Cuatro escenarios políticos en Venezuela

Michael Penfold, Prodavinci (*)

En Venezuela ningún escenario luce aún definitivo: ni los buenos ni los malos.

Las posibilidades de que distintos factores políticos o sociales aceleren un proceso de cambio, que impliquen restaurar el estado de derecho y la democracia, dependen en estos momentos de dos condiciones que son absolutamente fundamentales.

La primera condición es que la movilización ciudadana y la unidad de la oposición se logren consolidar cada vez más tanto en su intensidad como en su alcance social.

Tan sólo un aumento de los costos en los que incurre el gobierno por el uso de la represión para tratar de desmovilizar a la sociedad, puede obligarlos (sea por presión militar o internacional) a dar concesiones que precipiten un proceso de transformación política que sea irreversible.

Esto explica por qué la sociedad venezolana lucha con tanta intensidad en las calles: para los ciudadanos la resolución de la crisis actual es un asunto existencial pues representa su única garantía para poder restablecer sus derechos individuales frente a la vocación autoritaria de un gobierno que suspende elecciones, disuelve los poderes públicos y convoca inconstitucionalmente una Asamblea Nacional Constituyente sin someter la iniciativa y sus bases comiciales a un referendo.

En el marco de esta movilización ciudadana, que también incluye la represión estatal y la violencia paraestatal –que es el cuadro que mejor caracteriza al país en estos momentos–, surge un instante en el que la diferencia entre el costo de reprimir o hacer concesiones significativas, comienza a ser una disyuntiva real tanto para el gobierno como para los militares, frente al riesgo cada vez más alto de perder el poder y ser desplazados por algún tipo de alternativa.

Es difícil estimar qué tan próximos estamos de este punto de inflexión, pero hay muchos indicios que sugieren que no estamos tan lejos: la intensidad y continuidad de las protestas, el espectro del descontento social, la crudeza y crueldad del uso de la violencia por parte de los entes de seguridad, el derrumbe de los elementos simbólicos de la revolución, como la estatua de Chávez en Machiques, y la indisposición que muestran algunos oficiales de bajo rango de la Guardia Nacional Bolivariana a la hora de reprimir a la población que reclama sus derechos.

La segunda condición, que está íntimamente vinculada con la primera, es la necesidad de que los conflictos internos dentro del chavismo y aquellos dentro del mundo militar, se hagan cada vez más visibles, sobre todo en torno a qué tipo de concesiones deben realizarse tanto en el frente político como en el económico para poder enfrentar el descontento social.

En la medida en que aparezcan grupos muy bien definidos dentro del chavismo que piensen que aun haciendo concesiones significativas a la oposición, ellos pueden llegar a influir en las características y los tiempos de este proceso de cambio, en esa misma medida la influencia de los radicales se verá seriamente cuestionada.

Por el contrario, si el chavismo percibe que no hay futuro sin el presidente Maduro, pues no hay quien los proteja, entonces difícilmente surjan estos conflictos, y el chavismo se cohesionará alrededor de su destino.

Esto es lo que algunos llaman el costo de salida.

Si perciben, en cambio, que estos grupos tienen cómo influir decisivamente en el proceso, inevitablemente apostarán por el mismo.

Este cálculo es uno que ya deben estar haciendo no sólo algunos políticos dentro del PSUV sino también muchos actores en las esferas militares. Este es el famoso tema de las garantías. Y no es un tema menor. Es el corazón del dilema del cambio político en Venezuela.

La aparición de este tipo de fracturas tampoco es inevitable.

Hasta ahora es el frente que mejor ha resguardado el gobierno tanto a nivel partidista como militar. Los radicales han logrado mantener un férreo dominio sobre todo el proceso de toma de decisiones (tanto en el plano económico y político así como en el de la seguridad). Y este grupo se ha encargado de recordar que cualquier concesión es una traición a la revolución y elevan su credibilidad al incrementar cada vez más los castigos a cualquier facción disidente y al aumentar el uso de la represión hacia la misma oposición.

Este fuerte control es lo que impide asegurar que en estos momentos estemos viviendo una transición democrática (como han dicho algunos) cuando la realidad es que estamos presenciando, más bien, un proceso de formalización abiertamente autoritaria del ejercicio del poder.

Sin embargo, las diferencias dentro del chavismo, en especial alrededor de los temas relativos a la suspensión de las elecciones regionales y locales, la írrita convocatoria a la constituyente, el uso de la violencia y el dramatismo de la situación económica y social, comienzan a hacerse cada vez más palpables e irreconciliables.

Las declaraciones de Luisa Ortega Díaz denunciando la violación de los derechos ciudadanos durante las protestas así como su pronunciamiento sobre la necesidad de promover un proceso de negociación política para lograr reinstitucionalizar el país; las opiniones de Isaías Rodríguez sobre la obligación de someter a un referendo la iniciativa del Ejecutivo para que sea el pueblo quien convoque directamente a una Asamblea Nacional Constituyente; y la carta de un músico del prestigio internacional de Gustavo Dudamel –una figura simbólica muy importante para el mundo chavista–, en la que condena moralmente la violencia y la falta de apertura democrática, prefiguran la profundidad de este tipo de fracturas.

Estas mismas grietas también se deben estar comenzando a observar en el mundo militar.

El cruce de estas dos condiciones dibuja los escenarios futuros para el país.

Algunos de estos escenarios son pesimistas pero también hay otros que son luminosos. Creo que todos son probables, unos más que otros, pero confieso que mi percepción es que esa probabilidad de ocurrencia no son significativamente muy diferentes, por lo que me parece ilógico no describirlos e incluso absurdo eliminarlos.

Eso hace que el futuro sea muy incierto, lo cual explica parte de la angustia que experimentamos. Muchos piensan que nuestro futuro es binario y sin duda es imposible negarles la razón y también lo creen los jóvenes en la calle: dictadura o democracia.

Otros analistas, como mi amigo Luis Vicente León, concuerdan en que los escenarios son igualmente binarios pues las alternativas se reducen sustancialmente debido a los altísimos costos de salida para el chavismo: represión o negociación. Mi impresión es que los escenarios son un poco más variados (incluso algunos vienen en modalidades diferentes) y confieso que todos son inestables (y en todos vamos a tener que comernos algunos sapos y seguramente una culebra).

En este sentido, los escenarios que voy a describir son complejos e inciertos; la sostenibilidad política de ninguno de estos mundos está plenamente garantizada.

Es importante aclarar que un ejercicio de esta naturaleza siempre conlleva proyectar en el tiempo futuro una narrativa totalmente ficticia (aunque probable) de los distintos escenarios, todo ello a partir de unas variables críticas que han sido identificadas; en ningún momento los escenarios que describo aspiran predecir los eventos que van a ocurrir en el país (ese es un don del que solo gozan los videntes).

Muchos me preguntan con insistencia si realmente es posible un escenario de cambio democrático porque todos aspiramos tener otro futuro y los que están afuera desean volver a nuestro querido país.

Mi respuesta siempre es la misma:

El cambio democrático requiere de dos factores: movilización ciudadana y capacidad de negociación para generar acuerdos mínimos. Sin ambos instrumentos es imposible promover un proceso de democratización en Venezuela.

En nuestro país, lamentablemente, a veces tendemos a contraponer la calle con los acuerdos y la negociación. Es la triste herencia de octubre pasado al no priorizar y mantener la calle (para complacer al Vaticano en una mediación inoportuna) cuando el gobierno suspendió arbitrariamente el referendo revocatorio.

Sin embargo, si aceptamos la utilidad de ambos instrumentos, entonces el futuro de Venezuela es promisorio, pues estaremos abordando el mayor reto del país: su institucionalización política y económica con control ciudadano.

Estos son los escenarios:

La Negociación

Los militares retiran su apoyo al gobierno ante los altos costos de sostener la represión pero tampoco están dispuestos a aliarse con la oposición para protagonizar una insurrección. Obligan a los más radicales –con apoyo de la comunidad internacional y en especial del Vaticano, pero esta vez sin la presencia de los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos– a negociar sus condiciones de salida dentro del marco de la Constitución actual.

Los militares instrumentalizan la inevitabilidad de la renuncia del Presidente e imponen a un sustituto de mutuo acuerdo –que fue nombrado poco antes como vicepresidente– y que tiene como objetivo conducir un gobierno transitorio. La Constitución se mantiene intacta.

Los militares fundamentan esta decisión argumentando que se hace imperativo tener un personaje que sea confiable para ambos bandos para poder hacer la “triangulación”.

Durante la negociación, la oposición se ve obligada a aceptar todo tipo de amnistías y garantías a cambio de un proceso electoral futuro que sea competitivo y transparente.

El Tribunal Supremo de Justicia queda en manos del chavismo para garantizar que todos los acuerdos sean efectivamente respetados. También exigen que la Constitución sea reformada para garantizar que estos mismos acuerdos queden incorporados en la carta magna y los militares también obtienen mayores fueros y prebendas.

La oposición logra restaurar las prerrogativas de la Asamblea Nacional, institucionalizan la independencia del CNE y logran reducir el periodo presidencial de seis a cinco años sin referendo revocatorio y prohíben la reelección presidencial.

Se realizan elecciones regionales y locales. La comunidad internacional presiona exitosamente para que se liberen a los presos políticos y se eliminen sus inhabilitaciones pero todos los candidatos presidenciales postergan sus aspiraciones para permitir la materialización del acuerdo facilitado por la comunidad internacional y ejecutado por el presidente que “triangula”.

El nuevo gabinete aborda las reformas para estabilizar la economía e implementar el plan de emergencia social con amplio apoyo multilateral. Las elecciones competitivas y abiertas se pautan en un tiempo prudencial una vez que todos los acuerdos políticos se hayan verificado y las reformas económicas se hayan implementado.

Nuevas Alianzas

Ante la intensificación de la movilización ciudadana y el recrudecimiento de la represión y el intento del Presidente Maduro de insistir con la convocatoria del proceso Constituyente, unos diputados moderados del chavismo deciden rebelarse en la Asamblea Nacional.

Un grupo de ocho legisladores del PSUV amenaza al ala más radical con votar conjuntamente con la bancada opositora si Maduro no es obligado a renunciar y sustituido por un nuevo líder del partido. Aquí se abren dos modalidades de cambio: acuerdos dentro del chavismo o acuerdos con la oposición.

En el primer tipo de acuerdos, el chavismo se renueva y los radicales ceden ante la amenaza de los moderados; el chavismo se aglutina nuevamente alrededor de un nuevo líder y deciden abordar la crisis económica con apoyo de los organismos internacionales y los chinos.

El nuevo Presidente no negocia con la oposición pero acepta hacer algunas concesiones parciales como liberar a los presos políticos y fijar un cronograma electoral para comicios regionales, locales y de Presidente que favorezca al chavismo, es decir, que les compre suficiente tiempo. Sin embargo, las inhabilitaciones se mantienen.

La revolución continúa. El nuevo Presidente mejora sus niveles de aceptación y la elección se hace mucho más pareja pero no es perfectamente competitiva.

En la segunda modalidad de este mismo escenario, la Asamblea Nacional, ahora con una renovada mayoría calificada de las dos terceras partes, gracias a la alianza entre la disidencia chavista y la oposición, y con el apoyo internacional e incluso con la anuencia de los militares, logra cambiar la composición del TSJ y del CNE.

También logra remover al Presidente y su vicepresidente. Un nuevo gobierno transitorio es escogido por la misma AN para cubrir el resto del periodo presidencial y reconocido por la comunidad internacional y las fuerzas armadas.

Los presos políticos son liberados. La comunidad internacional respalda todas las decisiones del gobierno de amplia base y provee financiamiento para el programa de estabilización y emergencia social.

Se mantiene la actual Constitución aunque se prohíbe la reelección presidencial. El programa de estabilización y emergencia social es respaldado por ambas fuerzas políticas, incluyendo los organismos internacionales y también los chinos.

La Imposición

En este escenario el gobierno logra doblegar las protestas a través de un uso desmedido de la represión que es tolerado por las fuerzas militares. La sociedad se desmoviliza gradualmente y las protestas se terminan concentrando tan solo en unos pequeños focos en la ciudad capital. La Rebelión de Abril es virtualmente derrotada.

El presidente Maduro avanza con la convocatoria a la Constituyente sin ningún tipo de referendo previo –a pesar de la crítica internacional y de la decisión de la oposición de no participar en ella–, lo que le permite suspender formalmente cualquier tipo de elección y utiliza mecanismos corporativistas para unificar de facto al chavismo alrededor de su figura presidencial. Venezuela materializa su salida de la OEA y Mercosur.

La crisis económica se profundiza y el estado comunal se consolida.

El Colapso

El gobierno de Maduro logra desmovilizar la Rebelión de Abril gracias a la incondicionalidad de los militares pero a un costo político interno muy alto. Los focos de protestas se mantienen.

La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente tampoco genera suficientes consensos dentro del gobierno. Todos los factores de poder coinciden en que la mejor Constitución es la de Chávez. La popularidad de Maduro se desploma y los moderados se rebelan pero tampoco pueden imponerse. El presidente Maduro logra sostenerse pero mucho más debilitado.

Tampoco hay elecciones (el chavismo promete de forma poco creíble alguna elección presidencial en el 2019 pues el TSJ validó que el inicio del periodo fue a partir de su juramentación en abril del 2013). La represión a los partidos opositores y el uso de inhabilitaciones se intensifica.

El gobierno continúa posponiendo las reformas económicas y se mantiene aferrado a los controles cambiarios y de precios. La producción petrolera acelera dramáticamente su caída ante la falta de inversión.

A mediados del 2018, a pesar de su voluntad de mantener los pagos de deuda, el gobierno hace default debido a su incapacidad para mantener los desembolsos frente a la caída de la producción petrolera y debido al tamaño de los compromisos financieros.

El país descubre que lo que resta de las reservas internacionales en oro no son tan líquidas pues ya han sido pignoradas. La emergencia social se intensifica. La inflación se acelera. El país se anarquiza. La emigración aumenta y la violencia organizada toma pleno control de las calles. El país termina de colapsar.

Transición sin Transacción

La sociedad intensifica su movilización y amplía la conexión con diversos sectores sociales en todo el territorio nacional. Los militares encuentran que el costo de sostener la represión es demasiado alto y le solicitan al presidente Maduro que negocie algunas concesiones sustanciales con la oposición.

El chavismo se mantiene unido alrededor de los más radicales –los moderados chavistas han sido silenciados– y deciden que no van a negociar otorgando condiciones previas y amenazan con ampliar aún más el despliegue de las milicias y los colectivos.

Los militares se rebelan ante la incapacidad del chavismo de otorgar algunas concesiones sustantivas y optan por aliarse con la oposición para darle la estocada final al gobierno. Triunfa la Rebelión de Abril y se convoca a elecciones generales. Es la transición sin transacción.

El nuevo gobierno afronta algunas reformas estructurales en la economía, a través de un programa de estabilización con el apoyo de diversas organizaciones multilaterales, pero con ciertas dificultades ante lo convulsionado del ambiente político, pues una parte del chavismo ahora está en la resistencia y denuncia que ha sido víctima de un golpe de Estado.

Los partidos políticos pactan una reforma constitucional. Los colectivos inician una nueva ola de violencia.

***

Me gustaría culminar con algunas conclusiones que deben ser resaltadas. En todos los escenarios los militares son actores fundamentales, incluso en aquellos en los que las nuevas alianzas o la negociación, el asunto parece una transacción estrictamente política.

Otra conclusión que surge del ejercicio, es que muchos expertos internacionales y nacionales enfatizan la importancia que juegan los moderados de ambos bandos para garantizar un cambio democrático.

Mi impresión es que esta enseñanza para el caso venezolano es mucho más compleja y debe ser precisada: lo importante es que la oposición se mantenga unida más allá de la distinción entre moderados y radicales.

El cambio democrático es virtualmente imposible sin unidad. Más bien, lo fundamental es que los moderados surjan del lado del chavismo y jueguen un papel preponderante en la resolución de la crisis, especialmente en una ruta que involucre un papel protagónico que puede llegar a tener la Asamblea Nacional con el apoyo de la comunidad internacional.

Si la oposición luce dividida entre distintas etiquetas, entonces los incentivos para los chavistas disidentes de transar con la bancada opositora se van a ver seriamente afectada por una simple razón, que es que su amenaza frente a los radicales del gobierno se vuelve muy poco creíble y por lo tanto muy poco efectiva.

Finalmente, los militares siempre van a preferir una salida de la coyuntura actual a través de una negociación o un acuerdo entre chavistas o incluso un acuerdo en la Asamblea Nacional –por eso el afán del gobierno de insistir con la constituyente porque es la mejor manera de frenar cualquiera de estas otras alternativas (salvo la negociación)–.

De modo que si los militares irrumpen en la escena política venezolana, no será porque fueron convencidos por la oposición, lo cual me luce muy poco factible, sino porque los radicales chavistas ante la presión de calle y su ceguera política optaron por no negociar de una forma sincera, es decir, aceptando algunas condiciones previas como liberar a los presos políticos y abrir el canal humanitario.

Es evidente que los dilemas del país son complejísimos, pero también es cierto que tampoco son irresolubles, pues no hay una sola hoja de ruta sino varias.

 

(*) Investigador Global del Woodrow Wilson Center, Profesor Titular del IESA en Caracas y Profesor Invitado de la Universidad de Los Andes en Bogotá. Es Ph.D de la Universidad de Columbia especializado en temas de Economía Política y Política Comparada. Fue Director de Políticas Públicas y Competitividad de la CAF Banco de Desarrollo de América Latina. Es Co-autor junto con Javier Corrales de Un Dragón en El Trópico: La Economía Política de la Revolución Bolivariana (Brookings Institution) que fue seleccionado por Foreign Affairs como mejor libro del Hemisferior Occidental. Autor también de Dos Tradiciones, Un Conflicto: El Futuro de la Descentralización (Mondadori) Editor del Costo Venezuela: Opciones de Política para Mejorar la Competitividad y Las Empresas Venezolanas: Estrategias en Tiempo de Turbulencia.

Manual para discutir con un chavista quien no vive en Venezuela

Giulio Vita

Tras las protestas masivas, me he dedicado a intentar explicar Venezuela a quienes apoyan a la Revolución desde el exterior.

Muchos no la apoyan con mala intención.

En España, por ejemplo, es una especie de refugio ante las malas políticas del PP. En Italia, por otro lado, es culpa de una nostalgia a los cuentos de las luchas y los logros del Partido Comunista.

En genera,l es todo parte de una gran crisis europea de estos tiempos: La debacle de la izquierda, incapaz de estructurar una propuesta actual y que evite el ascenso de los partidos de derecha más radicales.

En mis discusiones me he encontrado con una gran ignorancia acerca de quiénes son los chavistas y qué hacen: Me he encontrado con frases repetidas de la maquinaria propagandística del gobierno. Y me he dado cuenta de que un problema fundamental de la oposición, ha sido no darle importancia precisamente a la comunicación, a la matriz de opinión en el mundo, a creer que las tonterías de Diosdado Cabello serían interpretadas por todos como tonterías.

La Resistencia debe ser también comunicacional y bastan sólo los hechos, sin modificarlos, para derrumbar los argumentos. Por eso, les he hecho una lista que podemos actualizar todos juntos, poco a poco.

LOS BOLIBURGUESES

Cuando defiendes al gobierno chavista, estás defendiendo a un gobierno de millonarios, no del pueblo. Los principales capos del chavismo no son pueblo sino oligarquía. Todos ellos se han enriquecido gobernando. Son más ricos que Rajoy, que Renzi y que la misma Merkel.

Pero no sólo eso. Sus hijos no viven en el país. Y bueno, uno podría decir convenientemente que no pueden vivir allí por culpa de la oposición. Pero entonces ¿por qué no viven en Cuba, en Rusia, en Irán, en Arabia Saudí, o en Bolivia o Ecuador?

Los hijos de los chavistas viven en París (Rosinés, hija de Chávez), en Milán (Daniela, hija de Diosdado Cabello), Australia (Lucía, hija de Jorge Rodríguez). ¿No es eso una incongruencia en el discurso socialista?

Dicen ser antiimperialistas; pero desde los inicios del chavismo, las relaciones comerciales con Estados Unidos han sido excelentes. Y no sólo eso. Casi todos los chavistas van de vacaciones al Imperio o tienen casas allí.

El año pasado el gobierno de Maduro envió medio millón de dólares a la inauguración de Trump. Más de lo que dio Pepsi y Google.

Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela, firmó una carta en contra de las sanciones estadounidenses a los funcionarios chavistas, comprando una página en el New York Times. No es la primera vez que la Revolución compra espacios en medios del Imperio, para difundir su propaganda.

LA OPOSICIÓN FASCISTA DE ULTRADERECHA

El gobierno, en la televisión pública que controla de manera partidista, ha repetido hasta la saciedad que los opositores somos de ultraderecha.

Pero ¿quiénes son? ¿Con qué se come eso?

Uno de las más feroces críticas a la oposición es que es “demasiado izquierdosa”. Antes del chavismo, los partidos considerados de derecha, no eran ultraderecha fascista. Eran más liberales pero no estaban en contra de la inmigración, no quitaron las políticas sociales (sí, había políticas sociales); pero, además, los actuales representantes del pueblo no vienen de allí.

Hay una dirigencia nueva que ha aprendido de su pasado y por eso gana las elecciones, y tiene al apoyo popular. Gente como Freddy Guevara, Miguel Pizarro o el mismo Capriles, están lejos de ser de derecha.

La Asamblea Nacional opositora, está compuesta así:

Los manifestantes, por su parte, son la unión de muchas cosas. Seguramente entre quienes manifiestan hay gente de derechas pero también hay gente de izquierdas.

Las protestas, sobre todo éstas, han unido gente de todos los estratos sociales y de toda ideología. No se lucha por un modelo de país sino por el derecho a elegir, a la devolución del Estado sobre los gobiernos, nada más.

La Mesa de la Unidad (MUD) es una amalgama, no un partido. Cada dirigente tiene su idea de política pero en lo que todos están de acuerdo es que el chavismo no permite el respiro de la democracia y por lo que todos luchan es por recuperar la capacidad de elegir.

PERO LA OPOSICIÓN DIO UN GOLPE DE ESTADO EN EL 2002

Es cínico, teniendo en cuenta que el chavismo inició por un golpe de Estado fallido en 1992 y no sólo Chávez tuvo el perdón presidencial de Caldera sino que, además, ya nadie usa eso como argumento político.

La oposición que está en la Asamblea Nacional no quiere un golpe. Está usando el arma más poderosa en contra del chavismo: La Constitución que Chávez promovió.

EN LOS 90 EL PUEBLO PASABA HAMBRE

No voy a ser yo quien defienda a Carlos Andrés Pérez y a la desastrosa Venezuela de 1990. Pero imagine usted que Mariano Rajoy, para excusarse, diga “Con Franco las cosas estaban muy mal“. Sería absurdo y cínico.

En todo caso, es también parte de la propaganda chavista que se ha encargado de demonizar todo lo que no es chavista. En los 90 no se estaba peor que en la Venezuela actual. No es una opinión ni tampoco significa que estábamos bien.

Según los índices de pobreza extrema, mortalidad, mortalidad infantil, acceso a la educación, acceso a la cesta básica, acceso a la salud estábamos mejor que ahora.

En la Venezuela de antes había programas sociales, como las becas de la Fundación Ayacucho y existía la Universidad Central de Venezuela, pública y entre las más excelentes del mundo, pero no sólo eso: El Sistema de Orquestas, que Chávez intentó apropiarse, no inició en el chavismo sino en la década de los setenta.

Chávez construyó hospitales e hizo misiones. Pero esos hospitales no tienen insumos, esas misiones no dieron excelencia y la gente no logra formarse dignamente.

Considere usted que Chávez inició con el precio del petróleo más alto de la Historia, por lo que tuvo todos los recursos para hacernos prosperar pero sólo lo hicieron sus secuaces (entiéndase: no el pueblo que lo seguía sino aquellos en el poder).

LA DEMOCRACIA

“Tienen elecciones libres, ¿cómo puede ser eso una dictadura?”

En este punto creo oportuno hacer una reflexión.

Los pueblos europeos tienen una especie de vacuna a las dictaduras, porque vivieron épocas muy oscuras con ellas. Ahora no pueden capacitarse de que exista en el siglo XXI una dictadura.

Una democracia no se basa solamente en si hay elecciones o no, sino en una serie de mecanismos como la separación de poderes, la alternabilidad del poder, la distinción entre gobierno y Estado, el respeto a la oposición y más.

El chavismo siempre ha jugado con esto de las elecciones, haciéndonos votar por todo, como una especie de lavado de cara internacional.

El problema es que esas elecciones no respetaban ciertas cosas como la presencia de propaganda electoral (el chavismo podía tapizar pueblos enteros con dinero público o tener diez veces más minutos de presencia en televisión) y como ocurrió con el Referéndum del 2007, la única derrota de Chávez, las cosas que rechazamos por votos meses después serían propuestas y aplicadas de igual forma. Eso sin contar que el Presidente, al aceptar la derrota, llamó “MIERDA” a nuestra victoria popular.

El Poder Judicial está en manos del gobierno. Los jueces están inscritos en el PSUV, provocando un conflicto de intereses.

El gobierno intentó inhabilitar la Asamblea Nacional, elegida por el pueblo, porque por primera vez en el chavismo, es de mayoría opositora. Esto hizo que se perdiera el hilo constitucional. Lo ha dicho la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien también es chavista pero no está de acuerdo.

La Constitución venezolana declara que el Ejército no puede pertenecer a un partido. Tanto Chávez en su día como Diosdado en la actualidad, han declarado en televisión pública que el Ejército es Chavista y Revolucionario, yendo en contra de nuestra Constitución.

Los civiles están siendo juzgados por tribunales militares, yendo en contra de la Constitución.

El gobierno se ha negado a realizar las elecciones de alcaldes y gobernadores, como debería ser.

La posibilidad de diferir

En el chavismo ni siquiera los chavistas pueden contrariar al gobierno. Aquellos quienes no han estado de acuerdo, han sido alejados del poder. Esto desde los tiempos de Chávez.

Véase caso de Raúl Isaías Baduel, compadre de Chávez que, entre otras cosas, lo rescató en el 2002 del Golpe de Estado, devolviendo el hilo constitucional. Luego se opuso al Referéndum del 2007; y en el 2009, fue encarcelado por la sustracción de fondos públicos, abuso de autoridad y delitos contra el decoro militar.

Es decir, la democracia ahora que el país ya no quiere el chavismo, es siempre más oscura.

LA INFORMACIÓN Y LA LIBERTAD DE PRENSA

En Venezuela todos los canales de televisión que eran del Estado, se han convertido en gubernamentales. Es decir, partidistas de una ideología, quitando espacio a los otros partidos o a quienes simplemente difieran. Los canales abiertamente contrarios al gobierno han sido cerrados o comprados.

Durante las protestas, es normal ver al Presidente bailando salsa en un acto para ocultar lo que ocurre en el país.

Periódicos todavía existen que sean de oposición, pero muchos han sido comprados por testaferros chavistas. Un caso ejemplar es la compra mayoritaria de la Cadena Capriles provocando cambios editoriales y partidistas en el periódico Últimas Noticias.

En todo caso, lo preocupantes es el uso de los medios del Estado para las finalidades de un partido.

En la televisión pública se ha llamado ultraderecha a los opositores, se ha invitado a buscarlos en sus casas, se ha llamado a promover la violencia en diferentes formas.

“En una dictadura no puedes escribir ciertas cosas

De nuevo, estamos ante un nuevo mundo, no es la dictadura del siglo XX sino que ha evolucionado y se ha vuelto mejor: se usa dinero público para pagar ejércitos de bots en Twitter, se secuestran los medios del Estado para hacer propaganda.

Un dato importante: Hugo Chávez tenía un programa de televisión todos los domingos que podía durar hasta ocho horas. Esto en un canal del Estado. Allí no sólo hacía propaganda sino que podía dar órdenes presidenciales, firmar decretos y demás, por lo que tenía a todo el país obligado a verlo.

Tras su victoria, Chávez no permitió entrevistas por parte de periodistas no alineados. Las pocas veces que en una conferencia lograron hacerle una pregunta, atacó a los periodistas sin responder.

Aquí volvemos al tema de la democracia: El balance de las fuerzas es desproporcionado.

LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

Esto sigue el hilo del punto anterior. Casos como llamar a la oposición ultraderecha, o peores como decir que Leopoldo López es el responsable del asesinato de 43 personas. Entre esos 43 caídos hay víctimas del gobierno y esta Asociación de Víctimas de La Guarimba (promovida por el gobierno) usa sus fotos de manera bastante vil. Los familiares de esas víctimas han sido invisibilizados por el gobierno.

Lo mismo ocurre con las víctimas de ahora, asesinadas por la acción de represión policial. Nadie toma responsabilidad.

La violencia en la Venezuela de Chávez ha sido promovida desde el chavismo, llegando a armar a colectivos como La Piedrita y dándoles apoyo moral en televisión nacional.

En Venezuela asesinan cada 18 minutos a una persona, por delincuencia común. El gobierno no se responsabiliza por eso.

Sobre todo los izquierdistas europeos, ven a quienes manifiestan que lanzan piedras en la calle como oposición de ultraderecha pagada por la CIA. Eso me impresiona pues cuando se trata de sus protestas, los militares son armas del Estado en contra del ciudadano.

No entiendo la incoherencia que se forma por la manipulación mediática gubernamental y las ideologías futbolísticas, donde se apoya dictadores sólo porque son de izquierda, y se menosprecian protestantes sólo porque el gobierno te dice que son fascistas.

Venezuela tiene un gobierno casado con la milicia.

Hay manifestantes que lanzan piedras, que lanzan mierda, que queman cosas. Es cierto. Pero están luchando contra armas de fuego militares. Se defienden del atropello. No todos lanzan piedras, claro está. Hay un descontento general.

Ningún dirigente opositor lanza piedras o quema calles. Siempre han llamado a la marcha pacífica. En cambio, las órdenes a los militares es el empleo de la fuerza. Ahí está la diferencia. Que Diosdado incita a la violencia y echa la culpa de eso a sus opositores políticos que la repudian.

El gobierno acusa a la oposición de armar a los ciudadanos, cuando es todo lo contrario: El Plan Zamora ha hecho que el gobierno incluya entre sus filas a colectivos paramilitares para amedrentar a los manifestantes.

El fascismo a veces se viste de rojo y siempre habla de pueblo. Eso no lo hace menos grave. El gobierno chavista tiene más similitudes con el de Mussolini de lo que puede tener la oposición.

Lo invito a hacer un ejercicio por un momento: Cambie los colores en su cabeza y asimile los conceptos de lucha y resistencia, de oprimidos y de tomar la calle con lo que está haciendo la oposición.

Mire un discurso de Chávez y compárelo con uno de Mussolini o de Hitler, busque las estrategias comunicacionales de Goebbels y mire las similitudes con el aparato propagandístico del chavismo (incluso pagamos dinero público a Oliver Stone para hacer un documental de propaganda a Chávez porque el cine, como ya la Alemania Nazi había entendido, es un arma eficaz).

Analice un momento las palabras y frases que usted usa “guerra económica”, “ultraderecha”, “Leopoldo asesinó 43 personas”.

¿De dónde han salido? ¿De usted? ¿Está seguro?

Busque los episodios del programa El Mazo Dando (cuyo título no busca precisamente paz) de Diosdado Cabello y encuentre allí, en los canales del Estado, toda una neolengua y un esquema que intenta producir una matriz de opinión en contra de quienes protestan.

Y no, ningún millonario está en la calle jugándose la vida. Los millonarios como Gustavo Cisneros, dueño de Venevisión, han hecho acuerdos con el gobierno y tienen siempre dónde llegar.

Al deslegitimar al pueblo en la calle, usted está apoyando a los ricos, a la oligarquía chavista y a un gobierno opresor.

¿POR QUÉ NADIE ESTÁ PRESO?

En Venezuela no sólo hay presos políticos sin juicio justo como Leopoldo López, sino personas que han sido buscadas en su casa por escribir en Twitter o por manifestarse.

Existe un calabozo llamado La Tumba y es espeluznante por sus torturas y la falta de información sobre quienes están allí.

ESTADO Y GOBIERNO

Desde sus inicios la Revolución ha violado esta separación esencial para una democracia. No es raro ver en las instituciones públicas cuadros de Chávez, en las universidades construidas por el actual gobierno libros con la historia manipulada u obligando a los niños cantar sobre las proezas del chavismo. Todos los empleados públicos son llamados a las marchas y obligados a demostrar su asistencia.

La cuenta Twitter del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ha hecho una campaña llamada #PerfilDeUnTerrorista donde habla de quienes manifiestan como terroristas, llegando a decir que “no sirven ni como personas“. Esto es grave por muchos motivos. Uno es la deshumanización, lo otro es criminalizar la protesta desde un canal estatal.

LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y LA GUERRA ECONÓMICA:

El gobierno ha expropiado empresas productivas para regalarlas a amigos que las han llevado a la quiebra, han puesto gente incompetente a la gestión de empresas públicas y no han hecho mantenimiento provocando su mal funcionamiento. La única guerra económica es la del chavismo contra su pueblo.

Los capos del gobierno no son afectados por la crisis de medicinas, ni alimentaria, porque tienen el control. Los venezolanos han bajado de peso por no poder comer. Los dirigentes chavistas están gordos y bailando.

LA INCAPACIDAD DE GESTIÓN Y EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO

No sólo se ha destruido el aparato productivo, sino la mala praxis gubernamental ha provocado catástrofes en la salud de los venezolanos.

Esto puede notarse con datos como que en 18 años de chavismo, hemos tenido 16 Ministro de Salud. No se publicaba un boletín de salud desde el 2015. Según datos oficiales, ha habido 30% más de mortalidad infantil. Sólo en el 2016 murieron 11.466 niños de 0 a 1 año.

Resumiendo, llevamos dieciocho años con un mismo gobierno que ha elevado la tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil, la inflación, la escasez de medicina y alimentos, y ahora mismo se niega a celebrar las elecciones como pide la ley.

Si la culpa es toda del Imperio, ¿por qué los chavistas del gobierno no son afectados por esta economía desastrosa?

 

Caricaturas de Bozzone incorporadas por Sala de Información.

Vea también:

“Chavistas en el imperio” https://saladeinfo.wordpress.com/2014/03/30/chavistas-en-el-imperio/

Caracas, por segundo año consecutivo, es la ciudad más violenta del mundo

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal

Con una tasa de 130.35 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2016 Caracas fue la ciudad más violenta del mundo, al igual que en el 2015, condición que confirma la grave crisis de delitos que agobia a Venezuela.

Cuatro de las 10 ciudades más violentas, entre las 50 que incluyen el ranking, son venezolanas: además de Caracas figuran en el top ten Maturín, Ciudad Guayana y Valencia.

De las 50 ciudades del ranking, 19 se ubican en Brasil, 8 en México, 7 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 4 también en Colombia, 3 en Sudáfrica, y 2 en Honduras. Hay una ciudad de El Salvador, Guatemala y Jamaica.

La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina (42 urbes).

En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 56,34 (40.754 homicidios dolosos entre 72.016,611 habitantes). Pero sólo las primeras 18 ciudades superaron ese promedio.

En Venezuela el repunte de la violencia es debido a la negligencia e ineptitud de los gobernantes y su completo desdén sobre la forma en que ha ido creciendo la impunidad, sobre todo ante el homicidio.

La impunidad en Brasil por homicidio es del 92%. En Guatemala y México, del 93%. En Venezuela, El Salvador y en Honduras, es del 95%.

Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en el 2016

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, con sede en México, es una prestigiosa asociación civil -sin fines de lucro- dedicada a la investigación estadística del delito, que cuenta con el reconocimiento internacional de las principales organizaciones del mundo, en el área del análisis del crimen.

Fotos vía web.

¿Las nuevas sentencias del TSJ restablecen el orden constitucional en Venezuela?

José Ignacio Hernández, Prodavinci

Pocas horas después de que en la madrugada del 1 de abril el Consejo de Defensa de la Nación “exhortara” a la Sala Constitucional a “revisar” las sentencias Nro. 155 y 156, la Sala cumplió el exhorto, según anuncian medios de comunicación.

¿Implica esto que se restableció el orden constitucional en Venezuela? Todo lo contrario.

Como las sentencias no han sido publicadas, sino solo sus reseñas en la página del TSJ, me permito efectuar algunas consideraciones preliminares y puntuales.

A) El Consejo de Defensa de la Nación, dominado por el gobierno, no tiene atribuciones para solicitar a la Sala Constitucional la revisión de sus sentencias. En realidad, ningún órgano puede hacer eso pues, en teoría, la Sala Constitucional es autónoma. Con lo cual, todo este nuevo episodio de la crisis venezolana se origina con una nueva violación a la Constitución.

B) Al haber cumplido diligentemente el “exhorto”, la Sala Constitucional pone en evidencia que sigue instrucciones o “exhortos” del Gobierno, ahora, a través del Consejo.

La ausencia de separación de poderes queda, en este sentido, aún más en evidencia.

C) Con sus “aclaratorias”, la Sala Constitucional violó el Artículo 252 del Código de Procedimiento Civil: después de dictada la sentencia, ésta no podrá ser revocada ni reformada. Y cualquier aclaratoria debe ser solicitada el día de la publicación de la sentencia o al día siguiente. Lo que obviamente no pasó aquí, pues la Sala aclaró de “oficio” sus sentencias para cambiarlas.

Basta leer la jurisprudencia de la Sala para ver cómo ella misma ha reiterado que no puede modificar sus sentencias.

D) Según leo en los medios, lo que la Sala hizo fue “suprimir” algunos párrafos de las citadas sentencias.  En el caso de la sentencia Nro. 155, se “suprimió” lo relativo a la inmunidad parlamentaria y a las facultades extraordinarias del Presidente para cambiar Leyes. En la sentencia Nro. 156, se “aclaro”  lo que la Sala Constitucional quiso decir al “asumir” las funciones de la Asamblea.

Ninguna de esas supresiones y aclaratorias modifica la situación actual.

En efecto, en cuanto a la inmunidad parlamentaria, la sentencia Nro. 155 lo que había hecho era ratificar la realidad actual, esto es, que la inmunidad parlamentaria prevista en el Artículo 200 de la Constitución ha sido desconocida, como ya comente aquí en Prodavinci. Además, ya la Sala ha calificado supuestos delitos cometidos por los Diputados ordenando abrir investigaciones penales, todo ello en contra del Artículo 200.

En cuanto a las “facultades extraordinarias” del Presidente, la sentencia, nuevamente, lo que hizo fue ratificar lo que es una realidad: ya el Presidente ha ejercido “facultades extraordinarias” en contra de la Constitución con el “permiso” de la Sala, por ejemplo, dictando la Ley de presupuesto, como también expliqué aquí en Prodavinci.

Finalmente, y aun cuando no sé sabe qué “aclaró” la Sala en relación con el ejercicio de las funciones de la Asamblea, nuevamente, lo que hizo la sentencia Nro. 156 fue poner en blanco y negro lo que era ya una realidad:

la Sala Constitucional ha usurpado funciones de la Asamblea, por ejemplo, designando a rectores del Consejo Nacional Electoral o permitiendo al Tribunal Supremo de Justicia recibir la memoria y cuenta de los Ministros.

De manera tal que estas aclaratorias no cambian nada.

No lo hacen, pues la ruptura del orden constitucional en Venezuela no fue causada por esas sentencias, sino que fue resultado de un largo proceso que arrancó en 2015. Como se diría en criollo, esas sentencias fueron las gotas que derramaron el vaso. Pero el vaso ya estaba lleno.

E) ¿Cambia en algo esas aclaratorias las declaraciones de la Fiscal? Para nada. De hecho, podrían ser interpretadas como un reconocimiento de que, en efecto, las sentencias Nro. 155 y 156 –como muchas otras sentencias más– violaron la Constitución y tuvieron que ser enmendadas. Con lo cual,

la Fiscalía sigue teniendo elementos para iniciar las investigaciones por lo que consideró como ruptura del orden constitucional.

José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y Profesor de la UCV y UCAB.

Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

El golpe permanente

Alberto Barrera Tyszka, Prodavinci

Sorprende un poco que a algunos les sorprenda tanto.

Tal vez se debe a que la palabra golpe, sobre todo en el contexto de la política, parece acompañarse de un cierto sentido de sobresalto, de movimiento violento e inesperado. Un golpe de Estado suele ser un imprevisto. Quizás. Pero no en Venezuela. Aquí es al revés.

Esto es un golpe cantado con mucha antelación. Aquí vivimos, desde hace años, en un permanente golpe de Estado.

El principio siempre es el verbo. ¿Qué se puede esperar de un partido que llega al gobierno y jura que sus adversarios jamás volverán a ejercer el poder?

Desde hace mucho, la idea del golpe se instaló en el lenguaje. Ese fue el primer desacato. Insistir, día tras días, de manera pública y oficial, en que la alternancia política es un delito, un pecado, una catástrofe, una traición a la historia. Llevan demasiado tiempo torciendo las palabras, intentando lograr que un golpe de Estado nos parezca algo natural.

Lo que ocurrió esta semana (Las sentencias 155 y 156 del TSJ), en el fondo, forma parte del horizonte previsible que todos los venezolanos conocemos.

El oficialismo lleva años preparándose, minuciosamente, para gobernar sin pueblo.

Exceptuando a Rodríguez Zapatero (quien actúa y opina como si fuera un empleado menor del Ministerio de Turismo de Venezuela), las reacciones internacionales han mostrado un rechazo contundente ante la actuación del TSJ.

Sin embargo, lo que para la mayoría de los países del planeta resulta indignante e inaceptable, para el gobierno ha terminado siendo tan solo un leve malentendido.

Creen que pueden funcionar afuera con la misma facilidad que dicen y se desdicen dentro del país.

Se han acostumbrado a mentir de tal manera que ya han perdido cualquier noción de los parámetros. La política les parece un teatro donde todo es posible, donde ya no hace falta ningún sentido de verosimilitud. El público lo aguanta todo.

La obra de hoy, por ejemplo, es así: Maduro aparece vociferando, desde una tarima, repartiendo insultos y decretando que “ni por las malas ni por las buenas” la oposición volverá a ser gobierno.

Dos minutos después, en medio de un consejo de Ministros, vestido de rojo, Maduro celebra la “sentencia histórica” del TSJ, que le permitirá a él –modestamente– defender la independencia institucional del país.

Luego de dos minutos, con un pequeño cambio de vestuario, de liqui liqui a camisa de campaña, aparece de nuevo Maduro, sentadito en un estudio, calmado y estadista, pronunciando suavemente palabras como “controversia”, “discrepancia”, “impasse”…

Se trata de un ejercicio ilimitado de representaciones.

Maduro es Rambo con un fusil al hombro, Maduro es Candy Candy en una escuela primaria, Maduro es profesor de salsa casino en la televisión, Maduro se disfraza de billete de 100 para pasar desapercibido, Maduro nuevamente promete que muy pronto seremos una gran potencia.

Es una gimnasia que practican todos. Todo el tiempo.

Tarek William Saab, por ejemplo, puede también ser Defensor del Pueblo, poeta o militante pro gobierno según las ocasiones. El oficialismo vive en un constante juego de roles. Han convertido la identidad en un disfraz.

Pero detrás de toda esta alharaca, el proyecto continúa. De manera persistente y obcecada. Las palabras tratan de suavizar la realidad pero no lo logran. El impase es entre un gobierno que se cree eterno y un pueblo que quiere un cambio.

La controversia es entre una cúpula que controla al poder electoral, postergando unos comicios que se han debido realizar el año pasado, y un país que está exigiendo que haya elecciones.

La discrepancia es entre un gobierno cómplice que oculta información, actúa sin transparencia, sin controles, y los ciudadanos que quieren auditar al poder, que desean saber –por lo menos– quienes se robaron los miles de millones de dólares que faltan en el tesoro público.

El impase es entre la mayoría de los votantes del 6 de diciembre del 2015 y la antigua Asamblea que –a última hora– le dio un golpe al TSJ para quitarle poder al resultado electoral.

Y así podríamos seguir todos, enumerando puntualmente cada problema, cada tragedia. Desde el arco minero hasta la represión, desde la inseguridad hasta la escasez de medicamentos.

En verdad, no son impases, no son controversias, no son discrepancias. Es un abismo. Es el vacío.

Es un error pensar que el golpe de Estado es un suceso, un hecho que ocurre de pronto y de una sola vez. Aquí se ha convertido en la rutina del poder. Avanza o retrocede, pero nunca cesa. Es un ejercicio lento y constante. Es el “Proceso”.

El golpe de Estado no es otra cosa que la Revolución.

Habló la jueza Mariela Casado: “Quiero que la ministra Varela me explique por qué mi hermana está muerta y Wilmito en la playa”

Redacción Runrun.es

Jueces, ministros, un  gobernador y un ex director del Sebin formarían parte de la red de conexiones de “Wilmito” con el chavismo. Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del estado Bolívar, a quien el pran mandó a matar en el 2010, habló desde el exilio

“Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera”, dijo luego de conocer que el pran quien planificó el sicariato en el que fue asesinada por error su hermana María Gabriela Casado, se encuentra en libertad por un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada

“Él no es un delincuente cualquiera, él es un asesino nato y sanguinario”, fue lo primero que dijo sobre “Wilmito”, la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del Estado Bolívar, al responder el teléfono desde cualquier país del mundo.

Ella lo sabe bien, lo conoció, lo vio convertirse en pran de la cárcel de Vista Hermosa, fue testigo de cómo arrodilló al sistema de judicial, junto a su familia vivió en carne propia el impacto de las balas del Wilmer José Brizuela Vera, y lo sigue padeciendo siete años después cada semana, cuando acude a terapia con un sicólogo.

En el 2010 tuvo que dejar el país después del asesinato de su hermana, María Gabriela Casado, para huir del alcance de Brizuela Vera, su verdugo, y proteger a sus hijos. No tenía opciones, su condición de máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar no le proporcionaba ninguna seguridad.

Así lo entendió unos días después del homicidio, cuando un amigo criminólogo la llevó a Caracas a hablar con el comisario Wilmer Flores Trosel, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en ese entonces.

Doctora le recomiendo que se vaya del país. Yo… el Estado no le puede garantizar su seguridad”, le confesó Flores Trosel en una mezcla de preocupación y honestidad.

El jefe policial le confió, además, que meses antes había recibido en su despacho de la avenida Urdaneta a “Wilmito” -para ese momento prófugo de la justicia-. Llegó en compañía de la dirigente chavista y líder de los círculos bolivarianos, Lina Ron.

Para ese momento, junio del 2010, Hugo Chávez era el Presidente de la República, y Tareck El Aissami era el ministro de Relaciones Interiores y Justicia. Ambos se comunicaron telefónicamente con Casado y le ofrecieron la posibilidad de refugiarse en una embajada con un cargo administrativo. Tampoco ellos se arriesgaron a comprometer al Estado garantizando la seguridad de una jueza.

Un pran con línea directa con la gobernación de Bolívar

Mariela Casado conoció a “Wilmito” en el 2006 cuando ella era jueza de la corte de apelaciones y él cumplía condena por el secuestro de un empresario de Ciudad Bolívar.

“Estaba preso desde el 2005 y ya había sido condenado antes por porte ilícito de armas. La condena por el secuestro se dio en el 2006 y yo fui la juez ponente que ratificó la sentencia de 10 años, eso quiere decir que le correspondía salir en el 2015 por ese caso”, explicó.

“Desde 2006 se hizo pran. No se conocía esa figura en Venezuela. Antes de eso el Estado tenía control en los penales. Fui juez de primera instancia y visité centros de reclusión, como Tocuyito. Y se podía entrar y hacer requisas. A finales de ese año “Wilmito” dijo en una reunión ante autoridades de seguridad de la región: <no voy a entregar las armas porque las armas son las que me dan a mi el poder>”, relató la ex jueza.

Recordó que hasta ese momento el líder de Vista Hermosa era Oswaldo Martínez Ojeda, el jefe de la primera megabanda que hubo en el país, dedicada al robo de blindados en todo el territorio nacional y a quien se le imputa el asesinato de más de una docena de funcionarios de cuerpos de seguridad. “Él era la autoridad ahí, un hombre también sanguinario que infundía terror. Pero a este no le gustaba la visibilidad, como sí le gustaba a Brizuela”, comentó Casado.

A Martínez Ojeda lo trasladan a Carabobo y así comenzó el pranato de “Wilmito”. La ex jueza recuerda que:

“Desde ese momento no se pudo entrar más al penal de Vista Hermosa. Se convirtió en un búnker. Los alguaciles no podían entregar boletas de excarcelación o traslado. Ya habían sacado al personal penitenciario de las instalaciones. Los funcionarios de prisiones tenían que despachar desde un toldo que colocaron afuera de la cárcel”.

–Estaban en la calle, trabajando en la calle, todo el mundo los veía, todo el mundo lo sabía ¿y nadie, ninguna autoridad hacía nada?

–No, nada. Hay oficios del comandante de la GNB del destacamento de la cárcel donde decía que no sabía qué hacer con el Wilmito, que salía y entraba y que con el cuento de los juegos deportivos salía y se quedaba. Iba al bingo Calipso, donde -por cierto- escondieron los carros que usaron para matar a mi hermana.

Mariela Casado recuerda que en su condición de presidenta del Circuito Judicial enviaba al TSJ, al MRIJ y al destacamento de la GNB informes sobre las fiestas que programaba el pran en Vista Hermosa y nadie respondía.

Según el relato de quien fue la máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar, luego ocurrieron una serie de hechos irregulares. “Se hacían reuniones en el comando de la Guardia Nacional y ya se comenzaban a manejar los intereses del pran”.

–¿Puede explicarse mejor, cómo se manejaban los intereses de Brizuela?

–En las reuniones sobre las políticas de seguridad de la región se hablaba de las exigencias de “Wilmito”. Incluso había una persona que era un enlace entre la gobernación y la cárcel, que solo se entrevistaba con “Wilmito”. La relación, supongo, empieza por tener a un tipo que mantuviera el control y evitara las huelgas en la cárcel. La GN temía tomar alguna decisión que molestara al pran.

¿Enlace de la gobernación? ¿Quién era el gobernador?

–Rangel Gómez (Francisco). Siempre ha sido Rangel Gómez. Pero incluso, ya después el pran no le permitió entrar más a la cárcel al representante de la gobernación.

A estas demostraciones de poder le siguieron las fiestas en el penal, la presencia de grupos musicales y la apertura de un restaurante. “Desde cosas insignificantes como esas hasta permitir o no el ingreso, salida y traslados de reclusos. Pero uno de los hechos más escandalosos fue la fuga de los asesinos de Carolina Di Lucca. Todo el mundo en Bolívar sabe que se fueron por la puerta caminando”, aseguró Casado.

Carolina Di Lucca era hija del coronel Roberto Di Lucca, jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones N5, de Bolívar, y fue asesinada en mayo de 2006 en venganza porque su padre decomisó 2.700 kilos de cocaína a un grupo delictivo integrado por miembros del ELN y el hampa común.

Chávez lamentó el asesinato en una cadena, casi todos los responsables fueron detenidos, pero poco después lograron fugarse de cárceles de Bolívar. Al militar lo sacaron del país y lo enviaron a la embajada de Guyana.

“No te puedo hablar de justicia porque es una palabra que se perdió, con esa fuga se perdió. El director del internado decía que no podía ir en contra de las políticas de Brizuela. Al Estado nunca le ha interesado lo que tiene que ver con los centros penitenciarios”, dijo la ex jueza.

Jefe del Sebin, jueces y alguaciles en el círculo de “Wilmito”

María Gabriela Casado, profesora de la Universidad de Oriente, de 37 años de edad, fue asesinada el 17 de junio del 2010 por varios sicarios que le efectuaron tres disparos. “La muerte de mi hermana fue la destrucción de su vida y de todos nosotros. Yo llevo un puñal en mi espalda, porque nunca se me va a quitar de encima saber que ese era mi lugar y no el de ella”, dice la ex jueza.

Por el sicariato de Casado fueron imputadas 11 personas, entre ellas Roisy Wilmary Brizuela Macuare, hermana de “Wilmito” y Reinaldo José Figarella Zambrano. “Ella, la hermana de Wilmito, tenía una relación sentimental con Juan Carlos Figarella Díaz, diputado a la Asamblea Legislativa del estado Bolívar por el PSUV, que los protegía”, explicó Mariela Casado.

El diputado Figarella Díaz, quien también fue alcalde del municipio Sucre del estado Bolívar, fue asesinado en abril del 2012, en un supuesto intento de robo.

Otro de los imputados por su participación en el crimen fue Rafael Ventura Pérez Ytao, quien se desempeñaba como alguacil del circuito judicial penal de Bolívar. En la investigación se estableció que entre el 19 de junio (dos días después del homicidio) y el 25 de julio hubo 19 llamadas entre los teléfonos de Pérez Ytao y “Wilmito”, la mayoría coincidía con las fechas de las audiencias de los imputados por el homicidio.

El rastreo de llamadas fue también lo que permitió a los investigadores del Cicpc establecer la autoría intelectual de Wilmer Brizuela en el sicariato (delito establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada). Para ese momento el pran se encontraba recluido en la mínima de Tocuyito, en Carabobo, pues en el 2009 se vio involucrado en una presunta fuga.

En la revisión de los números telefónicos de los que disponía el pran para la fecha, no solo se encontró el cruce de llamadas con los responsables del sicariato. “También había una llamada del comisario (Luis Enrique) Hernández Sanguino, director del Sebin en Bolívar”.

–¿El director del Sebin llamaba al pran por teléfono?

–Sí, lo llamó el mismo día del asesinato de mi hermana. Primero me llamó a mí para darme el pésame, porque yo no estaba en Ciudad Bolívar ese día, y después se comunicó con Brizuela. Yo supongo que para confirmarle que se habían equivocado y que yo estaba viva. La fiscalía determinó este recorrido telefónico.

–¿Y qué pasó después, se comprobó si había relación entre el comisario Hernández Sanguino y el pran?

–Eso se quedó así. Al comisario lo mataron un tiempo después.

El comisario Luis Enrique Hernández Sanguino fue asesinado en diciembre de 2013. Su cuerpo fue localizado con varios impactos de bala en un sector de Parque Caiza, luego de permanecer desaparecido durante 16 días. Las autoridades nunca informaron de su desaparición.

El funcionario había dejado el Sebin y se desempeñaba como jefe de Seguridad del Banco de Venezuela.

–Además del comisario, y el alguacil ¿consiguieron alguna otra vinculación telefónica entre “Wilmito” y funcionarios del Estado?

–Hay un juez que sigue activo en Bolívar. El día anterior al asesinato de mi hermana y el mismo día del crimen uno de los imputados por el homicidio se comunicó con él.

Mariela Casado también describió como sospechoso que dos días antes del asesinato (el 15 de junio de 2010) un juez de ejecución otorgó la libertad al autor material del sicariato, Luis Ramón Acosta Vriggs. “Además por el homicidio nunca fue imputado un hombre apodado “El Ciego”, que estuvo entre los atacantes de mi hermana y controla la minería en El Callao y Tumeremo”, agregó.

“Allí vine a darme cuenta de que la corrupción no se entiende como un acto que conlleva sangre. Creen que es solo recibir dinero. Yo decía cada quien con su conciencia. Y pensaba: ‘a mí no me iba a pasar nada, porque yo estoy dando ejemplo’. Conmigo no hay corrupción, pero no, resulta que casi todos mis compañeros estaban involucrados en corrupción y yo era un estorbo”.

Lo vieron en Ciudad Bolívar en los días de los saqueos

En enero de 2014, Brizuela fue condenado finalmente a 14 años y 10 meses de prisión por los delitos de cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir. Todos referidos al asesinato de Mariela Casado, ocurrido en 2010.

Aunque le asignaron como sitio de reclusión la cárcel de Vista Hermosa, el pran permaneció en Tocuyito, estado Carabobo.

En diciembre de 2015, “Wilmito” acudió a un torneo de rugby en el marco del proyecto Alcatraz de la Hacienda Santa Teresa, como parte de la delegación que representaba al Internado Judicial de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón. Aunque no jugó, era el líder del equipo.

–¿Cómo se enteró de que Brizuela estaba en libertad?

–Algunos familiares y amigos me llamaron en los días de los saqueos en Ciudad Bolívar (entre el 16 y el 18 de diciembre de 2016) y me dijeron: “lo soltaron y está aquí”. Incluso pensé que se lo habían llevado para allá para ayudarlos a controlar los saqueos.

Un abogado amigo de Casado pudo verificar que la juez de ejecución del estado Carabobo no había otorgado ningún beneficio a “Wilmito”, ni tenía conocimiento de que estuviera en libertad.

Sin embargo, un documento que circuló en las redes sociales, con el título de acta de traslado, confirma que el domingo 18 de diciembre de 2016, Wilmer Brizuela recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada, que otorga la ministro de Servicio Penitenciario. Esta medida de libertad condicional autorizaba su traslado al centro de régimen especial Simón Bolívar, ubicado en Caracas. Pero considerando el poder del pran, no es descabellado que su destino hubiera sido su tierra natal: el estado Bolívar.

No obstante, Brizuela no tenía la opción de optar a un Régimen de Confianza Tutelado por su condición de reincidente en prisión y por estar sentenciado por un delito (homicidio) con excepciones para el otorgamiento de beneficios. En su caso se violaron los artículos 162, 482 y 488 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp)

Además el pran podría haber desacatado la condición de permanecer en centro de reclusión especial en El Paraíso, Caracas, pues además de ser visto en Ciudad Bolívar –a 589 kilómetros de la capital de Venezuela– también habría sido víctima de un incidente ocurrido en Playa Parguito, en la isla de Margarita.

Funcionarios de Protección Civil informaron que un hombre identificado como Wilmer José Brizuela Vera fue herido durante un atentado, junto a tres miembros de su familia el sábado 18 de febrero de 2017 en Margarita. Cuatro días después funcionarios del ministerio de Servicio Penitenciario desmintieron el hecho filtrando información extraoficial a algunos periodistas.

–¿Qué sintió usted cuando confirmó que la ministra Iris Varela le había otorgado un beneficio a Brizuela y éste se encontraba en las playas de Margarita?

–Lo que quiero es que la ministra, el Estado, nos expliquen a mi familia y a mí por qué mi hermana está muerta y “Wilmito” está en la playa vacacionando. Mi hermana era una persona valiosa, una docente talentosa, sobreviviente de cáncer, que amaba la vida.

La ex jueza recuerda que sus dos hijos presenciaron el asesinato de su tía y hasta hoy arrastran secuelas sicológicas de esa experiencia. “Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera. Yo era una juez y hoy no soy nadie. Además me obligaron a irme de mi tierra porque no hay quien nos garantice la vida a mí y a mis hijos”.

A pesar de lo ocurrido, Mariela Casado dice que no quiere ser tratada como una víctima. “No me gusta el término víctima. Lo que se conoce como víctima en el derecho, en Venezuela es nada. Porque si “Wilmito” anda en la calle y a “El Ciego” no lo han aprehendido, entonces nosotros, y mi hermana, no tenemos derechos”, aseguró la ex jueza de 57 años.

–¿Cuál es la razón por la que Brizuela la manda a matar?

–Después de la fuga, en 2009, “Wilmito” se entrega en Caracas y allí un tribunal de control le asigna como sitio de reclusión la cárcel de Tocuyito, pero no se pronuncia sobre la fuga. Pero su causa seguía en Bolívar.

En abril del 2010 a él lo trasladan a Ciudad Bolívar para la audiencia y el juez le dicta una medida privativa por la fuga y mantiene como sitio de reclusión Tocuyito, en Carabobo. Eso lo enfureció, porque él quería volver a Vista Hermosa. Al salir de la audiencia comenzó a gritar: “Maldita la Casado, me las va a pagar,” y también amenazó al juez. En junio ocurrió el atentado donde muere mi hermana.

La ex presidenta del Circuito Judicial recuerda que hubo protestas y huelgas en su contra, además de disparos contra la sede del Palacio de Justicia en esa ocasión. Ya en 2006, Casado le había negado un beneficio procesal a Brizuela.

“Aunque yo había decidido inhibirme en las decisiones que tuvieran que ver con Brizuela, en todas las reuniones de seguridad de la región yo insistía en que era inaceptable que un preso de 25 años tuviera arrodillado a un estado. Ponía calcomanías a los carros para el cobro de vacuna, salía y entraba. Estoy segura que de allí salía la información para él”, explicó Casado.

Lea también: “Wilmito” sentenciado por sicariato, secuestro y robo de blindado recibió beneficio de Iris Varela

–¿Usted tiene idea de quién protegía a Brizuela dentro del Gobierno?

–El Ministerio de Relaciones Interiores y la Gobernación de Bolívar. Fíjate que cuando se fugan los implicados en el caso Di Lucca, el ministro Pedro Carreño y el viceministro Tareck El Aissami entraron solos al internado a hablar con “Wilmito”. “Wilmito”, así como Yonny Bolívar (asesino de Adriana Urquiola), a quien conocí cuando estaba en El Dorado, tenían acceso directo a los ministros.

Pran “Wilmito” tiene su orquesta de salsa, que opera desde la cárcel http://elinformadorweb.net/colmo-pran-wilmito-orquesta-salsa-opera-desde-la-carcel/

“Nunca perdonaré a los corruptos. A los jueces que se venden por un viaje. No entienden que son tan asesinos como ¨Wilmito¨. Mi hermana era la mitad de mi vida, a mi me quitaron la mitad de mi vida”, dijo entre lágrimas, la ex jueza que aceptó por un tiempo la oferta de Hugo Chávez, y se incorporó al personal de una embajada en Centroamérica en comisión de servicio hasta el 2015.

INFORME 2016 DEL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE VIOLENCIA

A- La situación social de Venezuela

Este 2016 ha sido conflictivo en Venezuela y la expansión de la violencia es un claro indicador de ese proceso social y político: en Venezuela se ha expandido la violencia, en sus modalidades y en su gravedad.

El proceso de destrucción de la institucionalidad, que desde hace más de una década hemos podido documentar y denunciar, adquirió en el 2016 una dimensión mayor con la partidización abierta del sistema de justicia, en especial del Tribunal Supremo de Justicia, y su transformación en una herramienta del Poder Ejecutivo, para desconocer y someter al Poder Legislativo, pretendiendo anular sus funciones constitucionales de legislación y control.

Lo que a inicios del año se veía como una posibilidad de balance de poderes y convivencia, capaz de fomentar la institucionalidad, se transformó en un enfrentamiento, el cual, unido al bloqueo de los mecanismos electorales previstos para dirimir los conflictos de poder, las elecciones de gobernadores y la solicitud de referendo revocatorio, han peligrosamente cerrado los caminos para los procesos pacíficos de resolución de conflictos.

Ese contexto institucional ha debilitado de una manera notable el sentido de una vida social regida por normas, acuerdos y leyes. La parcialización política y social del sistema judicial afecta no sólo el acceso a la justicia de algunos, sino el rol de la ley y de la norma como reguladora de la vida social en todos los ciudadanos y abre las puertas a la violencia social y política.

En este 2016 hemos tenido también un proceso de empobrecimiento generalizado de la sociedad. Salvo una élite muy restringida y con acceso a recursos especiales que se ha enriquecido, todos los demás grupos sociales, profesionales y obreros, profesores y estudiantes, clase media y sectores populares, han sufrido un deterioro dramático en la capacidad de compra de sus salarios. A pesar que el salario ha aumentado varias veces en este año, los servicios que pueden adquirirse o los bienes que pueden comprarse con ese dinero, se redujeron notablemente.

La escasez de productos y de servicios ha fomentado la conflictividad en la sociedad, la población ha sido sometida a largas colas y otros requisitos arbitrarios que se les imponen para poder acceder a los alimentos cada vez más costosos; en este contexto surgen comportamientos y grupos delictivos que compiten por conseguir esos bienes o servicios.

La carencia o deficiencia de los servicios básicos como la electricidad, el agua, el gas para cocinar, ha propiciado conflictos en diversas regiones del país, bien sea por las disputas por adquirirlos o el incremento de los precios que deben pagarse cuando no se obtienen de manera regular: el costo del camión cisterna para llenar los tanques de agua o el costo de la bombona de gas cuando falta el suministro y que no se consigue, ha empobrecido más a la población.

Esta situación de arbitrariedad en el poder, empobrecimiento y escasez ha promovido el incremento de la violencia en el país, pero sobre todo ha provocado una nueva situación en este año 2016: la aparición generalizada de la violencia por hambre.

B- Las limitaciones en la determinación de las muertes violentas

En cualquier sociedad es muy difícil conocer cuál es la cifra real de delitos, casi siempre está subestimada, pero es mucho más engorroso cuando no hay transparencia en la información, ni la voluntad de superar los escollos y dificultades, sino, bien por el contrario, el propósito sostenido de ocultarle a la sociedad la magnitud de la grave enfermedad que padece.

En la estadística de cualquier país una parte de los delitos queda sin registrar, inclusive hay subregistro de aquellos tan graves como el homicidio. En Venezuela en 2016 eso se ha hecho evidente ante la opinión pública: ¿Dónde, en cuál estadística hubiesen quedado registradas las 12 víctimas de la violencia oficial sepultadas en las fosas comunes en Barlovento? ¿Se hubieran contado esos muertos sin la denuncia sostenida de los familiares? ¿Cuántas otras víctimas, quizá menos numerosas, de uno o dos cadáveres, pueden estar en la misma situación y quedan sin registro?

Ante esa dificultad real, que se acrecienta por la censura oficial, las universidades nacionales participantes en el OVV hemos trabajado durante una década buscando formas alternativas e independientes de información, combinando datos primarios con fuentes secundarias y proyecciones estadísticas.

En este 2016 nuestras fuentes de información se han ampliado y mejorado, y en la actualidad se analiza y procesa información en seis ciudades distintas con grupos de investigación de seis universidades: en San Cristóbal con la UCAT, en Cumaná con la UDO, en Barquisimeto con la UCLA, en Ciudad Guayana con la UCAB, en Mérida con la ULA y en Caracas con la UCV.

A fin de mejorar la calidad de nuestra información, hemos solicitado y contado con la asesoría del equipo de Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) para certificar los procedimientos empleados por el OVV para la predicción de muertes violentas en el país. Adicionalmente, el OVV adelantará para el 2017, con asistencia de HRDAG, un proyecto de uso de la metodología conocida como Estimación por Sistema Múltiples (Multiple System Estimation), que en el ámbito internacional se ha venido utilizando en situaciones de dictaduras o de guerras para estimar las muertes invisibilizadas.

Como resultado de esas revisiones, en este año se produjeron unos cambios en nuestra metodología, a fin de hacer más fácil y más abierta la comprensión de la información sobre violencia letal en el país. Para ello hemos reforzado la utilización de las fuentes primarias de datos.

C- Los pronósticos para el 2016

Contando con fuentes primarias oficiales y con las informaciones de terreno recabadas en los seis observatorios regionales de violencia, para este año 2016 estimamos una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes y un total de 28.479 fallecidos en todo el territorio nacional, que deriva de la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimamos en 18.230 casos; las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.281 muertos; y los 4.968 fallecidos incluidos en los casos de muertes violentas consideradas en averiguación, por no haber tenido una intencionalidad conocida.

Con una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes, Venezuela se ubica en el segundo lugar de los países con mayor violencia letal en el mundo.

En primer lugar calculamos que, al igual que el 2015, se volverá a ubicar El Salvador, con una tasa de alrededor de los 100 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 103); y en tercer lugar se situará Honduras, con una tasa cercana a los 60 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 56).

Nuestros estimados indican que al finalizar el 2016, Venezuela tendría una tasa de muertes letales 3,6 veces mayor que las de Colombia y Brasil. Colombia continúa su proceso de disminución de los homicidios, y con una tasa de 25,3 al finalizar este año, igualaría a la tasa de 25,1 que ha venido presentando Brasil.

D- Los rasgos de la violencia en el 2016

En este año podemos resaltar la presencia de cuatro procesos sociales violentos en Venezuela:

El delito se hizo más violento

En el 2016 aumentó el uso de un armamento más poderoso y letal por parte de los delincuentes. Un aspecto que llamó mucho la atención fue la proliferación del uso de granadas en enfrentamientos con los cuerpos policiales, situaciones de secuestros y en conflictos a lo interno de las prisiones. El uso de armamento de guerra permitió no solo enfrentamientos abiertos en batallas defensivas con las fuerzas de seguridad, sino el pase a la ofensiva con emboscadas y ataques a las sedes policiales.

La otra evidencia de ese proceso es el incremento de los asesinatos a grupos de varias personas al mismo tiempo. Lo que se ha conocido como masacres, porque resultan tres, cuatro o hasta más de siete víctimas fatales en el mismo evento. Si bien en la mayoría de los homicidios hay una sola víctima, la expansión de la violencia ha tenido como expresión estos asesinatos colectivos perpetrados por bandas delincuenciales o cuerpos de seguridad.

Las masacres de Tumeremo, Cariaco o Barlovento son una expresión conocida, pero los estimados nuestros es que en el 2016 ocurrieron al menos 22 asesinatos múltiples en cada mes calendario. Una cifra preocupante que muestra la expansión de la violencia en el país.

La respuesta policial y militar se hizo más violenta

La incorporación de nuevos delincuentes y el ejercicio de mayor violencia por ellos ha tenido una respuesta policial y militar de mayor envergadura y letalidad, que ha sido cuestionada por actuaciones violentas que pueden calificar como ajusticiamientos y abuso de poder. Si bien la población acosada por los delincuentes y la violencia requería una acción represiva y de contención por parte de las autoridades, ahora teme y ve con tristeza e impotencia los abusos que se han cometido bajo la pretensión de lucha contra las bandas criminales.

En nuestros estimados de los años anteriores, habíamos calculado que el 65% de los casos clasificados como de resistencia a la autoridad eran fatales. Este año, a partir las cifras primarias que disponemos de nuestros estudios, nos muestran que ese porcentaje se incrementó de una manera importante y para el 2016 estimamos que al menos el 80% de los casos de resistencia a la autoridad concluyeron en muertes.

En estas condiciones los delincuentes perciben que la actuación policial es violenta, los condena a la muerte y, por tanto, responden en consecuencia, haciendo más violenta la sociedad. Tanto el delito como la acción de respuesta de las autoridades se volvieron letales.

Aparece el delito por hambre

El empobrecimiento y la escasez de los alimentos ha llevado a respuestas muy variadas en la sociedad: unos deciden hurgar en la basura para poder alimentarse, otros deciden robar los alimentos o a las personas para poder conseguir dinero y comprar comida.

Históricamente el delito en Venezuela se había motivado por la búsqueda de un consumo suntuario, unos zapatos de marca o un teléfono celular. En el 2016 ocurrió un cambio y los Observatorios Regionales pudieron detectar un incremento generalizado de los robos por hambre.

Se incrementan los robos colectivos; los saqueos a negocios y transporte de alimentos, han sido una modalidad violenta que se ha incrementado en el país y aunque hay casos que han alcanzado notoriedad, como lo saqueos en Cumaná en junio, en San Cristóbal en julio, o en Ciudad Bolívar en diciembre, son muchos más frecuentes y generalizados.

En diversas zonas del país, el transporte de alimentos sólo puede hacerse en camiones que se movilizan escoltados por unidades del ejército para evitar lo saqueos de las poblaciones que atraviesan en su recorrido; y aun así hay casos donde los cuerpos militares no han podido evitar el asalto de la población que busca comida.

Se incrementó el delito amateur

Aunque hay delincuentes profesionales que roban la comida, la mayoría de las personas que cometen estos delitos no son delincuentes regulares. No se dedican al delito, tienen otros oficios y empleos, pero pueden cometer un delito transitoriamente, en el camino de regreso del trabajo; ya que su salario no le alcanza, se convierten en delincuentes amateurs; en general son actores solitarios, pues actuar con otros sería reconocer su nueva condición que todavía no quieren aceptar.

Sus acciones son pequeñas, pero su número se hace cada vez más grande, por lo tanto existe la posibilidad que muchos de ellos decidan aceptar esa identidad y pasen a convertirse en profesionales e integrar las bandas delictivas.

E.- El deterioro del sistema de justicia penal

El deterioro del sistema de justicia penal ha llevado a una desconfianza notable de la población en sus componentes. Los varios estudios de percepción de la seguridad que hemos realizado en las universidades, señalan que menos del 10% de la población considera como buenos o confiables la policía, los tribunales o las penitenciarías.

Durante el año 2016 se deterioró la función social de la policía

Las policías y los cuerpos de seguridad han padecido un gran deterioro durante este año.

En primer lugar, los policías continúan siendo víctimas del delito y la violencia, se han convertido en un objetivo del delito: Estimamos que al finalizar el año 2016 tendremos en Caracas un promedio de 2,5 policías o funcionarios asesinados en cada semana.

Adicionalmente, y en el resto de estados centrales, un promedio de 1 policía muerto por semana. El deterioro se refleja también en una disminución de la capacidad operativa de la policía. Las policías han mermado en su personal, pues, durante este año, fue muy notable la renuncia de los funcionarios policiales a sus cargos públicos.

El crecimiento de los riesgos y la reducción práctica de lo que compran sus sueldos, ha hecho que buena parte de ellos renuncien para ir a engrosar la seguridad privada.

Al mismo tiempo, se ha observado un aumento del número de policías involucrados en el delito. En este año se ha observado un incremento de su acción fuera de la ley, desde su participación en robos y extorsión comunes, hasta su colaboración con las bandas organizadas.

Los registros de prensa de todas las regiones y los partes policiales, reflejan sistemáticamente las informaciones de los funcionarios transformados en delincuentes usando su investidura policial para cometer las fechorías y que son apresados por otros agentes de seguridad, lo cual los ha convertido en depredadores de la comunidad que deben proteger.

Adicionalmente, se incrementaron las denuncias sobre la acción extrajudicial y delictiva de funcionarios y cuerpos policiales en sus funciones de seguridad. En este año 2016 se incrementaron las denuncias de ejecuciones a personas realizadas por funcionarios policiales y militares en la denominada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), lo cual coincide con el incremento de víctimas fatales calificadas en la estadística como resultado de un acto de resistencia a la autoridad.

Se estableció un sistema carcelario paralelo a las prisiones

Las penurias y los enfrentamientos violentos en las cárceles que se dan entre las bandas para controlar los penales y las rentas económicas que de allí derivan, se mantuvieron durante todo el año y a pesar de los reiterados esfuerzos de los defensores de los derechos humanos y de las autoridades.

Lo singular de este proceso en Venezuela es que paralelo al sistema penitenciario formal se ha creado una estructura de reclusión temporal que equipara en magnitud de internos a los que se encuentran en las cárceles. Estos centros de detención provisional no fueron diseñados, ni tienen las instalaciones físicas, para albergar miles de reclusos y de manera permanente.

Algunos detenidos llevan varios años en esos centros temporales y, aunque ya tienen sentencia y orden de traslado a las cárceles por un juez, no son admitidos en las cárceles formales por las autoridades penitenciarias.

Se incrementó la politización del sistema de administración de justicia

En este año se redujo la legitimidad del sistema de justicia por su parcialización política y su pérdida de capacidad operativa. El mecanismo de designación de los nuevos magistrados y las actuaciones a lo largo del año le restaron legitimidad a un sistema de justicia que debe mostrarse al servicio de toda la ciudadanía, sin
distinciones sociales o políticas.

Esta conflictividad y parcialidad, así como los bajos sueldos, han llevado a la renuncia formal o al retiro práctico de funcionarios judiciales de sus obligaciones cotidianas, pues deben buscar otras formas de obtener ingresos.

F- Las respuestas de la ciudadanía a la violencia

Ante tales niveles de empobrecimiento y violencia delincuencial y oficial, se ha provocado una respuesta de la ciudadanía, que podemos agrupar en 4 procesos sociales.

F.1- La violencia incrementó el miedo y la pérdida de libertad

El miedo de la población venezolana a ser víctima del delito y la violencia se ha generalizado a todos los sectores sociales, pero afecta de manera más grave a los sectores pobres y de clase media que deben moverse a pie o en el transporte público por las ciudades y calles del país.

Las encuestas y los grupos focales que durante este año realizamos desde las universidades nacionales, han registrado ese sentimiento de temor permanente y callado que tiene la población. Como consecuencia de ese miedo, se han generalizado también las medidas personales para la reducción del riesgo, lo cual ha llevado al encierro de la población, a la renuncia del espacio público y los cambios de hábitos de socialización, educación y trabajo.

Las calles de las ciudades se vacían al anochecer, el transporte público se reduce y las personas se resguardan en sus casas. En algunas ciudades los grupos delincuenciales ordenan toques de queda forzados. Estas acciones que en los años anteriores estaban limitadas a pequeños espacios y ocurrían de manera encubierta, pasaron en el 2016 a ocupar avenidas principales y de manera abierta.

Esto dejó de ser un fenómeno exclusivo de las zonas de frontera o las ciudades, y se extendió a poblados pequeños y zonas turísticas, los cuales perdieron dinamismo y han sufrido un impacto económico adicional, pues los pescadores artesanales se resguardan por miedo a que les roben sus botes o motores, y los visitantes se abstienen de ir a las playas por temor a ser víctimas de los asaltos colectivos.

Una de las áreas donde con mayor impacto se ha sentido este fenómeno fue en el transporte público y colectivo: ocho de cada diez venezolanos tiene miedo de ser víctima del delito en los autobuses en las ciudades o en las carreteras interurbanas.

Por ese miedo, este año muchos venezolanos optaran por renunciar a viajar en las noches o madrugadas por muchas carreteras y autopistas, las cuales se tornaron más solitarias y se hicieron más propensas a la actuación del delito.

F.2- La violencia produjo desplazamiento territorial de la población

La violencia y el miedo a ser víctima de la violencia han propiciado el desplazamiento de la población a otras zonas, otras ciudades y otros países. Lo que por un tiempo fue un fenómeno exclusivo de las zonas fronterizas, en 2016 se pudo observar en las zonas centrales del país. Los territorios controlados por las bandas se ampliaron y de igual modo la amenaza, el sometimiento y la extorsión de la población.

Ante la ausencia de protección de las autoridades, y dado que la inhibición no resulta suficiente para protegerse, las familias han decidido trasladarse completamente o al menos a sus hijos, hacia otros lugares, con la esperanza de obtener mayor seguridad.

Estos desplazamientos por la violencia de las bandas y en algunos casos, de los cuerpos policiales, se incrementaron durante el 2016. Aunque no es sencillo cuantificarlos, pues pueden confundirse con las mudanzas por motivos económicos, se ha podido registrar una mayor movilidad territorial que, dependiendo de las condiciones de las familias, se da a lo interno de la ciudad, entre ciudades o hacia fuera del país.

En el 2016 se registró un fenómeno de abundante retorno de migrantes de primera o segunda generación a sus países de origen, y no sólo a Europa, sino también en América Latina, a Colombia, Ecuador, Perú o República Dominicana, tanto por las carencias económicas, como por el temor y la desprotección que sienten ante la violencia.

F.3- La violencia incrementó los linchamientos

Por la reiterada victimización que se ha vivido durante más de una década, y el sentimiento de desamparo, muchas personas han decidido tomar la justicia por mano propia y han pasado al acto, agrediendo físicamente, y en algunos casos, hasta causando la muerte a presuntos delincuentes y hasta personas inocentes.

En este año observamos 4 aspectos relevantes.

El primero, es un incremento en la magnitud de estos linchamientos, si bien en años anteriores había ocurrido el fenómeno, se registraba como algo aislado; en el 2016 se ha visto un incremento importante, registrándose cada semana entre 1 y 3 linchamientos con víctimas fatales.

El segundo, es que su ocurrencia se ha generalizado en el país, llamando la atención su notable incremento en ciertas zonas como el estado Monagas.

El tercero, en los estudios de años anteriores se había observado que los linchamientos tenían como víctimas a personas que habían cometido crímenes horribles, asesinos o violadores, mientras que en el 2016 se observó intentos de linchamiento de personas que cometían delitos menores, hasta ladronzuelos inexpertos, que han recibido un fuerte castigo corporal como resultado del cansancio y la ira de la población.

Y, finalmente, los observatorios han registrado una actitud más tolerante y cómplice de la policía, que se retira o retrasa su intervención para permitir que la población proceda con el linchamiento.

F.4- La violencia incrementó el sicariato

Quienes deciden no tomar la justicia por sus propias manos, pueden encomendar a otros que realicen dichas tareas. Las tareas del sicario pueden ser desde intimidar al otro para facilitar una negociación hasta ejercer una venganza en respuesta al daño recibido.

Las bandas delincuenciales la utilizan, pero también los ciudadanos que se sienten desprotegidos y sin esperanza de obtener reparación o justicia. En este año 2016 pudimos registrar que cada semana se cometieron entre 1 y 4 asesinatos que, por su forma de ejecución, podían ser clasificados como sicariatos o muertes por encargo.

G- Llamado final

Las universidades nacionales agrupadas en el Observatorio Venezolano de Violencia, queremos reiterar nuestra convicción que esta dolorosa situación de violencia y criminalidad que vive la sociedad venezolana, no es una irreversible maldición del destino sino el resultado de políticas públicas equivocadas.

Con la voluntad y cooperación de los venezolanos, de todos los sectores sociales y de todos los colores políticos, podemos modificarla y construir una sociedad democrática donde se respeten los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de todas las personas.