LA ESPERA

Leonardo Padrón, Caraota Digital

Todos caben en la sala de espera. Le vamos haciendo espacio al ánimo o al pesar que cada quien trae.

Somos treinta millones sentados, de pie o deambulando en esta incertidumbre.  Todos en el mismo espacio donde se suelen aguardar las buenas noticias.

¿Qué día finaliza la devastación? ¿En qué momento se abrirán todas las celdas? ¿Cuánto falta para regresar?

Esperar es un vicio peligroso.

Somos treinta millones y un deseo acorralado. Treinta millones de personas bajo veinte años de ostracismo.

Venezuela está en fase terminal y todos esperamos algo que se parezca a un milagro. Un milagro que debemos confeccionar nosotros mismos. Mientras tanto, esperamos.

Al menos una vez al día escucho la frase en boca de algún compañero de pasaporte: “Falta poco”.  Y entonces todo depende de la cantidad de optimismo que aun te quede en el tanque o de la calidad de la información que manejes. Ya son muchos años diciendo que falta poco.

Es como si todos estuviésemos en una enorme sala de espera. Como si esperáramos el sonido de aviones en el cielo que traen la liberación. ¿Qué esperamos?

Que las cosas cambien. Y las cosas son la vida. Esperamos que vuelvan el pan y el agua. La electricidad y el sueño.

Que recuperemos alguna rutina. Que se retire la tristeza. Que la justicia llegue. Que la oposición recupere la cordura. Que ocurra la implosión del régimen.

Que Diosdado le cuente a la justicia universal los desmanes de Maduro. Que Maduro le confiese a algún tribunal internacional los delitos de Diosdado. Que el proyecto se agote en su envilecimiento. Que las calles vuelvan a hablar.

¿Pero quién pone los muertos esta vez? ¿Quién organiza el descontento? ¿Quién espanta la resignación? ¿Esperamos por el líder que sea mejor que todos los líderes anteriores?

Hay un silencio ruidoso que espera por la sensatez. Que ocurra, que aparezca, que venga de alguna parte.

“Falta poco”, vuelvo a escuchar.

“Muy pronto regresaremos”, dice el venezolano que reparte comida en Madrid, que vende arepas en las calles de Chile, que maneja un uber en Miami, que espera en todas las ciudades que no son la suya.

Esperar que no haya que esperar mucho.

El deseo colectivo está allí, malogrado por nuestros propios errores. Mientras, la banda criminal aplaude el desatino de nuestros dirigentes. Sus colmillos gotean placer. Y nos volvemos invisibles en el deseo.

Mi médico, con el que me hago el examen de próstata anual; ¿dónde está? Mi odontólogo de toda la vida, ¿esperará por mí?

El kioskero que todos los domingos me comentaba mi artículo, ¿sigue allí?, ¿o fue barrido por la desgracia?

Esperar que la justicia llegue. ¿Y si toma el camino más largo? ¿Y si se extravía en el camino?

¿Esperar sirve?

La resignación es la calle ciega de la esperanza.

De nuevo alguien me dice: “falta poco”.

Esperamos volver a vernos en los mismos lugares donde la costumbre hacía país. Allí donde antes quedaban las calles y hoy habita el miedo y la pesadumbre.

En las panaderías, en los restaurantes, en los juegos de beisbol, en las ferias de libros, en el mar. En el clima de mangas cortas y risa tronante que éramos. En el cielo caribe de nuestra nostalgia. Hay una biblioteca entera de lugares comunes que ensalzan la virtud de esperar.

Me quedo con la frase de André Giroux: “El infierno es esperar sin esperanza”.

Si no hacemos algo, cada vez habrá que esperar más.

Los riesgos de las criptomonedas

Giovanni E. Reyes, PORTAFOLIO

Tanto de manera informativa, como por parte de contenidos sensacionalistas, se ha dado a conocer el “gran éxito” que tienen quienes invierten en criptomonedas.

El bitcóin es una de ellas, mas no la única.

Se ha realizado un notable despliegue publicitario con el fin de apalancar el dinamismo de la compra, de la demanda de criptomonedas: “invierta Usted, no se quede atrás cuando todos se están haciendo millonarios”.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, esto puede terminar de manera súbita en una gran estafa.

Son varios los riesgos que están en juego y los casos, para citar sólo aquellos pertenecientes a la historia inmediata, están a la evidencia. Véase por ejemplo cómo en el  2004, en Australia, tuvieron que cerrar operaciones, tres medios criptos. Lo hicieron cuando la Comisión Australiana de Inversiones y Activos Financieros (ASIC) estableciera el requisito de licencias financieras para operar estos servicios.

Entre los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de invertir en criptomonedas, es que no constituyen -por lo general- ni medios de pago ni de inversión.

Esto hace que las “inversiones” en criptos, tengan la presión de la convertibilidad. Es evidente que mientras usted puede entregarles sus pesos, dólares, euros o yuanes, y recibe criptos, la cosa va bien para los captadores. Ellos se hacen con circulantes que sí son reconocidos.

El problema de estas pirámides globales, que pueden desembocar en gigantescas estafas, es que quien tiene los criptos tarde o temprano requiere que se conviertan a monedas de uso oficial o reconocido.

Este es el problema central.

Quienes tienen su plata no estarían dispuestos a devolverla, no al menos con los ritmos que si lo hacían en un inicio de las operaciones.

Eso de las fases iniciales favorables desde luego, ocurre a fin de convencer a más gente acerca de las “bondades” de los medios cripto.

Al no ser reconocidos como medios de pago o de inversión en los países, las monedas criptos no cuentan con respaldo.

Al momento de que una crisis se presente en estos sistemas ¿quién responde?

No espere que lo haga un medio de control monetario, tal el caso del Banco de la República en Colombia, por ejemplo, o en general en los bancos centrales de los países.

Nadie responde y, por tanto, no se puede acudir a instancia legal alguna, toda cuenta que se trata de inversiones en medios no reconocidos.

¿Es probable que el negocio de los medios criptos pueda caerse sin previos avisos? Sí, es muy probable.

El rasgo inconfesado es que los cripto se prestan para lavado de activos, para la creación de burbujas y con todos los riesgos, para extraerle a usted sus recursos, con la ilusión de que los mismos se multiplicarán como panes y peces.

Los escenarios esenciales estarían montados para que no se pueda descartar, del todo, el desenlace de una potencial estafa globalizada.

Giovanni E. Reyes,
Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard.
Profesor Titular y Director de la Maestría en Dirección de la Universidad del Rosario.

Por qué Marx se equivocó

Carl Bildt, Project Syndicate

Traducción: Esteban Flamini

El bicentenario del nacimiento de Karl Marx generó una oleada de interés en su obra, e incluso la inauguración de una estatua en su ciudad natal de Trier (Alemania).

En una celebración del marxismo en Beijing, el presidente chino Xi Jinping declaró que “Como una espectacular salida del sol, la teoría iluminó a la humanidad en su exploración de la ley de la historia y en su búsqueda de liberación”.

Añadió que Marx “Señaló con su teoría científica, la dirección hacia una sociedad ideal sin opresión ni explotación, donde cada persona disfrute de igualdad y libertad”.

Xi pronunció sus palabras en la China “marxista”, así que los asistentes no tenían más opción que estar de acuerdo.

Pero ese mismo día en Trier, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también tuvo palabras bastante elogiosas:

“Hoy [Marx] representa cosas de las que no es responsable y que no provocó, porque mucho de lo que escribió luego fue tergiversado”.

No está del todo claro qué habrá querido decir Juncker.

No olvidemos que el marxismo infligió un sufrimiento incalculable a decenas de millones de personas, obligadas a vivir bajo regímenes que agitaban su bandera.

Durante gran parte del siglo XX, el 40 % de la humanidad padeció hambrunas, gulags, censura y otras formas de represión a manos de quienes se decían marxistas.

Parece que en su discurso, Juncker hizo alusión al contraargumento típico de que las atrocidades del comunismo en el siglo XX se debieron a alguna distorsión del pensamiento de Marx, de la que no se lo puede hacer responsable.

¿Es válido este argumento?

Marx se pasó la mayor parte de la vida analizando la economía política de los países de Occidente que a mediados del siglo XIX estaban en proceso de industrialización.

Pero su importancia histórica le debe más a sus ideas para el futuro, y a las consecuencias que tendrían para la sociedad. Por eso, no es posible analizar su legado sin tener en cuenta esta parte de su pensamiento.

Marx consideraba que la propiedad privada era el origen de todos los males en las nuevas sociedades capitalistas de su tiempo.

Creía por consiguiente que su abolición era el único modo posible de curar las divisiones sociales de clase y garantizar un futuro armonioso.

Su colaborador Friedrich Engels afirmó más tarde que bajo el comunismo, el Estado mismo se volvería innecesario y se “extinguiría”.

Estas afirmaciones no se decían como conjeturas, sino como predicciones científicas acerca del futuro.

Pero está claro que eran sinsentidos; y el tiempo demostró que la teoría marxista de la historia (el materialismo dialéctico) estaba equivocada, y que era peligrosa en prácticamente todos sus aspectos.

El gran filósofo del siglo XX Karl Popper, uno de los más fuertes críticos de Marx, lo llamó con razón “falso profeta”. Y por si hicieran falta más pruebas, aquellos países que en el siglo XX adoptaron el capitalismo se convirtieron en sociedades democráticas, abiertas y prósperas.

En cambio, cada régimen que rechazó el capitalismo en nombre del marxismo fracasó, y no por azar o por algún desafortunado error de los seguidores de Marx en la interpretación de sus doctrinas.

Al abolir la propiedad privada e instituir el control estatal de la economía, no sólo se priva a la sociedad del espíritu emprendedor necesario para su progreso, sino que también se anula la libertad misma.

Como el marxismo trata todas las contradicciones sociales como productos de una lucha de clases que desaparecerá en cuanto desaparezca la propiedad privada, una vez instituido el comunismo el disenso es imposible.

Por definición, cualquier cuestionamiento al nuevo orden es un resabio ilegítimo del orden opresivo que lo precedió.

Es decir que en los hechos, los regímenes marxistas han sido extensiones lógicas de las doctrinas de Marx.

Es verdad que, como dice Juncker, Marx (quien murió 34 años antes de la Revolución Rusa) no es responsable del Gulag; pero es innegable que sí sus ideas.

En su monumental estudio en tres volúmenes “Las Principales Corrientes del Marxismo”, el filósofo polaco Leszek Kołakowski, quien tras haber abrazado el marxismo en su juventud se convirtió más tarde en uno de sus más importantes críticos, señala que Marx no mostró casi ningún interés en las personas tal como son en la realidad.

Escribe: “El marxismo no presta atención al hecho de que los hombres nacen y mueren, que son hombres o mujeres, jóvenes o viejos, sanos o enfermos”.

Por tanto: “En su opinión, el mal y el sufrimiento no tenían sentido más que como instrumentos de liberación; eran puramente hechos sociales y no una parte esencial de la condición humana”.

El análisis de Kołakowski ayuda a explicar por qué los regímenes que abrazaron la doctrina mecánica y determinista de Marx, tuvieron inexorablemente que recurrir al totalitarismo al confrontar la realidad de una sociedad compleja.

Y aunque no siempre lo lograron por completo, los resultados siempre han sido trágicos.

Por su parte, Xi ve el desarrollo económico de China en las últimas décadas como una “prueba indiscutible” de la validez permanente del marxismo. Pero en cualquier caso, es exactamente lo contrario.

Recordemos que la China del comunismo puro produjo la hambruna y el terror del “Gran Salto Adelante” y de la “Revolución Cultural”.

La decisión de Mao de expropiar tierras y empresas, tuvo resultados desastrosos y fácilmente predecibles; más tarde, el Partido Comunista de China abandonó esa postura doctrinaria.

Con el sucesor de Mao, Deng Xiaoping, el PCC inició la gran “apertura” económica de China.

A partir de 1978 comenzó a reinstaurar la propiedad privada y a permitir la creación de empresas. Y los resultados han sido prácticamente espectaculares.

Si algo demora el desarrollo de China en la actualidad, es el residuo de marxismo que todavía es visible en las ineficientes empresas estatales y en la represión del disenso.

El sistema centralizado de partido único de China, es sencillamente incompatible con una sociedad moderna y diversa.

Doscientos años después del nacimiento de Marx, es buena idea pensar en su legado intelectual. Pero no para celebrarlo, sino para inmunizar a nuestras sociedades abiertas contra la tentación totalitaria que acecha en sus erradas teorías.

Por qué el régimen de Maduro arremete contra el banquero de mayor fortuna de Venezuela y España

Juan Carlos Zapata, ALnavío

Para un gobierno que ha agotado el discurso político, que ya no puede vender esperanzas, incapaz de manejar la crisis económica y social, y sin una oferta electoral que sea atractiva para sus propios seguidores, plantear una lucha contra el banquero de mayor fortuna de Venezuela y España, es tratar de construir un relato del bueno contra el malo, del pobre contra el rico, de la justicia contra la injusticia.

Es la consigna de la guerra económica, manejada y repetida desde el principio de los tiempos maduristas, que consiste en echarle la culpa del fracaso a los otros.

Escotet está al frente de Banesco en Venezuela y de Abanca en España / Foto: Abanca

Nadie. Nadie está seguro en Venezuela. Tampoco los bancos. Tampoco los banqueros. El gobierno de Nicolás Maduro ha consumado una de las amenazas pendientes, anunciando la intervención de Banesco, el banco de Juan Carlos Escotet, también presidente de Abanca en España. Sobre el instituto ya pendía la espada de Damocles, desde que Diosdado Cabello, uno de los factores de poder del régimen, anticipara que el gobierno podía adquirir la entidad. No la adquirió. La intervino, en principio por 90 días, han dicho las autoridades, pero se sabe cómo operan las dictaduras.

En 90 días Maduro se habrá reelecto luego de la farsa electoral del próximo 20 de mayo, y Banesco será un trofeo del poder.

Además, es usual entre los interventores encontrar problemas adicionales en las entidades intervenidas con el fin de eternizarse en el cargo, lo que el gobierno no rechazará mientras sirva al propósito de mantener bajo control a Banesco y, por ende, bajo amenaza a todo el sistema financiero.

Si el régimen no encontró elementos para plantear la compra, en cambio armó toda una operación con el fin de justificar la intervención, acusando al banco de Escotet de ser la plataforma de mafias que atentaban contra la moneda y contra la estabilidad económica.

Así, el gobierno abrió una averiguación -que llamó Operación Manos de Papel- que desencadenó en la detención de 11 ejecutivos de Banesco.

Lo que en principio la entidad tomó como una rendición de cuentas ante las autoridades, se transformó en una detención colectiva, en la que aparecen dos ejecutivos de nacionalidad española, hijos de inmigrantes.

Escotet se encontraba en Portugal atendiendo negocios y a la hora de conocer la evolución de los hechos partió hacia Caracas. Anunció a las autoridades de España que se desincorporaba de sus funciones en Abanca, lo que significa que está dispuesto a asumir los riesgos que implica concentrarse en el asunto Banesco.

La interventora designada es la viceministra de Finanzas, Yomana Koteich. Pero el verdadero poder detrás, son los cuatro figuras que han controlado la arremetida contra la institución: Cabello; el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami; el fiscal designado por la Asamblea Constituyente de Maduro, Tarek Willian Saab, y el propio Maduro, quien siempre tiene la última palabra.

Diosdado Cabello anticipó que el Gobierno podía adquirir la entidad / Foto: ConElMazoDando

Para un gobierno que ha agotado el discurso político, que ya no puede vender esperanzas, incapaz de manejar la crisis económica y social, y sin una oferta electoral que sea atractiva para sus propios seguidores, plantear una lucha contra el banquero de mayor fortuna de Venezuela y España, es tratar de construir un relato del bueno contra el malo, del pobre contra el rico, de la justicia contra la injusticia.

Es la consigna de la guerra económica, manejada y repetida desde el principio de los tiempos maduristas, que consiste en echarle la culpa del fracaso a los otros.

Primero fue el Grupo Polar –el principal emporio agroindustrial del país– y ahora es Banesco, el banco líder; y en cuanto líder, creció más que el estatal Banco de Venezuela y supera a todos los demás en operaciones electrónicas, por lo que su plataforma tecnológica es un elemento apetecible para el gobierno.

Hay un antecedente

En el 2010, el gobierno de Hugo Chávez y bajo propuesta del poderoso ministro de economía de la época, Jorge Giordani, intervino 35 casas de bolsa con el argumento de defender la moneda, atacando a los culpables, arrestando a los agentes bursátiles, señalados de especuladores y conspiradores, pues atentaban contra el bolívar.

El procedimiento no solucionó la escalada del llamado dólar paralelo. Pero los ejecutivos bursátiles pagaron cárcel por tres años y perdieron su negocio.

Un trofeo para Diosdado Cabello

Escotet distribuyó un video en el que se queja de trato injusto y operación desproporcionada hacia el tren de ejecutivos del banco.

Pero ¿qué significan estas palabras en un régimen en el que no impera el Estado de derecho? ¿Cuánto pesan estas palabras y cuánto puede pesar la defensa que emprenda el banquero?

Ha dicho que regresa a Caracas a dar la cara. Y con ello, se coloca en riesgo de ser detenido.

 

Banesco es un objetivo específico de Cabello. Lo era cuando vivía Hugo Chávez; y este, sabiendo el peso de la institución en el sistema financiero, evitó que se procediera con la misma cirugía de ahora.

Entonces se podía correr el riesgo de una corrida bancaria que afectara todo el entramado bancario.

Hoy, el peligro de una corrida es más remoto, pues no hay dinero efectivo que sacar de los bancos –el bolívar tampoco vale nada- y las vías electrónicas están colapsadas. Tampoco puede hablarse de banco refugio. En esta incertidumbre, no lo hay en Venezuela.

Los bancos y los banqueros, como todos los factores que hacen vida económica, son agentes sin protección, desamparados, ante el autoritarismo y la dictadura.

De hecho, el gobierno aplica con Banesco una fórmula similar a la que aplica con la multinacional Chevron.

Se procede contra la petrolera deteniéndole dos ejecutivos, se les señala de traición a la patria, y el mensaje es claro, según fuentes de todo crédito: que Chevron acepte el ingreso en la sociedad que mantiene con la estatal PDVSA en el campo PetroPiar, a un nuevo socio, la compañía rusa Rosneft, algo a lo que aquella se ha negado desde hace más de un año.

Con Chevron, el gobierno construye el relato de la lucha contra el imperio. Con Polar y con Banesco, la lucha contra la burguesía poderosa y apátrida.

Hay un universo chavista que asume estas consignas como verdad. Es el universo atendido por el clientelismo gubernamental. Es el chavismo que apoya a Maduro y recuerda a Chávez de manera incondicional.

Por su parte, Maduro entiende que después de ser reelecto en elecciones fraudulentas, requiere del respaldo de todas las facciones chavistas para soportar un periodo que se le hará más convulso, más incierto, debido a la posición militante de la comunidad internacional y debido a que no va a encontrar ni en el corto ni en el mediano plazo, soluciones a los graves problemas –hiperinflación, hambre, desempleo, caída del PIB, derrumbe de la producción petrolera- que sufre el país, que sufren los venezolanos y que provoca el éxodo masivo hacia el exterior.

La intervención de Banesco es un trofeo que Maduro coloca en manos de Cabello, a quien complace -por ahora- porque para después tampoco se sabrá si esta alianza de facciones se mantendrá, ya que todo es incierto y nadie está seguro en Venezuela.

Bancos ni banqueros. Ni el mismo poder. Ni siquiera Nicolás Maduro.

Caracas, la segunda ciudad más peligrosa del planeta

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Presidente del Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal, A. C.

Con una tasa de 111.33 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2017 la mexicana Los Cabos fue la ciudad más violenta del mundo e ingresó por primera vez al ranking.

Con una tasa ligeramente inferior (111.19) Caracas ocupó el segundo lugar; y con una tasa de 106.63, Acapulco tuvo la tercera posición.

Cinco de las 10 ciudades más violentas, entre las 50 que incluyen el ranking, son mexicanas: además de las ya mencionadas figuran La Paz, Tijuana y Victoria.

Más allá de las ciudades que ingresaron, reingresaron o salieron del ranking, los hechos de mayor importancia cualitativa en la más reciente edición del estudio periódico “Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo”, son tres:

  1. La pronunciada y rápida disminución de los homicidios en las ciudades de Honduras.

En el 2016 en San Pedro Sula se registró una tasa de 112.09 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en el 2017 fue de 51.18: una baja del 54.34% en tan sólo un año.

De este modo la urbe pasó de la tercera posición en el ranking en el 2016 a la 26 en el del 2017 (y ocupó el primer lugar mundial en los años 2011 al 2014).

En el 2016 en el Distrito Central se registró una tasa de 85.09 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en el 2017 fue de 48.00: una baja del 43.59% en tan sólo un año. Con ello pasó de la posición cuarta en el ranking del 2016 a la 35 en el 2017.

Estas reducciones extraordinarias no ocurrieron por casualidad, sino que son el resultado de un encomiable esfuerzo del gobierno de Honduras por erradicar en forma sistemática a células de grupos criminales, reducir la impunidad y actuar contra los delitos, distintos a los homicidios, que cometen las pandillas, así como poner orden en las prisiones.

  1. El incremento de la violencia en urbes de México.

En el sentido contrario a lo sucedido en ciudades de Honduras, en la brasileña Fortaleza la tasa de homicidios pasó de 44.98 en el 2016 a 83.48 en el 2017, un incremento del 85.59% en tan sólo un año.

Pero el disparo de la violencia homicida de Fortaleza palidece frente al habido en Los Cabos: pasó de 61 homicidios en el 2016 a 365 en el 2017, casi un 500% más en un año.

La violencia ha repuntado en México. En el 2015 cinco ciudades mexicanas se incluyeron en el ranking; en el 2017 fueron 12, la misma cifra del 2011.

Ciertamente en el 2017 las ciudades mexicanas estuvieron muy lejos de la tasa de casi 300 homicidios por cada 100 mil habitantes que alcanzó Juárez en el 2010, pero el incremento de la violencia es innegable.

Y ante la pregunta de por qué ha sucedido esto la respuesta es que se ha hecho lo contrario que en Honduras: no hay una acción para la erradicación sistemática de las milicias privadas de los grupos criminales y se ha permitido que la impunidad llegue a los peores niveles jamás registrados.

  1. La creciente dificultad para reconocer la magnitud de la violencia homicida en Venezuela, además del fenómeno demográfico que está sufriendo ese país

Desde años anteriores, pero sobre todo en el 2017, nos enfrentamos a un nuevo fenómeno que expresa la muy grave crisis que en todos los órdenes que enfrenta Venezuela: la creciente incapacidad de contar a sus muertos.

Ante datos oficiales, la información de la prensa sobre el tema en el 2017 fue mucho más escasa que en años anteriores, menos periódica y menos específica por lo que hace a la incidencia en las ciudades.

Por ello salieron del ranking dos ciudades de Venezuela, sin que tengamos la certeza de que no deberían figurar.

Por otro lado Venezuela está enfrentando un acelerado proceso de despoblamiento. Cuatro millones de sus habitantes han abandonado el país, más de la mitad de ellos en los últimos tres años. Como resultado las estimaciones oficiales de población no son reales, ni tampoco las tasas de homicidios basadas en ellas, sino más altas.

Otras novedades que presenta el ranking 2017 son:

  • Incluidas en el ranking del 2016, salieron del de 2017 seis ciudades: Cuiabá (Brasil), Curitiba (Brasil), São Luís (Brasil), Armenia (Colombia), Cumaná (Venezuela) y Gran Barcelona (Venezuela).
  • De estas, las dos últimas salieron porque no hay datos para calcular las tasas, no porque exista certeza de que las tasas de homicidios hayan bajado lo suficiente como para ya no figurar en el ranking.
  • Las cuatro restantes ciudades tuvieron tasas inferiores a la de Cúcuta, Colombia (34.78 homicidios por cada 100 mil habitantes) que ocupó el lugar 50.
  • Al ranking ingresaron las ciudades de Los Cabos (México), por primera vez; La Paz (México), por primera vez; Tepic (México), la cual reingresa; San Juan (Puerto Rico), la cual reingresa; Porto Alegre (Brasil), un reingreso y Campina Grande (Brasil), que también es un reingreso.
  • De las 50 ciudades del ranking 17 se ubican en Brasil, 12 en México, 5 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 3 en Colombia, 3 en Sudáfrica, y 2 en Honduras. Hay una ciudad de El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Jamaica. La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina (42 urbes).
  • En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 59.17 (41,430 homicidios dolosos entre 70,016,008 habitantes). Pero sólo las primeras 16 ciudades superaron ese promedio.

Estas son las 50 ciudades más violentas del mundo según el ranking 2017.

Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa
1 Los Cabos México 365 328,245 111.33
2 Caracas Venezuela 3,387 3,046,104 111.19
3 Acapulco México 910 853,646 106.63
4 Natal Brasil 1,378 1,343,573 102.56
5 Tijuana México 1,897 1,882,492 100.77
6 La Paz México 259 305,455 84.79
7 Fortaleza Brasil 3,270 3,917,279 83.48
8 Victoria México 301 361,078 83.32
9 Guayana Venezuela 728 906,879 80.28
10 Belém Brasil 1,743 2,441,761 71.38
11 Vitória da Conquista Brasil 245 348,718 70.26
12 Culiacán México 671 957,613 70.10
13 St. Louis EEUU 205 311,404 65.83
14 Maceió Brasil 658 1,029,129 63.94
15 Cape Town Sudáfrica 2,493 4,004,793 62.25
16 Kingston Jamaica 705 1,180,771 59.71
17 San Salvador El Salvador 1,057 1,789,588 59.06
18 Aracaju Brasil 560 951,073 58.88
19 Feira de Santana Brasil 369 627477 58.81
20 Juárez México 814 1,448,859 56.16
21 Baltimore EEUU 341 614,664 55.48
22 Recife Brasil 2,180 3,965,699 54.96
23 Maturín Venezuela 327 600,722 54.43
24 Guatemala Guatemala 1,705 3,187,293 53.49
25 Salvador Brasil 2,071 4,015,205 51.58
26 San Pedro Sula Honduras 392 765,864 51.18
27 Valencia Venezuela 784 1,576,071 49.74
28 Cali Colombia 1,261 2,542,876 49.59
29 Chihuahua México 460 929,884 49.48
30 João Pessoa Brasil 554 1,126,613 49.17
31 Obregón México 166 339,000 48.96
32 San Juan Puerto Rico 169 347,052 48.70
33 Barquisimeto Venezuela 644 1,335,348 48.23
34 Manaus Brasil 1,024 2,130,264 48.07
35 Distrito Central Honduras 588 1,224,897 48.00
36 Tepic México 237 503,330 47.09
37 Palmira Colombia 144 308,669 46.65
38 Reynosa México 294 701,525 41.95
39 Porto Alegre Brasil 1,748 4,268,083 40.96
40 Macapá Brasil 191 474,706 40.24
41 New Orleans EEUU 157 391,495 40.10
42 Detroit EEUU 267 672,795 39.69
43 Mazatlán México 192 488,281 39.32
44 Durban Sudáfrica 1,396 3,661,911 38.12
45 Campos dos Goytacazes Brasil 184 490,288 37.53
46 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 474 1,263,051 37.53
47 Campina Grande Brasil 153 410,332 37.29
48 Teresina Brasil 315 850,198 37.05
49 Vitória Brasil 707 1,960,213 36.07
50 Cúcuta Colombia 290 833,743 34.78

NOTA DE REDACCIÓN 1: Vale destacar que de acuerdo con este ranking 2017, Caracas fue la ciudad donde más homicidios se cometieron -de las 50 más violentas del planeta- con 3.387.

NOTA DE REDACCIÓN 2: Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), la tasa promedio mundial de asesinatos es de 9 por cada 100 mil habitantes.

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El Consejo Ciudadano Para La Seguridad Pública y la Justicia Penal, con sede en México, es una asociación civil integrada por organizaciones civiles, instituciones especializadas y comités ciudadanos, que busca mejorar al gobierno y a la sociedad, en seguridad pública y justicia penal.

Es un organismo independiente, representativo y apartidista, que busca el diálogo y la cooperación con las autoridades, consulta a las asociaciones e informar a la sociedad.

Esta asociación civil, realiza anualmente un estudio de la criminalidad mundial y produce un informe que es referencia y consulta obligatoria en el tema.

No olvidemos que la garantía de la producción y distribución de los alimentos, está a cargo de 27 generales y almirantes

En contraste con la fatídica realidad por la que transita el país en materia de abastecimiento de productos básicos, es importante recordar que el 24 de agosto del 2016 el gobierno anunció que 18 generales de la Fanb fiscalizarían la producción y distribución de los alimentos. Esta decisión está contenida en la Resolución N° 005/16, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.977 del 30/08/2016.

Es decir, el gobierno dispuso en ese momento que Venezuela tenga a militares de alto rango para que garanticen que en todo tiempo no falte la comida en la mesa de cada habitante de este país, por cuanto estarán encargados de asegurar la producción y distribución de los 18 rubros de la canasta básica.

Ese fue el anuncio del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, quien también es el jefe de la Misión Abastecimiento Soberano.

En el programa televisivo “Contacto con Maduro” (24/08/2016) el ministro Padrino, dirigiéndose a Maduro, aseguró que

“He ordenado, de acuerdo a las instrucciones que usted nos dio, asignar un general o un equipo cívico-militar por cada rubro alimenticio; es decir, que habrá un General en Jefe para el arroz, por ejemplo, que va a mostrar un mapa de la comercialización y distribución de ese rubro (…) con esto lo que buscamos es gobernar realmente los 18 productos primarios tanto de farmacia como de consumo.”

Expresó que “El objetivo de estas designaciones es tener claro un mapa de comercialización para que los alimentos lleguen a todo el país. Buscamos gobernar todos los productos que de esos primeros 18 primarios, pasarán a los 50 prioritarios, tanto de farmacia como de consumo e industriales”.

Padrino afirmó:

“Los militares ya han visitado a las empresas productoras, tanto de alimentos como de medicamentos. Estamos agrupando fuerzas, formando una unidad de apoyo especial de distribución de fármacos”.

Añadió que “No podemos permitir que la distribución de alimentos y de medicamentos siga en manos de privados, teniendo nosotros los medios para hacerlo porque nos lo dejó el comandante Hugo Chávez”.En ese programa de TV, le aseguró a Maduro:

“Hemos cumplido con la designación de una autoridad única por cada mercado municipal en todo el país, para combatir mafias, sobreprecio, especulación y otros delitos”.

Más de 18

La lista de productos básicos asignados a generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional, fue ampliada de 18 a 27 según decreto firmado por Padrino y publicado en la Gaceta Oficial N° 41.266 del 27 de octubre del 2017.

En ese decreto se agregaron -a la lista inicial del 2016- otros productos agrícolas (tomate, cebolla, pimentón, papa y ají), fórmulas infantiles y compotas, embutidos, jugos de frutas pasteurizados, carne de conejo, alimentos para animales, repuestos para vehículos, construcción y cacao.

Ambas decisiones plasmadas en los correspondientes decretos y gacetas oficiales, ponen al frente de la alimentación y de la salud de los venezolanos, a militares de alto rango que de 18 designados en agosto del 2016, pasaron a 27 en octubre del 2017.

Por otra parte, y en el mismo contraste, las redes sociales han reflejado las quejas de integrantes de la tropa de la fuerza armada nacional, por la falta de comida o de comida deficiente en los cuarteles.

Esta situación es inaudita, por cuanto si militares de alta graduación son los responsables de garantizar la comida a todos los venezolanos, hacerlo para los cuarteles sería mucho más fácil.

¿Quiénes son los responsables directos de que cada venezolano coma tres veces al día, todos los días del año?

A la fecha, estos son los garantes designados por el gobierno de Maduro para asegurar el abastecimiento de alimentos, medicinas y de otros productos básicos a los venezolanos:

Aceite: General de Brigada Jorge Pérez Mancilla, director de Seguridad Aérea y Terrestre de la Inspectoría de la Aviación Militar Bolivariana.

Arroz: General José Inés González Pérez, director de Planificación y Presupuesto del Ministerio de la Defensa.

Pollo y huevos: General José Gregorio Mirena López, director de Inteligencia REDI Los Andes.

Azúcar: General de Brigada Ludwing Palima Cisneros, director de Inteligencia Militar de la Guardia Nacional.

Carne de res: General de División Luis Alejandro Jiménez Villarruel, secretario permanente de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación.

Café: Contralmirante Juan Jiménez Peña, segundo comandante y jefe del estado mayor del Cuerpo de Ingenieros de la Armada Bolivariana.

Caraotas: General de Brigada Reynzer Rojas Omaña, jefe de Servicio de Policía Administrativa Especial y de Investigación Penal, para el Resguardo Nacional Aduanero y Tributario.

Detergente, jabón de baño, champú, crema dental, afeitadoras, cloro, suavizante y desodorante: General de División Franz Noé Calzada Cousin, director general de planificación del Viceministerio de Planificación y Presupuesto del Ministerio de la Defensa.

Medicinas y material médico quirúrgico: General de División Octavio Javier Chacón Guzmán, director del Comando Logístico de la Guardia Nacional.

Harina de maíz y maíz blanco: Vicealmirante Jorge Becerra Labrador, director General de Industrias Militares.

Leche, queso y mantequilla: General de Brigada José Gregorio Pérez Malavé, director del Régimen Especial de Seguridad del Ejército.

Maíz amarillo: General de División Javier Antonio Rosales Duque, director de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio de la Defensa.

Margarina y mayonesa: Vicealmirante María Eugenia Flores de Asacanio, directora general de Desarrollo Económico.

Papel higiénico, toallas sanitarias y pañales desechables para bebé y adultos: General de Brigada Manual Vera Boada, director de Puesto de Comando de la Aviación Militar.

Trigo, pan y pasta: General de División Francisco Yánez Rodríguez, presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Aviación Militar Bolivariana.

Pescado e insumos para enlatados: Vicealmirante Luisa María Lozada Fergusson, directora naval de Participación Activa en el Desarrollo Nacional.

Carne de cochino: Contraalmirante César Saavedra Solórzano, director general de Desarrollo Educativo Integral.

Frijol de soja: Contraalmirante José Gregorio Bello González, subdirector de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.

Productos agrícolas: General de Brigada Nelson José Morales Guitian, director de la Secretaría del Viceministerio de Servicios, Personal y Logística del Ministerio de Defensa.

Fórmulas infantiles y compotas: General de División Reinaldo Enrique Centeno Mena, subcontralor general de la Fanb.

Embutidos: General de Brigada Abdías González Trompiz, jefe del Puesto de Comando REDI Los Andes.

Jugos de frutas pasteurizados: Contralmirante Marianny Indira Mata Quijada, jefa de la oficina de Coordinación de Relaciones Internacionales.

Carne de conejo: General de Brigada Wilfredo José Morales Márquez, jefe de la Oficina de Tecnología e Información del Ministerio de la Defensa.

Alimentos para animales: Contralmirante Lisbeth Josefina Briceño Bravo, directora general de Seguimiento y Control de Planificación y Presupuesto del Ministerio de la Defensa.

Repuestos para vehículos: General de División Edmar Landaeta Rodríguez, director de Planificación Estratégica de la Guardia Nacional.

Construcción: General de División Santiago Sandoval Bastardo, director general de Empresas y Servicios.

Cacao: Coronel Lenin Herrera Hernández, presidente del Fondo de inversión “Misión Negro Primero”.

Informe OVV de Violencia 2017

1- La multiplicidad de la Violencia del 2017

La violencia en Venezuela durante el año 2017 estuvo asociada al notable deterioro en la calidad de vida del venezolano y a la disolución sistemática del Estado de Derecho como el mecanismo regulador tanto de las relaciones sociales como del acceso a los bienes materiales y al poder.

En el 2017 se mantuvo un fuerte impacto de la violencia delincuencial expresada en homicidios, robos, extorsión y secuestros.

En este año la vida cotidiana de los ciudadanos se alteró todavía más, restringiéndose las libertades personales y el ejercicio de los derechos, por el temor de las personas a ser unas potenciales víctimas tanto del delito como del abuso policial.

Nuevas formas de violencia adquirieron relevancia, tanto por el incremento de su magnitud, como por las novedosas razones que las originaron e impulsaron.

Ante el incremento de la escasez de bienes de consumo básico, en este año se notó un crecimiento de la violencia inter-ciudadana por la agresividad expresada en la competencia por adquirir dichos bienes y por el surgimiento de modalidades del delito asociadas a la captación de la renta económica derivada de su control y comercialización.

De igual modo, se pudo observar un incremento de la violencia doméstica derivada de las situaciones de hambre que se han presentado en los hogares. La carencia de alimentos en las familias ha obligado a una administración estricta de los pocos recursos disponibles que no siempre es acatada por sus miembros, provocándose situaciones de violencia de pareja o maltrato infantil inéditas en el país.

En el 2017 se pudo observar un notable incremento de la violencia del Estado, tanto en el uso desproporcionado y extrajudicial de la fuerza para el castigo y control del delito, como en el uso ilegítimo de la fuerza para la represión de la protesta social y política de los ciudadanos.

La disolución del Estado de Derecho

En el 2017 se acentuó la disolución del Estado de Derecho a partir de un conjunto de acciones y medidas que destruyeron los mecanismos institucionales establecidos en la Constitución vigente substituyéndolos con medidas e instancias de poder paralelas, provocando una doble institucionalidad que ha incrementado el sentimiento de anomia de la sociedad y ha reducido la creencia en las vías legales como el medio adecuado para la resolución de conflictos.

Durante todo el 2017, y por casi dos años consecutivos, se prolongaron los decretos de estado de excepción sin aprobación de la Asamblea Nacional y por un periodo muy superior a los cuatro meses máximo como lo exige la Constitución.

Las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia por las cuales el poder judicial se arrogaba los poderes correspondientes al poder legislativo llevaron a que la Fiscal General de la República, en tanto que guardiana de la ley, las calificara como una ruptura del hilo constitucional.

El establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente por mecanismos de convocatoria y de elección diferentes a lo establecido por la Constitución Nacional vigente; la posterior destitución de la Fiscal General y el nombramiento de un nuevo Fiscal por una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene las potestades legales y constitucionales para hacerlo, y sus posteriores acciones de aprobación de leyes y eliminación de unidades territoriales establecidas, actuando como un poder plenipotenciario sin haber sido derogada la anterior, ni haber sido aprobada una nueva Constitución, han conducido al establecimiento de una peligrosa doble institucionalidad en el país.

Un país que tiene dos Asambleas Nacionales, dos Fiscalías y dos Tribunales Supremos de Justicia, es una sociedad que no tiene mecanismos de control civilizados de la violencia.

Crisis económica, empobrecimiento y segregación social

La crisis económica, con una contracción de dos dígitos en el Producto Interno Bruto, la reducción a la mitad de las importaciones y la disminución de las exportaciones petroleras y no petroleras, así como la emisión de dinero inorgánico por parte del gobierno, ha provocado una inflación que ya da signos de hiperinflación.

La caída de los precios del barril y de la producción de petróleo venezolano, así como la baja productividad en la economía y el crecimiento de la economía informal, han provocado un incremento de la desigualdad en la sociedad y han creado dos polos contrastantes de extrema riqueza y extrema pobreza en el país.

En este 2017 se ha acentuado el desabastecimiento, se ha incrementado el costo de todos los productos de la canasta alimentaria y se ha deteriorado el ingreso familiar, generando una progresiva pauperización de enormes sectores sociales.

Los estudios realizados por las universidades nacionales muestran que cuatro de cada cinco hogares venezolanos (82%) están en situación de pobreza y que más de la mitad de las familias (52%) se encuentran en pobreza extrema; es decir, que no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Cáritas ha reportado que este año se ha incrementado en un 14,5% el número de niños con desnutrición aguda, con muchos de ellos fallecidos por el hambre.

El lograr algún alimento para el hogar pasó a ser una proeza para millones de familias venezolanas, las cuales se ven sometidas a largas y demoradas colas para la compra de unos pocos productos, y en las que hay tensión y focos de violencia por la discrecionalidad y segregación en las normativas que imponen los establecimientos o los militares encargados del cuido del orden en esos lugares.

La exigencia de un “carnet” para acceder a la compra de alimentos, medicinas y otras necesidades, requiriendo un documento de identidad diferente del que establece la legalidad venezolana, constituye un mecanismo de exclusión social, de sometimiento al poder y de pérdida de la ciudadanía, pues establece dos tipos de venezolanos: unos afiliados por un registro gubernamental para el acceso a unos pocos alimentos o medicinas y otros sin derechos a la alimentación y la salud.

2- La metodología de la investigación en Violencia

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que hasta el año pasado agrupaba a investigadores de seis universidades nacionales, incorporó en el 2017 la Universidad del Zulia (LUZ) y en consecuencia al estado Zulia. El OVV amplía, de esta manera, la cobertura regional en el estudio de la violencia, pues contamos ahora con cuatro estados del occidente del país (Zulia, Táchira, Mérida y Lara), dos estados centrales (Distrito Capital y Miranda), un estado del oriente (Sucre) y otro del sur (Bolívar), que suman un 49% de la población nacional.

El OVV ha trabajado con tres tipos de fuentes de información diferentes: datos que se publican en la prensa nacionalarchivos oficiales y encuestas de victimización aplicadas en los hogares. Para la recopilación y procesamiento de los datos que se publican en la prensa nacional, el OVV, a través de los Observatorios Regionales de Violencia (ORV) y de sus respectivos Observatorios de Prensa (OP), registra y contabiliza sucesos de violencia difundidos en medios de comunicación regionales y nacionales.

Adicionalmente, el OVV, por medio de la red de Observatorios Regionales, recibe datos oficiales de manera no-oficial. Estos archivos reportan delitos conocidos por las autoridades policiales, en aquellos casos en los que se presenta una denuncia o se realiza una actuación policial.

Hay que precisar que esta información no siempre es completa y presenta en general inconsistencias de diversos tipos, que demandan de un minucioso trabajo de revisión y de validación, en la medida que lo posibilitan los archivos. La tercera fuente de información es la que proviene de las encuestas de victimización, una de ellas es la Encuesta sobre Condiciones de Vida, ENCOVI, que llevan a cabo anualmente la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela.

El OVV se alimenta, además, de un programa de investigación con encuestas ad-hoc sobre la misma temática, pero estudiando su vinculación con problemas sociales diversos como, por ejemplo, la desigualdad, que llevan a cabo los centros de investigación que lo integran.

En este año se aplicaron de manera sistemática otras dos técnicas de recolección de información: los grupos focales y las entrevistas a profundidad.

En siete ciudades del país se realizaron grupos focales con los grupos sociales y ocupacionales más afectados por la violencia y se aplicaron entrevistas con líderes sindicales y comunitarios, así como con trabajadores de la salud y la seguridad, para tener mayor profundidad y detalle de las situaciones vividas, así como para comprender la construcción subjetiva de la violencia.

En esta oportunidad cabe destacar un estudio de particular importancia para determinar la cifra negra en materia de mortalidad violenta, que está llevando a cabo el OVV en cinco parroquias del Distrito Capital.

En esta investigación se está realizando una enumeración exhaustiva de casos de mortalidad violenta por medio de una encuesta a hogares, que en una etapa posterior se podrá cotejar con los registros oficiales disponibles sobre homicidios y muertes por resistencia a la autoridad.

Este ejercicio permitirá, con el empleo de una metodología conocida como de estimación por sistemas múltiples (ESM), una aproximación novedosa a la cuantía de la cifra negra letal en nuestro país.

El concepto de muertes violentas que utilizamos en este informe, se define como la suma de las muertes ocurridas bajo cada una de las tres categorías siguientes: homicidios legalmente establecidos, averiguaciones de muerte y resistencia a la autoridad.

La estadística oficial utiliza la categoría homicidios sólo para los casos (de una o varias víctimas) donde existe la apertura de un expediente judicial por asesinato. Muchos otros casos, de miles de muertes violentas; por ejemplo, de personas fallecidas a causa de un disparo de arma de fuego, quedan fuera de esa categoría por tener una intención “indeterminada”, por lo que se denominarían averiguaciones de muerte.

En otros casos, miles también, donde la muerte ocurre a consecuencia de una acción del Estado, policial o militar, se clasifican y archivan como resistencia a la autoridad. Ciertamente, no todo caso de enfrentamiento con la autoridad termina en homicidio, ni toda muerte en averiguación tiene por qué ser el resultado de un acto violento, pero es imposible saber con certeza cuántos lo son, y esto, entre otras razones, por la aparente falta de sistematicidad en los procedimientos de registro de los organismos oficiales encargados de esta materia.

En opinión del OVV, aun cuando la muerte sea el resultado de una acción legal ajustada al protocolo de uso proporcional de la fuerza, es una muerte violenta que debe ser contabilizada como tal, pues es el resultado del nivel de violencia existente en la sociedad.

Ante el silencio informativo habitualmente practicado por el Gobierno con relación a la mortalidad violenta y la dificultad de poder disponer de fuentes completas de datos confiables, el OVV ha venido empleando proyecciones estadísticas de las muertes violentas ocurridas en el país en un año calendario específico.

Para ello, hemos utilizado datos parciales aportados por diversas fuentes de información regional y nacional, en combinación con series estadísticas de muertes violentas del país desde 1990.

El ejercicio de predicción estadística en el 2017 se llevó a cabo estimando modelos de series temporales de los casos conocidos de homicidios y casos de resistencia a la autoridad de manera conjunta, registrados para los nueve primeros meses del 2017, y de las averiguaciones de muerte compiladas por la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ) y el actual Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), desde 1990 hasta el 2010.

El procedimiento de búsqueda de los mejores modelos de predicción consideró la clase de los modelos de suavizamiento exponencial y los modelos autorregresivos de promedios móviles integrados (ARIMA), resultando un modelo de suavizado exponencial simple para la serie conjunta de homicidios y muertes de casos de resistencia a la autoridad, y el modelo ARIMA (0,1,0) para la serie de casos de averiguaciones de muertes.

Hay que advertir que aun cuando los modelos ajustados son los “mejores” desde el punto de vista estadístico, es decir, aquellos que proporcionan el mejor ajuste a los datos y además aseguran el menor error de predicción, tal ejercicio se realiza asumiendo unceteris paribus, es decir, que las condiciones determinantes del comportamiento pasado no han cambiado y se mantienen constantes. Se comprende, por lo tanto, que en la medida en que el horizonte de predicción se alarga, el ejercicio de predicción es más incierto.

De cualquier manera, reconocemos que las cifras se mueven en la incertidumbre de unos intervalos amplios que pueden ubicar las tasas “reales” en magnitudes algo menores o algo mayores de las que resultan del ejercicio predictivo, expresado normalmente en afirmaciones que se declaran con un 95% de confianza.

3- La situación de Violencia en el 2017

Este año se cumplen catorce consecutivos de censura sobre la estadística oficial de criminalidad y violencia. Por ello, calculando en medio de la opacidad informativa con fuentes primarias nacionales y estadales, y con las informaciones de terreno a las cuales hemos tenido acceso a través de los siete Observatorios Regionales de Violencia, para finalizar este 2017 estimamos una tasa de 89 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y un total de 26.616 fallecidos en todo el territorio nacional.

Esta cifra incluye la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimamos en 16.046 casos; más las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.535 muertos; y los 5.035 fallecidos considerados como muertes violentas en averiguación.

Esta tasa representa una disminución de 3 puntos en relación al año anterior.

Los homicidios considerados como tales por las autoridades disminuyeron en su magnitud, pero se incrementaron otras formas de violencia, en particular la violencia del Estado expresada en el incremento de las personas víctimas que fueron clasificadas como fallecidos por “resistirse a la autoridad”. 

En promedio, en el 2017, cada semana fallecieron 106 personas por acciones de funcionarios policiales o militares; cada día del año murieron 15 personas por resistencia a la autoridad.

En el 2017 se observó un incremento de las personas fallecidas como consecuencia de un linchamiento. Si bien las cifras de linchamientos incluyen casos que no concluyeron en muerte de la víctima, a veces clasificados como intentos de linchamiento, en los casos que tuvieron consecuencias fatales se pudo establecer que cada semana del año hubo al menos un promedio de 2,4 personas muertas por linchamiento.

El mayor número se presentó en los estados Miranda, Monagas, Carabobo, Zulia y Bolívar.

De igual modo, se observó un incremento de las muertes por encargo o sicariato en el país. Si bien establecer cifras confiables es una tarea muy difícil, por la complejidad que este tipo de móvil representa para la investigación criminalística, especialmente en las situaciones de censura y oscuridad en los datos, desde el OVV podemos afirmar que en cada semana del año se cometieron al menos 6,4 homicidios que deben ser considerados como sicariato.

La zona con mayor número de este tipo de actos fue el estado Zulia, que agrupó cuatro de cada cinco casos registrados con esa clasificación, siguiéndole los estados Amazonas, Táchira y Falcón.

En cuanto al número de funcionarios policiales víctimas de muertes violentas, se pudo observar una disminución en Caracas y un incremento en otras zonas del país, y aunque resulta muy difícil establecer cuándo mueren en cumplimiento de sus funciones y cuándo simplemente son víctimas del delito como cualquier otro ciudadano, el estimado que podemos establecer es de al menos 1 policía asesinado cada día del año.

Una nueva dimensión de la violencia en el 2017 es el hallazgo en varias zonas del país de un incremento en los suicidios. Aunque estos eventos no han sido un foco de estudio del OVV, sí forman parte de la violencia.

En investigaciones realizadas en las universidades nacionales desde los años noventa, se incluía el suicidio como una forma de violencia “contra uno mismo”. Ésa es la misma definición que posteriormente adoptó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2000. Sin embargo, no había adquirido una relevancia social sino hasta fecha reciente, cuando se ha observado un incremento de los casos en diversas zonas del país.

En el estado Mérida, entre enero y noviembre del 2017 se quintuplicó la cifra de homicidios registrada en todo el 2016.

Ese incremento es de tal magnitud que supera la sumatoria de suicidios en Mérida durante en los últimos cuatro años, y arroja una tasa de 19 por cada 100 mil habitantes.

Ese es valor muy alto si tenemos en cuenta que para la OMS sólo 20 países del mundo alcanzan una tasa superior a la que está registrando Mérida en el 2017. Es un dato significativo al que debe hacerse seguimiento, porque podría revelar una causa de mortalidad derivada del contexto social y político del país que debe ser cuidadosamente atendida.

También en el 2017, entre los meses de abril y julio, se presentaron un conjunto de situaciones de violencia vinculadas a la protesta social y política de los ciudadanos, y la represión ejercida por los cuerpos policiales y militares.

Algunas organizaciones de la sociedad civil estimaron en 163 el número de fallecidos en estas protestas y en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se afirma que hubo 124 muertos por confrontaciones, uso desproporcionado o con la intención de hacer daño de la fuerza pública.

Las víctimas fatales de la violencia en el 2017 fueron fundamentalmente jóvenes: un 60% de las víctimas tenía entre 12 y 29 años de edad; una de cada tres víctimas (34%) tenía entre 18 y 24 años.

El 95% de las víctimas fatales eran hombres, los cuales en el 88% de los casos recibieron heridas múltiples y en un 90% murieron por armas de fuego.

El análisis estadístico de los Observatorios Regionales de Violencia reveló que el 84% de las víctimas eran trabajadores formales o informales.

Los victimarios mostraron unos rasgos muy similares a sus víctimas, conformando lo que en otros momentos hemos llamado una imagen de espejo: en un 61% tenían entre 12 y 29 años de edad, un tercio de ellos (35%) tenía entre 18 y 24 años y en un 98% eran hombres. El 60% de los victimarios se catalogaba como trabajador informal.

La violencia se ha extendido de una manera similar a lo largo de todos los días del año, no hubo casi diferencias entre los días de la semana, lo que sí se pudo notar fue un incremento de las muertes violentas al día siguiente de la fecha de pago quincenal, observándose un mayor número de víctimas los días 1º y 16 de cada mes.

Aunque la violencia es un fenómeno generalizado que tiene rasgos de epidemia en todas las entidades federales del país, hay un grupo de cinco estados con unas tasas superiores a la de 100 muertes violentas por cada 100 mil habitantes (100m/h) que concentran el 65% de las víctimas.

Los estados más violentos del país son: Aragua, con una tasa de 155 fallecidos por cada 100m/h; Miranda con una tasa de 153 por cada 100m/h; Amazonas con 146 por cada 100m/h; Bolívar con 113 y el Distrito Capital con 109 por cada 100m/h.

Otras dos entidades con una alta tasa fueron Carabobo con 91 y Sucre con 81 víctimas por cada 100m/h. Caracas como ciudad, que reúne el Distrito Capital y cuatro municipios del estado Miranda, arrojó una tasa de 104 muertes violentas por cada 100m/h.

Los estados con la menor tasa fueron Mérida y Nueva Esparta con 26 fallecidos por cada 100m/h, tasa que, sin embargo, es muy alta, pues resulta superior a la de Colombia como país.

Los diez municipios más violentos del país tuvieron una tasa de muertes violentas por encima de los 300 fallecidos por cada 100 m/h.

Destacan en particular, el municipio El Callao del estado Bolívar, con una tasa de 816 víctimas por cada 100 m/h, seguido por el municipio Andrés Bello del estado Trujillo, con una tasa de 429 muertos por cada 100 m/h. Luego continúan en orden decreciente, los municipios Acevedo (377) y Camatagua (355) del estado Aragua; Buroz (324) y Andrés Bello (318) de Miranda; elmunicipio José Rafael Revenga (307) de Aragua, Roscio (306) de Bolívar y en décimo lugar el municipio La Ceiba (305) de Trujillo.

Son municipios pequeños donde la violencia adquiere unas magnitudes notables por la poca población que allí habita y que se ve afectada tanto por el crimen como por la acción violenta de la policía.

Lo que se puede observar es que hay un patrón de distribución territorial de los municipios más violentos que asocia la ocupación territorial de delito con rutas de transporte de la droga, producción y contrabando de la minería, y con las zonas de dominio de las bandas dedicadas a la extorsión y el secuestro.

En el estado Bolívar los tres municipios con mayores tasas de muertes violentas se corresponden a la zona minera El Callao con 816 víctimas por cada 100 m/h, Roscio (capital Guasipati) con 306 por cada 100 m/h; y Sifontes (capital Tumeremo) con 274 por cada 100 m/h.

En el estado Trujillo los municipios más violentos, medidos en tasas por 100m/h, se localizan en la zona plana del estado que comunica la carretera Panamericana con el sur del lago de Maracaibo. Encontramos allí, los municipios Andrés Bello con 429 por cada 100 m/h, La Ceiba, donde se encuentra el puerto sobre el lago de Maracaibo, con 305 por cada 100 m/h; Miranda (Dividive) con 191 por cada 100 m/h; Motatán con 187 y Sucre (Sabana de Mendoza) con 165 por cada 100 m/h.

El estado Aragua tiene siete municipios con tasas superiores a las 200 muertes por cada 100m/h y están ubicados en el eje que comunica la zona de los llanos con el puerto de Ocumare en el municipio Costa de Oro (con 244 muertes por cada 100m/h). Son los municipios Santo Michelena (Tejerías, 355); J. R. Revenga (El Consejo, 307); Zamora (Villa de Cura, 244); J.F. Rivas (La Victoria, 208); Bolívar (San Mateo, 266); Libertador (Palo Negro, 155) con el sur Camatagua (346) y Urdaneta (Barbacoas, 147).

En el estado Miranda la violencia se acentúa en los alrededores de Caracas hacia la zona de Barlovento y hacia los Valles del Tuy, llegando a tener unos de estos municipios el doble o el triple de la tasa de homicidios que Petare. Los cuatro municipios más violentos del estado se encuentran en la región de Barlovento, y son: Acevedo (Caucagua, 377); Buroz (Mamporal, 324); Andrés Bello (San José de Barlovento, 318) y Brión (Higuerote, 296). Los otros corresponden a los Valles de Tuy como son los municipios Independencia (Santa Teresa, 280), Paz Castillo (Santa Lucía, 250), Bolívar (Yare, 210), Cristóbal Rojas (Charallave, 192) y Lander (Ocumare, 191).

En el estado Zulia los municipios más violentos se encuentran al sur del lago de Maracaibo. El municipio Baralt (San Timoteo, 194) que se encuentra entre la carretera Panamericana y el lago, y que es fronterizo con los municipios más violentos del estado Trujillo y los municipios Jesús M. Semprum (Casigua, 176) y Catatumbo (Encontrados, 115), los cuales conectan la frontera colombiana con los puertos del lago de Maracaibo por carreteras y ríos.

En el estado Carabobo los tres municipios más violentos están alrededor del lago de Valencia y son fronterizos con el estado Aragua: Diego Ibarra (Mariara, 234); Carlos Arvelo (Guigüe, 127) y Los Guayos (122). Y el cuarto es el municipio Juan José Mora que se corresponde a la ciudad de Morón (114), intersección de la autopista central del país hacia Puerto Cabello.

En ese contexto general Venezuela permanece en el año 2017 como el segundo país más violento del mundo, sólo superado por El Salvador, quien mantiene sus altas tasa de asesinatos.

En Centroamérica, el otro país con alta criminalidad ha sido Honduras y en este año ha mostrado una reducción. Y aunque Costa Rica ha tenido un incremento en el delito y la violencia, la tasa estimada de 14 homicidios por cada 100 m/h, la coloca en una posición muy distante de Venezuela.

En Colombia se tendrá la tasa más baja de los últimos 42 años con 10.871 muertes y una tasa de 23 por 100 m/h. La evolución de la situación de violencia con posterioridad a los Acuerdos de Paz tendrá que seguirse observando, pues aunque la tendencia a la disminución de la violencia se ha sostenido por varios años no se descarta que los grupos guerrilleros que no se acojan al proyecto político pueden derivar a otras formas de criminalidad y violencia.

Brasil, por el contrario, ha tenido un incremento y se estima que el año podrá concluir con una tasa de 29,9 homicidios por cada 100m/h.

Un caso similar es el de México que mostrará la tasa más alta en una década con 16,9 homicidios, pero aun así tienen una situación de criminalidad y unas tasas muy inferiores a las de Venezuela.

Es muy difícil interpretar unívocamente la leve disminución que ha tenido la tasa nacional de muertes violentas en el año 2017. En el pasado, han ocurrido disminuciones similares sin que hayan sido el resultado de políticas públicas eficientes, y muestra de ello es que no han podido sostenerse como tendencia en los años siguientes. Sin embargo, hay algunas hipótesis que se pueden adelantar para la interpretación de estos datos.

La primera y más fuerte es que en el país hay menos homicidios porque hay menos homicidas. La disminución de los criminales sería una resultante del plan de exterminio de los homicidas llevado adelante por las acciones gubernamentales como las Operaciones de Liberación del Pueblo y que se encuentran reflejadas en las altas cifras de fallecidos por resistencia a la autoridad en los años 2016 y 2017.

Si éste ha sido el propósito de este tipo de acciones se puede entonces pensar que han sido eficientes, pero en los estudios que hemos llevado a cabo en comunidades populares del país se evidencia que hay un doble sentimiento: unos afirman que bajaron los homicidios porque ya mataron a los delincuentes y otros se quejan de los abusos y de las personas inocentes que han perecido en medio de tales acciones, que en cualquier caso son siempre ilegales y extrajudiciales.

El problema con este tipo de acciones no es solo que son violatorias de los derechos fundamentales de la población y de la ley, sino que representan una destrucción de la institucionalidad y su éxito será transitorio, pues mientras existan espacios para los negocios ilegales y una renta que captar, otros vendrán a substituir a los que fueron eliminados. Permanece entonces el problema, con el agravante que se habrá debilitado el pacto social, pues la policía y el Estado se percibirán como violadores de la ley y no como quienes tienen la responsabilidad de cumplirla y hacerla cumplir.

Una segunda hipótesis está vinculada a las protestas sociales y políticas que durante al menos cuatro meses del año mantuvieron el país con una tensión provocada por la prohibición de las fuerzas de seguridad del derecho a la manifestación pacífica de los ciudadanos y por la violencia de algunos manifestantes y las respuestas violentas de algunos cuerpos policiales y militares ante tales situaciones.

Ciertamente el 2017 fue un año muy particular pues se mantuvo en el país un amplio despliegue militar y policial, con alta movilidad territorial y alta rotación de personal, que hacía muy dificultosas las operaciones del crimen organizado.

Si bien el pequeño delito o los agentes libres del crimen podían aprovechar las oportunidades que brindaba la confusión o el descuido de algunas zonas por los cuerpos policiales, para el delito de mayor complejidad y las bandas de crimen organizado, les resultaba más difícil la actuación por el despliegue militar y policial en las calles y por la parálisis en actividades laborales, educativas o recreacionales que vivió el país.

Es posible también hipotetizar que el incremento del delito organizado en el país y su mayor control territorial de amplias zonas urbanas y rurales, puede haber conducido a una disminución de los homicidios.

Se trataría de una paz criminal que no reduce el delito, pero sí logra hacerlo con la violencia, bien sea por acuerdos de cooperación criminal o porque algunas bandas logran imponerse sobre otras, disminuyendo el nivel de conflictividad y aumentando la racionalidad en la administración criminal de la violencia.

4- El empobrecimiento y la violencia

El desabastecimiento de importantes alimentos de la dieta básica, la carestía y escasez de medicinas, equipos y repuestos indispensables para servicios tan básicos como el transporte, la electricidad, el gas doméstico, o la gasolina, generan ansiedad, frustración y originan conflictos que hacen aparecer formas inéditas de violencia y de delitos.

La violencia y el delito provocados por la escasez

El empobrecimiento, la inflación y la escasez de los alimentos ha llegado a situaciones muy extremas y dolorosas, que no habían sido imaginadas ni en los momentos más difíciles de la economía nacional: se ha extendido a todos los centros urbanos del país la presencia de niños, jóvenes y familias enteras buscando algo que comer en la basura; también se incrementa el hurto de comida en los lugares de abastecimiento; el asalto a las bolsas de comida que llevan las personas mayores, y son frecuentes también los robos a vehículos que transportan alimentos en las vías públicas.

En los lugares que venden alimentos son frecuentes los conflictos con quienes pretenden ocupar o invadir un lugar en la fila, o por corrupción o decisiones discrecionales sobre cuánto y a quien vender los alimentos. Las cajeras y los vigilantes en los supermercados son blanco frecuente de acusaciones y agresiones.

En las “colas” suelen aparecer personas armadas que se imponen y ocupan los primeros lugares para adquirir los productos desplazando a los demás y generando conflictos o sometimiento por el uso de la fuerza. En algunos casos esto ha ocasionado lesiones y hasta la muerte, como fue el caso de una mujer asesinada de un disparo en la cara, ante cerca de 500 personas que estaban en las filas para la compra de alimentos en Barquisimeto.

Una situación del mismo origen ha ocurrido con los robos colectivos y saqueos de los supermercados o el asalto y saqueo de los vehículos que transportan comida que han ocurrido en distintos lugares del país.

El delito amateur se generaliza

El incremento de los precios que ha hecho inaccesibles los alimentos y medicinas a una parte mayoritaria de la población, ha llevado a que personas sin trayectoria delincuencial sustraigan productos en los anaqueles de los comercios, al robo de productos en los lugares de trabajo y hasta al despojo de las loncheras de los niños más pequeños en las escuelas.

El riesgo del robo se extiende en todos los espacios, lo que acrecienta la desconfianza mutua, todos están bajo sospecha y ningún espacio público es seguro, por lo que toda persona debe estar no sólo alerta, sino a la defensiva, cuidando sus pertenencias.

En los grupos focales, los choferes de transporte público se quejaban de ser acusados de complicidad con quienes les asaltan, pero también ellos mismos declaraban su temor a ser víctimas de sus usuarios pues no tienen control de quien aborda su vehículo.

La violencia doméstica: entre la solidaridad y la violencia familiar por alimentos

Los hogares en pobreza han visto muy reducida la disponibilidad de los alimentos y aunque en los estudios las familias informan que deben dedicar la casi totalidad de sus ingresos a la compra de comida, la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2017) mostró que el 32,5 % de los venezolanos (9,6 millones de personas) sólo comen dos o menos veces al día.

Esto genera dificultades en la convivencia familiar, pues los pocos productos que pueden comprar son racionados o reservados para determinados miembros de la familia (los más pequeños o los enfermos) y cuando alguno incumple esas reglas, se producen situaciones de conflicto y violencia, como los casos de una madre que le quemó las manos a su hija por tomarse el tetero de su hermana u otra que quemó los labios a un hijo por comerse durante la noche el poco alimento guardado para toda la familia.

Al contrario, también debemos destacar que hay múltiples expresiones de solidaridad como el de una niña en Antímano, Caracas, quien contaba cómo ella se iba a dormir más temprano para que no le diera hambre y así su hermanita menor pudiera comer.

Las bandas criminales y el reclutamiento de niños en pobreza extrema

Las investigaciones que realizan los equipos del OVV han encontrado que en esos contextos de penuria económica, escasez y sin oportunidades educativas o laborales, las bandas delictivas brindan apoyo material a quienes identifican como pobres o vulnerables, regalándoles comida, prestándoles dinero, lo que les permite la captación de muchachos para quienes estos jóvenes armados son “buenas” personas a quienes les “gusta ayudar” y hasta aconsejar en casos de necesidades y problemas.

Las técnicas de reclutamiento, los señuelos que en el pasado solían ser objetos de moda o lujo, se han substituido por la oferta de alimentos básicos.

Los grupos delictivos están avanzando con la conquista de miles de jóvenes que incursionan en la violencia y cuyo destino está siendo la muerte, la cárcel y la frustración de tantos sueños y esperanzas forjados por sus familias y comunidades.

Las tres cuartas partes de las víctimas que mueren por la violencia tienen menos de 30 años, y por eso también las tres cuartas partes de los que asesinan tienen también 29 años o menos.

La violencia del transporte público

Las encuestas y los grupos focales realizados este 2017 por los Observatorios Regionales, han registrado el miedo generalizado de la población a ser víctima del delito y la violencia, en particular cuando se movilizan en el transporte público.

Ocho de cada diez venezolanos tiene miedo de ser víctima del delito en los autobuses en las ciudades o en las carreteras interurbanas. La violencia crece en un servicio de transporte cada vez más precario.

Las unidades de transporte se han reducido en número por el alto costo de los repuestos y la imposibilidad de conseguirlos debido a la escasez. Los choferes denuncian nuevas modalidades delictivas que incluyen el secuestro de choferes y de las unidades, con mucha frecuencia para robar los repuestos del vehículo cada vez más escasos.

Las peleas e insultos entre los usuarios y los conductores del transporte público son frecuentes y se agravan en los casos de violencia delincuencial en los que impera la desconfianza mutua entre usuarios y transportistas.

Cada uno de los Observatorios Regionales del OVV realizó una campaña de sensibilización sobre la violencia, colocando calcomanías en las unidades de transporte público para mejorar la percepción de los usuarios sobre la convivencia en las rutas de transporte.

Después de la campaña se hizo un post test para verificar los resultados de esta labor promocional, lo que permitió valorar lo apropiado de esta iniciativa y la necesidad que tenemos como sociedad de mejorar las relaciones de respeto y confianza entre los usuarios y choferes de este servicio público.

Por otra parte, los OVV regionales lograron construir mapas de riesgos, en los que, con participación de los choferes, fue posible identificar los sitios de mayor vulnerabilidad y los tipos de delitos asociados, información que hemos ofrecido a las autoridades públicas locales para apoyar los programas de seguridad en la movilidad de los usuarios de rutas urbanas e interurbanas.

Las calles de las ciudades se vacían al anochecer, el transporte público se reduce y las personas en las ciudades parecen sometidas a toques de queda impuestos por los grupos delictivos, no sólo en los barrios y urbanizaciones, sino en las avenidas y autopistas del país.

Robos de vehículos

La violencia asociada al robo de vehículos parece haber disminuido, pues los delitos denunciados a la policía disminuyeron en este año. Es muy difícil poder establecer con certeza la explicación de este fenómeno, pudiera ser el resultado de unas políticas públicas adecuadas, puede ser también que no se redujo el delito, o al menos no en esa magnitud, sino lo que se redujo fue la denuncia del delito.

En Venezuela los diversos estudios realizados, tanto por las universidades como en las encuestas de victimización del gobierno nacional, han mostrado que entre el 62% y el 66% de los delitos no son denunciados a la policía.

Esta cifra era sin embargo menor en el caso del robo de vehículos y la razón fundamental era que las personas querían protegerse de la responsabilidad penal que podía derivarse de un daño provocado por el vehículo de su propiedad, y la segunda, y más importante, que ésa era la única manera de poder cobrar el seguro que tenían para el vehículo.

Dos circunstancias han cambiado en el país y que se deben tomar en cuenta para una posible explicación.

La primera es que ha ocurrido un descenso notable del porcentaje de vehículos asegurados por los altos costos de la prima y porque la inflación desactualiza el monto de la cobertura y no permite la reposición del bien.

La segunda es que gran parte del robo de vehículos pasó a convertirse en un “secuestro de vehículos”, es decir, el ladrón no quiere quedarse con el carro sino que a las pocas horas contacta al propietario y le solicita un monto en dinero para devolverle su vehículo. En esa modalidad las víctimas deciden no denunciar, sino esperar y negociar con los delincuentes y los casos de robo de vehículos disminuyen en su notificación, no en su ejecución.

5- La Violencia de Estado

En el 2017 se pudo observar un incremento en la violencia ejercida por el Estado para la represión de los presuntos delincuentes, así como para la represión de la protesta social y política.

El aumento de las víctimas que las autoridades calificaron como “dados de baja” por resistir a la autoridad y que según las denuncias de muchas familias y de la Fiscal General de la República pueden ser interpretadas como ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas policiales y militares, y no como uso legítimo de la fuerza, constituyen un aspecto preocupante de la violencia en el país.

Este tipo de acciones, destinadas no a la contención del delito ni a la aplicación de la ley, sino al aniquilamiento de los presuntos delincuentes, se convierten en un factor que socava la legitimidad de la fuerza pública y concreta la destrucción del pacto social. Estas operaciones pueden gozar de la simpatía de una parte de la población e incluso tener un relativo éxito en el corto plazo, pero la experiencia histórica ha demostrado que no son sostenibles, pues destruyen la institucionalidad y se transforman luego en más violencia para la sociedad.

De igual manera se pudo observar un uso desproporcionado de la fuerza e incluso la intención de hacer daño por parte de las autoridades para contener las protestas sociales y las manifestaciones políticas.

Los reportes de la Fiscal General de la República y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirman que la violencia utilizada excedía la legítima utilización de acuerdo a los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, establecidos por las Naciones Unidas en 1990 y suscritos por Venezuela en 1990, que señalan claramente que “no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos”.

Esta violencia desproporcionada e ilegítima del Estado, puede igualmente tener una eficacia temporal; pero al no ofrecer caminos para la resolución pacífica y democrática de las diferencias políticas, se convierte en una fuente de más violencia en el futuro.

6- El desmoronamiento del Sistema de Justicia Penal

Los tres componentes del sistema de justicia penal, que constituyen el freno formal para la contención del delito y la violencia, las policías, los tribunales y fiscalía, y las cárceles, sufrieron serios deterioros en el 2017.

Los cuerpos policiales vivieron un importante retroceso por la pérdida de su personal. Durante todo el año fueron continuas las renuncias de los funcionarios policiales quienes abandonaron sus puestos de trabajo para buscar empleo y mejores salarios en el sector privado o para emigrar del país.

Eso ha llevado a una reducción del pie de fuerza de las policías que limita las funciones preventivas y el servicio a la ciudadanía. Su sustitución por nuevas promociones de policías seleccionadas y formadas de manera express, no pueden garantizar ni el personal idóneo, ni su capacitación adecuada para cumplir las importantes funciones que se les encomiendan.

Las intervenciones de las policías municipales y regionales con una clara motivación político partidista que ocurrieron durante el año y después de las elecciones regionales, crearon una imagen negativa y parcializada de los policías ante la población y una desmoralización entre los propios funcionarios; nuestros estudios muestran que se sienten fichas del juego político y no servidores de toda la comunidad.

El involucramiento de los funcionarios policiales y militares en la comisión de robos, secuestros, tráfico de drogas y homicidios constituye una grave pérdida para la sociedad. La denuncia pública de la Fiscal General de la República que el 20% de los homicidios en el país, uno de cada cinco, son cometidos por funcionarios policiales es de suma gravedad. 

De nuestra parte, los estudios realizados por los Observatorios Regionales han reportado que el 19,5 de todos los delitos violentos conocidos por la sociedad durante el  2017 tuvieron como autores a funcionarios policiales o militares.

Finalmente, las cárceles -que en lugar de ser espacios de castigo e incapacitación de los delincuentes para cometer nuevas fechorías- se conviertan en clubes sociales del crimen y centros para la planificación y ejecución de delitos fuera del recinto penitenciario, y constituyen la mayor afrenta posible al sistema de justicia penal, pues es claro para la sociedad que eso no es posible que ocurra sin complicidad o al menos la pasividad de las autoridades.

La violencia endémica de las cárceles se trasladó a los centros de detención, los cuales, según estimaciones, albergan alrededor del 30% de los privados de libertad, algunos por meses o año, en lugares que no están preparados para estos fines y que obligan a distraer una parte importante del pie de fuerza policial que se debe dedicar a vigilar presos en lugar de cuidar a los ciudadanos.

La transformación del sistema de justicia penal que ha existido en el país, de precario y deficiente en la administración de justicia, en una herramienta de la política para la aplicación del derecho penal del enemigo, no permite augurar una pacificación de la sociedad, sino todo lo contrario.

7- Llamado Final

Las Universidades Nacionales que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia reiteramos nuestra convicción sobre la capacidad de la sociedad venezolana para superar y revertir esta situación de violencia que nos afecta. La escalada de la criminalidad es el resultado de un notorio deterioro del pacto social, de las reglas de convivencia y de resolución de conflictos sociales y políticos, y del desmoronamiento del sistema de justicia penal.

Es la consecuencia de políticas equivocadas que, con una óptica belicista, asumen la seguridad pública como el aniquilamiento de enemigos, generando más muertes y fortaleciendo a los grupos delictivos.

El Estado es el responsable de ejecutar políticas adecuadas y planes eficaces para la prevención del delito y ofrecerle seguridad a las personas y a sus bienes.

Es obligación del Estado implementar las medidas y acciones orientadas a defender la vida y detener y castigar a los delincuentes, y hacer efectiva la protección especial y preferente que demandan las víctimas. Las Universidades Nacionales expresamos nuestra voluntad de contribuir con nuestros saberes y destrezas a la pacificación del país y al restablecimiento del Estado de Derecho.

Conforme a lo establecido en la normativa internacional de Derechos Humanos y lo expresamente consagrado en la Constitución Nacional vigente, corresponde al Estado la obligación primordial de respetar y no violar los derechos humanos, por lo que sus instituciones y funcionarios deben aplicar normativas y procedimientos garantistas de los derechos a la vida, la integridad personal, la justicia y de cumplimiento del debido proceso.

Estas garantías, consagradas en los Tratados Universales de Derechos Humanos, son condiciones y requisitos para revertir las manifestaciones de violencia que hoy nos agobian y son principios que todos los sectores del país debemos promover y exigir tanto a otros como a nosotros mismos, entendiendo que se trata de valores universales que, afirmados por las familias, la sociedad civil, las fuerzas políticas y por el Estado, sustentarán la paz y la convivencia democrática.

Caracas, 28 de diciembre de 2017