajuste de cuentas, 4,84% supuestos enfrentamientos, 2,71% violencia de género y 1,74% en protestas sociales.

En el lapso analizado ocurrieron 28 secuestros y/o desapariciones, entre las víctimas figuran dos efectivos del Ejército; tres mujeres (una hallada asesinada); un niño de 4 años (asesinado) y 16 hombres, dos de ellos localizados asesinados. Hubo dos casos de secuestro extorsivo, cuyas víctimas recobraron la libertad y los responsables fueron apresados.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 4 y los 58 años, y el municipio Caroní fue donde más ocurrieron estos delitos, con 75,86% de los casos.

Hubo 337 personas muertas en supuestos enfrentamientos: 86,10% pugnas entre bandas; 7,62% por robos; 1,35% azotes de barrio; 1,35% por supuestos enfrentamientos entre grupos armados irregulares y civiles; 0,90% en momentos de producirse un secuestro.

Las partes involucradas en estos hechos fueron principalmente: cuerpos de seguridad del Estado contra delincuentes (más de 97%).

Los meses en que se suscitaron más enfrentamientos fueron febrero, marzo, mayo, julio y agosto, y con mayor incidencia en el municipio Caroní con 108 enfrentamientos armados.

La presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Bolívar es pública y notoria.

En septiembre del 2019 el diputado a la Asamblea Nacional Francisco Sucre lo denunció luego de viajar a esa entidad, pues en un punto de control del Ejército, en la isla de Anacoco, los efectivos militares le advirtieron que unos 800 metros más adelante había una alcabala del ELN.

En completa impunidad actúa este grupo armado colombiano desde antes de 2017; constantemente sostiene enfrentamientos con “sindicatos” mineros (mafias organizadas que pugnan por el control del Arco Minero y las minas de coltán, entre otros) que han dejado un número no precisado de víctimas en masacres y asesinatos individuales.

Estos hechos son calificados por las autoridades gubernamentales como “confrontaciones entre grupos criminales rivales”, sin reconocer la implicación de la guerrilla.

ZULIA, UNA BOMBA DE TIEMPO

La frontera en Zulia tiene en común con Táchira la presencia de grupos armados irregulares colombianos, lo que hace esta zona particularmente violenta.

En esa entidad desde hace años es un secreto a voces la toma de varios municipios, sobre todo Catatumbo, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y más recientemente por el grupo paramilitar Los Rastrojos. Adicionalmente, existen estructuras de crimen organizado.

La estadística indica que durante el 2019 se registraron 388 homicidios con una tasa de 4,67 por cada 100.000 habitantes.

La criminalidad y la violencia en esa región no descansa ni discrimina, solo ese año fueron asesinadas 41 mujeres, mientras que 15 niños de entre 1 y 11 años de edad también murieron en hechos violentos.

El porcentaje de homicidios se discrimina de la siguiente manera por municipios: Maracaibo (22,42%); Jesús Enrique Lozada (10,57%), San Francisco (6,96%); Cabimas (5,41%); La Cañada de Urdaneta (5,15%); Colón (3,87%) y Mara (2,06%).

Los meses con más homicidios fueron junio, julio, octubre y diciembre.

De las 388 muertes violentas más de 65% fue cometidas con armas de fuego, menos de 20% con arma blanca y menos de 10% con el uso de la violencia física (estrangulamientos y golpes).

Se evidenció que los principales victimarios fueron delincuentes comunes e individualidades que atacaron a mujeres y niños (43,83%) y en alto porcentaje (17,39%) el móvil fue el sicariato.

Además, en el 2019 hubo 190 víctimas de supuestos enfrentamientos armados; según los reportes el móvil principal fueron enfrentamientos entre delincuentes (88,09%), seguido de robo (4,76%), pugnas entre azotes de barrio (3,17%), pago de extorsiones (2,38%), enfrentamientos entre civiles (1,58%) y secuestro (0,79%).

En estos presuntos enfrentamientos las partes involucradas fueron: cuerpos de seguridad del Estado contra delincuentes (95,28%); grupo irregular sin identificar contra cuerpo de seguridad del Estado (1,89%); grupo irregular sin identificar contra población civil (1,89%); cuerpo de seguridad del Estado contra la población civil (0,94%).

En Zulia hubo 9 secuestros y/o desapariciones en el 2019, dos de esos casos fueron resueltos rápidamente: el de una joven estudiante sometida a abusos sexuales y otro con fines extorsivos en el que la víctima fue rescatada y por lo que fueron aprehendidos a 10 oficiales de la Policía Nacional Bolivariana y un civil como autores de hecho.

También destacó el secuestro de una pareja, un empresario y su novia periodista, que culminó con la liberación de ambos en fechas distintas, una vez que fue pagado rescate.

Sin embargo, una frecuencia significativa es que la información se muestra a la luz pública con datos inconclusos, pues reina el hermetismo por parte de familiares de las víctimas y, principalmente, de los cuerpos de seguridad del Estado.

22,22% de los casos se considera desapariciones por cuanto aún se desconoce el paradero de las víctimas; 66,67% califica como secuestro, y en 33,33% de los casos estuvieron involucrados cuerpos de seguridad del Estado que desaparecieron a las personas. 55,56% de las víctimas eran hombres y 44,44% mujeres, todos civiles con edades que oscilan entre los 18 y los 61 años.

FALCÓN, ENTRE LUCHA DE PODERES

Falcón es donde hay menor presencia de guerrilla y grupos paramilitares, pero sí se ha visto afectado fuertemente por otras organizaciones criminales, algunas de reciente surgimiento.

En el 2019 la tasa de homicidios alcanzó un indicador de 25,64 por cada 100.000 habitantes.

Estos homicidios ocurrieron principalmente en los municipios Miranda (57) y Carirubana (53). El mes con menos casos fue diciembre; abril fue el más violento.

De las 205 muertes violentas cerca de 60% fueron cometidas con armas de fuego.

Destacan como principal victimario: cuerpos de seguridad del Estado y delincuentes comunes. Más de 50% de los casos fueron hechos relacionados con delincuencia común.

Entre las víctimas figuran 7 mujeres.

En su mayoría las edades oscilan entre 15 y 50 años de edad en los hombres, y entre 9 y 35 años en las mujeres.

Los móviles fueron: robos (55,83%), sicariato (14,58%), ajuste de cuentas (9,17%) violencia de género (2,50%), presuntos enfrentamientos (0,83%) y protestas sociales (0,42%). Un alto porcentaje (15%) no ha sido esclarecido.

Se reportaron 69 personas muertas en presuntos enfrentamientos. Los involucrados fueron cuerpos de seguridad del Estado y delincuentes, y los meses con mayores casos fueron abril, mayo y agosto.

Por otra parte, hubo 38 desapariciones, aún se desconoce el paradero de las víctimas.

De los casos identificados, 83,83% de las víctimas son hombres y 8,33% mujeres. Las edades están comprendidas entre 19 y 63 años. Entre los desaparecidos hay 33 migrantes venezolanos que se extraviaron en el mar Caribe en junio, no hay pistas de su paradero, versiones señalan que naufragaron, aunque hasta la fecha solo ha sido hallado el cadáver de una persona, los familiares sospechan que fueron víctimas de redes de trata de personas para venderlas en las islas neerlandesas.

En otros hechos se reportaron dos desapariciones en diversas circunstancias: un hombre y una mujer. Esta última fue hallada luego de ser violada y asesinada.

AMAZONAS Y APURE: CENSURA Y LIMITACIONES INFORMATIVAS

Una data completa de hechos violentos como homicidios, enfrentamientos, secuestro y/o desapariciones ocurridos desde enero hasta diciembre del 2019 en los estados fronterizos Amazonas y Apure resultó imposible de registrar debido a la inexistencia de medios de comunicación social tradicionales y/o portales digitales informativos en esas entidades o a la presión que sufren los pocos que operan para que esta información no se dé a conocer.

En ambas entidades federales existe una notoria merma informativa por el progresivo cierre forzado de periódicos, no sólo por la escasez de materia prima desde hace poco más de cuatro años, sino por la censura y la autocensura impuestas.

Los medios de comunicación tradicionales que aún sobreviven publican ocasional y discretamente algunas informaciones de violencia, pues reciben constantes intimidaciones por las estructuras criminales que allí operan, como la guerrilla y los grupos armados irregulares, además de los llamados “colectivos” respaldados por el gobierno nacional para evitar que estas informaciones circulen.

Aun así, haciendo uso de distintas herramientas de búsqueda y comprobación de data se logró un registro parcial de la cifra de homicidios, enfrentamientos, secuestros y/o desapariciones.

En Amazonas se tiene reporte de supuestos enfrentamientos en los que murieron 10 personas y estuvieron involucrados cuerpos de seguridad del Estado contra delincuentes (42,86%); cuerpos de seguridad del Estado contra civiles (28,57%) y Cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Nacional Bolivariana) contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 28,57%. Los enfrentamientos ocurrieron en los meses febrero, mayo, junio y diciembre, y el municipio con más incidencia fue Atures (71, 43%).

Hubo otros 26 homicidios.

La tasa total fue de 17,75 homicidios por cada 100.000 habitantes, de los cuales 96,15% de los casos ocurrieron en el municipio Atures.

Para cometer los crímenes se usaron armas de fuego (88,46%) y violencia física (estrangulamientos y golpes 7,69%).

Los móviles fueron sicariato (46,15%), robos (15,38%); protestas sociales (7,69%); algún tipo de enfrentamiento (7,69%); motivos no esclarecidos (7,69%); violencia de género (3,85%); ajuste de cuentas (3,85%); agresión sexual (3,85%). Los meses más violentos fueron enero, febrero y marzo.

Al estado Apure el hecho de violencia que lo caracterizó fue el homicidio; no obstante, se observa un repunte significativo en los secuestros y/o desapariciones al final del año.

Se registraron 36 homicidios, 10 de ellos en supuestos enfrentamientos.

De los siete municipios que tiene esa entidad federal el mayor número de homicidios ocurrió en Biruaca (30,30%), seguido de Páez (24,24%). Los meses más violentos fueron enero, junio, septiembre y diciembre. La tasa fue de 7,19 por cada 100.000 habitantes.

Del total de estos crímenes 60,61% fue cometido con armas de fuego. Los principales victimarios fueron delincuentes comunes e individualidades (42,42%) y grupos irregulares (27,27%); entre los móviles más frecuentes estuvieron supuestos ajustes de cuentas (33,33%), robos (24,24%), sicariato (15,15%) y violencia de género (18,18%).

Del total de las víctimas tres eran mujeres y tres niños. La víctima de menor edad tenía 1 año de nacida y la mayor 63 años; sin embargo, la mayoría de las víctimas eran hombres de entre 20 y 30 años de edad. Hay reporte de tres secuestros con víctimas de uno y otro sexo.

El móvil que más destacó fue robo o asalto a mano armada (60%) seguido de enfrentamientos con delincuentes (40%). Las partes involucradas en su totalidad fueron cuerpos de seguridad del Estado contra delincuentes.

CONCLUSIONES:

1. El estado fronterizo más violento en 2019 fue Bolívar. Debido a sus riquezas, esta entidad es codiciada por grupos armados irregulares y las mafias delincuenciales que ocasionan por lo menos un hecho violento al día.
2. De las tres variables analizadas (homicidios, desapariciones y/o secuestros y enfrentamientos) la que reportó más víctimas fueron los homicidios. La frontera de Venezuela se ha convertido en un escenario violento donde conviven delincuentes comunes, grupos armados irregulares y cuerpos de seguridad del Estado en permanente tensión.
3. En cuanto a las armas empleadas para cometer los crímenes predominó el uso de armas de fuego en un país donde desde el 2013 está restringido el porte de armas con la promulgación de La Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, la cual limita la venta de armas de fuego y municiones a ciudadanos particulares y establece que quienes posean de forma ilícita un arma de fuego serán sancionados con una pena de siete a 20 años de cárcel.
4. Con relación a los victimarios, a excepción de Táchira donde hay una fuerte presencia de grupos armados irregulares de origen colombiano, en el resto del país predominan la delincuencia común y en Bolívar las mafias que operan en torno a la extracción ilegal de minerales y la guerrilla colombiana del ELN.
5. Otro aspecto importante es que en la totalidad de las entidades federales analizadas los grupos que predominan en los supuestos enfrentamientos fueron cuerpos de seguridad del Estado con delincuentes comunes, una práctica que la Alta Comisionada de los Derechos de la ONU ha calificado como preocupante porque en muchos casos se recurre a ese argumento para ocultar las ejecuciones extrajudiciales.
6. El sicariato como móvil cobra fuerza en los estados Amazonas, Táchira y Zulia.
7. La mayoría de las víctimas fueron hombres de entre 20 y 30 años de edad. Preocupa la cifra en aumento de mujeres y niños blanco de la violencia.

Al rescate millonario de Sidor se le salieron las costuras

La debacle de la gran siderúrgica venezolana, en manos del Estado, rima: Cero Acero. En 2019 no consiguió producir nada. Justo en agosto de ese año, se atascó el último intento por salvarla: un proyecto con China para construir una máquina que fabricaría tubos especiales para la actividad petrolera. Quedó sin culminar, a pesar de los casi 100 millones de dólares invertidos. Ahora arriesga en convertirse en un vestigio herrumbroso del sueño de convertir a Guayana en un polo de la industria pesada.

Valentina Lares

vlares@armando.info

Tan elocuente fue el desplome en la producción de acero de aquel portento de las empresas básicas del sur de Venezuela, que cuando se firmó el contrato no podía tener otro título: Rescate Tecnológico de Siderúrgica Alfredo Maneiro (Sidor) y Desarrollo Aguas Abajo.

El presidente Hugo Chávez, en uno de sus lances épicos y tal vez no tan meditados, renacionalizó el complejo pionero de la industria pesada en el país, la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), por entonces y durante una década en manos de un consorcio argentino-mexicanobrasileño.

Era 2008 y Sidor venía del pico más alto de producción de su historia: El año anterior había producido 4,3 millones de toneladas de acero. De nuevo bajo control del Estado, su desempeño se fue a pique.

En 2018 produjo escasas 30.000 toneladas y en 2019 un cero redondo. Como se lee: Cero acero.

Ya en franca decadencia pero sin tocar todavía estos números rojos, en 2014, cuando la empresa producía todavía un millón de toneladas de acero, el gobierno de Nicolás Maduro firmó ese contrato “de rescate” con China, uno de sus socios más comprensivos y con el que se propuso el ambicioso proyecto de aumentar la capacidad productiva de Sidor fabricando una enorme Máquina de Colada Continua (MCC).

Una estructura capaz de recibir el acero líquido que producía la misma Sidor y convertirlo en diversos productos, en este caso tubos de acero sin costura.

En el mediano plazo, este tipo de tubos servirían para la construcción del entramado de tuberías que movilizaría el petróleo en la Faja del Orinoco (son especiales para la corriente de fluidos a altas presiones y temperaturas) y, a la postre, la máquina p produciría tubos para la exportación.

La MCC le daría a Sidor un valor agregado al retomar la senda de convertirla en la manufacturadora de otros tiempos con un producto de mayor valor agregado que los planchones (láminas) y las palanquillas (barras).

Ya Venezuela había contado con una fábrica de tubos de acero instalada en la zona -la antigua Tavsa, Tubos de Aceros Venezolanos Sociedad Anónima- pero fue desmantelada en 2013 y su personal había sido traspasado a Sidor.

De modo que el proyecto no podía sonar más atractivo en su enunciado: recuperar las antiguas glorias de una de las acerías más grandes de América Latina mientras se generaban entre 200 y 400 empleos directos según fuera avanzando la producción y las necesidades de personal aumentaran.

Pero faltaba llevarlo a la realidad.

Haciendo alarde de su alianza con los asiáticos a través del Fondo Binacional Venezuela-China, el Estado venezolano (con Sidor como propietario de la futura máquina y pagador del proyecto) se comprometió en el contrato-marco de rescate a desembolsar 250 millones de dólares.

Específicamente para la MCC destinaría 108,7 millones de dólares a través del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), pagaderos a la empresa china Minmetals Engineering Co Ltd., que a su vez fungiría como un gran intermediario entre SIDOR y las dos empresas que ejecutaron el proyecto: Vepica y Danieli.

La primera, venezolana, llevaría toda la obra de ingeniería y la MCC en sí misma; la segunda, un holding internacional, llevaría la obra civil.

Subcontrato IPC entre SIDOR C.A., MINMETALS ENGINEERING CO., LTD. Y VEPICA PROYECTOS INTERNACIONAL C.A. Para la ejecución del proyecto “Rescate tecnológico de la siderúrgica Alfredo Maneiro (SIDOR) y desarrollo aguas abajo”.

La MCC avanzó con buen pie -alguna lentitud, eso sí- hasta agosto del 2019, cuando se paralizó su construcción con 90 por ciento del proyecto ejecutado.

Falta solo un poco, el último poco, pero ahora todo apunta a que la MCC será un nuevo elefante blanco.

Una mezcla de grandilocuencia sin fondo, desidia y excesos burocráticos, con una pizca de los efectos de las sanciones internacionales, descarriló el proyecto en su penúltima fase del declive hasta llegar al registro que, de tan inédito y negativo, casi adquiere ribetes de hazaña: la producción nula de 2019.

Cero acero.

Puro cuento chino

Fuentes aseguran que el estatal Bandes desembolsó por anticipado la mitad del costo de la maquinaria, unos 54 millones de dólares, tal como estipulaba el contrato. 50 por ciento (54 millones de dólares).

El resto, que habría de liberarse poco a poco hasta finalizar la obra, se convirtió en un cuento chino.

El hilo a seguir es así: las empresas presentan a la directiva de Sidor las próximas fases del proyecto a ejecutar; aquella evalúa esos pasos y da el visto bueno al Bandes -que tiene los recursos del Fondo Chino-, para liberar los fondos a Minmetals, que termina pagando a las empresas ejecutoras en dólares americanos, tal como establece el contrato.

El pastoso proceso de pagos se cumplió parcialmente y pronto los recursos dejaron de fluir.

La triangulación a través de China puede lucir innecesaria, pero la participación de empresas de ese país es parte de las condiciones acordadas al tratarse de un proyecto que se financia por el fondo binacional. Además, expertos de la obra destacan que era lógica la cooperación con ese país si se toma en cuenta que son los chinos quienes participan en la extracción del mineral de hierro para Ferrominera del Orinoco.

Fuentes consultadas por Armando.Info aseguran que de 19 valuaciones enviadas por los contratistas (Vepica y Danieli) a la directiva de Sidor, solo cinco fueron diligenciadas. Con esos desembolsos parciales y el anticipo de 50 por ciento, las empresas ejecutoras llegaron a durar hasta agosto de 2019 con las obras.

Poco a poco se fue secando la posibilidad de financiamiento de las empresas contratistas, que pronto dejaron de comprar equipos mínimos de seguridad (botas, cascos), lo que impulsó los primeros paros de los trabajadores, que se negaron a seguir acudiendo a prerrogativas económicas establecidas en la ley sin contar con los requisitos elementales.

Tampoco había mucho más que hacer, porque dejaron de fluir los recursos para el resto de la otra.

Fuera del control de Vepica y Danieli quedaba también el transporte de los trabajadores, que solía correr por cuenta de Sidor pero que desde hace años recae en el bolsillo de los obreros.

Aunque la obra entró en un paro técnico, todavía no se han dado las condiciones para oficializar su suspensión. Las empresas no tienen capacidad de despedir al personal y liquidarlo con todas las prerrogativas económicas establecidas en la ley, por lo que hay 400 obreros que todavía perciben su sueldo.

De ellos solo 20 o 25 acuden cada día al lugar, para labores de vigilancia para prevenir desvalijamientos.

La puntilla para esta situación agónica la dieron las sanciones internacionales. Si bien el Bandes venezolano consiguió pagar una buena parte de lo presupuestado a la china Minmetals, esta se tropezó con obstáculos para hacer llegar a través del sistema financiero global los pagos en dólares estadounidenses para las contratistas Vepica y Danieli.

Una retención de recursos en China que todavía no encuentra salida.

La oferta de Minmetals ha sido pagar en yuanes, una opción que solo podría aceptar Danieli (un holding que tiene oficinas en más de 25 países, incluyendo China) mas no Vepica, una empresa gestionadora de proyectos de ingeniería con base en Venezuela.

La dificultad de recibir yuanes comienza con la falta de una cuenta bancaria en China, cuya administración establece fuertes condiciones para la apertura de una cuenta a una empresa internacional. Una de estas condiciones es que la empresa en cuestión demuestre una orden de compra de equipos o material fabricado en China.

Orgullo desmantelado

Pero la MCC no podría entrar de inmediato en funcionamiento aún si se liberara la muralla china de los dólares adeudados.

En el momento de una hipotética reanudación de las obras, faltarían por completar: los trenes de corte, inspección y apilado final de cilindros de acero o redondos (tomaría entre seis a siete meses); la construcción de los edificios operacionales (seis meses), instalación de equipos (tres meses), interconexión de tuberías y pruebas (cinco meses) e instalación y presentación para el arranque de equipos de electricidad, instrumentación y control (siete meses).

El toque final sería la instalación de grúas y el cierre de las naves, los grandes galpones donde están las maquinas, con techos y fachadas, a lo largo de otros seis meses.

Los años de pésima gestión gubernamental han pasado factura y fueron borrando el carácter estratégico del proyecto firmado en 2014. La desidia que se apoderó de Sidor tras su estatización en el año 2008 fue como un óxido que carcomió la empresa hasta convertirla en chatarra.

Prácticamente todos los módulos que producen el acero en forma de materia prima (acero líquido, pellas y briquetas, diferentes formas de lingotes de mineral de hierro que se destinan a la fundición para la fabricación de materiales) están paralizados. O, muchos de ellos, desmantelados.

El régimen de Maduro publicitó como gran cosa la producción, hasta octubre de 2019, de 700.000 toneladas de pellas, un componente reducido de mineral de hierro que es, a su vez, materia prima para la fabricación de acero.

La capacidad instalada de Sidor para elaborar ese subproducto es de ocho millones de toneladas.

“Pero acero, el producto que define a toda siderúrgica, no se está haciendo”, dice Carlos Ramírez, sindicalista de Sidor con más de 34 años de experiencia, vía telefónica. “Fuera de la construcción de la MCC, en Sidor no hay más proyectos, allí ya no se está produciendo nada”.

Entre enfrentamientos sindicales -el oficialismo lleva años tratando de tomar el control político de las organizaciones obreras-, el abultamiento sin control de su nómina, inversamente proporcional al valor de sus salarios, el tiempo fue reduciendo el número de trabajadores que efectivamente acudían a la otrora magnífica planta. Hoy apenas deambulan algunas personas en los largos hangares con máquinas rotas, que ya no procesan ni acero, ni nada.

“La MCC no se podrá poner en funcionamiento porque no hay acero líquido”, que es uno de los materiales que alimenta la máquina para la producción de los tubos.

Ramírez explica que el acero líquido era uno de los productos primordiales de Sidor, que fabricaba en sus dos plantas principales, Palanquillas y Planchones, ambas prácticamente clausuradas y abandonadas.

Justo en el medio, estratégicamente, brilla detenida la MCC.

Otros trabajadores confirman que, con los hornos apagados, el hampa ha hecho de las suyas contribuyendo al marasmo, que podría tocar a la máquina en construcción.

Actualmente paralizada y desmantelada, tiene potencial para producir acero líquido y planchones. Esta sería la principal fuente para alimentar a la Máquina de Colada Continua (MCC).

“Cuando regresemos (del asueto decembrino) seguramente que van a faltar válvulas, manómetros, cualquier cosa. Los malandros se meten y se roban las cosas, quién sabe si con personal de seguridad involucrado”, comentó en diciembre de 2019 uno de los técnicos que trabaja directamente en la construcción.

Esa falta y robo de piezas, en el resto de Sidor, generó en los últimos años una “canibalización” de las máquinas existentes, donde se sacaban las piezas de algunas para ponerlas en otras y entonces tratar de hacerlas funcionar.

También paralizada, en esta zona se hace la fundición y aleación del acero que debe pasar a la MCC.

El desmantelamiento y crisis del sistema eléctrico venezolano es el otro gran escollo que enfrenta la obra, pues poner en funcionamiento la MCC requiere de un flujo eléctrico estable y a toda capacidad.

Los apagones nacionales ocurridos en marzo de 2019 fueron el peor presagio. “Asumiendo que hagan una revisión profunda de la acería y compren todos los repuestos y equipos y que sean instalados, para encender los hornos y operar, se necesitaría el suministro de energía eléctrica que dejaría a varios estados del país sin electricidad, ya que no han concluido los trabajos en las salas de máquinas I y II de la planta generadora Raúl Leoni ‘El Guri’ y el resto de las generadoras hidroeléctricas de Guayana, así como las generadoras de  electricidad cuya fuente es gasoil, gas y vapor”, explica uno de los expertos del proyecto de la MCC que pidió no ser identificado.

La MCC tiene listos los moldes para la fabricación de tubos sin costura, ideales para el transporte de fluidos a altas presiones y temperaturas.

Mientras languidece la MCC y cada vez se hace más evidente la dificultad para ponerla en marcha, entre septiembre y octubre de 2019 se registró la visita de técnicos rusos en las instalaciones de Sidor y advierten de los intentos -con piezas de máquinas viejas, paralizadas- de relanzar una máquina capaz de fabricar tubos.

¿Otra operación de rescate?

La milicia: un cuerpo innecesario para Venezuela, pero vital para el chavismo

Nicolás Maduro anunció el 9 de enero que la milicia tiene 3.778.334 miembros. La cifra que pasó inadvertida ante el anuncio de ejercicios militares, plantea graves consecuencias en lo político, económico, social y militar.

Manuel Tovar, El Estímulo

Nicolás Maduro anunció el 9 de enero que la milicia tiene 3.778.334 miembros. La cifra pasó inadvertida junto a muchas otras, pues el gobernante también notificó de ejercicios militares que desviaron la atención.

Se olvidó aún más rápido con las noticias de la volatilidad del dólar o el aumento del salario mínimo.

Pero sin duda alguna, de ser cierto lo planteado por el sucesor de Hugo Chávez la realidad podría implicar una serie de nefastas consecuencias para el futuro inmediato de Venezuela.

Viciada de origen

En palabras de Maduro, la milicia será una maquinaria aceitada.

“El pueblo en armas. Los brazos armados del pueblo”.

En su anuncio, el chavista afirmó que esta milicia consta de 1.159 agrupamientos de defensa integral, 14.383 bases populares de defensa integral en escuelas y liceos, 63.890 unidades populares de defensa integral con células de 30 a 60 milicianos y 181.435 comandantes de calle.

El mismo 9 de enero, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció que la próxima ley constituyente de la Fuerza Armada dará carácter popular al cuerpo, al incorporar a la milicia como quinto componente de la FANB, junto al Ejército, la Marina, la Aviación y la Guardia Nacional.

Rocío San Miguel, directora de la asociación civil Control Ciudadano, y Luis Buttó, coordinador del postgrado de Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, coincidieron en la ilegalidad del “quinto componente” militar.

El cuerpo creado por Chávez en el 2005 como la reserva, y con antecedentes en los círculos bolivarianos, tiene un mínimo beneficio para el Estado venezolano pero resulta vital para el proyecto chavista que se fundamenta en la fuerza.

Un componente inútil

Para San Miguel hay razones legales y constitucionales, aunado a las circunstancias del poder militar venezolano que hacen absurdo hablar de una milicia.

Este origen, señaló la experta, es grave pues es una fórmula que esquiva las transformaciones autorizadas para modificar la Constitución, se burla de la Carta Magna y de los ciudadanos.

“En términos constitucionales la defensa militar de la nación corresponde en exclusividad a la Fuerza Armada Nacional. Hemos cargado con un lastre por 15 años de esta llamada Milicia Nacional Bolivariana que no tiene ningún sustento legal y que lamentablemente se ‘constitucionalizará’ a través de una ley emanada desde la asamblea constituyente”.

Asimismo, consideró que en términos operativos las Fuerzas Armadas tienen componentes, sistemas de armas y organización suficiente para la defensa integral de la nación.

Buttó afirmó que la conformación del cuerpo responde al cambio de la doctrina militar venezolana, para adaptarla de guerra convencional a no convencional.

Una sociedad militarizada

Buttó añadió que la milicia desde su concepción doctrinaria sirve de soporte directo al modelo político implantado en Venezuela en 1999, y responde a la militarización progresiva y sostenida de la sociedad.

San Miguel agregó que en el esquema moderno de guerra y defensa integral no existe justificación para el cuerpo más allá del control social.

San Miguel consideró que el modelo busca la segregación política porque es, como afirmó el comandante general de la milicia, Manuel Bernal Martínez, “un combustible de la revolución”.

Enfatizó que el momento escogido por el chavismo para la conformación de estas 14.383 bases populares de defensa integral, instaladas en colegios y liceos de Venezuela, busca crear una estructura ideológica y electoral.

“Eso no responde a los intereses nacionales. El principal problema para el que necesitamos una Fuerza Armada es la preservación de la integridad territorial y éste está vinculado con conflictos de guerra convencional, como por ejemplo la protección de fronteras”

La analista dijo que la adscripción directa a la presidencia significa la ausencia de rendición de cuentas.

“Hablamos de un organismo paramilitar, armado, al servicio de la Revolución. Que no nos quepa la menor duda, esto significará un nuevo modelo de aplastamiento de la sociedad”.

Buttó, a su vez, considera que la militarización implica expandir el espíritu militar en todos los intersticios de la sociedad.

El académico afirmó que la premisa es un mentis al sistema y canon democrático, en un país donde priva la militarización de la sociedad no puede hablarse con propiedad alguna de democracia.

Mantequilla o fusiles

Buttó agregó que el anuncio de Nicolás Maduro de uniformar a la milicia, trae consigo el viejo dilema consustancial de toda sociedad de elegir entre “mantequilla o fusiles”.

“Es un contrasentido que se decida uniformar a un cuerpo armado de esa magnitud, cuando el país tiene ingentes necesidades en términos de salud, de alimentación, entre otras”, dijo.

Señaló que, con el anuncio, el gobierno también contradice su discurso de que las sanciones impuestas por otros gobiernos le impiden tener acceso a las fuentes de ingresos.

“¿Cómo se explica que si no tiene acceso a la fuente de ingreso prefieran destinar dinero a armar la milicia que a alimentos y medicinas?

En ese comportamiento se evidencia una hipocresía absoluta del gobierno, en torno al discurso que mantiene de proteger a la población satisfaciendo sus necesidades”.

Además, rechazó la poca transparencia con la que se maneja el gobierno.

“¿Cómo se puede comprobar que las cifras de las que hablan son certeras? Y aún si fuera cierto, hay un contrasentido insalvable porque eso implica prácticamente construir un nuevo Estado; esa cifra de 3.5 millones de milicianos, supera a la de los empleados públicos”.

Insistió en que se estaría montando una especie de Estado paralelo.

“Por donde se le mire es una locura que impacta sobremanera la institucionalidad venezolana”, afirmó.

Un costo muy alto para el país

San Miguel aseveró que es una deformación hablar de 4 millones de venezolanos inscritos en la milicia nacional bolivariana, pues es un costo que no soporta la nación.

“Maduro habló de ordenar a Cavim la dotación de botas y uniformes a dos millones de milicianos, esto como mínimo es un gasto de 90 o 100 millones de dólares, sin corrupción”, indicó.

Agregó que también se ordenó que se hicieran ubicaciones didácticas, de adoctrinamiento que comenzarán a utilizar estos milicianos en una suerte de “formación ciudadana” que supone más gastos para el país.

La logística de la movilización, alimentación, entrenamiento y seguridad social de esta milicia, al igual que el entramado de pertrechos de los que se les puede dotar, representa un costo alto a la nación.

“Hemos asistido a diferentes etapas: en 2004 con la lista Tascón; a través del Tribunal Supremo Justicia, utilizando decisiones judiciales para acabar con la oposición política; el encarcelamiento para controlar y acabar con la oposición; y este sin duda alguna es otro método de segregación política”.

San Miguel también cree que detrás del anuncio hay un negocio en marcha que terminará en otro escándalo de corrupción para el país.

Una anomalía institucional

Por donde se le mire es una anomalía institucional lo que está ocurriendo con la milicia, afirmó Buttó.

“Cuando construyes un organismo que es capaz de superar en términos numéricos al resto de los integrantes del Estado, se está pervirtiendo desde cualquier punto de vista la institucionalidad”.

Agregó que el Ejecutivo de Maduro maneja ese tema, al igual que muchos otros, con gran opacidad.

“No hay transparencia alguna desde el gobierno, que no rinde cuentas, que desprecia la opinión pública, que es autoritario y que dice lo que sea, sin que los ciudadanos que tenemos derechos a escrutar la acción del gobierno tengamos acceso a los mecanismos para hacer esa evaluación”.

Se desprofesionaliza la Fuerza Armada

Según Rocío San Miguel el tamaño de la fuerza armada nacional más real del que se tienen datos, es de 140.000 a 160.000 efectivos en los 4 componentes, mermadas por la enorme cantidad de solicitudes de bajas, el encarcelamiento de militares y la deserción.

Si nos basamos en los números que brindó Maduro, de 3.778.334 milicianos, significa que hay 24 de ellos por cada soldado profesional.

“Sin duda alguna, este paso es un paso muy claro en la desprofesionalización de la defensa militar venezolana”, dijo la directora de Control Ciudadano.

A su juicio esto causará una proliferación de armas en Venezuela, un país que no pudo controlar las armas ni siquiera en manos de las Fuerzas Armadas.

“Eso contradice el espíritu civil que debe regir en la organización de la sociedad, porque la cosmovisión es reacia al disenso, es reacia a la búsqueda del consenso y apunta a la imposición de las decisiones que tome el Ejecutivo”.

“Ahora se dotará de armas a 4 millones de venezolanos, esto en palabras sencillas es una monstruosidad y una irresponsabilidad histórica”.

Buttó consideró que el profesionalismo militar se mide cuando los militares no intervienen en política. Es una especie de tautología, el militar es profesional porque no interviene en política y no interviene en política porque es profesional.

Cuando existe un componente vinculado directamente con la actividad política, obviamente se desprofesionaliza el sector militar.

Ambos analistas coincidieron en que la milicia está vinculada al concepto pretoriano de injerencia militar en la actividad política. Señalaron que en las democracias los sectores militares están apartados de la participación política.

Quiebre en la institución

“Hay un profundo quiebre en la institución militar por la misma crisis, que no se manifiesta por el carácter represivo del Estado. La vía que escogen los militares para no aceptar lo que sucede es la enorme cantidad de solicitudes de bajas que se procesaron en los dos últimos años”, declaró San Miguel y agregó que el encarcelamiento de militares es el más alto de la historia.

Consideró que al estado actual de la revolución le fallaron los pilares fundamentales. Las bases del PSUV están desencantadas, frustradas por la situación de la crisis política, económica y la Fuerza Armada no escapa de ello.

“Esto lleva a la invención de la milicia nacional bolivariana, que no tiene líderes, es el anonimato, es el concepto manoseado de pueblo, de milicia, que viene bien para el control militar y social del país y de la institución”, señaló.

Cree que la invención es oportuna para el régimen ante la actual crisis de legitimidad y liderazgo de Maduro.

San Miguel manifestó que la conformación de una milicia armada, revolucionaria y popular, que dista de los elementos de profesionalización que requieren la Fuerza Armada moderna, es un quiebre. El desmantelamiento de la Fuerza Armada Nacional, se expresa en la desprofesionalización de una institución que fue orgullo en América Latina.

A esta fuerza profesional se le intenta sustituir por un sistema popular de control social, electoral, que se desconoce en lo que derivará.

«Por donde se le mire, es una anomalía institucional lo que está ocurriendo con la milicia».

“En países donde hay este tipo de cosas, terminan derivando en grupos paramilitares y parapoliciales que agudizan el conflicto armado”.

“Las milicias existen en muchos países, el problema es cuando están al margen de la ley, representan una sola parcialidad política, no tienen control democrático y sirven de resguardo de esa parcialidad en el poder”, concluyó.

Imágenes: Daniel Hernández y AFP.

INFORME ANUAL DE VIOLENCIA EN VENEZUELA, 2019

Observatorio Venezolano de Violencia.

Introducción

En el año 2019 Venezuela ha vivido la mayor crisis social de la historia por la destrucción de la economía, la pérdida de capital humano por la emigración, el deterioro del estado de derecho y el incremento de la desigualdad social.

En ese contexto de destrucción institucional, la violencia y la criminalidad han sufrido cambios importantes, pues la criminalidad acompaña los cambios en las sociedades, y procura adaptarse a las oportunidades que le ofrece el mejoramiento o empeoramiento de las condiciones de vida en esa sociedad.

En la búsqueda del poder o del dinero, los actores criminales administran la violencia para poder garantizarse un usufructo de la renta como resultado de la utilización de la fuerza, sea para depredar los frutos del trabajo o los recursos disponibles en ese territorio, sea para establecer condiciones desiguales que les permitan un acceso privilegiado a las fuentes de riqueza y de renta existentes en esa sociedad.

Durante este año 2019, en Venezuela se ha incrementado la destrucción del pacto social por la suma perversa y en apariencia contradictoria de anomia y autoritarismo, lo cual ha provocado -por una parte- una actuación arbitraria y discrecional de instituciones que incumplen sus obligaciones, y violan derechos humanos; y por otra parte, la desconfianza de la población en instituciones y funcionarios cuyo desempeño está sujeto a normativas y regulaciones, que son frecuentemente modificadas, con cambios impredecibles y sin un claro fundamento.

Y en lugar de la deseada independencia de los tres poderes en la sociedad, capaces de generar contrapesos, lo que existe de manera fáctica es una dualidad de poderes que durante este año ha permanecido y profundizado.

A la existencia de dos poderes legislativos y dos poderes judiciales, se sumó en este año dos poderes ejecutivos. Uno de ellos con un presidente designado por la Asamblea Nacional legítima y reconocido por una parte de la sociedad y por varias decenas de países del mundo como el presidente encargado legítimo del país.

Aunque existe una Asamblea Nacional electa democráticamente, se estableció otra Asamblea legislativa distinta, una Asamblea Nacional Constituyente que fue convocada y electa con procedimientos no contemplados en la Constitución y que no ha asumido, en cualquier caso, la función para la cual fue convocada, que era redactar un texto constitucional, sino que en forma arbitraria se ha adjudicado a sí misma poderes para actuar como una instancia plenipotenciaria, capaz de normar y decidir sobre cualquier dimensión de la vida republicana.

El poder ejecutivo continúa gobernado bajo el “estado de excepción” establecido desde mayo del 2016 y prorrogado de manera indefinida e inconstitucional varias veces, concentrando por esa vía cada vez más poderes y con cada vez menos controles y regulaciones.

La Sala Constitucional se erigió como un macro poder capaz de modificar la Constitución. Las leyes se personalizan y se politizan, dejando de ser mecanismos de regulación social universal, para convertirse en instrumentos para la persecución casuística de los diferentes y disidentes.

En ese contexto, los mecanismos básicos de funcionamiento de las sociedades se pierden y el delito de distintos rostros encuentra nuevas y mejores oportunidades para actuar. Como no hay reglas universales y legítimas, el poder fáctico impone sus reglas y las aplica de manera arbitraria a los fines de obtener riqueza o de conservar el poder, o de conservar el poder para poder usufructuar de la riqueza.

En Venezuela, el 2019 se ha consolidado lo que se puede considerarse la mayor crisis social en la historia de Suramérica.

La observación de la violencia

Luego de dieciséis años consecutivos de censura oficial, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) vuelve a ofrecer su reporte anual sobre la situación de violencia en el país.

La censura sistemática de la estadística oficial, el manejo oscuro de los archivos criminales y las arbitrarias o inexistentes definiciones usadas en el metadato, obligan a los grupos de investigación de las universidades públicas y privadas que formamos parte del OVV a seguir observando y analizando lo que ocurre con la criminalidad en el país y continuar entregando a la sociedad nuestras mejores estimaciones e interpretaciones sobre la realidad existente y la calidad de la información.

En este año 2019, el Observatorio Venezolano de Violencia ha estado analizando y procesando información en ocho entidades federales del país, con grupos de investigación de ocho universidades: en San Cristóbal con el Observatorio Social del Estado Táchira de la UCAT; en Cumaná con la Dirección de Cultura de la UDO; en Caracas con el Centro Ciudades de la Gente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV; en Barquisimeto con la Escuela de Desarrollo Humano de la UCLA; en Ciudad Guayana con la Escuela de Derecho de la UCAB-Guayana; en Mérida en el Instituto de Geografía, Escuela de Geografía, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA; en Maracaibo en el Centro de Investigación en Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, y en Maracay en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la UC.

La situación de violencia

En el 2019, Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo.

Este año cierra con un estimado de al menos 16.506 fallecidos y una tasa de 60,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina.

Esta tasa es el resultado de los tres tipos de muertes violentas que desde hace más de una década estudiamos como constitutivos de la violencia letal en la sociedad:

los 6.588 homicidios cometidos por los delincuentes, cuya tasa es de 24 víctimas por cada cien mil habitantes;

las 5.286 muertes por resistencia a la autoridad, según la denominación oficial, pero que en su mayor parte son homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales con una tasa de 19 víctimas por cada cien mil habitantes;

y las 4.632 muertes de intencionalidad indeterminada, registrados oficialmente como averiguaciones de muerte, pero que también en su mayor parte son homicidios o permanecen sin aclarar su situación al final del año considerado y cuya tasa estimada es de 17 víctimas por cada cien mil habitantes.

Los resultados muestran una importante disminución en el número y en la tasa de muertes violentas, sin embargo, no creemos que esto sea el resultado de una mejoría en condiciones sociales, sino, todo lo contrario, del empeoramiento de dichas condiciones de vida y de la generalización de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país.

Los tres componentes muestran tres procesos complejos y negativos de la sociedad venezolana:

1. El descenso de los homicidios cometidos por delincuentes tiene su origen en varios procesos sociales igualmente negativos.
   El primero es la destrucción generalizada de la actividad económica y el empobrecimiento del país, lo cual ha reducido drásticamente las oportunidades para el crimen. La caída de la actividad económica por el quiebre de empresas o de los comercios, la restricción de los horarios por la suspensión de los servicios públicos, la emigración de las personas o la poca disponibilidad de dinero por el empobrecimiento de los asalariados y la carencia de efectivo en bancos, comercios o las personas, ha limitado el campo de acción del delito depredador, que ha encontrado menos víctimas que pillar y menos recursos que despojar.
   El segundo elemento es el incremento del control territorial de las bandas armadas del crimen organizado, quienes someten la criminalidad de las pequeñas pandillas o de individuos aislados, para favorecer su aprovechamiento de las grandes rentas derivadas del tráfico de drogas, minerales o personas; del contrabando de gasolina o de la extorsión de las empresas.
   El tercero es la emigración de los delincuentes hacia otros países, producto de los dos factores anteriores: de la reducción de las oportunidades para el crimen y del control de los grupos organizados que los elimina o los obliga a someterse a su control.
   El cuarto es la reducción de personas en el espacio público, en la calle, el mercado o la plaza, por la restricción de la oferta de actividades comerciales o recreativas, por las limitaciones que imponen las falencias en los servicios públicos, como el racionamiento eléctrico o el menor transporte público. Y por la restricción en la demanda, por la inhibición de las personas, quienes restringen sus actividades en el espacio público, sea por carencia de un dinero que puedan gastar en su salidas, sea por el temor a ser víctimas en esos espacios públicos.

La inmensa letalidad policial se ha convertido en un factor relevante en la reproducción de la violencia en el país.

La letalidad tiene dos impactos disímiles en la situación de violencia, pues, por un lado, puede considerarse, tal y como lo hacen las autoridades, que este tipo de acción reduce la delincuencia y los homicidios al eliminar a los potenciales delincuentes.

Pero, por otro lado, continúa constituyendo un importante factor en las tasas de homicidios, pues las muertes provocadas por los policías se mantienen en un niveles extremadamente altos, registrándose en el 2019 un promedio de 14,5 personas muertas cada día del año a manos de los cuerpos de seguridad.

La acción de represión del delito por parte del Estado se ha reducido al exterminio de los delincuentes. No existe ninguna política sostenida de hacer cumplir la ley y de aplicar los castigos previstos en las leyes de la República, ni mucho menos programas de prevención del delito, sino de eliminación de los presuntos delincuentes.

La reducción de la letalidad en algunos estados puede tener su explicación no en la disminución de la acción policial, sino en una nueva modalidad que en los reportes que tenemos de los habitantes indican la tortura y la amenaza de muerte de los presuntos delincuentes, está substituyendo la letalidad en las actuaciones de los grupos comandos, y cuya intención parece ser no sólo la intimidación o persuasión, sino que tiene como propósito forzarlos a emigrar del país.

2. Las averiguaciones de muerte se mantienen como un importante componente de la tasa de homicidios del país. Continúa, por parte de las autoridades, el registro ambiguo de una importante cantidad de víctimas de muertes violentas, quienes quedan clasificadas y se archivan como en averiguación por haber tenido una intencionalidad desconocida.
   Esta cifra representa una inmensa caja negra en el país y ha mostrado un extraño incremento en los últimos años. En el estado Mérida, el de menor tasa de homicidios del país, en el año 2001 las muertes consideradas sin intención determinada (MIND) representaron el 6,6% del total de víctimas, mientras que para el año 2017 esa misma categoría se incrementó cinco veces, para ubicarse en el el 32,7%. En el país, por cada diez víctimas que son catalogadas como homicidios, hay nueve más que son catalogadas como fallecidos por intención no determinada.
   Pero, es posible estimar que de cada cien víctimas clasificadas como MIND, ochenta y ocho murieron por disparos de armas de fuego, y que a pesar de eso fueron archivadas como de “intención no determinada”.
   Es importante destacar, además, que esta cifra de muertes en averiguación no incluye los casos de los “desaparecidos”, y que son aquellas personas que se desconoce su paradero y cuyos cadáveres pueden luego ser encontrados enterrados en fosas clandestinas construidas en zonas aisladas o boscosas, y de cuya existencia sólo se sabe con posterioridad. Encontramos que esta práctica ha tenido un incremento en los años recientes y muestra un tendencia novedosa de actuación de los grupos criminales, quienes, de acuerdo a las circunstancias y los acuerdos informales con otros grupos de poder, se mueven entre una espectacularidad morbosa, destinada a enviar mensajes a sus enemigos y provocar miedo en la población, y el sigilo discreto, que procura evitar el escándalo y la presencia e investigación policial que pueda derivar de la presión que puedan ejercer los familiares, ya que, en el caso de las desapariciones, siempre se mantiene la incógnita del verdadero destino de algunas personas. Esta tendencia se ha facilitado y permitido su incremento, tanto por la letal actuación policial, como por la masiva emigración de las personas y que hace dudar a las familias si su pariente salió del país o se encuentra “desaparecido”.
   Los cambios en el país y los cambios en los procedimientos policiales y de registro forense reciente, no nos permite saber si las cifras que disponemos son del todo correctas, lo que sí es posible afirmar es que en cualquier caso los números deben ser superiores y no inferiores a los que presentamos.

Comparación con otros países

Con una tasa de 60,3 Venezuela quedará registrada como el país con la mayor tasa de muertes violentas en las Américas.

En los últimos años se ha observado una disminución en los homicidios en varios países de la región, en Venezuela ha ocurrido lo mismo. Aunque en cada caso las razones y procesos sociales específicos son diferentes, pues las condiciones sociales, políticas y el tipo de actores armados son diferentes, la disminución de los homicidios en la región creemos que se debe a dos grandes procesos:

El primero es una mayor conciencia ciudadana sobre la gravedad de la situación de violencia, lo cual que ha forzado a respuestas públicas más eficaces en las actuaciones de los gobiernos locales, nacionales y ha movilizado la cooperación internacional.

El segundo son los cambios que están ocurriendo en el delito organizado, tanto como respuesta a la acción del Estado, como por una estrategia más sofisticada y sutil, que permita un mayor control territorial que facilite a los grandes delincuentes controlar a los pequeños delincuentes, y así pasar desde los conflictos de alta intensidad a una violencia de baja intensidad, que pueda ofrecer mejores condiciones para prosperar en sus negocios ilícitos y para eludir o pactar la confrontación con los gobiernos.

En El Salvador, el país que en los últimos años fue el más violento de la región, llegando a tener en 2015 una tasa de 103 víctimas por cada cien mil habitantes, desde el año 2016 ha tenido una fase de reducción de los homicidios y que hace prever que para este año la tasa puede ubicarse en 48 víctimas por cada cien mil habitantes.

Las acciones del Estado han logrado golpear las finanzas, la logística y el liderazgo de las maras criminales, así como poder tener un mayor control de las prisiones. En esa actuación también se han realizado muchas ejecuciones extrajudiciales y el poder ejecutivo intentó excluir esas víctimas de la contabilidad de muertes violentas, pero el rechazo de las fuerzas sociales a tal medida obligó a que fuesen catalogadas como tales e incluidas en la estadística oficial.

En Honduras se estima que el año 2019 concluya con una tasa de 42 fallecidos por cada cien mil habitantes. Honduras ha experimentado una sostenida reducción desde el año 2015, producto de diversas medidas de medidas de control de las bandas y del tránsito de drogas por su territorio.

En Jamaica se ha dado un pequeño incremento en las víctimas que se estima no afectará los resultados, y por lo tanto se mantendrá la tasa de 47 víctimas por cada cien mil habitantes que había mostrado en 2018, a pesar de la declaración del estado de emergencia del gobierno para controlar el delito y que no logró una reducción ni cambio en las tendencias.

En Brasil se estima que puede concluir con una tasa de 19 por cada cien mil habitantes, con una reducción estimada del 22% en los homicidios, pues el año puede cerrar con una cifra inferior a las 40 mil víctimas anuales para una población de 210 millones de habitantes.

El mensaje fuerte de represión del delito enviado por las autoridades y las medidas de control de las cárceles implementado por los gobiernos estadales de las diversas corrientes políticas, ha permitido que este año se pueda repetir, sin grandes variaciones, una tasa que se ya se ha experimentado durante varios años.

En Colombia durante el 2019 se mantiene casi igual la tasa de aproximadamente 25 por cada cien mil habitantes. Aunque algunas fuentes indican que se puede calcular una reducción del 2,5% en los homicidios entre 2018 y 2019, con los datos disponibles hasta ahora no es posible tener seguridad de que esta reducción logre revertir la tendencia al alza que se había observado en el año 2018. En Colombia ha ocurrido una muy importante reducción de los homicidios hasta el año 2015, cuando, en lugar de seguir el descenso se estabilizó y durante tres años consecutivos, el número de homicidios se estancó alrededor de 11.500 fallecidos.

Luego, en el 2018, se rompe esa tendencia decreciente o estable experimentada durante una década y aumentaron hasta 12.130 los homicidios en el país. La situación de violencia en Colombia se relaciona con los diversos actores armados que participan en el proceso políticos: los acuerdos de paz; la desmovilización de algunos grupos armados para dedicarse a la lucha política democrática, dejando espacios vacíos a otros grupos criminales; la reagrupación de grupos guerrilleros y de bandas criminales que mantienen control territorial y el usufructo de diversas rentas en varias partes del país.

Se estima que adicionalmente, en este año hubo un incremento de los homicidios en algunos departamentos que son frontera con Venezuela por la inestabilidad social y política de esos territorios, y las luchas por controlar las rentas que de allí se derivan.

En México se estima que en el año 2019 se puede mantener la tasa de 22 por cada cien mil habitantes, pues, aunque en el inicio del año hubo un incremento en las muertes violentas, en un proceso complejo en el cual se ha dado la disolución de la Policía Federal y su traspaso de funciones a la Guardia Nacional, luego se modificó esa tendencia al alza y se ha estabilizado la violencia. En México son grandes las diferencias en las condiciones de violencia entre las distintas zonas de la nación, encontrándose que estados como Colima, Baja California o Chihuahua, tendrán este año unas tasas de homicidios mucho más altas que el resto del país, llegando a duplicar o triplicar la tasa nacional.

Los cambios en las modalidades del delito y la dolarización

Entre los comienzos y fines del 2019 las modalidades del delito se fueron modificando conforme se daban cambios en la economía diaria de las personas y se generalizaba el proceso de “dolarización” informal del país, lo cual permitió que el dólar, el euro, el peso colombiano o el real brasileño, se convirtieran en las monedas de uso corriente en las operaciones de intercambio de bienes y servicios en distintas zonas del país.

En el primer semestre del 2019 muchas de las modalidades del delito se habían restringido por la carencia de bolívares en efectivo en manos de las personas, debido al empobrecimiento de la población, a la baja circulación de billetes de bolívares y a la generalización de los pagos electrónicos, sea con tarjetas de débito o con transferencias bancarias.

Eso provocó una reducción de los robos de las personas, en las calles o en el transporte público, de los asaltos a los comercios o los bancos, por la ausencia de un potencial botín en manos de las potenciales víctimas.

En ese período, el robo se trasladó de la calle a las viviendas familiares, donde los delincuentes podían encontrar bienes que pudieran ser luego negociados en el mercado negro, tales como joyas, computadoras, televisores y otros electrodomésticos y, en algunos casos, divisas en efectivo que guardaban las personas o comerciantes en sus casas.

En este período llamó la atención que los delincuentes, además de acarrear con esos productos propios de los robos, se llevaban también la ropa, calzados, medicinas y alimentos existentes en las viviendas.

En la medida que la economía se fue dolarizando, las personas tuvieron más dinero en divisas en sus carteras, pues se convirtió en un medio común de pago y con ello se inició un proceso de mudanza en las oportunidades del delito. Los bandidos regresaron al robo de personas y comercios que sabían podían disponer de efectivo en moneda extranjera.

De igual manera, los secuestros se incrementaron en el segundo semestre, pues se hizo común exigir y pagar el rescate en moneda extranjera.

Para fines de año la situación delictiva ya había cambiado y se observó un crecimiento de los delitos depredadores o de las prácticas de extorsión de los grupos criminales o de los funcionarios policiales y militares, quienes en alcabalas, aduanas, o para ofrecer servicios públicos desde las reparaciones de electricidad  hasta la emisión de pasaportes, o garantizar el puesto privilegiado en la fila para surtir gasolina, son cobrados en moneda extranjera o pepitas de oro.

El delito y la corrupción se dolarizaron en el 2019.

El incremento de los suicidios

Desde hace tres años alertamos sobre una tendencia al incremento de los suicidios que permitían considerarlo como un fenómeno más social que individual y que parecía responder al deterioro de las condiciones de vida de la población.

Los suicidios son incluidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) no sólo como una muerte por una causa externa, sino como violencia, pues es una forma de violencia ejercida no contra otros, sino de la persona contra sí misma, quien resulta víctima y victimaria al mismo tiempo.

Los suicidios, así como los homicidios, muestran los cambios que ocurren en las sociedades, y si bien siempre la decisión de quitarse la vida tiene un componente individual, lo que es posible establecer es que esas decisiones están condicionadas por la circunstancias del entorno social que rodean a la persona y que lo hacen lidiar con el presente e imaginarse un futuro que les dé aliento para vivir o les quite la esperanza y voluntad de seguir viviendo.

Los resultados obtenidos por nuestras investigaciones en curso muestran que en la actualidad la tasa de suicidios del país puede fluctuar entre 9 y 10 suicidios por cada cien mil habitantes.

Esto ha representado al menos un incremento por el orden del 140-170% entre los años 2015 al 2018, por lo que la tasa de suicidios se ha podido casi triplicar en los últimos cuatro años.

En el caso específico del estado Mérida, la entidad federal donde se ha registrado la menor tasa de homicidios del país en los últimos años, hemos llevado a cabo un estudio detallado sobre los suicidios y es posible afirmar que la tasa de suicidios estimada para el estado Mérida se ubica alrededor de 21,7 suicidios por cada cien mil habitantes, la más alta del país, y que representa un incremento por el orden de 80% entre los años 2014 y 2018.

Dentro de los móviles o causas presuntas del suicidio, la depresión resultó ser la principal razón que ha llevado a muchos merideños, y quizás también a muchos venezolanos en general, a tomar la lamentable decisión de suicidarse.

En los casos en que fue posible establecer una motivación para la decisión de suicidarse se encontró que la depresión como el principal móvil pasó de representar el 34,1 de los casos en el 2014, a convertirse en el 56% en el año 2018, y aunque no podemos disponer de datos completos para el 2019, por la censura oficial al respecto, es posible inferir que este porcentaje ha estado en aumento durante este año.

En toda la historia de estadísticas conocidas sobre tasas de suicidios estimadas en Venezuela previas, que van desde el año 1936 hasta el  2015, nunca se había alcanzado las tasas de suicidios que se tienen en la actualidad, todo lo cual parece concordar con la profunda crisis que vive el país en la actualidad, la cual tampoco tiene precedentes en los más de 200 años de historia republicana.

Las víctimas niños y adolescentes

En los niños y adolescentes se evidencian los mayores impactos de la violencia en Venezuela: ellos afrontan la violencia estructural manifiesta en las dificultades para el acceso a los bienes y servicios más básicos como los alimentos, el agua, la luz, el transporte y los recursos más elementales para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado consagrado en la Constitución de la República y en los tratados internacionales de DDHH.

También es alta la cifra de niños que crecen solos porque sus padres se han visto forzados a migrar a otros países en procura de un ingreso económico.

Esas condiciones de precariedad y empobrecimiento, se agravan con el impacto que tienen la violencia y la inseguridad en la vida diaria de la mayoría de los niños y adolescentes quienes viven con miedo a ser víctimas de delitos, por lo que, en muchos casos, no van a la escuela, o no tienen oportunidades de recreación, deporte ni opciones de participación social.

En este año ha sido relevante la violencia ejercida contra los niños y niñas indígenas que deben ser investigados y sobre los cuales no puede haber impunidad, como la acción abril del 2019, cuando una embarazada y una niña de la población Warao resultaron muertas por una comisión de cinco funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en aguas del Delta Amacuro.

Miles de niños son testigos y víctimas directas de la muerte de sus padres, madres o familiares, y esto tiene un impacto relevante en sus vidas, no sólo por el dolor y otras consecuencias que esta pérdida causa al niño o niña, sino por sobrevivir abrumados por el temor constante a que la violencia letal les llegue una vez más, y por  la certeza de no contar con ninguna forma de protección.

Otros crecen con el daño psicológico, con estigmas y dificultades en las relaciones sociales, buscando  su identidad y en muchos casos, perturbados por el rencor, la rabia y el duelo no procesado.

A  pesar de las altas cifras de víctimas de la mortalidad violenta en Venezuela, el Estado no ha implementado políticas, planes o programas para la protección de la integridad personal de esta población afectada; las víctimas no han sido amparadas por medidas de protección, programas de apoyo psicosocial, acciones para la reparación del daño causado, ni siquiera cuentan con el apoyo económico que requieren ante la pérdida de ese familiar que era sostén de familia.

Tampoco han sido implementados programas de prevención de la violencia que brinden resguardo y protección preferente y especial en los centros educativos, comunidades y localidades en los que se conocen las mayores cifras de inseguridad y violencia.

Miles de niños y niñas han sido testigos directos de crímenes ocurridos en su comunidad, de la muerte de su padre o madre, o han sido ellos mismos las víctimas directas de lesiones y otros delitos que resultan de la actuación policial, evidenciando el desconocimiento e inobservancia de la normativa internacional de DDHH y en la legislación nacional, de las normas de obligatorio cumplimiento para la actuación policial con niños, niñas y adolescentes.

También se ha conocido  de casos en los que niños y adolescentes resultan muertos en acciones policiales en los que se les reporta como fallecidos por “resistencia a la autoridad”, situaciones que deben ser  investigadas para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de estos hechos.

Queda planteada claramente la interrogante de la eficacia, profesionalismo y legalidad de la actuación letal de cuerpos policiales, que en lugar de prevenir o reducir las muertes y otros daños,  incrementan la inseguridad, las realidades de la violencia y la desconfianza de la población en el Estado y sus instituciones.

El impacto de la violencia en la disponibilidad de alimentos

En Venezuela, la inseguridad y violencia han dejado de ser predominantemente urbanas y se han trasladado hacia las zonas rurales, constituyéndose en un factor relevante en la caída de la producción agrícola y en la provisión de alimentos a la población.

Cuando se compara la producción agropecuaria entre 2008 y 2019, los productores reportan que se aprecia un descenso en todos los rubros, lo cual ha afectado directamente el consumo nacional y que los porcentajes de autoabastecimiento representan un retroceso de al menos veinticinco años en las capacidades de producción del sector agroalimentario.

Datos de la Federación de Ganaderos de Venezuela señalan que de un consumo per cápita de 22 kilos de carne en 1999, se ha pasado a sólo 4 kilos por persona en 2019, y que de una producción de diez millones de litros de leche, se ha reducido a menos de 4 millones de litros.

Cuando se revisan los factores que han provocado tal caída, sin lugar a dudas entran las dificultades para obtener insumos necesarios para la producción, como semillas, vacunas, insecticidas o fertilizantes; la inseguridad jurídica que han vivido y los seis millones de hectáreas que fueron expropiadas, pero, también, una parte importante de la reducción de la oferta de alimentos en el país, se debe al impacto que la violencia ha tenido en la producción y comercialización de toda la cadena agroalimentaria.

A fin de conocer más de cerca el papel de la violencia en la caída de la producción agrícola, los equipos de investigación de las ocho universidades nacionales que conforman el Observatorio Venezolano de Violencia realizamos un estudio sobre el tema en ocho estados del país.

Los resultados mostraron que en toda la cadena de producción, distribución y comercialización, los empresarios y los trabajadores son afectados por toda clase de delitos. A los productores de café en el estado Sucre les roban la cosecha, los animales de carga que les sirven de medio de transporte para bajar a las localidades y mercados, los insumos, equipos, fumigadoras; y además, roban a los clientes, quienes por miedo ya no acuden a comprar.

En estados como Zulia, Táchira, Aragua, Lara, Bolívar y Mérida es frecuente el abigeato y los saqueos en las fincas donde se trabaja con ganadería para producción de carne, leche y otros derivados lácteos. También han sido afectados por los delitos de vacuna o extorsión, contrabando, secuestro, en sus formas permanente y express.

En el estado Zulia, los grupos armados irregulares han ocupado fincas y forzado a los productores para que les permitan construir “pistas de aterrizaje clandestinas” en los terrenos de su propiedad, con lo cual los hacendados ha quedado atrapados entre la amenaza de los bandidos, para que acepten convertirse en aeropuertos para la droga, y el temor de ser considerados por parte de las autoridades como cómplices del creciente delito de narcotráfico que allí ocurre.

Otros delitos, como el hurto de insumos, materia prima, cosecha, maquinaria y productos, son frecuentes. Los pequeños comerciantes que organizan “ferias” para vender alimentos, son víctimas de la delincuencia común y de los funcionarios de seguridad.

Quienes trasladan alimentos de una zona a otra del país, son víctimas de robos de mercancía cuando se ven obligados a detenerse por el daño que en los neumáticos de sus ruedas provoca la colocación de los llamados “miguelitos” en las carreteras, lo que facilita los robos o saqueos. Por estas circunstancias reportan que han reducido sus viajes y disminuido la distribución de las hortalizas y verduras a nivel nacional.

Los productores y comunidades cercanas a los lugares de comisión de los delitos, señalan que los victimarios son tanto el hampa común, las bandas organizadas, como de los organismos de seguridad del Estado.

También, en la generalización del delito, identifican como autores de los robos desde los empleados y obreros que laboran dentro de las unidades de producción, o que laboraron allí y salieron por las continuas reducciones de personal, hasta personas de las comunidades vecinas.

Las unidades de producción agrícola han sido descapitalizadas con pérdidas y robos de  desmalezadoras, máquinas de ordeño, vehículos, partes de vehículos, cercas de potreros, invernaderos, sistemas de riego, maquinarias, cabezas de ganado (machos, hembras, hembras en gestación y novillos), plantas eléctricas, combustible, mallas, mangueras, tanques, bombas de asperjar, bandejas, sierras eléctricas, moto bombas, tendido eléctrico, mobiliarios, agroquímicos e incluso la producción del día.

La percepción que los productores del campo, grandes o pequeños, tienen de la actuación de los organismos de seguridad es muy negativa, pues no hay confianza, ni credibilidad en ellos y son evaluados como incompetentes por sus actuaciones de carácter efectista y con fines políticos.

Unos destacan la incapacidad que tienen para actuar las policías locales o regionales, por las carencias de apresto operacional, las carencias técnicas y operativas que tienen; otros los consideran como cómplices de los delitos, sea porque actúan en connivencia con los bandidos, sea porque no garantizan ni seguridad ni justicia, pues las denuncias no son procesadas, ni los delincuentes apresados.

Para tratar de sobrellevar la situación y ante la falta de protección gubernamental, las víctimas y sus familiares optan otros mecanismos de protección tales como: cambio de rutinas, pago de vigilancia privada, escoltas, disminución de la producción y vuelta a formas artesanales de producción.

Muchos agricultores han decidido no trasladar sus productos a los centros de acopio, como siempre lo hacían, por temor a ser víctimas de asaltos en las carreteras y han optado por vender sus productos a un precio inferior en la puerta de la finca, haciendo más complejo y costoso el proceso de distribución.

En casos extremos, algunos productores logran acuerdos con los grupos criminales y aceptan la extorsión, por lo cual deben pagar regularmente la “vacuna”, tal y como ha ocurrido en los estados Táchira y Mérida y otros optan por abandonar la actividad, como ha ocurrido en el Zulia, en la costa occidental del lago de Maracaibo.

En otras zonas se ha fortalecido la idea de la privatización de la seguridad y ese es caso de la creación de grupos de protección privada informal, como las las Brigadas Campesinas de Lara, quienes se dedican a la autoprotección privada de los productores. Y también se generaliza la idea de la “justicia por mano propia” y esto ha tenido un apoyo tácito de algunas autoridades. En las entrevistas, un campesino reportó que los cuerpos policiales les habían dicho “háganlo pero sin mucha bulla, que ésa es la orden”.

Las consecuencias de este proceso ha sido que de las mil doscientas toneladas métricas de alimentos que producía la industria en el año 2017 se redujeron a trescientas mil toneladas.

El rebaño de ganado que para comienzos de siglo se calculaba en 15 millones de cabezas, se redujo a una cifra que oscila entre 7,3 y 11 millones en el 2019.

La producción de atún que era de 900 toneladas, disminuyó a 500 toneladas. La producción de pollo se redujo de 150 mil a 14 mil toneladas. De las 250 mil madres cerdos que existían se contrajo a 30 mil madres cerdos.

A la inseguridad jurídica y la carencia de insumos, se ha sumado las diversas formas de inseguridad personal para los productores agrícolas, sus empresas y sus familias, y la tendencia del traslado del delito común o el crimen organizado de las zonas urbanas hacia las zonas rurales, ha llevado a la existencia en la actualidad de formas de violencia similares a las que por un tiempo fueron exclusivas de los barrios o periferias urbanas.

La epidemia de violencia policial

Venezuela vive una epidemia de violencia policial. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando las muertes por homicidios exceden la tasa de diez víctimas por cada cien mil habitantes, debe entonces considerarse que se está frente a una epidemia de mortalidad.

En Venezuela, solamente las víctimas de la acción policial ya duplican ese umbral. En el año 2019 se estiman que hubo al menos 5.286 víctimas de la acción policial, para una tasa de 19 fallecidos por cada cien mil habitantes; una cifra y una tasa superior a la de cualquier otros país de América.

En cada día del 2019, los cuerpos de seguridad del gobierno mataron a 14,5 personas.

Esta epidemia de violencia policial se ha expandido por todo el territorio nacional. Las prácticas de letalidad en la actuación policial dejaron de ser un hecho aislado, propio del abuso de un funcionario, o un problema que sólo se asociaba a determinado cuerpo de policía: al parecer, fueron asumidas como política o pauta de la actuación policial, y en la actualidad es posible identificar la realidad de las muertes violentas por actuación de funcionarios, en 18 de las 24 entidades federales de la República.

La tasa de fallecidos en enfrentamientos y de quienes se informa que “fueron dados de baja” por haberse resistido a la policía, tienen carácter de epidemia. Y  la magnitud es tan elevada que, en algunos casos, la tasa de fallecidos por la acción policial violenta fue hasta de tres veces superior al umbral fijado como epidemia. Y esta epidemia se ha ido extendiendo por todos los municipios del país.

De los 335 municipios que conforman la división geopolítica de Venezuela, en 175 municipios la tasa de muertes por resistencia a la autoridad y por la letalidad policial, se encuentran por encima del nivel de epidemia.

Y esta violencia policial excede en muchos casos la violencia ejercida por los propios delincuentes.

En 6 estados del país la tasa de fallecidos por la acción policial, por resistencia a la autoridad, es superior a la tasa de los muertos que provocaron los forajidos. Los estados con violencia policial superior a la violencia delincuencial son, en orden de importancia, Guárico, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Aragua y Portuguesa.

Pero, más sorprendente aún es que hay 10 municipios en los cuales todas las muertes violentas que ocurrieron en ese territorio fueron aportadas por la acción policial. Es decir, en esos municipios no se registró ningún fallecido producto de la acción letal de los bandidos, y sí se registraron decenas de muertes producto de la acción letal de la policía u otros cuerpos de seguridad.

De una manera muy relevante esos municipios se encuentran en los estados Guárico, Trujillo y Anzoátegui, y quizá ésa es una de las explicaciones que puede encontrarse al incremento de la violencia de estos estados y su posicionamiento ascendente en los lugares más altos por su tasa de muertes violentas en relación al resto de estados del país.

Los diez municipios en los cuales sólo se registraron homicidios cometidos por los policías son: en el estado Guárico, el municipio San José de Guaribe.

En el estado Trujillo, los municipios José Felipe Márquez Cañizales y Motatán.

En el estado Anzoátegui, los municipios Guanta, San Juan de Capistrano y José Gregorio Monagas.

En Mérida, el municipio Justo Briceño. En Cojedes, el municipio Lima Blanco.

En Carabobo, el municipio Miranda, y en el estado Táchira, el municipio Córdoba.

Dos elementos comunes cabe destacar en estos municipios, el primero es que son municipios vinculados a la producción o refinación petrolera y el segundo es su vinculación territorial con la red de carreteras nacionales, en particular con las troncales 1 (Panamericana) y 9 (Oriente).

Después que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicara su informe el 4 de julio del 2019 y solicitara, expresamente, que se disolvieran las FAES y se estableciera un mecanismo nacional imparcial e independiente para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, en Venezuela hubo al menos 2.698 fallecidos por la acción letal de la policía, lo que significa un promedio de cien víctimas de la epidemia de violencia policial cada semana.

La situación de las entidades federales

Los cinco estados con las mayores tasas de violencia en el año 2019 fueron

Miranda (87 por 100mil/hab),

Bolívar (84 por 100mil/hab),

Aragua (82 por 100mil/hab),

Distrito Capital (76 por 100mil/hab)

y Guárico (70 por 100mil/hab).

Tres aspectos son importantes destacar en la configuración de la violencia este año.

El primero es que el estado Miranda desplazó al estado Aragua del primer lugar que éste había detentado en los dos años anteriores.

El segundo, es el ascenso continuo de posición del estado Bolívar, el cual estuvo en cuarto lugar en el 2017, en el tercer lugar en el 2018 y ahora se ubica en el segundo lugar este 2019.

Y el tercer aspecto es la aparición del estado Guárico entre los cinco estados más violentos del país.

Las altas tasas de los estados Miranda, Aragua y Distrito Capital se corresponde a la configuración de la violencia urbana en la región centro-costera del país, la que ha sido históricamente el eje más violento, pero en el cual se ha desplazado la criminalidad desde los grandes centros urbanos hacia las zonas sub-urbanas o semi-rurales de los estados Miranda y Aragua, en los cuales se han instalado centros de operación de las bandas criminales que actúan enfrentándose e imponiendo el control territorial, con sus efectos duales unas veces en la reducción y otras en el incremento de la violencia.

La situación en los estados Bolívar y Guárico se relacionan con el incremento de la acción delictiva en las zonas rurales.

En el estado Bolívar, con la expansión de la actividad criminal en el Arco Minero, en el cual se enfrentan los llamados “sindicatos” del crimen organizado, los grupos guerrilleros y las fuerzas policiales y militares, por el control de las riquezas minerales.

En el estado Bolívar se produce al mismo tiempo un desastre ecológico y un desastre social.

En el estado Guárico se libra una guerra entre bandas por el control de las rentas que proporciona la extorsión de las actividades ganadera y comercial, y por el control de las rutas de las carreteras que conectan los estados Apure y Bolívar al sur, con las ciudades y puertos del centro del país, en Aragua y Carabobo.

Esta zona, que estuvo controlada y extorsionada por grandes bandas, ha tenido unos procesos de redistribución del control territorial que ha generado tanto enfrentamientos entre los grupos criminales como la acción militar violenta.

Cuando uno incorpora en el análisis las cinco entidades federales siguientes en la lista decreciente de altas tasas de violencia y llega a las diez más violentas, se observa la presencia de los estados que no fueron históricamente violentos, como Sucre, Amazonas, Cojedes y Delta Amacuro, y que expresan los procesos de ruralización de la violencia y los cambios en las oportunidades del delito. Las rutas del tráfico de drogas y de la minería ilegal están modificando la geografía de la violencia.

Un elemento que es importante señalar es que, paralelo a la reducción de la tasa de homicidios en los estados más violentos del país, este año ocurrió un incremento en las tasas de homicidios en los estados menos violentos.

En los cuatro estados con menor violencia: Mérida, Nueva Esparta, Falcón y Táchira, se pudo observar un incremento de varios puntos en la tasa de homicidios en relación al 2018.

El Táchira, que ha tenido una baja tasa por la violencia contenida por el dominio de bandas criminales y la guerrilla, ha presentado en el 2019 nuevos episodios de violencia por el control de la renta que representa el “peaje” que debe pagarse a los grupos criminales por el uso de las “trochas”, los caminos informales y semi-clandestinos, por los cuales transitan personas y productos hacia o desde Colombia.

En los estados Falcón y Nueva Esparta están actuando nuevos grupos criminales,  al estar ubicados en el norte del país y ser la frontera marítima con las islas del Caribe, se están convirtiendo en una plataforma para el tráfico de drogas y minerales.

Y el estado Mérida, que ha sido por varios años la entidad con menor tasa de homicidios del país y que en el 2018 tuvo una tasa de 25 homicidios por cada cien mil habitantes, este año aparece con una tasa de 31 muertes por cada cien mil habitantes.

Esta tasa que es la menor de Venezuela, es, sin embargo, muy alta en el mundo, y en este año 2019 será superior a la tasa que mostrarán países considerados violentos como Colombia, Brasil o México.

 

La vida poco «comunista» de Karl Marx: criadas, deudas y despilfarro de dinero en alcohol y burdeles

Imagen tomada de biography.com e insertada por Sala de Información.

El comportamiento del pensador que clamó contra la opresión y defendió a las clases obreras más desprotegidas, fue muy poco coherente con las ideas que desarrolló.

I. Viana, Diario ABC (España)

Karl Marx es el pensador que, posiblemente, más ha influido en la historia y la política de los dos últimos siglos, imprescindible para configurar el mundo tal y como lo conocemos hoy.

Su obra es la responsable del surgimiento de ideologías tan importantes como el comunismo y el socialismo, que dio lugar a regímenes dominantes y longevos como la URSS de Lenin y Stalin, la China de Mao Tse Tung, la Cuba de Fidel Castro, la Camboya de Pol Pot, la Rumanía de Ceausescu o la Yugoslavia de Tito.

Desde su muerte, obviamente, se ha hablado y escrito mucho sobre sus ideas, pero no tanto sobre si estas han sido coherentes con su vida.

Resulta chocante pensar que el hombre que se alzó contra los obreros esclavizados e introdujo conceptos como la lucha de clases, la dictadura del proletariado y la importancia del trabajo, llevara una vida de burgués; y fuera, durante su juventud, un estudiante aficionado a los burdeles, las borracheras y los suspensos.

Esa otra parte de su vida la recogen Malcolm Otero y Santi Giménez en «El club de los execrables» (Penguin Random House, 2018), donde cuentan el lado oscuro de otros de los personajes más idolatrados de la humanidad, como Churchill, Chaplin, Picasso, Hitchcock o Einstein.

El de Marx tiene lo suyo. No hay más que ver dónde gastó su estancia en la Universidad de Bonn, muy lejos de las aulas.

Se unió al Club de la Taberna de Tréveris, una asociación de bebedores de la que llegó a ser su presidente. Allí malgastó sus primeros meses con unos compañeros de batallas que, encima, lo describían como un juerguista violento e infiel, muy poco preocupado por su formación.

La situación tocó fondo cuando, en el primer semestre de 1836, las autoridades universitarias lo expulsaron por «desorden nocturno en la vía pública y embriaguez».

La solución de la familia Marx, una familia de clase media acomodada, fue matricularlo en Derecho por la Universidad Humboldt de Berlín y tampoco le fue muy bien.

Sus estudios en leyes no le interesaron mucho (o nada), pero allí al menos comenzó a desarrollar su querencia hacia las ideas filosóficas de los jóvenes hegelianos.

Finalmente Marx se doctoró en la Universidad de Jena —conocida en el ámbito académico como un centro donde se conseguían títulos con relativa facilidad— con una tesis sobre el materialismo de Demócrito y Epicuro.

Más que los jóvenes millonarios

Marx nunca llegó a sentar la cabeza del todo. Durante su estancia en la Universidad de Berlín, donde pasó cuatro años y medio, fue encarcelado por alboroto y embriaguez y, además, fue acusado de llevar armas no permitidas.

Llegó incluso a batirse en duelo y en el diploma que le extendió la institución, constaba que había sido denunciado en varias ocasiones por no saldar debidamente sus deudas económicas.

En aquella época, fue frecuente que su padre le llamase la atención por el mal uso que hacía del dinero que la familia le enviaba para su manutención.

Karl Marx, junto a su mujer, en 1869 – ABC

Prueba de ello es la carta que este le manda preguntándole cómo era posible que, durante el primer año en la capital alemana, se gastara 700 tárelos, tres o cuatro veces más que cualquier otro estudiante de su edad. «Más que los jóvenes millonarios», le dijo.

Era casi lo que ganaba un concejal del ayuntamiento de Berlín.

«A veces me hago amargos reproches por haberte aflojado demasiado la bolsa y he aquí el resultado: corre el cuarto mes del año judicial y tú ya has gastado 280 táleros. Yo no he ganado todavía esa cantidad durante todo el invierno», añadió su padre en otra carta recogida por Antonio Cruz en «Sociología: una desmitificación» (Clie, 2002).

Después de aquello, Marx se volcó en el periodismo. Se trasladó a la ciudad de Colonia en 1842 y comenzó a escribir para el periódico radical «Gaceta Renana».

Allí expresó libremente unas opiniones cada vez más socialistas sobre la política, junto a unos compañeros de trabajo que lo describían como un hombre dominante, impetuoso, apasionado y con una confianza sobredimensionada en sí mismo.

Matrimonio aristócrata

Jenny von Westphalen. (Imagen tomada de Wikipedia e insertada por Sala de Información).

El pensador alemán ya se había casado con Jenny von Westphalen, una baronesa de la clase dirigente prusiana que rompió su compromiso con un joven alférez aristocrático para estar con él.

Otra cosa es que Marx le correspondiera con es debido.

Lo primero que hizo este fue pedirle que pagara las deudas que había contraído de sus de juergas y afición a las prostitutas. Y ni aún así detuvo sus excesos.

La dote de su esposa se esfumó rápidamente.

En la misma noche de bodas perdió una buena parte del dinero que le había regalado su suegra.

Obviamente no se habló de estas cosas cuando, en mayo, un manuscrito del pensador alemán fue vendido por 523.000 dólares en una subasta celebrada en Pekín.

Más de 1.250 páginas de notas que el filósofo de Tréveris produjo en Londres, entre septiembre de 1860 y agosto de 1863, como preparación para su obra cumbre, «El Capital», base de la ideología comunista.

Fue precisamente durante su estancia en la capital británica, y mientras su propia familia sufría calamidades, cuando se pulió su propia herencia a base de borracheras.

Durante esos años, Marx y su familia tuvieron que sobrevivir de las pequeñas ayudas que les brindaba su suegra millonaria y sus amigos.

Friedrich Engel.
(Imagen tomada de Wikimedia y agregada por Sala de Información).

El propio Friedrich Engel, con quien el filósofo alemán escribió su famoso « Manifiesto comunista» en 1848, tuvo que regalarles una casa. Y a pesar de ello, no consiguió que llegara a su hogar la estabilidad económica que tanto ansiaban su mujer y sus hijos.

Él lo confiesa en una carta a su amigo en la que reconoce que, a pesar de no tener que pagar ningún alquiler, sus deudas no paran de crecer.

Esto no impidió que Marx veraneara en los mejores balnearios ni que mandara a sus hijas a estudiar piano, idiomas, dibujo y clases de buenas maneras con los mejores profesores de Londres.

Todo ello, claro, pagado por Engels.

Un yerno de «mala» familia

Resulta sorprendente igualmente que el famoso pensador socialista, promotor de la lucha de clases, llegara a escribir otra carta en la que expresaba sus dudas sobre el marido de una de estas hijas.

La razón: no tenía claro que fuera de buena familia. Una actitud no muy propia de alguien que pregonaba contra la opresión y defendía a las clases obreras más desprotegidas y desfavorecidas.

Marx, en 1875 – ABC

Otra dato curioso es que, a pesar de las penurias económicas que arrastró, el autor del «Manifiesto comunista» tuvo una criada trabajando en su casa durante toda su vida.

Su nombre fue Helene Demuth y servía a familias ricas desde los diez años. Después de pasar por varias mansiones llegó a la de la baronesa Westphalen, la suegra de Marx.

Cuando la hija de esta se casó con el pensador, les regaló a su sirvienta, que tuvo que seguir al matrimonio hasta París y Londres aunque solo hablaba alemán.

Por su trabajo, Karl Marx no la pagaba ni un solo céntimo, a pesar que se encargaba de las tareas domésticas, de cuidar a sus siete hijos y de administrar los pocos recursos de la familia. Y por si no fuera poco, el filósofo mantuvo con ella una relación extramatrimonial.

Helene Demuth. (Imagen tomada de biography.com e insertada por Sala de Información).

En 1850 dejó embarazada a su mujer; y, aprovechando un viaje de esta a Holanda para conseguir fondos para la causa marxista, también a su criada. Él no lo reconoció, hasta el mundo de que le dijo a su esposa que el padre era su amigo Engels. Hasta le puso el nombre de su colaborador.

A causa de esto, la mujer de Marx no podía ver a Engels.

Marx mantuvo la mentira durante un tiempo, pidiéndole a su esposa que no le recriminara nada a su amigo, que no solo le regaló un piso, sino que asumió una paternidad que no le correspondía. Y cuando la señora von Westphalen por fin conoció la verdad, aquello se convirtió en una especie de herida familiar silenciada para los restos.

«No se hablaba del asunto, en parte porque el hecho les parecía escandaloso a la luz de la moral burguesa imperante en la época, y en parte porque no se ajustaba a los rasgos heroicos e idílicos propios de un ídolo de las masas. Se borraron, pues, todas las huellas de ese hijo y, sólo la casualidad, preservó de la destrucción una carta que aclaraba el asunto», escribió el filósofo alemán Hans Blumenberg, en «Karl Marx en documentos propios y testimonios gráficos» (Salvat 1984).

Pero ahí no acabaron las andanzas del fundador del comunismo.

Además de su afición por los prostíbulos londinenses, cuentan Otero y Giménez que, mientras su mujer estaba convaleciente con varicela, intentó abusar de su sobrina. Todo ello mientras su familia sufría un revés tras otro.

Imagen tomada de Verkami e insertada por Sala de Información.

De sus siete hijos, solo consiguieron sobrevivir tres hijas: Eleanor, Jenny y Laura. Jenny murió de cáncer a los 38 años y las otras dos se suicidaron.

Una de ellas, Laura, lo hizo junto con a su marido, Paul Lafargue, uno de los introductores del marxismo en España y autor del famoso «El derecho a la pereza».

Habían pactado hace años ya que se quitarían la vida cuando su salud no les permitiera mantener su independencia vital y lo cumplieron pasados los 60 años.

La otra, Eleanor, se envenenó a los 43 al descubrir que su compañero, el socialista Edward Aveling, se había casado en secreto con una amante.

Imagen tomada de biography.com e insertada por Sala de Información.