¿Dónde ponemos la rabia?

Milagros Socorro, ClÍmax @MilagrosSocorro                                   Fotografía: AFP

La rabia, aunque justificada, no debe dominar las conciencias ni imponerse sobre la estrategia. Pero sí debe ser vista e incorporada en el relato. Respetada. La arrechera de unos y el despecho de otros cuentan. Y deben ser conducidos por los liderazgos. Este puede ser el momento de decidir qué vamos a hacer con nuestra rabia

La protesta pacífica es la estrategia de la oposición venezolana. Cuanto más pacífica, más eficiente. Cuanto más creativa, más impactante en la opinión pública y en el ámbito internacional.

Fuera de la paz, el régimen tiene todas las de ganar: la sociedad en rebelión no tiene armas ni tropas.

En la violencia la oposición no suma grupos que todavía no han abrazado abiertamente la causa democrática, esos chavistas temerosos de dejar la casa donde han estado por tanto tiempo, cómodos en el bando ganador, pero que ahora sufren también el deterioro de la vida cotidiana y el aumento del costo de vivir en Venezuela, además del rápido desprestigio que sufre el chavismo dentro y fuera del país.

En suma, el fin de la oposición es desnudar al régimen en su violencia, en su cruel represión, dejarlo solo con sus métodos de castigo y revancha; y persistir en una línea de apego a la Constitución, de sacrificio personal del liderazgo y de quienes marchan, y de terca persistencia en la conducta pacífica. Sin embargo…

Sin embargo, hay grupos dentro de la oposición que no observan esta línea de conducta, tantas veces reiterada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y demostrada en los hechos con el comportamiento de los líderes, que han sido agredidos, golpeados, gaseados, una y otra vez, sin lograr que Capriles, María Corina Machado, Julio Borges, David Smolansky, Papparoni, Richard Blanco… se aparten ni un ápice de su consigna pacifista y, más bien, han puesto la otra mejilla. Sin embargo…

Sin embargo, decíamos, algunos no tienen esta capacidad de aguante ni esta claridad política. Algunos, los menos, por suerte, han dado a cauce a su rabia y ya vamos viendo muestras de violencia contra las fuerzas armadas, bandas de “escuderos” entre quienes se mezclan malandritos que aprovechan el caos para robar y ejercer un poder hostil sobre los vecinos; vemos un auge indiscriminado de escraches, que en más de una ocasión se ha cebado contra inocentes; y, sobre todo, vemos la escalada de un lenguaje agresivo, que ya va haciéndose parte del paisaje.

La ira desparramada favorece al régimen, siempre ganancioso en el tablero de la violencia. Pero la rabia existe, es inmensa y sigue creciendo.

Es un hecho y tiene mil justificaciones: el régimen chavista ha humillado al país con sevicia y sistematicidad; ha mentido hasta extremos inverosímiles; se burla del país, se ríe de sus dolores: Maduro menea sus masas vacunas al ritmo del merengue sobre los cadáveres de bachilleres sacrificados por la represión que él mismo ha ordenado; los militares castigan al pueblo que protesta por hambre, mientras en su cara le arrebatan los alimentos y los destinan al contrabando; los niños mueren de desnutrición y falta de atención hospitalaria; las fuerzas armadas matan jóvenes que protestan, los detienen y torturan, en complicidad con los colectivos/paramilitares; los oficiales venezolanos reciben órdenes de los cubanos; el Banco Central de Venezuela (BCV) hipoteca la economía de varias generaciones; los cuatro co-dictadores violan la Constitución para eternizarse en el poder y no enfrentar la justicia internacional, que los ha puesto a encabezar el elenco de los más buscados; los venezolanos no tenemos futuro y las mínimas rendijas que todavía percibidos son clausuradas con saña por el régimen militaristas; mientras nuestros hijos pasan trabajo y horribles dificultades, los “enchufados” adquieren propiedades en el mundo libre y se dan la gran vida.

La lista de razones es mucho más larga. Es atroz. Muy pocos países han sufrido tan intenso y sádico castigo. Estaríamos locos si no estuviéramos furiosos.

Pero no solo hay rabia. También hay frustración y despecho. La frustración es alimentada por las consignas de cierto liderazgo que, con frivolidad, se ha permitido prometer aquello de lo que no tiene certeza: “Falta poco”, “ya Maduro está caído”, “si la gente sale a protestar masivamente, los militares se pondrán del lado de la Constitución”… Nada de eso ha ocurrido. Y nadie puede saber cuánto falta, ni cuándo se iniciará la transición, ni siquiera si esta va a ser menos dolorosa de lo que está siendo la postrimería de la dictadura, que, sin duda, está en su fase final, pero que no sabemos cuándo durará esta agonía. Cada hora cuenta, cada hora la situación de Venezuela se agrava. Esto es cierto. Pero nadie puede decir cuánto falta.

Por eso, nadie puede afirmar de manera responsable que falta poco, porque en términos históricos, efectivamente, falta poco, pero a escala de la vida humana puede ser una eternidad.

Y también está el despecho de quienes creyeron en el chavismo y ahora no encuentran el más mínimo indicio para persistir en su fe. Como es bien sabido, el despecho viene con tristeza y abatimiento, pero también con mucha rabia, que aumenta en la medida en que se fortaleza la certeza de que el amado no volverá, que no era lo que pensábamos y que nos dejó tirados en la cuneta. Ese despecho es tributario también de la rabia que palpita en Venezuela.

No digo que la rabia, como es muy justificada, debe dominar las conciencias, imponerse sobre la estrategia y fluir libremente. Muy lejos de eso. Postulo que debe ser vista, reconocida, incorporada en el relato y respetada.

La arrechera de unos, el despecho de otros. Y debe ser conducida por los liderazgos. Todos los liderazgos. Este puede ser el momento de decidir qué vamos a hacer con nuestra rabia. No debería dejarse para la transición, cuando la ira puede convertirse en deseo de venganza y, por tanto, obstáculo para la necesaria reconciliación y la gobernabilidad.

El liderazgo es, por fuerza, pedagógico. Miremos de frente nuestras emociones, no las neguemos ni subestimemos.

Y no dejemos que nos dominen. Siempre estaremos a tiempo de poner nuestra rabia en el camino correcto: como combustible de la lucha por el amanecer de Venezuela.

Estas son las reglas manipuladas para ganar la ANC con el 20% de los votos

Héctor Briceño (*) Prodavinci

Las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente presentadas por el presidente Nicolás Maduro, representan un intento por resolver el problema que el gobierno ha estado evadiendo desde el 2016:

¿Cómo ganar elecciones con el 20% (quizás 30%) de los votos? O dicho de otra forma: ¿Cómo ganar perdiendo?

Con este objetivo, el chavismo diseñó un proceso electoral que le permita maximizar la utilidad de la distribución de sus escasos apoyos electorales a través de dos métodos: la sectorización y la municipalización electoral.

El primero de los mecanismos es excluyente, puesto que los 8 sectores propuestos por el Presidente (indígenas, estudiantes, campesinos y pescadores, empresarios, personas con discapacidad, pensionados, consejos comunales, comunas y trabajadores) no son exhaustivos; es decir, una gran cantidad de venezolanos no formará parte de ninguno de los sectores y por tanto tendrán una menor incidencia en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, al no poder ser ni candidatos ni electores en ningún sector.

El segundo criterio, la municipalización, viola el principio democrático “un hombre, un voto de igual peso”. La clave en este diseño electoral está en desvincular el número de escaños o constituyentistas a elegir en cada municipio del peso poblacional de dicho municipio respecto a la nación.

En este sentido, las bases comiciales asignaron un constituyentista para cada municipio y dos a los municipios capitales de estado. Siendo los constituyentes de municipios capitales, electos bajo el criterio de listas proporcionales.

Como consecuencia, este mecanismo de manipulación electoral genera un desequilibrio denominado “malaproporcionamiento”, según el que las zonas más pequeñas del país tienen igual o mayor incidencia en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Así, por ejemplo los municipios Maroa, Río Negro y Manapiare (todos del estado Amazonas) tendrán derecho a un constituyentista cada uno, aún cuando cuentan con tan solo 1.939, 2.041 y 3.625 electores respectivamente.

En total, estos tres municipios de 7.605 electores, tendrán más representantes que el municipio Maracaibo del Estado Zulia que con 941.974 electores, solo tendrá derecho a elegir 2 representantes ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Pero para entender la magnitud de la manipulación, podemos agregar que el estado Táchira con 825.913 electores (117.253 electores menos que el municipio Maracaibo) podrá elegir a 30 constituyentistas (28 más que la capital zuliana).

El malaproporcionamiento llevado a estos niveles extremos produce una gran desigualdad, dividiendo a los ciudadanos en dos grandes bloques: aquellos sobrerrepresentados que tienen mayor influencia en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, y los subrrepresentados que tienen menor influencia.

Para analizar este efecto podemos utilizar el indicador de “poder de voto”.

El poder de voto ideal (igualitario) se calcula dividiendo el total de constituyentes territoriales a escala nacional (364) por el total de electores en el país (19.392.760).

Para comparar el poder de voto real de los ciudadanos de cada municipio según las bases comiciales, se divide el número de constituyentes por municipio entre su número de votantes. Se estandariza el poder de voto ideal a 1, y luego de estandarizar los poderes de voto municipales, se compara el poder de voto de cada municipio con el ideal.

De esta forma aquellos ciudadanos en municipios con un poder de voto superior a 1 se consideran con “más poder que el ideal”; los municipios donde el poder de voto es menor a uno se consideran con “menos poder que el ideal”.

En otras palabras, los votos de los ciudadanos de algunos municipios tienen más valor que los votos de ciudadanos de otros municipios, a la hora de elegir a los constituyentes territoriales.

Los resultados reflejan que estados y municipios con un número de electores reducido tienen un poder de voto mayor que municipios con poblaciones más grandes.

Así, el municipio Maroa en el estado Amazonas, con 1.939 votantes, tiene un poder de voto 250 veces mayor que el municipio Maracaibo del estado Zulia con 941.974 votantes.

En términos nacionales, el gobierno tiene ventaja política en la mayoría de los municipios con poder de voto desproporcionados a su número de electores.

Pero, ¿por qué este diseño?

Dos variables explican la lógica tras este diseño de distribución desigual de los escaños.

En primer lugar, el intento de aprovechar el apoyo electoral obtenido por el gobierno tradicionalmente en las zonas rurales y poblaciones más pequeñas.

La relación entre las variables tamaño de la población y el apoyo político han sido constantes al menos desde el 2004 en el país. De esta forma, las zonas de menor población han apoyado mayoritariamente al chavismo, mientras que las grandes ciudades han decantado por los principales bastiones opositores.

Así, en las elecciones del 2015, el gobierno logró mantener el apoyo en las zonas rurales y pequeñas, lo que le permitió imponerse en 164 municipios del país mientras que la oposición ganó en 171.

En el 2015 la oposición alcanzó 7.706.749 votos (equivalente al 58% de los votos emitidos) mientras el gobierno obtuvo 5.571.685 votos (equivalente al 42%). Con ellos, la oposición logró 112 diputados (equivalente al 67% de los escaños) y el gobierno 55 diputados (correspondientes al 33%).

Ahora bien, si utilizamos esos mismos resultados electorales, y les aplicamos las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, entendemos claramente las intenciones detrás de los criterios.

Con ellos el gobierno obtendría 184 constituyentistas (equivalentes al 51% de los 364 territoriales), mientras la oposición alcanzaría 180 (equivalentes al 49%).

Pero el segundo criterio que explica la decisión de selección de los constituyentistas en los municipios es aún más perverso.

Se trata de utilizar todos los mecanismos de control político sobre las pequeñas poblaciones que han sido leales al chavismo. Amor con amor se paga. Misiones y bases de misiones, CLAP, Consejos Comunales, Carnet de la Patria, Colectivos y demás mecanismos de chantaje serán utilizados en las poblaciones más pequeñas, aquellas donde los medios de comunicación no pueden llegar, donde las redes sociales no penetran, donde las cámaras de videos de los celulares inteligentes no han llegado aún.

Con esta normativa el gobierno promete abandonar las ciudades, para volcarse sobre los ciudadanos más desprotegidos.

No obstante, los mismos resultados de las elecciones del 2015 arrojan datos interesantes.

La oposición perdió en 57 municipios por un margen igual o menor al 10% y en otros 27 por un margen de 11% y 15%. Todos estos municipios podrían convertirse en nuevos opositores. Si eso sucediera, la oposición obtendría 264 constituyentistas territoriales quedando a tan solo 9 de la mayoría simple (273).

El análisis hasta aquí presentado muestra claramente que el problema no son los votos, sino la manipulación de un diseño electoral pensado para imponer un modelo independientemente de la voluntad del pueblo.

Esto nos lleva a voltear la mirada sobre la elección sectorial, pues será esta la que serviría para consolidar una mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente.

Y aunque hasta el momento desconocemos las condiciones en las que se llevará a cabo esa elección, ya hay grandes dudas respecto a muchos puntos. Algunos de gran importancia:

¿Cómo se construirán los registros electorales sectoriales?

¿Cuál institución validará y aprobará los registros?

¿Serán auditados? ¿Por quién?

La normativa electoral obliga a la Asamblea Nacional a validar las proyecciones de población para distintos procesos electorales. ¿No debería también validar las estadísticas sectoriales?

Adicionalmente existen grandes dudas sobre el proceso electoral en general. Por ejemplo:

¿Contará la elección con observación electoral nacional e internacional?

¿Qué organizaciones podrán presentar testigos electorales?

¿Los gremios?

¿Los partidos?

Y sobre la campaña electoral, ¿cómo se regulará el acceso a los medios? ¿Cómo será el financiamiento de las campañas?

A estas preguntas debemos añadir los problemas tradicionales que hemos venido arrastrando de procesos electorales anteriores: las violaciones a los derechos políticos mediante inhabilitaciones, el uso de los recursos públicos en campaña por parte del partido de gobierno, el sesgo institucional del árbitro electoral y de las instituciones del Estado en general.

Finalmente, está el apuro con que se pretende realizar este proceso. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció que el proceso de postulaciones abre el próximo 31 de mayo y 1 de junio del 2017.

Pero, ¿es posible construir una oferta electoral en el ámbito municipal en menos de una semana?

¿Es posible recoger 3% de firmas del Registro Electoral en una semana?

Además, ¿serán validadas estas firmas con la misma rigurosidad con que han sido analizadas las firmas de apoyo al Referendo Revocatorio presidencial promovido el año pasado o la validación de partidos de este año?

Todo apunta a que no será así. Y que el ventajismo ascenderá un nuevo escalón, pues el chavismo en su espiral de impopularidad desconfía incluso de la lealtad del 20% del electorado que aún lo apoya, por lo que seguirá manipulando las normas electorales hasta generar un mecanismo en el que pueda ganar la elección, sin votos.

(*) Héctor Briceño es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Jefe del Área Sociopolítica del Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES)

Cuatro escenarios políticos en Venezuela

Michael Penfold, Prodavinci (*)

En Venezuela ningún escenario luce aún definitivo: ni los buenos ni los malos.

Las posibilidades de que distintos factores políticos o sociales aceleren un proceso de cambio, que impliquen restaurar el estado de derecho y la democracia, dependen en estos momentos de dos condiciones que son absolutamente fundamentales.

La primera condición es que la movilización ciudadana y la unidad de la oposición se logren consolidar cada vez más tanto en su intensidad como en su alcance social.

Tan sólo un aumento de los costos en los que incurre el gobierno por el uso de la represión para tratar de desmovilizar a la sociedad, puede obligarlos (sea por presión militar o internacional) a dar concesiones que precipiten un proceso de transformación política que sea irreversible.

Esto explica por qué la sociedad venezolana lucha con tanta intensidad en las calles: para los ciudadanos la resolución de la crisis actual es un asunto existencial pues representa su única garantía para poder restablecer sus derechos individuales frente a la vocación autoritaria de un gobierno que suspende elecciones, disuelve los poderes públicos y convoca inconstitucionalmente una Asamblea Nacional Constituyente sin someter la iniciativa y sus bases comiciales a un referendo.

En el marco de esta movilización ciudadana, que también incluye la represión estatal y la violencia paraestatal –que es el cuadro que mejor caracteriza al país en estos momentos–, surge un instante en el que la diferencia entre el costo de reprimir o hacer concesiones significativas, comienza a ser una disyuntiva real tanto para el gobierno como para los militares, frente al riesgo cada vez más alto de perder el poder y ser desplazados por algún tipo de alternativa.

Es difícil estimar qué tan próximos estamos de este punto de inflexión, pero hay muchos indicios que sugieren que no estamos tan lejos: la intensidad y continuidad de las protestas, el espectro del descontento social, la crudeza y crueldad del uso de la violencia por parte de los entes de seguridad, el derrumbe de los elementos simbólicos de la revolución, como la estatua de Chávez en Machiques, y la indisposición que muestran algunos oficiales de bajo rango de la Guardia Nacional Bolivariana a la hora de reprimir a la población que reclama sus derechos.

La segunda condición, que está íntimamente vinculada con la primera, es la necesidad de que los conflictos internos dentro del chavismo y aquellos dentro del mundo militar, se hagan cada vez más visibles, sobre todo en torno a qué tipo de concesiones deben realizarse tanto en el frente político como en el económico para poder enfrentar el descontento social.

En la medida en que aparezcan grupos muy bien definidos dentro del chavismo que piensen que aun haciendo concesiones significativas a la oposición, ellos pueden llegar a influir en las características y los tiempos de este proceso de cambio, en esa misma medida la influencia de los radicales se verá seriamente cuestionada.

Por el contrario, si el chavismo percibe que no hay futuro sin el presidente Maduro, pues no hay quien los proteja, entonces difícilmente surjan estos conflictos, y el chavismo se cohesionará alrededor de su destino.

Esto es lo que algunos llaman el costo de salida.

Si perciben, en cambio, que estos grupos tienen cómo influir decisivamente en el proceso, inevitablemente apostarán por el mismo.

Este cálculo es uno que ya deben estar haciendo no sólo algunos políticos dentro del PSUV sino también muchos actores en las esferas militares. Este es el famoso tema de las garantías. Y no es un tema menor. Es el corazón del dilema del cambio político en Venezuela.

La aparición de este tipo de fracturas tampoco es inevitable.

Hasta ahora es el frente que mejor ha resguardado el gobierno tanto a nivel partidista como militar. Los radicales han logrado mantener un férreo dominio sobre todo el proceso de toma de decisiones (tanto en el plano económico y político así como en el de la seguridad). Y este grupo se ha encargado de recordar que cualquier concesión es una traición a la revolución y elevan su credibilidad al incrementar cada vez más los castigos a cualquier facción disidente y al aumentar el uso de la represión hacia la misma oposición.

Este fuerte control es lo que impide asegurar que en estos momentos estemos viviendo una transición democrática (como han dicho algunos) cuando la realidad es que estamos presenciando, más bien, un proceso de formalización abiertamente autoritaria del ejercicio del poder.

Sin embargo, las diferencias dentro del chavismo, en especial alrededor de los temas relativos a la suspensión de las elecciones regionales y locales, la írrita convocatoria a la constituyente, el uso de la violencia y el dramatismo de la situación económica y social, comienzan a hacerse cada vez más palpables e irreconciliables.

Las declaraciones de Luisa Ortega Díaz denunciando la violación de los derechos ciudadanos durante las protestas así como su pronunciamiento sobre la necesidad de promover un proceso de negociación política para lograr reinstitucionalizar el país; las opiniones de Isaías Rodríguez sobre la obligación de someter a un referendo la iniciativa del Ejecutivo para que sea el pueblo quien convoque directamente a una Asamblea Nacional Constituyente; y la carta de un músico del prestigio internacional de Gustavo Dudamel –una figura simbólica muy importante para el mundo chavista–, en la que condena moralmente la violencia y la falta de apertura democrática, prefiguran la profundidad de este tipo de fracturas.

Estas mismas grietas también se deben estar comenzando a observar en el mundo militar.

El cruce de estas dos condiciones dibuja los escenarios futuros para el país.

Algunos de estos escenarios son pesimistas pero también hay otros que son luminosos. Creo que todos son probables, unos más que otros, pero confieso que mi percepción es que esa probabilidad de ocurrencia no son significativamente muy diferentes, por lo que me parece ilógico no describirlos e incluso absurdo eliminarlos.

Eso hace que el futuro sea muy incierto, lo cual explica parte de la angustia que experimentamos. Muchos piensan que nuestro futuro es binario y sin duda es imposible negarles la razón y también lo creen los jóvenes en la calle: dictadura o democracia.

Otros analistas, como mi amigo Luis Vicente León, concuerdan en que los escenarios son igualmente binarios pues las alternativas se reducen sustancialmente debido a los altísimos costos de salida para el chavismo: represión o negociación. Mi impresión es que los escenarios son un poco más variados (incluso algunos vienen en modalidades diferentes) y confieso que todos son inestables (y en todos vamos a tener que comernos algunos sapos y seguramente una culebra).

En este sentido, los escenarios que voy a describir son complejos e inciertos; la sostenibilidad política de ninguno de estos mundos está plenamente garantizada.

Es importante aclarar que un ejercicio de esta naturaleza siempre conlleva proyectar en el tiempo futuro una narrativa totalmente ficticia (aunque probable) de los distintos escenarios, todo ello a partir de unas variables críticas que han sido identificadas; en ningún momento los escenarios que describo aspiran predecir los eventos que van a ocurrir en el país (ese es un don del que solo gozan los videntes).

Muchos me preguntan con insistencia si realmente es posible un escenario de cambio democrático porque todos aspiramos tener otro futuro y los que están afuera desean volver a nuestro querido país.

Mi respuesta siempre es la misma:

El cambio democrático requiere de dos factores: movilización ciudadana y capacidad de negociación para generar acuerdos mínimos. Sin ambos instrumentos es imposible promover un proceso de democratización en Venezuela.

En nuestro país, lamentablemente, a veces tendemos a contraponer la calle con los acuerdos y la negociación. Es la triste herencia de octubre pasado al no priorizar y mantener la calle (para complacer al Vaticano en una mediación inoportuna) cuando el gobierno suspendió arbitrariamente el referendo revocatorio.

Sin embargo, si aceptamos la utilidad de ambos instrumentos, entonces el futuro de Venezuela es promisorio, pues estaremos abordando el mayor reto del país: su institucionalización política y económica con control ciudadano.

Estos son los escenarios:

La Negociación

Los militares retiran su apoyo al gobierno ante los altos costos de sostener la represión pero tampoco están dispuestos a aliarse con la oposición para protagonizar una insurrección. Obligan a los más radicales –con apoyo de la comunidad internacional y en especial del Vaticano, pero esta vez sin la presencia de los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos– a negociar sus condiciones de salida dentro del marco de la Constitución actual.

Los militares instrumentalizan la inevitabilidad de la renuncia del Presidente e imponen a un sustituto de mutuo acuerdo –que fue nombrado poco antes como vicepresidente– y que tiene como objetivo conducir un gobierno transitorio. La Constitución se mantiene intacta.

Los militares fundamentan esta decisión argumentando que se hace imperativo tener un personaje que sea confiable para ambos bandos para poder hacer la “triangulación”.

Durante la negociación, la oposición se ve obligada a aceptar todo tipo de amnistías y garantías a cambio de un proceso electoral futuro que sea competitivo y transparente.

El Tribunal Supremo de Justicia queda en manos del chavismo para garantizar que todos los acuerdos sean efectivamente respetados. También exigen que la Constitución sea reformada para garantizar que estos mismos acuerdos queden incorporados en la carta magna y los militares también obtienen mayores fueros y prebendas.

La oposición logra restaurar las prerrogativas de la Asamblea Nacional, institucionalizan la independencia del CNE y logran reducir el periodo presidencial de seis a cinco años sin referendo revocatorio y prohíben la reelección presidencial.

Se realizan elecciones regionales y locales. La comunidad internacional presiona exitosamente para que se liberen a los presos políticos y se eliminen sus inhabilitaciones pero todos los candidatos presidenciales postergan sus aspiraciones para permitir la materialización del acuerdo facilitado por la comunidad internacional y ejecutado por el presidente que “triangula”.

El nuevo gabinete aborda las reformas para estabilizar la economía e implementar el plan de emergencia social con amplio apoyo multilateral. Las elecciones competitivas y abiertas se pautan en un tiempo prudencial una vez que todos los acuerdos políticos se hayan verificado y las reformas económicas se hayan implementado.

Nuevas Alianzas

Ante la intensificación de la movilización ciudadana y el recrudecimiento de la represión y el intento del Presidente Maduro de insistir con la convocatoria del proceso Constituyente, unos diputados moderados del chavismo deciden rebelarse en la Asamblea Nacional.

Un grupo de ocho legisladores del PSUV amenaza al ala más radical con votar conjuntamente con la bancada opositora si Maduro no es obligado a renunciar y sustituido por un nuevo líder del partido. Aquí se abren dos modalidades de cambio: acuerdos dentro del chavismo o acuerdos con la oposición.

En el primer tipo de acuerdos, el chavismo se renueva y los radicales ceden ante la amenaza de los moderados; el chavismo se aglutina nuevamente alrededor de un nuevo líder y deciden abordar la crisis económica con apoyo de los organismos internacionales y los chinos.

El nuevo Presidente no negocia con la oposición pero acepta hacer algunas concesiones parciales como liberar a los presos políticos y fijar un cronograma electoral para comicios regionales, locales y de Presidente que favorezca al chavismo, es decir, que les compre suficiente tiempo. Sin embargo, las inhabilitaciones se mantienen.

La revolución continúa. El nuevo Presidente mejora sus niveles de aceptación y la elección se hace mucho más pareja pero no es perfectamente competitiva.

En la segunda modalidad de este mismo escenario, la Asamblea Nacional, ahora con una renovada mayoría calificada de las dos terceras partes, gracias a la alianza entre la disidencia chavista y la oposición, y con el apoyo internacional e incluso con la anuencia de los militares, logra cambiar la composición del TSJ y del CNE.

También logra remover al Presidente y su vicepresidente. Un nuevo gobierno transitorio es escogido por la misma AN para cubrir el resto del periodo presidencial y reconocido por la comunidad internacional y las fuerzas armadas.

Los presos políticos son liberados. La comunidad internacional respalda todas las decisiones del gobierno de amplia base y provee financiamiento para el programa de estabilización y emergencia social.

Se mantiene la actual Constitución aunque se prohíbe la reelección presidencial. El programa de estabilización y emergencia social es respaldado por ambas fuerzas políticas, incluyendo los organismos internacionales y también los chinos.

La Imposición

En este escenario el gobierno logra doblegar las protestas a través de un uso desmedido de la represión que es tolerado por las fuerzas militares. La sociedad se desmoviliza gradualmente y las protestas se terminan concentrando tan solo en unos pequeños focos en la ciudad capital. La Rebelión de Abril es virtualmente derrotada.

El presidente Maduro avanza con la convocatoria a la Constituyente sin ningún tipo de referendo previo –a pesar de la crítica internacional y de la decisión de la oposición de no participar en ella–, lo que le permite suspender formalmente cualquier tipo de elección y utiliza mecanismos corporativistas para unificar de facto al chavismo alrededor de su figura presidencial. Venezuela materializa su salida de la OEA y Mercosur.

La crisis económica se profundiza y el estado comunal se consolida.

El Colapso

El gobierno de Maduro logra desmovilizar la Rebelión de Abril gracias a la incondicionalidad de los militares pero a un costo político interno muy alto. Los focos de protestas se mantienen.

La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente tampoco genera suficientes consensos dentro del gobierno. Todos los factores de poder coinciden en que la mejor Constitución es la de Chávez. La popularidad de Maduro se desploma y los moderados se rebelan pero tampoco pueden imponerse. El presidente Maduro logra sostenerse pero mucho más debilitado.

Tampoco hay elecciones (el chavismo promete de forma poco creíble alguna elección presidencial en el 2019 pues el TSJ validó que el inicio del periodo fue a partir de su juramentación en abril del 2013). La represión a los partidos opositores y el uso de inhabilitaciones se intensifica.

El gobierno continúa posponiendo las reformas económicas y se mantiene aferrado a los controles cambiarios y de precios. La producción petrolera acelera dramáticamente su caída ante la falta de inversión.

A mediados del 2018, a pesar de su voluntad de mantener los pagos de deuda, el gobierno hace default debido a su incapacidad para mantener los desembolsos frente a la caída de la producción petrolera y debido al tamaño de los compromisos financieros.

El país descubre que lo que resta de las reservas internacionales en oro no son tan líquidas pues ya han sido pignoradas. La emergencia social se intensifica. La inflación se acelera. El país se anarquiza. La emigración aumenta y la violencia organizada toma pleno control de las calles. El país termina de colapsar.

Transición sin Transacción

La sociedad intensifica su movilización y amplía la conexión con diversos sectores sociales en todo el territorio nacional. Los militares encuentran que el costo de sostener la represión es demasiado alto y le solicitan al presidente Maduro que negocie algunas concesiones sustanciales con la oposición.

El chavismo se mantiene unido alrededor de los más radicales –los moderados chavistas han sido silenciados– y deciden que no van a negociar otorgando condiciones previas y amenazan con ampliar aún más el despliegue de las milicias y los colectivos.

Los militares se rebelan ante la incapacidad del chavismo de otorgar algunas concesiones sustantivas y optan por aliarse con la oposición para darle la estocada final al gobierno. Triunfa la Rebelión de Abril y se convoca a elecciones generales. Es la transición sin transacción.

El nuevo gobierno afronta algunas reformas estructurales en la economía, a través de un programa de estabilización con el apoyo de diversas organizaciones multilaterales, pero con ciertas dificultades ante lo convulsionado del ambiente político, pues una parte del chavismo ahora está en la resistencia y denuncia que ha sido víctima de un golpe de Estado.

Los partidos políticos pactan una reforma constitucional. Los colectivos inician una nueva ola de violencia.

***

Me gustaría culminar con algunas conclusiones que deben ser resaltadas. En todos los escenarios los militares son actores fundamentales, incluso en aquellos en los que las nuevas alianzas o la negociación, el asunto parece una transacción estrictamente política.

Otra conclusión que surge del ejercicio, es que muchos expertos internacionales y nacionales enfatizan la importancia que juegan los moderados de ambos bandos para garantizar un cambio democrático.

Mi impresión es que esta enseñanza para el caso venezolano es mucho más compleja y debe ser precisada: lo importante es que la oposición se mantenga unida más allá de la distinción entre moderados y radicales.

El cambio democrático es virtualmente imposible sin unidad. Más bien, lo fundamental es que los moderados surjan del lado del chavismo y jueguen un papel preponderante en la resolución de la crisis, especialmente en una ruta que involucre un papel protagónico que puede llegar a tener la Asamblea Nacional con el apoyo de la comunidad internacional.

Si la oposición luce dividida entre distintas etiquetas, entonces los incentivos para los chavistas disidentes de transar con la bancada opositora se van a ver seriamente afectada por una simple razón, que es que su amenaza frente a los radicales del gobierno se vuelve muy poco creíble y por lo tanto muy poco efectiva.

Finalmente, los militares siempre van a preferir una salida de la coyuntura actual a través de una negociación o un acuerdo entre chavistas o incluso un acuerdo en la Asamblea Nacional –por eso el afán del gobierno de insistir con la constituyente porque es la mejor manera de frenar cualquiera de estas otras alternativas (salvo la negociación)–.

De modo que si los militares irrumpen en la escena política venezolana, no será porque fueron convencidos por la oposición, lo cual me luce muy poco factible, sino porque los radicales chavistas ante la presión de calle y su ceguera política optaron por no negociar de una forma sincera, es decir, aceptando algunas condiciones previas como liberar a los presos políticos y abrir el canal humanitario.

Es evidente que los dilemas del país son complejísimos, pero también es cierto que tampoco son irresolubles, pues no hay una sola hoja de ruta sino varias.

 

(*) Investigador Global del Woodrow Wilson Center, Profesor Titular del IESA en Caracas y Profesor Invitado de la Universidad de Los Andes en Bogotá. Es Ph.D de la Universidad de Columbia especializado en temas de Economía Política y Política Comparada. Fue Director de Políticas Públicas y Competitividad de la CAF Banco de Desarrollo de América Latina. Es Co-autor junto con Javier Corrales de Un Dragón en El Trópico: La Economía Política de la Revolución Bolivariana (Brookings Institution) que fue seleccionado por Foreign Affairs como mejor libro del Hemisferior Occidental. Autor también de Dos Tradiciones, Un Conflicto: El Futuro de la Descentralización (Mondadori) Editor del Costo Venezuela: Opciones de Política para Mejorar la Competitividad y Las Empresas Venezolanas: Estrategias en Tiempo de Turbulencia.

Manual para discutir con un chavista quien no vive en Venezuela

Giulio Vita

Tras las protestas masivas, me he dedicado a intentar explicar Venezuela a quienes apoyan a la Revolución desde el exterior.

Muchos no la apoyan con mala intención.

En España, por ejemplo, es una especie de refugio ante las malas políticas del PP. En Italia, por otro lado, es culpa de una nostalgia a los cuentos de las luchas y los logros del Partido Comunista.

En genera,l es todo parte de una gran crisis europea de estos tiempos: La debacle de la izquierda, incapaz de estructurar una propuesta actual y que evite el ascenso de los partidos de derecha más radicales.

En mis discusiones me he encontrado con una gran ignorancia acerca de quiénes son los chavistas y qué hacen: Me he encontrado con frases repetidas de la maquinaria propagandística del gobierno. Y me he dado cuenta de que un problema fundamental de la oposición, ha sido no darle importancia precisamente a la comunicación, a la matriz de opinión en el mundo, a creer que las tonterías de Diosdado Cabello serían interpretadas por todos como tonterías.

La Resistencia debe ser también comunicacional y bastan sólo los hechos, sin modificarlos, para derrumbar los argumentos. Por eso, les he hecho una lista que podemos actualizar todos juntos, poco a poco.

LOS BOLIBURGUESES

Cuando defiendes al gobierno chavista, estás defendiendo a un gobierno de millonarios, no del pueblo. Los principales capos del chavismo no son pueblo sino oligarquía. Todos ellos se han enriquecido gobernando. Son más ricos que Rajoy, que Renzi y que la misma Merkel.

Pero no sólo eso. Sus hijos no viven en el país. Y bueno, uno podría decir convenientemente que no pueden vivir allí por culpa de la oposición. Pero entonces ¿por qué no viven en Cuba, en Rusia, en Irán, en Arabia Saudí, o en Bolivia o Ecuador?

Los hijos de los chavistas viven en París (Rosinés, hija de Chávez), en Milán (Daniela, hija de Diosdado Cabello), Australia (Lucía, hija de Jorge Rodríguez). ¿No es eso una incongruencia en el discurso socialista?

Dicen ser antiimperialistas; pero desde los inicios del chavismo, las relaciones comerciales con Estados Unidos han sido excelentes. Y no sólo eso. Casi todos los chavistas van de vacaciones al Imperio o tienen casas allí.

El año pasado el gobierno de Maduro envió medio millón de dólares a la inauguración de Trump. Más de lo que dio Pepsi y Google.

Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela, firmó una carta en contra de las sanciones estadounidenses a los funcionarios chavistas, comprando una página en el New York Times. No es la primera vez que la Revolución compra espacios en medios del Imperio, para difundir su propaganda.

LA OPOSICIÓN FASCISTA DE ULTRADERECHA

El gobierno, en la televisión pública que controla de manera partidista, ha repetido hasta la saciedad que los opositores somos de ultraderecha.

Pero ¿quiénes son? ¿Con qué se come eso?

Uno de las más feroces críticas a la oposición es que es “demasiado izquierdosa”. Antes del chavismo, los partidos considerados de derecha, no eran ultraderecha fascista. Eran más liberales pero no estaban en contra de la inmigración, no quitaron las políticas sociales (sí, había políticas sociales); pero, además, los actuales representantes del pueblo no vienen de allí.

Hay una dirigencia nueva que ha aprendido de su pasado y por eso gana las elecciones, y tiene al apoyo popular. Gente como Freddy Guevara, Miguel Pizarro o el mismo Capriles, están lejos de ser de derecha.

La Asamblea Nacional opositora, está compuesta así:

Los manifestantes, por su parte, son la unión de muchas cosas. Seguramente entre quienes manifiestan hay gente de derechas pero también hay gente de izquierdas.

Las protestas, sobre todo éstas, han unido gente de todos los estratos sociales y de toda ideología. No se lucha por un modelo de país sino por el derecho a elegir, a la devolución del Estado sobre los gobiernos, nada más.

La Mesa de la Unidad (MUD) es una amalgama, no un partido. Cada dirigente tiene su idea de política pero en lo que todos están de acuerdo es que el chavismo no permite el respiro de la democracia y por lo que todos luchan es por recuperar la capacidad de elegir.

PERO LA OPOSICIÓN DIO UN GOLPE DE ESTADO EN EL 2002

Es cínico, teniendo en cuenta que el chavismo inició por un golpe de Estado fallido en 1992 y no sólo Chávez tuvo el perdón presidencial de Caldera sino que, además, ya nadie usa eso como argumento político.

La oposición que está en la Asamblea Nacional no quiere un golpe. Está usando el arma más poderosa en contra del chavismo: La Constitución que Chávez promovió.

EN LOS 90 EL PUEBLO PASABA HAMBRE

No voy a ser yo quien defienda a Carlos Andrés Pérez y a la desastrosa Venezuela de 1990. Pero imagine usted que Mariano Rajoy, para excusarse, diga “Con Franco las cosas estaban muy mal“. Sería absurdo y cínico.

En todo caso, es también parte de la propaganda chavista que se ha encargado de demonizar todo lo que no es chavista. En los 90 no se estaba peor que en la Venezuela actual. No es una opinión ni tampoco significa que estábamos bien.

Según los índices de pobreza extrema, mortalidad, mortalidad infantil, acceso a la educación, acceso a la cesta básica, acceso a la salud estábamos mejor que ahora.

En la Venezuela de antes había programas sociales, como las becas de la Fundación Ayacucho y existía la Universidad Central de Venezuela, pública y entre las más excelentes del mundo, pero no sólo eso: El Sistema de Orquestas, que Chávez intentó apropiarse, no inició en el chavismo sino en la década de los setenta.

Chávez construyó hospitales e hizo misiones. Pero esos hospitales no tienen insumos, esas misiones no dieron excelencia y la gente no logra formarse dignamente.

Considere usted que Chávez inició con el precio del petróleo más alto de la Historia, por lo que tuvo todos los recursos para hacernos prosperar pero sólo lo hicieron sus secuaces (entiéndase: no el pueblo que lo seguía sino aquellos en el poder).

LA DEMOCRACIA

“Tienen elecciones libres, ¿cómo puede ser eso una dictadura?”

En este punto creo oportuno hacer una reflexión.

Los pueblos europeos tienen una especie de vacuna a las dictaduras, porque vivieron épocas muy oscuras con ellas. Ahora no pueden capacitarse de que exista en el siglo XXI una dictadura.

Una democracia no se basa solamente en si hay elecciones o no, sino en una serie de mecanismos como la separación de poderes, la alternabilidad del poder, la distinción entre gobierno y Estado, el respeto a la oposición y más.

El chavismo siempre ha jugado con esto de las elecciones, haciéndonos votar por todo, como una especie de lavado de cara internacional.

El problema es que esas elecciones no respetaban ciertas cosas como la presencia de propaganda electoral (el chavismo podía tapizar pueblos enteros con dinero público o tener diez veces más minutos de presencia en televisión) y como ocurrió con el Referéndum del 2007, la única derrota de Chávez, las cosas que rechazamos por votos meses después serían propuestas y aplicadas de igual forma. Eso sin contar que el Presidente, al aceptar la derrota, llamó “MIERDA” a nuestra victoria popular.

El Poder Judicial está en manos del gobierno. Los jueces están inscritos en el PSUV, provocando un conflicto de intereses.

El gobierno intentó inhabilitar la Asamblea Nacional, elegida por el pueblo, porque por primera vez en el chavismo, es de mayoría opositora. Esto hizo que se perdiera el hilo constitucional. Lo ha dicho la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien también es chavista pero no está de acuerdo.

La Constitución venezolana declara que el Ejército no puede pertenecer a un partido. Tanto Chávez en su día como Diosdado en la actualidad, han declarado en televisión pública que el Ejército es Chavista y Revolucionario, yendo en contra de nuestra Constitución.

Los civiles están siendo juzgados por tribunales militares, yendo en contra de la Constitución.

El gobierno se ha negado a realizar las elecciones de alcaldes y gobernadores, como debería ser.

La posibilidad de diferir

En el chavismo ni siquiera los chavistas pueden contrariar al gobierno. Aquellos quienes no han estado de acuerdo, han sido alejados del poder. Esto desde los tiempos de Chávez.

Véase caso de Raúl Isaías Baduel, compadre de Chávez que, entre otras cosas, lo rescató en el 2002 del Golpe de Estado, devolviendo el hilo constitucional. Luego se opuso al Referéndum del 2007; y en el 2009, fue encarcelado por la sustracción de fondos públicos, abuso de autoridad y delitos contra el decoro militar.

Es decir, la democracia ahora que el país ya no quiere el chavismo, es siempre más oscura.

LA INFORMACIÓN Y LA LIBERTAD DE PRENSA

En Venezuela todos los canales de televisión que eran del Estado, se han convertido en gubernamentales. Es decir, partidistas de una ideología, quitando espacio a los otros partidos o a quienes simplemente difieran. Los canales abiertamente contrarios al gobierno han sido cerrados o comprados.

Durante las protestas, es normal ver al Presidente bailando salsa en un acto para ocultar lo que ocurre en el país.

Periódicos todavía existen que sean de oposición, pero muchos han sido comprados por testaferros chavistas. Un caso ejemplar es la compra mayoritaria de la Cadena Capriles provocando cambios editoriales y partidistas en el periódico Últimas Noticias.

En todo caso, lo preocupantes es el uso de los medios del Estado para las finalidades de un partido.

En la televisión pública se ha llamado ultraderecha a los opositores, se ha invitado a buscarlos en sus casas, se ha llamado a promover la violencia en diferentes formas.

“En una dictadura no puedes escribir ciertas cosas

De nuevo, estamos ante un nuevo mundo, no es la dictadura del siglo XX sino que ha evolucionado y se ha vuelto mejor: se usa dinero público para pagar ejércitos de bots en Twitter, se secuestran los medios del Estado para hacer propaganda.

Un dato importante: Hugo Chávez tenía un programa de televisión todos los domingos que podía durar hasta ocho horas. Esto en un canal del Estado. Allí no sólo hacía propaganda sino que podía dar órdenes presidenciales, firmar decretos y demás, por lo que tenía a todo el país obligado a verlo.

Tras su victoria, Chávez no permitió entrevistas por parte de periodistas no alineados. Las pocas veces que en una conferencia lograron hacerle una pregunta, atacó a los periodistas sin responder.

Aquí volvemos al tema de la democracia: El balance de las fuerzas es desproporcionado.

LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

Esto sigue el hilo del punto anterior. Casos como llamar a la oposición ultraderecha, o peores como decir que Leopoldo López es el responsable del asesinato de 43 personas. Entre esos 43 caídos hay víctimas del gobierno y esta Asociación de Víctimas de La Guarimba (promovida por el gobierno) usa sus fotos de manera bastante vil. Los familiares de esas víctimas han sido invisibilizados por el gobierno.

Lo mismo ocurre con las víctimas de ahora, asesinadas por la acción de represión policial. Nadie toma responsabilidad.

La violencia en la Venezuela de Chávez ha sido promovida desde el chavismo, llegando a armar a colectivos como La Piedrita y dándoles apoyo moral en televisión nacional.

En Venezuela asesinan cada 18 minutos a una persona, por delincuencia común. El gobierno no se responsabiliza por eso.

Sobre todo los izquierdistas europeos, ven a quienes manifiestan que lanzan piedras en la calle como oposición de ultraderecha pagada por la CIA. Eso me impresiona pues cuando se trata de sus protestas, los militares son armas del Estado en contra del ciudadano.

No entiendo la incoherencia que se forma por la manipulación mediática gubernamental y las ideologías futbolísticas, donde se apoya dictadores sólo porque son de izquierda, y se menosprecian protestantes sólo porque el gobierno te dice que son fascistas.

Venezuela tiene un gobierno casado con la milicia.

Hay manifestantes que lanzan piedras, que lanzan mierda, que queman cosas. Es cierto. Pero están luchando contra armas de fuego militares. Se defienden del atropello. No todos lanzan piedras, claro está. Hay un descontento general.

Ningún dirigente opositor lanza piedras o quema calles. Siempre han llamado a la marcha pacífica. En cambio, las órdenes a los militares es el empleo de la fuerza. Ahí está la diferencia. Que Diosdado incita a la violencia y echa la culpa de eso a sus opositores políticos que la repudian.

El gobierno acusa a la oposición de armar a los ciudadanos, cuando es todo lo contrario: El Plan Zamora ha hecho que el gobierno incluya entre sus filas a colectivos paramilitares para amedrentar a los manifestantes.

El fascismo a veces se viste de rojo y siempre habla de pueblo. Eso no lo hace menos grave. El gobierno chavista tiene más similitudes con el de Mussolini de lo que puede tener la oposición.

Lo invito a hacer un ejercicio por un momento: Cambie los colores en su cabeza y asimile los conceptos de lucha y resistencia, de oprimidos y de tomar la calle con lo que está haciendo la oposición.

Mire un discurso de Chávez y compárelo con uno de Mussolini o de Hitler, busque las estrategias comunicacionales de Goebbels y mire las similitudes con el aparato propagandístico del chavismo (incluso pagamos dinero público a Oliver Stone para hacer un documental de propaganda a Chávez porque el cine, como ya la Alemania Nazi había entendido, es un arma eficaz).

Analice un momento las palabras y frases que usted usa “guerra económica”, “ultraderecha”, “Leopoldo asesinó 43 personas”.

¿De dónde han salido? ¿De usted? ¿Está seguro?

Busque los episodios del programa El Mazo Dando (cuyo título no busca precisamente paz) de Diosdado Cabello y encuentre allí, en los canales del Estado, toda una neolengua y un esquema que intenta producir una matriz de opinión en contra de quienes protestan.

Y no, ningún millonario está en la calle jugándose la vida. Los millonarios como Gustavo Cisneros, dueño de Venevisión, han hecho acuerdos con el gobierno y tienen siempre dónde llegar.

Al deslegitimar al pueblo en la calle, usted está apoyando a los ricos, a la oligarquía chavista y a un gobierno opresor.

¿POR QUÉ NADIE ESTÁ PRESO?

En Venezuela no sólo hay presos políticos sin juicio justo como Leopoldo López, sino personas que han sido buscadas en su casa por escribir en Twitter o por manifestarse.

Existe un calabozo llamado La Tumba y es espeluznante por sus torturas y la falta de información sobre quienes están allí.

ESTADO Y GOBIERNO

Desde sus inicios la Revolución ha violado esta separación esencial para una democracia. No es raro ver en las instituciones públicas cuadros de Chávez, en las universidades construidas por el actual gobierno libros con la historia manipulada u obligando a los niños cantar sobre las proezas del chavismo. Todos los empleados públicos son llamados a las marchas y obligados a demostrar su asistencia.

La cuenta Twitter del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ha hecho una campaña llamada #PerfilDeUnTerrorista donde habla de quienes manifiestan como terroristas, llegando a decir que “no sirven ni como personas“. Esto es grave por muchos motivos. Uno es la deshumanización, lo otro es criminalizar la protesta desde un canal estatal.

LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y LA GUERRA ECONÓMICA:

El gobierno ha expropiado empresas productivas para regalarlas a amigos que las han llevado a la quiebra, han puesto gente incompetente a la gestión de empresas públicas y no han hecho mantenimiento provocando su mal funcionamiento. La única guerra económica es la del chavismo contra su pueblo.

Los capos del gobierno no son afectados por la crisis de medicinas, ni alimentaria, porque tienen el control. Los venezolanos han bajado de peso por no poder comer. Los dirigentes chavistas están gordos y bailando.

LA INCAPACIDAD DE GESTIÓN Y EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO

No sólo se ha destruido el aparato productivo, sino la mala praxis gubernamental ha provocado catástrofes en la salud de los venezolanos.

Esto puede notarse con datos como que en 18 años de chavismo, hemos tenido 16 Ministro de Salud. No se publicaba un boletín de salud desde el 2015. Según datos oficiales, ha habido 30% más de mortalidad infantil. Sólo en el 2016 murieron 11.466 niños de 0 a 1 año.

Resumiendo, llevamos dieciocho años con un mismo gobierno que ha elevado la tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil, la inflación, la escasez de medicina y alimentos, y ahora mismo se niega a celebrar las elecciones como pide la ley.

Si la culpa es toda del Imperio, ¿por qué los chavistas del gobierno no son afectados por esta economía desastrosa?

 

Caricaturas de Bozzone incorporadas por Sala de Información.

Vea también:

“Chavistas en el imperio” https://saladeinfo.wordpress.com/2014/03/30/chavistas-en-el-imperio/

Caracas, por segundo año consecutivo, es la ciudad más violenta del mundo

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal

Con una tasa de 130.35 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2016 Caracas fue la ciudad más violenta del mundo, al igual que en el 2015, condición que confirma la grave crisis de delitos que agobia a Venezuela.

Cuatro de las 10 ciudades más violentas, entre las 50 que incluyen el ranking, son venezolanas: además de Caracas figuran en el top ten Maturín, Ciudad Guayana y Valencia.

De las 50 ciudades del ranking, 19 se ubican en Brasil, 8 en México, 7 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 4 también en Colombia, 3 en Sudáfrica, y 2 en Honduras. Hay una ciudad de El Salvador, Guatemala y Jamaica.

La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina (42 urbes).

En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 56,34 (40.754 homicidios dolosos entre 72.016,611 habitantes). Pero sólo las primeras 18 ciudades superaron ese promedio.

En Venezuela el repunte de la violencia es debido a la negligencia e ineptitud de los gobernantes y su completo desdén sobre la forma en que ha ido creciendo la impunidad, sobre todo ante el homicidio.

La impunidad en Brasil por homicidio es del 92%. En Guatemala y México, del 93%. En Venezuela, El Salvador y en Honduras, es del 95%.

Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en el 2016

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, con sede en México, es una prestigiosa asociación civil -sin fines de lucro- dedicada a la investigación estadística del delito, que cuenta con el reconocimiento internacional de las principales organizaciones del mundo, en el área del análisis del crimen.

Fotos vía web.

¿Las nuevas sentencias del TSJ restablecen el orden constitucional en Venezuela?

José Ignacio Hernández, Prodavinci

Pocas horas después de que en la madrugada del 1 de abril el Consejo de Defensa de la Nación “exhortara” a la Sala Constitucional a “revisar” las sentencias Nro. 155 y 156, la Sala cumplió el exhorto, según anuncian medios de comunicación.

¿Implica esto que se restableció el orden constitucional en Venezuela? Todo lo contrario.

Como las sentencias no han sido publicadas, sino solo sus reseñas en la página del TSJ, me permito efectuar algunas consideraciones preliminares y puntuales.

A) El Consejo de Defensa de la Nación, dominado por el gobierno, no tiene atribuciones para solicitar a la Sala Constitucional la revisión de sus sentencias. En realidad, ningún órgano puede hacer eso pues, en teoría, la Sala Constitucional es autónoma. Con lo cual, todo este nuevo episodio de la crisis venezolana se origina con una nueva violación a la Constitución.

B) Al haber cumplido diligentemente el “exhorto”, la Sala Constitucional pone en evidencia que sigue instrucciones o “exhortos” del Gobierno, ahora, a través del Consejo.

La ausencia de separación de poderes queda, en este sentido, aún más en evidencia.

C) Con sus “aclaratorias”, la Sala Constitucional violó el Artículo 252 del Código de Procedimiento Civil: después de dictada la sentencia, ésta no podrá ser revocada ni reformada. Y cualquier aclaratoria debe ser solicitada el día de la publicación de la sentencia o al día siguiente. Lo que obviamente no pasó aquí, pues la Sala aclaró de “oficio” sus sentencias para cambiarlas.

Basta leer la jurisprudencia de la Sala para ver cómo ella misma ha reiterado que no puede modificar sus sentencias.

D) Según leo en los medios, lo que la Sala hizo fue “suprimir” algunos párrafos de las citadas sentencias.  En el caso de la sentencia Nro. 155, se “suprimió” lo relativo a la inmunidad parlamentaria y a las facultades extraordinarias del Presidente para cambiar Leyes. En la sentencia Nro. 156, se “aclaro”  lo que la Sala Constitucional quiso decir al “asumir” las funciones de la Asamblea.

Ninguna de esas supresiones y aclaratorias modifica la situación actual.

En efecto, en cuanto a la inmunidad parlamentaria, la sentencia Nro. 155 lo que había hecho era ratificar la realidad actual, esto es, que la inmunidad parlamentaria prevista en el Artículo 200 de la Constitución ha sido desconocida, como ya comente aquí en Prodavinci. Además, ya la Sala ha calificado supuestos delitos cometidos por los Diputados ordenando abrir investigaciones penales, todo ello en contra del Artículo 200.

En cuanto a las “facultades extraordinarias” del Presidente, la sentencia, nuevamente, lo que hizo fue ratificar lo que es una realidad: ya el Presidente ha ejercido “facultades extraordinarias” en contra de la Constitución con el “permiso” de la Sala, por ejemplo, dictando la Ley de presupuesto, como también expliqué aquí en Prodavinci.

Finalmente, y aun cuando no sé sabe qué “aclaró” la Sala en relación con el ejercicio de las funciones de la Asamblea, nuevamente, lo que hizo la sentencia Nro. 156 fue poner en blanco y negro lo que era ya una realidad:

la Sala Constitucional ha usurpado funciones de la Asamblea, por ejemplo, designando a rectores del Consejo Nacional Electoral o permitiendo al Tribunal Supremo de Justicia recibir la memoria y cuenta de los Ministros.

De manera tal que estas aclaratorias no cambian nada.

No lo hacen, pues la ruptura del orden constitucional en Venezuela no fue causada por esas sentencias, sino que fue resultado de un largo proceso que arrancó en 2015. Como se diría en criollo, esas sentencias fueron las gotas que derramaron el vaso. Pero el vaso ya estaba lleno.

E) ¿Cambia en algo esas aclaratorias las declaraciones de la Fiscal? Para nada. De hecho, podrían ser interpretadas como un reconocimiento de que, en efecto, las sentencias Nro. 155 y 156 –como muchas otras sentencias más– violaron la Constitución y tuvieron que ser enmendadas. Con lo cual,

la Fiscalía sigue teniendo elementos para iniciar las investigaciones por lo que consideró como ruptura del orden constitucional.

José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y Profesor de la UCV y UCAB.

Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

El golpe permanente

Alberto Barrera Tyszka, Prodavinci

Sorprende un poco que a algunos les sorprenda tanto.

Tal vez se debe a que la palabra golpe, sobre todo en el contexto de la política, parece acompañarse de un cierto sentido de sobresalto, de movimiento violento e inesperado. Un golpe de Estado suele ser un imprevisto. Quizás. Pero no en Venezuela. Aquí es al revés.

Esto es un golpe cantado con mucha antelación. Aquí vivimos, desde hace años, en un permanente golpe de Estado.

El principio siempre es el verbo. ¿Qué se puede esperar de un partido que llega al gobierno y jura que sus adversarios jamás volverán a ejercer el poder?

Desde hace mucho, la idea del golpe se instaló en el lenguaje. Ese fue el primer desacato. Insistir, día tras días, de manera pública y oficial, en que la alternancia política es un delito, un pecado, una catástrofe, una traición a la historia. Llevan demasiado tiempo torciendo las palabras, intentando lograr que un golpe de Estado nos parezca algo natural.

Lo que ocurrió esta semana (Las sentencias 155 y 156 del TSJ), en el fondo, forma parte del horizonte previsible que todos los venezolanos conocemos.

El oficialismo lleva años preparándose, minuciosamente, para gobernar sin pueblo.

Exceptuando a Rodríguez Zapatero (quien actúa y opina como si fuera un empleado menor del Ministerio de Turismo de Venezuela), las reacciones internacionales han mostrado un rechazo contundente ante la actuación del TSJ.

Sin embargo, lo que para la mayoría de los países del planeta resulta indignante e inaceptable, para el gobierno ha terminado siendo tan solo un leve malentendido.

Creen que pueden funcionar afuera con la misma facilidad que dicen y se desdicen dentro del país.

Se han acostumbrado a mentir de tal manera que ya han perdido cualquier noción de los parámetros. La política les parece un teatro donde todo es posible, donde ya no hace falta ningún sentido de verosimilitud. El público lo aguanta todo.

La obra de hoy, por ejemplo, es así: Maduro aparece vociferando, desde una tarima, repartiendo insultos y decretando que “ni por las malas ni por las buenas” la oposición volverá a ser gobierno.

Dos minutos después, en medio de un consejo de Ministros, vestido de rojo, Maduro celebra la “sentencia histórica” del TSJ, que le permitirá a él –modestamente– defender la independencia institucional del país.

Luego de dos minutos, con un pequeño cambio de vestuario, de liqui liqui a camisa de campaña, aparece de nuevo Maduro, sentadito en un estudio, calmado y estadista, pronunciando suavemente palabras como “controversia”, “discrepancia”, “impasse”…

Se trata de un ejercicio ilimitado de representaciones.

Maduro es Rambo con un fusil al hombro, Maduro es Candy Candy en una escuela primaria, Maduro es profesor de salsa casino en la televisión, Maduro se disfraza de billete de 100 para pasar desapercibido, Maduro nuevamente promete que muy pronto seremos una gran potencia.

Es una gimnasia que practican todos. Todo el tiempo.

Tarek William Saab, por ejemplo, puede también ser Defensor del Pueblo, poeta o militante pro gobierno según las ocasiones. El oficialismo vive en un constante juego de roles. Han convertido la identidad en un disfraz.

Pero detrás de toda esta alharaca, el proyecto continúa. De manera persistente y obcecada. Las palabras tratan de suavizar la realidad pero no lo logran. El impase es entre un gobierno que se cree eterno y un pueblo que quiere un cambio.

La controversia es entre una cúpula que controla al poder electoral, postergando unos comicios que se han debido realizar el año pasado, y un país que está exigiendo que haya elecciones.

La discrepancia es entre un gobierno cómplice que oculta información, actúa sin transparencia, sin controles, y los ciudadanos que quieren auditar al poder, que desean saber –por lo menos– quienes se robaron los miles de millones de dólares que faltan en el tesoro público.

El impase es entre la mayoría de los votantes del 6 de diciembre del 2015 y la antigua Asamblea que –a última hora– le dio un golpe al TSJ para quitarle poder al resultado electoral.

Y así podríamos seguir todos, enumerando puntualmente cada problema, cada tragedia. Desde el arco minero hasta la represión, desde la inseguridad hasta la escasez de medicamentos.

En verdad, no son impases, no son controversias, no son discrepancias. Es un abismo. Es el vacío.

Es un error pensar que el golpe de Estado es un suceso, un hecho que ocurre de pronto y de una sola vez. Aquí se ha convertido en la rutina del poder. Avanza o retrocede, pero nunca cesa. Es un ejercicio lento y constante. Es el “Proceso”.

El golpe de Estado no es otra cosa que la Revolución.