No olvidemos que la garantía de la producción y distribución de los alimentos, está a cargo de 27 generales y almirantes

En contraste con la fatídica realidad por la que transita el país en materia de abastecimiento de productos básicos, es importante recordar que el 24 de agosto del 2016 el gobierno anunció que 18 generales de la Fanb fiscalizarían la producción y distribución de los alimentos. Esta decisión está contenida en la Resolución N° 005/16, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.977 del 30/08/2016.

Es decir, el gobierno dispuso en ese momento que Venezuela tenga a militares de alto rango para que garanticen que en todo tiempo no falte la comida en la mesa de cada habitante de este país, por cuanto estarán encargados de asegurar la producción y distribución de los 18 rubros de la canasta básica.

Ese fue el anuncio del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, quien también es el jefe de la Misión Abastecimiento Soberano.

En el programa televisivo “Contacto con Maduro” (24/08/2016) el ministro Padrino, dirigiéndose a Maduro, aseguró que

“He ordenado, de acuerdo a las instrucciones que usted nos dio, asignar un general o un equipo cívico-militar por cada rubro alimenticio; es decir, que habrá un General en Jefe para el arroz, por ejemplo, que va a mostrar un mapa de la comercialización y distribución de ese rubro (…) con esto lo que buscamos es gobernar realmente los 18 productos primarios tanto de farmacia como de consumo.”

Expresó que “El objetivo de estas designaciones es tener claro un mapa de comercialización para que los alimentos lleguen a todo el país. Buscamos gobernar todos los productos que de esos primeros 18 primarios, pasarán a los 50 prioritarios, tanto de farmacia como de consumo e industriales”.

Padrino afirmó:

“Los militares ya han visitado a las empresas productoras, tanto de alimentos como de medicamentos. Estamos agrupando fuerzas, formando una unidad de apoyo especial de distribución de fármacos”.

Añadió que “No podemos permitir que la distribución de alimentos y de medicamentos siga en manos de privados, teniendo nosotros los medios para hacerlo porque nos lo dejó el comandante Hugo Chávez”.En ese programa de TV, le aseguró a Maduro:

“Hemos cumplido con la designación de una autoridad única por cada mercado municipal en todo el país, para combatir mafias, sobreprecio, especulación y otros delitos”.

Más de 18

La lista de productos básicos asignados a generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional, fue ampliada de 18 a 27 según decreto firmado por Padrino y publicado en la Gaceta Oficial N° 41.266 del 27 de octubre del 2017.

En ese decreto se agregaron -a la lista inicial del 2016- otros productos agrícolas (tomate, cebolla, pimentón, papa y ají), fórmulas infantiles y compotas, embutidos, jugos de frutas pasteurizados, carne de conejo, alimentos para animales, repuestos para vehículos, construcción y cacao.

Ambas decisiones plasmadas en los correspondientes decretos y gacetas oficiales, ponen al frente de la alimentación y de la salud de los venezolanos, a militares de alto rango que de 18 designados en agosto del 2016, pasaron a 27 en octubre del 2017.

Por otra parte, y en el mismo contraste, las redes sociales han reflejado las quejas de integrantes de la tropa de la fuerza armada nacional, por la falta de comida o de comida deficiente en los cuarteles.

Esta situación es inaudita, por cuanto si militares de alta graduación son los responsables de garantizar la comida a todos los venezolanos, hacerlo para los cuarteles sería mucho más fácil.

¿Quiénes son los responsables directos de que cada venezolano coma tres veces al día, todos los días del año?

A la fecha, estos son los garantes designados por el gobierno de Maduro para asegurar el abastecimiento de alimentos, medicinas y de otros productos básicos a los venezolanos:

Aceite: General de Brigada Jorge Pérez Mancilla, director de Seguridad Aérea y Terrestre de la Inspectoría de la Aviación Militar Bolivariana.

Arroz: General José Inés González Pérez, director de Planificación y Presupuesto del Ministerio de la Defensa.

Pollo y huevos: General José Gregorio Mirena López, director de Inteligencia REDI Los Andes.

Azúcar: General de Brigada Ludwing Palima Cisneros, director de Inteligencia Militar de la Guardia Nacional.

Carne de res: General de División Luis Alejandro Jiménez Villarruel, secretario permanente de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación.

Café: Contralmirante Juan Jiménez Peña, segundo comandante y jefe del estado mayor del Cuerpo de Ingenieros de la Armada Bolivariana.

Caraotas: General de Brigada Reynzer Rojas Omaña, jefe de Servicio de Policía Administrativa Especial y de Investigación Penal, para el Resguardo Nacional Aduanero y Tributario.

Detergente, jabón de baño, champú, crema dental, afeitadoras, cloro, suavizante y desodorante: General de División Franz Noé Calzada Cousin, director general de planificación del Viceministerio de Planificación y Presupuesto del Ministerio de la Defensa.

Medicinas y material médico quirúrgico: General de División Octavio Javier Chacón Guzmán, director del Comando Logístico de la Guardia Nacional.

Harina de maíz y maíz blanco: Vicealmirante Jorge Becerra Labrador, director General de Industrias Militares.

Leche, queso y mantequilla: General de Brigada José Gregorio Pérez Malavé, director del Régimen Especial de Seguridad del Ejército.

Maíz amarillo: General de División Javier Antonio Rosales Duque, director de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio de la Defensa.

Margarina y mayonesa: Vicealmirante María Eugenia Flores de Asacanio, directora general de Desarrollo Económico.

Papel higiénico, toallas sanitarias y pañales desechables para bebé y adultos: General de Brigada Manual Vera Boada, director de Puesto de Comando de la Aviación Militar.

Trigo, pan y pasta: General de División Francisco Yánez Rodríguez, presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Aviación Militar Bolivariana.

Pescado e insumos para enlatados: Vicealmirante Luisa María Lozada Fergusson, directora naval de Participación Activa en el Desarrollo Nacional.

Carne de cochino: Contraalmirante César Saavedra Solórzano, director general de Desarrollo Educativo Integral.

Frijol de soja: Contraalmirante José Gregorio Bello González, subdirector de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.

Productos agrícolas: General de Brigada Nelson José Morales Guitian, director de la Secretaría del Viceministerio de Servicios, Personal y Logística del Ministerio de Defensa.

Fórmulas infantiles y compotas: General de División Reinaldo Enrique Centeno Mena, subcontralor general de la Fanb.

Embutidos: General de Brigada Abdías González Trompiz, jefe del Puesto de Comando REDI Los Andes.

Jugos de frutas pasteurizados: Contralmirante Marianny Indira Mata Quijada, jefa de la oficina de Coordinación de Relaciones Internacionales.

Carne de conejo: General de Brigada Wilfredo José Morales Márquez, jefe de la Oficina de Tecnología e Información del Ministerio de la Defensa.

Alimentos para animales: Contralmirante Lisbeth Josefina Briceño Bravo, directora general de Seguimiento y Control de Planificación y Presupuesto del Ministerio de la Defensa.

Repuestos para vehículos: General de División Edmar Landaeta Rodríguez, director de Planificación Estratégica de la Guardia Nacional.

Construcción: General de División Santiago Sandoval Bastardo, director general de Empresas y Servicios.

Cacao: Coronel Lenin Herrera Hernández, presidente del Fondo de inversión “Misión Negro Primero”.

Informe OVV de Violencia 2017

1- La multiplicidad de la Violencia del 2017

La violencia en Venezuela durante el año 2017 estuvo asociada al notable deterioro en la calidad de vida del venezolano y a la disolución sistemática del Estado de Derecho como el mecanismo regulador tanto de las relaciones sociales como del acceso a los bienes materiales y al poder.

En el 2017 se mantuvo un fuerte impacto de la violencia delincuencial expresada en homicidios, robos, extorsión y secuestros.

En este año la vida cotidiana de los ciudadanos se alteró todavía más, restringiéndose las libertades personales y el ejercicio de los derechos, por el temor de las personas a ser unas potenciales víctimas tanto del delito como del abuso policial.

Nuevas formas de violencia adquirieron relevancia, tanto por el incremento de su magnitud, como por las novedosas razones que las originaron e impulsaron.

Ante el incremento de la escasez de bienes de consumo básico, en este año se notó un crecimiento de la violencia inter-ciudadana por la agresividad expresada en la competencia por adquirir dichos bienes y por el surgimiento de modalidades del delito asociadas a la captación de la renta económica derivada de su control y comercialización.

De igual modo, se pudo observar un incremento de la violencia doméstica derivada de las situaciones de hambre que se han presentado en los hogares. La carencia de alimentos en las familias ha obligado a una administración estricta de los pocos recursos disponibles que no siempre es acatada por sus miembros, provocándose situaciones de violencia de pareja o maltrato infantil inéditas en el país.

En el 2017 se pudo observar un notable incremento de la violencia del Estado, tanto en el uso desproporcionado y extrajudicial de la fuerza para el castigo y control del delito, como en el uso ilegítimo de la fuerza para la represión de la protesta social y política de los ciudadanos.

La disolución del Estado de Derecho

En el 2017 se acentuó la disolución del Estado de Derecho a partir de un conjunto de acciones y medidas que destruyeron los mecanismos institucionales establecidos en la Constitución vigente substituyéndolos con medidas e instancias de poder paralelas, provocando una doble institucionalidad que ha incrementado el sentimiento de anomia de la sociedad y ha reducido la creencia en las vías legales como el medio adecuado para la resolución de conflictos.

Durante todo el 2017, y por casi dos años consecutivos, se prolongaron los decretos de estado de excepción sin aprobación de la Asamblea Nacional y por un periodo muy superior a los cuatro meses máximo como lo exige la Constitución.

Las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia por las cuales el poder judicial se arrogaba los poderes correspondientes al poder legislativo llevaron a que la Fiscal General de la República, en tanto que guardiana de la ley, las calificara como una ruptura del hilo constitucional.

El establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente por mecanismos de convocatoria y de elección diferentes a lo establecido por la Constitución Nacional vigente; la posterior destitución de la Fiscal General y el nombramiento de un nuevo Fiscal por una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene las potestades legales y constitucionales para hacerlo, y sus posteriores acciones de aprobación de leyes y eliminación de unidades territoriales establecidas, actuando como un poder plenipotenciario sin haber sido derogada la anterior, ni haber sido aprobada una nueva Constitución, han conducido al establecimiento de una peligrosa doble institucionalidad en el país.

Un país que tiene dos Asambleas Nacionales, dos Fiscalías y dos Tribunales Supremos de Justicia, es una sociedad que no tiene mecanismos de control civilizados de la violencia.

Crisis económica, empobrecimiento y segregación social

La crisis económica, con una contracción de dos dígitos en el Producto Interno Bruto, la reducción a la mitad de las importaciones y la disminución de las exportaciones petroleras y no petroleras, así como la emisión de dinero inorgánico por parte del gobierno, ha provocado una inflación que ya da signos de hiperinflación.

La caída de los precios del barril y de la producción de petróleo venezolano, así como la baja productividad en la economía y el crecimiento de la economía informal, han provocado un incremento de la desigualdad en la sociedad y han creado dos polos contrastantes de extrema riqueza y extrema pobreza en el país.

En este 2017 se ha acentuado el desabastecimiento, se ha incrementado el costo de todos los productos de la canasta alimentaria y se ha deteriorado el ingreso familiar, generando una progresiva pauperización de enormes sectores sociales.

Los estudios realizados por las universidades nacionales muestran que cuatro de cada cinco hogares venezolanos (82%) están en situación de pobreza y que más de la mitad de las familias (52%) se encuentran en pobreza extrema; es decir, que no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Cáritas ha reportado que este año se ha incrementado en un 14,5% el número de niños con desnutrición aguda, con muchos de ellos fallecidos por el hambre.

El lograr algún alimento para el hogar pasó a ser una proeza para millones de familias venezolanas, las cuales se ven sometidas a largas y demoradas colas para la compra de unos pocos productos, y en las que hay tensión y focos de violencia por la discrecionalidad y segregación en las normativas que imponen los establecimientos o los militares encargados del cuido del orden en esos lugares.

La exigencia de un “carnet” para acceder a la compra de alimentos, medicinas y otras necesidades, requiriendo un documento de identidad diferente del que establece la legalidad venezolana, constituye un mecanismo de exclusión social, de sometimiento al poder y de pérdida de la ciudadanía, pues establece dos tipos de venezolanos: unos afiliados por un registro gubernamental para el acceso a unos pocos alimentos o medicinas y otros sin derechos a la alimentación y la salud.

2- La metodología de la investigación en Violencia

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que hasta el año pasado agrupaba a investigadores de seis universidades nacionales, incorporó en el 2017 la Universidad del Zulia (LUZ) y en consecuencia al estado Zulia. El OVV amplía, de esta manera, la cobertura regional en el estudio de la violencia, pues contamos ahora con cuatro estados del occidente del país (Zulia, Táchira, Mérida y Lara), dos estados centrales (Distrito Capital y Miranda), un estado del oriente (Sucre) y otro del sur (Bolívar), que suman un 49% de la población nacional.

El OVV ha trabajado con tres tipos de fuentes de información diferentes: datos que se publican en la prensa nacionalarchivos oficiales y encuestas de victimización aplicadas en los hogares. Para la recopilación y procesamiento de los datos que se publican en la prensa nacional, el OVV, a través de los Observatorios Regionales de Violencia (ORV) y de sus respectivos Observatorios de Prensa (OP), registra y contabiliza sucesos de violencia difundidos en medios de comunicación regionales y nacionales.

Adicionalmente, el OVV, por medio de la red de Observatorios Regionales, recibe datos oficiales de manera no-oficial. Estos archivos reportan delitos conocidos por las autoridades policiales, en aquellos casos en los que se presenta una denuncia o se realiza una actuación policial.

Hay que precisar que esta información no siempre es completa y presenta en general inconsistencias de diversos tipos, que demandan de un minucioso trabajo de revisión y de validación, en la medida que lo posibilitan los archivos. La tercera fuente de información es la que proviene de las encuestas de victimización, una de ellas es la Encuesta sobre Condiciones de Vida, ENCOVI, que llevan a cabo anualmente la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela.

El OVV se alimenta, además, de un programa de investigación con encuestas ad-hoc sobre la misma temática, pero estudiando su vinculación con problemas sociales diversos como, por ejemplo, la desigualdad, que llevan a cabo los centros de investigación que lo integran.

En este año se aplicaron de manera sistemática otras dos técnicas de recolección de información: los grupos focales y las entrevistas a profundidad.

En siete ciudades del país se realizaron grupos focales con los grupos sociales y ocupacionales más afectados por la violencia y se aplicaron entrevistas con líderes sindicales y comunitarios, así como con trabajadores de la salud y la seguridad, para tener mayor profundidad y detalle de las situaciones vividas, así como para comprender la construcción subjetiva de la violencia.

En esta oportunidad cabe destacar un estudio de particular importancia para determinar la cifra negra en materia de mortalidad violenta, que está llevando a cabo el OVV en cinco parroquias del Distrito Capital.

En esta investigación se está realizando una enumeración exhaustiva de casos de mortalidad violenta por medio de una encuesta a hogares, que en una etapa posterior se podrá cotejar con los registros oficiales disponibles sobre homicidios y muertes por resistencia a la autoridad.

Este ejercicio permitirá, con el empleo de una metodología conocida como de estimación por sistemas múltiples (ESM), una aproximación novedosa a la cuantía de la cifra negra letal en nuestro país.

El concepto de muertes violentas que utilizamos en este informe, se define como la suma de las muertes ocurridas bajo cada una de las tres categorías siguientes: homicidios legalmente establecidos, averiguaciones de muerte y resistencia a la autoridad.

La estadística oficial utiliza la categoría homicidios sólo para los casos (de una o varias víctimas) donde existe la apertura de un expediente judicial por asesinato. Muchos otros casos, de miles de muertes violentas; por ejemplo, de personas fallecidas a causa de un disparo de arma de fuego, quedan fuera de esa categoría por tener una intención “indeterminada”, por lo que se denominarían averiguaciones de muerte.

En otros casos, miles también, donde la muerte ocurre a consecuencia de una acción del Estado, policial o militar, se clasifican y archivan como resistencia a la autoridad. Ciertamente, no todo caso de enfrentamiento con la autoridad termina en homicidio, ni toda muerte en averiguación tiene por qué ser el resultado de un acto violento, pero es imposible saber con certeza cuántos lo son, y esto, entre otras razones, por la aparente falta de sistematicidad en los procedimientos de registro de los organismos oficiales encargados de esta materia.

En opinión del OVV, aun cuando la muerte sea el resultado de una acción legal ajustada al protocolo de uso proporcional de la fuerza, es una muerte violenta que debe ser contabilizada como tal, pues es el resultado del nivel de violencia existente en la sociedad.

Ante el silencio informativo habitualmente practicado por el Gobierno con relación a la mortalidad violenta y la dificultad de poder disponer de fuentes completas de datos confiables, el OVV ha venido empleando proyecciones estadísticas de las muertes violentas ocurridas en el país en un año calendario específico.

Para ello, hemos utilizado datos parciales aportados por diversas fuentes de información regional y nacional, en combinación con series estadísticas de muertes violentas del país desde 1990.

El ejercicio de predicción estadística en el 2017 se llevó a cabo estimando modelos de series temporales de los casos conocidos de homicidios y casos de resistencia a la autoridad de manera conjunta, registrados para los nueve primeros meses del 2017, y de las averiguaciones de muerte compiladas por la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ) y el actual Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), desde 1990 hasta el 2010.

El procedimiento de búsqueda de los mejores modelos de predicción consideró la clase de los modelos de suavizamiento exponencial y los modelos autorregresivos de promedios móviles integrados (ARIMA), resultando un modelo de suavizado exponencial simple para la serie conjunta de homicidios y muertes de casos de resistencia a la autoridad, y el modelo ARIMA (0,1,0) para la serie de casos de averiguaciones de muertes.

Hay que advertir que aun cuando los modelos ajustados son los “mejores” desde el punto de vista estadístico, es decir, aquellos que proporcionan el mejor ajuste a los datos y además aseguran el menor error de predicción, tal ejercicio se realiza asumiendo unceteris paribus, es decir, que las condiciones determinantes del comportamiento pasado no han cambiado y se mantienen constantes. Se comprende, por lo tanto, que en la medida en que el horizonte de predicción se alarga, el ejercicio de predicción es más incierto.

De cualquier manera, reconocemos que las cifras se mueven en la incertidumbre de unos intervalos amplios que pueden ubicar las tasas “reales” en magnitudes algo menores o algo mayores de las que resultan del ejercicio predictivo, expresado normalmente en afirmaciones que se declaran con un 95% de confianza.

3- La situación de Violencia en el 2017

Este año se cumplen catorce consecutivos de censura sobre la estadística oficial de criminalidad y violencia. Por ello, calculando en medio de la opacidad informativa con fuentes primarias nacionales y estadales, y con las informaciones de terreno a las cuales hemos tenido acceso a través de los siete Observatorios Regionales de Violencia, para finalizar este 2017 estimamos una tasa de 89 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y un total de 26.616 fallecidos en todo el territorio nacional.

Esta cifra incluye la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimamos en 16.046 casos; más las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.535 muertos; y los 5.035 fallecidos considerados como muertes violentas en averiguación.

Esta tasa representa una disminución de 3 puntos en relación al año anterior.

Los homicidios considerados como tales por las autoridades disminuyeron en su magnitud, pero se incrementaron otras formas de violencia, en particular la violencia del Estado expresada en el incremento de las personas víctimas que fueron clasificadas como fallecidos por “resistirse a la autoridad”. 

En promedio, en el 2017, cada semana fallecieron 106 personas por acciones de funcionarios policiales o militares; cada día del año murieron 15 personas por resistencia a la autoridad.

En el 2017 se observó un incremento de las personas fallecidas como consecuencia de un linchamiento. Si bien las cifras de linchamientos incluyen casos que no concluyeron en muerte de la víctima, a veces clasificados como intentos de linchamiento, en los casos que tuvieron consecuencias fatales se pudo establecer que cada semana del año hubo al menos un promedio de 2,4 personas muertas por linchamiento.

El mayor número se presentó en los estados Miranda, Monagas, Carabobo, Zulia y Bolívar.

De igual modo, se observó un incremento de las muertes por encargo o sicariato en el país. Si bien establecer cifras confiables es una tarea muy difícil, por la complejidad que este tipo de móvil representa para la investigación criminalística, especialmente en las situaciones de censura y oscuridad en los datos, desde el OVV podemos afirmar que en cada semana del año se cometieron al menos 6,4 homicidios que deben ser considerados como sicariato.

La zona con mayor número de este tipo de actos fue el estado Zulia, que agrupó cuatro de cada cinco casos registrados con esa clasificación, siguiéndole los estados Amazonas, Táchira y Falcón.

En cuanto al número de funcionarios policiales víctimas de muertes violentas, se pudo observar una disminución en Caracas y un incremento en otras zonas del país, y aunque resulta muy difícil establecer cuándo mueren en cumplimiento de sus funciones y cuándo simplemente son víctimas del delito como cualquier otro ciudadano, el estimado que podemos establecer es de al menos 1 policía asesinado cada día del año.

Una nueva dimensión de la violencia en el 2017 es el hallazgo en varias zonas del país de un incremento en los suicidios. Aunque estos eventos no han sido un foco de estudio del OVV, sí forman parte de la violencia.

En investigaciones realizadas en las universidades nacionales desde los años noventa, se incluía el suicidio como una forma de violencia “contra uno mismo”. Ésa es la misma definición que posteriormente adoptó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2000. Sin embargo, no había adquirido una relevancia social sino hasta fecha reciente, cuando se ha observado un incremento de los casos en diversas zonas del país.

En el estado Mérida, entre enero y noviembre del 2017 se quintuplicó la cifra de homicidios registrada en todo el 2016.

Ese incremento es de tal magnitud que supera la sumatoria de suicidios en Mérida durante en los últimos cuatro años, y arroja una tasa de 19 por cada 100 mil habitantes.

Ese es valor muy alto si tenemos en cuenta que para la OMS sólo 20 países del mundo alcanzan una tasa superior a la que está registrando Mérida en el 2017. Es un dato significativo al que debe hacerse seguimiento, porque podría revelar una causa de mortalidad derivada del contexto social y político del país que debe ser cuidadosamente atendida.

También en el 2017, entre los meses de abril y julio, se presentaron un conjunto de situaciones de violencia vinculadas a la protesta social y política de los ciudadanos, y la represión ejercida por los cuerpos policiales y militares.

Algunas organizaciones de la sociedad civil estimaron en 163 el número de fallecidos en estas protestas y en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se afirma que hubo 124 muertos por confrontaciones, uso desproporcionado o con la intención de hacer daño de la fuerza pública.

Las víctimas fatales de la violencia en el 2017 fueron fundamentalmente jóvenes: un 60% de las víctimas tenía entre 12 y 29 años de edad; una de cada tres víctimas (34%) tenía entre 18 y 24 años.

El 95% de las víctimas fatales eran hombres, los cuales en el 88% de los casos recibieron heridas múltiples y en un 90% murieron por armas de fuego.

El análisis estadístico de los Observatorios Regionales de Violencia reveló que el 84% de las víctimas eran trabajadores formales o informales.

Los victimarios mostraron unos rasgos muy similares a sus víctimas, conformando lo que en otros momentos hemos llamado una imagen de espejo: en un 61% tenían entre 12 y 29 años de edad, un tercio de ellos (35%) tenía entre 18 y 24 años y en un 98% eran hombres. El 60% de los victimarios se catalogaba como trabajador informal.

La violencia se ha extendido de una manera similar a lo largo de todos los días del año, no hubo casi diferencias entre los días de la semana, lo que sí se pudo notar fue un incremento de las muertes violentas al día siguiente de la fecha de pago quincenal, observándose un mayor número de víctimas los días 1º y 16 de cada mes.

Aunque la violencia es un fenómeno generalizado que tiene rasgos de epidemia en todas las entidades federales del país, hay un grupo de cinco estados con unas tasas superiores a la de 100 muertes violentas por cada 100 mil habitantes (100m/h) que concentran el 65% de las víctimas.

Los estados más violentos del país son: Aragua, con una tasa de 155 fallecidos por cada 100m/h; Miranda con una tasa de 153 por cada 100m/h; Amazonas con 146 por cada 100m/h; Bolívar con 113 y el Distrito Capital con 109 por cada 100m/h.

Otras dos entidades con una alta tasa fueron Carabobo con 91 y Sucre con 81 víctimas por cada 100m/h. Caracas como ciudad, que reúne el Distrito Capital y cuatro municipios del estado Miranda, arrojó una tasa de 104 muertes violentas por cada 100m/h.

Los estados con la menor tasa fueron Mérida y Nueva Esparta con 26 fallecidos por cada 100m/h, tasa que, sin embargo, es muy alta, pues resulta superior a la de Colombia como país.

Los diez municipios más violentos del país tuvieron una tasa de muertes violentas por encima de los 300 fallecidos por cada 100 m/h.

Destacan en particular, el municipio El Callao del estado Bolívar, con una tasa de 816 víctimas por cada 100 m/h, seguido por el municipio Andrés Bello del estado Trujillo, con una tasa de 429 muertos por cada 100 m/h. Luego continúan en orden decreciente, los municipios Acevedo (377) y Camatagua (355) del estado Aragua; Buroz (324) y Andrés Bello (318) de Miranda; elmunicipio José Rafael Revenga (307) de Aragua, Roscio (306) de Bolívar y en décimo lugar el municipio La Ceiba (305) de Trujillo.

Son municipios pequeños donde la violencia adquiere unas magnitudes notables por la poca población que allí habita y que se ve afectada tanto por el crimen como por la acción violenta de la policía.

Lo que se puede observar es que hay un patrón de distribución territorial de los municipios más violentos que asocia la ocupación territorial de delito con rutas de transporte de la droga, producción y contrabando de la minería, y con las zonas de dominio de las bandas dedicadas a la extorsión y el secuestro.

En el estado Bolívar los tres municipios con mayores tasas de muertes violentas se corresponden a la zona minera El Callao con 816 víctimas por cada 100 m/h, Roscio (capital Guasipati) con 306 por cada 100 m/h; y Sifontes (capital Tumeremo) con 274 por cada 100 m/h.

En el estado Trujillo los municipios más violentos, medidos en tasas por 100m/h, se localizan en la zona plana del estado que comunica la carretera Panamericana con el sur del lago de Maracaibo. Encontramos allí, los municipios Andrés Bello con 429 por cada 100 m/h, La Ceiba, donde se encuentra el puerto sobre el lago de Maracaibo, con 305 por cada 100 m/h; Miranda (Dividive) con 191 por cada 100 m/h; Motatán con 187 y Sucre (Sabana de Mendoza) con 165 por cada 100 m/h.

El estado Aragua tiene siete municipios con tasas superiores a las 200 muertes por cada 100m/h y están ubicados en el eje que comunica la zona de los llanos con el puerto de Ocumare en el municipio Costa de Oro (con 244 muertes por cada 100m/h). Son los municipios Santo Michelena (Tejerías, 355); J. R. Revenga (El Consejo, 307); Zamora (Villa de Cura, 244); J.F. Rivas (La Victoria, 208); Bolívar (San Mateo, 266); Libertador (Palo Negro, 155) con el sur Camatagua (346) y Urdaneta (Barbacoas, 147).

En el estado Miranda la violencia se acentúa en los alrededores de Caracas hacia la zona de Barlovento y hacia los Valles del Tuy, llegando a tener unos de estos municipios el doble o el triple de la tasa de homicidios que Petare. Los cuatro municipios más violentos del estado se encuentran en la región de Barlovento, y son: Acevedo (Caucagua, 377); Buroz (Mamporal, 324); Andrés Bello (San José de Barlovento, 318) y Brión (Higuerote, 296). Los otros corresponden a los Valles de Tuy como son los municipios Independencia (Santa Teresa, 280), Paz Castillo (Santa Lucía, 250), Bolívar (Yare, 210), Cristóbal Rojas (Charallave, 192) y Lander (Ocumare, 191).

En el estado Zulia los municipios más violentos se encuentran al sur del lago de Maracaibo. El municipio Baralt (San Timoteo, 194) que se encuentra entre la carretera Panamericana y el lago, y que es fronterizo con los municipios más violentos del estado Trujillo y los municipios Jesús M. Semprum (Casigua, 176) y Catatumbo (Encontrados, 115), los cuales conectan la frontera colombiana con los puertos del lago de Maracaibo por carreteras y ríos.

En el estado Carabobo los tres municipios más violentos están alrededor del lago de Valencia y son fronterizos con el estado Aragua: Diego Ibarra (Mariara, 234); Carlos Arvelo (Guigüe, 127) y Los Guayos (122). Y el cuarto es el municipio Juan José Mora que se corresponde a la ciudad de Morón (114), intersección de la autopista central del país hacia Puerto Cabello.

En ese contexto general Venezuela permanece en el año 2017 como el segundo país más violento del mundo, sólo superado por El Salvador, quien mantiene sus altas tasa de asesinatos.

En Centroamérica, el otro país con alta criminalidad ha sido Honduras y en este año ha mostrado una reducción. Y aunque Costa Rica ha tenido un incremento en el delito y la violencia, la tasa estimada de 14 homicidios por cada 100 m/h, la coloca en una posición muy distante de Venezuela.

En Colombia se tendrá la tasa más baja de los últimos 42 años con 10.871 muertes y una tasa de 23 por 100 m/h. La evolución de la situación de violencia con posterioridad a los Acuerdos de Paz tendrá que seguirse observando, pues aunque la tendencia a la disminución de la violencia se ha sostenido por varios años no se descarta que los grupos guerrilleros que no se acojan al proyecto político pueden derivar a otras formas de criminalidad y violencia.

Brasil, por el contrario, ha tenido un incremento y se estima que el año podrá concluir con una tasa de 29,9 homicidios por cada 100m/h.

Un caso similar es el de México que mostrará la tasa más alta en una década con 16,9 homicidios, pero aun así tienen una situación de criminalidad y unas tasas muy inferiores a las de Venezuela.

Es muy difícil interpretar unívocamente la leve disminución que ha tenido la tasa nacional de muertes violentas en el año 2017. En el pasado, han ocurrido disminuciones similares sin que hayan sido el resultado de políticas públicas eficientes, y muestra de ello es que no han podido sostenerse como tendencia en los años siguientes. Sin embargo, hay algunas hipótesis que se pueden adelantar para la interpretación de estos datos.

La primera y más fuerte es que en el país hay menos homicidios porque hay menos homicidas. La disminución de los criminales sería una resultante del plan de exterminio de los homicidas llevado adelante por las acciones gubernamentales como las Operaciones de Liberación del Pueblo y que se encuentran reflejadas en las altas cifras de fallecidos por resistencia a la autoridad en los años 2016 y 2017.

Si éste ha sido el propósito de este tipo de acciones se puede entonces pensar que han sido eficientes, pero en los estudios que hemos llevado a cabo en comunidades populares del país se evidencia que hay un doble sentimiento: unos afirman que bajaron los homicidios porque ya mataron a los delincuentes y otros se quejan de los abusos y de las personas inocentes que han perecido en medio de tales acciones, que en cualquier caso son siempre ilegales y extrajudiciales.

El problema con este tipo de acciones no es solo que son violatorias de los derechos fundamentales de la población y de la ley, sino que representan una destrucción de la institucionalidad y su éxito será transitorio, pues mientras existan espacios para los negocios ilegales y una renta que captar, otros vendrán a substituir a los que fueron eliminados. Permanece entonces el problema, con el agravante que se habrá debilitado el pacto social, pues la policía y el Estado se percibirán como violadores de la ley y no como quienes tienen la responsabilidad de cumplirla y hacerla cumplir.

Una segunda hipótesis está vinculada a las protestas sociales y políticas que durante al menos cuatro meses del año mantuvieron el país con una tensión provocada por la prohibición de las fuerzas de seguridad del derecho a la manifestación pacífica de los ciudadanos y por la violencia de algunos manifestantes y las respuestas violentas de algunos cuerpos policiales y militares ante tales situaciones.

Ciertamente el 2017 fue un año muy particular pues se mantuvo en el país un amplio despliegue militar y policial, con alta movilidad territorial y alta rotación de personal, que hacía muy dificultosas las operaciones del crimen organizado.

Si bien el pequeño delito o los agentes libres del crimen podían aprovechar las oportunidades que brindaba la confusión o el descuido de algunas zonas por los cuerpos policiales, para el delito de mayor complejidad y las bandas de crimen organizado, les resultaba más difícil la actuación por el despliegue militar y policial en las calles y por la parálisis en actividades laborales, educativas o recreacionales que vivió el país.

Es posible también hipotetizar que el incremento del delito organizado en el país y su mayor control territorial de amplias zonas urbanas y rurales, puede haber conducido a una disminución de los homicidios.

Se trataría de una paz criminal que no reduce el delito, pero sí logra hacerlo con la violencia, bien sea por acuerdos de cooperación criminal o porque algunas bandas logran imponerse sobre otras, disminuyendo el nivel de conflictividad y aumentando la racionalidad en la administración criminal de la violencia.

4- El empobrecimiento y la violencia

El desabastecimiento de importantes alimentos de la dieta básica, la carestía y escasez de medicinas, equipos y repuestos indispensables para servicios tan básicos como el transporte, la electricidad, el gas doméstico, o la gasolina, generan ansiedad, frustración y originan conflictos que hacen aparecer formas inéditas de violencia y de delitos.

La violencia y el delito provocados por la escasez

El empobrecimiento, la inflación y la escasez de los alimentos ha llegado a situaciones muy extremas y dolorosas, que no habían sido imaginadas ni en los momentos más difíciles de la economía nacional: se ha extendido a todos los centros urbanos del país la presencia de niños, jóvenes y familias enteras buscando algo que comer en la basura; también se incrementa el hurto de comida en los lugares de abastecimiento; el asalto a las bolsas de comida que llevan las personas mayores, y son frecuentes también los robos a vehículos que transportan alimentos en las vías públicas.

En los lugares que venden alimentos son frecuentes los conflictos con quienes pretenden ocupar o invadir un lugar en la fila, o por corrupción o decisiones discrecionales sobre cuánto y a quien vender los alimentos. Las cajeras y los vigilantes en los supermercados son blanco frecuente de acusaciones y agresiones.

En las “colas” suelen aparecer personas armadas que se imponen y ocupan los primeros lugares para adquirir los productos desplazando a los demás y generando conflictos o sometimiento por el uso de la fuerza. En algunos casos esto ha ocasionado lesiones y hasta la muerte, como fue el caso de una mujer asesinada de un disparo en la cara, ante cerca de 500 personas que estaban en las filas para la compra de alimentos en Barquisimeto.

Una situación del mismo origen ha ocurrido con los robos colectivos y saqueos de los supermercados o el asalto y saqueo de los vehículos que transportan comida que han ocurrido en distintos lugares del país.

El delito amateur se generaliza

El incremento de los precios que ha hecho inaccesibles los alimentos y medicinas a una parte mayoritaria de la población, ha llevado a que personas sin trayectoria delincuencial sustraigan productos en los anaqueles de los comercios, al robo de productos en los lugares de trabajo y hasta al despojo de las loncheras de los niños más pequeños en las escuelas.

El riesgo del robo se extiende en todos los espacios, lo que acrecienta la desconfianza mutua, todos están bajo sospecha y ningún espacio público es seguro, por lo que toda persona debe estar no sólo alerta, sino a la defensiva, cuidando sus pertenencias.

En los grupos focales, los choferes de transporte público se quejaban de ser acusados de complicidad con quienes les asaltan, pero también ellos mismos declaraban su temor a ser víctimas de sus usuarios pues no tienen control de quien aborda su vehículo.

La violencia doméstica: entre la solidaridad y la violencia familiar por alimentos

Los hogares en pobreza han visto muy reducida la disponibilidad de los alimentos y aunque en los estudios las familias informan que deben dedicar la casi totalidad de sus ingresos a la compra de comida, la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2017) mostró que el 32,5 % de los venezolanos (9,6 millones de personas) sólo comen dos o menos veces al día.

Esto genera dificultades en la convivencia familiar, pues los pocos productos que pueden comprar son racionados o reservados para determinados miembros de la familia (los más pequeños o los enfermos) y cuando alguno incumple esas reglas, se producen situaciones de conflicto y violencia, como los casos de una madre que le quemó las manos a su hija por tomarse el tetero de su hermana u otra que quemó los labios a un hijo por comerse durante la noche el poco alimento guardado para toda la familia.

Al contrario, también debemos destacar que hay múltiples expresiones de solidaridad como el de una niña en Antímano, Caracas, quien contaba cómo ella se iba a dormir más temprano para que no le diera hambre y así su hermanita menor pudiera comer.

Las bandas criminales y el reclutamiento de niños en pobreza extrema

Las investigaciones que realizan los equipos del OVV han encontrado que en esos contextos de penuria económica, escasez y sin oportunidades educativas o laborales, las bandas delictivas brindan apoyo material a quienes identifican como pobres o vulnerables, regalándoles comida, prestándoles dinero, lo que les permite la captación de muchachos para quienes estos jóvenes armados son “buenas” personas a quienes les “gusta ayudar” y hasta aconsejar en casos de necesidades y problemas.

Las técnicas de reclutamiento, los señuelos que en el pasado solían ser objetos de moda o lujo, se han substituido por la oferta de alimentos básicos.

Los grupos delictivos están avanzando con la conquista de miles de jóvenes que incursionan en la violencia y cuyo destino está siendo la muerte, la cárcel y la frustración de tantos sueños y esperanzas forjados por sus familias y comunidades.

Las tres cuartas partes de las víctimas que mueren por la violencia tienen menos de 30 años, y por eso también las tres cuartas partes de los que asesinan tienen también 29 años o menos.

La violencia del transporte público

Las encuestas y los grupos focales realizados este 2017 por los Observatorios Regionales, han registrado el miedo generalizado de la población a ser víctima del delito y la violencia, en particular cuando se movilizan en el transporte público.

Ocho de cada diez venezolanos tiene miedo de ser víctima del delito en los autobuses en las ciudades o en las carreteras interurbanas. La violencia crece en un servicio de transporte cada vez más precario.

Las unidades de transporte se han reducido en número por el alto costo de los repuestos y la imposibilidad de conseguirlos debido a la escasez. Los choferes denuncian nuevas modalidades delictivas que incluyen el secuestro de choferes y de las unidades, con mucha frecuencia para robar los repuestos del vehículo cada vez más escasos.

Las peleas e insultos entre los usuarios y los conductores del transporte público son frecuentes y se agravan en los casos de violencia delincuencial en los que impera la desconfianza mutua entre usuarios y transportistas.

Cada uno de los Observatorios Regionales del OVV realizó una campaña de sensibilización sobre la violencia, colocando calcomanías en las unidades de transporte público para mejorar la percepción de los usuarios sobre la convivencia en las rutas de transporte.

Después de la campaña se hizo un post test para verificar los resultados de esta labor promocional, lo que permitió valorar lo apropiado de esta iniciativa y la necesidad que tenemos como sociedad de mejorar las relaciones de respeto y confianza entre los usuarios y choferes de este servicio público.

Por otra parte, los OVV regionales lograron construir mapas de riesgos, en los que, con participación de los choferes, fue posible identificar los sitios de mayor vulnerabilidad y los tipos de delitos asociados, información que hemos ofrecido a las autoridades públicas locales para apoyar los programas de seguridad en la movilidad de los usuarios de rutas urbanas e interurbanas.

Las calles de las ciudades se vacían al anochecer, el transporte público se reduce y las personas en las ciudades parecen sometidas a toques de queda impuestos por los grupos delictivos, no sólo en los barrios y urbanizaciones, sino en las avenidas y autopistas del país.

Robos de vehículos

La violencia asociada al robo de vehículos parece haber disminuido, pues los delitos denunciados a la policía disminuyeron en este año. Es muy difícil poder establecer con certeza la explicación de este fenómeno, pudiera ser el resultado de unas políticas públicas adecuadas, puede ser también que no se redujo el delito, o al menos no en esa magnitud, sino lo que se redujo fue la denuncia del delito.

En Venezuela los diversos estudios realizados, tanto por las universidades como en las encuestas de victimización del gobierno nacional, han mostrado que entre el 62% y el 66% de los delitos no son denunciados a la policía.

Esta cifra era sin embargo menor en el caso del robo de vehículos y la razón fundamental era que las personas querían protegerse de la responsabilidad penal que podía derivarse de un daño provocado por el vehículo de su propiedad, y la segunda, y más importante, que ésa era la única manera de poder cobrar el seguro que tenían para el vehículo.

Dos circunstancias han cambiado en el país y que se deben tomar en cuenta para una posible explicación.

La primera es que ha ocurrido un descenso notable del porcentaje de vehículos asegurados por los altos costos de la prima y porque la inflación desactualiza el monto de la cobertura y no permite la reposición del bien.

La segunda es que gran parte del robo de vehículos pasó a convertirse en un “secuestro de vehículos”, es decir, el ladrón no quiere quedarse con el carro sino que a las pocas horas contacta al propietario y le solicita un monto en dinero para devolverle su vehículo. En esa modalidad las víctimas deciden no denunciar, sino esperar y negociar con los delincuentes y los casos de robo de vehículos disminuyen en su notificación, no en su ejecución.

5- La Violencia de Estado

En el 2017 se pudo observar un incremento en la violencia ejercida por el Estado para la represión de los presuntos delincuentes, así como para la represión de la protesta social y política.

El aumento de las víctimas que las autoridades calificaron como “dados de baja” por resistir a la autoridad y que según las denuncias de muchas familias y de la Fiscal General de la República pueden ser interpretadas como ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas policiales y militares, y no como uso legítimo de la fuerza, constituyen un aspecto preocupante de la violencia en el país.

Este tipo de acciones, destinadas no a la contención del delito ni a la aplicación de la ley, sino al aniquilamiento de los presuntos delincuentes, se convierten en un factor que socava la legitimidad de la fuerza pública y concreta la destrucción del pacto social. Estas operaciones pueden gozar de la simpatía de una parte de la población e incluso tener un relativo éxito en el corto plazo, pero la experiencia histórica ha demostrado que no son sostenibles, pues destruyen la institucionalidad y se transforman luego en más violencia para la sociedad.

De igual manera se pudo observar un uso desproporcionado de la fuerza e incluso la intención de hacer daño por parte de las autoridades para contener las protestas sociales y las manifestaciones políticas.

Los reportes de la Fiscal General de la República y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirman que la violencia utilizada excedía la legítima utilización de acuerdo a los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, establecidos por las Naciones Unidas en 1990 y suscritos por Venezuela en 1990, que señalan claramente que “no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos”.

Esta violencia desproporcionada e ilegítima del Estado, puede igualmente tener una eficacia temporal; pero al no ofrecer caminos para la resolución pacífica y democrática de las diferencias políticas, se convierte en una fuente de más violencia en el futuro.

6- El desmoronamiento del Sistema de Justicia Penal

Los tres componentes del sistema de justicia penal, que constituyen el freno formal para la contención del delito y la violencia, las policías, los tribunales y fiscalía, y las cárceles, sufrieron serios deterioros en el 2017.

Los cuerpos policiales vivieron un importante retroceso por la pérdida de su personal. Durante todo el año fueron continuas las renuncias de los funcionarios policiales quienes abandonaron sus puestos de trabajo para buscar empleo y mejores salarios en el sector privado o para emigrar del país.

Eso ha llevado a una reducción del pie de fuerza de las policías que limita las funciones preventivas y el servicio a la ciudadanía. Su sustitución por nuevas promociones de policías seleccionadas y formadas de manera express, no pueden garantizar ni el personal idóneo, ni su capacitación adecuada para cumplir las importantes funciones que se les encomiendan.

Las intervenciones de las policías municipales y regionales con una clara motivación político partidista que ocurrieron durante el año y después de las elecciones regionales, crearon una imagen negativa y parcializada de los policías ante la población y una desmoralización entre los propios funcionarios; nuestros estudios muestran que se sienten fichas del juego político y no servidores de toda la comunidad.

El involucramiento de los funcionarios policiales y militares en la comisión de robos, secuestros, tráfico de drogas y homicidios constituye una grave pérdida para la sociedad. La denuncia pública de la Fiscal General de la República que el 20% de los homicidios en el país, uno de cada cinco, son cometidos por funcionarios policiales es de suma gravedad. 

De nuestra parte, los estudios realizados por los Observatorios Regionales han reportado que el 19,5 de todos los delitos violentos conocidos por la sociedad durante el  2017 tuvieron como autores a funcionarios policiales o militares.

Finalmente, las cárceles -que en lugar de ser espacios de castigo e incapacitación de los delincuentes para cometer nuevas fechorías- se conviertan en clubes sociales del crimen y centros para la planificación y ejecución de delitos fuera del recinto penitenciario, y constituyen la mayor afrenta posible al sistema de justicia penal, pues es claro para la sociedad que eso no es posible que ocurra sin complicidad o al menos la pasividad de las autoridades.

La violencia endémica de las cárceles se trasladó a los centros de detención, los cuales, según estimaciones, albergan alrededor del 30% de los privados de libertad, algunos por meses o año, en lugares que no están preparados para estos fines y que obligan a distraer una parte importante del pie de fuerza policial que se debe dedicar a vigilar presos en lugar de cuidar a los ciudadanos.

La transformación del sistema de justicia penal que ha existido en el país, de precario y deficiente en la administración de justicia, en una herramienta de la política para la aplicación del derecho penal del enemigo, no permite augurar una pacificación de la sociedad, sino todo lo contrario.

7- Llamado Final

Las Universidades Nacionales que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia reiteramos nuestra convicción sobre la capacidad de la sociedad venezolana para superar y revertir esta situación de violencia que nos afecta. La escalada de la criminalidad es el resultado de un notorio deterioro del pacto social, de las reglas de convivencia y de resolución de conflictos sociales y políticos, y del desmoronamiento del sistema de justicia penal.

Es la consecuencia de políticas equivocadas que, con una óptica belicista, asumen la seguridad pública como el aniquilamiento de enemigos, generando más muertes y fortaleciendo a los grupos delictivos.

El Estado es el responsable de ejecutar políticas adecuadas y planes eficaces para la prevención del delito y ofrecerle seguridad a las personas y a sus bienes.

Es obligación del Estado implementar las medidas y acciones orientadas a defender la vida y detener y castigar a los delincuentes, y hacer efectiva la protección especial y preferente que demandan las víctimas. Las Universidades Nacionales expresamos nuestra voluntad de contribuir con nuestros saberes y destrezas a la pacificación del país y al restablecimiento del Estado de Derecho.

Conforme a lo establecido en la normativa internacional de Derechos Humanos y lo expresamente consagrado en la Constitución Nacional vigente, corresponde al Estado la obligación primordial de respetar y no violar los derechos humanos, por lo que sus instituciones y funcionarios deben aplicar normativas y procedimientos garantistas de los derechos a la vida, la integridad personal, la justicia y de cumplimiento del debido proceso.

Estas garantías, consagradas en los Tratados Universales de Derechos Humanos, son condiciones y requisitos para revertir las manifestaciones de violencia que hoy nos agobian y son principios que todos los sectores del país debemos promover y exigir tanto a otros como a nosotros mismos, entendiendo que se trata de valores universales que, afirmados por las familias, la sociedad civil, las fuerzas políticas y por el Estado, sustentarán la paz y la convivencia democrática.

Caracas, 28 de diciembre de 2017

La malnutrición que mata en Venezuela

Venezuela tiene las mayores reservas comprobadas de crudo en el mundo, pero su economía ha colapsado en los últimos años.

El hambre ha azotado a la nación y, ahora, está matando a niños.

El gobierno venezolano lo sabe, pero no lo reconoce.

Durante cinco meses, The New York Times dio seguimiento a veintiún hospitales públicos donde los doctores dijeron ver cifras récord de niños con desnutrición severa, cientos de los cuales han muerto.

Por MERIDITH KOHUT and ISAYEN HERRERA

Photographs by MERIDITH KOHUT

The New York Times

Apenas a sus 17 meses, Kenyerber Aquino Merchán murió de hambre.

Su padre salió de la morgue del hospital antes de la madrugada para llevarlo de regreso a casa. Cargó al bebé esquelético a la cocina y se lo entregó a un trabajador funerario que hace visitas a domicilio para las familias venezolanas que no tienen dinero para realizar un funeral.

Se podían ver claramente la espina dorsal y las costillas de Kenyerber mientras le inyectaban los químicos de embalsamar. Las tías intentaban mantener alejados a los primitos curiosos.

Sus familiares llegaron con flores y reutilizaron cajas de alimentos que reparte el gobierno a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), de las que dependen cada vez más los venezolanos ante la escasez de comida y los precios altísimos, para recortar dos pequeñas alas de cartón. Las pusieron cuidadosamente encima del ataúd de Kenyerber, una práctica común entre los venezolanos, para que su alma pueda alcanzar el cielo.

En cuanto el cuerpo de Kenyerber quedó listo para que lo vieran comenzó el llanto incontrolable de su padre, Carlos Aquino, un trabajador de construcción de 32 años.

“¿Cómo puede ser esto?”, decía entre sollozos mientras abrazaba el ataúd y hablaba con voz suave, como si pudiera reconfortar a su hijo en la muerte. “Tu papá ya nunca te va a ver”.

El hambre ha acechado a Venezuela durante años. Pero ahora, según médicos en los hospitales públicos, está cobrando una cantidad alarmante de vidas de menores de edad.

La economía comenzó a colapsar en el 2014. Las protestas y disturbios por la falta de alimentos, las filas insoportablemente largas para conseguir suministros básicos, los soldados apostados afuera de las panaderías y las multitudes enfurecidas que saquean las tiendas han cimbrado varias ciudades.

Sin embargo, las cifras de muertes por desnutrición continúan siendo un secreto bien guardado por el gobierno venezolano.

Durante una investigación de cinco meses de The New York Times, los doctores en veintiún hospitales públicos de diecisiete estados del país dijeron que sus salas de emergencia están atiborradas de menores con desnutrición severa.

“Los niños están llegando con unas condiciones muy precarias de desnutrición”, dijo el doctor Huníades Urbina Medina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría.

Añadió que los médicos incluso están viendo cuadros de desnutrición tan extrema como la que llega a presentarse en campos de refugiados; casos que, dijo, eran extremadamente raros antes del colapso económico del país.

Para muchas familias de escasos recursos, la crisis ha sacudido por completo su panorama. Padres como los de Kenyerber pasan días sin comer y, a veces, terminan pesando lo mismo que un niño.

Hay mujeres que hacen fila afuera de clínicas de esterilización para evitar embarazarse de bebés a los que no van a poder alimentar.

Niños pequeños dejan sus hogares y se unen a pandillas que escarban por doquier en busca de alimentos: sus cuerpos tienen cicatrices por las peleas a cuchillo contra sus rivales.

Adultos en multitudes revuelven la basura de los restaurantes después de que estos cierran. Muchos bebés mueren porque es difícil encontrar –o poder costear– la fórmula para el tetero, incluso en salas de emergencia.

“Hay veces que se te muere en las manos por deshidratación”, dijo la doctora Milagros Hernández en la sala de emergencias de un hospital infantil en la ciudad de Barquisimeto. El hospital, señaló Hernández, vio un aumento pronunciado de personas con desnutrición hacia el final del 2016.

“Pero el 2017 ha sido un incremento terrible de pacientes desnutridos”, dijo. “De niños que te llegan lactantes y tienen el peso y talla de un recién nacido”.

Carlos Aquino llora a Kenyerber, su hijo de 17 meses, quien falleció en agosto por problemas cardiacos causados por desnutrición severa.

Antes de que la economía venezolana comenzara a desplomarse, casi todos los casos de desnutrición infantil en hospitales públicos se debían a negligencia o abuso parental. Pero entre 2015 y 2016, conforme se intensificó la crisis, se triplicaron los casos de desnutrición infantil severa en los centros médicos de la capital, según los doctores. Este año podría ser aun peor.

En muchos países la desnutrición a estos niveles sería “por cualquier causa si hay una guerra, una sequía, alguna catástrofe o un terremoto”, dijo la doctora Ingrid Soto de Sanabria, jefa del Servicio de Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del Hospital de Niños J. M. de los Ríos. “Pero en nuestro país está directamente relacionada con la escasez y la inflación”.

El gobierno venezolano ha intentado encubrir la gravedad de la crisis y ya prácticamente no emite estadísticas de salud. Esto genera un clima en el que los doctores a veces temen registrar casos y muertes ligados a los fracasos de la política pública.

Pero las estadísticas que hay son impactantes.

En el reporte anual del 2015 del Ministerio del Poder Popular para la Salud se reportó un aumento de cien veces en la tasa de mortandad de niños menores de cuatro semanas: de 0,02 por ciento en el 2012 a poco más de 2 por ciento.

La tasa de mortalidad materna aumentó casi cinco veces durante el mismo periodo.

Por casi dos años el gobierno no publicó ningún boletín epidemiológico con estadísticas como la mortandad infantil. Hasta que, en abril de este año, apareció de repente un enlace en el sitio web oficial del ministerio con todos los boletines no publicados. Mostraban que 11.446 niños menores de un año habían muerto en el 2016: un aumento de 30 por ciento en solo doce meses, ante la aceleración de la crisis.

Los nuevos hallazgos atrajeron la atención de medios nacionales e internacionales antes de que el gobierno declarara que el sitio web había sido atacado y quitara los boletines.

La ministra de Salud fue destituida y se puso al ejército a cargo de monitorear los boletines; ninguno se ha publicado desde entonces.

La desnutrición también enfrenta censura dentro de los hospitales: muchos doctores reciben advertencias de no registrarla en los antecedentes médicos de los niños.

“En algunos hospitales oficiales se ha prohibido el diagnóstico de desnutrición en las historias clínicas”, dijo el Urbina.

Médicos entrevistados por The New York Times en nueve de los veintiún hospitales dijeron que sí llevaban un conteo.

En el último año, dijeron, habían registrado 2.800 casos de desnutrición infantil y alrededor de 400 de los menores que llegaron famélicos murieron.

“Nunca en mi vida he visto tantos niños con hambre”, dijo la doctora Livia Machado, pediatra de práctica privada que da consultas gratuitas a niños que han sido hospitalizados en el sanatorio Domingo Luciani, en Caracas.

Ese hospital es de los pocos que todavía acepta ingresar a infantes desnutridos para tratamiento. Otros hospitales los rechazan y les dicen a los padres que no tienen suficientes camillas o suministros para tratar a los bebés. Casi todos los hospitales venezolanos reportan escasez de insumos básicos, como leche de fórmula.

El presidente Nicolás Maduro ha reconocido que algunas personas pasan hambre en Venezuela, pero ha rechazado recibir ayuda internacional pues dice que la crisis es causada por una “guerra económica” impulsada por empresarios y fuerzas extranjeras como Estados Unidos.

Venezuela tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo en todo el mundo. Sin embargo, muchos economistas afirman que años de mal manejo de la política económica han resultado en el desastre actual.

El daño no era evidente cuando los precios internacionales del petróleo eran altos. Pero a finales del 2014 comenzó a caer el precio del barril y la escasez y los precios de alimentos se dispararon.

El Fondo Monetario Internacional advirtió en octubre que la inflación podría superar el 2.300 por ciento el próximo año.

El Ministerio para la Salud y el Instituto Nacional de Nutrición venezolano no respondieron a solicitudes de entrevista ni de comentario sobre reportes oficiales de salud con estadísticas sobre desnutrición.

Pero la oposición, que controla la Asamblea Nacional que fue despojada del poder, continuamente alerta sobre la situación.

“Tenemos un pueblo que se está muriendo de hambre”, dijo en noviembre Luis Florido, asambleísta que dirige la comisión de relaciones exteriores. Dijo que la crisis alimentaria en el país era una “emergencia humanitaria” que viven “todos los venezolanos”.

Tantos tantos niños

Kenyerber nació sano y pesaba casi 3 kilogramos. Pero a su madre, María Carolina Merchán, de 29 años, le picó un mosquito y se contagió del virus del Zika cuando el bebé tenía tres meses. Tuvo que ser hospitalizada y los doctores le dijeron que no podía amamantar.

La familia no podía encontrar o pagar el alimento para el bebé y tuvieron que improvisar con lo que tenían al alcance: teteros de crema de arroz o de harina de maíz mezclada con leche entera. Eso no le daba a Kenyerber los nutrientes necesarios.

A los 9 meses su padre lo encontró inmóvil en su cama, con la nariz ensangrentada. Corrió a la sala de emergencia pediátrica del hospital Domingo Luciani, donde pacientes y camillas atiborran los pasillos junto a soldados patrullando.

Kleiver Enrique Hernández, de 3 meses, estaba recibiendo tratamiento cerca de donde fue internado Kenyerber. Él también nació saludable –3,6 kilogramos– pero su madre, Kelly Hernández, tampoco lo podía amamantar. Lo mismo: Hernández y su novio, César González, buscaron sin tregua, pero no pudieron encontrar fórmula.

En una búsqueda en línea del inventario de Locatel, una de las cadenas de farmacias más grande de Venezuela, el Times encontró que solamente una de sus 64 tiendas en todo el país tenía la fórmula para bebés que los doctores le recetaron a Kleiver.

Y es poco probable que Kelly y César siquiera hubieran podido pagarla. La hiperinflación ha diezmado los salarios que se pagan en bolívares en comparación con lo que valían hace dos años. Un surtido para un mes de la fórmula que necesitaba Kleiver costaba dos veces más que el sueldo mensual de González, un trabajador agrícola.

La escasez de fórmula también afecta a los hospitales. Doctores en la sala de emergencia del Domingo Luciani dijeron que no tenían abasto para alimentar a pacientes como Kenyerber y Kleiver.

La Encuesta Nacional de Hospitales 2016 halló que el 96 por ciento de los hospitales venezolanos reportaron no tener la cantidad de fórmula que necesitaban para atender a los pacientes. Más de 63 por ciento reportó que no tenía fórmula, punto.

Con tan pocas opciones, la madre de Kleiver preparó teteros con almidón de arroz y agua, a veces con leche entera si la podían encontrar. No era suficiente.

Los padres de Kleiver lo habían llevado a tres salas de emergencia, pero los hospitales estaban repletos. “Estaba desesperada viendo cómo tantos tantos niños estaban en la misma situación”, dijo Hernández.

Cuando los ingresaron al Domingo Luciani fue un gran alivio. Pero pronto comenzaron a ver un flujo constante de padres que llegaban con sus bebés desnutridos y terminaban yéndose en llanto: “¡Mi hijo está muerto!”.

Esperaron con ansias a que la condición de Kleiver mejorara; dormían en una silla junto a su cama o en un patio afuera, siempre pendientes por si el doctor les recetaba algo.

Después de pasar veinte días en el hospital, terminaron por sumarse a esas familias a las que habían visto salir horrorizadas. Un equipo de doctores trabajó durante horas para ayudar a Kleiver, llenándolo sin querer de sangre y moretones conforme trabajaban para intubarlo.

Kelly Hernández llora junto con sus familiares durante el velorio para su hijo Kleiver, de tres meses, en agosto.

Parecía que su cuerpo sin vida había recibido una golpiza para cuando los doctores aceptaron que no iban a poder salvarlo.

Familiares cargan el ataúd de Kleiver durante el cortejo fúnebre.

Los deudos de Kleiver comen un caldo en la madrugada durante el velorio.

Pese a que la desnutrición severa es evidente, su diagnóstico no es sencillo. Incluso cuando los doctores sí están dispuestos a reportarlo no necesariamente lo incluyen como la causa oficial de defunción.

La desnutrición grave puede resultar en toda una patología que conlleva la muerte por falla respiratoria, infecciones u otros malestares. Pero, en el caso de Kenyerber y Kleiver, sucedió algo poco común en Venezuela: sus certificados de defunción sí muestran a la desnutrición como la causa de fallecimiento.

Más de cien amigos y allegados fueron al velorio en la casa de la familia de Kleiver, que duró toda la noche. Sus tías y primos colgaron carteles decorados con mensajes y caricaturas hechas a mano. Kleiver yacía debajo, en un pequeño ataúd blanco, con las alas de papel.

Apenas tres meses antes la familia había hecho carteles con mensajes y caricaturas hechas a mano y las había colgado en la pared, para celebrar el nacimiento. Uno de esos carteles, en forma de un globo, todavía estaba encima de su cama durante el velorio.

“Bienvenido, Kleiver Enrique, te quiero mucho”, decía.

Cuando salió el sol el vecindario realizó una procesión hasta el cementerio. Hernández colapsó cerca de una tumba cercana; no podía dejar de llorar. Se sentía culpable de no haber podido amamantar a su hijo ni de encontrar la fórmula láctea y no dejaba de decir: “¿Soy mala madre? Por favor, ¡dímelo!”.

Impotencia e indignación

La doctora Milagros Hernández entró corriendo a la sala de emergencia del hospital donde trabaja en Barquisimeto gritando: “Voy con un bebé de 18 meses. Le dieron té de anís, leche de vaca y lo amamantaba una vecina. ¡Está malo!”.

Los doctores y enfermeros en el Hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga trabajaron rápidamente para evaluar al bebé, Esteban Granadillo. Pesaba 2 kilogramos y se veía asustado.

“Dígame lo que le dio de comer”, le preguntó la doctora Hernández a la tía abuela, María Peraza, quien lo había llevado al hospital. “A ese niño se le destrozó el estómago y posiblemente hasta el hígado”.

Cuatro de las doce camas de la sala de emergencia estaban ocupadas por niños desnutridos ese día de agosto. Los doctores dijeron que había llegado un caso de desnutrición prácticamente cada día, algo que no sucedía hasta hace dos años cuando se agravó la crisis.

Pero solo había una fracción de los medicamentos necesarios. El entonces director del hospital, el doctor Jorge Gaiti, dijo que había solicitado en junio 193 medicamentos que requerían a la agencia gubernamental responsable de distribuirlos a los hospitales públicos.

Solo cuatro de los 193 fueron entregados, de acuerdo con los reportes en la computadora de Gaiti. El hospital no cuenta siquiera con suministros básicos como jabón, jeringas, gasas, pañales o guantes de látex.

Los enfermeros les dan a los pacientes listas con objetos que deben buscar en farmacias o comprar de vendedores del mercado negro, o bachaqueros, que se encuentran cerca del hospital y venden suministros médicos difíciles de encontrar a precios exorbitantes.

Hernández estaba indignada y se sentía impotente como doctora al ver morir innecesariamente a esos niños en su sala de emergencias: “Es injusto”.

Dayferlin Aguilar, de cinco meses, fue diagnosticada con desnutrición y deshidratación.

A los 18 días de nacido Esteban Granadillo fue llevado al Hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga, en Barquisimeto, por desnutrición.

La madre de Esteban, según dijo la tía abuela, era soltera, tenía una discapacidad y no podía amamantarlo. Desesperados, los familiares le pidieron a una vecina con un infante que ayudara. La familia también le dio teteros de leche de vaca o agua con camomila y anís para llenarle el estómago.

“No conseguimos leche en ninguna parte. En vista de que no se nos muriera el niño tuvimos que hacer eso”, dijo Peraza, la tía abuela, al reconocer que sabía que era posible que el bebé tuviera problemas por ello. “Sí, hicimos algo malo, pero yo digo que si no hubiéramos hecho eso el niño hubiera muerto”.

Peraza se quedó en el hospital junto a la incubadora de Esteban durante días, acariciando su estómago mientras le susurraba. Durante semanas, el bebé salió y reingresó del hospital. Murió el 8 de octubre.

Tres pisos más arriba en el hospital, los pediatras examinaban a una bebé de un mes, Rusneidy Rodríguez, una semana después de que fue admitida por desnutrición severa. Su madre, hospitalizada con una infección, no había podido amamantarla.

Como en el caso de Esteban, sus familiares no pudieron encontrar fórmula y prepararon teteros con lo que pudieron: leche entera, crema de arroz o agua mezclada con cebada.

La sala de emergencia estaba desbordada; había camillas en los pasillos. A veces, el hospital tenía que poner a dos pacientes en una sola cama.

En la incubadora al lado de Esteban, una niña de cinco meses, Dayferlin Aguilar, estaba batallando por mantener abiertos sus ojos y sonreírle a su mamá, Albiannys Castillo.

Albiannys había llevado a Dayferlin al hospital cuando la niña estaba muy débil: de repente quedaba inconsciente y tenía una diarrea incontrolable. Los doctores la diagnosticaron con desnutrición y deshidratación.

Castillo no podía producir leche así que tenía que llegar a la una de la mañana a hacer cola afuera de las farmacias para esperar a que abrieran y tratar de encontrar fórmula. Casi nunca tenían o ya se les había acabado para cuando ella llegaba al frente de la fila.

“Hija, aquí está contigo tu mamá, que te quiere”, le decía a Dayferlin cuando la bebé lograba abrir los ojos.

Murió tres días después de ser internada en el hospital. La enterraron con unas alas de color fucsia hechas de papel, con bordes turquesas, y con una corona que combinaba.

Escarbando en la basura

Orianna Caraballo, de 29 años, esperó en la fila durante horas con sus tres hijos –Brayner, de 8 años; Rayman, de 6, y Sofía, de 22 meses– para ingresar a un comedor comunitario organizado por una iglesia católica en Los Teques. No habían comido nada en tres días.

Antes de la crisis, Caraballo le daba de comer a sus hijos gracias a su trabajo en un restaurante. Ahora llora mientras le da una cucharada de sopa a Sofía y cuenta cómo sus hijos fueron quienes detuvieron su intento de suicidio.

No podía vivir viendo cómo sus hijos estaban famélicos. Dice que los llevó afuera de la casa, mientras Sofía dormía, y volvió a entrar ella sola antes de cerrar la puerta. Luego Caraballo colgó un cable y se lo amarró al cuello. Cuando estaba a punto de colgarse escuchó llorar a su hija.

“Algo me decía: ‘Hazlo, hazlo, hazlo’”, recordó. “Y luego en otro oído me decía: ‘No lo hagas, no lo hagas; mira a tus hijos’”. Su hijo la llamó y le pidió que abriera la puerta. Se sintió culpable y decidió no colgarse.

Su hijo mayor se ha desmayado varias veces en la escuela por no haber desayunado ni cenado el día antes. Llora cada noche porque tiene hambre y, a los 8 años, le ruega a su madre que lo deje trabajar para poder comprar comida para la familia.

Una escena que raramente se veía antes de la crisis: algunas familias buscan comida entre la basura en Caracas.

Orianna Caraballo dándole de comer a Brayner, Rayman y Sofía, sus hijos, en una cocina comunitaria en Los Teques, en septiembre

Un informe reciente de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud encontró que 1,3 millones de personas que antes podían alimentarse en Venezuela no han podido encontrar la comida necesaria desde que se desató la crisis hace tres años.

En comedores comunitarios que visitó el Times, muchos padres que habían llevado a sus hijos tenían empleos de tiempo completo. Pero la hiperinflación había destruido sus sueldos y había acabado con ahorros.

Una encuesta hecha en el 2016 por tres universidades concluyó que había inseguridad alimentaria en nueve de cada diez hogares venezolanos.

Caritas, una organización de ayuda católica, ha estado pesando y midiendo a grupos de niños menores de 5 años en comunidades pobres en varios estados a lo largo del último año. El 45 por ciento de esos menores presentan algún tipo de desnutrición, según su estudio.

Muchas familias buscan comida en las calles o en basureros. Solo algunos son indigentes y la mayoría dijo que no habían tenido problema en conseguir alimentos antes de la crisis.

En Morón, decenas de personas estaban hasta las rodillas en un basurero en busca de comida y objetos reciclables que pudieran vender. El cercano Puerto Cabello, alguna vez el impulsor de la economía local, ahora luce prácticamente vacío.

En el basurero, muchas personas dijeron que antes trabajaban en el puerto, pero que ahora estaban desesperados por encontrar comida para sus familiares, después de que sus empleos desaparecieron cuando se redujo el tráfico portuario. Varias madres dijeron que nunca imaginaron que tendrían que alimentar a sus familias con lo que conseguían en la basura.

También cada vez más familias mandan a sus hijos a pedir comida en las calles o a trabajar para conseguir alimentos. Algunos nunca regresan.

La calle o el bisturí

Dos hermanos caraqueños, José Luis y Luis Armas, de 11 y 9 años, respectivamente, dicen que huyeron de su casa porque apenas había suficiente comida. Ahora viven en las calles con otros niños que forman pandillas y se pelean con cuchillos para defender o aumentar los territorios en los que mendigan o buscan entre la basura.

Han matado a varios de sus amigos, según dijeron los hermanos Armas. Luis se levantó la camisa para mostrar una cicatriz que cruzaba todo su abdomen: fue lo que quedó de un ataque con un machete de un miembro de otra pandilla. Casi muere, aseguró Luis.

Los hermanos dicen que prefieren vivir en las calles pese al peligro porque así comen mejor que en sus casas. Pasan sus días mendigando, en busca de comida tirada y de reciclables; se bañan en fuentes públicas y guardan sus pertenencias en árboles y alcantarillas mientras buscan escaparse de la policía y otras pandillas.

Nelson Villasmil, un trabajador social del gobierno de la capital, dijo que antes de la crisis la mayoría de los niños de la calle vivían ahí por negligencia o abuso por parte de sus padres. Pero ahora cuando los entrevistan, le dicen que dejaron sus hogares porque no había comida.

“Lo que no encuentran en su casa lo consiguen en la calle”, dijo Villasmil.

Hace tres meses, Yail Fonseca, de 13 años, dijo que dejó su hogar en Los Valles del Tuy para buscar comida en Caracas.

“Me fui de mi casa porque la cosa está dura”, dijo. “Ya ni comíamos bien”.

Afirma que come mejor en las calles de la capital. Duerme debajo de un voladizo en un parque de patinaje junto con otros adultos y niños sin casa, con los que despierta a las seis de la mañana para buscar comida en la basura o para pedírsela a los restaurantes locales.

En las tardes practica a pelearse con palos con otros integrantes de su pandilla para ser más ágiles cuando tengan peleas a cuchillo con rivales. El líder les exige que practiquen por lo menos media hora cada día.

Ese líder, un adulto que no quiso revelar su nombre, dijo que tenían un código: si alguien es atacado por solo un integrante de otra pandilla debe protegerse solo, incluso hasta la muerte, sin importar su edad. El resto del grupo se meterá solo si un integrante es atacado por varios rivales a la vez. El líder dijo que cuatro miembros de su pandilla fueron acuchillados a muerte en los últimos meses. Varios de los niños que lo rodeaban se levantaron la camisa para mostrar cicatrices.

A veces, el Estado se involucra y saca a menores de edad de hogares en los que hay hambre crítica. Después de que dos de sus hijos fallecieron por complicaciones de la desnutrición, Nerio José Parra y Abigail Torres perdieron a otros tres: se los llevaron trabajadores sociales.

Veintiuna mujeres fueron operadas durante un evento de esterilización gratuita en el Hospital José Gregorio Hernández de Caracas, en julio.

Familias haciendo fila para una clínica de salud gratuita para niños en Morón, en septiembre.

Eduardo José Martínez, de 13 años, en un parque de patinaje en Caracas, donde vive con otros niños y adultos indigentes

Su hija de siete meses, Nerianyelis, murió en septiembre de 2016 cuando la familia no pudo encontrar leche de fórmula, dijeron Parra y Torres. Parra tenía un trabajo de tiempo completo en una empresa que hace etiquetas, pero la pareja dijo que solo podía darle de comer a sus hijos una vez al día. La mañana que falleció Nerianyelis estaba muy callada y delgada. Los padres dijeron que la llevaron al hospital, pero que no ayudó.

Abigail recordó que estaba tan desconsolada que no dejaba que nadie se llevara el cuerpo de su hija. Tuvo que intervenir el equipo de seguridad del hospital y separarlas a la fuerza.

El 1 de diciembre murió Neomar, su hijo de 5 años, por desnutrición, deshidratación y otros problemas, según el trabajador social de ese caso.

Después de que falleció Neomar, los servicios sociales se llevaron a los tres hijos que quedaban y los pusieron en casas hogar. Ahora la pareja visita a sus hijos ahí y a los fallecidos en el cementerio.

El peso de criar hijos en Venezuela es tal en estos momentos que muchas mujeres prefieren esterilizarse.

Un sábado de julio, poco después de que saliera el sol, un grupo de mujeres jóvenes vestidas con batas quirúrgicas esperaban para someterse al procedimiento durante un evento gratuito del hospital público José Gregorio, ubicado en Caracas.

El hospital dice que ha esterilizado a más de 300 mujeres. Ese sábado las veintiuna mujeres formadas para la operación, de entre 25 y 32 años, dijeron que ya tenían hijos y querían esterilizarse por la crisis económica. Cada una temía embarazarse de nuevo por la escasez de pañales, fórmula, leche y medicinas.

La crisis también ha resultado en una escasez severa de pastillas anticonceptivas y condones. Muchas de las madres en el evento de esterilización dijeron que sus embarazos más recientes no habían sido ni planeados ni deseados, pero que no tenían acceso a métodos anticonceptivos confiables.

Eddy Farías, estilista de 25 años, dijo que estaba nerviosa por la operación pero que su decisión era inamovible. Dijo que su sueldo en el salón, un empleo de tiempo completo, no era suficiente para criar como madre soltera a sus cinco hijos.

Es fuerte ser mamá”, dijo. “Si un niño se te enferma tienes que recorrer y recorrer los hospitales”, añadió. “Es una guerra de sobrevivencia en el día a día”.

Después de la operación dijo que, más allá del dolor por el corte en su abdomen, se sentía aliviada.

“Otra vez embarazada, eso sería ir otra vez a la guerra por los pañales”, dijo. “Es la guerra porque un paquete lo compras o bachaqueado”, añadió en referencia al mercado negro, “o tienes que madrugar haciendo colas aquí y colas allá, y que se cuela la gente”.

“Es una guerra con la comida, con los pañales, con todas las cosas personales de un niño”.

Sin comer para que sus hijos puedan hacerlo

Seis semanas después de que recortaran las alas de ángel de las cajas de CLAP para Kenyerber, su familia todavía luchaba con el hambre.

Su madre, María Carolina Merchán, dijo que ya solo pesaba 29 kilogramos porque se saltaba comidas para que sus otros cuatro hijos tuvieran algo más en el plato. Los trabajadores sociales dijeron que estaba muy desnutrida, al igual que su madre, la abuela de Kenyerber, y su hija de 6 años, Marianyerlis. La familia ha llegado a pasar hasta cinco días sin ingerir algo más que agua.

Marianyerlis sigue a Merchán por horas mientras llora, rogándole que le dé comida. Merchán se queda viendo hacia el piso mientras la niña solloza.

“Mamá, ¡tengo hambre!”, le dice.

Pesa entre 9 y 13 kilos según cuánto llega a comer.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC, por su sigla en inglés), las niñas de 6 años que pesan menos de 18 kilogramos están en el percentil más bajo del promedio de crecimiento infantil. Marianyerlis recientemente se desmayó tras no haber comido durante días.

La familia vive con otros parientes en un edificio de vivienda pública abandonado que no tiene agua potable ni tuberías, y cuya electricidad funciona con cableado improvisado. No es cómodo, pero su ingreso debe destinarse por completo a la comida.

A la derecha, María Carolina Merchán, la madre de Kenyerber y quien pesa apenas 29 kilogramos; su hija Marianyerlis, en el piso, la sigue a todas partes pidiéndole comida.

Los retratos de los niños cuando eran bebés, entre los bienes más preciados de la familia, adornan la pared. El único alimento en toda la casa es una bolsa de sal y un limón.

“Esto es una pesadilla”, dijo la hermana de Merchán, Andreína del Valle Merchán, de 25 años, al describir cómo los niños empiezan a vomitar, sudar frío y aletargarse después de días de no haber comido.

Su hija de 5 años ha perdido casi 5 kilogramos en lo que va del año y ahora solo pesa unos 7,5 kilogramos.

Se prevé que el sufrimiento de las familias venezolanas empeore en el 2018. Más allá de la previsión del Fondo Monetario Internacional respecto a la inflación, los observadores están preocupados de que el gobierno seguirá rechazando recibir ayuda por cuestiones políticas.

Es que si aceptan la ayuda, aceptan que aquí hay una crisis humanitaria y como Estado reconoces que tu población es vulnerable y, por lo tanto, tu política no sirvió”, dijo Susana Raffalli, especialista en emergencias alimentarias que trabaja como consultora para Caritas en Venezuela.

Según los críticos, el gobierno ha utilizado la comida como una manera de mantenerse en el poder.

Antes de las elecciones más recientes, la gente que habitaba en vivienda pública dijo que los visitaron representantes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) –los grupos que organizan la entrega de las cajas de alimentos provistas por el gobierno– y que los amenazaron con cortarles el suministro si no respaldaban al chavismo en las urnas.

Los familiares de Kenyerber no creen que vaya a mejorar la crisis económica. Temen que otro de los niños vaya a morir.

“Lo pienso día y noche y es lo que más me preocupa”, dijo Andreína.

Producido por Craig Allen, David Furst, Meghan Petersen, Andrew Rossback y Greg Winter.

El Cartel de PDVSA

Vladimiro Mujica, Noticiero Digital

En un lúgubre video que circula por las redes sociales se ve borrosamente el perfil regordete y sombrío, esposado y cabizbajo, de Nelson Martínez, alto gerente petrolero, arrestado por miembros de uno de los tantos brazos del estado policial venezolano.

Nelson Martínez, recién nombrado presidente de Pdvsa.

La voz en el video, probablemente la del Fiscal General impuesto por la inconstitucional ANC, utiliza la palabra Cartel para referirse a la organización delictiva que se había ido articulando en el seno de la corporación estatal petrolera venezolana.

La ola de arrestos y despidos de los altos mandos petroleros, que ha terminado por afectar al otrora todopoderoso Rafael Ramírez, ha sorprendido al país y ha llevado a muchos a preguntarse si el régimen venezolano, procediendo a través del fiscal Tarek William Saab, tiene en verdad la disposición de actuar contra la corrupción generalizada que se ha convertido en la marca de fábrica de la revolución chavista.

Yo tendería a creer que nada más remotamente alejado de la verdad.

Cuando regímenes como el venezolano, combinación de Estados policiales con dictaduras de nuevo cuño, controlados por verdaderas mafias de poder, actúan en contra de sus propios miembros, es normalmente por una de tres razones:

(1) Un grupo interno intenta desplazar a otro;

(2) Un grupo estaba intentando hacer negocios sin hacer partícipe a los otros;

(3) Se busca un grupo de chivos expiatorios para defender al régimen en su conjunto interna e internacionalmente.

La naturaleza de la operación CITGO, donde aparentemente se endeudó a la nación sin autorización formal del gobierno y la AN, y los otros elementos que están surgiendo, incluyendo la defenestración de Ramírez como embajador de Venezuela ante la ONU, permiten intuir que las acciones de la Fiscalía se inscriben en el esquema canónico 1+2+3, que se describe en el párrafo anterior.

Por supuesto que mucha gente no dejó de sentir un fresquito por ver a connotados chavistas recibir una dosis de su propia medicina de represión y violaciones de los derechos ciudadanos, al verlos expuestos “con los ganchos puestos”, ciudadanos civiles detenidos por un organismo de contrainteligencia militar, seguramente con órdenes judiciales a la medida.

Pero me temo que se trata de la ilusión de una simple operación gatopardiana, como argumentó Horacio Medina en una de sus infaltables notas diarias: cambiar para que todo quede igual.

Más allá de todas estas especulaciones sobre el verdadero significado del encausamiento de un grupo importante de gerentes de la industria petrolera, conviene examinar en retrospectiva el daño inmenso que 20 veinte de desgobierno chavista le ha causado a la actividad económica más importante de la nación.

Habría que comenzar apuntando que la maquinaria de desinformación del régimen ha intentado presentar durante años una historia fabricada según la cual fue Chávez quien nacionalizó la industria y la rescató de los malvados monopolios transnacionales para el disfrute de los venezolanos.

Nada más lejos de la realidad. El 29 de agosto de 1.975 el presidente Carlos Andrés Pérez puso el «ejecútese» a la Ley que reserva al Estado venezolano la industria y el comercio de los hidrocarburos, con lo cual quedó nacionalizada la industria petrolera. Ese hito de la odiada “IV República” marco un antes y un después en la historia venezolana.

Es aleccionador recordar que Pérez en una reunión con gerentes e ingenieros de la industria les preguntó si ellos le aseguraban que la industria seguiría funcionando si la ponía en manos venezolanas. La respuesta fue un “Si” responsable y sobrio en buena medida determinado por el hecho de que esos ingenieros y gerentes se habían formado en las universidades venezolanas y en programas de transferencia tecnológica y de conocimientos con las operadoras internacionales.

La industria petrolera fue uno de los pocos proyectos con continuidad institucional en Venezuela, protegida en buena medida de los vaivenes políticos por un acuerdo no escrito entre los principales partidos de respetar su independencia.

Avergüenza y deprime hacer una comparación entre los cuadros y el desempeño de PDVSA en sus años dorados, cuando estaba entre las primeras corporaciones petroleras del mundo, y la empresa en harapos, al borde de la insolvencia financiera y técnica que el chavismo le legará a los venezolanos.

De hecho, a lo que hemos asistido durante la era chavista es a una acción sostenida de desnacionalización cuyas manifestaciones más evidentes son las negociaciones con Rusia y China, y que se ha traducido, entre otras cosas, en que la proporción de la producción de las operadoras extranjeras es superior a la venezolana.

Acciones realizadas bajo un espeso manto de turbidez que impide tener información completamente confiable. PDVSA incumple desde hace años la ley de BCV y muchas de la información sobre producción petrolera solamente se puede obtener en organismo internacionales que hacen seguimiento al comercio de hidrocarburos.

Se sabe la enorme magnitud del endeudamiento con chinos y rusos, realizado en buena medida sin la aprobación de la AN; se sabe de las condiciones leoninas de venta de petróleo a futuro acordadas con los chinos; se sabe de la entrega vergonzosa de tecnologías desarrolladas en Venezuela como la Orimulsión; se sabe algo de las condiciones recientes de entrega de instalaciones de operación de la industria a manos rusas y chinas.

Se sabe, en fin, que en una pornográfica operación orwelliana el régimen chavista ha hipotecado crecientemente nuestra industria en manos extranjeras, y la llevado a un estado casi terminal de endeudamiento y precariedad tecnológica, a la par que se presenta como paladín revolucionario del rescate del petróleo para el pueblo.

Capítulo aparte en esta epopeya de guerra contra su propio pueblo que el régimen chavista ha llevado en el ámbito petrolero, es la destrucción del recurso humano y tecnológico venezolano.

Esta horrenda y monstruosa operación comenzó, sin duda, con el despido en 2002-2003 de unos 20.000 trabajadores de la industria petrolera a raíz de lo que se convocó inicialmente como un Paro Cívico Nacional y terminó siendo llamado por chavistas y opositores como el Paro Petrolero.

Al margen de las múltiples inconsistencias del liderazgo opositor en la ejecución y conducción de esta acción, está el hecho de que la barbarie gubernamental descabezó a la industria y la despojó su más importante activo: sus trabajadores, gerentes e ingenieros calificados.

La anocracia revolucionaria, no solamente la emprendió contra el personal de la industria sino contra las universidades e institutos de investigación.

Especial mención requiere la destrucción de INTEVEP como centro de apoyo tecnológico a PDVSA y su conversión en una escuela de cuadros del chavismo.

La hecatombe de destrucción de la industria “meritocrática” y su reemplazo por una industria convertida en caja de financiamiento del presupuesto paralelo del gobierno, usado para financiar sus operaciones clientelares políticas internacionales y de populismo en Venezuela, lanzó al éxodo a miles de nuestros mejores hombres y mujeres, que habían surgido en nuestra industria y que ahora contribuyen con su esfuerzo a la vida de otras naciones.

Es mucho más que el encarcelamiento de unos gerentes y el escándalo que ello trae, presentado como una operación moralizadora, lo que la pseudo-revolución chavista le adeuda a los venezolanos de hoy y a las futuras generaciones que tendrán que conducir la ciclópea tarea de recuperar Venezuela.

Los látigos del hambre en Venezuela

Génesis Herrera (@genherr15), El Nacional Web

Eran muy delgadas, rondaban los cinco o seis años, tenían muchísima hambre. Parecían hermanas, compartían los mismos ojos enormes hundidos en unos rostros inocentes y sumamente demacrados que se tragaban toda la inocencia y la alegría que un niño debería tener en ese momento de su vida. Se estaban peleando por un muslo de pollo.

Jhonnairys Hernández se encontraba en el terminal Big Low de San Diego, estado Carabobo, el 4 de septiembre. La tarde comenzaba a caer y faltaba poco para que anocheciera. Hernández y su familia se dirigían a Caracas. Debían hacer un trasbordo y decidieron detenerse para comer en un establecimiento en el que vendían pollo. En el local no había mucha gente. Algunos murmullos inundaban los pasillos. Allí fue donde Hernández vio a las pequeñas.

La triste escena, que se había vuelto común en la vida diaria de todos los venezolanos, ocupó el resto de la tarde: cada una sostenía un extremo de la pieza y una de ellas intentaba morder un pedazo mientras la otra le gritaba “No, ya tú comiste”, bajando la cabeza para poder comer ella también. El hecho se grabó en la memoria de la joven para siempre.

“Sus huesos se marcaban en la ropa. Fue muy duro”, recordó.

Con el transcurrir de los meses, los casos de desnutrición en Venezuela se van replicando en todos los estados del país y el aumento parece ser imparable.

Para el año 2011, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de acuerdo al balance de su Examen Periódico Universal, informó que Venezuela se ubicaba entre los cinco países de la región con las cifras más bajas de desnutrición infantil en menores de cinco años de edad.

Entre 1990 y 2009, el índice de subnutrición disminuyó en 58%, pasando de 7,7% en 1990 a 3,2% en 2009.

Para finales de 2017 estas cifras parecen formar parte de una realidad ficticia, inalcanzable.

Un informe de la organización Cáritas Venezuela reveló en el mes de septiembre un incremento de la desnutrición infantil a raíz de la escasez de alimentos y la inflación más alta del mundo.

Las medidas para hacerle frente a esta situación parecen ser insuficientes o inexistentes, como señaló Jennifer Alfonsina, una madre desesperada que relató su historia.

Sentada en un consultorio del Hospital de Niños doctor José Manuel de los Ríos, ubicado en Caracas, sin haber desayunado, con una de sus hijas en su regazo y su hijo de pie a su lado, comenzó a contarle al equipo de El Nacional Web cómo era su situación.

Su hija menor, de dos años de edad, adormilada y mordiéndose el pulgar mientras ella la cargaba, presentaba un cuadro de desnutrición grave que apenas comenzaba a dar escasas señales de mejoría gracias al cuidado de los doctores de ese hospital.

Con una mano abrazaba con fuerza a su pequeña y con la otra acariciaba a su hijo, quien no se despegaba de ella ni por un momento.

“Mi niña empezó a perder peso, no gateaba, no alzaba la cabeza. Todo lo que hacía era dormir”, aseguraba Alfonsina, quien se quedaba pensativa por algunos segundos y trataba de animar a su hija. La madre explicaba en tono de disculpa que le daba lo que podía, usualmente arroz picado o yuca.

Para el año 2016 hubo un incremento y se tuvo registro de 110 pacientes, situación que encendió una primera señal de alarma y que se convirtió en una alerta atemorizante con las cifras del primer semestre del 2017, en el que los casos habían ascendido a 50.

La situación era compleja para todo el grupo familiar de Alfonsina, conformado por los dos pequeños que la acompañaban y una tercera hija mayor. El hambre, la angustia y un esposo ausente que la maltrataba y que no velaba ni siquiera por sus hijos, eran aspectos que la atormentaban diariamente.

“Yo siento que estoy luchando porque vengo al médico a traer a la niña. A veces vengo solo con una arepa en el estómago, un plátano, o nada”, dijo.

Ocasionalmente trabajaba vendiendo cigarrillos y café para poder mantenerse con “alguito”. La idea de perder a su hija la aterrorizaba, evitar ese escenario se había convertido en su motor de vida, la razón de su lucha.

En el centro asistencial le dan al paciente el sulfato de zinc, pero el resto de las vitaminas que los infantes necesitan las tienen que costear los padres. Soto indicó que es el Ministerio de Salud el que siempre se ha encargado de suministrar los alimentos y las vitaminas que los niños requieren, pero es una situación que ha cambiado. Ahora todos los insumos llegan al hospital a través de donaciones.

La doctora indicó que no solo registran casos de infantes con mala alimentación, sino también de sus padres, quienes han tenido que dejar de comer para darle lo poco que tienen a sus hijos.

Alfonsina, quien ya se iba del hospital con sus pequeños y que al momento de ponerse de pie dejó mostrar su torso delgado que parecía perderse dentro de un mar de ropa, dijo que no perdería la fe y que salvaría a su hija.

Muchas historias como la de esta madre llegan al área de trabajo de la doctora Soto, quién frente a esta situación hizo énfasis en que se debe manejar correctamente toda la información sobre este tema.

Explicó que la desnutrición grave es de tres tipos:

Primaria, cuando solamente es por falta de nutrientes.

Secundaria, cuando es por una enfermedad renal o cardíaca que tiene más demanda alimenticia.

Y mixta, que es cuando el paciente presenta una afección y no se poseen los recursos para darle la dieta y el tratamiento que requiere.

Además, señaló que los niños que acuden al centro asistencial no son desnutridos primarios solos, sino que generalmente llegan con alguna otra enfermedad como neumonía, cardiopatía o nefropatía, por lo que los males que afectan a los pacientes son mixtos.

La especialista también indicó que existe una suerte de ceguera frente a la realidad actual de la desnutrición infantil en el país. El Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional del Instituto Nacional de Nutrición (INN) era el encargado de informar sobre la situación, pero desde el año 2007 no publica las cifras y el único control que se tiene son los registros que elabora Cáritas en algunas comunidades venezolanas y que demuestran una tendencia que va en aumento.

Asimismo, alertó sobre el hecho de que 60% de los pacientes por desnutrición grave son lactantes, etapa sumamente importante para el crecimiento y desarrollo permanente del niño. Ese momento en la vida del infante es clave y recuperarse de una desnutrición en ese periodo es toda una dificultad que deben enfrentar los padres y para la que no están preparados.

Marisol Lore, de 23 años de edad, es otra madre a la que el hambre le ha tocado la puerta y se ha instalado en su vida y en la de su pequeño de 1 año y dos meses. Las noches en las que tuvo que acostarse a dormir sin nada en el estómago y con incertidumbre sobre qué le daría a su hijo la mañana siguiente, son innumerables.

Lore, quien vive en Catia, Caracas, aseguró para el equipo de El Nacional Web que desde hace un par de años no sabe lo que es tener una comida segura sobre la mesa. A veces come y la mayoría de las veces no.

Por las noches, la desesperación le llena el rostro de lágrimas y se siente inútil ante la situación de su hijo, quien llora desconsoladamente porque tiene hambre y ella no tiene nada más que agua para tratar de engañar al estómago de su pequeño.

Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres, aborda estos temas y advierte que Venezuela necesita con carácter de urgencia una serie de políticas públicas que atiendan lo que denomina como una etapa de inseguridad alimentaria severa.

La especialista indicó que con Cáritas Venezuela lleva el único monitoreo de desnutrición aguda que se hace a nivel comunitario, que son mediciones que se realizan cada dos semanas o cada mes en las parroquias de más bajos recursos.

En una entrevista para El Nacional Web, explicó que uno de los aspectos que más le preocupa es que los casos severos son muchos y siguen creciendo.

Destacó que cada vez hay más incapacidad a nivel institucional para solucionar esta problemática. A su juicio, esta situación debe ser tratada desde el comienzo, cuando se inicia el deterioro en las personas, pero esto es algo que no se ha tomado en cuenta.

“El Estado ni siquiera los ve, los ignoran. Dicen que no existen. ¿Cómo vas a resolver una emergencia que no quieres ver?”, sentenció.

Raffalli, con base en sus registros, señaló unas cifras que funcionan como un indicador para entender cómo se ha ido desarrollando la crisis alimentaria severa y cómo evoluciona de manera alarmante en todo el territorio venezolano, afectando sobre todo a quienes son más vulnerables ante esta realidad: niños, mujeres embarazadas, ancianos y los privados de libertad.

Indicó que 33% de la población infantil ya presenta retardo en el crecimiento y este es un daño tanto físico como mental que los acompañará toda su vida, es irreversible.

El problema de la crisis alimentaria perjudica a todos los componentes de la sociedad venezolana: adultos, ancianos, jóvenes y niños. Nadie parece poder escapar por completo de esta realidad abrumadora que a diario crece y que comienza a dejar daños permanentes en las generaciones futuras. “Todos los pasos que hacen posible que el alimento llegue a la mesa de cada venezolano están rotos y colapsados”, aseguró Raffalli.

El hambre como método de control

Frente a esta cruda crisis que atraviesa el país, es importante poder entender cómo funciona el hambre en la psicología del venezolano, por lo que en una entrevista exclusiva para El Nacional Web, Mikhael Iglesias, psicólogo e investigador social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó cómo el hambre se convierte en un instrumento de poder y control.

El 3 de abril de 2016, el gobierno de Nicolás Maduro creó Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como una medida para paliar el desabastecimiento que se aunaba a la creciente crisis económica y alimentaria en el país. Esta iniciativa se encargaría de la distribución de comidas, productos de higiene personal y limpieza del hogar de manos de las instituciones del Estado.

Ante este método, Iglesias explicó que solo se ha generado una relación de dependencia del Estado, donde se pierde la autonomía individual y colectiva. Dicha relación tiene su fundamento en el poder y el individuo queda completamente a merced de las políticas establecidas por el ente de poder, en este caso, el gobierno, que todo lo decide y lo controla.

El especialista explica que las necesidades básicas quedan atadas al que controla todos sus aspectos, es decir, el Estado. “Ellos son los que tienen el poder de decidir cuándo, dónde y qué comer”, afirmó.

“Una simple mención de esto hace ruido en la autonomía y en la libertad de los ciudadanos de nuestro país, Venezuela”, agregó.

El problema que atraviesan los venezolanos es agudo y se hace notar en casi todos los espacios de la sociedad. El psicólogo detalló que el hambre consigue atravesar todas las actividades de una persona y las altera, hecho que tiene un gran impacto en las relaciones interpersonales.

El tejido social comienza a fracturarse y eso que caracteriza al venezolano, como ofrecer café o comida a algún invitado, se vuelve una tarea imposible y de alguna manera la cultura comienza a desintegrarse.

¿Cómo actuar ante estos métodos de control?, es la pregunta que se plantea el investigador social. “Todo puede ser impredecible”, indicó.

Alertó que cuando el hambre se asienta, actúa como un narcótico, como un sedante, y sin notarlo, despacio, se naturaliza la miseria y la ceguera aparece.

Hacer cola para comprar, comer a medias, todo se vuelve algo “normal”. Poco a poco se va perdiendo la capacidad de soñar y de pensar en otras posibilidades para el país.

Iglesias indicó que el conflicto entre querer vivir una libertad y una democracia plena y sobrevivir está latente. A su juicio, hay que optar por fortalecer los vínculos comunitarios, familiares, laborales, escolares y todos los que sean necesarios.

“Si perdemos nuestros vínculos y se pierden las cosas que nos aglutinan como sociedad, ahí es cuando realmente se pierde el país, se pierde el norte”, expresó.

De cómo un juez destituido se convirtió en el principal artífice judicial del presidente de Venezuela

Girish Gupta, REUTERS

En marzo pasado, Maikel Moreno conmocionó a su país cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que preside anuló los poderes de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, y se los adjudicó.

Incluso en una nación acostumbrada a la agitación política, la decisión desencadenó protestas masivas que llevaron a Moreno y a su corte de 32 miembros a suspender parcialmente la medida tres días después.

El juego de poderes ilustró el rol de Moreno como brazo ejecutor clave de la administración socialista de Nicolás Maduro, calificada como una dictadura por un número creciente de gobiernos, desde Francia y Estados Unidos hasta algunos vecinos sudamericanos como Colombia y Perú.

Bajo la tutela del guardaespaldas de 51 años devenido en juez, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha invalidado casi todas las leyes importantes aprobadas por el Parlamento.

Sin embargo, el pasado de Moreno sigue siendo desconocido, incluso para la mayoría de los venezolanos. Para rastrear su trayectoria, Reuters examinó documentos y entrevistó a socios, colegas y amigos en cinco países

La imagen que emerge es la de un jurista que, aprovechando sus conexiones personales y manejando casos políticamente sensibles que otros abogados y jueces rechazaron, se fue acercando a Maduro y a otros miembros de la “Revolución Bolivariana” lanzada por el fallecido líder Hugo Chávez.

En su ascenso al pedestal judicial de Venezuela, Moreno dejó atrás un pasado que incluye acusaciones de extorsión y tráfico de influencias y su arresto en 1989 bajo sospecha de matar a un adolescente, según documentos oficiales y personas familiarizadas con sus antecedentes.

Reuters no encontró evidencia de que Moreno haya sido juzgado o condenado por algún crimen.

En un breve intercambio de mensajes de texto con Reuters el 7 de noviembre, Moreno dijo que las acusaciones de haber cumplido un tiempo en prisión, un viejo rumor en Venezuela, fueron “inventadas” por la “prensa amarillista”.

Aunque ofreció conceder una entrevista a Reuters, luego no respondió las solicitudes para agendar una, ni tampoco a preguntas adicionales vía mensaje de texto sobre su carrera y otros episodios en los que fue acusado de malos manejos.

Ni el TSJ ni el Gobierno de Maduro respondieron a otras solicitudes de comentarios.

Documentos que incluyen un reporte de inteligencia de 2006 de la división de seguridad del Tribunal y un fallo de la máxima corte en contra de Moreno, indican que en el pasado el magistrado fue acusado de estar del lado equivocado de la ley.

En 1989 estuvo involucrado en un tiroteo, y luego en 2007 fue destituido de su cargo de juez en un tribunal menor, por lo que el TSJ de ese momento dijo fue una liberación inapropiada de dos sospechosos de asesinato.

Los adversarios de Maduro sostienen que Moreno ha sido instrumental para apuntalar a un Gobierno que es percibido como cada vez más autoritario.

En los últimos meses, el TSJ ha enviado a cinco alcaldes de la oposición a la cárcel y aprobó la destitución de la fiscal general, que huyó del país a mediados de agosto, uniéndose al creciente éxodo de críticos de Maduro. [nL2N1L9152]

En mayo, el Tribunal presidido por Moreno dio luz verde para que Maduro procediera con las elecciones que dieron origen a la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano legislativo todopoderoso que ha reemplazado a la Asamblea Nacional, y que para muchos, consolidó el talante autocrático del Gobierno socialista.

Al menos 125 personas murieron en los cuatro meses de protestas que se produjeron después de que el poder judicial buscara neutralizar en marzo a la Asamblea.

Luis Velázquez Alvaray

“La mayor afrenta que se le puede hacer a un pueblo es poner a un criminal a dirigir la justicia”, dijo Luis Velázquez Alvaray, un exjuez venezolano que investigó a Moreno en representación del Tribunal Supremo, una década antes de que Maduro lo eligiera para dirigir la máxima corte.

Velázquez agregó que durante su pesquisa encontró un registro del arresto de Moreno emitido después del asesinato del adolescente en 1989. También dijo que investigó una llamada telefónica en la que otro juez, en un caso separado, grabó a Moreno presuntamente presionándolo para que liberara a un sospechoso de traficar armas y droga.

El presidente del Tribunal no es el primer alto funcionario venezolano acusado de abuso de poder.

A principios de año, el gobierno de los Estados Unidos señaló al vicepresidente Tareck El Aissami por narcotráfico y sancionó al propio Maduro acusándolo de “abusar deliberada y repetidamente de los derechos de los ciudadanos” con tácticas represivas. [nL1N1FY1S5]

También sancionó a Moreno y a otros siete jueces del máximo órgano judicial por presuntamente usurpar las funciones del Poder Legislativo y “restringir los derechos y frustrar la voluntad del pueblo venezolano”. [nL2N1IK2NF]

El Gobierno de Venezuela ha desestimado las acusaciones y criticado las sanciones, que prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar negocios con cualquiera de los funcionarios y congelan los activos que los empleados públicos puedan tener en las jurisdicciones de Estados Unidos.

El vicepresidente, El Aissami, ha negado reiteradamente tener cualquier lazo con el narcotráfico y sostiene que Washington lanza “provocaciones miserables” y “viles agresiones”.

Bajo el mandato de Chávez, y ahora con Maduro, el país petrolero, que alguna vez fue uno de los más prósperos de Latinoamérica y que cuenta con las mayores reservas de crudo mundiales, se precipitó hacia una profunda crisis económica que fracturó la estabilidad social.

Después de una votación en octubre en la que los candidatos del oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) vencieron en la mayoría de las gobernaciones, el presidente ha ganado nuevos bríos para desestimar las acusaciones de fraude que lanzaron sus adversarios y defender la legitimidad de su Gobierno.

“Yo no soy un dictador”, dijo Maduro tras la contienda. “Yo tengo bigote, me parezco a (Iósif) Stalin, pero no soy Stalin”, agregó refiriéndose al dictador soviético.

UN HOMICIDIO “RESUELTO”

Existe muy poco en los registros públicos sobre la juventud de Moreno. Nació el 31 de diciembre de 1965 en la ciudad oriental de El Tigre, según documentos fiscales y electorales públicos.

A fines de la década de 1980 registros judiciales, de inteligencia y artículos de periódicos, indican que trabajó como guardaespaldas del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. No está claro cómo se convirtió en escolta o se vinculó al entorno de seguridad del presidente.

Esa época, marcada también por una alta inflación aunque lejos de los estratosféricos niveles actuales, preparó el escenario para la eventual llegada al poder de Chávez, un militar con ideales izquierdistas descontento con el statu quo.

El aumento del enfado y las dificultades económicas produjeron disturbios en 1989, en un episodio conocido como “El Caracazo” donde cientos de personas murieron.

La noche del 26 de abril de ese año, Moreno y otros dos guardaespaldas de Pérez se encontraban en Parque Central, un barrio de clase media de la capital Caracas, según un artículo publicado dos días después en El Nacional, entonces uno de los principales periódicos venezolanos.

Por razones que no están claras, estalló una pelea. Rubén Gil Márquez, un estudiante de 19 años, ingresó a la refriega con un bate de béisbol, dijo el periódico. Los guardaespaldas abrieron fuego contra Gil.

“Escoltas presidenciales mataron a un joven”, se lee en el titular de la portada, sobre una imagen de la madre de Gil, Carmen Romelia Márquez de Gómez, llorando.

La policía arrestó a Moreno, de acuerdo con el periódico, personas familiarizadas con el incidente y un informe de inteligencia preparado hace una década por la división de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia.

Una foto de su arresto, incluida en el informe y fechada la semana después del asesinato, muestra que Moreno fue detenido por una investigación de “homicidio”.

Reuters revisó una copia del informe que el TSJ encargó en el 2006. El Tribunal de 32 miembros ya se mostraba alineado con el Gobierno socialista en ese momento por los nombramientos hechos por Chávez, pero varios jueces habían comenzado a cuestionar la designación de Moreno como juez de control en un tribunal menor.

El informe, que no se había hecho público antes, fue firmado por Luis Enrique Villoria García, director general de la división de seguridad del Tribunal en ese momento.

Reuters no pudo contactar a Villoria para discutir la copia del documento de 19 páginas revisado, al que parece que le falta una página.

Pero los datos allí mostrados sobre el homicidio y la destitución de Moreno del tribunal en 2007 fueron confirmados independientemente por personas familiarizadas con su contenido, que incluyen a un alto funcionario del Gobierno, tres exmagistrados del TSJ y tres altos exfuncionarios de inteligencia.

Detalles importantes sobre el caso de homicidio y el arresto de Moreno siguen sin estar claros. En particular, Reuters no pudo encontrar ningún documento que explicara si Moreno fue juzgado, sentenciado o encarcelado.

El informe señaló que estuvo encarcelado hasta algún momento en 1990, y cita un número de caso criminal por un cargo de homicidio contra él (522755), pero Reuters no pudo encontrar ningún archivo asociado con el caso.

Reuters tampoco pudo acceder a un archivo judicial central en Caracas y el TSJ no respondió a las solicitudes de permiso para revisar el registro.

La madre de Gil murió hace una década, según personas cercanas a la familia.

Dos personas cercanas a Gil relataron a Reuters que los testigos y familiares dijeron en el momento de la pelea que Moreno disparó el tiro que mató al joven.

Estas personas, que pidieron el anonimato por temor a represalias, agregaron que Gil había sido miembro de una pandilla y que una rivalidad no especificada con Moreno había desencadenado la pelea.

Una persona, que dice haber visto el cuerpo de Gil en una morgue de Caracas, dijo que el joven recibió un disparo en la espalda. El certificado de defunción de Gil, revisado por Reuters, cita el disparo como la causa de la muerte.

Tres personas cercanas a la familia dijeron que prosiguió una causa legal tras la muerte de Gil, pero ninguno de ellos sabía qué sucedió con el caso. “He querido denunciarlo durante años, pero tengo demasiado miedo”, dijo una de estas personas.

Moreno nunca ha negado, confirmado o discutido el asesinato de Gil públicamente.

Según una persona cercana a Moreno que habló bajo condición de anonimato, el magistrado le dijo a amigos y colegas que el asesinato fue en defensa propia. Otra persona, que también pidió no ser identificada, dijo a Reuters que Moreno aseguró que cualquier consecuencia legal del asesinato había sido “resuelta”.

En algún momento de 1990 Moreno fue liberado de la cárcel, según el informe de inteligencia, que agrega que Moreno recibió “ilegalmente un beneficio procesal”, sin agregar más detalles sobre la liberación.

En el intercambio de mensajes de texto con Reuters, Moreno disputó la afirmación de que estuvo en la cárcel, diciendo que, como otros detalles del reporte, “tampoco es verdad”. No aclaró ni se refirió directamente a otros pormenores del reporte.

“CASOS POLÍTICOS”

Una vez libre, Moreno obtuvo un título de abogado en la Universidad Santa María, en Caracas. Trabajó como alguacil en el ínterin, según su biografía oficial.

Mientras Moreno estudiaba, Chávez dirigió en 1992 un fallido intento de golpe de Estado contra el gobierno del cada vez más impopular Pérez. Chávez fue encarcelado, pero liberado en 1994 gracias al trabajo de Cilia Flores, una polémica abogada ferviente de las causas de la izquierda.

En la próxima década, Flores se convirtió en una cercana colaboradora de Chávez y jefa de la Asamblea Nacional. También es amiga de Moreno. No está claro como lo conoció, pero años antes Flores también había estudiado derecho en la Santa María.

El Gobierno no respondió a las solicitudes para conversar con Flores y Reuters no pudo contactarla fuera de los canales del Gobierno.

Al terminar su carrera de derecho en 1995, Moreno ejerció dos años como abogado antes de conseguir un empleo como asesor legal en la corporación Alas de Venezuela C.A., propietaria de la aerolínea local Aeropostal.

En ese momento, Chávez había ganado un creciente apoyo de la clase trabajadora venezolana y estaba en camino de ganar las elecciones presidenciales de 1998. Moreno ya estaba alardeando de sus estrechos vínculos con Flores y otros “chavistas” en ascenso.

“Se aseguró que todo el mundo supiera sobre esa relación”, dijo Nelson Ramiz, quien era el propietario de Aeropostal pero que luego cedió el control de la aerolínea y se mudó a Miami en el 2007, luego de una disputa con los reguladores.

Después de tres años en la aerolínea, Moreno trabajó como asesor legal de la policía metropolitana en Sucre, un municipio en el este de Caracas. También comenzó a asesorar a la Asamblea Nacional y se convirtió en juez auxiliar para un distrito en el noreste del país.

Durante el resto de la década de 1990, Moreno alternó su trabajo como abogado y juez, y en ocasiones desempeñada ambos cargos casi al mismo tiempo. No es inusual en Venezuela, que algunos abogados trabajen casi en forma simultánea como jueces.

Pero la elección de algunos de los casos de Moreno generó lo que los críticos consideraron conflictos de intereses. En un episodio, defendió a un sospechoso en un prominente juicio de homicidio, y luego, como juez escuchó cargos relacionados contra otro sospechoso.

Ambos casos están relacionados con muertes por disparos ocurridas durante un fallido golpe de Estado contra Chávez en abril del 2002.

Durante el golpe, se registraron disparos cuando los partidarios de la oposición marchaban hacia el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia. Más tarde, testigos dijeron que vieron a francotiradores en azoteas, pistoleros en un puente y agentes de la policía con armas de fuego en medio del tiroteo.

Cuando la violencia cesó, 19 personas estaban muertas.

Críticos y seguidores de los gobiernos de Chávez y Maduro aún cuestionan el evento, que ha alimentado años de controversia y juicios.

Richard Peñalver, un partidario del chavismo acusado de ser uno de los tiradores, contrató a Moreno como su abogado defensor. En el 2003, Moreno aseguró la absolución de Peñalver, una victoria para el lado progubernamental.

Poco después, pero esta vez como juez de instrucción, Moreno accedió a dirimir si se debía presentar un caso contra Iván Simonovis, un excomisario de la policía de Caracas que enfrentaba cargos relacionados con cuatro de las muertes.

Adversarios de Gobierno argumentaron que los cargos fueron manipulados y que Simonovis se estaba convirtiendo en un chivo expiatorio. También percibieron un conflicto relacionado a Moreno, debido a su papel en exonerar a Peñalver.

Aunque la defensa le pidió a Moreno que se recusara, según uno de los abogados y un miembro de la familia Simonovis, él se negó y envió el caso a un juicio donde Simonovis fue condenado al año siguiente y sentenciado a 30 años de prisión.

Al excomisario, quien está bajo arresto domiciliario por sufrir de una enfermedad, no le está permitido, según los términos de la sentencia, conversar su caso con Reuters.

Pocos jueces estuvieron dispuestos a escuchar el polémico caso.

“Ninguno de nosotros quería hacerse cargo de casos políticos”, dijo a Reuters un exjuez del TSJ. “Aunque Maikel sí, para congraciarse” con el Gobierno de Chávez.

Moreno se estaba acercando cada vez más a figuras de poder, sobre todo a la influyente Flores y a su novio: el confidente y futuro sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. El magistrado y la poderosa pareja empezaron a tener contacto regular, dijo el exjuez.

Fue entonces cuando Moreno comenzó a ejercer su poder sobre otros jueces.

En el 2004, Luis Meléndez, un juez de Caracas, grabó una conversación telefónica en la que Moreno dijo estaba llamando en nombre de José Vicente Rangel, entonces vicepresidente del país.

Preocupado por una llamada previa que había recibido de Moreno, Meléndez grabó la segunda conversación y la entregó a los inspectores internos de la judicatura.

En una copia de la grabación a la que tuvo acceso Reuters, se escucha a Moreno presionando a Meléndez para que libere a Saúl Cordero, un presunto criminal acusado en ese entonces de tráfico de drogas y armas.

Reuters también revisó una transcripción de la llamada impresa en una hoja con el membrete del Tribunal Supremo como parte de la investigación que se le siguió a Moreno en 2006.

“Lo importante es que esté afuera”, dijo Moreno a Meléndez. “Lo que se le tenga que hacer”.

Un alto funcionario del Gobierno y otra persona familiarizada con la grabación dijeron que era auténtica.

Saul Cordero, director de la policía municipal de Caroní (Estado Bolívar) durante la gestión del alcalde José Ramón López.

No quedó claro si Meléndez liberó a Cordero. Pero el acusado nunca fue juzgado por estos cargos y eventualmente fue nombrado jefe de la policía por un alcalde progubernamental en el municipio Caroní, al sur de Venezuela.

Reuters no logró contactar a Cordero, Meléndez ni a Rangel, para que hicieran comentarios.

“GRAVES ERRORES JUDICIALES INEXCUSABLES”

En 2006 la llamada telefónica y el polémico papel de Moreno en los juicios por los sucesos del 2002 eran cada vez más conocidos en los círculos judiciales, según jueces, abogados y otros funcionarios en ese momento activos. El Tribunal Supremo ordenó a su división de seguridad que lo investigara.

El informe de inteligencia resultante sacó a la luz alegatos que acabaron con la primera etapa de Moreno como juez.

El informe sostuvo que los esfuerzos de Moreno para afectar resultados judiciales fueron más allá de sólo presionar a sus colegas.

Citó el testimonio de numerosos testigos que alegaban que Moreno participó en una presunta banda de extorsión -conocida como “Los Enanos”- que se aseguraba pagos de los acusados a cambio de sentencias indulgentes o absoluciones.

Sin embargo, Moreno nunca fue acusado por nada relacionado con supuesta extorsión.

Pero su comportamiento, advirtió el informe, era una amenaza para los tribunales, Chávez y “la Revolución”.

En el 2007, el Tribunal Supremo encontró a Moreno en desacato y lo destituyó como juez de un tribunal de apelaciones. Citando “graves errores judiciales inexcusables”, la máxima corte determinó que Moreno había liberado indebidamente a dos sospechosos de asesinatos, de acuerdo con su fallo.

Reuters no pudo determinar los motivos que llevaron a Moreno a liberar a los dos sospechosos.

A pesar de su expulsión, Moreno mantuvo la calma, según personas que conversaron con él en ese momento. Aliados como Maduro, a quien Chávez nombró como ministro de Relaciones Exteriores, lo ayudarían.

“Maduro y Cilia me protegerán”, dijo Moreno a Ramiz, de acuerdo con el exdueño de la aerolínea, que recuerda una charla con el magistrado poco después de su destitución. Ambos habían mantenido la amistad incluso luego de que Moreno dejara Aeropostal.

Casi de inmediato, Maduro envió a Moreno a un puesto diplomático en Roma. Luego de un año, Maduro lo despachó a Trinidad y Tobago, un país caribeño más cercano a su hogar, en donde ocupó un cargo de negocios en la embajada de Venezuela hasta el 2010. Más tarde, Moreno regresó a Caracas y estudió un doctorado.

Chávez, afectado por el cáncer, murió en marzo del 2013. Maduro, entonces en la vicepresidencia, sucedió a Chávez al siguiente mes, y semanas más tarde, se casó con Flores, que se convirtió así en su primera dama.

Con sus aliados en el poder, Moreno revivió una carrera judicial que según tres jueces superiores habría permanecido moribunda sin esa conexión de alto nivel, dado su arresto por el asesinato en 1989 y su posterior expulsión del sistema judicial.

La Constitución venezolana de 1999, reescrita por Chávez, establece que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia debe “gozar de buena reputación”.

En el 2014, Maduro incorporó a Moreno, ya con un nuevo doctorado en derecho constitucional, en el máximo tribunal.

Desde ese momento, la influencia de Moreno creció.

En febrero del 2017, Maduro lo nombró presidente de la máxima corte, lo que enfureció a sus críticos, incluida Gabriela Ramírez, la entonces defensora del pueblo.

Ramírez intentó infructuosamente desmontar el nombramiento, citando los cargos por los que había sido Moreno expulsado del tribunal de apelaciones.

Con Moreno como líder de la justicia, el TSJ procedió a desechar todos los recursos legales presentados en la máxima corte del país que han desafiado la autoridad de Maduro.

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Con reporte adicional de María Ramírez en Bolívar, Deisy Buitrago, Alexandra Ulmer, Corina Pons, Brian Ellsworth, Andrew Cawthorne y Andreína Aponte en Caracas, Victoria Bryan en Berlín, Stephanie Nebehay en Ginebra y Jorge Pineda en Santo Domingo.

Editado por Brian Ellsworth, Andrew Cawthorne, Paulo Prada y Michael Williams.

Escrito en español por Eyanir Chinea y Deisy Buitrago.

Editado en español por Pablo Garibian.

La Crueldad

Alberto Barrera Tyszka, Prodavinci

Ahora pareciera que cada noticia necesita una ambulancia. No es posible ver y escuchar lo que ocurre y no dar un alarido. Cada vez tenemos más sangre que palabras. El gobierno ha terminado convirtiendo la violencia en su único espectáculo.

El chavismo pasará a la historia como el poder que disfrutó ejerciendo el terror.

Frente a la simple idea de estar cada vez más obligados a negociar, el oficialismo reacciona con una saña todavía mayor: la represión con cinismo, la violencia celebrada, la brutalidad como goce.

Solo así puede explicarse el infierno sistematizado que estamos viviendo y viendo día a día en el país. Las detenciones arbitrarias, el robo a los manifestantes, las golpizas salvajes y en cayapa a cualquiera que se descuide sobre la calle, los juicios express y las condenas por traición a la patria, los traslados a los distintos reclusorios, las torturas, los asesinatos… no es una “violencia desmedida”.

Por desgracia es todo lo contrario: es una violencia perfectamente medida, administrada con rigor, ordenada y ejecutada militantemente. Los excesos de los uniformados no son un desorden. Son un orden. Una orden.

Pero, luego, la violencia permanece y adquiere otra forma terrible: se convierte en humor, en festejo, en placer.

Creo que nunca antes en el país, al menos en la historia política del siglo XX, tuvimos un gobierno que celebrara de esta manera la muerte. El oficialismo ha logrado alcanzar un grado de delirio inconmensurable.

Promueve que perseguir, detener, saquear, golpear, torturar o matar estudiantes, es una virtud. Cuando Maduro condecora al Coronel Lugo está, en el fondo, practicando un rito fúnebre.

Es un acto que no solo permite sino que además honra la violencia sobre la ciudadanía, que enaltece los golpes sobre la experiencia de la democracia. Es otra manera de bailar delante de los cadáveres. Es otra forma de decir “no me importa nada”.

Esta es la única oferta que hoy el chavismo le hace al país: la crueldad. Este es su programa político. Se deleitan con el dolor ajeno.

Demuestran que el país, en el fondo, no les duele. Que el afecto no es su problema. Que son capaces de ejecutar a cualquiera sin remordimientos. Eso hacen con la Fiscal, con Roberto Picón, con todos los detenidos, con quienes salgan a manifestar…

Siguiendo la misma lógica bélica, los cuerpos de seguridad también se comportan como un ejército en territorio enemigo, extranjero. Vienen a saquear y a liquidar, tienen que arrasar con todo. Por eso son crueles y celebran su crueldad. La expone. La muestran con orgullo. No solo creen que es necesaria. Piensan incluso que es buena, noble. Por eso premian sus propios crímenes.

Después de casi 20 años, por desgracia hemos encontrado el gran logro de la revolución: la crueldad. El hombre nuevo es un refrito de lo peor del hombre viejo.

El hombre nuevo es un delincuente con carnet. El hombre nuevo es un asesino con charreteras.

El hombre nuevo no se conmueve con nada. Disfruta el dolor de los otros. Cree que el sadismo también es bolivariano. Se ríe de todo lo que pasa. Nunca pregunta. Dispara primero y, después, vuelve a disparar.