Acerca de Sala de Información

AGENCIA DE NOTICIAS Y COMUNICACIONES INTEGRADAS, PRODUCTORA DE CONTENIDOS INFORMATIVOS, DE OPINIÓN Y ANÁLISIS.

De cómo un juez destituido se convirtió en el principal artífice judicial del presidente de Venezuela

Girish Gupta, REUTERS

En marzo pasado, Maikel Moreno conmocionó a su país cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que preside anuló los poderes de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, y se los adjudicó.

Incluso en una nación acostumbrada a la agitación política, la decisión desencadenó protestas masivas que llevaron a Moreno y a su corte de 32 miembros a suspender parcialmente la medida tres días después.

El juego de poderes ilustró el rol de Moreno como brazo ejecutor clave de la administración socialista de Nicolás Maduro, calificada como una dictadura por un número creciente de gobiernos, desde Francia y Estados Unidos hasta algunos vecinos sudamericanos como Colombia y Perú.

Bajo la tutela del guardaespaldas de 51 años devenido en juez, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha invalidado casi todas las leyes importantes aprobadas por el Parlamento.

Sin embargo, el pasado de Moreno sigue siendo desconocido, incluso para la mayoría de los venezolanos. Para rastrear su trayectoria, Reuters examinó documentos y entrevistó a socios, colegas y amigos en cinco países

La imagen que emerge es la de un jurista que, aprovechando sus conexiones personales y manejando casos políticamente sensibles que otros abogados y jueces rechazaron, se fue acercando a Maduro y a otros miembros de la “Revolución Bolivariana” lanzada por el fallecido líder Hugo Chávez.

En su ascenso al pedestal judicial de Venezuela, Moreno dejó atrás un pasado que incluye acusaciones de extorsión y tráfico de influencias y su arresto en 1989 bajo sospecha de matar a un adolescente, según documentos oficiales y personas familiarizadas con sus antecedentes.

Reuters no encontró evidencia de que Moreno haya sido juzgado o condenado por algún crimen.

En un breve intercambio de mensajes de texto con Reuters el 7 de noviembre, Moreno dijo que las acusaciones de haber cumplido un tiempo en prisión, un viejo rumor en Venezuela, fueron “inventadas” por la “prensa amarillista”.

Aunque ofreció conceder una entrevista a Reuters, luego no respondió las solicitudes para agendar una, ni tampoco a preguntas adicionales vía mensaje de texto sobre su carrera y otros episodios en los que fue acusado de malos manejos.

Ni el TSJ ni el Gobierno de Maduro respondieron a otras solicitudes de comentarios.

Documentos que incluyen un reporte de inteligencia de 2006 de la división de seguridad del Tribunal y un fallo de la máxima corte en contra de Moreno, indican que en el pasado el magistrado fue acusado de estar del lado equivocado de la ley.

En 1989 estuvo involucrado en un tiroteo, y luego en 2007 fue destituido de su cargo de juez en un tribunal menor, por lo que el TSJ de ese momento dijo fue una liberación inapropiada de dos sospechosos de asesinato.

Los adversarios de Maduro sostienen que Moreno ha sido instrumental para apuntalar a un Gobierno que es percibido como cada vez más autoritario.

En los últimos meses, el TSJ ha enviado a cinco alcaldes de la oposición a la cárcel y aprobó la destitución de la fiscal general, que huyó del país a mediados de agosto, uniéndose al creciente éxodo de críticos de Maduro. [nL2N1L9152]

En mayo, el Tribunal presidido por Moreno dio luz verde para que Maduro procediera con las elecciones que dieron origen a la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano legislativo todopoderoso que ha reemplazado a la Asamblea Nacional, y que para muchos, consolidó el talante autocrático del Gobierno socialista.

Al menos 125 personas murieron en los cuatro meses de protestas que se produjeron después de que el poder judicial buscara neutralizar en marzo a la Asamblea.

Luis Velázquez Alvaray

“La mayor afrenta que se le puede hacer a un pueblo es poner a un criminal a dirigir la justicia”, dijo Luis Velázquez Alvaray, un exjuez venezolano que investigó a Moreno en representación del Tribunal Supremo, una década antes de que Maduro lo eligiera para dirigir la máxima corte.

Velázquez agregó que durante su pesquisa encontró un registro del arresto de Moreno emitido después del asesinato del adolescente en 1989. También dijo que investigó una llamada telefónica en la que otro juez, en un caso separado, grabó a Moreno presuntamente presionándolo para que liberara a un sospechoso de traficar armas y droga.

El presidente del Tribunal no es el primer alto funcionario venezolano acusado de abuso de poder.

A principios de año, el gobierno de los Estados Unidos señaló al vicepresidente Tareck El Aissami por narcotráfico y sancionó al propio Maduro acusándolo de “abusar deliberada y repetidamente de los derechos de los ciudadanos” con tácticas represivas. [nL1N1FY1S5]

También sancionó a Moreno y a otros siete jueces del máximo órgano judicial por presuntamente usurpar las funciones del Poder Legislativo y “restringir los derechos y frustrar la voluntad del pueblo venezolano”. [nL2N1IK2NF]

El Gobierno de Venezuela ha desestimado las acusaciones y criticado las sanciones, que prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar negocios con cualquiera de los funcionarios y congelan los activos que los empleados públicos puedan tener en las jurisdicciones de Estados Unidos.

El vicepresidente, El Aissami, ha negado reiteradamente tener cualquier lazo con el narcotráfico y sostiene que Washington lanza “provocaciones miserables” y “viles agresiones”.

Bajo el mandato de Chávez, y ahora con Maduro, el país petrolero, que alguna vez fue uno de los más prósperos de Latinoamérica y que cuenta con las mayores reservas de crudo mundiales, se precipitó hacia una profunda crisis económica que fracturó la estabilidad social.

Después de una votación en octubre en la que los candidatos del oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) vencieron en la mayoría de las gobernaciones, el presidente ha ganado nuevos bríos para desestimar las acusaciones de fraude que lanzaron sus adversarios y defender la legitimidad de su Gobierno.

“Yo no soy un dictador”, dijo Maduro tras la contienda. “Yo tengo bigote, me parezco a (Iósif) Stalin, pero no soy Stalin”, agregó refiriéndose al dictador soviético.

UN HOMICIDIO “RESUELTO”

Existe muy poco en los registros públicos sobre la juventud de Moreno. Nació el 31 de diciembre de 1965 en la ciudad oriental de El Tigre, según documentos fiscales y electorales públicos.

A fines de la década de 1980 registros judiciales, de inteligencia y artículos de periódicos, indican que trabajó como guardaespaldas del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. No está claro cómo se convirtió en escolta o se vinculó al entorno de seguridad del presidente.

Esa época, marcada también por una alta inflación aunque lejos de los estratosféricos niveles actuales, preparó el escenario para la eventual llegada al poder de Chávez, un militar con ideales izquierdistas descontento con el statu quo.

El aumento del enfado y las dificultades económicas produjeron disturbios en 1989, en un episodio conocido como “El Caracazo” donde cientos de personas murieron.

La noche del 26 de abril de ese año, Moreno y otros dos guardaespaldas de Pérez se encontraban en Parque Central, un barrio de clase media de la capital Caracas, según un artículo publicado dos días después en El Nacional, entonces uno de los principales periódicos venezolanos.

Por razones que no están claras, estalló una pelea. Rubén Gil Márquez, un estudiante de 19 años, ingresó a la refriega con un bate de béisbol, dijo el periódico. Los guardaespaldas abrieron fuego contra Gil.

“Escoltas presidenciales mataron a un joven”, se lee en el titular de la portada, sobre una imagen de la madre de Gil, Carmen Romelia Márquez de Gómez, llorando.

La policía arrestó a Moreno, de acuerdo con el periódico, personas familiarizadas con el incidente y un informe de inteligencia preparado hace una década por la división de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia.

Una foto de su arresto, incluida en el informe y fechada la semana después del asesinato, muestra que Moreno fue detenido por una investigación de “homicidio”.

Reuters revisó una copia del informe que el TSJ encargó en el 2006. El Tribunal de 32 miembros ya se mostraba alineado con el Gobierno socialista en ese momento por los nombramientos hechos por Chávez, pero varios jueces habían comenzado a cuestionar la designación de Moreno como juez de control en un tribunal menor.

El informe, que no se había hecho público antes, fue firmado por Luis Enrique Villoria García, director general de la división de seguridad del Tribunal en ese momento.

Reuters no pudo contactar a Villoria para discutir la copia del documento de 19 páginas revisado, al que parece que le falta una página.

Pero los datos allí mostrados sobre el homicidio y la destitución de Moreno del tribunal en 2007 fueron confirmados independientemente por personas familiarizadas con su contenido, que incluyen a un alto funcionario del Gobierno, tres exmagistrados del TSJ y tres altos exfuncionarios de inteligencia.

Detalles importantes sobre el caso de homicidio y el arresto de Moreno siguen sin estar claros. En particular, Reuters no pudo encontrar ningún documento que explicara si Moreno fue juzgado, sentenciado o encarcelado.

El informe señaló que estuvo encarcelado hasta algún momento en 1990, y cita un número de caso criminal por un cargo de homicidio contra él (522755), pero Reuters no pudo encontrar ningún archivo asociado con el caso.

Reuters tampoco pudo acceder a un archivo judicial central en Caracas y el TSJ no respondió a las solicitudes de permiso para revisar el registro.

La madre de Gil murió hace una década, según personas cercanas a la familia.

Dos personas cercanas a Gil relataron a Reuters que los testigos y familiares dijeron en el momento de la pelea que Moreno disparó el tiro que mató al joven.

Estas personas, que pidieron el anonimato por temor a represalias, agregaron que Gil había sido miembro de una pandilla y que una rivalidad no especificada con Moreno había desencadenado la pelea.

Una persona, que dice haber visto el cuerpo de Gil en una morgue de Caracas, dijo que el joven recibió un disparo en la espalda. El certificado de defunción de Gil, revisado por Reuters, cita el disparo como la causa de la muerte.

Tres personas cercanas a la familia dijeron que prosiguió una causa legal tras la muerte de Gil, pero ninguno de ellos sabía qué sucedió con el caso. “He querido denunciarlo durante años, pero tengo demasiado miedo”, dijo una de estas personas.

Moreno nunca ha negado, confirmado o discutido el asesinato de Gil públicamente.

Según una persona cercana a Moreno que habló bajo condición de anonimato, el magistrado le dijo a amigos y colegas que el asesinato fue en defensa propia. Otra persona, que también pidió no ser identificada, dijo a Reuters que Moreno aseguró que cualquier consecuencia legal del asesinato había sido “resuelta”.

En algún momento de 1990 Moreno fue liberado de la cárcel, según el informe de inteligencia, que agrega que Moreno recibió “ilegalmente un beneficio procesal”, sin agregar más detalles sobre la liberación.

En el intercambio de mensajes de texto con Reuters, Moreno disputó la afirmación de que estuvo en la cárcel, diciendo que, como otros detalles del reporte, “tampoco es verdad”. No aclaró ni se refirió directamente a otros pormenores del reporte.

“CASOS POLÍTICOS”

Una vez libre, Moreno obtuvo un título de abogado en la Universidad Santa María, en Caracas. Trabajó como alguacil en el ínterin, según su biografía oficial.

Mientras Moreno estudiaba, Chávez dirigió en 1992 un fallido intento de golpe de Estado contra el gobierno del cada vez más impopular Pérez. Chávez fue encarcelado, pero liberado en 1994 gracias al trabajo de Cilia Flores, una polémica abogada ferviente de las causas de la izquierda.

En la próxima década, Flores se convirtió en una cercana colaboradora de Chávez y jefa de la Asamblea Nacional. También es amiga de Moreno. No está claro como lo conoció, pero años antes Flores también había estudiado derecho en la Santa María.

El Gobierno no respondió a las solicitudes para conversar con Flores y Reuters no pudo contactarla fuera de los canales del Gobierno.

Al terminar su carrera de derecho en 1995, Moreno ejerció dos años como abogado antes de conseguir un empleo como asesor legal en la corporación Alas de Venezuela C.A., propietaria de la aerolínea local Aeropostal.

En ese momento, Chávez había ganado un creciente apoyo de la clase trabajadora venezolana y estaba en camino de ganar las elecciones presidenciales de 1998. Moreno ya estaba alardeando de sus estrechos vínculos con Flores y otros “chavistas” en ascenso.

“Se aseguró que todo el mundo supiera sobre esa relación”, dijo Nelson Ramiz, quien era el propietario de Aeropostal pero que luego cedió el control de la aerolínea y se mudó a Miami en el 2007, luego de una disputa con los reguladores.

Después de tres años en la aerolínea, Moreno trabajó como asesor legal de la policía metropolitana en Sucre, un municipio en el este de Caracas. También comenzó a asesorar a la Asamblea Nacional y se convirtió en juez auxiliar para un distrito en el noreste del país.

Durante el resto de la década de 1990, Moreno alternó su trabajo como abogado y juez, y en ocasiones desempeñada ambos cargos casi al mismo tiempo. No es inusual en Venezuela, que algunos abogados trabajen casi en forma simultánea como jueces.

Pero la elección de algunos de los casos de Moreno generó lo que los críticos consideraron conflictos de intereses. En un episodio, defendió a un sospechoso en un prominente juicio de homicidio, y luego, como juez escuchó cargos relacionados contra otro sospechoso.

Ambos casos están relacionados con muertes por disparos ocurridas durante un fallido golpe de Estado contra Chávez en abril del 2002.

Durante el golpe, se registraron disparos cuando los partidarios de la oposición marchaban hacia el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia. Más tarde, testigos dijeron que vieron a francotiradores en azoteas, pistoleros en un puente y agentes de la policía con armas de fuego en medio del tiroteo.

Cuando la violencia cesó, 19 personas estaban muertas.

Críticos y seguidores de los gobiernos de Chávez y Maduro aún cuestionan el evento, que ha alimentado años de controversia y juicios.

Richard Peñalver, un partidario del chavismo acusado de ser uno de los tiradores, contrató a Moreno como su abogado defensor. En el 2003, Moreno aseguró la absolución de Peñalver, una victoria para el lado progubernamental.

Poco después, pero esta vez como juez de instrucción, Moreno accedió a dirimir si se debía presentar un caso contra Iván Simonovis, un excomisario de la policía de Caracas que enfrentaba cargos relacionados con cuatro de las muertes.

Adversarios de Gobierno argumentaron que los cargos fueron manipulados y que Simonovis se estaba convirtiendo en un chivo expiatorio. También percibieron un conflicto relacionado a Moreno, debido a su papel en exonerar a Peñalver.

Aunque la defensa le pidió a Moreno que se recusara, según uno de los abogados y un miembro de la familia Simonovis, él se negó y envió el caso a un juicio donde Simonovis fue condenado al año siguiente y sentenciado a 30 años de prisión.

Al excomisario, quien está bajo arresto domiciliario por sufrir de una enfermedad, no le está permitido, según los términos de la sentencia, conversar su caso con Reuters.

Pocos jueces estuvieron dispuestos a escuchar el polémico caso.

“Ninguno de nosotros quería hacerse cargo de casos políticos”, dijo a Reuters un exjuez del TSJ. “Aunque Maikel sí, para congraciarse” con el Gobierno de Chávez.

Moreno se estaba acercando cada vez más a figuras de poder, sobre todo a la influyente Flores y a su novio: el confidente y futuro sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. El magistrado y la poderosa pareja empezaron a tener contacto regular, dijo el exjuez.

Fue entonces cuando Moreno comenzó a ejercer su poder sobre otros jueces.

En el 2004, Luis Meléndez, un juez de Caracas, grabó una conversación telefónica en la que Moreno dijo estaba llamando en nombre de José Vicente Rangel, entonces vicepresidente del país.

Preocupado por una llamada previa que había recibido de Moreno, Meléndez grabó la segunda conversación y la entregó a los inspectores internos de la judicatura.

En una copia de la grabación a la que tuvo acceso Reuters, se escucha a Moreno presionando a Meléndez para que libere a Saúl Cordero, un presunto criminal acusado en ese entonces de tráfico de drogas y armas.

Reuters también revisó una transcripción de la llamada impresa en una hoja con el membrete del Tribunal Supremo como parte de la investigación que se le siguió a Moreno en 2006.

“Lo importante es que esté afuera”, dijo Moreno a Meléndez. “Lo que se le tenga que hacer”.

Un alto funcionario del Gobierno y otra persona familiarizada con la grabación dijeron que era auténtica.

Saul Cordero, director de la policía municipal de Caroní (Estado Bolívar) durante la gestión del alcalde José Ramón López.

No quedó claro si Meléndez liberó a Cordero. Pero el acusado nunca fue juzgado por estos cargos y eventualmente fue nombrado jefe de la policía por un alcalde progubernamental en el municipio Caroní, al sur de Venezuela.

Reuters no logró contactar a Cordero, Meléndez ni a Rangel, para que hicieran comentarios.

“GRAVES ERRORES JUDICIALES INEXCUSABLES”

En 2006 la llamada telefónica y el polémico papel de Moreno en los juicios por los sucesos del 2002 eran cada vez más conocidos en los círculos judiciales, según jueces, abogados y otros funcionarios en ese momento activos. El Tribunal Supremo ordenó a su división de seguridad que lo investigara.

El informe de inteligencia resultante sacó a la luz alegatos que acabaron con la primera etapa de Moreno como juez.

El informe sostuvo que los esfuerzos de Moreno para afectar resultados judiciales fueron más allá de sólo presionar a sus colegas.

Citó el testimonio de numerosos testigos que alegaban que Moreno participó en una presunta banda de extorsión -conocida como “Los Enanos”- que se aseguraba pagos de los acusados a cambio de sentencias indulgentes o absoluciones.

Sin embargo, Moreno nunca fue acusado por nada relacionado con supuesta extorsión.

Pero su comportamiento, advirtió el informe, era una amenaza para los tribunales, Chávez y “la Revolución”.

En el 2007, el Tribunal Supremo encontró a Moreno en desacato y lo destituyó como juez de un tribunal de apelaciones. Citando “graves errores judiciales inexcusables”, la máxima corte determinó que Moreno había liberado indebidamente a dos sospechosos de asesinatos, de acuerdo con su fallo.

Reuters no pudo determinar los motivos que llevaron a Moreno a liberar a los dos sospechosos.

A pesar de su expulsión, Moreno mantuvo la calma, según personas que conversaron con él en ese momento. Aliados como Maduro, a quien Chávez nombró como ministro de Relaciones Exteriores, lo ayudarían.

“Maduro y Cilia me protegerán”, dijo Moreno a Ramiz, de acuerdo con el exdueño de la aerolínea, que recuerda una charla con el magistrado poco después de su destitución. Ambos habían mantenido la amistad incluso luego de que Moreno dejara Aeropostal.

Casi de inmediato, Maduro envió a Moreno a un puesto diplomático en Roma. Luego de un año, Maduro lo despachó a Trinidad y Tobago, un país caribeño más cercano a su hogar, en donde ocupó un cargo de negocios en la embajada de Venezuela hasta el 2010. Más tarde, Moreno regresó a Caracas y estudió un doctorado.

Chávez, afectado por el cáncer, murió en marzo del 2013. Maduro, entonces en la vicepresidencia, sucedió a Chávez al siguiente mes, y semanas más tarde, se casó con Flores, que se convirtió así en su primera dama.

Con sus aliados en el poder, Moreno revivió una carrera judicial que según tres jueces superiores habría permanecido moribunda sin esa conexión de alto nivel, dado su arresto por el asesinato en 1989 y su posterior expulsión del sistema judicial.

La Constitución venezolana de 1999, reescrita por Chávez, establece que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia debe “gozar de buena reputación”.

En el 2014, Maduro incorporó a Moreno, ya con un nuevo doctorado en derecho constitucional, en el máximo tribunal.

Desde ese momento, la influencia de Moreno creció.

En febrero del 2017, Maduro lo nombró presidente de la máxima corte, lo que enfureció a sus críticos, incluida Gabriela Ramírez, la entonces defensora del pueblo.

Ramírez intentó infructuosamente desmontar el nombramiento, citando los cargos por los que había sido Moreno expulsado del tribunal de apelaciones.

Con Moreno como líder de la justicia, el TSJ procedió a desechar todos los recursos legales presentados en la máxima corte del país que han desafiado la autoridad de Maduro.

——————————————–

Con reporte adicional de María Ramírez en Bolívar, Deisy Buitrago, Alexandra Ulmer, Corina Pons, Brian Ellsworth, Andrew Cawthorne y Andreína Aponte en Caracas, Victoria Bryan en Berlín, Stephanie Nebehay en Ginebra y Jorge Pineda en Santo Domingo.

Editado por Brian Ellsworth, Andrew Cawthorne, Paulo Prada y Michael Williams.

Escrito en español por Eyanir Chinea y Deisy Buitrago.

Editado en español por Pablo Garibian.

La Crueldad

Alberto Barrera Tyszka, Prodavinci

Ahora pareciera que cada noticia necesita una ambulancia. No es posible ver y escuchar lo que ocurre y no dar un alarido. Cada vez tenemos más sangre que palabras. El gobierno ha terminado convirtiendo la violencia en su único espectáculo.

El chavismo pasará a la historia como el poder que disfrutó ejerciendo el terror.

Frente a la simple idea de estar cada vez más obligados a negociar, el oficialismo reacciona con una saña todavía mayor: la represión con cinismo, la violencia celebrada, la brutalidad como goce.

Solo así puede explicarse el infierno sistematizado que estamos viviendo y viendo día a día en el país. Las detenciones arbitrarias, el robo a los manifestantes, las golpizas salvajes y en cayapa a cualquiera que se descuide sobre la calle, los juicios express y las condenas por traición a la patria, los traslados a los distintos reclusorios, las torturas, los asesinatos… no es una “violencia desmedida”.

Por desgracia es todo lo contrario: es una violencia perfectamente medida, administrada con rigor, ordenada y ejecutada militantemente. Los excesos de los uniformados no son un desorden. Son un orden. Una orden.

Pero, luego, la violencia permanece y adquiere otra forma terrible: se convierte en humor, en festejo, en placer.

Creo que nunca antes en el país, al menos en la historia política del siglo XX, tuvimos un gobierno que celebrara de esta manera la muerte. El oficialismo ha logrado alcanzar un grado de delirio inconmensurable.

Promueve que perseguir, detener, saquear, golpear, torturar o matar estudiantes, es una virtud. Cuando Maduro condecora al Coronel Lugo está, en el fondo, practicando un rito fúnebre.

Es un acto que no solo permite sino que además honra la violencia sobre la ciudadanía, que enaltece los golpes sobre la experiencia de la democracia. Es otra manera de bailar delante de los cadáveres. Es otra forma de decir “no me importa nada”.

Esta es la única oferta que hoy el chavismo le hace al país: la crueldad. Este es su programa político. Se deleitan con el dolor ajeno.

Demuestran que el país, en el fondo, no les duele. Que el afecto no es su problema. Que son capaces de ejecutar a cualquiera sin remordimientos. Eso hacen con la Fiscal, con Roberto Picón, con todos los detenidos, con quienes salgan a manifestar…

Siguiendo la misma lógica bélica, los cuerpos de seguridad también se comportan como un ejército en territorio enemigo, extranjero. Vienen a saquear y a liquidar, tienen que arrasar con todo. Por eso son crueles y celebran su crueldad. La expone. La muestran con orgullo. No solo creen que es necesaria. Piensan incluso que es buena, noble. Por eso premian sus propios crímenes.

Después de casi 20 años, por desgracia hemos encontrado el gran logro de la revolución: la crueldad. El hombre nuevo es un refrito de lo peor del hombre viejo.

El hombre nuevo es un delincuente con carnet. El hombre nuevo es un asesino con charreteras.

El hombre nuevo no se conmueve con nada. Disfruta el dolor de los otros. Cree que el sadismo también es bolivariano. Se ríe de todo lo que pasa. Nunca pregunta. Dispara primero y, después, vuelve a disparar.

Instructivo para las Asambleas Populares para la Promoción de la Asamblea Nacional Constituyente

DIRIGIDO A: CONSEJOS COMUNALES Y ESTRUCTURAS DE BASE DEL PSUV

Introducción:

* La mayoría del país quiere PAZ y la vía es la Constituyente para lograr el diálogo nacional.

* La Constituyente crea el Estado Comunal. La base del poder es el poder COMUNAL, para elegir los venezolanos deben ser parte activa de las comunas, una nueva forma de VOTAR que dará más poder al pueblo.

* La Constituyente es la base para enfrentar la guerra económica, con ella vendrá un nuevo modelo de propiedad privada, la propiedad privada comunal. Con participación absoluta del estado en la inversión privada para controlar desvíos.

* La Constituyente logrará la geometría de poder COMUNAL, el poder para los Consejos Comunales, queda atrás el modelo de Alcaldías y Gobernaciones corruptas.

* La Constituyente eliminará las distorsiones de la mal llamada Autonomía Universitaria.

* La Constituyente dará más apoyo a los organismos de seguridad del estado para acabar con la impunidad, se corregirán restricciones que limitan a los cuerpos de seguridad a lograr una eficaz labor en función de la seguridad de la patria.

* La Constituyente velará por los valores Bolivarianos de nuestras futuras generaciones, es por ello que el Estado Padre será el principal programa con rango Constitucional para la educación y formación de los niños, niñas y adolescentes.

* La Constituyente establecerá los lineamientos para una adecuada regulación y control de los medios de comunicación, así como al nuevo fenómeno de las redes sociales, en función de lograr una información más veraz, ética y sin distorsiones (utilizar ejemplo de la República Popular China).

* Mientras esté instalada la Asamblea Nacional Constituyente no podrán fijarse ni ejecutarse elecciones de ningún tipo en todo el territorio nacional.

* La Asamblea Nacional Constituyente podrá remover a funcionarios electos y reemplazarlos -si fuera necesario- por los que designe la mayoría de la ANC plenamente en funciones.

Para aclarar:

* Esta Asamblea Nacional Constituyente, como la de 1999, no disolverá los poderes, sino que coexistirá con ellos, pero es SUPRA CONSTITUCIONAL; por ello, podrá crear instancias para no detener y/o agilizar el funcionamiento de la nación.

* Su duración no está determinada, lo definirá la misma Asamblea Nacional Constituyente en sus primeros meses de debate.

¿Cómo estará conformada la Asamblea Nacional Constituyente?

* La Asamblea la conformarán 500 constituyentes. Todos serán elegidos mediante el voto, otros por las circunscripciones y los propuestos que serán presentados al electorado por los sectores productivos, empresariales, campesinos, laborales, educativos, entre otros.

* El ciudadano va a tener el doble voto, el hecho de que vote por quien es candidato, por ejemplo, por el proceso productivo, no significa que no vote uninominalmente también por otros ciudadanos que él decida y que no esté vinculado a ninguno de los sectores.

¿Qué se utilizará como guía electoral?

Se alistan los “kinos” para escoger a sus candidatos territoriales en la contienda del próximo 30 de julio. Esta estrategia estará dirigida, en su mayoría, para las 24 ciudades capitales donde los electores, además de seleccionar un candidato nominal, lo harán también por la lista.

NOTA DE SALA DE INFORMACIÓN

Luego de que este documento interno del Psuv se filtró a los medios informativos, el doctor en Derecho Allan Brewer-Carías opinó en su cuenta de Twitter lo siguiente:

“¿Por qué NO a la Asamblea Nacional Constituyente?

Porque es para crear el estado comunal, para eliminar el estado de derecho federal y con ello a los estados y municipios.

Es para estructurar el poder comunal (¿geometría del poder?) para dar todo el poder a los Consejos Comunales.

Es para eliminar los estados y los municipios, para dejar atrás el modelo de alcaldías y gobernaciones.

Es para eliminar la democracia representativa y el sufragio universal, directo y secreto, para elegir representantes.

Es para crear una “nueva forma de votar”, designando integrantes de comunas sin sufragio universal, directo y secreto.

Porque la elección de los integrantes de los consejos comunales, NO darán más poder al pueblo sino al partido de gobierno.

Es para eliminar la propiedad privada. Es falso que pueda haber una “propiedad privada-comunal” como se ofrece.

Es para eliminar libertad económica. Falso que pueda haber inversión privada con participación absoluta del Estado.

Porque con la eliminación de la propiedad y la iniciativa privada, no se pueden resolver los problemas económicos del país.

Porque el problema económico no se puede resolver con una economía totalmente controlada por el Estado y su burocracia.

Es para eliminar autonomía universitaria, someter la libertad de cátedra y crear un pensamiento único totalitario.

Es para hacer más agresivos a los organismos de seguridad y para asegurar su absoluta y total impunidad.

Es para eliminar las restricciones para proteger DDHH en la actuación de los organismos de seguridad.

Es para eliminar toda la educación privada y el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.

Es para crear un fantasmagórico Estado Padre, como principal programa con constitucional sustituyendo a la familia.

Es para crear un usurpador “Estado Padre,” que decidirá sobre educación y formación de los niños y adolescentes.

Es para asegurar que el “Estado Padre” le arrebate a los padres sus derechos a decidir cómo educar a sus hijos.

Es para eliminar la libertad de expresión de pensamiento, regulando y controlando a los medios de comunicación.

Es para regular y controlar el uso de las redes sociales, e intervenir y restringir acceso y uso a internet.

Es para aplicar en Venezuela, en materia de control de la libertad de expresión, “el ejemplo de República Popular China”.

Porque su duración no está pre-determinada, la definirá la misma ANC y puede ser indefinida: un gobierno asambleario.

Porque mientras esté funcionando, no podrán fijarse ni ejecutarse elecciones de ningún tipo en todo el territorio nacional.

Porque confirma la falsa oferta del CNE de convocar a elecciones regionales para fin del 2017, que no se podrán realizar.

Porque la ANC podrá disolver todos los poderes, removiendo incluso a todos los funcionarios electos; es decir, los diputados a la Asamblea Nacional.

Porque la Constituyente podrá reemplazar a todos los funcionarios electos, por los que ella misma designe arbitrariamente.

Porque la Constituyente que se quiere elegir se pretende que sea “Supra Constitucional”, violando y sobre la Constitución de 1999.

Porque la Constituyente que se quiere elegir llevará al país a un período impreciso de gobierno asambleario, sin límites.”

¿Dónde ponemos la rabia?

Milagros Socorro, ClÍmax @MilagrosSocorro                                   Fotografía: AFP

La rabia, aunque justificada, no debe dominar las conciencias ni imponerse sobre la estrategia. Pero sí debe ser vista e incorporada en el relato. Respetada. La arrechera de unos y el despecho de otros cuentan. Y deben ser conducidos por los liderazgos. Este puede ser el momento de decidir qué vamos a hacer con nuestra rabia

La protesta pacífica es la estrategia de la oposición venezolana. Cuanto más pacífica, más eficiente. Cuanto más creativa, más impactante en la opinión pública y en el ámbito internacional.

Fuera de la paz, el régimen tiene todas las de ganar: la sociedad en rebelión no tiene armas ni tropas.

En la violencia la oposición no suma grupos que todavía no han abrazado abiertamente la causa democrática, esos chavistas temerosos de dejar la casa donde han estado por tanto tiempo, cómodos en el bando ganador, pero que ahora sufren también el deterioro de la vida cotidiana y el aumento del costo de vivir en Venezuela, además del rápido desprestigio que sufre el chavismo dentro y fuera del país.

En suma, el fin de la oposición es desnudar al régimen en su violencia, en su cruel represión, dejarlo solo con sus métodos de castigo y revancha; y persistir en una línea de apego a la Constitución, de sacrificio personal del liderazgo y de quienes marchan, y de terca persistencia en la conducta pacífica. Sin embargo…

Sin embargo, hay grupos dentro de la oposición que no observan esta línea de conducta, tantas veces reiterada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y demostrada en los hechos con el comportamiento de los líderes, que han sido agredidos, golpeados, gaseados, una y otra vez, sin lograr que Capriles, María Corina Machado, Julio Borges, David Smolansky, Papparoni, Richard Blanco… se aparten ni un ápice de su consigna pacifista y, más bien, han puesto la otra mejilla. Sin embargo…

Sin embargo, decíamos, algunos no tienen esta capacidad de aguante ni esta claridad política. Algunos, los menos, por suerte, han dado a cauce a su rabia y ya vamos viendo muestras de violencia contra las fuerzas armadas, bandas de “escuderos” entre quienes se mezclan malandritos que aprovechan el caos para robar y ejercer un poder hostil sobre los vecinos; vemos un auge indiscriminado de escraches, que en más de una ocasión se ha cebado contra inocentes; y, sobre todo, vemos la escalada de un lenguaje agresivo, que ya va haciéndose parte del paisaje.

La ira desparramada favorece al régimen, siempre ganancioso en el tablero de la violencia. Pero la rabia existe, es inmensa y sigue creciendo.

Es un hecho y tiene mil justificaciones: el régimen chavista ha humillado al país con sevicia y sistematicidad; ha mentido hasta extremos inverosímiles; se burla del país, se ríe de sus dolores: Maduro menea sus masas vacunas al ritmo del merengue sobre los cadáveres de bachilleres sacrificados por la represión que él mismo ha ordenado; los militares castigan al pueblo que protesta por hambre, mientras en su cara le arrebatan los alimentos y los destinan al contrabando; los niños mueren de desnutrición y falta de atención hospitalaria; las fuerzas armadas matan jóvenes que protestan, los detienen y torturan, en complicidad con los colectivos/paramilitares; los oficiales venezolanos reciben órdenes de los cubanos; el Banco Central de Venezuela (BCV) hipoteca la economía de varias generaciones; los cuatro co-dictadores violan la Constitución para eternizarse en el poder y no enfrentar la justicia internacional, que los ha puesto a encabezar el elenco de los más buscados; los venezolanos no tenemos futuro y las mínimas rendijas que todavía percibidos son clausuradas con saña por el régimen militaristas; mientras nuestros hijos pasan trabajo y horribles dificultades, los “enchufados” adquieren propiedades en el mundo libre y se dan la gran vida.

La lista de razones es mucho más larga. Es atroz. Muy pocos países han sufrido tan intenso y sádico castigo. Estaríamos locos si no estuviéramos furiosos.

Pero no solo hay rabia. También hay frustración y despecho. La frustración es alimentada por las consignas de cierto liderazgo que, con frivolidad, se ha permitido prometer aquello de lo que no tiene certeza: “Falta poco”, “ya Maduro está caído”, “si la gente sale a protestar masivamente, los militares se pondrán del lado de la Constitución”… Nada de eso ha ocurrido. Y nadie puede saber cuánto falta, ni cuándo se iniciará la transición, ni siquiera si esta va a ser menos dolorosa de lo que está siendo la postrimería de la dictadura, que, sin duda, está en su fase final, pero que no sabemos cuándo durará esta agonía. Cada hora cuenta, cada hora la situación de Venezuela se agrava. Esto es cierto. Pero nadie puede decir cuánto falta.

Por eso, nadie puede afirmar de manera responsable que falta poco, porque en términos históricos, efectivamente, falta poco, pero a escala de la vida humana puede ser una eternidad.

Y también está el despecho de quienes creyeron en el chavismo y ahora no encuentran el más mínimo indicio para persistir en su fe. Como es bien sabido, el despecho viene con tristeza y abatimiento, pero también con mucha rabia, que aumenta en la medida en que se fortaleza la certeza de que el amado no volverá, que no era lo que pensábamos y que nos dejó tirados en la cuneta. Ese despecho es tributario también de la rabia que palpita en Venezuela.

No digo que la rabia, como es muy justificada, debe dominar las conciencias, imponerse sobre la estrategia y fluir libremente. Muy lejos de eso. Postulo que debe ser vista, reconocida, incorporada en el relato y respetada.

La arrechera de unos, el despecho de otros. Y debe ser conducida por los liderazgos. Todos los liderazgos. Este puede ser el momento de decidir qué vamos a hacer con nuestra rabia. No debería dejarse para la transición, cuando la ira puede convertirse en deseo de venganza y, por tanto, obstáculo para la necesaria reconciliación y la gobernabilidad.

El liderazgo es, por fuerza, pedagógico. Miremos de frente nuestras emociones, no las neguemos ni subestimemos.

Y no dejemos que nos dominen. Siempre estaremos a tiempo de poner nuestra rabia en el camino correcto: como combustible de la lucha por el amanecer de Venezuela.

Estas son las reglas manipuladas para ganar la ANC con el 20% de los votos

Héctor Briceño (*) Prodavinci

Las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente presentadas por el presidente Nicolás Maduro, representan un intento por resolver el problema que el gobierno ha estado evadiendo desde el 2016:

¿Cómo ganar elecciones con el 20% (quizás 30%) de los votos? O dicho de otra forma: ¿Cómo ganar perdiendo?

Con este objetivo, el chavismo diseñó un proceso electoral que le permita maximizar la utilidad de la distribución de sus escasos apoyos electorales a través de dos métodos: la sectorización y la municipalización electoral.

El primero de los mecanismos es excluyente, puesto que los 8 sectores propuestos por el Presidente (indígenas, estudiantes, campesinos y pescadores, empresarios, personas con discapacidad, pensionados, consejos comunales, comunas y trabajadores) no son exhaustivos; es decir, una gran cantidad de venezolanos no formará parte de ninguno de los sectores y por tanto tendrán una menor incidencia en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, al no poder ser ni candidatos ni electores en ningún sector.

El segundo criterio, la municipalización, viola el principio democrático “un hombre, un voto de igual peso”. La clave en este diseño electoral está en desvincular el número de escaños o constituyentistas a elegir en cada municipio del peso poblacional de dicho municipio respecto a la nación.

En este sentido, las bases comiciales asignaron un constituyentista para cada municipio y dos a los municipios capitales de estado. Siendo los constituyentes de municipios capitales, electos bajo el criterio de listas proporcionales.

Como consecuencia, este mecanismo de manipulación electoral genera un desequilibrio denominado “malaproporcionamiento”, según el que las zonas más pequeñas del país tienen igual o mayor incidencia en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Así, por ejemplo los municipios Maroa, Río Negro y Manapiare (todos del estado Amazonas) tendrán derecho a un constituyentista cada uno, aún cuando cuentan con tan solo 1.939, 2.041 y 3.625 electores respectivamente.

En total, estos tres municipios de 7.605 electores, tendrán más representantes que el municipio Maracaibo del Estado Zulia que con 941.974 electores, solo tendrá derecho a elegir 2 representantes ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Pero para entender la magnitud de la manipulación, podemos agregar que el estado Táchira con 825.913 electores (117.253 electores menos que el municipio Maracaibo) podrá elegir a 30 constituyentistas (28 más que la capital zuliana).

El malaproporcionamiento llevado a estos niveles extremos produce una gran desigualdad, dividiendo a los ciudadanos en dos grandes bloques: aquellos sobrerrepresentados que tienen mayor influencia en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, y los subrrepresentados que tienen menor influencia.

Para analizar este efecto podemos utilizar el indicador de “poder de voto”.

El poder de voto ideal (igualitario) se calcula dividiendo el total de constituyentes territoriales a escala nacional (364) por el total de electores en el país (19.392.760).

Para comparar el poder de voto real de los ciudadanos de cada municipio según las bases comiciales, se divide el número de constituyentes por municipio entre su número de votantes. Se estandariza el poder de voto ideal a 1, y luego de estandarizar los poderes de voto municipales, se compara el poder de voto de cada municipio con el ideal.

De esta forma aquellos ciudadanos en municipios con un poder de voto superior a 1 se consideran con “más poder que el ideal”; los municipios donde el poder de voto es menor a uno se consideran con “menos poder que el ideal”.

En otras palabras, los votos de los ciudadanos de algunos municipios tienen más valor que los votos de ciudadanos de otros municipios, a la hora de elegir a los constituyentes territoriales.

Los resultados reflejan que estados y municipios con un número de electores reducido tienen un poder de voto mayor que municipios con poblaciones más grandes.

Así, el municipio Maroa en el estado Amazonas, con 1.939 votantes, tiene un poder de voto 250 veces mayor que el municipio Maracaibo del estado Zulia con 941.974 votantes.

En términos nacionales, el gobierno tiene ventaja política en la mayoría de los municipios con poder de voto desproporcionados a su número de electores.

Pero, ¿por qué este diseño?

Dos variables explican la lógica tras este diseño de distribución desigual de los escaños.

En primer lugar, el intento de aprovechar el apoyo electoral obtenido por el gobierno tradicionalmente en las zonas rurales y poblaciones más pequeñas.

La relación entre las variables tamaño de la población y el apoyo político han sido constantes al menos desde el 2004 en el país. De esta forma, las zonas de menor población han apoyado mayoritariamente al chavismo, mientras que las grandes ciudades han decantado por los principales bastiones opositores.

Así, en las elecciones del 2015, el gobierno logró mantener el apoyo en las zonas rurales y pequeñas, lo que le permitió imponerse en 164 municipios del país mientras que la oposición ganó en 171.

En el 2015 la oposición alcanzó 7.706.749 votos (equivalente al 58% de los votos emitidos) mientras el gobierno obtuvo 5.571.685 votos (equivalente al 42%). Con ellos, la oposición logró 112 diputados (equivalente al 67% de los escaños) y el gobierno 55 diputados (correspondientes al 33%).

Ahora bien, si utilizamos esos mismos resultados electorales, y les aplicamos las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, entendemos claramente las intenciones detrás de los criterios.

Con ellos el gobierno obtendría 184 constituyentistas (equivalentes al 51% de los 364 territoriales), mientras la oposición alcanzaría 180 (equivalentes al 49%).

Pero el segundo criterio que explica la decisión de selección de los constituyentistas en los municipios es aún más perverso.

Se trata de utilizar todos los mecanismos de control político sobre las pequeñas poblaciones que han sido leales al chavismo. Amor con amor se paga. Misiones y bases de misiones, CLAP, Consejos Comunales, Carnet de la Patria, Colectivos y demás mecanismos de chantaje serán utilizados en las poblaciones más pequeñas, aquellas donde los medios de comunicación no pueden llegar, donde las redes sociales no penetran, donde las cámaras de videos de los celulares inteligentes no han llegado aún.

Con esta normativa el gobierno promete abandonar las ciudades, para volcarse sobre los ciudadanos más desprotegidos.

No obstante, los mismos resultados de las elecciones del 2015 arrojan datos interesantes.

La oposición perdió en 57 municipios por un margen igual o menor al 10% y en otros 27 por un margen de 11% y 15%. Todos estos municipios podrían convertirse en nuevos opositores. Si eso sucediera, la oposición obtendría 264 constituyentistas territoriales quedando a tan solo 9 de la mayoría simple (273).

El análisis hasta aquí presentado muestra claramente que el problema no son los votos, sino la manipulación de un diseño electoral pensado para imponer un modelo independientemente de la voluntad del pueblo.

Esto nos lleva a voltear la mirada sobre la elección sectorial, pues será esta la que serviría para consolidar una mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente.

Y aunque hasta el momento desconocemos las condiciones en las que se llevará a cabo esa elección, ya hay grandes dudas respecto a muchos puntos. Algunos de gran importancia:

¿Cómo se construirán los registros electorales sectoriales?

¿Cuál institución validará y aprobará los registros?

¿Serán auditados? ¿Por quién?

La normativa electoral obliga a la Asamblea Nacional a validar las proyecciones de población para distintos procesos electorales. ¿No debería también validar las estadísticas sectoriales?

Adicionalmente existen grandes dudas sobre el proceso electoral en general. Por ejemplo:

¿Contará la elección con observación electoral nacional e internacional?

¿Qué organizaciones podrán presentar testigos electorales?

¿Los gremios?

¿Los partidos?

Y sobre la campaña electoral, ¿cómo se regulará el acceso a los medios? ¿Cómo será el financiamiento de las campañas?

A estas preguntas debemos añadir los problemas tradicionales que hemos venido arrastrando de procesos electorales anteriores: las violaciones a los derechos políticos mediante inhabilitaciones, el uso de los recursos públicos en campaña por parte del partido de gobierno, el sesgo institucional del árbitro electoral y de las instituciones del Estado en general.

Finalmente, está el apuro con que se pretende realizar este proceso. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció que el proceso de postulaciones abre el próximo 31 de mayo y 1 de junio del 2017.

Pero, ¿es posible construir una oferta electoral en el ámbito municipal en menos de una semana?

¿Es posible recoger 3% de firmas del Registro Electoral en una semana?

Además, ¿serán validadas estas firmas con la misma rigurosidad con que han sido analizadas las firmas de apoyo al Referendo Revocatorio presidencial promovido el año pasado o la validación de partidos de este año?

Todo apunta a que no será así. Y que el ventajismo ascenderá un nuevo escalón, pues el chavismo en su espiral de impopularidad desconfía incluso de la lealtad del 20% del electorado que aún lo apoya, por lo que seguirá manipulando las normas electorales hasta generar un mecanismo en el que pueda ganar la elección, sin votos.

(*) Héctor Briceño es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Jefe del Área Sociopolítica del Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES)

Cuatro escenarios políticos en Venezuela

Michael Penfold, Prodavinci (*)

En Venezuela ningún escenario luce aún definitivo: ni los buenos ni los malos.

Las posibilidades de que distintos factores políticos o sociales aceleren un proceso de cambio, que impliquen restaurar el estado de derecho y la democracia, dependen en estos momentos de dos condiciones que son absolutamente fundamentales.

La primera condición es que la movilización ciudadana y la unidad de la oposición se logren consolidar cada vez más tanto en su intensidad como en su alcance social.

Tan sólo un aumento de los costos en los que incurre el gobierno por el uso de la represión para tratar de desmovilizar a la sociedad, puede obligarlos (sea por presión militar o internacional) a dar concesiones que precipiten un proceso de transformación política que sea irreversible.

Esto explica por qué la sociedad venezolana lucha con tanta intensidad en las calles: para los ciudadanos la resolución de la crisis actual es un asunto existencial pues representa su única garantía para poder restablecer sus derechos individuales frente a la vocación autoritaria de un gobierno que suspende elecciones, disuelve los poderes públicos y convoca inconstitucionalmente una Asamblea Nacional Constituyente sin someter la iniciativa y sus bases comiciales a un referendo.

En el marco de esta movilización ciudadana, que también incluye la represión estatal y la violencia paraestatal –que es el cuadro que mejor caracteriza al país en estos momentos–, surge un instante en el que la diferencia entre el costo de reprimir o hacer concesiones significativas, comienza a ser una disyuntiva real tanto para el gobierno como para los militares, frente al riesgo cada vez más alto de perder el poder y ser desplazados por algún tipo de alternativa.

Es difícil estimar qué tan próximos estamos de este punto de inflexión, pero hay muchos indicios que sugieren que no estamos tan lejos: la intensidad y continuidad de las protestas, el espectro del descontento social, la crudeza y crueldad del uso de la violencia por parte de los entes de seguridad, el derrumbe de los elementos simbólicos de la revolución, como la estatua de Chávez en Machiques, y la indisposición que muestran algunos oficiales de bajo rango de la Guardia Nacional Bolivariana a la hora de reprimir a la población que reclama sus derechos.

La segunda condición, que está íntimamente vinculada con la primera, es la necesidad de que los conflictos internos dentro del chavismo y aquellos dentro del mundo militar, se hagan cada vez más visibles, sobre todo en torno a qué tipo de concesiones deben realizarse tanto en el frente político como en el económico para poder enfrentar el descontento social.

En la medida en que aparezcan grupos muy bien definidos dentro del chavismo que piensen que aun haciendo concesiones significativas a la oposición, ellos pueden llegar a influir en las características y los tiempos de este proceso de cambio, en esa misma medida la influencia de los radicales se verá seriamente cuestionada.

Por el contrario, si el chavismo percibe que no hay futuro sin el presidente Maduro, pues no hay quien los proteja, entonces difícilmente surjan estos conflictos, y el chavismo se cohesionará alrededor de su destino.

Esto es lo que algunos llaman el costo de salida.

Si perciben, en cambio, que estos grupos tienen cómo influir decisivamente en el proceso, inevitablemente apostarán por el mismo.

Este cálculo es uno que ya deben estar haciendo no sólo algunos políticos dentro del PSUV sino también muchos actores en las esferas militares. Este es el famoso tema de las garantías. Y no es un tema menor. Es el corazón del dilema del cambio político en Venezuela.

La aparición de este tipo de fracturas tampoco es inevitable.

Hasta ahora es el frente que mejor ha resguardado el gobierno tanto a nivel partidista como militar. Los radicales han logrado mantener un férreo dominio sobre todo el proceso de toma de decisiones (tanto en el plano económico y político así como en el de la seguridad). Y este grupo se ha encargado de recordar que cualquier concesión es una traición a la revolución y elevan su credibilidad al incrementar cada vez más los castigos a cualquier facción disidente y al aumentar el uso de la represión hacia la misma oposición.

Este fuerte control es lo que impide asegurar que en estos momentos estemos viviendo una transición democrática (como han dicho algunos) cuando la realidad es que estamos presenciando, más bien, un proceso de formalización abiertamente autoritaria del ejercicio del poder.

Sin embargo, las diferencias dentro del chavismo, en especial alrededor de los temas relativos a la suspensión de las elecciones regionales y locales, la írrita convocatoria a la constituyente, el uso de la violencia y el dramatismo de la situación económica y social, comienzan a hacerse cada vez más palpables e irreconciliables.

Las declaraciones de Luisa Ortega Díaz denunciando la violación de los derechos ciudadanos durante las protestas así como su pronunciamiento sobre la necesidad de promover un proceso de negociación política para lograr reinstitucionalizar el país; las opiniones de Isaías Rodríguez sobre la obligación de someter a un referendo la iniciativa del Ejecutivo para que sea el pueblo quien convoque directamente a una Asamblea Nacional Constituyente; y la carta de un músico del prestigio internacional de Gustavo Dudamel –una figura simbólica muy importante para el mundo chavista–, en la que condena moralmente la violencia y la falta de apertura democrática, prefiguran la profundidad de este tipo de fracturas.

Estas mismas grietas también se deben estar comenzando a observar en el mundo militar.

El cruce de estas dos condiciones dibuja los escenarios futuros para el país.

Algunos de estos escenarios son pesimistas pero también hay otros que son luminosos. Creo que todos son probables, unos más que otros, pero confieso que mi percepción es que esa probabilidad de ocurrencia no son significativamente muy diferentes, por lo que me parece ilógico no describirlos e incluso absurdo eliminarlos.

Eso hace que el futuro sea muy incierto, lo cual explica parte de la angustia que experimentamos. Muchos piensan que nuestro futuro es binario y sin duda es imposible negarles la razón y también lo creen los jóvenes en la calle: dictadura o democracia.

Otros analistas, como mi amigo Luis Vicente León, concuerdan en que los escenarios son igualmente binarios pues las alternativas se reducen sustancialmente debido a los altísimos costos de salida para el chavismo: represión o negociación. Mi impresión es que los escenarios son un poco más variados (incluso algunos vienen en modalidades diferentes) y confieso que todos son inestables (y en todos vamos a tener que comernos algunos sapos y seguramente una culebra).

En este sentido, los escenarios que voy a describir son complejos e inciertos; la sostenibilidad política de ninguno de estos mundos está plenamente garantizada.

Es importante aclarar que un ejercicio de esta naturaleza siempre conlleva proyectar en el tiempo futuro una narrativa totalmente ficticia (aunque probable) de los distintos escenarios, todo ello a partir de unas variables críticas que han sido identificadas; en ningún momento los escenarios que describo aspiran predecir los eventos que van a ocurrir en el país (ese es un don del que solo gozan los videntes).

Muchos me preguntan con insistencia si realmente es posible un escenario de cambio democrático porque todos aspiramos tener otro futuro y los que están afuera desean volver a nuestro querido país.

Mi respuesta siempre es la misma:

El cambio democrático requiere de dos factores: movilización ciudadana y capacidad de negociación para generar acuerdos mínimos. Sin ambos instrumentos es imposible promover un proceso de democratización en Venezuela.

En nuestro país, lamentablemente, a veces tendemos a contraponer la calle con los acuerdos y la negociación. Es la triste herencia de octubre pasado al no priorizar y mantener la calle (para complacer al Vaticano en una mediación inoportuna) cuando el gobierno suspendió arbitrariamente el referendo revocatorio.

Sin embargo, si aceptamos la utilidad de ambos instrumentos, entonces el futuro de Venezuela es promisorio, pues estaremos abordando el mayor reto del país: su institucionalización política y económica con control ciudadano.

Estos son los escenarios:

La Negociación

Los militares retiran su apoyo al gobierno ante los altos costos de sostener la represión pero tampoco están dispuestos a aliarse con la oposición para protagonizar una insurrección. Obligan a los más radicales –con apoyo de la comunidad internacional y en especial del Vaticano, pero esta vez sin la presencia de los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos– a negociar sus condiciones de salida dentro del marco de la Constitución actual.

Los militares instrumentalizan la inevitabilidad de la renuncia del Presidente e imponen a un sustituto de mutuo acuerdo –que fue nombrado poco antes como vicepresidente– y que tiene como objetivo conducir un gobierno transitorio. La Constitución se mantiene intacta.

Los militares fundamentan esta decisión argumentando que se hace imperativo tener un personaje que sea confiable para ambos bandos para poder hacer la “triangulación”.

Durante la negociación, la oposición se ve obligada a aceptar todo tipo de amnistías y garantías a cambio de un proceso electoral futuro que sea competitivo y transparente.

El Tribunal Supremo de Justicia queda en manos del chavismo para garantizar que todos los acuerdos sean efectivamente respetados. También exigen que la Constitución sea reformada para garantizar que estos mismos acuerdos queden incorporados en la carta magna y los militares también obtienen mayores fueros y prebendas.

La oposición logra restaurar las prerrogativas de la Asamblea Nacional, institucionalizan la independencia del CNE y logran reducir el periodo presidencial de seis a cinco años sin referendo revocatorio y prohíben la reelección presidencial.

Se realizan elecciones regionales y locales. La comunidad internacional presiona exitosamente para que se liberen a los presos políticos y se eliminen sus inhabilitaciones pero todos los candidatos presidenciales postergan sus aspiraciones para permitir la materialización del acuerdo facilitado por la comunidad internacional y ejecutado por el presidente que “triangula”.

El nuevo gabinete aborda las reformas para estabilizar la economía e implementar el plan de emergencia social con amplio apoyo multilateral. Las elecciones competitivas y abiertas se pautan en un tiempo prudencial una vez que todos los acuerdos políticos se hayan verificado y las reformas económicas se hayan implementado.

Nuevas Alianzas

Ante la intensificación de la movilización ciudadana y el recrudecimiento de la represión y el intento del Presidente Maduro de insistir con la convocatoria del proceso Constituyente, unos diputados moderados del chavismo deciden rebelarse en la Asamblea Nacional.

Un grupo de ocho legisladores del PSUV amenaza al ala más radical con votar conjuntamente con la bancada opositora si Maduro no es obligado a renunciar y sustituido por un nuevo líder del partido. Aquí se abren dos modalidades de cambio: acuerdos dentro del chavismo o acuerdos con la oposición.

En el primer tipo de acuerdos, el chavismo se renueva y los radicales ceden ante la amenaza de los moderados; el chavismo se aglutina nuevamente alrededor de un nuevo líder y deciden abordar la crisis económica con apoyo de los organismos internacionales y los chinos.

El nuevo Presidente no negocia con la oposición pero acepta hacer algunas concesiones parciales como liberar a los presos políticos y fijar un cronograma electoral para comicios regionales, locales y de Presidente que favorezca al chavismo, es decir, que les compre suficiente tiempo. Sin embargo, las inhabilitaciones se mantienen.

La revolución continúa. El nuevo Presidente mejora sus niveles de aceptación y la elección se hace mucho más pareja pero no es perfectamente competitiva.

En la segunda modalidad de este mismo escenario, la Asamblea Nacional, ahora con una renovada mayoría calificada de las dos terceras partes, gracias a la alianza entre la disidencia chavista y la oposición, y con el apoyo internacional e incluso con la anuencia de los militares, logra cambiar la composición del TSJ y del CNE.

También logra remover al Presidente y su vicepresidente. Un nuevo gobierno transitorio es escogido por la misma AN para cubrir el resto del periodo presidencial y reconocido por la comunidad internacional y las fuerzas armadas.

Los presos políticos son liberados. La comunidad internacional respalda todas las decisiones del gobierno de amplia base y provee financiamiento para el programa de estabilización y emergencia social.

Se mantiene la actual Constitución aunque se prohíbe la reelección presidencial. El programa de estabilización y emergencia social es respaldado por ambas fuerzas políticas, incluyendo los organismos internacionales y también los chinos.

La Imposición

En este escenario el gobierno logra doblegar las protestas a través de un uso desmedido de la represión que es tolerado por las fuerzas militares. La sociedad se desmoviliza gradualmente y las protestas se terminan concentrando tan solo en unos pequeños focos en la ciudad capital. La Rebelión de Abril es virtualmente derrotada.

El presidente Maduro avanza con la convocatoria a la Constituyente sin ningún tipo de referendo previo –a pesar de la crítica internacional y de la decisión de la oposición de no participar en ella–, lo que le permite suspender formalmente cualquier tipo de elección y utiliza mecanismos corporativistas para unificar de facto al chavismo alrededor de su figura presidencial. Venezuela materializa su salida de la OEA y Mercosur.

La crisis económica se profundiza y el estado comunal se consolida.

El Colapso

El gobierno de Maduro logra desmovilizar la Rebelión de Abril gracias a la incondicionalidad de los militares pero a un costo político interno muy alto. Los focos de protestas se mantienen.

La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente tampoco genera suficientes consensos dentro del gobierno. Todos los factores de poder coinciden en que la mejor Constitución es la de Chávez. La popularidad de Maduro se desploma y los moderados se rebelan pero tampoco pueden imponerse. El presidente Maduro logra sostenerse pero mucho más debilitado.

Tampoco hay elecciones (el chavismo promete de forma poco creíble alguna elección presidencial en el 2019 pues el TSJ validó que el inicio del periodo fue a partir de su juramentación en abril del 2013). La represión a los partidos opositores y el uso de inhabilitaciones se intensifica.

El gobierno continúa posponiendo las reformas económicas y se mantiene aferrado a los controles cambiarios y de precios. La producción petrolera acelera dramáticamente su caída ante la falta de inversión.

A mediados del 2018, a pesar de su voluntad de mantener los pagos de deuda, el gobierno hace default debido a su incapacidad para mantener los desembolsos frente a la caída de la producción petrolera y debido al tamaño de los compromisos financieros.

El país descubre que lo que resta de las reservas internacionales en oro no son tan líquidas pues ya han sido pignoradas. La emergencia social se intensifica. La inflación se acelera. El país se anarquiza. La emigración aumenta y la violencia organizada toma pleno control de las calles. El país termina de colapsar.

Transición sin Transacción

La sociedad intensifica su movilización y amplía la conexión con diversos sectores sociales en todo el territorio nacional. Los militares encuentran que el costo de sostener la represión es demasiado alto y le solicitan al presidente Maduro que negocie algunas concesiones sustanciales con la oposición.

El chavismo se mantiene unido alrededor de los más radicales –los moderados chavistas han sido silenciados– y deciden que no van a negociar otorgando condiciones previas y amenazan con ampliar aún más el despliegue de las milicias y los colectivos.

Los militares se rebelan ante la incapacidad del chavismo de otorgar algunas concesiones sustantivas y optan por aliarse con la oposición para darle la estocada final al gobierno. Triunfa la Rebelión de Abril y se convoca a elecciones generales. Es la transición sin transacción.

El nuevo gobierno afronta algunas reformas estructurales en la economía, a través de un programa de estabilización con el apoyo de diversas organizaciones multilaterales, pero con ciertas dificultades ante lo convulsionado del ambiente político, pues una parte del chavismo ahora está en la resistencia y denuncia que ha sido víctima de un golpe de Estado.

Los partidos políticos pactan una reforma constitucional. Los colectivos inician una nueva ola de violencia.

***

Me gustaría culminar con algunas conclusiones que deben ser resaltadas. En todos los escenarios los militares son actores fundamentales, incluso en aquellos en los que las nuevas alianzas o la negociación, el asunto parece una transacción estrictamente política.

Otra conclusión que surge del ejercicio, es que muchos expertos internacionales y nacionales enfatizan la importancia que juegan los moderados de ambos bandos para garantizar un cambio democrático.

Mi impresión es que esta enseñanza para el caso venezolano es mucho más compleja y debe ser precisada: lo importante es que la oposición se mantenga unida más allá de la distinción entre moderados y radicales.

El cambio democrático es virtualmente imposible sin unidad. Más bien, lo fundamental es que los moderados surjan del lado del chavismo y jueguen un papel preponderante en la resolución de la crisis, especialmente en una ruta que involucre un papel protagónico que puede llegar a tener la Asamblea Nacional con el apoyo de la comunidad internacional.

Si la oposición luce dividida entre distintas etiquetas, entonces los incentivos para los chavistas disidentes de transar con la bancada opositora se van a ver seriamente afectada por una simple razón, que es que su amenaza frente a los radicales del gobierno se vuelve muy poco creíble y por lo tanto muy poco efectiva.

Finalmente, los militares siempre van a preferir una salida de la coyuntura actual a través de una negociación o un acuerdo entre chavistas o incluso un acuerdo en la Asamblea Nacional –por eso el afán del gobierno de insistir con la constituyente porque es la mejor manera de frenar cualquiera de estas otras alternativas (salvo la negociación)–.

De modo que si los militares irrumpen en la escena política venezolana, no será porque fueron convencidos por la oposición, lo cual me luce muy poco factible, sino porque los radicales chavistas ante la presión de calle y su ceguera política optaron por no negociar de una forma sincera, es decir, aceptando algunas condiciones previas como liberar a los presos políticos y abrir el canal humanitario.

Es evidente que los dilemas del país son complejísimos, pero también es cierto que tampoco son irresolubles, pues no hay una sola hoja de ruta sino varias.

 

(*) Investigador Global del Woodrow Wilson Center, Profesor Titular del IESA en Caracas y Profesor Invitado de la Universidad de Los Andes en Bogotá. Es Ph.D de la Universidad de Columbia especializado en temas de Economía Política y Política Comparada. Fue Director de Políticas Públicas y Competitividad de la CAF Banco de Desarrollo de América Latina. Es Co-autor junto con Javier Corrales de Un Dragón en El Trópico: La Economía Política de la Revolución Bolivariana (Brookings Institution) que fue seleccionado por Foreign Affairs como mejor libro del Hemisferior Occidental. Autor también de Dos Tradiciones, Un Conflicto: El Futuro de la Descentralización (Mondadori) Editor del Costo Venezuela: Opciones de Política para Mejorar la Competitividad y Las Empresas Venezolanas: Estrategias en Tiempo de Turbulencia.

Manual para discutir con un chavista quien no vive en Venezuela

Giulio Vita

Tras las protestas masivas, me he dedicado a intentar explicar Venezuela a quienes apoyan a la Revolución desde el exterior.

Muchos no la apoyan con mala intención.

En España, por ejemplo, es una especie de refugio ante las malas políticas del PP. En Italia, por otro lado, es culpa de una nostalgia a los cuentos de las luchas y los logros del Partido Comunista.

En genera,l es todo parte de una gran crisis europea de estos tiempos: La debacle de la izquierda, incapaz de estructurar una propuesta actual y que evite el ascenso de los partidos de derecha más radicales.

En mis discusiones me he encontrado con una gran ignorancia acerca de quiénes son los chavistas y qué hacen: Me he encontrado con frases repetidas de la maquinaria propagandística del gobierno. Y me he dado cuenta de que un problema fundamental de la oposición, ha sido no darle importancia precisamente a la comunicación, a la matriz de opinión en el mundo, a creer que las tonterías de Diosdado Cabello serían interpretadas por todos como tonterías.

La Resistencia debe ser también comunicacional y bastan sólo los hechos, sin modificarlos, para derrumbar los argumentos. Por eso, les he hecho una lista que podemos actualizar todos juntos, poco a poco.

LOS BOLIBURGUESES

Cuando defiendes al gobierno chavista, estás defendiendo a un gobierno de millonarios, no del pueblo. Los principales capos del chavismo no son pueblo sino oligarquía. Todos ellos se han enriquecido gobernando. Son más ricos que Rajoy, que Renzi y que la misma Merkel.

Pero no sólo eso. Sus hijos no viven en el país. Y bueno, uno podría decir convenientemente que no pueden vivir allí por culpa de la oposición. Pero entonces ¿por qué no viven en Cuba, en Rusia, en Irán, en Arabia Saudí, o en Bolivia o Ecuador?

Los hijos de los chavistas viven en París (Rosinés, hija de Chávez), en Milán (Daniela, hija de Diosdado Cabello), Australia (Lucía, hija de Jorge Rodríguez). ¿No es eso una incongruencia en el discurso socialista?

Dicen ser antiimperialistas; pero desde los inicios del chavismo, las relaciones comerciales con Estados Unidos han sido excelentes. Y no sólo eso. Casi todos los chavistas van de vacaciones al Imperio o tienen casas allí.

El año pasado el gobierno de Maduro envió medio millón de dólares a la inauguración de Trump. Más de lo que dio Pepsi y Google.

Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela, firmó una carta en contra de las sanciones estadounidenses a los funcionarios chavistas, comprando una página en el New York Times. No es la primera vez que la Revolución compra espacios en medios del Imperio, para difundir su propaganda.

LA OPOSICIÓN FASCISTA DE ULTRADERECHA

El gobierno, en la televisión pública que controla de manera partidista, ha repetido hasta la saciedad que los opositores somos de ultraderecha.

Pero ¿quiénes son? ¿Con qué se come eso?

Uno de las más feroces críticas a la oposición es que es “demasiado izquierdosa”. Antes del chavismo, los partidos considerados de derecha, no eran ultraderecha fascista. Eran más liberales pero no estaban en contra de la inmigración, no quitaron las políticas sociales (sí, había políticas sociales); pero, además, los actuales representantes del pueblo no vienen de allí.

Hay una dirigencia nueva que ha aprendido de su pasado y por eso gana las elecciones, y tiene al apoyo popular. Gente como Freddy Guevara, Miguel Pizarro o el mismo Capriles, están lejos de ser de derecha.

La Asamblea Nacional opositora, está compuesta así:

Los manifestantes, por su parte, son la unión de muchas cosas. Seguramente entre quienes manifiestan hay gente de derechas pero también hay gente de izquierdas.

Las protestas, sobre todo éstas, han unido gente de todos los estratos sociales y de toda ideología. No se lucha por un modelo de país sino por el derecho a elegir, a la devolución del Estado sobre los gobiernos, nada más.

La Mesa de la Unidad (MUD) es una amalgama, no un partido. Cada dirigente tiene su idea de política pero en lo que todos están de acuerdo es que el chavismo no permite el respiro de la democracia y por lo que todos luchan es por recuperar la capacidad de elegir.

PERO LA OPOSICIÓN DIO UN GOLPE DE ESTADO EN EL 2002

Es cínico, teniendo en cuenta que el chavismo inició por un golpe de Estado fallido en 1992 y no sólo Chávez tuvo el perdón presidencial de Caldera sino que, además, ya nadie usa eso como argumento político.

La oposición que está en la Asamblea Nacional no quiere un golpe. Está usando el arma más poderosa en contra del chavismo: La Constitución que Chávez promovió.

EN LOS 90 EL PUEBLO PASABA HAMBRE

No voy a ser yo quien defienda a Carlos Andrés Pérez y a la desastrosa Venezuela de 1990. Pero imagine usted que Mariano Rajoy, para excusarse, diga “Con Franco las cosas estaban muy mal“. Sería absurdo y cínico.

En todo caso, es también parte de la propaganda chavista que se ha encargado de demonizar todo lo que no es chavista. En los 90 no se estaba peor que en la Venezuela actual. No es una opinión ni tampoco significa que estábamos bien.

Según los índices de pobreza extrema, mortalidad, mortalidad infantil, acceso a la educación, acceso a la cesta básica, acceso a la salud estábamos mejor que ahora.

En la Venezuela de antes había programas sociales, como las becas de la Fundación Ayacucho y existía la Universidad Central de Venezuela, pública y entre las más excelentes del mundo, pero no sólo eso: El Sistema de Orquestas, que Chávez intentó apropiarse, no inició en el chavismo sino en la década de los setenta.

Chávez construyó hospitales e hizo misiones. Pero esos hospitales no tienen insumos, esas misiones no dieron excelencia y la gente no logra formarse dignamente.

Considere usted que Chávez inició con el precio del petróleo más alto de la Historia, por lo que tuvo todos los recursos para hacernos prosperar pero sólo lo hicieron sus secuaces (entiéndase: no el pueblo que lo seguía sino aquellos en el poder).

LA DEMOCRACIA

“Tienen elecciones libres, ¿cómo puede ser eso una dictadura?”

En este punto creo oportuno hacer una reflexión.

Los pueblos europeos tienen una especie de vacuna a las dictaduras, porque vivieron épocas muy oscuras con ellas. Ahora no pueden capacitarse de que exista en el siglo XXI una dictadura.

Una democracia no se basa solamente en si hay elecciones o no, sino en una serie de mecanismos como la separación de poderes, la alternabilidad del poder, la distinción entre gobierno y Estado, el respeto a la oposición y más.

El chavismo siempre ha jugado con esto de las elecciones, haciéndonos votar por todo, como una especie de lavado de cara internacional.

El problema es que esas elecciones no respetaban ciertas cosas como la presencia de propaganda electoral (el chavismo podía tapizar pueblos enteros con dinero público o tener diez veces más minutos de presencia en televisión) y como ocurrió con el Referéndum del 2007, la única derrota de Chávez, las cosas que rechazamos por votos meses después serían propuestas y aplicadas de igual forma. Eso sin contar que el Presidente, al aceptar la derrota, llamó “MIERDA” a nuestra victoria popular.

El Poder Judicial está en manos del gobierno. Los jueces están inscritos en el PSUV, provocando un conflicto de intereses.

El gobierno intentó inhabilitar la Asamblea Nacional, elegida por el pueblo, porque por primera vez en el chavismo, es de mayoría opositora. Esto hizo que se perdiera el hilo constitucional. Lo ha dicho la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien también es chavista pero no está de acuerdo.

La Constitución venezolana declara que el Ejército no puede pertenecer a un partido. Tanto Chávez en su día como Diosdado en la actualidad, han declarado en televisión pública que el Ejército es Chavista y Revolucionario, yendo en contra de nuestra Constitución.

Los civiles están siendo juzgados por tribunales militares, yendo en contra de la Constitución.

El gobierno se ha negado a realizar las elecciones de alcaldes y gobernadores, como debería ser.

La posibilidad de diferir

En el chavismo ni siquiera los chavistas pueden contrariar al gobierno. Aquellos quienes no han estado de acuerdo, han sido alejados del poder. Esto desde los tiempos de Chávez.

Véase caso de Raúl Isaías Baduel, compadre de Chávez que, entre otras cosas, lo rescató en el 2002 del Golpe de Estado, devolviendo el hilo constitucional. Luego se opuso al Referéndum del 2007; y en el 2009, fue encarcelado por la sustracción de fondos públicos, abuso de autoridad y delitos contra el decoro militar.

Es decir, la democracia ahora que el país ya no quiere el chavismo, es siempre más oscura.

LA INFORMACIÓN Y LA LIBERTAD DE PRENSA

En Venezuela todos los canales de televisión que eran del Estado, se han convertido en gubernamentales. Es decir, partidistas de una ideología, quitando espacio a los otros partidos o a quienes simplemente difieran. Los canales abiertamente contrarios al gobierno han sido cerrados o comprados.

Durante las protestas, es normal ver al Presidente bailando salsa en un acto para ocultar lo que ocurre en el país.

Periódicos todavía existen que sean de oposición, pero muchos han sido comprados por testaferros chavistas. Un caso ejemplar es la compra mayoritaria de la Cadena Capriles provocando cambios editoriales y partidistas en el periódico Últimas Noticias.

En todo caso, lo preocupantes es el uso de los medios del Estado para las finalidades de un partido.

En la televisión pública se ha llamado ultraderecha a los opositores, se ha invitado a buscarlos en sus casas, se ha llamado a promover la violencia en diferentes formas.

“En una dictadura no puedes escribir ciertas cosas

De nuevo, estamos ante un nuevo mundo, no es la dictadura del siglo XX sino que ha evolucionado y se ha vuelto mejor: se usa dinero público para pagar ejércitos de bots en Twitter, se secuestran los medios del Estado para hacer propaganda.

Un dato importante: Hugo Chávez tenía un programa de televisión todos los domingos que podía durar hasta ocho horas. Esto en un canal del Estado. Allí no sólo hacía propaganda sino que podía dar órdenes presidenciales, firmar decretos y demás, por lo que tenía a todo el país obligado a verlo.

Tras su victoria, Chávez no permitió entrevistas por parte de periodistas no alineados. Las pocas veces que en una conferencia lograron hacerle una pregunta, atacó a los periodistas sin responder.

Aquí volvemos al tema de la democracia: El balance de las fuerzas es desproporcionado.

LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

Esto sigue el hilo del punto anterior. Casos como llamar a la oposición ultraderecha, o peores como decir que Leopoldo López es el responsable del asesinato de 43 personas. Entre esos 43 caídos hay víctimas del gobierno y esta Asociación de Víctimas de La Guarimba (promovida por el gobierno) usa sus fotos de manera bastante vil. Los familiares de esas víctimas han sido invisibilizados por el gobierno.

Lo mismo ocurre con las víctimas de ahora, asesinadas por la acción de represión policial. Nadie toma responsabilidad.

La violencia en la Venezuela de Chávez ha sido promovida desde el chavismo, llegando a armar a colectivos como La Piedrita y dándoles apoyo moral en televisión nacional.

En Venezuela asesinan cada 18 minutos a una persona, por delincuencia común. El gobierno no se responsabiliza por eso.

Sobre todo los izquierdistas europeos, ven a quienes manifiestan que lanzan piedras en la calle como oposición de ultraderecha pagada por la CIA. Eso me impresiona pues cuando se trata de sus protestas, los militares son armas del Estado en contra del ciudadano.

No entiendo la incoherencia que se forma por la manipulación mediática gubernamental y las ideologías futbolísticas, donde se apoya dictadores sólo porque son de izquierda, y se menosprecian protestantes sólo porque el gobierno te dice que son fascistas.

Venezuela tiene un gobierno casado con la milicia.

Hay manifestantes que lanzan piedras, que lanzan mierda, que queman cosas. Es cierto. Pero están luchando contra armas de fuego militares. Se defienden del atropello. No todos lanzan piedras, claro está. Hay un descontento general.

Ningún dirigente opositor lanza piedras o quema calles. Siempre han llamado a la marcha pacífica. En cambio, las órdenes a los militares es el empleo de la fuerza. Ahí está la diferencia. Que Diosdado incita a la violencia y echa la culpa de eso a sus opositores políticos que la repudian.

El gobierno acusa a la oposición de armar a los ciudadanos, cuando es todo lo contrario: El Plan Zamora ha hecho que el gobierno incluya entre sus filas a colectivos paramilitares para amedrentar a los manifestantes.

El fascismo a veces se viste de rojo y siempre habla de pueblo. Eso no lo hace menos grave. El gobierno chavista tiene más similitudes con el de Mussolini de lo que puede tener la oposición.

Lo invito a hacer un ejercicio por un momento: Cambie los colores en su cabeza y asimile los conceptos de lucha y resistencia, de oprimidos y de tomar la calle con lo que está haciendo la oposición.

Mire un discurso de Chávez y compárelo con uno de Mussolini o de Hitler, busque las estrategias comunicacionales de Goebbels y mire las similitudes con el aparato propagandístico del chavismo (incluso pagamos dinero público a Oliver Stone para hacer un documental de propaganda a Chávez porque el cine, como ya la Alemania Nazi había entendido, es un arma eficaz).

Analice un momento las palabras y frases que usted usa “guerra económica”, “ultraderecha”, “Leopoldo asesinó 43 personas”.

¿De dónde han salido? ¿De usted? ¿Está seguro?

Busque los episodios del programa El Mazo Dando (cuyo título no busca precisamente paz) de Diosdado Cabello y encuentre allí, en los canales del Estado, toda una neolengua y un esquema que intenta producir una matriz de opinión en contra de quienes protestan.

Y no, ningún millonario está en la calle jugándose la vida. Los millonarios como Gustavo Cisneros, dueño de Venevisión, han hecho acuerdos con el gobierno y tienen siempre dónde llegar.

Al deslegitimar al pueblo en la calle, usted está apoyando a los ricos, a la oligarquía chavista y a un gobierno opresor.

¿POR QUÉ NADIE ESTÁ PRESO?

En Venezuela no sólo hay presos políticos sin juicio justo como Leopoldo López, sino personas que han sido buscadas en su casa por escribir en Twitter o por manifestarse.

Existe un calabozo llamado La Tumba y es espeluznante por sus torturas y la falta de información sobre quienes están allí.

ESTADO Y GOBIERNO

Desde sus inicios la Revolución ha violado esta separación esencial para una democracia. No es raro ver en las instituciones públicas cuadros de Chávez, en las universidades construidas por el actual gobierno libros con la historia manipulada u obligando a los niños cantar sobre las proezas del chavismo. Todos los empleados públicos son llamados a las marchas y obligados a demostrar su asistencia.

La cuenta Twitter del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ha hecho una campaña llamada #PerfilDeUnTerrorista donde habla de quienes manifiestan como terroristas, llegando a decir que “no sirven ni como personas“. Esto es grave por muchos motivos. Uno es la deshumanización, lo otro es criminalizar la protesta desde un canal estatal.

LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y LA GUERRA ECONÓMICA:

El gobierno ha expropiado empresas productivas para regalarlas a amigos que las han llevado a la quiebra, han puesto gente incompetente a la gestión de empresas públicas y no han hecho mantenimiento provocando su mal funcionamiento. La única guerra económica es la del chavismo contra su pueblo.

Los capos del gobierno no son afectados por la crisis de medicinas, ni alimentaria, porque tienen el control. Los venezolanos han bajado de peso por no poder comer. Los dirigentes chavistas están gordos y bailando.

LA INCAPACIDAD DE GESTIÓN Y EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO

No sólo se ha destruido el aparato productivo, sino la mala praxis gubernamental ha provocado catástrofes en la salud de los venezolanos.

Esto puede notarse con datos como que en 18 años de chavismo, hemos tenido 16 Ministro de Salud. No se publicaba un boletín de salud desde el 2015. Según datos oficiales, ha habido 30% más de mortalidad infantil. Sólo en el 2016 murieron 11.466 niños de 0 a 1 año.

Resumiendo, llevamos dieciocho años con un mismo gobierno que ha elevado la tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil, la inflación, la escasez de medicina y alimentos, y ahora mismo se niega a celebrar las elecciones como pide la ley.

Si la culpa es toda del Imperio, ¿por qué los chavistas del gobierno no son afectados por esta economía desastrosa?

 

Caricaturas de Bozzone incorporadas por Sala de Información.

Vea también:

“Chavistas en el imperio” https://saladeinfo.wordpress.com/2014/03/30/chavistas-en-el-imperio/