Venezuela, el corazón de las tinieblas

El informe de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos expuso la barbarie del régimen chavista, también sus debilidades. Esa violencia busca aterrar a la oposición pero, además, asfixiar una creciente tensión dentro del propio poder.

Marcelo Cantelmi

Una característica definitoria del régimen chavista es la exhibición de una monumental ausencia de límites.

No es una condición excepcional entre las autocracias. Pero en el caso venezolano, esta particularidad llega a extremos que justifican el asombro.

Hace apenas un puñado de horas trascendió la barbarie de torturas que llevó a la muerte al capitán Rafael Acosta Arévalo a manos del servicio de contrainteligencia militar, un oscuro organismo que se identifica con las siglas Dgcim.

Casi en los mismos momentos, la policía de Táchira le había vaciado los ojos con una perdigonada de 50 proyectiles a Rufo Chacón, un chico de 16 años de edad, quien protestaba en una módica marcha vecinal por la falta de garrafas de gas en su pueblo de Táriba.

Parte de esta barbarie es la que sostiene el informe sobre las violaciones en la Venezuela chavista elaborado por la ex presidente chilena, la socialista Michelle Bachelet.

La funcionaria, que acaba de visitar el país en su rol de Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., reveló que solo el año pasado, la nomenclatura bolivariana acumuló una montaña de 6.856 muertos en ejecuciones extrajudiciales.

El documento cita métodos de tormento y persecución contra opositores o la simple gente que protesta contra las carencias cotidianas, calcados de la pesadilla de las pasadas dictaduras militares en la región.

La experiencia debe haber removido la memoria de la ex mandataria cuyo padre, el general Alberto Bachelet, fue asesinado en 1974 por la tiranía de Augusto Pinochet con los mismos métodos de tormentos que le costaron la vida al capitán Arévalo y cargos construidos con similar cinismo de “traición a la patria”.

Como en la novela de Conrad, “El corazón de las tinieblas”, el horror que Kurtz repite antes de morir.

El gobierno de Nicolás Maduro pasó por encima de las denuncias y de la vidriera tenebrosa de estos últimos casos, y emitió un informe en el que reprocha que la investigación de la ONU no haya recogido los “avances” en derechos humanos del régimen.

Es probable que ni Pinochet se hubiera atrevido a tanto.

Parte de esos “logros”, serían los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, de cuya siglas Clap sale el nombre de las cajas que con algo de alimentos son vendidas a los sectores más necesitados.

Las mismas que el 5 de julio exhibieron los militares chavistas en el desfile del día de la Independencia, una originalidad grotesca en más de un sentido.

Este cronista ya informó en su momento desde Caracas, que en México funciona una empresa de complicado prontuario, la Group Grant Limit, que en Venezuela se afirma que pertenecería a Maduro.

No hay pruebas de esa sospecha. Pero si es conocido que dos de sus dueños son Alvaro Enrique Pulido Vargas y Alex Saab Morán, ciudadanos colombianos que se hicieron millonarios como contratistas del gobierno chavista venezolano.

Pulido Vargas tiene antecedentes de narcotráfico, según detectó Univisión, en un informe que nunca fue desmentido.

Pero lo importante a observar es que la Group Grant Limit es la que coloca en Venezuela la magra bolsa de alimentos Clap que el gobierno vende a valores bonificados a la población carenciada.

Pero que, tras desaparecer rápidamente de los anaqueles de los supermercados del régimen, aparece en el mercado negro a un precio que multiplica el valor original.

Por detrás de esa estrategia negadora y que se reafirma en la existencia de un enemigo externo que será siempre el responsable de las calamidades del país, lo que late es una interna en el poder.

La gravedad de ese litigio es directamente proporcional a la brutalidad que está exhibiendo esta etapa del chavismo.

El caso de Arévalo es sintomático de ese comportamiento.

El capitán fue arrestado el pasado 21 de junio junto a otros seis militares y jefes policiales, entre ellos un general de brigada y dos coroneles.

El argumento -como siempre- fue la existencia de un complot que involucraba a los detenidos.

No es claro si estos funcionarios participaban o no de una conspiración, pero la intención del procedimiento ha sido advertir a las filas castrenses y de las otras fuerzas de seguridad, a lo que se exponen si se salen de la línea.

Maduro no inventa nada nuevo. Es la misma estrategia de sobrevivencia que eligieron los Somoza en Nicaragua, los Duvallier en Haití o el también temible Rafael Trujillo en Dominicana.

Pero lo importante en el análisis, es que esta violencia exuberante del régimen confirma una equivalente inestabilidad dentro del propio aparato.

La principal razón de esas tensiones crecientes es la abismal crisis económica que atrapa el país; o dicho en otras palabras, la desaparición de las fuentes de ingreso que permitían al gobierno mantener atadas sus fidelidades.

Aparte de los datos conocidos de un índice inflacionario cifrado en millones, y la contracción espectacular del país que devoró desde el 2013 la mitad del PBI nacional, aparece el derrumbe de la producción petrolera.

El crudo es la única llave exportadora del país, pero su producción se desplomó por debajo de los 700 mil barriles diarios que apenas atienden las necesidades internas.

La ausencia o el recorte de esos ingresos estratégicos, trabó la bicicleta del sistema cambiario que forjó fortunas entre los adherentes del régimen, trasegando los dólares que producía el crudo.

Por la misma alcantarilla se fue el negocio del contrabando de naftas a Brasil y a Colombia, que se fundaba en el precio subsidiado de los combustibles que el país ya no tiene.

Un diplomático con experiencia en la región concluye que la contradicción entre sobrevivencia y carencias, explica “que el régimen estimule la migración de millones de venezolanos, en particular de las clases media”.

Busca con ese método primario “facilitarse la contención de los sectores económicos más retrasados”, de los que no sospecha rebeliones debido a la necesidad.

Pero lo cierto es que la grieta no está abajo, sino en la superestructura.

Careciente de ideología, en el modelo bolivariano quedan ya pocos negocios que lo justifiquen, incluso los pocos legales que sostenían a la pequeña burguesía local.

De ahí el crecimiento en los últimos años de la protesta de la dirección opositora, en especial desde las legislativas del 2015.

Ese conflicto hacia adentro alimenta las versiones sobre negociaciones previas con altos jerarcas de la nomenclatura, durante la fallida rebelión del 30 de abril en la que la disidencia, apoyada por EE.UU., apostó a que caería Maduro.

El régimen ha sobrevivido hasta ahora aprovechando la impericia de la oposición y haciendo equilibrio sobre un puñado de ficciones.

La propia, de su supuesta identidad revolucionaria progresista, o de la amenaza de una invasión norteamericana inexistente pero que integra la narrativa justificatoria del chavismo.

Del otro lado, en la ficción de la presidencia del líder opositor Juan Guaidó, cuya jerarquía como mandatario interino fue reconocida por más de medio centenar de países, pero que no ha pasado del terreno simbólico.

El agravante ha sido que la disidencia colocó la vara demasiado alta generando frustración e impotencia entre sus seguidores al no alcanzar objetivos enormes pero que consideró al alcance de la mano.

EE.UU. mira ahora con distancia un conflicto que nunca entendió en profundidad y en el que se involucró confiado en esas visiones sencillas.

La acumulación de los errores de la oposición y sus aliados, fortaleció al régimen que acabó haciendo una inevitable lectura equivocada de su pesadilla, agudizando los factores internos y externos que lo acorralan.

La exposición de la barbarie venezolana que revela el informe de Bachelet, no es un dato menor como chacotea el chavismo. Es un alerta sobre que el tiempo acaba.

Y es evidente que dentro del régimen, quizá ya son muchos quienes entienden de qué va ese mensaje.

En defensa del odio

ALBERTO BARRERA TYSZKA, Efecto Cocuyo

Creo que alguna vez conté esta historia pero, ahora, igual viene al caso. Ni modo. La memoria vive de repetir los recuerdos.

Mi hija Camila tenía cinco años y estaba en kinder o preparatoria. Un miércoles, cuando la fui a buscar, salió de la escuela con una mueca de tristeza y de seriedad en la cara.

Le pregunté qué había pasado y, con gran naturalidad, me respondió: “creo la maestra me odia”.

Yo me  preocupé y comencé a tratar de indagar si había ocurrido algo en concreto, por qué decía eso.

Camila me relató una versión de su jornada escolar donde la maestra siempre la regañaba, la criticaba delante de todos, la castigaba sin motivo…

Yo continué preguntado, de forma cada vez más incisiva.

Cuando Camila comenzó a sentir que mi angustia iba en aumento, se detuvo y, nuevamente, con naturalidad, como deseando darme calma,  me dijo: “tranquilo, papá. Ella me odia. Pero yo la odio más”.

Esa fue una de las primeras enseñanzas que me ha dado mi hija en su vida.

Recordé la escena apenas vi a Tania Díaz, en representación de la ANC, junto a Tarek Williams Saab, entregándole al fiscal un “exhorto que exige a las autoridades el cumplimiento de la ley contra el odio”.

Se trata, por supuesto, de una maniobra más para censurar y reprimir a todo aquel que pretenda cuestionar lo que ocurre.

La diputada mostró varios ejemplos de mensajes que promueven la violencia y afirmó que sus autores “intentan sembrar la semilla de odio en el pueblo venezolano”.

Somos una nación en la que todos caben”, sentenció con impasible desparpajo.

El oficialismo habla como si en esta historia todos fuéramos nuevos. Como si apenas ayer hubiera empezado el país. Su discurso siempre parece un involuntario homenaje a Eugène Ioneso.

Los funcionarios del régimen han hecho de la vida pública, un interminable ensayo del peor teatro del absurdo.

Obviamente es cierto que la comunicación pública requiere responsabilidad. Con las redes sociales, a veces, pasa lo mismo que con el alcohol. Así como hay gente que tiene “mala bebida”, que de pronto con unos tragos de más se pone belicosa e impertinente, también hay quienes tienen “mal twitter”, quienes ante el teclado y la pantalla sufren una repentina transformación y escriben sin filtros, desahogando todo lo que cruje en su interior.

Pero eso aplica de manera cabal, y a veces con mucha más precisión, para los nuevos sacerdotes de esta inquisición.

Bastaría, por ejemplo, mencionar que Tania Díaz, en comparsa con Alberto Nolia, pasó un buen tiempo repartiendo pacíficas sornas y cinismos en un programa de VTV que llevaba el beatífico nombre de “Dando y dando”. O recordar los testimonios de las reporteras que fueron amenazadas, perseguidas y agredidas por Tarek Williams Saab, cuando era gobernador y no soportaba ningún tipo de periodismo independiente.

Como en tantos otros casos, el origen del problema no está en lo que se siente sino en lo que se hace con ese sentimiento.

Pasa lo mismo con los deseos. Están ahí. Existen. Respiran debajo de los huesos. Nadie los puede cancelar.

El odio también es parte de nuestra condición. Es tan humano como el cariño o la envidia. Como el hambre o las ganas de orinar.

El odio no es invariablemente una elección, no tiene por qué formar parte de una deliberada decisión por dedicarse al mal.

Todo, por suerte, es mucho más complejo.

También se odia por desesperación, por supervivencia, por indignación. También se puede odiar en defensa propia.

No nos pueden prohibir odiar la hipocresía, odiar la desigualdad, odiar el abuso de poder.

Ese odio que siente cualquier venezolano, que tiene el estómago apretado y la nevera vacía, al ver a Nicolás Maduro con su señora, engullendo felices un pedazo de carne en uno de los restaurantes más caros del mundo, ¿no es acaso un sentimiento natural e ineludible?

Se trata de la misma persona que, con todos sus kilos de más, asegura en la televisión inglesa que en Venezuela no hay hambre. Si estás desnutrido y lo escuchas: ¿qué sientes?

Hay un odio digno, un odio catártico, un odio inevitable, que nace del dolor y de la impotencia. Un odio que es una reacción lógica ante el odio institucionalizado por los poderosos.

¿Qué puede sentir una madre cuyo hijo, menor de edad, fue asesinado en un OLP?

¿Qué puede sentir un ciudadano al ver las pruebas de vejaciones y torturas a los presos políticos?

¿Qué puede sentir cualquiera ante la muerte de un familiar o de un ser querido por falta de insumos médicos en un hospital?

¿Qué puede sentir la mayoría de los venezolanos, condenada a la miseria por un grupo de privilegiados que ha saqueado las riquezas del país, secuestrado sus instituciones, e impuesto su propio orden por la fuerza?

Se puede sentir rabia, frustración, tristeza… pero también odio. Un jugoso, enorme y absolutamente legítimo odio.

El régimen no puede tener control sobre el lenguaje.

Por el contrario, en la retórica oficialista las palabras se pudren cada vez más rápidamente.

Hablan de paz mientras sus bandas armadas disparan contra cualquier manifestación popular.

Hablan de justicia mientras se hacen ricos vendiéndole comida a los pobres.

Hablan de amor mientras niegan la crisis y tratan de silenciar los gritos de sus víctimas.

Y encima… pretenden inhabilitar el odio.

Es otro imposible.

Es parte irremediable del cambio.

Y ninguna ley puede detener a una mayoría empeñada en odiar la opresión, la injusticia y la impunidad.

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ALBERTO BARRERA TYSZKA: escritor venezolano. Premio Herralde de novela 2006. Premio Tusquets de novela 2015. Articulista en The New York Times en español, y de Efecto Cocuyo.

Informe Sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela, presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el 40º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

 

20 de marzo del 2019.

Estoy sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional.

Un equipo técnico de mi Oficina se encuentra actualmente en el país. Considero que esta es una primera medida positiva y confío en que conducirá a un acceso continuo de la Oficina en el futuro.

Es esencial que el equipo tenga acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos.

Desde junio de 2018 -la última vez que publicamos un informe sobre Venezuela-  el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente.

Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas, se han visto especialmente afectados.

Por ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos.

Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes.

La reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país, ha agravado esta situación al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también ha afectado gravemente a los hospitales.

Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país.

La escasez de agua y de gas natural, y el colapso del transporte público, también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales.

El sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil.

La propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de vacunación implementada por el gobierno con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud.

Según una encuesta reciente, más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el país.

Aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población.

Asimismo, me preocupa profundamente la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas.

En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi Oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación.

Sobre muchas de estas preocupaciones hemos hecho hincapié en nuestros comunicados de prensa, y en el informe que presentaremos al Consejo durante el periodo de sesiones de junio, ofreceremos información detallada al respecto.

La Oficina del Alto Comisionado ha seguido investigando las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad.

En el 2018, se informó de -al menos- 205 muertes atribuidas a las FAES. Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero del 2019 en Caracas.

Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de domicilios realizados por las FAES; y, posteriormente, estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno.

En determinados casos, los parientes de las víctimas denunciaron que la Oficina del Fiscal General se había negado explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES.

La mayoría de las víctimas vivía en barrios pobres y había participado en protestas antigubernamentales. Me preocupan, particularmente, los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación.

También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y las alegaciones de que las autoridades han usado arbitrariamente la Ley contra el Odio, aprobada en noviembre del 2017, para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura. Este contexto tiene una importante repercusión sobre el derecho de las personas a la información.

Un resultado directo de esta vasta crisis humanitaria, es que más de 3 millones de personas han huido de Venezuela, en busca de comida, atención médica, empleo y protección.

Muchas de ellas han partido en precarias condiciones de salud y con poco dinero, a veces sin ninguno; y sus dificultades, se multiplican por las prácticas habituales de extorsión y confiscación empleadas por algunos agentes de fronteras. Asimismo, los venezolanos se enfrentan a enormes obstáculos para conseguir la documentación que les permita facilitar la migración ordenada y el acceso a la educación y el empleo en otros países.

Los países de la región se han visto confrontados a la llegada masiva de personas que a menudo presentan necesidades humanitarias urgentes y cuyos derechos humanos requieren protección.

Esas personas necesitan que se realicen esfuerzos considerables y coordinados de regularización y reunificación familiar, y a veces necesitan también acceso urgente a la atención médica, comida y vivienda, así como al empleo o la educación.

Aplaudo los esfuerzos que han realizado los países receptores de la región para abordar las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos, y les aliento a que continúen el combate contra la xenofobia y la discriminación, y mantengan el acceso a su territorio.

La polarización está agravando una situación ya de por sí crítica. Es preciso que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos los interesados, con medidas para mejorar una amplia gama de problemas urgentes de derechos humanos.

Exhorto a las autoridades a que adopten esas medidas para demostrar su compromiso real con la resolución de los numerosos desafíos, presentes en todo el país.

Y quiero insistir en el compromiso permanente de mi Oficina de trabajar con todos los interesados pertinentes en los esfuerzos que realizan para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela.

LAS 50 CIUDADES MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO EN EL 2018

Carlos Martell, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal

Con una tasa de 138.26 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2018, la mexicana Tijuana fue la ciudad más violenta del mundo.

Al igual que en 2017 la ciudad más violenta del mundo es mexicana.

La segunda ciudad más violenta también es mexicana: Acapulco.

La tercera es Caracas, Venezuela.

De las 5 ciudades más violentas, 4 son mexicanas: Tijuana, Acapulco, Victoria y Juárez.

De las diez ciudades más violentas 5 son mexicanas. Además de las mencionadas, figura Irapuato.

México es el país con el mayor número de ciudades entre las 50 más violentas del mundo: 15. De este modo desplaza a Brasil, que durante varios años presentaba el mayor número de ciudades.

Es de destacar que Brasil tiene una población 67 % mayor a la de México y presenta un mayor número de urbes, diferencias que acentúan la gravedad de la violencia urbana en México.

Al ranking de 2018 ingresaron las ciudades mexicanas de Irapuato, Ensenada, Coatzacoalcos, Celaya, Uruapan y Cancún, que nunca habían figurado. Mismo caso es el de Ciudad Bolívar en Venezuela.

De las 50 ciudades del ranking 2018 se ubican

15 en México,

14 en Brasil,

6 en Venezuela,

4 en Estados Unidos,

3 en Sudáfrica,

2 en Colombia,

2 también en Honduras

y hay una de Guatemala, El Salvador, Puerto Rico y Jamaica.

Cuarenta y siete ciudades se ubican en el continente americano y 42 en América Latina.

En las 50 ciudades, la tasa promedio fue de 58,10 (38.192 homicidios dolosos entre 65.735.021 habitantes).

Pero sólo las primeras 16 ciudades superaron ese promedio.

Además de la gravedad de la violencia urbana en México, otras tendencias relevantes que este estudio periódico revela son:

1) Se mantiene la tendencia a la baja en ciudades de Centroamérica, en particular en Honduras.

San Pedro Sula, Honduras fue -cabe recordar- la ciudad más violenta del mundo por cuatro años consecutivos: del 2011 al 2014. Pero en el 2018 la tasa de 46,67 homicidios por cada 100 mil habitantes, es un 75 % inferior a la máxima tasa alcanzada en el 2013 que fue de 187,14.

La también hondureña ciudad de Distrito Central o Tegucigalpa, capital del país, se mantuvo entre 2011 y hasta 2016 entre las 10 más violentas del mundo. En el 2018 tuvo una tasa de 43,30 homicidios por cada 100 mil habitantes, un 58 % inferior a la tasa máxima alcanzada en el 2012 que fue de 102.

La ciudad de Guatemala de una tasa de 96,04 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2010 pasó a una de 43,73 en el 2018: un 54 % menos.

San Salvador tuvo en el 2012 una tasa de 32,48 por cada 100 mil habitantes como consecuencia de la tregua entre pandillas, pero en el 2014 la tasa subió a 61,21 y en el 2015 a 108,54, como resultado del fin de la mencionada tregua.

Pero en el 2018 se registró una tasa de 50,32, que es un 54 % inferior a la de 2015.

2) Cada vez menor violencia urbana en Colombia.

En el ranking 2018 sólo figuran las ciudades de Cali y Palmira. La violencia persiste sobre todo en algunas zonas rurales, en virtud de la acción de grupos guerrilleros y bandas de delincuentes sin excusas políticas, y en algunos municipios las tasas son muy elevadas. Pero la tendencia del país en su conjunto sigue siendo a la baja.

3) Disminución de la violencia en algunas ciudades de Brasil.

En la edición 2018 del ranking ya no figuran 3 ciudades brasileñas, incluidas en el del 2017, cuyas tasas fueron inferiores a la ciudad que ocupó la posición 50 en el 2018.

Asimismo las ciudades de Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Manaus y Natal, tuvieron importantes bajas en la incidencia de homicidios.

4) La dificultad para reconocer la magnitud de la violencia homicida en Venezuela es todavía mayor.

Desde años anteriores, pero sobre todo en el 2018 nos enfrentamos a un nuevo fenómeno que expresa la muy grave crisis que en todos los órdenes que enfrenta Venezuela: la creciente incapacidad de contar a sus muertos.

Desde hace años las autoridades han dejado de publicar estadística criminal y los diarios se dieron a la tarea de realizar recuentos mensuales, a partir de las propias notas periodísticas.

Pero ahora hasta estos conteos son escasos o inexistentes.

La crisis general ha golpeado duramente a los medios y su labor de suplir la ausencia de información oficial.

5) El fracaso de las políticas que buscan que el Estado eluda su obligación de aplicar la ley penal y el éxito de las contrarias.

Ante las crisis de violencia e inseguridad es recurrente la promoción de políticas erróneas para supuestamente resolver el problema, las cuales tienen en común que el Estado renuncie o eluda su obligación de ejercer coerción contra quienes violan la ley.

Entre estas políticas destacan: la legalización de las drogas; los subsidios tendientes a aminorar la pobreza y otros factores socioeconómicos, supuestamente causantes del delito; negociaciones con los agentes de la violencia (treguas, amnistías).

Estas políticas una y otra vez han probado su inoperancia.

Ni en Colombia ni en Honduras las drogas fueron legalizadas y experimentaron acentuadas bajas de la violencia.

Los altos niveles de violencia ocurren también en ciudades en las que la pobreza ha bajado y ha mejorado el bienestar.

Las negociaciones con criminales pueden hacer bajar por un breve periodo la violencia para luego repuntar, como demuestra el caso de El Salvador.

No es la aplicación de la ley lo que provoca la violencia, sino precisamente la no aplicación o la falta de eficacia y eficiencia en su aplicación.

La experiencia de Colombia y Honduras así lo prueban de modo fehaciente.

Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2018

Posición

Ciudad País Homicidios Habitantes

Tasa

1 Tijuana (área metropolitana) México 2,640 1,909,424 138.26
2 Acapulco México 948 857,883 110.50
3 Caracas Venezuela 2,980 2,980,492 99.98
4 Victoria México 314 365,089 86.01
5 Juárez México 1,251 1,462,133 85.56
6 Irapuato México 473 580,808 81.44
7 Guayana Venezuela 645 823,722 78.30
8 Natal Brasil 1185 1587055 74.67
9 Fortaleza Brasil 2,724 3,939,460 69.15
10 Ciudad Bolívar Venezuela 264 382,095 69.09
11 Cape Town Sudáfrica 2,868 4,322,031 66.36
12 Belém Brasil 1,627 2,491,052 65.31
13 Cancún México 547 848,465 64.47
14 Feira de Santana Brasil 386 609,913 63.29
15 St. Louis EEUU 187 308,626 60.59
16 Culiacán México 585 966,609 60.52
17 Barquisimeto Venezuela 683 1,205,142 56.67
18 Uruapan México 189 346,640 54.52
19 Kingston Jamaica 639 1,180,771 54.12
20 Obregón México 179 343,613 52.09
21 Maceió Brasil 521 1,012,382 51.46
22 Vitória da Conquista Brasil 172 338,885 50.75
23 Baltimore EEUU 309 611,648 50.52
24 San Salvador El Salvador 906 1,800,336 50.32
25 Aracaju Brasil 463 949,342 48.77
26 Coatzacoalcos (área metropolit.) México 162 335,077 48.35
27 Palmira Colombia 149 310,608 47.97
28 Maturín Venezuela 257 544,069 47.24
29 Salvador Brasil 1,849 3,914,996 47.23
30 Macapá Brasil 233 493,634 47.20
31 Cali Colombia 1,209 2,570,905 47.03
32 Celaya México 240 510,787 46.99
33 San Pedro Sula Honduras 363 777,877 46.67
34 Ensenada México 253 542,896 46.60
35 Campos dos Goytacazes Brasil 233 503,424 46.28
36 Tepic (área metropolitana) México 230 512,387 44.89
37 Manaus Brasil 944 2,145,444 44.00
43 Guatemala Guatemala 1,411 3,226,974 43.73
38 Recife Brasil 1,738 3,975,411 43.72
39 Distrito Central Honduras 538 1,242,397 43.30
40 San Juan Puerto Rico 143 337,288 42.40
41 Valencia Venezuela 678 1,600,662 42.36
42 Reynosa México 295 711,130 41.48
44 João Pessoa Brasil 460 1,112,304 41.36
45 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 478 1,220,616 39.16
46 Detroit EEUU 261 673,104 38.78
47 Durban Sudáfrica 1,562 4,055,969 38,51
48 Teresina Brasil 324 861.442 37,61
49 Chihuahua México 352 938.713 37,50
50 New Orleans EEUU 145 393.292 36,87

LA GENERACIÓN DEL HAMBRE

Nacieron en el 2013, cuando la crisis alimentaria se agravó en Venezuela. Tienen 5 años, están desnutridos, y el daño provocado a su salud es irreparable. El Pitazo en alianza con CONNECTAS recorrió ocho ciudades y, con ellas, ocho realidades distintas. Estas son las historias de los niños que crecen en desventaja por nacer en medio de la emergencia humanitaria que vive el país.

Una investigación de Johanna Osorio Herrera / Armando Altuve, María Vallejo, Sheyla Urdaneta, Jesymar Añez, Liz Gascón, Mariangel Moro, Rosanna Batistelli, equipo de corresponsales de El Pitazo, en alianza con CONNECTAS.

A Juan Luis se le pueden contar los huesos sobre la piel: está desnutrido. Su diagnóstico lo determinaron los especialistas del Hospital Materno Infantil de Tucupita, en Delta Amacuro —estado con una de las mayores poblaciones indígenas del país— donde estuvo internado en agosto de 2018 por diarrea crónica.

Es posible que no sea la única vez que esté hospitalizado durante el resto de su vida. Las secuelas del hambre antes de los cinco años, su edad, son irreversibles.

En su adultez, Juan Luis será más propenso que otros hombres a padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes; también a rendir menos laboralmente, o tener deficiencias intelectuales, todo como consecuencia del hambre que hoy padece.

Desde la concepción hasta los cinco años, especialmente los primeros 1000 días, cumplidos después de los dos años y medio de vida, se desarrolla 75 por ciento o más del tejido cerebral y su constitución. El esquema neuronal, que permite al ser humano percibir su entorno: ver, oler, escuchar y reaccionar ante los estímulos, queda definido en esta etapa: la primera infancia, de acuerdo con organismos internacionales vinculados al cuidado de la niñez, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El crecimiento de Juan Luis depende de lo que coma. Si se alimenta bien, su circuito neuronal será favorable para su adultez. Si no lo hace, el daño provocado a su cuerpo y su cerebro será irreparable.

Juan Luis no come bien, aunque su mamá intente remediarlo. No puede porque su familia es pobre, como 87 por ciento de las familias venezolanas, de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2017, realizada por universidades y organizaciones no gubernamentales.

Su historia no es la única; se repite en muchos niños de su edad. Hasta marzo de 2018, en Venezuela, sólo 22 por ciento de los niños menores de cinco años tenían un estado de nutrición normal, según el informe Saman, de Cáritas.

Comer de forma adecuada es uno de sus principales derechos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Juan Luis debería tener siempre “acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias”. Es el Estado quien debe garantizarle el alimento, pero no lo hace.

De acuerdo a Encovi 2017, en 80 por ciento de los hogares venezolanos hay hambre (término que engloba la desnutrición en todas sus fases), o inseguridad alimentaria, como la denomina la FAO. Y, de acuerdo a lo que sugiere la FAO, esto confirma la emergencia humanitaria, alcanzada cuando un país “en un determinado año no puede colmar con sus propios recursos el déficit de alimentos provocado por un desastre y necesita, por tanto, ayuda alimentaria externa”.

En Venezuela, la desnutrición infantil es la prueba de la emergencia, específicamente, la desnutrición aguda global en niños menores de cinco años, como Juan Luis, nacido en 2013, año que Nicolás Maduro asumió la Presidencia de la República.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) si 10 por ciento de los niños (menores de cinco) de un país padecen desnutrición —porque no han tenido una cantidad suficiente de alimentos y los que ha ingerido no tenía los nutrientes necesarios—, se deben activar protocolos de atención para crisis humanitaria. Rebasar el umbral de 15 por ciento indica una situación de emergencia de salud pública de carácter humanitario.

En Venezuela, la desnutrición aguda global en niños de esta edad alcanzó 10 por ciento en enero de 2017, y superó el umbral de 15 por ciento entre septiembre y diciembre, cuando llegó a 16 por ciento, según estudios de Cáritas Venezuela. La cifra subió a 17 por ciento durante el primer trimestre de 2018.

Los niños con hambre en Venezuela contrastan con el Plan de la Patria —la carta estratégica presentada por Chávez para su reelección y retomada por Maduro— que establece como uno de sus objetivos generales “lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación”, y como meta estratégica “asegurar la alimentación saludable de la población, con especial atención en la primera infancia”.

Las cifras revelan una realidad que el gobierno se esfuerza en negar.

En Venezuela, desde septiembre de 2017, existe una emergencia humanitaria, que podría mejorar si se acepta ayuda alimentaria externa. Tiene su origen en las erradas políticas socioeconómicas tomadas desde hace 15 años por Hugo Chávez, y perpetuadas por su sucesor Nicolás Maduro, provocando una profundización de la desnutrición desde el 2013.

 

Lo que el hambre deja

 Valentina tiene 5 años, pero su cuerpo parece el de una niña más pequeña. Mide 86 centímetros y pesa 9 kilos, cuando debería medir un poco más de un metro y pesar el doble. No habla, se aísla, y las únicas sonrisas fáciles se las provoca Carmen Toro, la mujer que la cuida. Es exnovia de su papá, quien hace meses la abandonó, ya desnutrida, en el hogar de lata donde viven, en la pobre comunidad de Valles del Tuy, en las periferias de Caracas; seis meses antes, su mamá biológica también la abandonó, y la dejó con su padre.

En cambio, Dayerlin es más extrovertida. Debe serlo, para poder comer: de día, la niña de 5 años mendiga dinero y alimento en Monagas, estado oriental del país; de noche, duerme con su madre y sus siete hermanos en un intento de casa, un espacio de 5 metros de largo por 6 metros de ancho, que es cuarto, cama y baño a la vez.

Según estudios de Cáritas Venezuela, un poco más de la mitad de los hogares de algunas de las parroquias más pobres del país recurren a contenedores de basura y a la mendicidad para conseguir comida. Y, de acuerdo a los registros de la emergencia pediátrica del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en Monagas, donde vive Dayerlin, muchos de los niños de esas familias pobres no alcanzan, siquiera, a crecer: 42 lactantes han fallecido durante 2018 por desnutrición, un promedio de 4,6 decesos al mes. 70 por ciento de esos bebés, es decir 28, vivían en la zona urbana de Maturín mientras que el resto en otros municipios.

A Valentina y Dayerlin las separan 485 kilómetros de distancia, pero las une la pobreza, el hambre, y sus consecuencias. Falta mucho para que sean mujeres, pero su adultez es predecible, por el hambre que han sufrido: enfermedades cardiovasculares, diabetes, hijos enfermos; discapacidad para aprender y facilidad para ser manipuladas; tendencia a la violencia y el uso de drogas.

El daño provocado por la desnutrición a los niños venezolanos —física, intelectual y emocionalmente— es irreparable, según los expertos en desarrollo infantil.

“Socialmente, el hambre en Venezuela ha generado un deterioro de las relaciones intrafamiliares. Hay peleas por la comida, hay niños robándose las loncheras entre sí, niños maltratados porque se comieron los huevitos que eran para el otro muchachito. Hay roles familiares invertidos, padres y madres que se suicidan porque no se sienten capaces de comprar la comida suficiente y, a nivel vecinal, el problema del hambre generó un quiebre entre nosotros enorme”, explica Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres, integrante del equipo de investigadores de Cáritas Venezuela.

“Yo una vez vi el maltrato a una niña que se tomó un agua que era para una sopa, una niña wayuu. La madre fue y le pegó a la niña porque el único baldecito de agua que había era para hacer una sopa. Esa niña se tomó el agua porque tenía sed. Entonces, cuando asocias tus necesidades más básicas a maltratos y abandonos vas a ser un ser humano que va a crecer con un estado de vacío y desasosiego para toda su vida y ese daño afectivo del que pasas a la adultez con ese hueco adentro, va a generar para siempre problemas de adicción, problemas de estabilidad, estos son muchachos que están ahora de delincuentes insaciables”.

Las consecuencias de la desnutrición en niños, que ahora padece Venezuela, ya ha sido estudiada en países vecinos. Cuenta Raffalli que en 2012 se publicó un estudio hecho en una población rural en Guatemala, donde se siguió el desarrollo de un grupo completo de niños, hijos unos de madres desnutridas y otros no.

Al llegar a su adultez, se comparó a los campesinos de 20 y 30 años, que trabajaban cortando caña, y se contrastó su rendimiento en el corte de la caña. La diferencia fue hasta de 40 por ciento en la cantidad de caña cortada y, por lo tanto, del ingreso.

La nutrición en sus primeros mil días de vida determinó que, una vez adultos, unos fuesen 40 por ciento más productivos que otros. En el caso de las mujeres concluyeron que las niñas desnutridas tenían tres veces más posibilidades de parir niños de bajo peso, que las que fueron bien alimentadas en su infancia.

“Estás determinando, en ese momento, lo que va a pasar después (…).

Después de dos años de monitorear esto en parroquias pobres del país, vemos que el retardo del crecimiento subió de 18 por ciento en el año 2016, a 30 por ciento en 2018; es decir, que 30 por ciento de los niños que, incluso, rescatamos de la desnutrición y ya pesan su peso normal, tiene retardo del crecimiento.

Son niños que quedan en un rezago para siempre, no solamente biológico, sino cognitivo. Estos son niños que no vas a ver que se distinguen, no lo vas ni siquiera a notar. Estos son niños que aprenden a leer, a escribir, juegan, se ríen, van a ir al colegio, pero no van a llegar nunca a la universidad, no van a tener empleos de buena productividad”, asegura Raffalli.

La OMS considera que la proporción de niños con retardo en el crecimiento no debe superar el cinco por ciento. Otros países de América Latina lograron disminuir su índice de niños con retardo de peso y talla ofreciendo a las familias agua potable, vacunación completa, desparasitantes, dispensarios, suplementos nutricionales y raciones de alimentación familiar.

“Con todo eso, el promedio latinoamericano de disminución de la proporción de niños con retardo del crecimiento es de 1,5 puntos porcentuales por año. Entonces si ya lo tienes en 33 por ciento (como Venezuela), bajarlo al 5 por ciento que la OMS considera apropiado, te va a tomar 25 años. 25 o 30 años son tres generaciones”, advierte Raffalli.

“Esto compromete incluso pensamientos de libertad a futuro. Esos son niños que van a ser madres y padres de la pobreza, que van a volver a votar por un presidente populista. Esto se perpetúa. Esto tiene implicaciones generacionales, implicaciones para siempre. Esto significa muchos años de atraso, al menos tres generaciones”.

El 10 de septiembre de 2018, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo que el organismo ha recibido desde junio información sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y enfermedades que se pueden prevenir en Venezuela.

Fue durante ese mes, junio, cuando la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) examinó la crisis alimentaria venezolana, recabó pruebas, entrevistó expertos y concluyó que: “el Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis sanitaria y alimentaria, no se habían adoptado las medidas y las reformas normativas que se necesitaban con urgencia para hacer frente a la crisis y sus causas fundamentales, no cumpliendo así su obligación internacional de hacer todo lo posible para asegurar el ejercicio de los derechos a la salud y la alimentación, incluso recurriendo a la cooperación y asistencia internacionales”.

El hambre en Venezuela es evidente

La FAO, que en 2013 premió al gobierno por “reducir a la mitad el porcentaje y el número de personas con hambre o subnutrición en el país antes de 2015”, calificó negativamente a Venezuela en 2017, por ser el país con la mayor alza en subalimentación, y lo responsabilizó de “la merma general del desempeño de la región en su lucha contra el hambre”: más de la mitad de las personas que engrosaron el número de subalimentados en América Latina, desde 2015, fueron venezolanos.

Un año más tarde, en noviembre de 2018, el panorama es aún más grave: el director de estadística de la FAO aseguró que la tasa media de subalimentación en Venezuela, entre 2015 y 2017, fue de 11,7 por ciento de la población, es decir, 3,7 millones de venezolanos comen mal, casi cuatro veces más que en el trienio 2010-2012.

La cantidad de venezolanos mal alimentados es superior a la población de Uruguay, que, según su último censo, no llega a tres millones y medio de habitantes.

Por su parte, en su último informe sobre el país, Human Rights Watch advirtió que “las personas afectadas por inseguridad alimentaria son menos propensas a cumplir con sus tratamientos médicos debido a que, con recursos limitados, deben atender diversas necesidades humanas”.

En Venezuela, donde 87 por ciento de las familias son pobres, la mayoría no puede suplir necesidades tan básicas como comida o salud. Niños y padres enfermos, desnutridos, y en medio de un contexto económico adverso, no pueden escapar del hambre.

“La desnutrición ya parece una epidemia, una enfermedad contagiosa”, asegura Ingrid Soto de Sanabria, pediatra y nutrióloga del hospital pediátrico J.M. de los Ríos. El hambre en Venezuela inició un ciclo difícil de romper.

La herencia de Chávez que Maduro agudiza

Maikel nació el 29 de diciembre de 2012 en Portuguesa, lugar que también es llamado el Granero de Venezuela. Fue uno de los 619.530 niños que nacieron ese año, la última cifra de natalidad publicada en el país.

El estado llanero, reconocido en otrora por su alta producción agrícola, y donde ahora escasea la comida, es el hogar del niño, que nació justo un día antes de que Nicolás Maduro, entonces vicepresidente de Venezuela, advirtiera en cadena nacional que Hugo Chávez estaba delicado de salud, después de someterse a una cirugía para intentar curarse del cáncer que padecía.

Nació, también, 21 días después de que el mismo Chávez se dirigiera al país, el 8 de diciembre, para pedir que, si ocurría algo que lo inhabilitara, Maduro fuese elegido como su sucesor en el poder. “Yo se los pido, desde mi corazón”, dijo. Tres meses después. el 5 de marzo, Maduro anunciaba al país la muerte de Chávez.

Al nacer, Maikel pesó 1,440 kilogramos, más de un kilo por debajo del peso mínimo adecuado (2,500 kg), según la OMS; y cumplía casi cuatro meses de vida cuando, el 14 de abril de 2013, como Hugo Chávez lo pidió, Nicolás Maduro fue electo presidente de Venezuela, y heredó el país, y sus problemas económicos.

En el 2002, una década antes de que Maikel naciera, la expropiación de empresas, emprendida por Hugo Chávez, inició la caída de la capacidad productiva del país.

La bonanza petrolera que vivió Venezuela desde 2004 hasta 2013 no fue aprovechada para estimular la producción nacional ni para el diseño y cumplimiento de estrategias económicas que mantuvieran estable a la nación en momentos de recesión económica.

El dinero se destinó a políticas populistas, entre ellas las misiones sociales, que fortalecieron la aceptación del gobierno, pero incrementaron 50,7 por ciento el gasto público. Esta estrategia fue admitida en 2014 por el ex ministro de Planificación y Finanzas Jorge Giordani, quien afirmó que era “crucial superar el desafío del 7 de octubre de 2012”, refiriéndose a las elecciones que ganó Chávez “con un esfuerzo económico y financiero que llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos”.

El precio del petróleo, y el modelo económico venezolano, dependiente de este rubro, dio al gobierno una aparente estabilidad, pero las consecuencias del derroche fueron evidentes tras la baja de los precios del petróleo: los gastos del Estado comenzaron a ser superiores a los ingresos por exportación de crudo e impuestos (déficit fiscal), causando una creciente inflación y la caída del poder adquisitivo del venezolano.

Así, el hambre comenzó a dar sus primeros pasos. La llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, y su perpetuación de las medidas económicas iniciadas por Chávez, representó la profundización de la crisis económica y política: el contexto de la hambruna de los niños venezolanos.

“Cuando ya llega Maduro al poder en el año 2013, la situación económica de Venezuela era bastante precaria en términos de déficit externo e importaciones (…).

¿Qué decidió Maduro, en vez de ofrecer un plan de estabilización de la economía, de resolver este desequilibrio, de buscar financiamiento internacional?

Optó por una política de constreñimiento. Como tenía un hueco externo, lo que hizo fue reducir fuertemente el nivel de importaciones del país. El último año de crecimiento de la economía venezolana fue el año 2012, obviamente provocado por esa bonanza ficticia que ofreció el gobierno de Hugo Chávez, un poco buscando su reelección.

Se gastó lo que se tenía y lo que no se tenía, hubo un financiamiento brutal en términos de importaciones y fue el último año en el que la economía creció. En el 2013, la contracción empezó a crecer, primero con números bastante manejables. Estamos hablando de contracciones que no superaban el cinco por ciento.

Pero, con el paso del tiempo, el nivel de contracción de la economía venezolana fue ampliando”, explica Asdrúbal Oliveros, economista (Summa Cum Laude) de la Universidad Central de Venezuela y director de la empresa de análisis de entorno Ecoanalítica.

En las casas de Juan Luis, Valentina, Dayerlin y Maikel no hay neveras o, si hay, no funcionan. No las extrañan, pues tampoco tienen con qué llenarlas. Las neveras vacías, que se reflejan en lo pómulos pronunciados, clavículas expuestas y manitos delgadas de los niños venezolanos, fueron pronosticadas varios años antes, pero al Estado venezolano no pareció importarle.

En el 2013, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su estudio anual Perspectivas de la economía mundial, advertía el detrimento de la economía venezolana: “Se prevé que el crecimiento del consumo privado en Venezuela disminuirá a corto plazo tras la reciente devaluación de la moneda y la aplicación de controles cambiarios más estrictos”.

Ese año, el Producto Interno Bruto venezolano cayó de 5,5 por ciento a 1,3 por ciento, mientras el de América Latina y el Caribe se mantuvo en 2,9 por ciento.

Dos años más tarde, una vez más, el FMI advirtió la potencial crisis económica que se avecinaba.

En su informe mundial anual de 2015 señalaba: “Venezuela sufrirá, según las previsiones, una profunda recesión en 2015 y en 2016 (–10% y –6%, respectivamente) porque la caída de los precios del petróleo que tiene lugar desde mediados de junio de 2014 ha exacerbado los desequilibrios macroeconómicos internos y las presiones sobre la balanza de pagos. Se pronostica que la inflación venezolana se ubicará muy por encima del 100% en 2015”.

El pronóstico fue superado por la realidad. La economía venezolana inició una caída de cinco años consecutivos, que ya alcanza un 57 por ciento, y aún no se ha detenido. Es el deterioro más profundo que ha sufrido un país en los últimos 50 años, afirma Oliveros. “Además, destaca esta caída porque se da en un país que no tiene un conflicto bélico ni interno ni con sus vecinos, y tampoco ha pasado por un desastre natural. Es una caída cuya responsabilidad única es por el mal manejo de políticas económicas que ha reducido el tamaño de la economía venezolana en forma considerable”.

Los años de omisiones del Estado ante el detrimento de la economía, sumado a la baja de las importaciones, la falta de producción nacional, cierres de empresas, y negación de divisas para la adquisición de materia prima, desencadenaron una grave escasez e inflación, que afectó la disponibilidad y acceso a alimentos. Sin comida ni dinero para comprarla, la dieta del venezolano empezó a deteriorarse.

—¡Mamá, tenemos hambre!—, exclaman, piden, María Victoria y María Verónica.

—No tengo nada, vamos a acostarnos. Mañana veré que les doy—, responde su mamá, Dayana, desconsolada. Y mientras ellas obedecen y duermen, ella se desvela llorando.

Las gemelas, de cinco años, y sus dos hermanos, duermen con hambre la mayoría de las noches. De día, tampoco comen bien: su dieta es arroz, pasta, harina, azúcar y granos, alimentos distribuidos por el Estado en cajas que llegan cada 15 días al barrio La Batalla, de Barquisimeto, estado Lara.

La familia tiene cinco meses sin comer carne o pollo. Las gemelas, que nacieron el 5 de enero de 2013, pesan 14 kilos y miden 1,02 metros, cuatro kilos y seis centímetros por debajo del peso y talla adecuados para su edad. Su diagnóstico es el mismo de Juan Luis, Maikel, Valentina y Dayerlin: están desnutridas, como casi la mitad de los niños venezolanos de su edad. Son parte de la generación marcada por la crisis, la generación del hambre.

En su informe de marzo de 2018, Cáritas Venezuela concluyó que 44 por ciento de los niños venezolanos menores de cinco años estaban desnutridos, el doble de casos registrados en enero de 2017.

A la cifra se suma otro 37 por ciento de niños de la misma edad, que están en riesgo de padecer desnutrición. En marzo de 2018, sólo 22 por ciento de los niños venezolanos menores de cinco años se alimentaban adecuadamente.

El hambre de los niños de esta generación desnutrida va de la mano con la carencia de comida. Según el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria, el consumo de carnes y aves en niños menores de cinco años disminuyó de 41 por ciento a 22 por ciento, entre 2016 y 2017; la ingesta de pescado disminuyó de 24 a 12 por ciento, en el mismo período; el consumo de lácteos bajó de 59 a 26 por ciento, y el de los huevos —la proteína más económica— cayó de 47 a 29 por ciento.

De acuerdo a la empresa venezolana Econométrica, la escasez pasó de 68 por ciento en septiembre de 2017 a 83,3 por ciento en 2018. Los platos semi vacíos son la prueba del deterioro de la dieta.

—Antes no comíamos bien, así mucho, pero sí comíamos. A veces pollo, caraoticas, arroz, pasta con su salsita. Ahorita no—, se lamenta Dayana.

El 7 de marzo de 2018, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, David Beasley, calificó como “catastrófica” la crisis alimentaria en Venezuela. Esa vez, no hubo pronunciamiento por parte del gobierno venezolano, quien acababa de conmemorar el quinto aniversario de la muerte de Hugo Chávez.

Tres meses antes, el 26 de enero, fue desatendida también la advertencia que hizo Unicef sobre la desnutrición infantil en el país:

“Un número en aumento de niños en Venezuela está sufriendo de desnutrición como consecuencia de la prolongada crisis económica que afecta al país. Si bien no se dispone de cifras precisas debido a la data oficial limitada de salud y nutrición, hay claros indicios de que la crisis está limitando el acceso de los niños a servicios de salud de calidad, medicamentos y alimentos. La agencia de los niños hace un llamado para la implementación de una rápida respuesta a corto plazo contra la malnutrición”.

Aunque la preocupación de los organismos internacionales es reciente, la malnutrición no, afirma Marianella Herrera, nutricionista del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, directora de la Fundación Bengoa, e integrante del equipo de investigación de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición:

“Esto tiene más tiempo del que parece. En lo particular, recuerdo que hicimos una investigación cuando existía la Misión Mercal, en Caracas. Lo que encontramos es que había una estrecha relación entre ser obeso, comprar en Mercal y pertenecer a un hogar con inseguridad alimentaria. La obesidad es hambre oculta. El programa ofrecía productos más económicos, pero pobre en nutrientes (…). Si lo vemos en el tiempo, esta crisis comienza alrededor del año 2011, 2012. Fue una crisis de inseguridad alimentaria de instalación lenta, por eso ha sido muy difícil convencer al mundo. Comenzó con la obesidad, y luego, cuando se acabaron las calorías, ocurrió este cambio drástico”.

El hambre y la caída de la economía van de la mano, asegura Herrera. “Cuando el Estado garantiza un ingreso digno, garantiza la adquisición de las necesidades básicas. La alimentación es una de esas. La crisis de la producción nacional, provocada tras la ley de expropiación de tierras, ocasionó la merma de productos locales (…). La radicalización del modelo socialista hizo que se perdiera la estructura económica”.

La mamá de Carlos no es experta en economía o modelos socialistas, apenas escribe su nombre con dificultad. Pero, esto no le hace falta para saber que sus hijos no se alimentan bien. Con 22 años y madre de cuatro niños, debe quedarse en casa a cuidarlos, mientras el padre trabaja. Lo que gana el esposo alcanza solo para comprar algún carbohidrato, como pasta o arroz, y un poco de queso, pollo o sardinas. Nunca todo, nunca suficiente.

No es la única familia que padece estas condiciones. De acuerdo con Encovi, en 2017, 89 por ciento de los hogares venezolanos, como el hogar de Carlos, no contaban con el dinero que necesitaban para comprar comida.

A pesar de que el Estado no ofrece cifras oficiales sobre pobreza por ingreso desde hace cuatro años, la data disponible en el Instituto Nacional de Estadística confirma que entre 2012, último año del mandato de Hugo Chávez, y 2014, año del último informe publicado, los hogares pobres incrementaron de 21,2 a 33,1 por ciento.

El aumento de la pobreza no para. “La canasta alimentaria del mes de agosto, anualizada, entre agosto de 2017 y agosto de 2018, presentó una inflación de 57.978,9 por ciento. Por primera vez, este país vive un problema de hiperinflación. Durante 21 años, entre 1951 y 1971, Venezuela tuvo una inflación de 1,5 por ciento anual, en este momento tenemos una inflación de 2,4 por ciento diaria”, afirma Oscar Meza, economista y director del Centro de Documentación de Análisis Social (Cendas).

La organización, fundada hace 41 años, contrasta, mensualmente, el salario mínimo venezolano con el costo de la Canasta Alimentaria, para evaluar su cobertura.

Entre 2008 y 2013 (al cierre del año), el salario mínimo pasó de cubrir 53 por ciento de la canasta alimentaria a 46 por ciento. Difiere del cálculo del gobierno: de acuerdo al costo de la Canasta Alimentaria publicado por el INE, con el salario mínimo se podía cubrir 91 y 89 por ciento de los alimentos requeridos, respectivamente.

Para 2014, el Cendas señalaba que cobertura de la Canasta Alimentaria se ubicaba apenas en 28 por ciento, y al cierre de 2017, con el salario mínimo sólo se podía comprar 2 por ciento de los alimentos. En este mismo lapso, el Estado no publicó el costo de la Canasta Alimentaria.

El venezolano se quedó sin comida, y sin dinero para comprar el poco y costoso alimento disponible.

La posición de Unicef Venezuela respecto a las causas de desnutrición infantil, evidenciada por organizaciones no gubernamentales, es neutral. Este ente se apega a las cifras oficiales, suministradas por el Estado.

Sin embargo, Dagoberto Rivera, especialista en nutrición y salud de Unicef Venezuela, admite que la falta de poder adquisitivo es parte de las causas de la malnutrición, aunque advierte que no la única.

“Cuando los precios suben y la capacidad adquisitiva disminuye, se restringe la posibilidad de tener acceso a una canasta completa. Esto afecta a todos los niveles de la familia.

Precisar en cuánto ha decaído sería arriesgado, pero sí, tenemos los signos que leemos a través de informes parciales, que nos indican que sí hay un deterioro y una tendencia hacia el deterioro, y por eso mismo estamos haciendo intervención. Estamos buscando colaboración, y concretando colaboración, no solo con el sector no gubernamental, sino también con instituciones del gobierno, específicamente con el Instituto Nacional de Nutrición.

Estamos apoyando una intervención para suplir con micronutrientes y algunos insumos adicionales de nutrición en los centros de recuperación nutricional, y en los programas normales, regulares, de Unicef. Esto es una realidad que estamos viviendo, ocasionada por esta situación de altos precios y la capacidad adquisitiva reducida, que queremos cambiar”.

Esa es la realidad que vive Juan Luis en el Delta, Maikel en Los Llanos, Dayerlin en oriente, las gemelas María Victoria y María Verónica en el centro, Carlos en el sur, Valentina en el Área Metropolitana: la realidad de todo un país, a la que se acercaron los corresponsales de El Pitazo en esta investigación, en alianza con CONNECTAS.

Al Estado no le gusta hablar del hambre

Jhender hubiese cumplido cinco años el 20 de septiembre de 2018, pero murió, como consecuencia del hambre, casi seis meses antes, el 7 de abril. El niño falleció en la madrugada, en el mismo hospital donde cinco años antes fallecía Hugo Chávez.

Aquel recinto, donde estuvo recluido el presidente durante sus últimos días de vida, no contaba con los insumos necesarios para atender la infección bacteriana que padecía el sistema digestivo del niño, agravada por su desnutrición. Jhender pasó, así, a integrar una estadística desconocida.

En Venezuela, el silencio del Estado es abrumador. Los Boletines Epidemiológicos del ministerio de salud, desde julio de 2015 hasta diciembre de 2016, publicaron con retraso de un año, en mayo de 2017. El Anuario de Morbilidad no publica desde 2015, cuando se divulgó el último informe de 2013. La última Memoria y Cuenta de MinSalud publicada fue la de 2015; las de 2016 y 2017 no han sido divulgadas.

El ministerio de Alimentación no publica las Hojas de Balance de Alimentos desde el año 2007, ni el Anuario del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional desde 2008.

El Instituto Nacional de Estadísticas, adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia, no difunde la Encuesta Nacional de Seguimiento al Consumo de Alimentos desde 2015.

Y el Anuario de Mortalidad, al que debería pertenecer Jhender, tienen cuatro años de retrasos: la edición del 2014 publicó en agosto del 2018.

“Lamentablemente, las cifras en Venezuela no se publican desde hace cuatro años aproximadamente. Hay un panorama bastante oscuro sobre las estadísticas. El Estado venezolano considera la información como un arma política y no las divulga, y esto ocasiona que toda la planificación y organización de políticas públicas se dificulte porque para los investigadores es vital saber dónde estamos parados para planificar a futuro”, señala Pablo Hernández, nutricionista del Observatorio Venezolano de la Salud.

El Estado tampoco da cifras sobre malnutrición y mortalidad infantil a Unicef desde hace una década, de acuerdo a las bases de datos difundidas en el Informe Mundial de la Infancia de este organismo.

Organizaciones civiles nacionales, como Cáritas Venezuela, Fundación Bengoa y Provea, y equipos de investigación de universidades venezolanas, han buscado mecanismos para indagar y mostrar resultados sobre desnutrición. Sin embargo, la irregularidad en el registro de las muertes de niños dificulta la generación de data sobre mortalidad.

“Hemos recibido denuncias de los médicos que comentan que no se les permite colocar la desnutrición como causa de muerte en el acta de defunción de los pacientes, pese a que la desnutrición puede estar asociada a una enfermedad de tipo infecciosa, generalmente. Es lamentable porque las cifras de desnutrición tienen que formar parte de las estadísticas y en el último boletín epidemiológico de 2016, publicado en 2017, no aparecen la mortalidad por desnutrición, especialmente en menores de cinco años”, señala Hernández.

El Anuario de Mortalidad de Venezuela de 2014 (publicado en 2018) registró que 153 niños, menores de 5 años, murieron por hambre; cinco niños más que en 2013, cuando murieron 148 niños.

El mayor incremento de defunciones ocurrió en los niños menores de un año: entre 2013 y 2016, la muerte de bebés aumentó 28 por ciento, de acuerdo a los Boletines Epidemiológicos del Estado. Aunque no existe data oficial, concreta y actualizada, sobre el hambre y las muertes de los niños generadas por ésta, desde hace varios años Unicef mide y proyecta estadísticas sobre registros viejos del Estado, y apunta que Venezuela tiene una mortalidad estable de niños menores de 5 años, que se sitúa en 17 por ciento, incluso por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (21 por ciento).

La cifra es irreal, porque se basa en datos desactualizados.

La falta de cifras de mortalidad infantil no es la única irregularidad del Estado venezolano. El método utilizado para medir la desnutrición —de la que tampoco hay cifras oficiales— está obsoleto, respecto al usado por el resto de la región.

En 2006, tras un estudio multicéntrico hecho en los cinco continentes, la OMS generó y estableció nuevos patrones de referencia de niños bien nutridos. El patrón de los años 70 y 90 señalaba que un niño estaba desnutrido cuando su peso estaba tres veces por debajo de lo que debería pesar, y que estaba desnutrido agudo, severo, cuando se desviaba cuatro veces del patrón.

En cambio, el patrón aprobado en 2006 corrió el punto de corte. A partir de estos patrones, la cuentas sanitarias de los países pueden asegurar que un niño está gravemente desnutrido si está dos medidas por debajo del peso o de la estatura ideal para su edad.

“Cuando tú mides a 600 niños aquí, y comparas sus mediciones con los patrones obsoletos, resulta que te pueden dar 48 niños desnutridos porque resulta que esperas que estén muy severamente desnutridos para empezar a contarlo, para que ese niño tenga un peso en las cuentas públicas sanitarias de un país.

Mientras que con el patrón del 2006 puede ser que los cuentes y te vayan a resultar no 48, sino 78 u 80 niños desnutridos. Entonces la diferencia es que con los patrones obsoletos te dan menos niños desnutridos”, explica la nutricionista Susana Raffalli, a cargo del informe Saman de Cáritas Venezuela.

“Desde que se aprobaron esos patrones de 2006, casi todos los países los asumieron como sus patrones para evaluar a su población infantil y Venezuela es de los pocos estados en los que eso no se ha asumido.

Los formatos que el Instituto Nacional de Nutrición deja para captar la información en los centros de salud siguen con los puntos de corte de los patrones pasados, que se resume a esperar que un niño esté gravemente desnutrido para que cuente dentro de las cuentas nacionales de la desnutrición.

Y esto es gravísimo porque la desnutrición es uno de los indicadores que se usa por excelencia para asumir y reconocer que hay una emergencia de salud pública en un país. Entonces, pudiera ser que tengas que esperar que el niño se desvíe cuatro veces de lo que debería pesar y ya esté en el pellejo, que lo tengas que hospitalizar, para entonces decir que hay una emergencia de salud pública”, advierte.

—¿Cómo lo mando al colegio con hambre? ¿Cómo va a entender lo que le explican si no se está alimentando? ¿Cómo va a entender, si tiene hambre?—, se pregunta desesperada Katiuska, tía de Alexander.

Viven en el estado Zulia, al occidente de Venezuela, en la tierra donde la bonanza de la explotación de crudo le dio al país opciones de crecimiento y desarrollo, pero que hoy tiene al municipio más pobre del país: Guajira. En su casa, un rancho de zinc, viven hacinados 11 niños y 12 adultos. La preocupación de Katiuska está bien fundamentada, aunque para ella sea solo una sospecha.

En Venezuela, la falta de cifras oficiales no se limitan solo a las mediciones antropométricas de los niños (cuánta pesa, cuánto mide y la circunferencia del brazo izquierdo). De acuerdo al Informe Mundial de la Niñez, desde 2008, Venezuela no registra el alcance de la cobertura de vitamina A, tampoco el consumo de sal yodada.

La carencia de estos minerales es la principal causa de la desnutrición por micronutrientes, razón por la que en el país se decretó la yodación de la sal en 1993, y la fortificación de la harina de maíz con vitamina A en 1994. Hoy, esos decretos siguen vigentes, pero de nada sirven ante un país con hambre.

Uno de los principales síntomas de la carencia de yodo es el bocio, una enfermedad tiroidea que estaba erradicada en el país desde hace más de 30 años, y que reapareció sin que las autoridades tomen medidas al respecto.

Desde 2017, el estado Portuguesa ha registrado un incremento de casos de esta enfermedad y, aunque no existen estudios que lo certifiquen, la reaparición de la afección podría evidenciar irregularidades en la cobertura de este micronutriente, afirma el doctor Gerardo Rojas, endocrinólogo y actual presidente de la Sociedad Venezolana de Endocrinología, capítulo centro-occidental.

“Para el año 2017, la cifra en Portuguesa asciende a tres mil casos. Quisimos hacer una mesa de trabajo, pero nunca pasó de una reunión, porque a nivel central la Gobernación de Portuguesa no permitió avanzar más. Se tomaron biopsias en unos casos, y en otros se hicieron estudios de laboratorios.

Sin embargo, debido a los altos costos de los exámenes, estas muestras no fueron procesadas todas y hay unas que están congeladas, aparentemente. No tenemos certeza de cuál fue el resultado, lo que se dijo fue que (el bocio) era carencial, es decir, que el brote estaba asociado a la falta de yodo.

Actualmente, y entre muchas teorías, se asume que está asociado al déficit de alimentos, por la falta de proteínas, como la carne y el pollo, en la dieta diaria, y al uso aumentado de alimentos bocígenos, como la yuca, y el resto de los tubérculos. Hace muchos años, en Venezuela, todas las sales se yodaron precisamente para evitar este trastorno.

El problema es que ni siquiera hay sal en el país. Algo tan común como la sal, ahora es muy difícil de conseguir, y algunas sales vienen de fuera y no están yodadas”.

Esta carencia de yodo, evidenciada por la reaparición del bocio, marca de forma irreversible a esta generación de niños con hambre. No consumir yodo causa lesiones cerebrales durante la infancia. Sus efectos más devastadores incluyen la alteración del desarrollo cognitivo y motor que influye en el rendimiento escolar del niño, y la pérdida de hasta 15 puntos en el coeficiente intelectual.

En su edad adulta, serán menos productivos y, por lo tanto, tendrán menos capacidad de encontrar empleo. Les será más difícil generar ingresos para sus familias, comprar los alimentos que necesitan, estar bien nutridos, vivir bien: romper el despiadado ciclo del hambre.

El hambre de los niños venezolanos también está asociado a la corrupción. Los alimentos foráneos, comprados por el Estado para distribuirlos a través de las cajas Clap (los Comités Locales de Abastecimiento y Producción) —y cuya compra está vinculada a grupos económicos cercanos al presidente, según una investigación del medio local Armando.Info— podrían ser la causa, también, de las carencias de vitamina A.

Tampoco hay estudios ni cifras oficiales que muestren un panorama sobre la cobertura de este micronutriente en los últimos años, pero su déficit se hace evidente en la decoloración del cabello, afirma la nutricionista Marianella Herrera, quien explica que la harina precocida venezolana está enriquecida con vitamina A, pero que no se tiene garantías de la fortificación de las marcas importadas por el gobierno.

Además de la decoloración del cabello, también conocida como síndrome de la bandera, la deficiencia de vitamina A debilita el sistema inmunológico, aumenta el riesgo de que el niño contraiga infecciones como el sarampión y enfermedades diarreicas, afecta la salud de la piel y, en extremo, puede provocar ceguera.

“En Venezuela estamos viendo esta alteración de la coloración del cabello (…). Esto ya ocurrió en Cuba durante el período especial, cuando muchas personas quedaron ciegas”.

Aquellos mechones castaños, un poco más claros que el resto, que se ven en las cabezas de las gemelas larenses María Verónica y María Victoria, podrían evidenciar entonces que, además de peso y talla, ambas están también desnutridas por falta de micronutrientes.

Si es así, podría significar, también, que sus sistemas inmunes son y serán más débiles que el de otros niños de su edad. Pero, aunque el daño a su salud se detenga, su futuro es casi una certeza: los daños provocados por el hambre son irreversibles.

En su libro Destrucción masiva, Jean Ziegler, ex relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, sostiene que el hambre y sus responsables asesinan en medio de la abundancia:

“Cada cinco segundos, un chico de menos de diez años se muere de hambre, en un planeta que, sin embargo, rebosa de riquezas. En su estado actual, en efecto, la agricultura mundial podría alimentar sin problemas a 12.000 millones de seres humanos, casi dos veces la población actual. Así que no es una fatalidad. Un chico que se muere de hambre es un chico asesinado”.

Desde 2004 hasta 2013 —año en el que nacieron Juan Luis, Maikel, María Victoria y María Verónica, Carlos, Dayerlin, Valentina, Alexander y Jhender— Venezuela vivió la mayor bonanza petrolera de toda su historia.

Pero el Estado no destinó los recursos necesarios para protegerlos de la miseria. Ahora, el gobierno de Maduro niega la existencia de la emergencia humanitaria y no acepta la ayuda ofrecida por la región.

En cambio, su falta de acción garantiza que estos niños, y miles más de su edad, crecerán en desventaja, serán adultos enfermos, y padecerán toda su vida las consecuencias del hambre a la que fueron sometidos por la irresponsabilidad gubernamental.

Pero Jhender, el niño que murió de hambre, no pudo siquiera averiguar qué sería de su vida. Reposa en una tumba sin lápida, en un cementerio pobre de una comunidad pobre, como lo fue su hogar desde el día que nació hasta el día que murió, o fue asesinado, de hambre.

El Pitazo, en alianza con CONNECTAS, solicitó entrevistas a los siguientes organismos oficiales para contrastar los datos y señalamientos difundidos en esta investigación:

Instituto Nacional de Nutrición.

Ministerio de Alimentación.

Ministerio de Salud.

Consejo de Protección del Niño y el Adolescente (municipio Libertador).

Instituto Nacional de Estadística.

Director de Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Ninguna petición fue atendida.

Srdja Popovic: “En la política y el fútbol, si quieres ganar tienes que tomar la ofensiva”

José Ignacio Hernández G., Prodavinci

En octubre de 1998, Srdja Popovic participó en la fundación de Otpor!(¡Resistencia!, en español), en el marco de las protestas contra el régimen de Slobodan Milosevic en Serbia. Inspirados en las ideas sobre protestas no violentas de Gene Sharp, el movimiento tuvo un importante rol en la derrota de Milosevic en el 2000.

Posteriormente, Popovic fundó el Centro para la Aplicación de Acciones y Estrategias No Violentas (CANVAS), dedicado a difundir el estudio de los mecanismos no-violentos para enfrentar autocracias y promover cambios hacia la democracia.

En apretada síntesis, la tesis de la que parte CANVAS, es que los mecanismos no violentos de protestas tienen mayor probabilidad de lograr cambios democráticos en la medida en que incidan sobre los pilares que soportan a los regímenes autoritarios.

Asimismo, insisten en la necesidad de enfocar protestas proactivas, no meramente reactivas. De allí la importancia de diseñar estrategias basadas en narrativas que expliquen cuál es la visión del futuro, vale decir, cuál es el cambio que desea promoverse a través de la protesta no violenta.

En el 2017, junto con Slobodan Djinovic, publicó un artículo en el que daba una serie de recomendaciones para reorientar las protestas que entonces se realizaban en Venezuela.

El país, escribía, podía ser salvado de una catástrofe, pero bajo determinadas condiciones.

Desde entonces muchas cosas han cambiado en Venezuela. La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente llevó a la elección presidencial, en mayo del 2018, la cual fue desconocida. La crisis económica y social ha empeorado, generando una inédita diáspora.

Hoy no queda tan claro cuál es la ruta para salvar al país de una catástrofe, ni por qué las protestas del 2017 no lograron promover un cambio político en Venezuela.

De allí la importancia de entrevistar a Popovic, a los fines de conocer sus impresiones sobre la situación venezolana, en perspectiva con otras experiencias similares.

¿Por qué estima usted que las protestas del 2017 no pudieron promover un cambio democrático en el país?

Un punto importante en las protestas del 2017 es que la oposición estaba unida en torno a un objetivo común.

Sin embargo, para promover un cambio político, en casos como el venezolano, es necesario lograr la coordinación de cuatro actores claves.

El primero, por supuesto, son los partidos políticos en la unidad. Sin embargo, sin un apoyo popular claro, las acciones de los partidos políticos pueden ser valoradas como decisiones adoptadas por élites, lo que reducirá su efectividad y fracturará la unidad.

El segundo actor es la sociedad civil organizada, en especial, a través de ONG, sindicatos y organizaciones, quienes deben estar alineados en la estrategia para promover el cambio.

El tercero es la comunidad internacional, y en especial Latinoamérica, que debe estar igualmente coordinada en una estrategia para lograr el cambio político.

El cuarto actor debe ser la diáspora que ha incrementado por la migración forzosa de venezolanos que huyen de la crisis venezolana.

Por ello, las protestas masivas no son suficientes para promover el cambio político en Venezuela, pues se requiere la acción conjunta de otros actores.

Las protestas masivas pueden degenerar en actuaciones violentas y desordenadas, lo que puede promover el incremento de la represión y de las medidas autoritarias, todo lo que puede terminar “desestimulando” las protestas.

De allí la importancia de tener una visión a largo plazo que logre la acción coordinada de estos cuatro actores. Además, no basta con promover la movilización de las personas que apoyan el cambio político, también es necesario influenciar a quienes se oponen a ese cambio y, en especial, a los funcionarios que son el soporte del gobierno, como -por ejemplo- funcionarios del Poder Judicial y del propio gobierno.

Luego de la cuestionada elección presidencial del 20 de mayo, ¿cuál, a su manera de ver, debería ser la estrategia de la oposición venezolana?

Hay distintos ejemplos históricos que permiten comprender mejor cómo elecciones que no son reconocidas pueden promover el cambio político.

Cuando no hay condiciones electorales, la oposición puede optar entre abstenerse de participar en la elección o presionar por el cambio del sistema electoral.

Pero si la oposición no tiene una estrategia unitaria –con algunos actores participando y otros absteniéndose– es difícil que se produzca algún cambio.

Otra opción es organizar elecciones paralelas, que aun cuando no serán reconocidas por el gobierno, pueden ayudar a organizar movilizaciones no violentas.

Esto puede ser más efectivo que el boicot electoral, que requiere un alto grado de organización y coordinación. Además, promover elecciones paralelas como mecanismo de movilización resulta siempre mucho más efectivo que esperar sentado a que el cambio político se produzca.

En todo caso, también es necesario documentar los abusos cometidos en la elección. No es lo mismo denunciar un fraude electoral que probar el fraude de manera objetiva. Ello puede ayudar a organizar protestas en torno a las elecciones fraudulentas.

En resumen, cuando las elecciones son fraudulentas, las estrategias más efectivas son participar en la elección exigiendo condiciones más justas o promover elecciones paralelas como herramienta de protesta ante las pruebas de fraude.

Pero como en el fútbol, si quieres ganar, tienes que tomar la ofensiva. No se puede ganar solo en una posición defensiva.

¿En qué medida la crisis económica y social puede ser relevante para el cambio político?

Las protestas del 2017 fueron principalmente políticas. Y en Venezuela no solo la política debe ser reformada. La crisis económica, marcada por la hiperinflación, es un componente que puede movilizar a las personas con mayor facilidad que las motivaciones puramente políticas.

Pero ello requiere un plan que, con claridad, explique cómo puede solucionarse la crisis económica.

No basta con proponer salir del gobierno porque es malo.

Es necesario explicar cuál es el plan para solucionar la crisis.

Venezuela es, probablemente, un lamentable caso de estudio de cómo un país con grandes recursos naturales puede sumergirse en una crisis devastadora por erradas políticas públicas.

Pero ello requiere explicar cuál es el modelo económico alternativo que Venezuela necesita. Y para construir ese modelo se requiere un amplio consenso político y social.

Otra estrategia, es que la oposición junto con las ONG’s organice mecanismos para proveer bienes y servicios que el Estado no puede suministrar por la crisis. Esto permitiría ampliar la estrategia política a la estrategia económica y social.

¿Por qué las estrategias no violentas de protesta suelen funcionar mejor que las estrategias violentas de protesta?

Hay pruebas científicas que señalan que las estrategias políticas no violentas son mucho más efectivas que las estrategias violentas, como han demostrado Erica Chenoweth y Maria J. Stephan.

Pero hay también razones de sentido común.

Si quieres luchar contra un régimen autoritario, no es razonable tratar de luchar con mecanismos violentos, pues en ese terreno el régimen es más fuerte. Por el contrario, es necesario implementar estrategias en las que el régimen sea débil, como es el caso precisamente de las protestas no violentas.

Si quieres retar a Mike Tyson no es razonable que lo hagas en un ring de boxeo: intenta más bien hacerlo jugando ajedrez.

El problema en Venezuela es que las personas están desesperadas, y la desesperación lleva a la rabia, y ello puede incentivar acciones violentas, todo lo que puede complicar la implementación de mecanismos de protesta.

Por eso es importante diseñar estrategias que generen esperanza en los venezolanos, pues ello incrementa la probabilidad de ejecutar efectivamente mecanismos no violentos de protesta que puedan promover el cambio político, disminuyendo los riesgos que atentan contra la vida y la integridad personal de los venezolanos.

Por todo lo anterior, lo importante es diseñar una estrategia unitaria basada no solo en protestas, también en mecanismos inteligentes que disminuyan riesgos personales. Esa estrategia debe ser capaz de transmitir cuál es el cambio que se quiere producir.

¿Cuál es el rol de la justicia en procesos de transición democrática?

El rol dependerá de cada situación. Desde un punto de vista es fundamental defender la justicia, especialmente en casos de violaciones de derechos humanos. Pero también es necesario promover mecanismos de reconciliación, y allí la justicia transicional podría funcionar.

En este sentido, podría además alinear los intereses de quienes apoyan al gobierno, quienes podrían estar dispuestos a colaborar en un proceso de transición para beneficiarse de los incentivos de dicha justicia.

La justicia transicional debería formar parte de una estrategia clara, que defina cómo puede promoverse la transición como sucedió, por ejemplo, en Filipinas o Túnez.

Lo importante no es tanto la justicia transicional en sí, sino la estrategia para promover la transición democrática.

LA ESPERA

Leonardo Padrón, Caraota Digital

Todos caben en la sala de espera. Le vamos haciendo espacio al ánimo o al pesar que cada quien trae.

Somos treinta millones sentados, de pie o deambulando en esta incertidumbre.  Todos en el mismo espacio donde se suelen aguardar las buenas noticias.

¿Qué día finaliza la devastación? ¿En qué momento se abrirán todas las celdas? ¿Cuánto falta para regresar?

Esperar es un vicio peligroso.

Somos treinta millones y un deseo acorralado. Treinta millones de personas bajo veinte años de ostracismo.

Venezuela está en fase terminal y todos esperamos algo que se parezca a un milagro. Un milagro que debemos confeccionar nosotros mismos. Mientras tanto, esperamos.

Al menos una vez al día escucho la frase en boca de algún compañero de pasaporte: “Falta poco”.  Y entonces todo depende de la cantidad de optimismo que aun te quede en el tanque o de la calidad de la información que manejes. Ya son muchos años diciendo que falta poco.

Es como si todos estuviésemos en una enorme sala de espera. Como si esperáramos el sonido de aviones en el cielo que traen la liberación. ¿Qué esperamos?

Que las cosas cambien. Y las cosas son la vida. Esperamos que vuelvan el pan y el agua. La electricidad y el sueño.

Que recuperemos alguna rutina. Que se retire la tristeza. Que la justicia llegue. Que la oposición recupere la cordura. Que ocurra la implosión del régimen.

Que Diosdado le cuente a la justicia universal los desmanes de Maduro. Que Maduro le confiese a algún tribunal internacional los delitos de Diosdado. Que el proyecto se agote en su envilecimiento. Que las calles vuelvan a hablar.

¿Pero quién pone los muertos esta vez? ¿Quién organiza el descontento? ¿Quién espanta la resignación? ¿Esperamos por el líder que sea mejor que todos los líderes anteriores?

Hay un silencio ruidoso que espera por la sensatez. Que ocurra, que aparezca, que venga de alguna parte.

“Falta poco”, vuelvo a escuchar.

“Muy pronto regresaremos”, dice el venezolano que reparte comida en Madrid, que vende arepas en las calles de Chile, que maneja un uber en Miami, que espera en todas las ciudades que no son la suya.

Esperar que no haya que esperar mucho.

El deseo colectivo está allí, malogrado por nuestros propios errores. Mientras, la banda criminal aplaude el desatino de nuestros dirigentes. Sus colmillos gotean placer. Y nos volvemos invisibles en el deseo.

Mi médico, con el que me hago el examen de próstata anual; ¿dónde está? Mi odontólogo de toda la vida, ¿esperará por mí?

El kioskero que todos los domingos me comentaba mi artículo, ¿sigue allí?, ¿o fue barrido por la desgracia?

Esperar que la justicia llegue. ¿Y si toma el camino más largo? ¿Y si se extravía en el camino?

¿Esperar sirve?

La resignación es la calle ciega de la esperanza.

De nuevo alguien me dice: “falta poco”.

Esperamos volver a vernos en los mismos lugares donde la costumbre hacía país. Allí donde antes quedaban las calles y hoy habita el miedo y la pesadumbre.

En las panaderías, en los restaurantes, en los juegos de beisbol, en las ferias de libros, en el mar. En el clima de mangas cortas y risa tronante que éramos. En el cielo caribe de nuestra nostalgia. Hay una biblioteca entera de lugares comunes que ensalzan la virtud de esperar.

Me quedo con la frase de André Giroux: “El infierno es esperar sin esperanza”.

Si no hacemos algo, cada vez habrá que esperar más.